Valdés pide al Ejecutivo que arbitre los medios para garantizar el acceso al transporte para personas con discapacidad

El diputado de Unión por la Patria planeta que el objetivo de la iniciativa es para asegurar los traslados a los centros de rehabilitación y a los profesionales que les brindan atención.

El diputado nacional Eduardo Valdés (Unión por la Patria) presentó un proyecto de resolución exhortando al Poder Ejecutivo que arbitre los medios para garantizar el acceso al transporte para personas con discapacidad.

“Ante la situación crítica del servicio de transporte para las personas con discapacidad por el incremento exponencial del precio del combustible, presenté un proyecto para que el Poder Ejecutivo Nacional arbitre, de forma URGENTE, los medios a su alcance para garantizar el acceso de las personas con discapacidad al servicio de transporte a los fines de asegurar los traslados a los centros de rehabilitación y a los profesionales que les brindan atención”, explicó Valdés.

En esa línea, el legislador manifestó: “Esta grave situación vulnera los derechos de las personas con discapacidad, que no sólo padecen dificultades en el servicio de transporte, sino que también se ve afectado el derecho a la educación, a la salud, a la rehabilitación y a la integración social”.

Además, en la iniciativa solicita a la Agencia Nacional de Discapacidad (ADIS) a que informe sobre la situación planteada, en particular, sobre el número estimado de personas con discapacidad afectados en todo el país, como así también, sobre la actualización de los montos por la prestación del servicio de transporte y la situación actual de los pagos.

El proyecto lleva las firmas de los diputados Lorena Pokoik, Eduardo Toniolli, Carlos Heller, Daniel Gollan, Sabrina Selva, Carlos Castagneto, Pablo Yedlin, Hilda Aguirre, Julio Pereyra, Agustina Propato, Andrea Freites, Roxana Monzón, Natalia Chacur, Ernesto “Pipi” Alí, Jorge Araujo Hernández, Gustavo González, Jorge Romero, Nancy Sand, Eugenia Alianiello, María Parola y Ricardo Daives.

Solicitan al Ejecutivo que arbitre los medios para solucionar la situación que atraviesan los prestadores en materia de discapacidad

La iniciativa fue presentada por la diputada puntana Karina Bachey, debido a que “diversas organizaciones vienen advirtiendo sobre la situación por la que están pasando los prestadores y que requiere de una urgente revisión de aranceles”.

La diputada nacional Karina Bachey (Pro – San Luis) presentó un proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) que a través del organismo que corresponde y sobre todo bajo la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), arbitra los medios y acciones necesarias para dar solución a la difícil situación que vienen atravesando los prestadores en materia de discapacidad.

La iniciativa es acompañada por los diputados Aníbal Tortoriello, Sergio Capozzi, Marilú Quiroz, Patricia Vásquez, Ana Clara Romero y Silvana Giudici.

“La cobertura de las prestaciones en Discapacidad, definidas en la Ley 24.901 que brindan las organizaciones del sector y que pertenecen al ámbito privado, benefician a 200.000 personas con discapacidad que son usuarias directas y nuclea a 150.000 trabajadores y profesionales”, explicó Bachey.

En esa línea, contó que “a través de un comunicado diversas organizaciones de la sociedad civil vienen advirtiendo sobre acerca de la situación por la que están pasando los prestadores y que requiere de una urgente revisión de aranceles que permita dar continuidad con las prestaciones para las personas con discapacidad y las fuentes de trabajo”.

Valdés: “Toda persona con discapacidad merece una pensión del Estado”

El diputado oficialista reconoció que aún están “en deuda”, al tiempo que destacó los anuncios que hizo el candidato Sergio Massa para las personas con discapacidad. Por otro lado, alertó que “la motosierra” de Javier Milei “irá por estos derechos”.

El diputado nacional Eduardo Valdés se refirió a la importancia de las políticas orientadas a la discapacidad y señaló que “toda persona con discapacidad merece una pensión del Estado”, pero reconoció que el oficialismo aún está “en deuda”. Por otro lado, alertó que “la motosierra” de Javier Milei “irá por estos derechos”.

En diálogo por C5N, Valdés detalló: “Europa tiene 17% de personas con discapacidad. En Argentina es el 10% de la población, es decir, hay 4.800.000 personas de personas con discapacidad en el país y solo tenemos un 1.700.000 de estas personas con pensiones. La pensión es la posibilidad de estas personas de auto valerse, tener salud, transporte y educación”.

En este sentido sostuvo: “La gran angustia de todos los padres y madres de una persona con discapacidad es saber qué va a ser de la vida de sus hijos el día que ellos no estén, la pensión es la que le va a permitir tener medicamentos, tener educación, tener la posibilidad de auto valerse mínimamente”, y reconoció: “Todavía estamos en deuda, imaginen que, si son 4.800.000 y solo hay un millón setecientos mil personas con pensiones, es porque el Estado no llegó a donde tiene que llegar”.

Además, el diputado kirchnerista respondió sobre un eventual recorte a estos derechos: “La motosierra iría por allí, pero hay convenciones internacionales que protegen a las personas con discapacidad”.

Por último, el legislador porteño destacó las propuestas del oficialismo en materia de Discapacidad: “El compromiso de Unión por la Patria es con la inclusión. Esta semana escuché anuncios interesantes de Sergio Massa para las personas con discapacidad, particularmente relacionados a la movilidad, en la tarjeta SUBE iban a incluir con una cuestión de trazabilidad el certificado único de discapacidad. Entonces, en la propia tarjeta va a incluir certificado, lo que va a facilitar viajar en el sistema público de transporte”.

Brouwer de Koning realizó un encuentro para promover el proyecto de ley para la capacitación docente en discapacidad

La diputada de Evolución Radical encabezó una jornada en la Universidad Católica de Córdoba y contó con la presencia de especialistas. La iniciativa es de la autoría de la radical Carla Carrizo.

La diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning (Evolución Radical – Córdoba) junto al defensor del Pueblo de Córdoba, Mario Decara, llevó a cabo el encuentro “Desafíos en Discapacidad y Educación: Impulsando un proyecto de ley para la capacitación docente en discapacidad”.

El encuentro tuvo lugar en la Universidad Católica de Córdoba y se abordó la problemática que afecta a miles de niños, niñas y adolescentes en todo el país, con el fin de impulsar un proyecto de ley, presentado por la diputada radical Carla Carrizo que busca capacitar, sensibilizar y concientizar a la comunidad educativa en todos los niveles obligatorios y modalidades del Sistema Educativo Nacional en relación con la discapacidad y las dificultades del aprendizaje.

El evento, contó con la presencia de referentes de la educación y en psicopedagogía, ONGs, personas con discapacidad, legisladores provinciales y especialistas en derecho. También disertaron especialistas en discapacidad y derecho como la abogada Dra. Romina Núñez (TEA Padres Autoconvocados); Dra. María Lia Redondo, (Fundación Denles la Palabra); Cdra. Marcela Rosado (Federación Converger- Fundación Iram- Comité Asesor de la Agencia Nacional de Discapacidad); psicopedagoga Florencia Barros y madre de niño con autismo; Evangelina Carrión (persona sorda bilateral y estudiante de Pedagogía Social); Silvina Felice (UCC), Lic. en Pedagogía; María Valeria Stefani (Coordinadora de Gabinetes municipales, DAI en instituciones educativas de modalidad estatal y privadas); Verónica Prieto, Psicopedagoga y profesora (Directora de Discapacidad de la Municipalidad de Río Tercero); Lic. en Pedagogía Carina Suárez, (Directora Nivel Primario del Instituto Juvenilia).

“En el país hay unos 6 millones de personas con discapacidad, por lo cual necesitamos situar en la agenda pública y parlamentaria el tema”, expresó Brouwer de Koning y remarcó que la discapacidad “no es un problema de las personas, sino de los obstáculos y barreras que encuentran en el entorno”.

En ese sentido, sostuvo que “la educación es un derecho y el Estado tiene la responsabilidad de garantizarla. Más aún en tiempos en los que se habla de arancelarla, un tema que en Argentina fue, es y debe seguir siendo, política de estado. A esa política de estado, se le debe sumar la inclusión real de las personas con discapacidad”.

“Estamos abriendo un debate federal sobre la educación inclusiva. Que no solo quede entre las paredes del Congreso, sino que se extienda hacia todos los puntos cardinales del país, para que todas las personas y especialmente los protagonistas tengan la posibilidad de comunicar lo que piensan, sienten y necesitan. De esto se tratan las políticas basadas en evidencia y participación ciudadana. No se puede diseñar una reforma legislativa sin escuchar la opinión y la experiencia de sus destinarios”, argumentó la diputada cordobesa.

Mirabella propone una educación más inclusiva para estudiantes con discapacidad

El diputado del FdT volvió a presentar una iniciativa que perdió estado parlamentario y sostuvo que “la educación requiere actualizaciones y ajustes constantes, en especial ante una sociedad diversa, plural y que está siempre en evolución”.

El diputado nacional Roberto Mirabella (FdT – Santa Fe) presentó un proyecto para impulsar propuestas de aprendizajes personalizadas a las necesidades enfocadas en estudiantes con discapacidad y dificultades de aprendizaje.

La iniciativa fue tratada durante el mandato de Roberto Mirabella como senador nacional (2019 – 2021), junto a legisladores de otros espacios políticos que dieron el visto bueno al proyecto, pero en 2022 perdió estado parlamentario. En este nuevo período vuelve a presentarse con las firmas del santafesino y Julio Cobos.

El texto propone que los estudiantes con necesidades de apoyos tienen derecho a estar incluidos en instituciones públicas de gestión estatal y de gestión privada en todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria del Sistema Educativo Nacional.

Además, especifica que las escuelas deben admitir la inscripción y reinscripción de los estudiantes con necesidades de apoyo. El rechazo por cualquier razón, sin una justificación fehaciente, “será considerado un acto de discriminación”.

“Este proyecto busca derribar barreras de aprendizaje y participación, a fin de garantizar una educación equitativa de calidad para todos y todas, con una perspectiva pedagógica centrada en el respeto a la diversidad, la universalidad y la no discriminación”, expresó el diputado.

Además, sostuvo que “esta iniciativa es para todos los estudiantes que necesitan acompañamiento para llevar adelante sus trayectorias educativas en cualquier institución de gestión pública o privada de nuestro país, según los lineamientos de la Ley Nacional de Educación Nacional”.

Del mismo modo, agregó que “se trata de una iniciativa con sustento en la generación de acuerdos entre las familias, los equipos de apoyo, las instituciones y los estudiantes para lograr una trayectoria escolar basada en reconocer el conjunto de saberes adquiridos de cada estudiante”.

“La educación inclusiva y de calidad es un derecho humano. Este proyecto busca derribar barreras de aprendizaje y participación, a fin de garantizar una educación equitativa de calidad para todos y todas, con una perspectiva pedagógica centrada en el respeto a la diversidad, la universalidad y la no discriminación”, señaló el diputado.

Por último, Mirabella explicó que “la educación requiere actualizaciones y ajustes constantes, en especial ante una sociedad diversa, plural y que está siempre en evolución”. “En este marco se insertan las diferentes capacidades de las personas que acceden al sistema educativo en todas sus modalidades y niveles obligatorios, y sus necesidades al momento de ejercer su derecho a la educación”, concluyó.

Distinguieron a una ONG que realiza jornadas de buceo inclusivo para personas con discapacidad

Fue gracias a una iniciativa impulsada por la oficialista Ana María Bou Pérez (VJ), quien hizo un fuerte llamado a que cada vez más agrupaciones “imiten el trabajo hecho” por Buceo sin barreras.

La legisladora de Vamos Juntos (VJ) Ana María Bou Pérez encabezó un acto en la Legislatura de la Ciudad en el que se realizó la entrega de una bandeja protocolar por la labor realizada a la ONG “Buceo sin barreras”, que surgió a raíz de una iniciativa de la Asociación Civil “La Amalgama” que ofrece experiencias de buceo inclusivo para adultos y niños con y sin discapacidad.

La ONG también cuenta con el apoyo del Club Cultural y Deportivo 17 de Agosto y la colaboración de la Escuela Ar-Buceo.

Durante el evento, Bou Pérez afirmó que “Buceo sin barreras es de las fundaciones que hace que ese todos se haga más importante, que realmente sea para todos” y destacó el trabajo de Daniel Zuber, quien está al frente de dicha ONG.  “Mirando la vida adapta, customiza la vida para ese colectivo de distintas personas que no acceden a distintas actividades como accedemos la mayoría”, señaló.

