El diputado nacional Ricardo López Murphy presentó en la Cámara baja el proyecto “Ley Marco de Garantía y Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad”, un texto de más de 80 artículos que propone actualizar y unificar la legislación vigente para adaptarla a los estándares internacionales de derechos humanos, en línea con la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El proyecto reemplaza la actual Ley 24.901, vigente desde 1997, y se asienta en el modelo social de la discapacidad, que pone el acento en la eliminación de barreras físicas, comunicacionales y culturales, y no en las limitaciones individuales. “El objetivo es promover y asegurar el ejercicio efectivo, permanente y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos”, sostiene el texto.

Entre sus principales innovaciones se destaca la creación del Fondo Único de Discapacidad, un fideicomiso administrado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que reunirá recursos públicos y privados para financiar prestaciones de salud, apoyos, transporte, educación, vivienda y trabajo. El fondo —subraya el proyecto— no podrá ser disminuido ni reorientado por decisiones administrativas, y deberá asegurar el pago directo a personas con discapacidad y prestadores, evitando la intermediación.

Otro eje central es la creación del Certificado Único de Acceso a Apoyos (CUDA), que reemplazará al actual CUD. Este nuevo instrumento acreditará la discapacidad en todo el territorio nacional y permitirá acceder a los apoyos y beneficios previstos en la ley con un criterio más dinámico y multidimensional.

El texto también instituye una Asignación Universal por Discapacidad (AUD), una prestación mensual no contributiva, gestionada por la ANDIS, destinada a todas las personas con discapacidad, independientemente de su situación laboral. Las pensiones no contributivas vigentes se convertirán de oficio en esta nueva asignación.

El proyecto incluye capítulos específicos sobre educación inclusiva, trabajo y empleo, vida independiente, acceso a la justicia y accesibilidad universal. En materia laboral, fija un cupo mínimo del 4% para personas con discapacidad en los tres poderes del Estado y empresas concesionarias, y extiende incentivos fiscales a empleadores privados que contraten personas con discapacidad.

Asimismo, establece la capacitación obligatoria en perspectiva de discapacidad y derechos humanos para todos los agentes públicos, al estilo de las leyes Micaela y Yolanda, y ordena la creación de un Consejo Federal y un Consejo Consultivo de Discapacidad para articular políticas entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil.

En sus fundamentos, López Murphy señala que el propósito es “dotar a la Argentina de una ley moderna, eficaz y transversal” que garantice la igualdad de oportunidades y elimine las barreras estructurales que aún impiden la inclusión plena.

“La discapacidad no está en las personas, sino en las condiciones del entorno que les impiden ejercer sus derechos en igualdad”, sostiene el texto, que plantea también un sistema de ajustes razonables, diseño universal en obras públicas, gratuidad en el transporte, accesibilidad comunicacional, y la inclusión de personas con discapacidad en la vida política y partidaria.

Con esta iniciativa, el legislador busca abrir el debate sobre una reforma integral y federal del sistema de discapacidad, que involucre a todos los niveles del Estado y que, a diferencia de las políticas fragmentadas actuales, establezca una arquitectura institucional unificada, con financiamiento garantizado y control público.

La diputada bonaerense Silvina Vaccarezza presentó un proyecto de Ley que busca evitar el vencimiento en las certificaciones de discapacidad en el caso de que la persona presente una limitación o restricción permanente e irreversible.

Para ello, se plantea modificar el artículo 3 de la Ley N° 10592, en el que se agrega que "para los casos en que la certificación de la discapacidad deba ser extendida a personas que padezcan de una limitación o restricción de carácter permanente e irreversible por no poder ser resuelta por ningún tratamiento conocido, la certificación practicada carecerá de límite temporal de validez y eximirá a su beneficiario de someterse a nuevas evaluaciones en lo que respecta a la incapacidad allí constatada".

Con esta modificación se plantea ajustar el régimen jurídico básico e integral para las personas con discapacidad y adecuarlo a las disposiciones vertidas desde el orden nacional.

"Lo que se busca con esta propuesta es eximir a la población que padece de limitaciones de carácter permanente e irreversibles, de verse en la irrazonable condición de ser sometidos a lo largo de su vida a reiteradas evaluaciones médicas aún cuando el padecimiento que adolecen resulta ser invariable a través de las disciplinas médicas vigentes", expresó al respecto Vaccarezza.

Y agregó que "es nuestra responsabilidad garantizar que las personas con una discapacidad de estas características tengan la garantía de que sus derechos están siendo respetados".

La diputada del bloque de UP Margarita Recalde, presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para crear un registro provincial que releve todos los servicios de transporte público para personas con discapacidad.

“La transparencia que otorga un registro tiene que ver con la seguridad que le brinda a las familias, ya que de esa forma se apunta a la persona y al vehículo y no se presta a ninguna posible irregularidad que pueda surgir por nuevos prestadores no registrados que se acercan a familias con situaciones muy delicadas”, alegó Recalde.

Es que, si bien los choferes llevan una cuenta de cuántos y quiénes llevan a cabo esta prestación, este relevamiento permite contar con un registro oficial que pueda ser consultado por quienes utilizan el servicio de transporte público para personas con discapacidad.

Además, Recalde señaló que, entre las potencialidades, el registro provincial permite oficializar capacitaciones particulares, ya que las personas que son transportadas muchas veces cuentan con condiciones severas que requieren tratos y conocimientos específicos.

Así, el proyecto de la diputada bonaerense permite no solo llevar tranquilidad a los usuarios, sino dotar de herramientas a los transportistas. “Al fin y al cabo son trabajadores que día a día con firmeza, voluntad y entendimiento llevan adelante una tarea tan necesaria como particular, que es nuestra tarea visibilizar”, sumó.

 

Luego de la polémica generada por un mensaje ofensivo publicado por el influencer libertario conocido como “Gordo Dan”, el senador Luis Juez salió a responder con firmeza. Entrevistado por TN, el legislador cordobés repudió los ataques que lo acusaban de “usar” a su hija con discapacidad para justificar su voto contra el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

“Lo que están diciendo es espantoso. No me ofendan, así no se defiende la libertad”, expresó Juez, visiblemente afectado. Y aclaró: “No necesito nada del presidente. Pero tampoco voy a permitir que se metan con mi hija”.

El senador reveló que recibió un mensaje de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, quien le transmitió su rechazo a los dichos del tuitero oficialista. “Me escribió y me dijo: ‘Luis, nosotros no pensamos así. Te pido perdón’”, contó Juez, quien también recibió un gesto similar por parte del canciller Gerardo Werthein, y del jefe de Gabinete.

En su descargo, Juez habló de su hija Milagros, de 25 años, quien tiene parálisis cerebral. “Ella nunca va a tener una pensión por discapacidad. Nosotros podemos darle condiciones que muchas familias no pueden. Pero yo hablo por los que no tienen voz”, explicó, y aclaró que, contrariamente a los dichos de Gordo Dan, no es una hija “extramatrimonial”.

El senador, que integra el bloque del Pro y ha acompañado varias iniciativas del oficialismo, aseguró que su intención no es generar un conflicto institucional. “No quiero desestabilizar. Pero si me callo, ¿quién habla por los cientos de miles que no tienen cómo hacerse escuchar?”, se preguntó.

También apuntó contra la gestión de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuestionando la falta de experiencia de sus autoridades y la ausencia de políticas concretas. “Si pusieron a alguien sin preparación, sin coraje ni autoridad para enfrentar la corrupción en el área, no es culpa mía, ni de Milagros, ni de los discapacitados”, lanzó.

El episodio que desató la controversia fue un posteo de Daniel Parisini, alias “Gordo Dan”, quien publicó un mensaje ofensivo contra Juez y su hija tras la votación en el Senado. Aunque luego borró la publicación, volvió a subir una versión suavizada, lo que generó aún más repudio. Incluso el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se despegó públicamente del contenido.

Antes de hablar en televisión, Juez compartió en redes sociales un mensaje de su hijo Martín, quien también cuestionó la actitud del entorno libertario: “Están haciendo todo lo que dijeron que venían a combatir”.

En un contexto de creciente preocupación por el recorte de derechos en el área de discapacidad, el diputado nacional Eduardo Valdés (UP) presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados solicitando al Poder Ejecutivo información precisa sobre el destino de los fondos obtenidos tras las bajas masivas de pensiones por invalidez laboral.

El pedido se fundamenta en el informe de gestión N° 144 presentado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien confirmó la realización de auditorías en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la baja de más de 110.000 pensiones. Según el informe, estos recursos serían redirigidos para mejorar el sistema prestacional, aunque hasta el momento no se han visto reflejados en actualizaciones de aranceles ni en mejoras para los beneficiarios.

Valdés, uno de los legisladores más activos en temas vinculados a la discapacidad, exige respuestas concretas sobre:

☑ La existencia de mayores recursos en ANDIS producto de las bajas.

☑ La falta de actualización de aranceles desde noviembre de 2024, pese a la promesa de redireccionamiento.

☑ La persistencia del monto de $28.000 para quienes concurren a Talleres Protegidos, sin cambios desde febrero de 2023.

☑ La reasignación específica de los fondos obtenidos por las bajas.

☑ La situación actual de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, tras el desplazamiento de Daniel Garbellini, responsable de programas clave como Incluir Salud y PACBI.

El legislador también recuerda que Argentina adhirió a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con jerarquía constitucional, lo que obliga al Estado a garantizar el acceso a prestaciones y servicios adecuados.

La presentación de Valdés se produce apenas días después de que el Congreso rechazara el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, lo que refuerza el clima de tensión entre el oficialismo y los sectores que defienden los derechos de las personas con discapacidad.

El rechazo del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad despertó algarabía en legisladores que celebraron en las redes sociales.

Como Eduardo Valdés, quien hizo un posteo titulado “EL AMOR VENCIÓ AL DESCARTE”

“SI A LA EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD!!!, lo dijo hoy el Senado de la Nación con 63 votos afirmativos contra 7 negativos. Nuestro compromiso siempre con las personas con discapacidad y sus familias que se angustian preguntándose ‘¿Que va a ser de mi hijo el día que yo no esté?’, hoy restauramos sus derechos”, señaló el legislador de Unión por la Patria, que agradeció a todos los que apoyaron la ley.

EL AMOR VENCIÓ AL DESCARTE

SI A LA EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD!!!, lo dijo hoy el Senado de la Nación con 63 votos afirmativos contra 7 negativos. Nuestro compromiso siempre con las personas con discapacidad y sus familias que se angustian preguntándose "¿Que va a ser de mi hijo… pic.twitter.com/uKeU6PJC33

— Eduardo Valdés (@eduardofvaldes) September 4, 2025

La diputada Gabriela Estévez celebró diciendo que “por la fortaleza de nuestro bloque @Diputados_UxP se pudo frenar el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad o se pudo avanzar en el financiamiento universitario. Hay que fortalecer este espacio de legisladores que siempre están sosteniendo esas ideas y defendiendo esos sectores”.

Por su parte, la diputada Sabrina Selva posteó: “En cualquier país, un gobierno que estigmatiza, le niega acceso a tratamientos y veta una ley de emergencia, mientras la hermana del Presidente es señalada por audios del propio ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad de recibir coimas con la plata de esos medicamentos que le niegan a las personas con discapacidad, encuentra un límite en la división de poderes, en el Congreso de la Nación y en el voto popular”.

Y agregó: “Hoy el Congreso le puso un límite al cinismo y a la crueldad. Hoy ganó el amor y la sensatez. Hoy ganaron las familias que no dejaron de luchar. Y el próximo domingo 7 de septiembre el voto popular le pone otro límite a tu gobierno en las urnas”.

GRACIAS A DIOS ❤️
La emergencia por discapacidad es Ley en un país de ladrones todos con excesos de vitamina K, ganaron los más vulnerables, sin afectar ningún equilibrio fiscal.
Gracias a Dios 🙏 pic.twitter.com/IdjkrnML0u

— Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) September 4, 2025

El Senado rechazó el veto y la Emergencia en Discapacidad ya es ley. ¡Lo logramos entre todos! pic.twitter.com/vIl3aAV3do

— Daniel Arroyo (@LicDanielArroyo) September 4, 2025

El diputado de Encuentro Federal Nicolás Massot señaló por su parte que “el Gobierno debe terminar con la política del veto y empezar a gestionar. Necesitamos una administración eficiente de lo público que dé respuestas en tiempo y forma, y no deje sin pensiones por discapacidad a miles de familias porque en casi 2 años Milei no fue capaz de ejecutar auditorías”.

Mientras que la cordobesa Natalia de la Sota habló de “un gran logro democrático. Hoy, el Congreso terminó de rechazar plenamente el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Ahora, la Ley estará totalmente vigente. Defendimos a las personas con discapacidad y a sus familias, escuchando a la gente y acordando entre distintas fuerzas políticas”.

Empero, precisó que “todavía queda mucho por hacer. Seguiremos trabajando para cuidar a quienes más lo necesitan, sin especulaciones, con coherencia”.

Desde la otra vereda, el diputado del Pro Damián Arabia posteó: “Acaban de rechazar un veto del presidente Milei. La última vez que el Congreso rechazó un veto presidencial fue hace 22 años, en 2003. Escúdense en la causa noble que quieran, pero al menos háganse cargo de la erosión institucional y la incertidumbre que están sembrando”.

En la antesala de la sesión en la que el Senado debatirá el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, el interbloque de Unión por la Patria recibió a representantes de más de una decena de organizaciones vinculadas al colectivo de discapacidad, entre familiares, personas con discapacidad y prestadores afectados por los recortes en el sector.

La reunión fue presidida por el jefe del interbloque, José Mayans, y convocada por los senadores Anabel Fernández Sagasti y Sergio Leavy, quienes articularon durante las últimas semanas los pedidos de audiencia. Entre los asistentes estuvieron Valentina Bassi, actriz y familiar de un niño con discapacidad; Jony de la Silla, de Argentina Humana e Inclusiva; Daniel Lipani, prestador; Alejandro Alonso, fundador del Frente de Lisiados Peronistas; Gonzalo Gastón Giles, autor del libro Error 408: Normalidad no encontrada; Fernanda Cecilia Santoandré, de Dravet Argentina; Tomás Lorenzo Radunsky, integrante de SIPREBA; y Mauro Steffani, presidente de la Asociación de Electrodependientes.

Durante el encuentro, los testimonios coincidieron en que la lucha del colectivo ha logrado visibilizar ante la sociedad los desafíos cotidianos que enfrentan las personas con discapacidad, especialmente en un contexto de ajuste y recorte de fondos que afecta a más de seis millones de argentinos.

Los senadores se comprometieron a rechazar el veto en la sesión, y Mayans aseguró que “acá tenemos 34 votos en contra”. “Han sido semanas en donde ustedes nos han dado un ejemplo de lucha desde la calle. Hoy nosotros los queremos escuchar y esperamos mañana devolverles ese ejemplo con nuestro compromiso. Así podremos garantizarles la restitución de los mínimos derechos que nunca debieron ponerse en riesgo”, concluyó.