Al mismo tiempo que abogó por más grupos que “imiten” el trabajo hecho y “por muchos más chicos, chicas y adultos que se animen sea cual sea su condición”.

Cabe recordar que más de 60 personas con discapacidades motoras, sensoriales y neuro diversas, acompañados por familiares y amigos, realizaron esta experiencia introductoria de buceo dirigidos por instructores y asistentes especializados en buceo adaptado y accesibilidad.

La fundación viene trabajando desde el 2009 con personas de diferentes discapacidades recorriendo el país y brindando esta labor social que tiene por objetivo ofrecer el buceo adaptado como una actividad inclusiva y alternativa, para promover la independencia y la mejora de la autoestima, entre otros beneficios.

Desde su creación ya brindó de manera gratuita a más de 7 mil personas los beneficios recreativos, terapéuticos, turísticos, formativos, de rehabilitación, integración e inclusión comunitaria y social del buceo para todos.

Santoro repudió las expresiones de candidatos de Milei hacia Franco Rinaldi y la hija de Luis Juez por tener discapacidad

El diputado oficialista y precandidato a jefe de Gobierno porteño expresó su enojo en redes por las descalificaciones realizadas por los candidatos liberales Lucas Luna y Verónica Sikora: “No opinan así por ser de derecha, lo hacen por ser malas personas”.

El diputado nacional y precandidato a jefe de Gobierno porteño por Unión por la Patria, Leandro Santoro, expresó su solidaridad con Franco Rinaldi, quien encabeza la lista de candidatos a legisladores de Jorge Macri, y a la familia de Luis Juez, por las descalificaciones que candidatos del espacio de Javier Milei hicieron hacia Rinaldi y la hija del senador radical por sus discapacidades.

“¿Qué carajo les pasa a los candidatos de Milei con las personas con discapacidad?”, escribió enojado Santoro y planteó: “¡No se puede creer! ¿Cómo pueden ofender así a la gente?”.

Para el oficialista “no opinan así por ser de derecha, lo hacen por ser malas personas”, se solidarizó con Rinaldi y con la familia de Juez.

También se sumó el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro: “Lamento las palabras discriminatorias del candidato Libertario, Lucas Luna, hacia Franco Rinaldi candidato del PRO. Exceden la política y lesionan valores de una sociedad plural e integradora. Su falta de empatía le impiden ver el dolor y sufrimiento que puede causar a otros”.

El repudio de los oficialistas se originó luego de que se difundieran las expresiones del precandidato al Parlasur por La Libertad Avanza, Lucas Luna, quien durante un encuentro virtual a través de Space en Twitter lanzó un comentario discriminatorio contra Rinaldo: “Nadie, nadie votaría jamás, y lo digo con toda la buena leche del mundo, nadie quiere votar a un discapacitado”.

De forma inmediata, quienes participaban de la reunión lo cuestionaron, pero Luna intentó defenderse: “es con respeto, no hay chicana acá. La gente quiere votar a alguien como uno. Es la realidad. Es así esto”.

Por su parte, la candidata a intendente por el partido Libertad Avanza en la ciudad de Córdoba, Verónica Sikora, publicó un video en redes sociales en el que se refiere de manera despectiva hacia la hija de Luis Juez, Milagros de 22 años que tiene una discapacidad, a quien llevó a votar por primera vez en las elecciones del pasado domingo en Córdoba.

Sikora cuestionó la decisión del referente del Pro de mostrar a su hija en actos políticos y expresó: “No lo conozco y no tengo nada personalmente con él, pero cualquier padre que tenga un hijo discapacitado, un bebé, o una persona que no se valga por sí misma, no va a votar con el hijo, mostrándolo ahí. Es muy bajo, le digo yo que la dejaría con su madre”.

La respuesta del candidato a gobernador no se hizo esperar: “Vos que vas a ser candidata, tenes que saber que es el derecho que tienen todos los ciudadanos. Milagros tenía que estar en la escuela votando, no escondida en la casa como vos propones. Te deseamos la mejor de la suerte y que Dios te dé la tranquilidad para que el día de mañana te sepas expresar de otra manera, porque la verdad nos lastimaste, nos ofendiste e innecesariamente a ella la agraviaste”.

Diputados, padres y ONG’s presentaron un proyecto de capacitación docente en discapacidad

Fue en un masivo encuentro en el Anexo de la Cámara baja, encabezado por la legisladora radical Carla Carrizo.

La diputada nacional Carla Carrizo (Evolución Radical) presentó en el Anexo de la Cámara baja junto a padres, legisladores y ONG’s, su proyecto de capacitación obligatoria y permanente en discapacidad y dificultades del aprendizaje para los docentes de las instituciones públicas estatales y privadas de todo el país.

Bajo el nombre “Capacitación docente en Discapacidad. Mirada de protagonistas y profesionales”, y ante una gran convocatoria, el encuentro contó con tres segmentos divididos en: protagonistas, familiares de niñas, niños y adolescentes con discapacidad e impulsores de la iniciativa, referentes del sector educativo, profesionales y ONG’s.

“Infancia y discapacidad es la infancia más invisibilizada. A 17 años de la ley más importante que protege a las infancias en la Argentina, que es clave, tiene 78 artículos y solo 3 hablan de infancia, adolescencia y discapacidad. Todavía es una ley que hay que actualizar. Celebro que esta discusión esté aquí porque estamos hablando de que faltan vínculos entre los docentes de la educación común de la escuela especial y de los centros de pedagogía. Entonces, cambiar prácticas y actualizar normas”, sostuvo Carrizo.

La radical señaló que “el modo en que lo vemos es el modo en que el Estado cuida o descuida. Si los niños con discapacidad no son mirados, no van a ser cuidados. Necesitamos que este proyecto de ley salga por unanimidad en ambas cámaras para que las leyes duren”.

Luego fue el turno de Inés Estévez, actriz y directora. “Es importante la capacitación docente en discapacidad. Y el proyecto es solo un punto de partida porque la ley requiere que cada jurisdicción elabore su metodología para aplicar esta capacitación. Necesitamos que la aplicación sea gradual y simple hasta llegar al ideal que es la discapacidad sea una materia en magisterios y profesorados”, expresó.

También habló en el encuentro Ian Lescano, de 10 años, activista por los derechos de las personas con autismo: “El autismo es una condición que hace que percibamos el mundo de una manera distinta. Necesitamos de un Estado presente en leyes y necesidades para una sociedad más amigable”.

Nicolás Di Giacomo, médico pediatra, jefe de la sección Salud Escolar del Área Programática del Hospital Penna de la Ciudad de Buenos Aires, contó: “El año pasado hicimos un relevamiento en las 100 escuelas que tenemos, la mitad de las conducciones respondieron sobre la situación de discapacidad. Porque hay una cuestión que nos interesa mucho que es el diagnóstico. No hay información transparente compartida del sistema educativo. No es que no la tengamos, no se puede acceder”. “Yo soy pediatra y terminé mi formación en 2013 y mi formación sobre discapacidad y autismo fue ninguna”, resaltó.

En tanto, Jimena Szpanierman y Jessica Stiberman, representantes de la plataforma de peticiones Change.org, entregaron una caja con 63.159 firmas solicitando la aprobación del proyecto de ley. “En noviembre del año pasado los padres crearon la petición y creció sin freno. Es por tanto esfuerzo y dedicación que queremos felicitarlos por el ingreso en ambas cámaras del proyecto de capacitación”, expresaron.

El encuentro contó con la presencia de Facundo Hernández, defensor adjunto de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; Leonardo Ruiz, presidente de COPIDIS (Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad); Roberto Ingratta, director de la Unidad de Discapacidad de Trenes Argentinos; Julia Bermúdez, gerente de la Gerencia Operativa Desarrollo Cultural y Comunitario de CABA; y María Eugenia Soler, gerente de la Dirección General de Políticas de Juventud de CABA.

También estuvieron Nicolás Pantarotto, Defensoría Pública Curaduría N° 2 de CABA; miembros del Observatorio de Discapacidad del Consejo de la Magistratura de CABA; Germán Ejarque, director del Observatorio de Discapacidad Nacional; Mariela Coletta, presidente del Comité de la Unión Cívica Radical de Capital Federal, junto a representantes de las 15 comunas de la Ciudad; y Silvia Stulchik, coordinadora de la mesa de niñez de la Fundación Alem, entre otros.

Acompañaron además las diputadas Danya Tavela, Dina Rezinovsky, Dolores Martínez, Marcela Antola y Karina Banfi.

Objetivos del proyecto

La iniciativa busca capacitar, sensibilizar y concientizar a la comunidad educativa de los niveles obligatorios de todas las modalidades del Sistema Educativo Nacional sobre discapacidad y dificultades del aprendizaje.

Los objetivos son: brindar un trato adecuado y no discriminatorio a estudiantes con discapacidad y/o dificultades en el aprendizaje; promover la capacitación docente obligatoria, permanente, actualizada y continua que brinde herramientas pedagógicas para la inclusión; y propender a la promoción de la sensibilidad y concientización sobre discapacidad y dificultades del aprendizaje de la comunidad educativa.

También, garantizar el acceso al derecho a la educación conforme a la legislación vigente en materia de discapacidad y educación; posibilitar la inclusión y participación plena y efectiva de estudiantes con discapacidad en el ámbito educativo y el reconocimiento de la diversidad; y asegurar una accesibilidad plena en condiciones de seguridad y autonomía en los espacios educativos para el desarrollo de sus actividades diarias sin restricciones.

El proyecto cuenta con las firmas de Carla Carrizo, Carlos Zapata, Gabriela Brouwer de Koning, Dina Rezinovsky, Gustavo Bouhid, Lidia Ascarate, Marcela Campagnoli, Karina Banfi, Mercedes Joury, Mariana Stilman, Fabio Quetglas, Marcela Antola, Carolina Castets, Martín Tetaz, Dolores Martínez, Danya Tavela, Mónica Frade, María Luján Rey, Aníbal Tortoriello, Alejandro Cacace, Soledad Carrizo, Mario Barletta, Alberto Asseff, Gabriela Lena y Roxana Reyes.

Allanando el camino de las personas con discapacidad

Por Ana Fabiola Aubone. La diputada nacional detalla lo logrado por el Congreso de la Nación en materia de derechos para personas con discapacidad.

Nos acercamos a fin de año y los balances se vuelven inevitables. Siempre se dice que el Congreso es la caja de resonancia de la sociedad y es así. Prueba de ello es lo que hemos logrado en materia de igualdad de derechos para personas con discapacidad.

El proyecto para expedir de forma definitiva y por única vez el Certificado Único de Discapacidad (CUD) ya tiene dictamen en Senado y es confiamos en que se convierta en ley muy pronto.

Por eso, me parece interesante revalorizar la labor lograda en plenario de comisiones de Discapacidad y Acción Social y Salud Pública, en la cual hemos acercado posturas con una escucha plenamente activa, articulando diferencias y priorizando el efecto que provoca en la vida real la temática de esta iniciativa, logrando unificar los 7 proyectos presentados, firmando un solo dictamen, y propiciando la media sanción de este texto.

Siempre ha sido mi prioridad poder dar estos debates, que implican tomar decisiones creando políticas públicas claras y concretas que respondan a las necesidades de nuestra sociedad.

La experiencia acumulada en mis años de gestión me permitieron tener absoluta certeza de que solo con el diálogo permanente involucrando a todos los sectores se logra llevar a cabo políticas públicas que dan verdaderas respuestas a las demandas de nuestra sociedad.

Se calcula que en Argentina hay 5.400.000 personas con discapacidad y solo tenemos un 1.300.000 con CUD.

El  Certificado Único de Discapacidad, entendido como documento público válido en todo el país, es la acreditación a través del cual cada persona con discapacidad puede acceder a los derechos establecidos en la legislación vigente, tales como cobertura del 100% en las prestaciones de rehabilitación (medicamentos, equipamiento, tratamientos), traslados gratuitos en el transporte público terrestre, ayuda escolar anual por hijo con discapacidad, asignación familiar por hijo con discapacidad, asignación por cónyuge con discapacidad, etc.

El objetivo central de este proyecto es remover obstáculos y allanar el camino en el acceso a los derechos que tienen las personas con discapacidad.

Se calcula que en Argentina hay 5.400.000 personas con discapacidad y solo tenemos un 1.300.000 con CUD.

Es fundamental simplificar la vida y la carga burocrática de los destinatarios de estos regímenes.

Ya demasiado tienen las personas con discapacidad, y sus familiares y personas a cargo, que viven y sufren otros varios aspectos para que les demoremos un derecho.

Es obligación indelegable del Estado proteger y tutelar a las personas con discapacidad permanente, que al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás, tomando especial intervención para agilizar y contribuir en el acceso eficiente y eficaz del libre ejercicio de derechos fundamentales que se les reconoce.

El Parlamento debe velar por los derechos de los más vulnerables, y por ese camino andamos.

Ana Fabiola Aubone es diputada nacional del Frente de Todos (San Juan).

Dictamen a los proyectos de Certificado de Discapacidad y de Diagnóstico Humanizado 

Las comisiones de Discapacidad, y Acción Social y Salud Pública avalaron las iniciativas que contaron con consenso unánime, y quedaron listas para su tratamiento en el recinto.

En reunión de Comisión Conjunta, Discapacidad, y Acción Social y Salud Pública dictaminaron favorablemente sobre los proyectos de Protección Integral de las Personas Discapacitadas – Ley 22.431-, modificación del artículo 3, sobre el Certificado de Discapacidad; y el proyecto por el cual se garantiza la contención y acompañamiento de las personas que reciban un diagnóstico de Trisonimia 21 / Síndrome de Down para su hijo en gestación o recién nacido. 

Al comienzo del debate, la diputada por Evolución Radical Carla Carrizo celebró los acuerdos alcanzados en comisión respecto al proyeco de modificación del Certificado de Discapacidad: “En un momento donde todo el mundo está descalificando a la dirigencia política, creo que la Comisión de Salud, como la de Discapacidad son dos comisiones donde tenemos una estrategia incisiva para lograr cosas inter-partidarias, y eso generalmente es una excelente noticia. Y este es un caso, con el Certificado Único de Discapacidad (CUD)”. 

Sobre la iniciativa señaló que “es sobre todo es un proyecto que atraviesa todas las provincias y muchísimas familias argentinas, es intergeneracional, familias que están atravesadas por una vida más difícil, que es convivir y llevar una vida con personas con discapacidad. La clave para vivir mejor es el Certificado Único de Discapacidad, y ha sido un aprendizaje cómo hacerlo mejor”. 

En el mismo sentido, se manifestó la vicepresidenta 2° de la Comisión de Discapacidad, la diputada Graciela Caselles, quien sostuvo que el proyecto es “un paso más en la historia de la evolución de la discapacidad. De haber sido ocultados, o personas que eran condenadas a la mendicidad, y demás, que ahora los distintos actores políticos nos pongamos de acuerdo, sobre todo en haber escuchado una realidad tan difícil que viven las familias a la hora de encontrar derechos”. 

Seguidamente, la diputada del Pro Victoria Morales Gorlieri también celebró haber llegado a este dictamen: “Las complejidades las vimos en las distintas organizaciones que vinieron al Congreso, y fue muy importante también el dialogo que hubo entre las distintas fuerzas políticas que integramos la Comisión para llegar a hoy. Todos, sin banderas partidarias, estábamos con la convicción de encontrar una solución a este problema, y se ve reflejado en este dictamen”, manifestó. 

Respecto a la renovación automática del CUD, señaló que “estamos incorporando el paradigma de la convención, que hace tanto tiempo que como país la hemos firmado, y que aún tenemos grandes deudas pendientes. La discapacidad es un fenómeno dinámico, y así debemos verlo. Creo que estamos dando un paso muy importante, y me sumo al pedido de poner el dictamen en el Congreso cuanto antes”, concluyó. 

A su turno, el diputado del Frente de Todos Eduardo Valdés se manifestó en el mismo sentido: “Me parece que es un día muy importante para nosotros que estamos resolviendo esta situación. Ojalá las cámaras de televisión registren que el Parlamento trabaja sobre estas cuestiones que son muy importantes en la sociedad. Se calcula que en la Argentina hay 5 millones 400 mil personas con discapacidad y solo tenemos 1 millon 300 con CUD, algo está pasando que no logran acceder”. 

“El CUD es la posibilidad de tener derechos, que todos puedan acceder es el comenzar a tener derechos. Lo que tenemos que hacer es que junto a lo que estamos resolviendo, es que también fortalezcamos el presupuesto para las personas con discapacidad. Que el acuerdo político, junto a este CUD, sea que en las políticas para discapacidad haya proactividad, haya la posibilidad de que esto y la garantía de los derechos que significan el CUD puedan plasmarse”, agregó. 

La diputada por el Frente de Todos Paola Vessvessian acompañó el pedido de Valdés, y consideró que el tema del presupuesto es clave: “Si esta ley no la acompañamos con una mirada de territorialidad y de accesibilidad se nos va a hacer muy complicado, porque a veces queda en las grandes ciudades y no podemos llegar al interior del interior o a lo profundo de lo profundo de nuestro país. Por eso es importante la capacitación continua y permanente de quienes forman parte de las Juntos Medicas, porque a veces está el desconocimiento para llegar realmente al diagnóstico que habilite el CUD”. 

En el mismo sentido se manifestó la diputada, también oficialista Lucila Masin, quien celebró la nueva redacción del proyecto, y resaltó que “solamente con la modificación de esta ley no alcanza, si no también tenemos que pensar de qué manera podemos generar mejor accesibilidad comunicacional y difusión del alcance del CUD porque eso implica definitivamente mejorar las prestaciones y derechos de las personas con discapacidad”. 

Respecto al proyecto de Diagnóstico y Pronóstico Humanizado, Soledad Carrizo señaló la urgencia de su tratamiento: “Es una ausencia de nuestra legislación que otros países, incluso vecinos, lo tienen y que es urgente que en la Argentina avance. Es regular esta relación entre los profesionales y los pacientes. Muchos acá son médicos, seguramente han tenido algún momento donde las malas noticias son difíciles de manifestarlas y de preparar a esa familia que va a recibirla. Como profesional tal vez no estén preparados tampoco, y esto es lo que el proyecto tiende a arreglar”.  

En este sentido, celebró la posibilidad de que esto avance, y que “venga con media sanción por unanimidad en el Senado. Entiendo la necesidad y la urgencia de que Argentina avance con esta legislación, de no poner ninguna modificación”.  

“Quería manifestar la alegría de saber que en estas comisiones hemos hecho un esfuerzo claramente de primero encontrar los puntos de encuentro, y dejemos atrás las discusiones. Porque hay mucha sociedad civil que nos está mirando que está necesitando esta reglamentación”, concluyó. 

Finalmente, el diputado por la Coalición Cívica Rubén Manzi consideró que más que lo punitorio habría que revisar los procesos de formación de profesionales: “Creo que esto es una tarea, de plantear los contenidos de formativos que tienen nuestras facultades del Gobierno actual, del que viene, y probablemente del otro. Tenemos que revisar nuestra formación”. 

Reconocen el trabajo de organizaciones que trabajan por las personas con discapacidad

“El sentido del encuentro es visibilizar el valioso trabajo de las organizaciones y las problemáticas del sistema”, planteó la senadora Carmen Alvarez Rivero.

La senadora nacional por Córdoba Carmen Álvarez Rivero (Juntos por el Cambio) recibió a organizaciones dedicadas al trabajo de la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad. El encuentro se realizó en el marco del evento “Argentina: Córdoba te habla”, y participaron representantes de la Fundación Claudina Thévenet, FUNASER, FUSDAI y la Fundación Gaude, que atienden a personas con distintos tipos de discapacidad y promocionan su inserción laboral.

La iniciativa de la senadora tuvo como propósito reconocer y visibilizar el trabajo desarrollado por estas organizaciones, que día a día trabajan con sus equipos interdisciplinarios, con terapeutas, educadores y especialistas para mejorarle la vida a cientos de personas.

“Las organizaciones de la sociedad civil convivimos en este sistema con fallas estructurales, y administramos los recursos de manera que todos los chicos y las chicas reciban su prestación. Pero al mismo tiempo debemos asumir el compromiso de alzar la voz y pedir que nos escuchen. Porque vemos que el sistema de prestaciones actual está en un punto crítico, y sabemos que por cada prestación que no se brinda, hay un derecho que se vulnera”, afirmaron los representantes de las organizaciones.

Y agregaron: “Agradecemos este espacio de dialogo y conversación. Este reconocimiento es un mimo que nos motiva para seguir adelante”.

Por su parte la senadora afirmó que “el sentido del encuentro es visibilizar el valioso trabajo de las organizaciones y las problemáticas del sistema. Necesitamos poner en el centro a las personas con discapacidad”.

Diputados del Pro junto a ONGs y federaciones presentaron un petitorio contra el recorte en discapacidad

Con el petitorio buscan que se regularicen el circuito de pagos y que se establezca un parámetro objetivo y previsible para el aumento de nomenclador.

Diputados del Pro junto a más de 50 ONGs y federaciones que brindan servicios para personas con discapacidad, se presentaron este martes en la Cámara de Diputados de la Nación para pedir la intervención de los legisladores frente al incumplimiento del Gobierno Nacional en todo lo vinculado al sistema de pago de las prestaciones para personas con discapacidad.

Estuvieron presentes los diputados Victoria Morales Gorleri, Dina Rezinovsky, Silvia Lospennato, Mercedes Joury, Alejandro Finochiaro, María Luján Rey, Soher El Sukaria, entre otros.

La secretaria de la Comisión de Discapacidad de la Cámara baja, Dina Rezinovsky, expresó: “Me pareció que un encuentro muy productivo, en el que recibimos el petitorio de las organizaciones que vienen luchando por sus derechos, y pudimos escucharlos con el compromiso que lo venimos haciendo, comprometiéndonos a trabajar para solucionar tantos años de silencio en discapacidad”.

Por su parte, Morales Gorleri quien fue una de las encargadas de recibir la misiva, afirmó: “Como bloque estamos muy preocupados por la situación que están atravesando las personas con discapacidad, tomamos este petitorio con compromiso y convicción porque sabemos que estamos en un estadio de crisis absoluta”.

“El Gobierno debe actuar ya e implementar políticas públicas serias, sostenibles y efectivas que resuelvan los problemas estructurales que impiden que las personas con discapacidad hagan realidad su deseo y ejerzan su derecho a vivir de forma independiente, digna y en pie de igualdad en la sociedad”, exigió.

Durante la entrega del petitorio, las organizaciones aseguraron que “las personas con discapacidad están solas. Estamos en estado de emergencia, hicimos silencio mucho tiempo y ahora estamos alzando la voz”.

En relación a la situación crítica que está atravesando el sector, y que pone en riesgo los servicios y prestaciones que reciben, los impulsores del petitorio buscan que se regularicen el circuito de pagos y que se establezca un parámetro objetivo y previsible para el aumento de nomenclador que actualmente va muy por detrás de la inflación.

También exigen que se clarifique y haga efectivo el circuito de pago para aquellas prestaciones que ha asumido la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para afiliados que no pertenecen a Incluir Salud, como es el caso de un sector de PAMI del que sostienen que “resulta indispensable ante los rumores de que la ANDIS asumirá́ el control de los pagos de todas las prestaciones en discapacidad”.

Participaron representantes de la Federación Argentina de Organizaciones sin Fines de Lucro de y para personas con Discapacidad (FEDEDIS) e instituciones adherentes, entre ellos Daniel Masuzzo y Marcela Kriskovich, de la Asociación de prestadores organizados; Mariel Postolow, de Fundación Solar de Integración; Fermin Murall, Fundación Nosotros; Mario Lovato y Melina Lovato, Creciendo con los Ángeles, entre otros.

Del Plá criticó los recortes en discapacidad y advirtió: “La situación de la niñez en el país es de extrema gravedad”

Eso expresó la diputada de izquierda al consultarle a la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes sobre los recortes en el área de discapacidad y en el área educativa.

La diputada nacional Romina Del Plá (PO/FIT-U) criticó los recortes en discapacidad y en el área educativa ante la reunión de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara baja a la que asistió la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, a quien le consultó por la intervención de la institución en esos temas.

En su intervención Del Plá advirtió: “Podemos partir de la consideración que la situación de la niñez en nuestro país está en un cuadro de extrema gravead y vulnerabilidad”, y se refirió a los recortes en el área de discapacidad.