En el cierre de su discurso inicial ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió a la causa iniciada a partir de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, a partir de los que se sospecha de una presunta red de coimas que involucraría a altos funcionarios del Gobierno.

“Mientras que el Congreso Nacional sancionaba una Ley de Emergencia en Discapacidad que implica el despliegue de recursos económicos que el Estado hoy no dispone, se orquestó una operación política divulgando unos supuestos audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad”, arrancó el funcionario.

A continuación, criticó tanto “la aprobación de leyes que demandan recursos que quiebran el equilibrio fiscal, como la difamación de funcionarios con acusaciones no fundamentadas” que “forman parte de un mismo patrón: el accionar de un pequeño grupo de personas que, en esta nueva Argentina, ya no tienen lugar”, aseveró.

“Una vez más, responderemos ante todas estas maniobras con transparencia y respetando la división de poderes, cosas que no se han hecho en otras oportunidades de la historia reciente de los argentinos”, continuó.

Al leer su discurso, el ministro coordinador recordó que removieron a Spagnuolo e intervinieron la ANDIS “para garantizar su correcto funcionamiento” y “realizar una profunda auditoría y los sumarios administrativos correspondientes, con énfasis en el sistema de compras y contrataciones”.

“Estamos acostumbrados a la estrategia de las causas que tapan causas, pero la Justicia ya está trabajando para poner las cosas en su lugar, y nosotros, para sacar a la Argentina adelante”, expresó y sumó: “No nos dejemos engañar. El modus operandi populista, que aparece con más fuerza cuando se acercan las elecciones, y que esconde el deseo de conservar privilegios detrás de fines loables, es una práctica que estamos desmantelando y de no hacerlo nos llevaría a la quiebra nacional”.

En el final, Francos afirmó que “no hay lugar para medias tintas. Cuando el horizonte es claro y firme, no hay turbulencia ni obstáculo malintencionado que pueda desviar el rumbo. Como dijo el presidente, ‘no vamos a parar hasta hacer de la Argentina el país más libre del mundo’”.

Sin nombrar a ningún funcionario, ni siquiera a Spagnuolo, Francos volvió a referirse al tema después del primer tramo de preguntas, en el que consultaron los diputados del Frente de Izquierda y los de Coherencia –exlibertarios-.

“Creí que cuando hacían así (haciendo el número tres con la mano) hablaban de los votos que sacaron en Bolivia”, chicaneó Francos a los legisladores de la izquierda, que habían cargado duro contra el Gobierno y, sobre todo, contra la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, apuntada como presunta beneficiaria de un 3% de retorno en sobornos. El mismo gesto, cuando la sesión recién empezaba, le había hecho el cívico Maximiliano Ferraro y el jefe de Gabinete le había pedido que no le falte el respeto.

Tras el escándalo que protagonizó en el recinto la libertaria Lilia Lemoine contra su par Marcela Pagano, el jefe de Gabinete reanudó sus respuestas sobre el tema. Empezó aclarando que “Suizo Argentina no es un laboratorio, es una droguería. La droguería adquiere de los laboratorios y distribuye. No es cierto que esta droguería haya obtenido o haya cobrado del Estado Nacional estos ciento y pico de mil millones de pesos o 78 mil millones, no sé exactamente cuánto es porque hay unos que dicen una cosa y otros, otra”.

“Lo que ha habido es una licitación para la provisión, depósito y traslado de medicamentos por el término de dos años y en la que participaron otros oferentes. Tres renglones los ganó Suizo Argentina y el resto OCA”, precisó.

Además, afirmó que la ANDIS “tiene el mayor porcentaje de los trabajadores de personas con discapacidad que requiere la administración pública”.

En cuanto a las pensiones, subrayó: “Estamos haciendo un relevamiento sobre las pensiones que se han otorgado en los últimos 20 años. Es increíble ver cómo se han incrementado de 73 mil a 1.200.000 durante los años que gobernó el país el kirchnerismo. O creció mucho la discapacidad en la Argentina o se utilizaron las pensiones por discapacidad para beneficiar políticamente a municipios y provincias”.

“El Gobierno está preocupado por tratar de que se otorguen a quienes realmente las necesitan”, sostuvo y ratificó que “hay cientos de miles que no las necesitan y es lo que estamos investigando”.

Luego de que se filtraran audios que revelarían un supuesto tramado de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, el diputado del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano se presentó en los tribunales de Comodoro Py para solicitar que el presidente de la Nación, Javier Milei, y su hermana Karina Milei junto a otros funcionarios sean citados en calidad de imputados por el escándalo de las coimas.

En su presentación Solano solicitó se incluyan como imputados al ex titular de la agencia Diego Spagnuolo, Eduardo ´Lule´ Menem y el dueño de la droguería Suizo Argentina Jonathan Kovalivker, que según los audios que han trascendido actuaba como intermediario con los otros laboratorios para el cobro y distribución de las coimas por la compra de medicamentos.

Respecto de esta situación, el legislador remarcó que “los audios que pertenecen a Diego Spagnuolo revelan el funcionamiento de una red de corrupción ampliamente extendida en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad” y afirmó que “según el ex titular de la Agencia las coimas cobradas al menos desde el mes de agosto pasado oscilan entre el medio millón y los ochocientos mil dólares mensuales. Esas coimas, equivalentes al 8% del precio pagado, se distribuían entre distintos funcionarios, a cuya cabeza estaba Karina Milei, que recibía el 3%”.

“La gravedad del hecho es de tal magnitud que involucra de modo directo al presidente de la Nación. Diego Spagnuolo afirmó que le informó a Javier Milei sobre esta red de corrupción y sobre la participación de su hermana Karina en el negociado. Ante este hecho la Justicia debe realizar un careo entre ambos funcionarios para determinar la veracidad de las afirmaciones reveladas en los audios”, continuó el trotskista.

Sobre esa misma línea, Solano explicó que “no se puede dejar pasar que la única medida tomada por el gobierno hasta el momento fue echar del cargo a Diego Spagnuolo, lo cual muestra la decisión de ocultar los hechos y proteger a los máximos responsables, empezando por Karina Milei”.

Además, el diputado reclamó “que se tomen medidas de prueba urgentes: que se secuestren los celulares, se rastreen las transferencias abriendo el secreto bancario y fiscal, se investiguen las entradas a las oficinas de la ANDIS y Casa Rosada de los empresarios involucrados” e insistió en que “a esta Justicia no le tembló el pulso para realizar masivamente allanamientos y abrir el secreto bancario y fiscal cuando se trató de investigar a los delgados del Polo Obrero del Bajo Flores o el barrio La Carbonilla, pero no mueve un dedo cuando se trata de investigar al poder”.

“La corrupción siempre repudiable es aún más grave cuando al mismo tiempo el gobierno lleva adelante un ajuste brutal contra la discapacidad al punto que vetó la ley que ampara derechos de las personas y amenaza en ir a la Justicia si finalmente el Congreso rechaza el veto”, sentenció Solano.

A menos de dos horas de iniciarse la sesión en la cual la oposición buscaría rechazar el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Gobierno anunció estar considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.

“Nuestra decisión es priorizar la atención de las personas con discapacidad, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo”, explicó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

El funcionario sostuvo que “este aumento reforzaría la cobertura en todo el país ya que aseguraría un financiamiento más justo y acorde a la realidad actual”.

Agregó Adorni que “de concretarse, la medida se podría ejecutar gracias a los ahorros que conseguimos a partir de auditar las pensiones por invalidez mal otorgadas y terminar con ‘curros’ de muchos años”.

Y cerró el vocero presidencial: “Esto se trata de un paso en la agenda de mejoras para el sector que impulsa el Gobierno, con el foco puesto en las personas y en el uso responsable y eficiente de los recursos públicos”.

La medida fue anunciada con el fin de frenar el rechazo al veto presidencial, ante las perspectivas serias de que la oposición tuviera los votos para conseguirlo, como terminó sucediendo.

Analicémoslo en términos legislativos: nunca es bueno perder; pero menos para un oficialismo, cualquiera sea el mismo. Perder es un “lujo” que no se debe permitir ningún gobierno, tenga el número de legisladores que tenga.

Quedó en la historia cuando el Gobierno de Raúl Alfonsín vio caer la Ley Mucci en el Senado: la fallida reforma sindical de ese gobierno radical fracasó el 28 de marzo de 1984. Pasaron cuatro décadas y hasta se recuerda el nombre del senador cuyo voto hizo caer la ley. Más cerca en el tiempo, cómo olvidar la madrugada del 17 de julio de 2008 y el voto “no positivo” de Julio Cobos. Si hasta recordamos  la hora a la que sucedió: 4.25 AM.

Las derrotas de los oficialismos deben ser excepcionales en el Congreso, pero no porque no puedan perder, sino que cuando están expuestos a ello deben evitar ir al recinto. Hasta Alberto Fernández, que hizo todo mal, no se arriesgaba a ello. Con mayoría en el Senado y minoría en Diputados, la reforma laboral, la ampliación de la Corte y hasta el juez Rafecas como procurador son ejemplos a mano: cuando no había chance, ni se trataban en comisión.

No puede haber una gesta de la derrota. Aunque se la quiera maquillar, y aparezca el ministro de Economía regodeándose en las redes sociales diciendo que lo sucedido en el Senado “es lo mejor que pudo haber pasado”. Traduzcamos a Luis Caputo: lo del Senado demostró cuál es la casta y esas votaciones sirven para que “cada vez más gente se dé cuenta”. En modo electoral, debe interpretarse que la gente entenderá que hay que votar a La Libertad Avanza para que a partir de diciembre cosas como estas no sucedan en el Congreso.

Ya el Presidente había marcado el camino al desafiar con su “los espero el 11 de diciembre”. Javier Milei viene instalando el eslogan/presagio: “La Libertad arrasa”. La realidad es que si bien todas las encuestas auguran una victoria del oficialismo en octubre, eso no garantiza el control del Congreso. Ni cerca. LLA estará mejor, pero lo más probable es que ni siquiera sea la primera minoría. Expone pocas bancas, y es probable que más que duplique las actuales, pero así y todo no llegará siquiera al centenar.

Unión por la Patria, devenido en Fuerza Patria, renueva una elección que perdió, la de 2021. Tiene actualmente 98 integrantes en Diputados y arriesga 46. Con la polarización que alienta el mileísmo, desaparecerá buena parte del espacio del medio donde La Libertad Avanza encontró los votos para sacar sus leyes. En cambio el peronismo no bajará sustancialmente su número en Diputados. Y en el Senado, perdiendo, resignaría unas tres bancas. Seguirá siendo un escenario complicado para el oficialismo que en el mejor de los casos duplicará su número. Seguirá siendo ínfimo.

Son datos que sí tienen muy en cuenta los que deben decidir dónde poner el dinero. Son los mismos que fueron corriéndole el arco a Mauricio Macri. Primero quisieron verlo gobernar; que armara mayorías en el Congreso; después le exigieron ganar las elecciones intermedias; luego que hiciera las reformas… hasta que pasaron cosas y dejaron de confiar. Pero nunca vinieron.

Milei confía en salir fortalecido con un triunfo en las elecciones intermedias, que está casi garantizado ante la baja de la inflación y la ausencia de alternativas. Pero su idiosincrasia le impide armar las mayorías que figuras experimentadas como Miguel Pichetto le recomiendan hacer en el Congreso. Lejos de ello, ha ido desarmando acuerdos. Y así llegó al jueves pasado, donde tuvo una derrota épica. No se recuerda en la historia de la democracia desde el 83 a la fecha semejante derrota para un oficialismo.

Que ya venía de experimentar una paliza notable el 4 de junio, cuando en Diputados vio cómo la oposición conseguía tres medias sanciones que el Gobierno rechazaba. Dos de ellas salieron con mayorías muy grandes. Ahora en el Senado las tres iniciativas se convirtieron en ley. Pero lo de la Cámara alta fue goleada: además de las tres leyes que aprobó la oposición, se aprobaron las dos iniciativas promovidas por los gobernadores y se rechazó el veto a la emergencia en Bahía Blanca. 6 a 0.

Lo más grave para el Gobierno es que la vio venir y no hizo nada. Falta estrategia legislativa, pero en el Senado es aún peor no solo por estar el oficialismo en dramática minoría, sino también porque el Gobierno ha roto todos los puentes con quien preside esa Cámara. Y si ya estaba roto de antes, desde el jueves es peor, cuando el Gobierno y sus patrullas digitales fustigaron a Victoria Villarruel, y el Presidente le colgó el cartel de “traidora”. Eso ya no tiene vuelta atrás.

Este fin de semana le contestó la vice, cosa que no había hecho hasta ahora, agravándose la relación. Debería saber el Gobierno los riesgos que eso implica. ¿Hablábamos de tranquilizar a potenciales inversores? Otro tiro en el pie.

El Gobierno tuvo noticias de que la relación con los gobernadores estaba mal un mes antes, cuando justamente el 4 de junio diputados alineados con mandatarios afines votaron en contra, o por lo menos dieron quórum o se ausentaron. Nada se hizo a pesar de eso, y todo evolucionó para mal, hasta que los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno coincidieron en avanzar con los dos proyectos para redistribuir impuestos. Hay un ejemplo muy concreto que es una de las leyes que se buscan modificar. El impuesto a los Combustibles Líquidos: un 10% va a la Nación y otro 10% a la provincia. Del 80% restante, un porcentaje es para el FoNaVi, que se encarga de hacer viviendas; otro para el ENHOSA, que hace cloacas, agua potable, desagües en todo el país; otro va a la Red Federal Vial, que construye rutas y hace su mantenimiento; y un porcentaje es para subsidiar el transporte público. Otra parte es para el ANSeS, y salvo ese porcentaje, nada del resto cumple en la actualidad con el destino previsto. Es lo que reclaman las provincias, que argumentan que si tienen que encargarse de reparar las rutas y hacer las obras, les corresponden esos fondos.

Tiene lógica el reclamo, como también el hecho de que ningún gobierno ha cumplido estrictamente con el reparto correspondiente. Pero este gobierno hoy no tiene manera de resistir semejante reclamo. Para evitar la foto en Tucumán desarropado de gobernadores, Milei contó con las fuerzas del cielo que mandaron una densa niebla que sirvió para pegar el faltazo, evitando así una demostración palpable de soledad. Pero los senadores sí tomaron recaudos para estar en su mayoría el jueves en la sesión en la que mandaron el mensaje que querían, fuerte y claro.

Como de costumbre, a última hora el Gobierno hizo un último y desesperado intento para evitar el naufragio y tuvo algún éxito con el intento postrero de senadores dialoguistas de alterar el orden del tratamiento en el Senado en función del nivel de consenso: primero el rechazo al veto de la ley para ayudar a Bahía Blanca; después las leyes de los gobernadores; luego la emergencia en discapacidad y al final los proyectos sobre jubilaciones. Pero los de Unión por la Patria no son ingenuos y aclararon que el orden sería el inverso: si no les votaban las medias sanciones, tendrían que buscarse los votos para aprobar lo que piden los gobernadores. Así se hizo.