“En medio de los varios recortes, si bien mañana se va a abordar en la Comisión de Salud el tema, está claro que estamos frente a una situación aguda en relación a que ya había muchas dificultades en el abordaje de la discapacidad en la que muchos niños y niñas padecen esta dificultad, pero ahí vemos en dos aspectos y preguntamos si ha habido alguna intervención en relación a los recortes que están afectando a las prestaciones de tipo privadas en cuanto a acompañantes terapéuticos, especialistas”, explayó la diputada.

También, se refirió al área educativa: “La falta de docentes para la inclusión, la enorme limitación que hay en este sentido y el reforzamiento de las escuelas especiales que en muchas jurisdicciones está en pleno proceso de desmantelamiento en lugar de reforzarlas”.

Al responder, Graham informó: “Tenemos denuncias en este momento sobre obras sociales que no cubren determinadas prestaciones, y allí estamos exigiendo que se cubran esas prestaciones a las obras sociales”.

“Hay un margen de prestaciones a las cuales las obras sociales están obligadas, por ejemplo, algunos apoyos que tienen que ver con acompañamiento terapéutico, pero hay otros apoyos que tiene que ver con talleres como talleres de música para niños autistas que es para ese niño, eso no esta cubierto”, explicó la funcionaria.

Además, contó: “Venimos trabajando con algunas expertas psicólogas y psiquiatras que trabajan el espectro autista porque son los que más complicaciones tienen en las coberturas que es que las obras sociales cubran aquello que por ley si tiene que cubrir como el acompañante terapéutico, porque no se toman en cuenta los talleristas que son para esa patología y más contundentes para acompañar ese proceso”.

“Un tema es exigirle a la obra social que cumpla, ahora entraron tres casos de CABA, y también exigir una reforma de la Ley para tener en cuenta que la terapia no es solamente aquello que hace un médico o psiquiatra, sino que también hay terapias de otro tipo”, remarcó Graham.

Sobre las escuelas especiales, señaló que “hay un debate histórico. Hay un sector que respetamos mucho que dice que hay que salir de esta idea de anormal y normal y entonces poner anormal en una escuela especial y por eso hablan de escuelas con apoyo. Y hay otros que dicen que los niños especiales tienen que ir a una escuela y estar integrados y tener el apoyo dentro del ámbito escolar”.

Al respecto, consideró: “Tenemos que terminar este debate que empezó por lo menos hace 20 años. O salimos por arriba o encontramos alguna tercera solución que, por ejemplo, que algunos niños necesitan alguna escuela especial y otros pueden ser absolutamente integrados con un acompañamiento porque no todas las discapacidades motrices ni mentales son iguales. Un proyecto de ley podría superar este debate histórico porque si hablas de niños especiales estas discriminando, entonces hay que bajar todo eso”.

Piden que la Legislatura pase a planta permanente a los trabajadores con discapacidad

Se trata de una iniciativa de los legisladores del Frente de Todos, quienes insistieron en que esta es una medida necesaria para tener “una Ciudad más justa y equitativa”.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro (FdT), junto a otros legisladores del Frente de Todos presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de resolución a través del cual buscarán “el pase a planta permanente del personal que revista en la planta transitoria y contratado bajo régimen de locación de servicio, que tenga alguna discapacidad y que realice tareas de carácter habitual y permanente” en el Parlamento.

La iniciativa también sostiene que en este pase, los trabajadores con discapacidad sean equiparados en materia de “sus derechos laborales a sus pares de planta permanente y reconocimiento de su antigüedad laboral”.

El texto recientemente presentado prevé la confección de una lista con todos los trabajadores que se encuentren en esta condición, la cual deberá ser revisada por una comisión de control y seguimiento. Asimismo se prohíbe todo tipo de rebaja de escalafón o despidos.

En los fundamentos del proyecto, los legisladores del FdT recordaron que “el trabajo es considerado un derecho humano fundamental, tal y como surge del artículo 14 de la Constitución Nacional, en donde se reconoce el derecho a trabajar, asimismo, el artículo 14 bis, establece que el trabajo en sus diversas formas gozara de la protección de las leyes, las que aseguraran al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital y móvil; igual remuneración por igual tarea” e insistieron en que “cada persona debería tener la libertad de elegirlo, en condiciones equitativas y satisfactorias, con el cual a través de él se perciban remuneraciones dignas a fin de sostener su vida”.

Además precisaron que “conforme a la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con Discapacidad a través de la Ley Nº 26.378, se le da reconocimiento al derecho al trabajo, siendo protector de su cumplimiento el Estado, el cual deberá promover el ejercicio de dichos derechos”.

Sobre esa misma línea, los opositores plantearon que “la esencia de este proyecto es buscar la regulación de la actividad laboral de las personas con discapacidad, haciendo cumplir la normativa vigente y superándola en post de trabajar por una Ciudad más justa para todos y todas” e indicaron que “el pase a planta permanente de las personas con discapacidad en la Legislatura de la Ciudad sentará precedente en materia de legislación laboral, posicionando a la Ciudad de Buenos Aires, y a esta casa en particular, como un espacio de inclusión y accesibilidad”.

“Poder generar leyes tendientes a garantizar derechos a las personas con discapacidad nos permite profundizar en un paradigma de ampliación de garantías en el marco de los Derechos Humanos”, sentenciaron.

Cabe recordar que la iniciativa lleva la firma de Matías Barroetaveña, María Bielli, Claudio Morresi, Juan Manuel Valdés y Laura Velasco (FdT).

Becas para trabajadores del arte y la cultura con discapacidad

La iniciativa es de Silvina García Larraburu, quien piensa en dos tipos de beneficios para dos aspectos fundamentales en las instituciones que ofrecen contención diaria y fortalecen vínculos sociales.

La senadora nacional Silvina García Larraburu (Unidad Ciudadana – Río Negro) impulsa desde 2017 un proyecto de ley que propone un programa de becas para promover y fortalecer a los trabajadores del arte y la cultura con discapacidad. La iniciativa fue trabajada en conjunto con el Centro Cultural y Educativo Cre-Arte.

“Junto a Luis “Chicho” Suero, de Cre-Arte, trabajamos en la iniciativa teniendo como eje principal respetar y poner en valía el artículo 30 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, detalló la senadora.

Especificó que “el programa busca incentivar a los artistas a través de un apoyo económico a las personas con discapacidad, para que puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, no solo en su propio beneficio sino también para el enriquecimiento de la sociedad”.

García Larraburu agregó que “el arte y la cultura son dos aspectos fundamentales en las instituciones que ofrecen una contención diaria y fortalecen los vínculos sociales, por ello se pensó en dos tipos de becas. Una de formación artística, para capacitarse en alguna disciplina específica y otra de creación artística, para aquellas personas y grupos de personas que tengan trayectoria y requieran fondos para desarrollar un producto. Las disciplinas en las que podrán formarse son: artes plásticas, artes audiovisuales, música, danzas, teatro y literario”.

“Las personas con discapacidad son uno de los grupos que más padeció las consecuencias de la pandemia y el aislamiento. Por eso, resultar menester generar programas focalizados en su sociabilización y realización creativa”, concluyó.

El Senado dio media sanción a dos proyectos sobre personas con discapacidad

Los proyectos de ley de “Prevención de discapacidades en el recién nacido” y de “Diagnóstico Humanizado”, fueron votados por unanimidad en la Cámara alta y giraron a Diputados.

En el último tramo de una sesión que comenzó pasadas las 14 horas, la Cámara de Senadores dio media sanción con 54 votos afirmativos a dos proyectos de ley en materia de salud de personas con discapacidad, uno propone modificar la ley de prevención de discapacidades en el recién nacido, mientras que el otro tiene como objetivo asegurar la contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de trisomía 21 – síndrome de Down para su hijo en gestación o recién nacido.

La modificación de la Ley de Prevención de Discapacidades en el Recién Nacido 26.279 recae sobre su artículo primero para que establezca que “al listado de estudios que deben practicarse en los recién nacidos se incorpora la detección de cardiopatías congénitas asintomáticas mediante oximetría de pulso”.

Por otro lado, el proyecto de Diagnóstico Humanizado presentado por el senador Julio Cobos y el presidente de la Comisión de Salud, Mario Fiad, busca: “Asegurar la contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de trisomía 21 – síndrome de Down para su hijo en gestación o recién nacido, mediante una adecuada comunicación interpersonal e información objetiva y actualizada de la condición informada”.

Entre los objetivos se destacan: “Proveer a los progenitores información completa, precisa y actualizada sobre el diagnóstico, pronóstico, opciones y servicios de salud y de apoyo para las personas con síndrome de Down y sus familias; Promover la capacitación en el modelo social de discapacidad y sensibilización de los equipos de salud para generar las instancias de diálogo y provisión de la información al o los progenitores que reciban este diagnóstico; Promover la atención oportuna y estimulación temprana del recién nacido con diagnóstico de síndrome de Down para asegurar su calidad de vida en igualdad de oportunidades y contribuir a la plena inclusión de las personas con discapacidad, evitando la difusión de estereotipos o el surgimiento de nuevas formas de discriminación”.

En tanto, establece que la autoridad de aplicación será definida por el Poder Ejecutivo y tendrá como funciones: “Promover la formación y capacitación continua a profesionales de la salud sobre la comunicación a las familias con un diagnóstico de síndrome de Down y sobre los derechos de las personas con discapacidad; elaborar y difundir un protocolo respecto de la comunicación y la información que debe proveerse”.

“Generar, colectar y sistematizar la información respecto a la cantidad de casos diagnosticados con síndrome de Down al solo efecto de ser utilizados por el sistema de salud con la debida protección de los datos personales; difundir cartelería en los establecimientos de salud respecto de los derechos de los progenitores que reciben un pronóstico o diagnóstico y de las personas con síndrome de Down; difundir en su página web toda información necesaria y útil para el tratamiento y desarrollo de las actividades de personas con síndrome de Down y sus familias; etc.”, agrega.

En suma, respecto a la comunicación que realicen los profesionales y/o los equipos de salud debe reunir las siguientes condiciones: “Realizarse en un ámbito de intimidad y privacidad, asegurar la disponibilidad de tiempo necesaria para evacuar dudas y consultas; ser empática, en lenguaje claro, actualizada, neutral, respetuosa de la dignidad de las personas con discapacidad y en formatos accesibles con una perspectiva en derechos humanos”.

Cobos explicó: “Estoy muy conforme con la aprobación de este proyecto, que busca asegurar la contención y el acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de Síndrome de Down para su hijo en gestación o recién nacido; a través de un marco general que garantice una adecuada comunicación e información completa, precisa y actualizada sobre el diagnóstico, pronóstico, opciones y servicios de salud y de apoyo para las personas con Síndrome de Down y sus familias. Entendemos que con esto damos respuestas a una demanda legítima de organizaciones de familiares de chicos con Síndrome de Down, relacionada con la forma de abordar el diagnóstico y la necesidad de contar con toda la información posible”.

Julio Cobos (UCR – Mendoza) Foto: HCSN

“Al momento del diagnóstico prenatal o posnatal, se tiene que brindar información en los términos de la ley 26.529 y la vinculada a la condición diagnosticada, recomendaciones de seguimiento clínico, recursos, grupos y asociaciones de acompañamiento y contención de las personas con discapacidad y sus familias, servicios sanitarios y de apoyo públicos y de la sociedad civil, así como los sitios de interés para usuarios que reciban el diagnóstico prenatal o postnatal del Síndrome de Down”, señaló el senador mendocino.

Y expresó: “Por eso, promovemos la capacitación y sensibilización de los equipos de salud para generar instancias de diálogo y provisión de la información a quienes reciban este diagnóstico, y la atención oportuna y estimulación temprana del recién nacido con diagnóstico de Síndrome de Down para asegurar su calidad de vida en igualdad de oportunidades”.

“Este proyecto tiene relación directa con otro de mi autoría que es el de la ampliación de la Libreta de Salud, que es un documento único que reúne toda la información concerniente al Estado de la salud en general, desarrollo psicofísico, control de vacunaciones declaradas obligatorias y demás datos relevantes para su bienestar y calidad de vida. La Libreta vigente no incluye las curvas de crecimiento y desarrollo, ni los controles necesarios para niños y adolescentes con Síndrome de Down. Nuestra intención es que los niños con Síndrome de Down y su familia se encuentren contenidos por el sistema, brindándoles apoyo y orientación, como así también, proveerles de información significativa para el ejercicio de sus derechos”, explayó el legislador radical.

En el Día Mundial de la Discapacidad tuvieron dictamen dos proyectos en el Senado

Una de las iniciativas busca darles un marco regulatorio a los actos de proyección en salud a las personas que padecen una discapacidad. El otro proyecto modifica la Ley 26.130 de régimen para las intervenciones de contracepción quirúrgica.

La Comisión de Legislación General del Senado, presidia por Ana Claudia Almirón (FdT – Corrientes), avaló dos proyectos de la senadora pampeana Norma Durango (FdT), uno sobre el régimen de proyección de los actos de autoprotección y de las directivas anticipadas en el Código Civil y Comercial, mientras que el otro fue tratado en un plenario con la Comisión de Salud, cuyo titular es el radical Mario Fiad, que propone armonizar las disposiciones del régimen para las intervenciones de contracepción quirúrgica sancionado a través de la Ley 26.130 el cual cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

“Es un acto de que las personas con discapacidad puedan ser reconocidos en su propio consentimiento en forma igualitaria y ejercicio igualitario de sus derechos”, señaló Almirón y explicó que “este expediente modifica normas del Código Civil y Comercial establece una regulación legal para todos los actos de autoprotección y de las directivas participadas concomitantes. Establece poder plasmar el ejercicio igualitario de los derechos fundamentales de todas las personas más allá de las circunstancias y tener la decisión de su vida, diversidad y unicidad”.

A su vez, la legisladora santafesina María de los Ángeles Sacnun (FdT) remarcó “la importancia de poder avanzar en este proyecto. Tiene y contiene una profunda sensibilidad respecto de las personas vulnerables, yo diría que atiende a esos derechos humanos incorporados a la Constitución, a ese bloque constitucional, al que también forman parte los tratados internacionales. Les da un espacio en el derecho de autoprotección de forma acabada a todas las personas vulnerables que quizás no alcanzaban la protección en el actual código”.

“Hay una ampliación en la autonomía de la voluntad. Va más allá de lo sanitario esto, tiene que ver con el resto de la vida de las personas y que ayuda a clarificar los alcances de los instrumentos como el de poder dejar sentado cual es la voluntad de la persona a que sobrevenga algún tipo de incapacidad que impida expresar su voluntad”, agregó.

Y continuó: “También considero que contribuye a la uniformidad nacional del tema lo cual es importante porque garantiza que todas las personas tengan un pie de igualdad y un perfeccionamiento de lo que significa el acto de autoprotección. Tiene que ver con el profundo respeto de lo que consideramos como los derechos humanos. A veces se infantiliza a las personas que tienen un tipo de discapacidad y se toman decisiones que van en contra de lo que quieren hacer voluntariamente”.

“El proyecto de ley para las intervenciones de contracepción quirúrgica sobre los servicios de sistema de salud para personas con discapacidad viene con media sanción de Diputados”, remarcó la presidenta de la comisión de Legislación General y explicó que “tiene su antecedente en la Ley 26.130 de anticoncepción quirúrgica que garantiza a toda persona mayor de edad el derecho a acceder a las prácticas ligaduras de trompas, de Falopio, deferentes o vasectomía. El derecho a limitar la procreación es un derecho personalísimo para las personas con discapacidad, el respeto de la decisión personal”.

A continuación, el presidente de la Comisión de Salud Mario Fiad (UCR -Jujuy) manifestó de forma breve que “damos cuenta del valor que tiene el proyecto”. “Para darle un marco regulatorio y reconocer el ejercicio igualitario para todas las personas en los actos de proyección en salud, bienes o cualquier tipo de acción”, concluyó Almirón.

Piden garantizar el acceso a cajeros a personas con discapacidad visual

Un proyecto de varios diputados de Juntos por el Cambio exige que el Ejecutivo disponga de medidas necesarias para que los usuarios con discapacidad visual tengan acceso a todos los servicios financieros.

Diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por la cordobesa Soledad Carrizo, presentaron este lunes un proyecto de resolución a través del cuál solicitan al Poder Ejecutivo Nacional que disponga las medidas necesarias para garantizar a los usuarios con discapacidad visual la accesibilidad a todos los servicios financieros de terminales de cajeros automáticos y plataformas de servicios web.

En este sentido, Carrizo afirmó: “Esta iniciativa surge del convencimiento de la existencia de impedimentos para un ejercicio libre, igualitario y plenamente accesible de actividades cotidianas que atentan contra la autonomía e independencia de las personas con algún tipo de discapacidad”.

“Nos motiva la necesidad de asegurar la efectiva vigencia de los derechos de las personas con discapacidad y por ello debemos trabajar para eliminar todas aquellas barreras comunicacionales, arquitectónicas y socio-culturales a las que están expuestas diariamente”, agregó.

El proyecto contempla el pedido para la habilitación de operaciones seguras de transferencias y pagos de servicios por terminales de cajeros automáticos y plataforma de servicios web, la señalización indicativa de la ubicación de los cajeros automáticos habilitados para usuarios con discapacidad visual y su estado de funcionamiento dentro de las casas operativas. Además, condiciones de ingreso, movimiento y egreso seguro para el adecuado uso de terminales de cajeros automáticos y accesibilidad al medio físico.

Por otra parte y de manera complementaria, la iniciativa establece la capacitación de personal para asistir de forma virtual, telefónica o presencial a usuarios con discapacidad visual en el adecuado uso de los servicios financieros disponibles y campañas informativas y de capacitación a usuarios y clientes con discapacidad visual sobre las distintas formas, medios, operatorias habilitadas y utilización segura de terminales de cajeros automáticos y plataformas de servicios web para servicios financieros.

En este sentido, la legisladora cordobesa aseguró que para lograr ello, “el camino es visibilizar la problemática a la que diariamente se enfrentan las personas con discapacidad, generando una agenda legislativa propia que recepte su reclamo y lo transforme en políticas públicas concretas y efectivas”.

“Por eso le pedimos al Poder Ejecutivo que disponga de la readecuación del marco regulatorio existente o dictado de nuevas medidas dirigidas al universo de usuarios de servicios financieros con discapacidad visual; esto es, todas aquellas personas que reclaman un acceso irrestricto a la operatoria de plataformas web y terminales de cajeros automáticos”, finalizó.

Acompañan con su firma los diputados Lorena Matzen, Gabriela Lena, Joseì Riccardo, Gustavo Menna, Mario Arce, Ximena Garciìa, Brenda Austin, Aida Ayala, Claudia Najul, Gonzalo Del Cerro, Jorge Enriquez, Alfredo Schiavoni y Héctor Stefani.

Se aprobó un proyecto relacionado a la salud reproductiva de las personas con discapacidad

La iniciativa establece una modificación a la Ley de Intervenciones de Contracepción Quirúrgica, de modo que todas las personas puedan decidir si acceden o no a ligadura de trompas o vasectomía.

La Cámara de Diputados dio media sanción por 237 votos a favor, 1 en contra y una abstención, y giró al Senado un proyecto que busca que las personas con discapacidad puedan decidir sobre su capacidad reproductiva, en relación a la anticoncepción quirúrgica.

A pesar de lo que se esperaba, la votación no fue por una unanimidad ya que el diputado santafesino Esteban Bogdanich (Frente de Todos) votó en contra mientras que el legislador neuquino Francisco Sánchez (Juntos por el Cambio) se abstuvo.

La iniciativa se trata de una modificación a la Ley 26.130, sancionada en 2006, que estableció el derecho al acceso a las prácticas quirúrgicas denominadas “ligadura de trompas de falopio” y “ligadura de conductos deferentes o vasectomía” en los servicios de sistema de salud.

El debate

Al inicio del debate, el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin (FdT) sostuvo que “el objetivo de esta ley tiene que ver con aquellas personas con discapacidad no puedan ser intervenidas quirúrgicamente para una contracepción sin haber expresado claramente su voluntad”.

A su turno, la diputada chaqueña Lucila Masin (FdT) dijo que “este proyecto es fruto del trabajo colectivo y se nutrió del aporte de organizaciones de personas con discapacidad y los respectivos informes técnicos. Estamos garantizando un derecho humano y saldando una deuda de la democracia”, apuntó.

Luego, la diputada bonaerense Silvia Lospennato (JxC) manifestó: “Esta reforma a la ley de contracepción quirúrgica es necesaria, es justa, es una deuda con los Derechos Humanos de las personas con discapacidad, que hoy empezamos a resolver”.

En tanto, la legisladora mendocina Claudia Najul (JxC) afirmó que “la ley perpetua una discriminación histórica, la voluntad está absolutamente reemplazada por representantes legales o por una autorización de un juez, el plan de vida y proyectos quedan en manos de otra persona”.

Por su parte, la diputada cordobesa Leonor Martínez (JxC) señaló: “Buscamos modificar estos artículos para ordenar el sistema jurídico interno con la Convención de DD.HH de las Personas con Discapacidad, brindándoles la libertad y autonomía para decidir”.

Asimismo, el diputado rionegrino Luis Di Giacomo (Juntos somos Río Negro) consideró que “las personas tienen derecho a acceder a la información objetiva, pertinente, precisa, confiable, accesible y actualizada, que sean ellas quienes puedan decidir sobre su sexualidad”.

En la misma línea, la diputada sanjuanina Graciela Caselles (FdT) este proyecto “es un acto de inclusión, de libertad y autonomía para las personas con discapacidad. Poner en agenda los temas de discapacidad y dar respuestas, es el camino para consolidar la Argentina inclusiva que todos y todas queremos”, cerró.

Actualmente, dicha norma establece que “cuando se tratare de una persona declarada judicialmente incapaz, es requisito ineludible la autorización judicial solicitada por el representante legal de aquélla”.

A través del proyecto aprobado, la nueva redacción de la ley indicará que “todas las personas con discapacidad, sin excepción, tienen derecho a brindar su consentimiento informado para acceder a intervenciones de contracepción quirúrgica, por sí mismas y en igualdad de condiciones con las demás personas”.

“Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir información sobre las prácticas reguladas en esta ley en medios y formatos accesibles y a solicitar sistemas de apoyo y ajustes razonables que les permitan consentir en forma autónoma. Deben adoptarse salvaguardas para evitar la sustitución en la toma de decisiones”, agrega el nuevo artículo 3.

También, señala que “si se tratara de persona con capacidad restringida por sentencia judicial y la misma no refiere al ejercicio del derecho que otorga la presente ley, ella debe prestar su consentimiento informado sin ningún impedimento”.

“Si la sentencia de restricción a la capacidad designa apoyo para el ejercicio del derecho previsto en la presente ley, el consentimiento informado debe ser prestado por la persona con discapacidad con la asistencia prevista por el sistema de apoyos del artículo 32 del Código Civil y Comercial”, completa el texto del proyecto que ahora deberá ser analizado por la Cámara alta.

Diputados oficialistas buscan crear un defensoría para personas con discapacidad

El legislador porteño Eduardo Valdés presentó una iniciativa para la creación del organismo, que dependería del Poder Legislativo y abogaría por la defensa y protección de los intereses y derechos de las personas con discapacidad.

El diputado nacional Eduardo Valdés (Frente de Todos-CABA) presentó un proyecto de ley para crear la Defensoría Nacional de las Personas con Discapacidad. Según la iniciativa, la misma quedará bajo la órbita del Poder Legislativo, y tiene por objetivo “la defensa y protección de los intereses y derechos de las personas con discapacidad, tutelados por la Constitución Nacional, tratados internacionales y leyes, frente a los actos, hechos u omisiones de la administración pública nacional, entidades o personas jurídicas, públicas o privadas, que presten todo tipo de servicios, cuidados y asistencia”. 

De aprobarse, la Defensoría llegaría a proteger los derechos de tres millones y medio de argentinos y argentinas con algún tipo de discapacidad, según datos del INDEC de 2018.

“Con este proyecto buscamos que el sector tenga una voz propia que defienda sus derechos para que tanto el Estado como otros ámbitos brinden las respuestas que el sector está esperando. Las dificultades de las personas con discapacidad para acceder a las prestaciones que brindan tanto el sector público como privado son muchas, y se vieron agravadas en el marco de la pandemia. Creemos que una Defensoría específica para este enorme universo, conformado por personas de todas las edades, extracciones sociales y provincias, es un gran paso hacia un país más justo y solidario”, sostuvo el legislador porteño.

La iniciativa, que cuenta con las firmas de los diputados Rosana Bertone, Alcira Figueroa, Carolina Moisés, Juan Carlos Alderete, Lía Vernónica Caliva, Ricardo Daives, Marcelo Koenig, Susana Landriscini, Danilo Flores, Mabel Caparrós y Omar Felix, está apoyada en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por las Naciones Unidas en 2006, aprobada en la Argentina en 2008, e incorporada en el artículo 75 de la Constitución Nacional a través de la Ley 27.044 en 2015.