En su discurso del final, José Mayans, que estuvo en estado de gracia ese jueves, advirtió sobre la ausencia de algunos senadores que responden a los gobernadores. Entre los que sí estuvieron fueron los correntinos, provincia que elegirá gobernador el último domingo de agosto y cuyo acuerdo entre el radicalismo gobernante y La Libertad Avanza acaba de fracasar, por exigencias desmedidas de los emisarios de Karina Milei. El gobernador Gustavo Valdés respondió al día siguiente sacándose una foto con el peronista Camau Espínola, que le dio su apoyo para las elecciones. Y los tres senadores correntinos votaron contra el Gobierno el jueves 10.

El Gobierno se ha hecho fama entre los gobernadores de “mal pagador”. Pero fue más allá, al mostrarse también “desagradecido”. Lo hizo el 9 de julio por la mañana, cuando el Presidente cambió San Miguel de Tucumán por el estudio de la radio de Luis Majul a quien le dijo que “todos los gobernadores” quieren destruir su gobierno.

Volvió el Milei furibundo de los días posteriores al fracaso de la primera Ley de Bases. Así se mostró la noche del sonoro traspié en el Senado, cuando en la Bolsa de Comercio le dijo a su auditorio que “los degenerados fiscales no quieren que el dinero vuelva a ustedes”, y habló de lo que se discute “en el nido de ratas, en la madriguera inmunda donde están todos los degenerados fiscales que no quieren devolverles a ustedes su dinero”.

El Presidente anticipó lo que hará con las leyes que vienen. Las vetará; si el Congreso rechaza sus vetos, irá a la justicia; y si un juez le falla en contra, habrá entonces un “plan platita” que terminará favoreciéndolo electoralmente. Contrariamente a lo que pudiera esperarse de él, todos sus actos están signados hoy por lo electoral.

Pero en principio, deberá sortear un problema: si veta las leyes, estará reconociendo la validez de la sesión del jueves. Pero tiene diez días para vetar, sino las leyes tendrán promulgación de hecho.

Mientras se discute el ajuste en términos macroeconómicos, en la vida cotidiana de millones de argentinas y argentinos se vuelve palpable el retroceso. La desfinanciación del sistema de atención a las personas con discapacidad no es una cifra en una planilla de Excel: es angustia, es exclusión, es desprotección.

La reciente media sanción de la ley que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el año 2027 no es una respuesta partidaria ni una bandera sectorial. Es una reacción necesaria frente a un escenario crítico, donde el Estado nacional ha abandonado funciones básicas de acompañamiento, protección y garantía de derechos.

Según datos oficiales de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en noviembre de 2023 se encontraban vigentes 1.680.723 Certificados Únicos de Discapacidad. Esto representa al 3,65% de la población. En mi provincia, Río Negro, son más de 33.700 personas: el 4,5% de nuestras y nuestros comprovincianos.

Las historias detrás de esos números son conmovedoras y urgentes. Ayelén, por ejemplo, me escribió desesperada tras recibir una carta de auditoría sobre su pensión no contributiva. Le indicaban una dirección inexistente y una amenaza: si no se presentaba, perdería el beneficio. Otros vecinos y vecinas relataron situaciones similares: cartas documento confusas, direcciones falsas, falta de accesibilidad. En plena ola polar, sin acompañamiento del Estado.

¿A eso llaman “eficiencia”? ¿Esa es la nueva política social?

Este nivel de desorganización institucional no puede naturalizarse. Cuando el Estado se retira, la desigualdad se profundiza. Y cuando la discapacidad es tratada como un “costo fiscal”, como ha expresado el propio jefe de Gabinete, se consolida una política de exclusión sistemática.

La ley que debatimos propone medidas concretas para revertir esta situación: financiamiento adecuado para las pensiones, actualización automática de aranceles, compatibilidad entre pensión y empleo registrado, modernización del Certificado Único de Discapacidad y garantías efectivas de acceso a la salud.

Nada de esto es un privilegio. Son derechos.

Frente al ajuste sin alma, elegimos el compromiso con quienes más necesitan del acompañamiento estatal. Porque la discapacidad no es un gasto. Es una demanda legítima de inclusión que hoy espera una respuesta urgente del Estado".

A través de una resolución de la Secretaría Parlamentaria del Senado se desecharon este lunes los dictámenes firmados por la oposición el pasado jueves, en relación a los proyectos con media sanción sobre aumento de jubilaciones y emergencia en discapacidad, que habían sido suscriptos en plenarios de comisiones autoconvocados.

Las autoridades de la Cámara alta señalaron que "la documentación presentada" no puede "considerarse dictamen de comisión, debido a que no se cumplió con el procedimiento reglamentario establecido".

En la resolución, que lleva la firma del secretario Parlamentario, Agustín Giustinian, se remarcó que "no existió una convocatoria formal a reunión de comisión, requisito indispensable según el Reglamento del Senado para validar el tratamiento y dictamen de proyectos".

"A pesar de haber habido una reunión informal entre algunos senadores, ésta no sustituye una reunión de comisión oficial, por no haberse garantizado la debida publicidad del acto legislativo, lo cual afecta directamente la transparencia, la participación y el control ciudadano", se agregó.

De esta manera, la documentación presentada por la oposición fue derivada nuevamente a las comisiones competentes, "que serán las encargadas de encauzar su tratamiento conforme a las normas vigentes", se informó.

"Este pronunciamiento busca resguardar el correcto funcionamiento institucional y asegurar que el tratamiento de leyes se realice con las garantías formales, procedimentales y democráticas que exige el Reglamento del Senado y la Constitución Nacional", se argumentó sobre la medida.

La resolución de la Secretaría Parlamentaria, además, fija una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para este martes 8 de julio a las 14. La misma debe ser convocada por el titular Ezequiel Atauche y aún no fue oficializada.

La postura de la oposición

Al cierre del encuentro en cuestión, la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti anticipó un pedido de sesión especial para este jueves 10. Mencionó, también, que la interpretación del reglamento la define la "última mayoría", o en su defecto, el pleno de la Cámara alta en el recinto.

Así las cosas, fuentes consultadas por parlamentario.com, manifestaron que hay una serie de sucesos que ocurrieron el jueves en el Salón Arturo Illia, los cuales serán esgrimidos para reconocer los dictámenes.

En primer lugar, desde el principal interbloque opositor sostienen que la reunión fue lícita porque estuvieron presentes 9 de los 16 integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda: Siete de Unión por la Patria, Martín Lousteau y Guadalupe Tagliafferi. Iniciada la reunión se sumó el fueguino Pablo Blanco.

La otra explicación que van a esgrimir es que, además de Giustinian, estuvo presente en el encuentro el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien tomó la palabra en reiteradas oportunidades.

Finalmente, el tercer punto que van a desarrollar desde la oposición es que, ante la ausencia de la transmisión oficial, el equipo de asesores en comunicación de Unión por la Patria transmitió en vivo todo el trámite, dejando a disposición de los legisladores la pieza audiovisual.

De cara a una sesión -la cual sería pedida entre estas horas y el martes-, la oposición confía en lograr el quórum avalado por los 34 senadores de UP, Blanco, Lousteau y Tagliaferri.

Cuentan, además, que hay una gran adhesión de senadores alineados a gobernadores dispuestos a tratar sobre tablas el proyecto sobre impuesto a los combustibles impulsado por los 24 mandatarios de forma unánime. Otro tema que se podría colar es el rechazo al veto de la declaración de emergencia en Bahía Blanca.

Estos temas, principalmente la iniciativa de los gobernadores, podrían ser la llave de una sesión que, a priori, se presenta trabada.

El proyecto que declara la emergencia en discapacidad, con media sanción de la Cámara de Diputados, recibió este jueves dictamen en la Comisión de Población y Desarrollo Humano del Senado, presidida por la kirchnerista Stefanía Cora. Sin embargo, todavía resta que lo trate Presupuesto y Hacienda, cabecera de la iniciativa.

En relación a esto, senadores de Unión por la Patria le solicitaron al jefe del oficialismo, Ezequiel Atauche, quien comanda dicha comisión, que convoque a plenario este mismo jueves por la tarde para tratar este tema y también los proyectos vinculados a jubilaciones, que el martes pasado lograron despachar en Trabajo y Previsión Social, luego de una reunión marcada por la insólita actitud de su presidenta, Carmen Álvarez Rivero.

Sin embargo, Atauche no convocó, pero el jefe de UP, José Mayans, anticipó que se presentarán igualmente en el salón de reuniones.

Al dar inicio al encuentro, Cora se refirió al proyecto que busca establecer "una emergencia, que entendemos su palabra lo dice es algo urgente, importante, y así nos lo han hecho saber las organizaciones, familiares, prestadores, transportistas". "Luego de tres semanas donde no hemos logrado que la Comisión de Presupuesto convoque al tratamiento, la Comisión de Población, a una semana de su conformación, convoca a esta temática", destacó.

La senadora de UP aseguró que el tema "nos atraviesa como sociedad y lo entendemos urgente". "La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó un gasto del 0,03% del PBI. Para muchos de nosotros no es un gasto, sino una deuda del Estado", agregó.

A continuación, la vicejefa de UP, Anabel Fernández Sagasti, sostuvo que "la discapacidad está no en emergencia, sino en una emergencia extrema", sumado a "la negación a nuevas pensiones y el desfinanciamiento del sistema único" por parte del Gobierno. "La pensión por discapacidad es un derecho y lo aclaro porque estamos en la Argentina que hay que aclarar y aclamar lo obvio. No es un tema del ámbito privado como dice el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Diego Spagnuolo)", enfatizó y sumó: "Ni tampoco una cuestión de caridad, como a veces el Gobierno lo quiere representar".

En su discurso le pidió a sus pares que "no nos vayamos al receso sin que esto sea tratado por el Congreso; hoy necesitamos firmar el dictamen para la semana que viene poder llevarlo al recinto". "Quienes creemos que es un derecho la pensión y la vida digna para las personas con discapacidad tenemos que accionar y dar una contundente respuesta a la visión del Gobierno", completó.

Desde la UCR, el chaqueño Víctor Zimmermann comenzó a objetar ciertos números. "Todos sabemos que cuando se declara la emergencia siempre hay un grado de discrecionalidad", apuntó y expresó que "sin dudas tenemos que abordar este tema y necesitamos una actualización del nomenclador", pero consideró que hacía falta "tener algunas precisiones". "No tendríamos que apresurarnos tanto", sugirió.

Fernández Sagasti le respondió entonces que "si necesita más números de los que ya fueron otorgados por la OPC tiene una semana para descubrirlos y podemos seguir debatiéndolo en el recinto". "No pueden seguir las personas con discapacidad y los jubilados mendigando a los legisladores que nos sentemos a dictaminar y a tomar una decisión al respecto", exclamó y cuestionó que "no pueden seguir los legisladores teniendo discursos bonitos pero cuando hay que sentarse y poner la firma, no hacerlo".

A su turno, la senadora bullrichista Carmen Álvarez Rivero arrancó: "Impacta el cinismo". "El reclamo del arancel al final del gobierno del presidente Alberto Fernández y Cristina Kirchner superaba el 80% respecto a la inflación y no hicieron nada durante ese tiempo", señaló, aunque coincidió en que "hay que actualizar el arancel, no hay ninguna duda".

Al tomar la palabra, Mayans observó que "el problema que tenemos en este país es que hace dos años no tenemos presupuesto y estamos al arbitrio de tres personas que llevaron el endeudamiento de la Argentina del 40 al más del 100% del PBI".

El formoseño criticó a Álvarez Rivero por "el relato de que (Javier) Milei está salvando a la Argentina porque tenemos una inflación controlada. En dólares, el país más caro del mundo se llama Argentina". Además, le anticipó que iba a pedir que "se la retire de la conducción de la Comisión de Trabajo y Previsión Social" porque "tuvo una actuación vergonzosa", en relación a la reunión del martes pasado.

Sobre la emergencia en discapacidad, el jefe de UP expresó que "tenemos que cumplir con el trabajo de tratarlo de forma inmediata por la urgencia que requiere" y avisó que se presentarían por la tarde en el Salón Illia más allá de que Atauche le haya dicho a los trabajadores de la Comisión de Presupuesto que no asistan, según denunció. "Los trabajadores no son del presidente, son del Senado", subrayó.

Por su parte, el presidente del bloque radical, Eduardo Vischi, manifestó que "a todos nos preocupa esta situación, no de ahora. No hagamos que hasta hace dos años Argentina era Disneylandia y ahora se complicó todo. Por supuesto hay resoluciones que toma este Gobierno que están mal y hay que mejorar y cambiar".

El correntino indicó que este proyecto "estuvo tres meses en la Cámara de Diputados y ahora la quieren sacar de prepo", cuando "fundamentalmente debemos ver de dónde vamos a sacar los recursos para poder garantizar esos derechos". "Lamentablemente no tenemos un presupuesto", coincidió con Mayans.

Finalmente, anunció que plantearían sus disidencias "en función de las cosas que todavía queremos trabajar; y las que queremos apoyar, las vamos a apoyar como corresponde".

Avanzada la reunión, la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana di Tullio, se quejó de que "el oficialismo es Gobierno hace un año y medio y tiene la obligación de hacer funcionar el Senado" y admitió que cuando en años anteriores se los acusaba de lo mismo, "efectivamente así es, lo digo con toda honestidad", sobre la decisión que tienen los oficialismos de habilitar o no debates.

Pero además, recordó que cuando inició la gestión "nos quitaron número y representatividad con el objetivo de paralizar el Senado" y "nos llevó más de un año que nos restituyeran un senador en las comisiones". También denunció que un trabajador de seguridad retiró del salón a un representante de las organizaciones que asistieron y aseguró que llevará la queja al recinto.

En el cierre, Cora celebró que, a partir de las disidencias de los radicales, el dictamen logró 11 firmas. UP contaba con 8 y se requerían 9, la mitad más uno de los miembros, para que quedara habilitado.

La Comisión de Salud del Senado, presidida por Lucía Corpacci (UP), mantuvo una extensa jornada este jueves en donde, tras pasar a la firma dos proyectos sobre donación de órganos e historia clínica ambiental, inició el debate con especialistas invitados sobre discapacidad y ludopatía. Cabe destacar que en una maratónica sesión la Cámara de Diputados aprobó y giró a la Cámara alta el proyecto que declara la emergencia hasta 2027 en materia de discapacidad.

Abrió la ronda de debate el Padre Pedro Molero, del FORO Permanente de Discapacidad, Promoción y Derechos, quien explicó que perder las prestaciones que reciben 250 mil personas “no es perder la prepaga y mañana ir y hacer la cola al hospital pública, significa quedarse sin atención directamente. No hay una atención de este tipo de prestaciones. No todas las personas con discapacidad necesitan este tipo de prestaciones, igual estamos cortos en cuántas personas deberían tenerla”.

Molero sostuvo que “el Estado no cuenta con hogares para personas con discapacidad, no tiene en lo público una respuesta. Las escuelas pueden ser un lugar de respuesta. El transporte también es un problema para trasladarse y acceder a una atención. Perder este tipo de prestaciones es quedarse en la nada por eso tenemos que darle respuestas a esas personas que necesitan atención”.

“Este Gobierno no ha buscado avanzar, pero no solo a nivel nación porque también hay responsabilidad de la provincia y son pocas las que invirtieron en tener centros de rehabilitación, atención temprana, son pocas las que armaron una red he invertido en esto”, cuestionó.

Así, indicó que “el Estado cubre la pensión que es casi un 25% de las personas que se atienden, pero lo demás sale de las obras sociales que pagan los trabajadores. Al PAMI le implica un 3% de su presupuesto estas prestaciones. Acá se juegan personas, no se puede discutir mucho”.

Además, precisó que la última actualización de las prestaciones fue en noviembre de 2024 donde se dio un 1% retroactivo a octubre, un 0,8% para noviembre y un 0,5% para diciembre, o sea entre todo un 2,3%. “No se cubría lo que fue inflación de octubre, todo fue para atrás y a, partir de diciembre, no se convocó más al directorio para tratar el tema”, denunció.

Luego expuso Celeste Fernández de la Asociación Civil por la Igualdad y la justicia quien señaló que “es una discusión que nos tiene que interpelar como comunidad política. El año pasado se inició un proceso de auditorías en todo el país sobre las personas que son beneficiarias de las pensiones no contributivas y creemos que hay una serie de problemas sobre qué y cómo se está auditando”.

“Hay problemas graves en qué se está auditando y en el cómo. En septiembre del año pasado se modificaron los requisitos para acceder a las prestaciones. Hoy con la regulación actual se vuelve a evaluar si una persona tiene ‘invalidez laboral’ bajo determinados diagnósticos médicos. Un sistema obsoleto y un sistema de creencias y prácticas que jerarquizó los cuerpos de las personas y condenó a vivir a las personas con discapacidad a vivir vidas devaluadas”, criticó.

Fernández señaló que “la exclusión que enfrentan no depende de porcentajes definidos por médicos, la exclusión es sistémica, es estructural y depende de barreras sociales, de prejuicios que hacen que no haya políticas de inclusión social y laboral”.

“La pensión no llega a los 290 mil pesos y no alcanza a cubrir a una canasta básica total y tampoco al salario mínimo, vital y móvil. Dejó de importar que la mayoría de las personas con discapacidad empleadas, que son pocas, tienen baja remuneraciones. Se vuelve a evaluar si tienen familiares obligados a proporcionarle alimentos, esto viola directamente el artículo 19 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”, indicó y comparó que “estos requisitos en 2023 se habían derogado, pero ahora se volvió a una regulación desde hace tres décadas”. Fernández indicó que “el proceso de auditorías está teniendo falencias gravísimas que violan el debido proceso administrativo”.

La doctora Elizabeth Aimar, presidente de la Red de Asistencia Legal y Social, sumó: “Está en crisis todo el sistema donde se apoyaban todos los derechos que Argentina ha ratificado. No podemos darnos el lujo de volver hacia atrás, no hay que regresar atrás en materia de derechos humanos”.

“Se está teniendo una mirada de un modelo que dejó de existir hace 60 años. Hay que legislar con medidas de acción positiva y no por humanidad: las personas con discapacidad y las familias no necesitan que los miren con humanidad o empatía, necesitan que se cumplan las leyes. Familias con discapacidad llegan diciendo que perdieron la prestación, no pueden ir a lugares porque el transportista no va, esa es la situación que viven esas personas. Tenemos que comprometernos todos al cambio de que las personas con discapacidad puedan disfrutar y ser incluidos en sociedad y al sistema laboral que le permita ser competitivo y les den el valor social que merecen para tener una vida independiente y tener lugares de esparcimiento”, reclamó Aimar.

El presidente de la Asociación Tiflológica Luis Braille de Mendoza e integrante del seleccionado argentino de fútbol para ciegos “Los Murciélagos”, Federico Accardi, expresó: “Todo el colectivo de las personas con discapacidad necesitamos que se declare la ley de discapacidad en emergencia porque estamos sufriendo, nos costó mucho poder llegar a acceder a nuestros derechos”.

Florencia Braga Menéndez, directora de proyectos en ALAPA, reclamó: "Les pido que veamos la forma de reclamar un instrumento real de vigilancia: pongan ustedes, como comisión de Salud, una instancia a la que podamos acercarle los casos de los miles de personas que no están siendo cubiertas". En tanto, Eduardo Maidana del FORO permanente de Discapacidad sostuvo: “Estamos defendiendo la equidad, la transversalidad y la posibilidad de cada ciudadano, más allá de su condición, a tener acceso a la educación, a la salud y a todo aquello que necesite para ser un ciudadano derecho”.

Ludopatía

A continuación, la presidenta de la Comisión explicó: “Tuvimos respuesta de la secretaría parlamentaria sobre ludopatía que tenía pase a diversas comisiones, por lo que ahora todos los proyectos tienen giro a Salud, Legislación General, Justicia y Asuntos Penales”.

Así, precisó que “son las mismas comisiones y tenemos 22 proyectos en relación a ludopatía más la media sanción de Diputados, quiero pedir que insistan ante los presidentes de las comisiones para poder hacer las plenarias y avanzar con ludopatía. Es un tema que nos preocupa enormemente a todos”.

De forma breve, la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro) pidió que se empiecen a trabajar los proyectos de forma tal de llegar a las plenarias con las iniciativas trabajadas conjuntamente con la media sanción de Diputados y poder consensuar porque “es un tema importante y no dilatarlo y consensuar modificaciones entre todos si es que se promueven para no tardar años en debatirlo”. Corpacci le aclaró que desde hace una semana se empezó a realizar ese trabajo para tener algo avanzado.

Hecha esas aclaraciones, la invitada Verónica Laplace, presidente del Consejo Consultivo Salud Mental y Adicciones, manifestó: “Venimos a expresar nuestro apoyo al proyecto de ley de prevención de la ludopatía que ya tuvo sanción en Diputados. Es un instrumento legal que propone una respuesta, un abordaje a una problemática de salud mental creciente que es el consumo problemático digital en adolescentes y jóvenes”.

“Es una respuesta a toda una variedad de acciones que implican el uso de las tecnologías y dentro de ello la apuestas en línea. Acciones que es preciso regular las apuestas en línea dado que afectan a las infancias, adolescencias y juventudes de un modo muy preocupante”, alertó.

Por último, Miguel Tollo, presidente del Foro de Infancias, planteó que “es sumamente necesario trabajar en la ley de ludopatía, los adolescentes perciben que el proyecto de vida es una cuestión azarosa, los adolescentes necesitan mucho de los adultos y de la protección comunitaria por eso es importante cuando plantea la necesidad que el sistema educativo se haga cargo dela situación. Hay que trabajar en la publicidad, en la virtualidad y la alfabetización digital”.

“Es una preocupación muy grande esto. El juego de apuestas lo caracteriza le vértigo a perder, no las ganas de ganar. El que apuesta va a perder. Entonces el adolescente tiene en eso un riesgo porque es fascinante para él. La publicidad les dice ‘no jueguen, esto es para adultos’, nada mejor para un adolescente eso”, explicó Mollo.

Así, agregó que “la problemática se suma dentro de lo que son los consumos problemáticos, no es solo una ludopatía, es algo interdisciplinario e intersectorial. No son patologías individuales, se necesitan distintos abordajes, y bregó que la ley salga porque “es muy importante el tema”.

Proyectos de declaración y comunicación

Por último, pasaron para la firma los proyectos de comunicación presentados por senadores y senadoras de diferentes bloques. Entre ellos, los referidos a la reestructuración del Hospital Nacional "Lic. Laura Bonaparte", el seguimiento del cáncer cervicouterino y del virus del papiloma humano, la implementación de la Ley 26.845 sobre concientización en donación de órganos, el aumento de los casos de sífilis, la cobertura de vacunación contra enfermedades como sarampión, rubéola y poliomielitis, y la distribución de insumos del Programa de Salud Sexual y Reproductiva. También se abordaron cuestiones vinculadas a la situación epidemiológica del dengue y la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de retirar a la República Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Asimismo, se pasaron a la firma siete proyectos de declaración, entre ellos la adhesión al Día Mundial de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales y al Día Mundial de la Hipertensión, así como reconocimientos a eventos médicos de relevancia, como el Congreso Argentino sobre Rejuvenecimiento y Longevidad Saludable en Rosario, el Simposio sobre Lupus en el Senado, el 50° Congreso Argentino de Anestesiología en Buenos Aires, y el XXXIX Congreso de la Federación Argentina de Ginecología y Obstetricia en Posadas. También se expresó beneplácito por una exitosa intervención fetal gemelar realizada en Tucumán, y preocupación por el estancamiento de la tasa de donación de órganos y tejidos.

La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de ley que declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026 inclusive, por 149 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones.

Entre sus principales puntos prevé el financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad; el fortalecimiento de los prestadores de la Ley 24.901, asegurando en forma expeditiva y simplificada el acceso a un régimen de emergencia de regularización de deudas tributarias, condonación de intereses, multas y demás sanciones, refinanciación de planes de pago vigentes y de las deudas emergentes de planes caducos.

También, la compensación arancelaria y la actualización del valor de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral; el financiamiento adecuado y sostenible del funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad; la actualización de la asignación mensual estímulo de acuerdo al equivalente del porcentaje del salario mínimo, vital y móvil vigente y la apertura de nuevos ingresos al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad (Ley 26.816).

Finalmente, disponer mecanismos institucionales de diálogo y consultas estrechas con las personas con discapacidad, a través de las organizaciones que los representan y “otras medidas que acuerde el Poder Ejecutivo Nacional con el Consejo Federal de Discapacidad”.

En una modificación al artículo 9 de la Ley 13.478, se faculta al Poder Ejecutivo “a otorgar una pensión inembargable a toda persona sin suficientes recursos propios, no amparada por un régimen de previsión, de 70 o más años de edad o con discapacidad que cuente con el Certificado Único de Discapacidad (CUD)”.

Además, se incorpora un artículo 7 bis a la Ley 24.091 que reza: “Los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad serán iguales para todas las personas jurídicas obligadas por la presente ley”.

Otro de los artículos faculta al jefe de Gabinete a “efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias tendientes a asegurar el financiamiento de las medidas de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad y de los prestadores a su favor dispuestas en la presente ley”. “Las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad ‘Servicios Sociales’”, agrega.

La palabra de los diputados

En su carácter de presidente de la Comisión de Discapacidad, el diputado Daniel Arroyo (UP) señaló que el proyecto de emergencia está “afuera de la grieta y busca acompañar, atender lo que es una crisis profunda que viven las familias y personas con discapacidad”.

Arroyo explicó que la ley tiene tres partes, una de ella busca “resolver el problema del acceso a las prestaciones básicas”, y ejemplificó: “Hoy las familias, las personas con discapacidad están accediendo a muy pocos servicios o casi ninguno. Es recomponer el nomenclador, las prestaciones”.

Al respecto, detalló que “una persona que hoy trabaja en un taller protegido que va a trabajar todos los días 4 horas a una herrería, una carpintería, una persona con discapacidad cobra $28.000 por mes”, y alertó que ese monto no se actualiza desde febrero del 2023.

También brindó otro ejemplo: “Una persona que transporta personas con discapacidad cobra 541 el litro de nafta. Como la nafta sale $1300, en vez de llevarlo los 5 días que corresponde para el tratamiento, con mucha suerte los lleva dos días”.

“Un acompañante terapéutico, estamos hablando de un alumno que está en una escuela común, esa persona mujer en general cobra 180 días cuando cobra $3000 la hora básicamente está buscando trabajo todo el tiempo porque no le alcanza, porque no llega”, y por último habló de la situación de los centros: “Tienen fuertes dificultades. Los hogares los centros de día están todos a punto de cerrar. Todos tienen deuda con la AFIP que los aguanta hasta el 30 de junio”.

En cuanto a la segunda parte, el diputado bonaerense explicó que refiere a las pensiones porque “se ha desacomodado la estructura de funcionamiento de las pensiones por discapacidad”. Así, precisó que el proyecto “busca ir para adelante y mejorar la situación de las personas que tienen o pueden acceder a una pensión por discapacidad”. Por último, la iniciativa “tiene una tercera parte que es salir del maltrato el Estado ha decidido maltratar y experimentar con las personas con discapacidad”.

“Argentina tiene un millón 200,000 personas que tienen pensión por discapacidad. El Gobierno el 16 de enero hizo la resolución 187 yendo 100 años para atrás, literalmente a la década del 40 del siglo pasado”, criticó Arroyo y comentó que “crearon nuevas condiciones para que una persona acceda a una pensión por invalidez y, a partir de ahí, una normativa fuera de toda regla internacional, fuera de la Convención de Derechos de las personas con discapacidad”.

Arroyo cuestionó la manera de auditar que llevó a cabo el Gobierno porque “desacomodó la vida cotidiana de muchos. Mandó 30.,000 cartas documentos, los hace hacer 200 km a las personas, 10 horas de cola. Todos buscando mostrarle un papelito a la Agencia Nacional de Discapacidad para mostrar lo evidente es que tiene una discapacidad. Les piden volver a hacer todos los estudios. Desacomodó la vida, no hizo una auditoría correcta. No fue a ver dónde estaban los problemas, sino que decidió desacomodar la vida de la familia, generar angustia”.

“Hoy está en un limbo la situación de las pensiones. El médico no sabe qué evaluar, la persona no sabe qué papeles presentar”, alertó y precisó que la ley apunta básicamente a reconstruir el sistema.

La tercera parte de la iniciativa, es contra el maltrato luego de que “las familias con personas con discapacidad fueron maltratos”, y enumeró: “El vocero presidencial mostró una radiografía con un perrito y una colita contándonos que la persona accedió a una pensión por discapacidad con eso, lo cual no es cierto. Esa persona nunca accedió una pensión por discapacidad”.

“Luego el Gobierno en enero de este año hizo una resolución en la que denominó a una persona con discapacidad como ‘idiota’, ‘imbécil’, ‘débil mental’ y, en los últimos días, ha decidido lastimar, a través, de las redes sociales a gran parte de las personas con discapacidad. Lo que dice esta ley es entiéndase que lo que hay que hacer es acompañar, cuidar, no maltratar a las personas con discapacidad porque estamos hablando del dolor una familia que tiene una persona con discapacidad”, explicó y cerró: “Lo que plantea es que hay una regla que es el respeto, no se puede maltratar, no se puede lastimar a las personas con discapacidad”.

Arroyo resumió: “Esta ley reordena el nomenclador y hace que funcione el sistema de discapacidad, reordena las pensiones y termina con el experimento de ir y venir sin saber qué hacer fuera de toda regla internacional, y que busca el respeto va a plantear”.

“Cando un Gobierno designa funcionarios para el área de discapacidad, tiene que tener en cuenta que esos funcionarios tienen que tener humanidad. Es una regla que queremos establecer para la democracia argentina próximos 10 gobiernos”, sostuvo y remarcó que el sistema de discapacidad en la Argentina se rige con una ley de 1981 que “no solo es una ley de la dictadura militar, sino que tiene 44 años. Hace falta rearmar ese sistema. Esta ley no está modificando lo estructural, ni la cuestión educativa, ni la cuestión laboral, ni el funcionamiento del sistema en general, nos hemos concentrado en la emergencia porque hay una catástrofe y la familia Lo pasan muy mal”, concluyó.