Dicha convención obliga a los Estados a “adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención; tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad”, tal como lo establece en su artículo 4. 

De esta manera, la Defensoría propuesta será el espacio propicio y con competencia para “velar por el derecho a la vida, la educación, el empleo, la salud y la no discriminación de personas con al menos una discapacidad, entre otros derechos que frecuentemente son vulnerados”.

A su vez, la propuesta del diputado del bloque Frente de Todos señala que “la creación de la Defensoría de las Personas con Discapacidad procura garantizar la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, dotando a un organismo independiente de los instrumentos, facultades y recursos necesarios para tal misión, interviniendo en todas las áreas que afectan la vida, la salud, la educación, la seguridad y el bienestar de las personas con discapacidad y sus grupos familiares”.

Respecto del mecanismo de selección del titular, el articulado elaborado por Valdés establece que la figura del defensor o defensora será determinada por una comisión bicameral integrada por cinco representantes de cada cámara del Congreso, la cual “tendrá a su cargo la evaluación de la designación, que se llevará a cabo mediante concurso público de antecedentes”. 

La designación se llevará adelante mediante concurso público de antecedentes, del cual surgirán cuatro candidatos y candidatas, para ocupar el cargo que tendrá una vigencia de cinco años, con la posibilidad de ser renovado por única vez.

Cuestionamientos a la modificación del Código de Edificación

Rechazo y reproches de las organizaciones de discapacidad al Gobierno de la Ciudad por los cambios.

La Comisión Especial de Personas con Discapacidad de la Legislatura porteña debatió la modificación del Código de Edificación desde la perspectiva de la discapacidad en conjunto con legisladores, especialistas y organizaciones que nuclean a personas con discapacidad. Allí se expusieron las críticas en materia de accesibilidad a la modificación que se está debatiendo en la Comisión de Planeamiento Urbano.

El objetivo del encuentro fue poner de relieve los aportes que tenía el colectivo de personas con discapacidad por medio de la elaboración de un informe que será remitido a las autoridades del Gobierno de la Ciudad y de la Comisión de Planeamiento Urbano que encabeza el debate. Juan Manuel Valdés, presidente de la Comisión Especial de Personas con Discapacidad, agradeció el debate y los aportes realizados: “Este debate está estructuralmente vinculado con lo que hoy está en las tapas de los diarios. En el mundo estamos debatiendo si es necesario fomentar la densificación de los centros urbanos o acostumbrarnos a ciudades de proximidad”.

Del debate participaron Fundación Rumbos, REDI, la Biblioteca de Ciegos, Acceso Ya y la Defensoría del Pueblo, quienes consideraron un gran retroceso la modificación del código de edificación y aseguraron que “las leyes del mercado están avanzando sobre los derechos humanos” y que eso genera una “gran preocupación y mayor retroceso para las personas con discapacidad”.

Estuvieron presentes, además, los legisladores y legisladoras María Sol Méndez, Victoria Montenegro, Ana Bou Pérez, Javier Andrade, Cristina García y Lucía Romano.

El titular de la Agencia Nacional de Discapacidad destacó la “predisposición y humildad” de Alberto Fernández

Al participar de una reunión informativa de la comisión homónima, Fernando Galarraga defendió al presidente luego de sus dichos sobre los niños con discapacidad frente a la pandemia.

El titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Fernando Galarraga, defendió este martes al presidente Alberto Fernández y destacó su “predisposición y humidad”, luego de sus cuestionados dichos sobre la situación de los niños con discapacidad frente a la pandemia.

Galarraga expuso ante la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, que preside Leonor Martínez Villada (Coalición Cívica), donde presentó un informe de gestión y respondió preguntas de legisladores.

En ese marco, la santafesina Gisela Scaglia (Pro) preguntó al funcionario sobre las declaraciones de Fernández, que a su juicio “estuvieron mal”.

Es que, a propósito de la suspensión de clases presenciales en el AMBA, el presidente comentó: “Todo este tiempo he hablado con maestras de escuela de chicos con capacidades diferentes, de lo difícil que se les hace trabajar con esos chicos, que no entienden la dimensión del problema sanitario que enfrentan”.

Galarraga no eludió la respuesta. “No soy una persona que esté radicalizada con la terminología, porque entiendo que estamos atravesando un tiempo de transición donde las personas con discapacidad están buscando más protagonismo y más acceso a sus derechos, y donde muchas familias tomaron la voz de esas personas”, introdujo.

Y continuó: “Me quiero quedar con el respaldo y el acompañamiento político que el primer mandatario nos brinda en cada una de las gestiones”.

“No se podría haber aumentado el presupuesto un 53% como se hizo en 2020 si no hubiera acompañamiento ni respaldo político”, retrucó el titular de la ANDIS.

Luego sostuvo que “como sociedad tenemos que incorporar lo que significa el paradigma de la discapacidad, y eso implica la terminología, pero fundamentalmente las actitudes, la predisposición, la respuesta individual y colectiva, y mucho más para quienes desempeñamos roles políticos y de conducción en el Estado Nacional”.

Fue entonces cuando destacó “la apertura y la humildad” de Fernández al recibirlo este lunes en Casa Rosada, donde se le brindó una capacitación en la materia.

“Nos brindó un respaldo muy significativo a cada una de estas líneas de acción y con absoluta predisposición y humildad trabajó con nosotros en relación a conceptos que van más allá de una palabra bien o mal usada”, afirmó.

Al brindar su informe de gestión, Galarraga sostuvo: “Trabajamos por una Argentina con mayor igualdad, donde las personas con discapacidad tienen y deben ocupar un lugar, y en donde el Estado debe ser un actor protagónico. La discapacidad debe estar en la agenda pública y política”.

Entre las principales iniciativas que nombró el funcionario se destacan la restitución de las pensiones a personas con discapacidad y el Plan Federal Incluir Salud.

También subrayó “la necesidad de avanzar en dispositivos para las clases virtuales de los alumnos con discapacidad”, como computadoras, tablets o celulares, “porque son la llave para acceder a la educación”.

Por su parte, Martínez Villada consideró que “es imperiosa la inclusión de las personas con discapacidad en las políticas públicas”, mientras que la vicepresidenta de la comisión, Graciela Caselles (Frente de Todos) remarcó: “Debemos dar solución a los derechos de todas las personas con discapacidad, y trabajar en conjunto para encontrar el camino más igualitario para todos, sobre todo en este contexto particular”.

Piden informes sobre la vacunación contra el Covid para personas con discapacidad

La macrista Victoria Morales Gorleri presentó un pedido de informes y enfatizó que “es obligación por parte del Estado velar, promover y proteger los derechos” de esta población.

La diputada nacional Victoria Morales Gorleri (Pro) presentó un proyecto para conocer si las personas con discapacidad están contempladas en el plan de vacunación contra el Covid-19.

“En este contexto de vacunación ‘VIP’ para los amigos del poder, y ante la falta de información por parte del Ejecutivo Nacional respecto del plan de vacunación, es fundamental saber qué se está haciendo por las personas con discapacidad y sus equipos de acompañamiento”, señaló la porteña.

A través de la iniciativa se solicitan precisiones sobre si existen partidas de vacunas contra el Covid-19 destinadas exclusivamente a las personas con discapacidad, al tiempo que consulta sobre la participación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para la ejecución de dicho plan de vacunación.

Además, se piden informes sobre si está contemplada una partida determinada de vacunas para el personal destinado al cuidado de las personas con discapacidad, teniendo en cuenta que gran parte de los tratamientos que realizan requieren del contacto estrecho entre el personal de salud y la persona atendida.

“La Constitución Nacional y los Tratados Internacionales, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece que es obligación por parte del Estado velar, promover y proteger los derechos de todas las personas con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso”, expresó la legisladora de Juntos por el Cambio.

Finalmente, Morales Gorleri sostuvo que “en este contexto de pandemia es imperioso que el Poder Ejecutivo Nacional informe y, en el caso que aun no lo esté haciendo, atienda con prioridad la necesidad de las personas con discapacidad”.

Piden eximir del pago de Ganancias a personas con discapacidad

En la previa del tratamiento del proyecto del oficialismo, el radical Diego Mestre presentó una iniciativa para sumar a la discusión.

diego mestre

El diputado nacional Diego Mestre (UCR) presentó un proyecto para eximir del pago del impuesto a las Ganancias a las personas con discapacidad y familiares directos a cargo, en la previa del tratamiento de la iniciativa del oficialismo para subir el mínimo no imponible del tributo.

“De acuerdo a un informe realizado por el Indec en el año 2018, el 10,2% de la población argentina padece algún tipo de discapacidad. Ante este panorama, es de vital importancia eximir del pago del impuesto a las Ganancias a este sector de la población lo que ayudaría a mejorarles la calidad de vida”, señaló Mestre.

El legislador recordó que “la constitución nacional en su artículo 75 establece que debemos legislar y promover acciones que garanticen igualdad real de oportunidades y pleno goce y ejercicio de derechos en particular a personas con discapacidad, niños y mujeres. Eximirlos del pago de Ganancias es un paso en esa dirección”.

Además, puso como ejemplo que “existen normativas nacionales y provinciales que eximen del gravamen a este sector de la población para, por ejemplo, la compra de vehículos, pero la mirada no debe estar puesta solo en la persona que adolece la discapacidad sino también en los familiares directos que lo acompañan, por ello es que entendemos que la exención debe ser más integral para tener más igualdad de derechos y aplicar una justicia social real”.

Reunión de preparación sobre proyecto de ley en materia de discapacidad

Se trata de un proyecto de la diputada Laura Aprile y del encuentro participaron autoridades de la Cámara baja bonaerense, personas con discapacidad, investigadores y representantes de organizaciones sociales de la materia.

Se reunió una mesa de trabajo para enriquecer un proyecto de ley que tiene por objetivo la capacitación obligatoria en la temática de discapacidad y derechos humanos para empleados públicos de la Provincia de Buenos Aires. La iniciativa, a cargo de la diputada provincial Laura Aprile, busca sumar voces y aportes al proyecto de su autoría.

De la reunión, participaron el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Federico Otermín; el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Maximiliano Abad; la diputadas Nora Salbitano y Mariana Larroque; personas con discapacidad, investigadores y representantes de organizaciones sociales de la materia.

“Como presidenta de la Comisión de Asuntos de las Personas con Discapacidad, siempre quise trabajar junto a organizaciones y al resto del arco político. Estoy segura que tenemos que tener políticas reales de Estado para poder hacer un buen trabajo. Tenemos que dejar de lado las diferencias, saltar la grieta y trabajar en estos temas, a largo plazo, con consensos y en serio”, explicó Aprile.

Se prevé que en la próxima sesión de la Legislatura se pueda tratar el tema. Por eso, esta reunión busca sumar conceptos y definiciones que aporten desde distintos sectores al proyecto inicial.

“Como funcionarios del Estado no estamos exentos de reproducir prejuicios y el desconocimiento. La diferencia es que ocupamos lugares en los que debemos trabajar para garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de las personas. Y creo que en este caso, no basta con tener un área que trabaje en discapacidad en particular: hay temas que deben ser considerados por todas las áreas, hay que pensar y hacer con perspectiva de discapacidad desde todos los Ministerios y áreas, incluso desde la justicia. Que todas las áreas puedan pensar sus políticas, sus comunicaciones, sus intervenciones, con perspectiva de discapacidad”, señaló Aprile. Que agregó: “Entonces, para ello debemos capacitarnos: no convertirnos en expertos, pero sí lograr sensibilizarnos para poder trabajar en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas inclusivas y accesibles; y en la modificación de aquellas normas y acciones que limitan el ejercicio de los derechos”.

Participó también la investigadora del CONICET Agustina Palacios; Celeste Fernández, coordinadora del área de Discapacidad y Derechos Humanos de la Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); Sandra Katz y Evelina Díaz de la Comisión Universitaria de Discapacidad de la UNLP; Gabriela Troiano de la Red por los Derechos de las PcD (REDI); Elena dal Bo, directora Ejecutiva de Asociación Azul y Juan Cobeñas, integrante de Asociación Azul; Lourdes Martínez y Laura Pelagatti Rey, ambas de la Red Nacional de Talleres Protegidos Brenda Pignol y Celeste Pavez de la empresa social Libertate y Luciana Conti, politóloga y especialista en políticas sociales, relatora de la Comisión de Asuntos de las Personas con Discapacidad.