El diputado del Pro Martín Maquieyra habló por el dictamen en minoría, advirtiendo por la “situación crítica” de las instituciones que prestan servicios a las personas con discapacidad. Habló de una situación compleja “de años” y en ese sentido dijo que “sorprenden algunos discursos que ahora se preocupan por la discapacidad, pero nada hicieron durante estos años”.

Remarcó el impacto de la inflación en el nomenclador, enumerando los índices de actualización, atribuyéndole al kirchnerismo el “descalabro” que existe en torno a la discapacidad. “Coincidimos en la situación crítica que está el sistema”, señaló, admitiendo que el Gobierno está haciendo cosas, “y puede hacer mucho más”, al tiempo que insistió en cuestionar la declaración de la emergencia, “pese a que sí es una situación crítica que se tiene que resolver”.

Por eso reivindicó el dictamen propio, que contempla el vocabulario, que debe ser adecuado, acorde a la convención internacional de las personas con discapacidad. También se manifestó de acuerdo en la actualización del nomenclador, pero pidió “celeridad en los pagos”. También dijo que “hemos planteado la reglamentación de la Ley de Empleo Protegido”, y por último planteó que la dignidad de cualquier persona no pasa por los subsidios, sino conseguir trabajo, por lo que apeló a un programa que ya existe, pero que no cuenta con demasiada adhesión. El mismo consiste en asistencia a los empleadores, con beneficios que su propuesta prevé triplicar.

En defensa de otro de los dictámenes de minoría, la santafesina Melina Giorgi (Democracia para Siempre) rechazó un “ajuste” en un sector tan débil como el de la discapacidad. “Esto no puede reducirse a un debate puramente fiscal, tiene que ser un debate donde prime la sensibilidad, la corazonada y pensar con el corazón en aquellos que más están sufriendo esta situación”, dijo.

La diputada del bloque DpS Carla Carrizo lamentó estar “con tantas emergencias. Este es un tema que nos atraviesa a todos”. Pese a acompañar, planteó: “No queremos una emergencia larga, queremos resolver la urgencia, contener, cuidar, proteger, porque son cosas que no pueden esperar y no se pueden justificar desde el desequilibrio fiscal”, y ratificó una emergencia acotada en el tiempo porque “el Congreso no puede volver a delegar por tres años la política en discapacidad porque el Estado no lo hizo bien en estos años”. Esa sugerencia fue aceptada en la votación en particular resolviéndose que la emergencia quedara hasta el 31 de diciembre de 2026 inclusive, pudiendo prorrogarse por un año más.

Carrizo señaló que la ley es antigua, pero la ley nueva “no está explicada en toda la política social. Tenemos una ley que no se usa”. Así, precisó que “el Estado no cuida con calidad y profesionalismo. Está todo mal, las leyes no están actualizadas. No tenemos que vivir de emergencias tenemos que tomarnos en serio cómo controlar el Estado”.

Miembro de la Comisión de Discapacidad, la oficialista Lilia Lemoine expresó su preocupación por “la utilización mediática y el abuso de menores de edad, que comunicadores y políticos estén abusando de los chicos”. Aclaró que no se refería a que fueran a saludar “a Cristina, a Milei o a Macri, sino que después los padres los lleven a manifestaciones o programas, que los sometan a situaciones de altísimo riesgo”.

La blonda legisladora dijo que está en la Comisión de Discapacidad porque es hija de una persona que tuvo tres discapacidades. Y desde esa experiencia considera que “lo más importante es romper las barreras duras que impiden la integración”.

Lemoine afirmó que “todo el país está en emergencia”, y aclaró que “no voy a apoyar una declaración de emergencia que está hecha a la medida de Milei, porque empieza el 10 de diciembre de 2023 y termina en el 2027, porque quieren cargarle a este Gobierno el desastre que ocasionaron previamente”.

Luego dio datos contra el kirchnerismo, al señalar que en 2003 había asignadas solo 77 mil pensiones por discapacidad; en 2015 eran 1.055.000. “Y durante el Gobierno de Alberto Fernández se agregan 390 mil personas a cobrar”, señaló planteando además que en Formosa un 7% de la población cobra una pensión por discapacidad. “Ha habido un fraude enorme de 3.400 millones de dólares solamente en 2023 en el Gobierno kirchnerista”, remarcó.

Por el contrario, Lemoine aseguró que “este Gobierno es resolutivo, a pesar de lo que ustedes digan. Las soluciones que se encuentran son prácticas. No queremos quedar bien, no entramos en política para eso, sino para hacer lo que hay que hacer; para que los recursos se distribuyan bien y no se malgasten”.

Luego sumó la situación con los residentes del Garrahan y destacó que de ganar 800 mil pesos pasaron a ganar 1.300.000, cosa que atribuyó a que “se reasignan recursos que estaban mal asignados para hacerle favores a la política. “Si los diputados ganáramos lo que gana un residente el Garrahan, este recinto se quedaría la mitad vacío. Y los primeros en salir de esa puerta son los que tienen ese cartelito”, señaló en referencia a los diputados de UP que tenían en sus bancas carteles referenciando la situación en el Hospital Garrahan.

A continuación habló, también desde el oficialismo, la diputada María Emilia Orozco, que arrancó quejándose de que se esté “politizando” un tema tan sensible. “Quienes están proponiendo esta ley hicieron siempre de la discapacidad un negocio”, dijo en referencia al kirchnerismo, al que dirigió todo su discurso. “No tendríamos que hablar de esto si no hubieran usado las pensiones para hacer política. Hoy las personas que realmente tienen discapacidad, no los curros que han armado haciendo negociados, podrían estar cobrando como se merecen”, afirmó.

Orozco aseguró que “el desfasaje de los nomencladores viene desde su gobierno”, y contra el dictamen de UP dijo que “han hecho un menjunje que lejos de beneficiarlos los perjudica más. Si aprobamos esto, vamos a estar dando pensiones a prófugos, presos, muertos, personas que declaran discapacidad por tener pie plano, ansiedad, gente con bipolaridad…”. Por eso consideró que “el sistema está desfasado”, y denunció que “hay un diputado del bloque kirchnerista que claramente sigue haciendo negocios con la discapacidad. Me pregunto de dónde va a salir la plata, porque nunca dijeron”.

A su turno, la diputada Mónica Fein dijo que “venimos a ponerle un límite a un gobierno que cree que las leyes no son límites, que cre que la Constitución no es un límite, que las convenciones internacionales no es un límite, que la crueldad o la falta de humanidad con los más débiles no es  un límite”. “Las personas con discapacidad nos enseñaron a entender la problemática”, aseguró, señalando que a través de eso surgieron las mejores leyes de la Cámara. “Fundamentalmente por las personas con discapacidad, por sus familias, por la lucha que llevaron adelante”, dijo, advirtiendo que en nombre del equilibrio fiscal “atropellamos todas esas construcciones colectivas, humanas, sociales”.

Se quejó de que en esa cámara donde el año pasado discutieron una ley para un trato humanizado para las personas con Síndrome de Down, “y tenemos un presidente que utiliza el Síndrome de Down para burlarse de alguien. ¿Qué pasó en una sociedad donde un presidente puede burlarse de un niño autista? Así se construyeron las mejores leyes, escuchando”.

Y sobre el final advirtió que “este Gobierno quiere cambiar un rumbo cultural, que no generemos derechos de igualdad a las personas que tienen más vulnerados sus posibilidades de construir una vida integral en esta sociedad”.

Sobre el final, el diputado Eduardo Valdés salió al cruce de lo que definió como “una difamación, una calumnia que ha hecho el titular de la ANDIS hacia mi persona, diciendo que integro la Fundación Infancias, que sería prestadora de organismos del Estado como el PAMI”. Y aclaró que esa entidad “nunca fue prestadora del Estado nacional”, agregando que él la integró hasta 2013, cuando se fue como embajador al Vaticano. “Pero ni antes, ni durante, ni hoy, ha sido prestadora del Estado. Sus funciones han sido otras. Nunca ha sido prestadora del Estado nacional, ni de los privados. No tiene como objeto ser prestador, sino mostrar los logros de las personas con discapacidad”, aclaró.

“Si bien me fui en 2013, lo que nunca dejé es mi compromiso con el colectivo de personas con discapacidad, que cada vez es más profundo”, afirmó luego, admitiendo que “con el Gobierno anterior estábamos mal, pero ahora estamos peor”. Y dio datos al respecto: “¿Saben cuánto le pagan a una persona con discapacidad en un taller protegido? 28 mil pesos. ¿Alguien puede vivir con eso? Los  hogares de día están cerrando porque se les paga, por desayuno, más almuerzo y merienda, 3.000 pesos. Acá mismo en la Cámara de Diputados el almuerzo costaba 11 mil pesos. Los transportistas están dejando la actividad porque el Estado les paga 500 pesos por kilómetro”. Y cerró diciendo que “no venimos a echar culpas, venimos a querer resolverlo”.

Por su parte, el diputado Pablo Yedlin sostuvo que el sistema de seguridad social merece una discusión de fondo. “hay que revisar esto. Pero le pido al Gobierno que trabajemos en conjunto para encontrarle una solución a un sistema de salud que necesita integrarse”.

Respecto de la aseveración que se hace respecto de que Argentina tiene demasiados discapacitados, el titular de la Comisión de Salud sostuvo que esa afirmación “no resiste el menor conteo comparado con cualquier país de la OCDE”. Y explicó: en 2010, los discapacitados eran menos del 4% de la población, mientras que en la OCDE los discapacitados severos son más del 7,5%. “A mí no me parece mal la auditoría, pero tenemos un Gobierno que nos ha llevado a auditar todo y no sabemos el resultado de ninguna auditoría”.

Instituciones que abordan la problemática de la discapacidad en Santa Fe se reunieron con el defensor del Pueblo de esa provincia, Gabriel Savino; el senador nacional Marcelo Lewandowski y el diputado provincial Miguel Rabbia. En conferencia de prensa denunciaron irregularidades en las auditorías de pensiones que lleva adelante la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el fuerte ajuste en el área.

Junto a la presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad de Santa Fe (APRIDIS), Mariel Chapero, y su vicepresidente, Luciano Urrutia, Lewandowski presentó dos proyectos de su autoría. Uno para crear la Comisión de Discapacidad en el ámbito del Senado de la Nación y otro en el cual solicitó formalmente citar para su interpelación al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y al director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, a fin de que brinden explicaciones sobre la auditoría que viene llevando a cabo.

“Esta iniciativa plantea la necesidad de crear la Comisión de Discapacidad en el ámbito del Senado de la Nación para defender de los derechos de las personas con discapacidad y entender en los asuntos referentes a la problemática global de la discapacidad, fomentando políticas que estimulen la integración y procuren eliminar todo tipo de discriminación o marginación social derivadas", sostuvo el legislador.

Y agregó: "Entendemos que esto no es ninguna cuestión de salud, no es una cuestión de educación, es una cuestión transversal a muchos temas y por eso todo el sector merece un tratamiento especial y dedicado". "Lo que uno observa en todo esto es una crueldad atroz. Es la crueldad de hacer demostrar a una persona que tiene Síndrome de Down, cuando nació bajo esa condición; es la crueldad de una sociedad que no atiende a sus adultos mayores, a sus niños, a sus personas con discapacidad y eso es una sociedad que no está atendiendo a quienes menos poder de defensa propia tienen", observó.

En ese sentido, Urrutia resaltó: "En la provincia de Santa Fe hay 70 mil personas que gozan de pensiones no contributivas por incapacidad laboral. La auditoría que están llevando adelante no alcanza al 100% de esas personas sino a un número menor, pero no podemos saberlo porque no tuvimos acceso al padrón. Lo solicitamos formalmente y nunca nos dieron respuesta. Lo que sí podemos decir a través de un trabajo mancomunado y artesanal que hicimos desde las instituciones y la Defensoría es que menos de la mitad de las personas que conformaban el padrón pudieron asistir a presentar la documentación que esta auditoría requería y esto sumamente grave".

"No tenemos respuesta por parte del Ejecutivo y no sabemos qué es lo qué va a pasar con las pensiones. A todo esto se agrega la dificultad arancelaria por la que venimos transitando en el sector, con más de cinco meses de retraso. La última actualización de aranceles fue en el mes de diciembre de 2024, tan solo un 0,5 por ciento y eso es lo que hace es complicar en el día a día el sostenimiento de los servicios que brindamos", denunció.

Asimismo, el vicepresidente de APRIDIS agradeció a los funcionarios "por abrirnos las puertas cuando todas se nos están cerrando en este momento tan complejo para la discapacidad. La Defensoría nos asistió con respecto a lo que fueron las auditorías de las pensiones para personas con discapacidad, donde notábamos que muchas personas con discapacidad estaban teniendo dificultades para asistir, comparecer y presentar la documentación correspondiente para seguir accediendo a una pensión".

"Gabriel Savino nos abrió las puertas -continuó- y nos compartió lo que ellos hacían. Fuimos atando cabos y nos fuimos dando cuenta que la auditoría tenía como objetivo aplicar un recorte más allá de poder auditar si las pensiones estaban correctamente o no otorgadas porque más de la mitad de las personas no fueron notificadas".

Por su parte, Lewandowski resaltó la importancia de "darle estado parlamentario a lo detallado por Urrutia, a todas estas dudas y a lo que los beneficiarios están pasando". "Por eso hemos pedido una interpelación tanto al ministro de Salud de la Nación como al director que tiene su cargo la ANDIS. Hemos pedido una interpelación y por supuesto que no hemos tenido ninguna respuesta", dijo.

El senador lamentó “la incertidumbre por la que está atravesando aquel que está recibiendo hoy una pensión de saber si se la van a seguir dando o no". "Aquí hay que tomar conciencia que muchas veces el transporte que lo lleva a una instituto, una escuela o a su trabajo, de aquel que no puede y no tiene otros medios, porque sus padres son mayores, no solamente por recursos económicos, sino porque la familia no tiene quien lo puede llevar, estamos impidiendo que esa persona socialice, se integre, progrese y todo eso significa un retroceso que la sociedad ya había superado y que no era un tabú, sino que los integró a trabajar, los integró de educarse; en todo eso estamos retrocediendo años y años", concluyó.

El diputado nacional Eduardo Valdés (UP) cuestionó duramente al presidente Javier Milei por reconocer el principio de autodeterminación de los habitantes de Malvinas en su discurso del Día de la Soberanía.

"Nunca imaginé que un presidente argentino iba a plantear la entrega de Malvinas el Día de la Soberanía. Es un pensamiento recurrente en este gobierno: ya en campaña la ministra Patricia Bullrich había propuesto dejar las islas en garantía", afirmó Valdés en una entrevista radial.

El legislador recordó que la postura argentina sobre Malvinas está respaldada por el derecho internacional y la Constitución Nacional. "Desde 1965, el Comité de Descolonización de la ONU reconoce que Malvinas es un enclave colonial porque la población fue suplantada. El presidente Milei desanda en pocos días una lucha diplomática de décadas", sostuvo.