La Cámara alta aprobó un paquete de proyectos vinculados a discapacidad

Son para promover la adopción del Símbolo de Accesibilidad Universal; implementar el sistema braille en ascensores; prevenir la hipoacusia; utilizar barbijo transparente en dependencias públicas; e instituir el Día Nacional del Braille.

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La Cámara alta aprobó y giró a la Cámara de Diputados este jueves, por unanimidad (63 votos positivos), un paquete de cinco proyectos vinculados a la discapacidad.

Símbolo de Accesibilidad Universal

Una de las iniciativas fue presentada por María Inés Pilatti Vergara (Frente de Todos) y promueve la adopción del nuevo Símbolo de Accesibilidad Universal, diseñado por Naciones Unidas en 2015.

Actualmente, el símbolo utilizado en los lugares accesibles para personas con discapacidad es el contemplado en la norma IRAM 3722, fue aprobado en 1991 y simula una persona en silla de ruedas.

La nueva imagen consiste en una figura humana con los brazos abiertos, simbolizando la inclusión para las personas sin distinción de sus capacidades.

Según el proyecto aprobado, este símbolo debería ser implementado a fin de identificar el acceso de las personas con discapacidad a edificios, vías públicas, servicios de transporte, vehículos, instalaciones exteriores e interiores y páginas web.

Sistema Braille en ascensores

El Senado también avaló un proyecto de Roberto Basualdo (Juntos por el Cambio) que propone incorporar en los ascensores de organismos públicos la señalización en sistema braille y parlante.

El tablero de los ascensores deberá contar con el sistema numérico convencional y además su equivalente en braille, para que las personas con ceguera o deficiencia visual puedan movilizarse con independencia.

Una vez que sea sancionada, la ley deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo dentro de los 60 días posteriores a su promulgación, y se invita a adherir a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires.

Detección temprana y atención de la hipoacusia

Otro de los proyectos que recibieron el visto bueno es de la oficialista Inés Blas y modifica la ley que creó el Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia, incorporando acciones de difusión y concientización.

Se promueve en primer lugar la formación, capacitación y sensibilización de docentes con el fin de implementar jornadas para la concientización sobre la problemática y la dificultad en el ámbito de la educación de niños, niñas, adolescentes y docentes expuestos a ruidos intensos.

También se impulsa la implementación de métodos de control y supervisión del ruido en ámbitos educacionales, ya sean guarderías, jardines de infantes, colegios primarios o secundarios, centros de estudios terciarios, universidades y conservatorios del ámbito público y privado.

Se les deberá recomendar a todas estas instituciones que instalen dispositivos detectores de niveles de sonido a fin de poder evaluar el impacto del ruido ambiente en las personas.

Además, el proyecto ordena desarrollar campañas audiovisuales y gráficas que tengan como destinatarios a los niños, niñas y adolescentes en sus actividades diarias, tanto educacionales, como sociales y recreativas, fomentando las pautas para la concientización, prevención, e implementación de conductas saludables.

Por último, se prevé la difusión de estas acciones en los sitios web de los distintos organismos del Estado Nacional.

Barbijo transparente

El pleno aprobó un proyecto de Juan Carlos Romero (Interbloque Parlamentario Federal) que modifica la Ley de Protección Integral a los Discapacitados, disponiendo la utilización de máscaras o barbijo transparente para interactuar con personas hipoacúsicas o con dificultades auditivas en dependencias del Estado.

El texto establece que “cuando las autoridades sanitarias indiquen el uso generalizado de barbijos, tapabocas o dispositivos similares, todas las dependencias de los tres Poderes del Estado Nacional (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que brindan atención al público deberán contar con al menos una persona que utilice dichos dispositivos en formato transparente, con el objetivo de facilitar la interacción de personas sordas, hipoacúsicas o con dificultades auditivas, permitiendo que puedan leer los labios o ver la expresión facial de las personas con la que están comunicándose”.

La iniciativa señala que el Poder Ejecutivo deberá garantizar la provisión de este tipo de barbijos y tapabocas, y además propone adoptar esta misma medida en el ámbito privado.

Día Nacional del Braille

Por último, la Cámara alta avaló un proyecto de Mario Fiad (UCR), titular de la Comisión de Salud, que instituye el 4 de enero de cada año como Día Nacional del Braille, en adhesión al Día Mundial del Braille.

Según el texto, la autoridad de aplicación deberá organizar “actividades de difusión orientadas a crear mayor conciencia sobre la importancia del braille como medio de comunicación para la plena realización de los derechos humanos de las personas con discapacidad visual”.

El Día Mundial del Braille fue instituido por la Asamblea General de Naciones Unidas el 1ro. de noviembre de 2018.

La Cámara alta sesiona para aprobar un paquete de proyectos consensuados

El Senado se reúne desde las 14.18. La sesión arrancará con el tratamiento del pliego de Raúl Bejas para la Cámara Nacional Electoral. El temario incluye iniciativas vinculadas a beneficios laborales para empleadas domésticas y trabajadores viñateros, y propuestas sobre discapacidad y niñez.

La Cámara alta realiza desde las 14.18 una nueva sesión especial en la que tratará un paquete de proyectos que cuenta con consenso entre los bloques. En tanto, el primer tema será la votación de una treintena de pliegos judiciales, enviados por el Poder Ejecutivo y con dictamen de la Comisión de Acuerdos.

Entre ellos se encuentra el del juez federal tucumano Raúl Daniel Bejas, propuesto para cubrir la vacante en la Cámara Nacional Electoral. Juntos por el Cambio rechaza su postulación, no solo por su pasado como apoderado del PJ en su provincia durante 12 años, sino porque en el primer lugar del concurso había resultado una mujer, Alejandra Lázzaro, secretaria de la CNE.

El temario de este jueves incluye un proyecto de Julio Cobos (UCR) que modifica el artículo 27 de la Ley 26.844 de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. La modificación consiste en que las empleadas domésticas cobren la segunda cuota del aguinaldo el 18 de diciembre, al igual que el resto de los trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo.

Se tratará a continuación un proyecto de Anabel Fernández Sagasti (FdT) que otorga beneficios laborales y previsionales a trabajadores y contratistas de viñas. Por un lado, se les otorga un régimen jubilatorio igual al de los peones rurales, con la posibilidad de jubilarse a los 57 años; y por otra parte se amplía la mensualidad que reciben los contratistas, de diez a doce meses.

Otro de los proyectos del temario busca ampliar de dos a tres años el plazo de las prescripciones de los reclamos por indemnizaciones, al modificar el artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo. Asimismo, se establece la imprescriptibilidad y retroactividad de las acciones laborales indemnizatorias derivadas por delitos de lesa humanidad.

El pleno avanzará también con una modificación de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, disponiendo una línea telefónica y/o aplicación para teléfonos celulares gratuita para brindar información, contención y asesoramiento en caso de violencia, maltrato y abuso.

Además, figura un proyecto de la senadora Norma Durango (FdT) que crea el Foro Permanente de Niños, Niñas y Adolescentes; y otro que cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados para declarar el Día de la Persona Donante de Órganos el 29 de agosto.

También se abordará un proyecto del Poder Ejecutivo que aprueba el Acuerdo de Reconocimiento y Convalidación Provisoria de Títulos Universitarios para la Realización de Estudios de Posgrado con la República Dominicana, suscrito en la Ciudad de Buenos Aires.

La lista de proyectos a tratar abarca la declaración de dos Monumentos Históricos Nacionales: el “Solar Sarmiento”, la última casa donde vivió Domingo Faustino Sarmiento, ubicada en Asunción, Paraguay; y la Escuela Normal Fray Justo Santa María de Oro, en la localidad sanjuanina de Jáchal.
Se votará, por otra parte, la transferencia de distintos inmuebles a la ciudad de Belén (Catamarca), a la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Dorado (Misiones), a la provincia de La Pampa y a la Municipalidad de Tostado (Santa Fe).

Proyectos vinculados a discapacidad

En la sesión se tratará una iniciativa de María Inés Pilatti Vergara (FdT) que promueve la adopción del nuevo Símbolo de Accesibilidad Universal, diseñado por la ONU, que consiste en una figura con los brazos abiertos, simbolizando la inclusión para las personas sin distinción de sus capacidades.

Otros proyectos será el de Roberto Basualdo (Producción y Trabajo) que propone incorporar en los ascensores de organismos públicos la señalización en sistema braille y parlante; y uno del titular de la Comisión de Salud, Mario Fiad, que instituye el 4 de enero de cada año como Día Nacional del Braille, en adhesión al día mundial consagrado por la Asamblea de las Naciones Unidas.

Asimismo, se votará la iniciativa de Inés Blas (FdT) que modifica la Ley de Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia, en lo vinculado a acciones de difusión y concientización; y una propuesta de Juan Carlos Romero (Interbloque Parlamentario Federal) que modifica la Ley de Protección Integral a los Discapacitados, respecto de utilizar máscaras o barbijo transparente para interactuar con personas hipoacúsicas o con dificultades auditivas.

Discapacidad: impulsan un protocolo para retomar tratamientos presenciales

El modelo de trabajo presentado por el diputado Martín incluye un minucioso esquema con todas las medidas necesarias para evitar contagios de Covid-19.

juan martin

El diputado nacional Juan Martín (UCR – Santa Fe) presentó un proyecto para que la Agencia Nacional de Discapacidad y el Ministerio de Salud de la Nación, elaboren en forma conjunta el protocolo de reapertura ordenada y paulatina de las prestaciones presenciales en centros de día e instituciones afines, para acelerar la reapertura de los espacios dedicados a las prestaciones terapéuticas para personas con discapacidad, en todo el país, tomando como modelo el protocolo diseñado por la Fundación Matilde Bagli.

Para el diputado “urge poner el foco en reactivar progresivamente las prestaciones presenciales brindadas en los Centros Educativos Terapéuticos, Centros de Día, Servicios de Rehabilitación, Servicios de Apoyo a la Inclusión Educativa y modalidades de prestaciones de apoyo a personas con discapacidad, para que en los mismos se pueda llevar a cabo la atención de los servicios de terapia, rehabilitación, atención temprana y atención diurna. Debiendo, a su vez, llevarse adelante una incorporación progresiva de concurrentes según criterios como, necesidad social, vulnerabilidad y grado y nivel de dependencia”.

El modelo de trabajo presentado por el legislador junto a la fundación que preside Juan Manuel Bagli incluye un minucioso esquema con todas las medidas necesarias para evitar contagios de Covid-19. Estas pautas determinan recomendaciones generales preventivas para trabajadores y pacientes; capacitación a todo el personal; cómo deben realizarse los traslados hacia y desde los espacios para personal y pacientes; qué controles implementar con proveedores y contratistas; las maneras más efectivas para la limpieza y desinfección de los lugares en general, las aulas y consultorios; la gestión de residuos; qué hacer frente a un caso sospechoso o confirmado de coronavirus; y una serie de puntos cuyo estricto cumplimiento asegurarán las prestaciones.

Según Juan Martín y la Fundación “con la incorporación a la nueva normalidad, las medidas que se establezcan deben basarse en la prudencia, primar la garantía de seguridad para todas las personas y la minimización de los riesgos. Esta situación también debe convivir y equilibrarse con la respuesta rápida a las personas con discapacidad y sus familias. Tras este largo período de confinamiento y aislamiento, este plan de transición debe ser gradual, asimétrico, y adaptable a los cambios de orientación necesarios en función a la evolución”.

Acompañan esta iniciativa los diputados de Juntos por el Cambio Lidia Ascárate, Sebastián Salvador, Claudia Najul, Niky Cantard, Gonzalo del Cerro, Lorena Matzen, Ximena García, Gustavo Menna, Josefina Mendoza y Martín Berhongaray.

Piden incorporar mejoras al Mapa Interactivo de la Ciudad

Los legisladores del FdT presentaron un proyecto para que se incluya en ese mapa la categoría “barreras arquitectónicas en el transporte público”, para que las personas con discapacidad puedan filtrar las estaciones subterráneas con accesibilidad reducida.

El diputado Juan Manuel Valdés (FdT) junto a otros legisladores del Frente de Todos impulsaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley para incluir en el servicio de búsqueda de recorridos del Mapa Interactivo de la Ciudad la opción “Recorrido sin barreras arquitectónicas”.