Valdés también vinculó la postura del mandatario con su reivindicación de Margaret Thatcher y su ignorancia sobre la historia argentina: "Es un desconocimiento deliberado de nuestra historia. No es casual que este sea el mismo presidente que dijo admirar a Thatcher y que confundió la Cordillera de los Andes con los Alpes".

El diputado también denunció la crisis del sector de discapacidad y anunció que el Congreso debatirá la emergencia del área en la próxima sesión: "Es una aberración lo que están haciendo".

"El gobierno está desfinanciando totalmente el sector de la discapacidad. Los aranceles de los prestadores están congelados desde el día que asumió Milei, mientras la inflación avanza. Los transportistas dejan de trabajar porque no pueden pagar el combustible, y los profesionales médicos abandonan sus funciones porque no reciben una retribución justa", advirtió.

Además, recordó la polémica resolución oficial que utilizó términos ofensivos para referirse a las personas con discapacidad: "Los trataron de idiotas. Esa resolución los pinta de cuerpo entero: para este gobierno, auditar significa dejar sin derechos a la gente".

Finalmente, Valdés destacó que el ajuste sobre los sectores más vulnerables está generando una reacción en la sociedad: "Cada vez que este gobierno ataca a un sector, se produce una respuesta masiva. Se vio el 24 de marzo, con los jubilados, con el colectivo de diversidad. Se está gestando algo, y el 2025 va a ser clave".

Con la ausencia de La Libertad Avanza y sus aliados del Pro y la UCR, la oposición en la Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados avanzó con el dictamen de un proyecto de ley que propone declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027.

La iniciativa, que reunió un total de 21 firmas y había obtenido previamente despacho en la Comisión de Discapacidad, deberá pasar ahora por Presupuesto y Hacienda, comandada por el oficialista José Luis Espert. Ante la resistencia de LLA, varios legisladores anticiparon la intención de votar un emplazamiento a Presupuesto en el recinto en la próxima sesión que haya.

El proyecto busca establecer diversas medidas de protección y promoción de derechos; garantizar el financiamiento adecuado de las pensiones no contributivas; fortalecer los prestadores básicos; garantizar el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad y sostener el cupo laboral para personas con discapacidad, entre otros puntos.

Además, la propuesta introduce modificaciones a distintas leyes para armonizarlas con las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Impulsor del proyecto y presidente de la Comisión de Discapacidad, el diputado de Unión por la Patria Daniel Arroyo, sostuvo que “emergencia significa darle prioridad presupuestaria a la atención a la problemática de la discapacidad” y “lleva a obligar al Estado Nacional a darle prioridad a un esquema puntual”.

“Se están dando muy pocas prestaciones para las personas con discapacidad. Tenemos dificultad con el transporte. Hoy se les paga a los transportistas menos de la mitad del valor del litro de nafta, con lo cual alguien que tiene que hacer un tratamiento cinco días a la semana, lo llevan dos”, graficó y mencionó que además hay “problemas serios en materia de educación” con gran rotación de asistentes que acompañan a los alumnos. También se suma “el retraso claro en el acceso a los medicamentos”.

El exministro de Desarrollo Social precisó que hay 1.200.000 personas que “acceden a una pensión por discapacidad, que es el 70% de la jubilación mínima”. “Está bien, hay que hacer una auditoría, es evidente que hay personas que accedieron a pensiones que no les correspondían. Pero llevamos 15 meses y estamos en un promedio de 300 mil cartas documento”, señaló y afirmó que “se está haciendo un proceso de ajuste absolutamente brutal”.

Arroyo sumó que, a todo esto, la Agencia Nacional de Discapacidad “pasó de la Jefatura de Gabinete al área de Salud; en un concepto que retrocede más de 100 años”.

El legislador apuntó que las pensiones deberían actualizarse por inflación, pero que en su opinión el proyecto no debería pasar por la Comisión de Presupuesto, “porque no hay presupuesto este año. No estamos creando ningún hecho nuevo en términos fiscales”, sino que se trataría de reasignación de partidas.

Daniel Arroyo (Foto: HCDN)

Luego, el diputado de UP Eduardo Valdés observó que “para este Gobierno el verbo auditar es aniquilar derechos. Nunca se les ocurriría auditar a los grandes unicornios que todos los años se llevan de piso 100 millones de dólares (en subsidios). Con eso se resolvería todo el déficit de las personas con discapacidad”. “La única discapacidad en la vida es una mala actitud y es lo que están haciendo hoy”, expresó.

Por su parte, su par Victoria Tolosa Paz cuestionó que “es un caballito de batalla de este Gobierno poner el gran manto de duda sobre las personas con discapacidad, y poner la excusa de una gran auditoría para, no solamente no dar ninguna nueva alta, sino para seguir congelando el monto de la pensión”.

“El Gobierno imagina a las personas con discapacidad solamente como personas que tienen una enfermedad”, dijo y habló, en cambio, a favor de una concepción de “modelo social” que “les permite ser incluidas en la sociedad”. “Este proyecto vuelve a poner en cabeza de la ANDIS toda la competencia y la saca del Ministerio de Salud”, explicó.

Además, la exministra de Desarrollo Social anticipó que desde la oposición buscarán votar un emplazamiento a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, porque “es la única opción” ya que “este tema no está en la agenda del Ejecutivo”.

Otra de las que habló fue Danya Tavela, del bloque Democracia para Siempre, quien resaltó que “estamos ante una situación crítica”. “La discapacidad también puede adquirirse, nadie está exento”, advirtió la radical y reconoció que no le “gusta” declarar emergencias, “pero a veces no queda otra alternativa”.

“Seguramente no serán muchos los diputados que acompañen, porque en este pacto de oscuridad y silencio que algunos sectores están llevando adelante con el Gobierno, muchas veces estos temas quedan para otra oportunidad”, lamentó y aseguró: “Tenemos que impedir que este Gobierno siga en este camino de abandono, de desidia, de mala fe”.

En tanto, la socialista Mónica Fein opinó que este es “un proyecto que nos da humanidad como Congreso”, mientras que el legislador de izquierda Nicolás del Caño subrayó que las personas con discapacidad “bajo este Gobierno han recibido ataques de todo tipo. Antes de cualquier auditoría ya tenían planteada la motosierra sobre 300 mil pensiones, algo que estaba previsto en el proyecto del Presupuesto 2025”, que nunca se trató.

Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, ejemplificó que “con la mitad de los fondos reservados que le dieron a la SIDE, podríamos estar financiando la totalidad de las prestaciones para las personas con discapacidad”. “La crueldad que mencionaron todos los diputados, cuando uno le pone números queda más clara la arbitrariedad, la discrecionalidad y la escasa o nula voluntad política de resolver este tema”, agregó.

En el final del debate sobre el proyecto, el diputado misionero del bloque Innovación Federal Carlos Fernández se sinceró: “A pesar de estar acompañando (al oficialismo) en muchas cosas que no queremos y votamos por conveniencias provinciales, he logrado que en mi provincia me autoricen a acompañar esto”. Y pidió avanzar en el diálogo y consenso para que, todos aquellos que también “necesiten la autorización de los gobernadores”, avalen en la Comisión de Presupuesto “y podamos meter esa firma con total autoridad y convicción de que es necesario”.

Más adelante, cuando dijo que iba a hacer una “catarsis” sobre la coyuntura en cuanto a las medidas en salud del Gobierno, el diputado de UP Daniel Gollán lanzó que “en algún momento tenemos que parar y decir ‘nuestra consciencia nos dicta una cosa, y si mi gobernador me manda a hacer otra, y mi consciencia me dice que yo no puedo dejar a los discapacitados desamparados, tenemos que ir a favor de los discapacitados’”.

Por otra parte, pasaron a la firma varios proyectos de declaración y pedidos de informes al Ejecutivo. Respecto de los referidos al cierre del Instituto Nacional del Cáncer, Del Caño enfatizó que esa decisión “marca nuevamente la crueldad del Gobierno” en el marco de “un ajuste muy fuerte que está viviendo toda la salud”. Y rechazó que el pedido de informes sobre este tema tenga giro a Presupuesto: “Es absolutamente ridículo”.

En tanto, la diputada de UP Roxana Monzón manifestó que el Instituto trabajaba en “la prevención, que es muy importante, dado que la mayoría de los cánceres que presenta la población se pueden de alguna manera solucionar con la prevención”. “Es muy grave y no tiene explicación”, dijo sobre la decisión del Ministerio de Salud de absorber el INC.

“Es una medida desacertada del Gobierno”, coincidió el diputado de UP Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud, quien recordó que este miércoles es el Día Mundial de la Prevención del Cáncer del Cuello Uterino y “en Argentina mueren por año 2.300 mujeres” por esta causa.

Al recordar la Ley de Cuidados Paliativos y el programa allí contemplado, Fein subrayó que “al derogar el programa dentro del Instituto del Cáncer, se deja también sin efecto una ley votada por este Congreso”.

El diputado nacional Eduardo Valdés (UP) cuestionó con dureza las políticas del Gobierno hacia el área de discapacidad y planteó: “Se manejan con crueldad”. Además, advirtió sobre el impacto de estos recortes y destacó el respaldo transversal de distintos sectores en la defensa de este colectivo.

"Ajuste termina siendo una palabra técnica, pero yo hablo de crueldad con la que se manejan. No querer asistir a una sociedad que necesita ser asistida es crueldad. Esto es Argentina, no el país a los que viajan tanto y visitan seguido, les toca gobernar a la sociedad argentina, aunque renieguen de eso", señaló con contundencia.

En relación a las medidas adoptadas por el Gobierno, Valdés explicó que “no sólo se está llevando a cabo un recorte de derechos, sino que también se busca generar una estigmatización de las personas con discapacidad”.

"Respecto al ajuste contra las personas con discapacidad demuestra lo que piensan ellos verdaderamente. En esas palabras que usaron hace una semana, no tanto tiempo, donde trataban de la peor manera a las personas con discapacidad, palabras que ni siquiera yo quiero repetir (inútil, idiota o débil mental) está claramente expresado el pensamiento que ellos tienen", recordó.

Según el diputado, estas expresiones no son casuales: "Inventar auditorías, inventar todo eso está claro que es para suprimir derechos. Para lo único que usan la palabra auditar es para suprimir derechos".

Valdés también abordó el tema del certificado de discapacidad, una medida que había logrado avanzar en el pasado: "Nosotros habíamos consagrado inclusive el certificado único en forma permanente, porque la gente no sabe lo que son los trámites administrativos que tiene que llevar adelante una persona para sacar un certificado; y si hay una discapacidad permanente no tiene que ser necesario renovarla cada 3 años, no tiene ningún sentido que haya que renovar la discapacidad permanente".

A su juicio, la vuelta atrás con estas políticas tiene un único propósito: "Eso lo habíamos logrado hace 4 años y ahora vinieron y quieren empezar todo devuelta, pero con el único sentido de no pagar pensiones, de reducir gasto para que Caputo, el ministro de Economía tenga más plata en el Estado, es el único motivo por el que lo hacen".

Por otro lado, Valdés destacó el apoyo que está recibiendo por parte de distintos sectores de la sociedad: "Realmente creo que es una porción minoritaria la que piensa como el Gobierno, al menos en este tema de las discapacidades. Creo que la sociedad argentina, aun la que políticamente no piensa como yo, todavía tiene grados de humanismo y solidaridad para con las personas con discapacidad. Nunca imaginé tanta crueldad para con este colectivo, y en eso debo reconocer que hay pluralismo, porque nos acompañan en estas peticiones gente que no es de nuestro espacio político y que también le parece que lo que está pasando es horrible".

En su reflexión sobre la política y la construcción de acuerdos, Valdés remarcó su compromiso con la esperanza y la unidad: "Siempre tendré la obligación de construir esperanzas, siempre. La verdad yo siento que en estos tiempos estamos con la posibilidad de a veces, hasta hace muy poquito tiempo, tener la letra K era como mancha venenosa para otros. Siento que ahora se animan más a juntarse con la letra K, y de eso se trata, de construir el abecedario juntos".

Para él, la política “debe ser inclusiva y pensada para todos los sectores”, y sumó: “Uno sabe a quién representa y a quién quiere representar en la política, y a veces los representados por otros signos políticos se ven afectados por estas políticas. En el tema de discapacidad no hay signo político, entonces desde ese lugar se les abren los ojos a muchos y empiezan a mirar para otros lados. Siempre tengo esperanza. Siento que los últimos acontecimientos que van sucediendo van construyendo una mirada un poco más amplia".

Legisladores de diferentes bloques políticos ratificaron a través de las redes su compromiso a trabajar para que se garanticen los derechos y la incursión de las personas con discapacidad en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las personas con discapacidad.

“Hoy Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y cómo olvidar el enorme logro de haber aprobado en el Congreso de la Nación un año atrás, y por unanimidad, el cambio de enfoque para que el Estado mire mejor y emita el Certificado Único de Discapacidad sin vencimiento en casos en que la discapacidad es permanente (Ley 27.711)”, celebró la diputada radical Carla Carrizo. Sin embargo, planteó que “aún falta mucho, pero no estamos en el mismo lugar”.

¿Cuál es la agenda pendiente que no puede esperar? Menciono al menos 3:
-Capacitación docente en discapacidad: educación inclusiva y escuelas especiales unidas; no se trata de retirar apoyos ni cerrar establecimientos, tampoco de sobrecargar a los docentes; se trata de…

— Carla Carrizo (@CarlaCarrizoAR) December 3, 2024

El diputado Daniel Arroyo (UP) en su carácter de presidente de la Comisión de Discapacidad informó que presentará de forma pública un proyecto de ley integral para garantizar y promover sus derechos para “acompañar a las familias, a las personas con discapacidad que la pasan mal y sienten que están solos en la Argentina, que sienten que son invisibilidades y que rebotan en todos lados para acceder a los medicamentos, tratamientos o simplemente un turno”.

“La necesidad de generar mejores políticas públicas en el país que acompañen las prestaciones, la atención, los servicios de las personas con discapacidad”, expresó.

La diputada bonaerense Victoria Tolosa Paz (UP) escribió: “En el Día Internacional De Las Personas Con Discapacidad, renovamos nuestro compromiso de construir una Argentina más justa, inclusiva y accesible para todos y todas”.

“Es una prioridad trabajar desde cada espacio para que las personas con discapacidad y sus familias sean visibilizadas, respetadas y sean protagonistas de mejores políticas públicas. Garantizar sus derechos y derribar las barreras que enfrentan en su vida diaria no es solo una meta: es una obligación que nos interpela como sociedad”, sostuvo.

Así cerró: “Un país con igualdad de oportunidades es posible si lo construimos juntos, con empatía, responsabilidad y el firme propósito de no dejar a nadie atrás”.

A su vez, la senadora jujeña Carolina Moisés (UP) señaló la necesidad de “construir un mundo sin barreras, una sociedad inclusiva y accesible para todas y todos”.

“Vivimos tiempos difíciles con un Estado que ajusta sin medir consecuencias ni prioridades, un Presidente que usa la discapacidad como insulto y un Gobierno que niega Certificados de Discapacidad CUD, rechaza renovaciones a los electrodependientes, recorta terapias de rehabilitación en nombre del déficit cero”, criticó y cerró: “Las personas con discapacidad enfrentan desafíos únicos y es nuestra responsabilidad como sociedad garantizar sus derechos y seguir dando la pelea, junto a las familias, para que tengan calidad de vida”.

En el Día Internacional de las personas con discapacidad, quiero reafirmar mi compromiso de trabajar para que se garanticen los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad.

Las políticas públicas destinadas a este sector han sufrido el ajuste del gobierno de Milei… pic.twitter.com/g34EKU6VOU

— Nora del Valle Giménez (@noragimenezok) December 3, 2024

En el marco de la última sesión ordinaria, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó con 52 votos positivos, uno negativo y tres abstenciones una ley que establece la capacitación obligatoria en la temática de discapacidad para todas las personas que se desempeñan en la función pública, bajo cualquier modalidad de contratación, en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del distrito capitalino.

Según se desprende del documento, dicha capacitación deberá darse en conformidad con lo estatuido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y podrá ser brindada bajo la modalidad virtual y de autogestión.

“Las personas que se nieguen sin justa causa a realizar las capacitaciones previstas en la presente ley serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación a través y de conformidad con el organismo de que se trate. El incumplimiento de dicha intimación será considerado en la evaluación de desempeño anual”, sostiene el texto recientemente aprobado.

En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores porteños recordaron que en la Ciudad “viven más de 300 mil personas con alguna discapacidad conformando la mayor minoría, y ellos y sus familias necesitan que toda la sociedad tome conciencia de la necesidad urgente de una verdadera y plena inclusión” e indicaron que “los problemas que enfrentan cada día las personas con discapacidad son consecuencia de las barreras en la sociedad, las cuales pueden ser físicas, actitudinales, jurídicas, informativas, o de cualquier otro tipo, que provienen de las falencias de una sociedad o cultura para hacer lugar y brindar los apoyos necesarios a todos sus miembros”.

“Generar políticas públicas que fomenten y garanticen el acceso a la información, conocimiento y desarrollo de habilidades sobre equidad, inclusión y convivencia en el entorno laboral, es fundamental para crear ambientes de trabajo positivos y productivos”, remarcaron y precisaron que “esta capacitación es una herramienta más para lograr el objetivo de tener una sociedad completamente inclusiva, sin barreras ni prejuicios; en donde la plena participación de sus partes esté garantizada y los derechos de todos y todas sean respetados”.

Finalmente, los legisladores concluyeron señalando que “la formación en materia de discapacidad de los empleados públicos de los tres poderes, incluye al cuerpo de agentes de la Policía de la Ciudad, los bomberos, los trabajadores de la educación y la salud representando así un avance significativo para ese objetivo”.

La diputada nacional Mónica Fein (Partido Socialista – Santa Fe) alertó que el ajuste económico y desmantelamiento del Estado que propone el programa del Gobierno nacional, incluye también la desjerarquización y desfinanciamiento de las políticas de discapacidad.

Así, contó que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) “actualmente no tiene presupuesto, han cerrado sus oficinas del interior del país y fue trasladada a la órbita del Ministerio de Salud”, y analizó: “Esto implica un gran retroceso en derechos obtenidos porque deben garantizarse condiciones y políticas inclusivas, donde las personas puedan desarrollarse en educación, trabajo, tener una vida digna”.

El organismo encargado de implementar las políticas públicas y proteger los derechos de las personas con discapacidad este año “no tiene presupuesto actualizado, se ha desactivado el Fondo Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, han despedido a 350 de sus trabajadores de oficinas de todo el país (al menos 16 de ellas con discapacidad), y se ha dado la espalda a una conquista histórica: que los ámbitos de toma de decisiones sean ocupados por las personas con discapacidad, en el marco del derecho a la participación política”, precisó.

“Hemos presentado un proyecto para que se rectifique esta decisión, ya que transferir la ANDIS al Ministerio de Salud implica un abordaje absolutamente médico de las personas con discapacidad, cuando hasta el momento se aseguraban sus libertades e inclusión en todos los aspectos de la vida, yendo en línea con las convenciones internacionales de derechos humanos”, argumentó Fein.

Las organizaciones de personas con discapacidad denunciaron ante el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU las políticas generales y sectoriales del gobierno de Javier Milei y la ausencia de medidas de protección hacia las personas con discapacidad.

“Los impactos generales de las decisiones económicas, los efectos desreguladores del DNU 70/23 en campos como el de la salud, los ajustes en el sistema de prestaciones y sus consecuencias en las restricciones de servicios y apoyos para las personas con discapacidad, la suspensión de políticas urgentes como el programa de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) y la cobertura de prestaciones y provisión de medicamentos del Programa Incluir Salud, son algunos de los puntos centrales relevados”, sostuvo.

“Este gobierno prioriza el equilibrio fiscal a costa de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, y continua con el desguace brutal del Estado. Preocupa que el Director actual de la agencia no tenga ningún vínculo reconocido ni trayectoria pública en el campo de la discapacidad y que solo tiene el mérito de haber sido abogado particular del presidente en diversas causas”, concluyó la legisladora.

En una reunión informativa realizada este miércoles en Diputados, la Comisión de Discapacidad, que preside el diputado de UP Daniel Arroyo, escuchó las propuestas de asociaciones civiles y pacientes con discapacidad sobre las modificaciones a la ley de personas electrodependientes y del sistema de prestaciones básicas para las personas con discapacidad.

En ese marco, Arroyo expresó el deseo de “escucharlos para saber cómo plasmamos sus necesidades en leyes que aseguren el acceso a una tarifa gratuita o muy subsidiada para las personas electrodependientes”. Y agregó: “Vamos por una ley que aclare y mejore”.

A su turno, Mauro Stefanizzi, presidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes celebró que “este debate trascienda la cuestión partidaria, es una cuestión de derecho a la vida”. Y concluyó: “Es importante este proyecto de ley porque especifica que son electrodependientes quienes utilicen los equipos tanto de forma permanente como intermitente”.

En un segundo momento, la comisión escuchó testimonios de la sociedad civil sobre el proyecto de ley que propone modificaciones del sistema de prestaciones básicas para las personas con discapacidad.

En ese sentido, Agustín Yécora, secretario de Salud Mental de Jujuy, explicó que “es muy importante que se trabaje en nuevas prestaciones porque el sistema actual es muy desigual”.

Asimismo, Mónica Bianchi, integrante del Consejo Consultivo de Discapacidad, manifestó: “Apoyamos la modificación que se propone porque moderniza la ley”.

Por último, en general, los expositores manifestaron la necesidad de que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), no esté exclusivamente bajo la órbita del ministerio de Salud de la Nación.

También estuvieron presentes Marcela Gómez, Soledad Arce, Carla Pacheco, Pablo Celiz, Leticia Escalante y Liliana Mensegue, Asociación Argentina de Electrodependientes; Laura Lavega, Red de Prestadores de Discapacidad Agrupados de la provincia de Buenos Aires; Juan Pablo Ordoñez, de Redi; Jonathan Algalarronda Rondan, Argentina Humana Inclusiva; Daniel Lipani, AIEPESA; Daniel Ramos, CAIDIS; Pablo Molero, Foro Permanente Discapacidad; Paula Rodríguez, Asociación Pensamiento Penal; Leandro Ator, Colectivo 3 de Diciembre; Jorge Prado, RALS; Claudia D’Ippolito, Asociación Angelito; María José Ulloa, Centro de Dia Newen; Antonia Franco Molinas; Leandro Sales, prestadores precarizados; Natalia Rodríguez, Red en Discapacidad; y Marina Petterino, APRESDI-FAPAD.

El diputado nacional Eduardo Valdés (Unión por la Patria) planteó una cuestión de privilegio en la sesión de este martes en la Cámara baja contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a quien le solicitó que “reciba y se vincule” con la comunidad de las personas con discapacidad.

Valdes manifestó que Francos “hereda un borrador de decreto que desregula las prestaciones para las personas con discapacidad”. En un párrafo aparte, agradeció a los diputados de La Libertad Avanza Guillermo Montenegro y Lilia Lemoine que llevaron a los integrantes de la Comisión de Discapacidad a poder hablar con el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Español.

“La autoridad hoy ha cambiado y este decreto o borrador que está causando mucho malestar en las familias de las personas con discapacidad, porque pretende desregular las prestaciones y una de las grandes cualidades que tiene el sistema único de prestaciones es que la persona con discapacidad más humilde recibe la misma calidad de prestación que aquella persona acaudala económicamente”, alertó Valdés.

En tanto, señaló que “esto está sintetizado en la Ley 24.901 que se pretende modificar fue llevada adelante en el año 1997 durante el gobierno de Carlos Menem que tanto el presidente Javier Milei admira”, y solicitó que “la protejan a la Ley que tiene que ver con una comunidad que el 12% de la población argentina son personas con discapacidad, otro tema es poder acceder al certificado único de discapacidad”.

“El pedido al jefe de Gabinete es que no tome ninguna decisión sobre ese decreto sin hablar ates con las distintas organizaciones de las personas con discapacidad, le pedimos que reciba y se vincule con la comunidad de las personas con discapacidad”, cerró.

El diputado nacional Eduardo Valdés (UP – CABA) se refirió al reclamo que realizaron legisladores de distintos espacios políticos alertando por el decreto provisorio que avanzaría en la desregulación del sistema único de prestaciones para las personas con discapacidad y señaló que "el diálogo es urgente y transversal y no tiene banderas políticas”.

"Estamos haciendo todas las gestiones para evitar esta desregulación, como el viernes que estuvimos reunidos con el director de la ANDIS, Diego Spagnuolo”, relató el legislador.

En declaraciones a El ciudadano news, añadió que “tenemos expectativas con este diálogo, vamos a ver como continúa ahora, pero depende del actual jefe de gabinete Guillermo Francos". En tal sentido, sostuvo que “en todos los espacios hay personas con discapacidad".

Valdés destacó el actual sistema de prestaciones y amplió que “actualmente existe un nomenclador que paga la prestación en igual calidad y con igual precio”. “Este sistema nace al calor de la Ley 24.201 durante el gobierno de (Carlos) Menem y ha sido un ejemplo en el mundo, ahora pretenden desregularla y que cada obra social pague lo que quiera y lo que pueda, lo que genera personas con discapacidad de primer, segundo y tercer nivel”, sumó.

También, expresó que “trabajamos para que las personas con discapacidad puedan autovalerse. La ley 24.901 habla de la educación para el autovalimiento, sería una de las cosas que estaría cuestionadas en ese decreto, por eso es tan importante visibilizarlo”.

Sobre el cierre, el diputado porteño respondió sobre los recientes cierres de talleres protegidos para personas con discapacidad: "Son la gran posibilidad que tienen las personas con discapacidad de llevar adelante actividades productivas, hay que actualizar los valores de estos talleres que tienen una remuneración muy baja”.

En medio de la delicada situación económica que atraviesa el país, el diputado de Unión por la Patria (UP) y presidente de la Comisión de Discapacidad, Juan Manuel Valdés, participó de una movilización de familias y organizaciones contra los recortes a las prestadoras de discapacidad.

En ese sentido, el peronista aseveró que “Milei abandona a las personas con discapacidad” y aseguró que “el Gobierno Nacional tiene que escuchar a los sectores desprotegidos y frenar este ajuste brutal”.

“Estamos en la residencia de Olivos, vinimos a acompañar el reclamo de las personas con discapacidad, de sus familias y de las organizaciones que las tratan. Queremos que se termine con la amenaza permanente de recorte a las prestaciones básicas que reciben las personas con discapacidad”, continuó el diputado en un video que subió a sus redes sociales.

Sobre esa misma línea, Valdés explicó: “Estamos hablando de más del 10% de nuestra población, ósea de 4 millones de personas y de sus familias que están angustiadas porque hay un decreto a la firma del jefe de Gabinete y del presidente, que les recortaría definitivamente las prestaciones y el sistema de nomencladores. Para la vida plena que tienen estas personas consagradas, legislaciones que tardaron décadas en construirse y que generaciones de argentinos lucharon para tener, están en peligro por culpa del capricho y de la falta de sensibilidad social del gobierno de Javier Milei”.

“Por eso estamos acá con más de 40 mil personas, esperando que el presidente escuche, se movilice y cambie de posición porque esta amenaza es la más grave que tiene la población con discapacidad en la Republica Argentina”, sentenció.

MILEI ABANDONA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Acompañamos la movilización a la quinta de Olivos de familias y organizaciones contra los recortes a las prestadoras de discapacidad. El Gobierno Nacional tiene que escuchar a los sectores desprotegidos y frenar este ajuste brutal pic.twitter.com/M6Wl8pIKPL

— Juan Manuel Valdés 🇦🇷⭐️⭐️⭐️ (@jmvaldesre) May 29, 2024

 

Un grupo de diputados nacionales presentó un proyecto en el Congreso que pide al Poder Ejecutivo que no avance con un borrador de decreto que tiene como objeto desregular prestaciones en favor de las personas con discapacidad.

“De concretarse la desregulación de los aranceles, las personas con discapacidad quedarán en un estado de vulnerabilidad absoluta -indican los diputados en los fundamentos de la iniciativa-. En efecto, en el caso de que entre en vigencia este proyecto de decreto, será más difícil el acceso a la salud de las personas con discapacidad, por cuanto, muchos prestadores perderán interés en ofrecer sus servicios ante una insuficiente remuneración de su trabajo profesional. Esto es así, por cuanto al no haber aranceles prestablecidos y actualizados por la autoridad regulatoria, las obras sociales y las demás prestadoras de salud, pueden fijar arbitrariamente dichos aranceles en desmedro del justo reconocimiento por el servicio brindado”, plantean.

El proyecto de Eduardo Valdés fue acompañado por Miguel Angel Pichetto y por Ricardo López Murphy, de Hacemos Coalición Federal, más una treintena de diputadas y diputados de Unión por la Patria. El mismo fue abordado este miércoles en la Comisión de Discapacidad de la Cámara baja.

El borrador del polémico decreto circuló por las redes sociales y los medios de comunicación y generó alarma en el sector. El mismo ya está rubricado por el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.

El proyecto presentado señala además que “por mandato de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vigente en nuestro país en virtud de la Ley 26.378 y con jerarquía constitucional en virtud de la ley 27.044, es obligación del Estado promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”.

“La ley 24901 fue sancionada en 1997. Hoy el nomenclador vigente hace que todas las prestadoras tienen la obligación de cubrir las prestaciones en el mismo valor. Esto hace que todos puedan acceder a una prestación de calidad. Permite a las personas con discapacidad tener salud y educación para poder autovalerse, que es la clave para que puedan tener una vida mejor, quienes muchas veces no tienen familiares ni recursos económicos. Este decreto significaría un enorme paso atrás”, aseguró Valdés.