Esta herramienta permitirá generar el mejor recorrido posible, haciendo énfasis en los recorridos que tarden el menor tiempo, en transporte público para personas con movilidad reducida. Además agrega la posibilidad de filtrar estaciones de subterráneo que carezcan de accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Cabe destacar que en la Ciudad, según el último censo del año 2010, residían 60 mil personas con discapacidad motriz permanente y encuestas realizadas por la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad identifican que las mayores dificultades son en el uso del transporte público: 49% en la utilización del colectivo, 43,6% en el subte y 38,7% en trenes.

Además el 38,2% manifestó dificultades en las veredas y rampas. Ante esta situación, Valdés aclaró que “de ninguna manera este proyecto pretende naturalizar la existencia de barreras arquitectónicas que van contra el derecho y convierten a la ciudad en un ámbito desigual para las personas con discapacidad” y consideró que “su difusión y el acceso a la información permitirán su visibilización y la búsqueda de políticas de fondo que eliminen finalmente las barreras existentes”.

En los fundamentos de la iniciativa, el legislador expresó que “el plan de Gobierno de la Ciudad, de acuerdo con lo estipulado por el Art. 42 de la constitución de nuestra Ciudad  prevé una ciudad a escala humana sin barreras arquitectónicas de ningún tipo” e insistió en que “la  accesibilidad urbana es una de las condiciones fundamentales del desarrollo de una vida más autónoma e independiente. Este proyecto busca como primera medida incluir las ‘Barreras arquitectónicas en el transporte público’ a la ley 2525 de ‘Sistema Único de Información Geográfica’, sancionada en el año 2007”.

“Con motivo de esto y hasta tanto se pueda garantizar la accesibilidad total a este servicio público fundamental será necesario brindar información pertinente que permita en igualdad de condiciones planificar sus traslados a las personas con movilidad reducida a partir del Mapa Interactivo de la Ciudad”, sentenció.

El proyecto fue acompañado por María Rosa Muiños, Ana María Bou Perez, Laura Velasco y Matías Barroetaveña (FdT).

Una legisladora bonaerense pide mejoras en trámites para personas con discapacidad

La diputada de Juntos por el Cambio Laura Apriles presentó una carta ante ANSES para que se establezcan nuevos mecanismos para atender las necesidades de las personas con discapacidad.

La diputada bonaerense de Juntos por el Cambio Laura Aprile presentó una carta ante la ANSES para que se establezcan mecanismos “ágiles y efectivos” para atender las necesidades de las personas con discapacidad

“Vemos con mucha preocupación la demora y falta de respuesta que tienen las personas con discapacidad cuando necesitan hacer algún trámite. Es por eso que presenté una carta para que llevarle este reclamo a la licenciada Fernanda Raverta y ponerme a disposición para ayudar en la búsqueda de soluciones. La idea es colaborar para que el problema se resuelva, no solo marcarlo”, explicó la diputada.  

Señaló que, en este contexto de pandemia y cuarentena, “es necesario brindar soluciones y no sumar complicaciones a la sociedad en general. Estamos para sumar con ANSES y con sus autoridades para que este dificil momento se pueda pasar de la mejor manera posible”. 

Aprile es presidenta de la Comisión de Asuntos de las Personas con Discapacidad de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y trabaja la temática desde hace varios años en toda la sexta sección.

Proponen que se incorporen a las personas con discapacidad como beneficiarios del IFE y la Tarjeta Alimentar

Es para aquellas que no perciban ningún tipo de pensión. El diputado Luis Contigiani, junto a la exlegisladora Gabriela Troiano, resaltaron que este sector está “en condiciones de máxima vulnerabilidad”.

El diputado nacional Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) presentó un proyecto, con impulso de la exlegisladora Gabriela Troiano, para que las personas con discapacidad que no reciben ninguna pensión puedan acceder al beneficio del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y/o a la Tarjeta Alimentar.

La iniciativa busca “dar respuestas urgentes al reclamo” de este sector, que se ve claramente afectado por “la situación que vive nuestro país a partir de propagación del Covid-19, que además afecta aspectos sanitarios, económicos y sociales”.

“Se hace evidente que las PCD se encuentran en condiciones de máxima vulnerabilidad. Asegurar el derecho a la salud y garantizar una vida autónoma e independiente a las PCD son obligaciones ineludibles para el Estado tal como lo señalan nuestras leyes y la propia Constitución Nacional”, se señaló mediante un comunicado.

Además, Contigiani y Troaino enfatizaron que “la situación actual agrava la posibilidad de conseguir empleos, y sin trabajo no hay obra social, perdiendo así acceso a la salud, a las ayudas y apoyos necesarios”.

También remarcaron que “las pensiones no contributivas solo alcanzan a una minoría de las PCD. Y aquellas que han accedido a una pensión no contributiva a nivel nacional reciben 12.000 pesos mensuales, mientras que quienes perciben una pensión otorgada por la provincia de Buenos Aires, las mismas son de entre 850 a 1.200 mensuales”.

“Las cifras son por demás elocuentes para verificar el nivel de desprotección al que se está sometiendo a un sector tan vulnerable de nuestra sociedad”, añadieron.

Piden incluir subtítulos en la transmisión online de las sesiones en la Ciudad

Se trata de una iniciativa impulsada por los legisladores del Frente de Todos y que busca garantizar el acceso a la información de las personas con discapacidad auditiva, el cual funcionaría en simultáneo con la interpretación en Lengua de Señas Argentina.

Después de que la Legislatura porteña incorporara a sus transmisiones de las sesiones la interpretación en Lengua de Señas Argentina (LSA), los legisladores del Frente de Todos (FdT) impulsaron en esa misma Casa un proyecto de ley para que a las mismas se le incorpore la utilización del sistema de subtitulado oculto (Closed Caption), con el fin de garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva a la información y contenidos que se transmiten en ese ámbito.

En los fundamentos de la iniciativa, los diputados consideraron que “esta disposición implicaría un avance en materia de derechos para las personas sordas e hipoacúsicas, en sintonía con lo que ocurre en los principales parlamentos del mundo” y recordaron que la LSA “permite a las personas sordas e hipoacúsicas establecer un canal de información para relacionarse con su entorno. Es, sin lugar a dudas, su principal elemento de transmisión cultural”.

Asimismo explicaron que “el sistema de subtitulado oculto complementa esta traducción, consiste en convertir el audio en un texto escrito e insertarlo de manera que aparezca como subtitulado en una pantalla o monitor” e insistieron que “la principal finalidad es facilitar el acceso de las personas con discapacidad auditiva a los contenidos emitidos en televisión, siendo de utilidad, por ejemplo, para personas adultas que por su edad tienen dificultades para escuchar”.

Al mismo tiempo recordaron que según la primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad que realizó el INDEC “más de 520 mil personas utilizan el idioma viso gestual manual en nuestro país, que se contrapone al idioma auditivo oral de las personas oyentes” e insistieron en que “la única manera de crear y garantizar la verdadera inclusión para este colectivo es construir nuevos puentes de comunicación”.

La medida lleva la firma de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro (FdT), y los legisladores Javier Andrade, Matías Barroetaveña, Santiago Roberto, Juan Manuel Valdés y Laura Velasco (FdT).

Por la pandemia, piden un subsidio excepcional para personas con discapacidad

El bloque Frente de Todos impulsó una iniciativa para que quienes tengan el Certificado Único de Discapacidad (CUD), perciban –de manera excepcional- un subsidio de dos mil pesos. “Es fundamental acompañar a esta población que requiere de un Estado presente”, explicó.

Buscando atender a la situación de crisis que atraviesa la Ciudad por la pandemia del coronavirus, el diputado Juan Manuel Valdés (FdT) presentó un proyecto de ley en la Legislatura porteña, a través del cual solicitó un subsidio excepcional para personas con discapacidad. El mismo será de dos mil para quienes tengan vigente el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

En los fundamentos de la iniciativa -que también lleva la firma de Victoria Montenegro, Leandro Santoro, Matías Barroetaveña, Santiago Roberto, Claudio Morresi y Lorena Pokoik (FdT)-, los legisladores recordaron que el Gobierno nacional estableció a través del Decreto 309/2020 un subsidio de tres mil pesos que incluye a las personas con discapacidad.

Asimismo explicaron que “teniendo en cuenta que la canasta básica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un 33% más cara que la canasta básica nacional, según cifras oficiales, la presente ley compensa esa diferencia y el subsidio propuesto es compatible por la percepción del subsidio nacional” e insistió en que “en otras provincias de nuestro país vemos cómo se han realizado iniciativas similares como por ejemplo en la provincia de Neuquén donde el estado provincial entrega bonos de gas”.

Sobre esa misma línea, aseguraron que “el aislamiento tiene un costo muy grande sobre gran parte de la población al producir una caída significativa en sus ingresos por lo que resulta necesario un acompañamiento económico” y precisaron que “esta problemática afecta de manera más intensa a las personas con discapacidad ya sea porque a ellas se les ven reducidos sus ingresos o porque esta situación ha afectado a su grupo familiar del que dependen”.

“Según el estudio nacional sobre personas con discapacidad que realizó el INDEC en el año 2008 en la Ciudad hay un 8% de personas con discapacidad; si tomamos el dato del último censo nacional que se llevó a cabo en el 2010 podemos afirmar que en nuestra ciudad viven unas 230.000 personas con discapacidad. Si bien todavía es bajo el nivel de tramitación del CUD, es fundamental acompañar a esta población que requiere de un Estado presente, sobre todo en el marco de la crisis vigente”, concluyeron.

Afirman que las prestaciones por discapacidad fueron suspendidas con un “criterio epidemiológico”

Así lo expresó el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Claudio Espósito, al exponer por videoconferencia ante una comisión.

El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Claudio Espósito, explicó este jueves que las prestaciones de esa índole fueron suspendidas de acuerdo con un “criterio epidemiológico” por la pandemia del Covid-19, aunque se mantuvieron aquellas brindadas en hogares y residencias.

Espósito expuso por videoconferencia ante la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, que preside Leonor Martínez Villada (Coalición Cívica-Córdoba), y estuvo acompañado por la directora de Apoyos y Asignaciones Económicas, Paula Martínez, y el director de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel López.

Durante la reunión virtual, la diputada Gisela Scaglia (Pro-Santa Fe) advirtió que “es un momento más que difícil para las personas con discapacidad y los papás y mamás que tienen hijos con discapacidad”, ya que “en el medio de la cuarentena se tuvieron que cerrar centros y eso ha generado un montón de interrogantes”.

En ese sentido, la legisladora consultó cuándo se van a restablecer servicios como fonoaudiología, kinesiología y terapia ocupacional.

Espósito señaló que se utilizó un “criterio de suspensión epidemiológica” y aclaró que “las prestaciones que se mantuvieron son las de hogares y residencias”.

“Lo primero que tratamos es que si se puede evitar el contacto, que lo eviten. Nos preocupa mucho más una persona con discapacidad con Covid-19 que por una cuestión particularmente ontológica”, dijo.

Asimismo, indicó que “se han abierto otras opciones, como la visita al domicilio”, y reiteró que “la protección tiene que ver, en primer lugar, con el distanciamiento social” como medida preventiva de contagios.

Por otra parte, explicó que en el Directorio de Prestaciones Básicas “se unificaron criterios a nivel nacional” respecto de las obras sociales nacionales y empresas de medicina prepaga, quedando afuera las obras sociales provinciales, que son autárquicas.

Ese Directorio, puntualizó, se atiene a los protocolos de salud de la Nación y de las provincias, y a su vez elaboró una guía para cada prestador, para evacuar consultas.

En otro orden, el funcionario informó que “las prestaciones tienen los mismos valores que se venían pagando con anterioridad” a la pandemia.

Al inicio de su exposición, Espósito explicó que el “lineamiento” de la ANDIS es “trabajar la autonomía, la independencia y la calidad de vida de las personas con discapacidad”.

El director ejecutivo de la entidad mostró a los diputados, a través de la pantalla, barbijos transparentes hechos por personas con discapacidad “que permiten que se puedan leer los labios para los intérpretes de lengua de señas”.

A su vez, destacó la “transversalidad de las políticas de empleo, salud, trabajo y educación con los distintos ministerios”, y precisó que según el Censo 2010 hay “5 millones de personas” con discapacidad, que “necesitan el acompañamiento del Estado”.

En ese sentido, resaltó “la voluntad del presidente de poner en la agenda pública la discapacidad” y de “visibilizar” esa problemática.

Por otro lado, informó que dentro de la ANDIS hay un cupo del 8% de personas con discapacidad, y puso como ejemplo que el subedirector ejecutivo, Fernando Galarraga, es una persona ciega.