“De avanzar, estarían posibilitando que haya personas con discapacidad de primera clase, quienes tienen la capacidad económica de pagar una prepaga, y luego personas con discapacidad de segunda o de tercera clase, de acuerdo a la amplitud de la cobertura que tenga, si es que tiene”, señaló Valdés. Luego, agregó: “Una decisión así deja desprotegido a un universo de 15 millones de personas de nuestro país. Esto debe ser una causa de todo el arco político, más allá de las pertenencias partidarias, para que sea una cuestión de Estado”.

“Es muy importante la marcha de mañana en todo el país que han organizado los familiares. La angustia de los padres y madres es qué va a ser de sus hijos el día que ellos no estén. La obligación del Estado y de los gobiernos es resolver la vida de la gente y no complicársela cada día más como está haciendo hoy”, concluyó el autor de la iniciativa.

Además de Pichetto y de López Murphy, la iniciativa fue firmada por los diputados Martín Soria, Tanya Bertoldi, Emilio Monzón, Ernesto Ali, Daniel Gollán, Ricardo Herrera, Eugenia Alianello, Juan Manuel Pedrini, Lorena Pokoik, Eduardo Toniolli, Julio Pereyra, Ramiro Gutiérrez, Nancy Sand, Jorge Antonio Romero, Ariel Rauschemberger, Jorge Araujo Hernández, Manuel Aguirre, Blanca Osuna, Liliana Paponet, Sabrina Selva, Pablo Yedlin, Pablo Todero, Roberto Mirabella, Micaela Morán, Gabriela Pedrali, Aldo Leiva, Natalia Zabala Chacur, Gisela Marziotta y Mario Manrique.

2540-D-2024 PROYECTO DE RESOLUCIÓN - sobre Decreto Discapacidad (1)

El Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad denunció que el proyecto de decreto para desregular las prestaciones especiales dirigidas a esta población “generará desigualdad” porque implicaría “romper con un sistema” creado por ley hace 25 años y que “hasta la actualidad permite el acceso en igualdad de condiciones” a los tratamientos, cualquiera sea la cobertura de salud que se posea.

En sintonía con el planteo del Foro, el diputado nacional Eduardo Valdés se expidió sobre el tema en el recinto de Diputados, durante la sesión que fue convocada para tratar el financiamiento universitario y el Fondo de Incentivo Docente. El legislador llamó a todos los bloques políticos a dejar las diferencias de lado y defender los derechos de las personas con discapacidad. “Este tipo de cuestiones deben atravesarnos a todos”, sostuvo.

Valdés advirtió al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, por el borrador de un decreto para desregular del Sistema Único de Prestaciones para las personas con Discapacidad.

“Si esto avanza habrá personas con discapacidad de primera, de segunda, de tercera, de cuarta y de quinta”, observo el congresista, quien había hecho pública en el recinto de la Cámara baja su preocupación, e instó a “defender los derechos de las personas con discapacidad”.

“En el Cottolengo de Don Orione están internadas 1200 personas en doce sedes de todo el país. Son de una población con una discapacidad aguda y severa, la mayoría no tiene familia. Si el Estado las deja de asistir, ¿quién lo hará?”, planteó.

El diputado de Unión por la Patria detalló que el último censo establece que “el 12% de las personas del país tienen algún tipo de discapacidad”, y llamó a reflexionar antes de avanzar con la idea de la desregulación “no todos pueden acceder al Certificado Único de Discapacidad”, y cuestionó a las autoridades porque el ANDIS porque cierra “oficinas en todo el país”.

“No todos pueden acceder al Certificado Único de Discapacidad porque a veces les es muy difícil realizar los trámites, muchos de ellos no tienen familiares o personas que los asistan. Ante esa realidad, ANDIS cierra oficinas de todo el país, donde las personas más humildes que no pueden trasladarse a Buenos Aires, tienen la posibilidad de tramitar el certificado”, sostuvo.

El diputado nacional Eduardo Valdés (Unión por la Patria) presentó un proyecto de resolución exhortando al Poder Ejecutivo que arbitre los medios para garantizar el acceso al transporte para personas con discapacidad.

“Ante la situación crítica del servicio de transporte para las personas con discapacidad por el incremento exponencial del precio del combustible, presenté un proyecto para que el Poder Ejecutivo Nacional arbitre, de forma URGENTE, los medios a su alcance para garantizar el acceso de las personas con discapacidad al servicio de transporte a los fines de asegurar los traslados a los centros de rehabilitación y a los profesionales que les brindan atención”, explicó Valdés.

En esa línea, el legislador manifestó: “Esta grave situación vulnera los derechos de las personas con discapacidad, que no sólo padecen dificultades en el servicio de transporte, sino que también se ve afectado el derecho a la educación, a la salud, a la rehabilitación y a la integración social”.

Además, en la iniciativa solicita a la Agencia Nacional de Discapacidad (ADIS) a que informe sobre la situación planteada, en particular, sobre el número estimado de personas con discapacidad afectados en todo el país, como así también, sobre la actualización de los montos por la prestación del servicio de transporte y la situación actual de los pagos.

El proyecto lleva las firmas de los diputados Lorena Pokoik, Eduardo Toniolli, Carlos Heller, Daniel Gollan, Sabrina Selva, Carlos Castagneto, Pablo Yedlin, Hilda Aguirre, Julio Pereyra, Agustina Propato, Andrea Freites, Roxana Monzón, Natalia Chacur, Ernesto “Pipi” Alí, Jorge Araujo Hernández, Gustavo González, Jorge Romero, Nancy Sand, Eugenia Alianiello, María Parola y Ricardo Daives.

La diputada nacional Karina Bachey (Pro – San Luis) presentó un proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) que a través del organismo que corresponde y sobre todo bajo la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), arbitra los medios y acciones necesarias para dar solución a la difícil situación que vienen atravesando los prestadores en materia de discapacidad.

La iniciativa es acompañada por los diputados Aníbal Tortoriello, Sergio Capozzi, Marilú Quiroz, Patricia Vásquez, Ana Clara Romero y Silvana Giudici.

“La cobertura de las prestaciones en Discapacidad, definidas en la Ley 24.901 que brindan las organizaciones del sector y que pertenecen al ámbito privado, benefician a 200.000 personas con discapacidad que son usuarias directas y nuclea a 150.000 trabajadores y profesionales”, explicó Bachey.

En esa línea, contó que “a través de un comunicado diversas organizaciones de la sociedad civil vienen advirtiendo sobre acerca de la situación por la que están pasando los prestadores y que requiere de una urgente revisión de aranceles que permita dar continuidad con las prestaciones para las personas con discapacidad y las fuentes de trabajo”.

El diputado nacional Eduardo Valdés se refirió a la importancia de las políticas orientadas a la discapacidad y señaló que “toda persona con discapacidad merece una pensión del Estado”, pero reconoció que el oficialismo aún está “en deuda”. Por otro lado, alertó que “la motosierra” de Javier Milei “irá por estos derechos”.

En diálogo por C5N, Valdés detalló: “Europa tiene 17% de personas con discapacidad. En Argentina es el 10% de la población, es decir, hay 4.800.000 personas de personas con discapacidad en el país y solo tenemos un 1.700.000 de estas personas con pensiones. La pensión es la posibilidad de estas personas de auto valerse, tener salud, transporte y educación”.

En este sentido sostuvo: "La gran angustia de todos los padres y madres de una persona con discapacidad es saber qué va a ser de la vida de sus hijos el día que ellos no estén, la pensión es la que le va a permitir tener medicamentos, tener educación, tener la posibilidad de auto valerse mínimamente”, y reconoció: “Todavía estamos en deuda, imaginen que, si son 4.800.000 y solo hay un millón setecientos mil personas con pensiones, es porque el Estado no llegó a donde tiene que llegar”.

Además, el diputado kirchnerista respondió sobre un eventual recorte a estos derechos: "La motosierra iría por allí, pero hay convenciones internacionales que protegen a las personas con discapacidad".

Por último, el legislador porteño destacó las propuestas del oficialismo en materia de Discapacidad: "El compromiso de Unión por la Patria es con la inclusión. Esta semana escuché anuncios interesantes de Sergio Massa para las personas con discapacidad, particularmente relacionados a la movilidad, en la tarjeta SUBE iban a incluir con una cuestión de trazabilidad el certificado único de discapacidad. Entonces, en la propia tarjeta va a incluir certificado, lo que va a facilitar viajar en el sistema público de transporte".

La diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning (Evolución Radical – Córdoba) junto al defensor del Pueblo de Córdoba, Mario Decara, llevó a cabo el encuentro “Desafíos en Discapacidad y Educación: Impulsando un proyecto de ley para la capacitación docente en discapacidad”.

El encuentro tuvo lugar en la Universidad Católica de Córdoba y se abordó la problemática que afecta a miles de niños, niñas y adolescentes en todo el país, con el fin de impulsar un proyecto de ley, presentado por la diputada radical Carla Carrizo que busca capacitar, sensibilizar y concientizar a la comunidad educativa en todos los niveles obligatorios y modalidades del Sistema Educativo Nacional en relación con la discapacidad y las dificultades del aprendizaje.

El evento, contó con la presencia de referentes de la educación y en psicopedagogía, ONGs, personas con discapacidad, legisladores provinciales y especialistas en derecho. También disertaron especialistas en discapacidad y derecho como la abogada Dra. Romina Núñez (TEA Padres Autoconvocados); Dra. María Lia Redondo, (Fundación Denles la Palabra); Cdra. Marcela Rosado (Federación Converger- Fundación Iram- Comité Asesor de la Agencia Nacional de Discapacidad); psicopedagoga Florencia Barros y madre de niño con autismo; Evangelina Carrión (persona sorda bilateral y estudiante de Pedagogía Social); Silvina Felice (UCC), Lic. en Pedagogía; María Valeria Stefani (Coordinadora de Gabinetes municipales, DAI en instituciones educativas de modalidad estatal y privadas); Verónica Prieto, Psicopedagoga y profesora (Directora de Discapacidad de la Municipalidad de Río Tercero); Lic. en Pedagogía Carina Suárez, (Directora Nivel Primario del Instituto Juvenilia).

“En el país hay unos 6 millones de personas con discapacidad, por lo cual necesitamos situar en la agenda pública y parlamentaria el tema”, expresó Brouwer de Koning y remarcó que la discapacidad “no es un problema de las personas, sino de los obstáculos y barreras que encuentran en el entorno”.

En ese sentido, sostuvo que “la educación es un derecho y el Estado tiene la responsabilidad de garantizarla. Más aún en tiempos en los que se habla de arancelarla, un tema que en Argentina fue, es y debe seguir siendo, política de estado. A esa política de estado, se le debe sumar la inclusión real de las personas con discapacidad”.

“Estamos abriendo un debate federal sobre la educación inclusiva. Que no solo quede entre las paredes del Congreso, sino que se extienda hacia todos los puntos cardinales del país, para que todas las personas y especialmente los protagonistas tengan la posibilidad de comunicar lo que piensan, sienten y necesitan. De esto se tratan las políticas basadas en evidencia y participación ciudadana. No se puede diseñar una reforma legislativa sin escuchar la opinión y la experiencia de sus destinarios”, argumentó la diputada cordobesa.

El diputado nacional Roberto Mirabella (FdT – Santa Fe) presentó un proyecto para impulsar propuestas de aprendizajes personalizadas a las necesidades enfocadas en estudiantes con discapacidad y dificultades de aprendizaje.

La iniciativa fue tratada durante el mandato de Roberto Mirabella como senador nacional (2019 - 2021), junto a legisladores de otros espacios políticos que dieron el visto bueno al proyecto, pero en 2022 perdió estado parlamentario. En este nuevo período vuelve a presentarse con las firmas del santafesino y Julio Cobos.

El texto propone que los estudiantes con necesidades de apoyos tienen derecho a estar incluidos en instituciones públicas de gestión estatal y de gestión privada en todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria del Sistema Educativo Nacional.

Además, especifica que las escuelas deben admitir la inscripción y reinscripción de los estudiantes con necesidades de apoyo. El rechazo por cualquier razón, sin una justificación fehaciente, “será considerado un acto de discriminación”.

“Este proyecto busca derribar barreras de aprendizaje y participación, a fin de garantizar una educación equitativa de calidad para todos y todas, con una perspectiva pedagógica centrada en el respeto a la diversidad, la universalidad y la no discriminación”, expresó el diputado.

Además, sostuvo que “esta iniciativa es para todos los estudiantes que necesitan acompañamiento para llevar adelante sus trayectorias educativas en cualquier institución de gestión pública o privada de nuestro país, según los lineamientos de la Ley Nacional de Educación Nacional”.

Del mismo modo, agregó que “se trata de una iniciativa con sustento en la generación de acuerdos entre las familias, los equipos de apoyo, las instituciones y los estudiantes para lograr una trayectoria escolar basada en reconocer el conjunto de saberes adquiridos de cada estudiante”.

“La educación inclusiva y de calidad es un derecho humano. Este proyecto busca derribar barreras de aprendizaje y participación, a fin de garantizar una educación equitativa de calidad para todos y todas, con una perspectiva pedagógica centrada en el respeto a la diversidad, la universalidad y la no discriminación”, señaló el diputado.

Por último, Mirabella explicó que “la educación requiere actualizaciones y ajustes constantes, en especial ante una sociedad diversa, plural y que está siempre en evolución”. “En este marco se insertan las diferentes capacidades de las personas que acceden al sistema educativo en todas sus modalidades y niveles obligatorios, y sus necesidades al momento de ejercer su derecho a la educación”, concluyó.

La legisladora de Vamos Juntos (VJ) Ana María Bou Pérez encabezó un acto en la Legislatura de la Ciudad en el que se realizó la entrega de una bandeja protocolar por la labor realizada a la ONG “Buceo sin barreras”, que surgió a raíz de una iniciativa de la Asociación Civil “La Amalgama” que ofrece experiencias de buceo inclusivo para adultos y niños con y sin discapacidad.

La ONG también cuenta con el apoyo del Club Cultural y Deportivo 17 de Agosto y la colaboración de la Escuela Ar-Buceo.

Durante el evento, Bou Pérez afirmó que “Buceo sin barreras es de las fundaciones que hace que ese todos se haga más importante, que realmente sea para todos” y destacó el trabajo de Daniel Zuber, quien está al frente de dicha ONG.  “Mirando la vida adapta, customiza la vida para ese colectivo de distintas personas que no acceden a distintas actividades como accedemos la mayoría”, señaló.

Al mismo tiempo que abogó por más grupos que “imiten” el trabajo hecho y “por muchos más chicos, chicas y adultos que se animen sea cual sea su condición”.

Cabe recordar que más de 60 personas con discapacidades motoras, sensoriales y neuro diversas, acompañados por familiares y amigos, realizaron esta experiencia introductoria de buceo dirigidos por instructores y asistentes especializados en buceo adaptado y accesibilidad.

La fundación viene trabajando desde el 2009 con personas de diferentes discapacidades recorriendo el país y brindando esta labor social que tiene por objetivo ofrecer el buceo adaptado como una actividad inclusiva y alternativa, para promover la independencia y la mejora de la autoestima, entre otros beneficios.

Desde su creación ya brindó de manera gratuita a más de 7 mil personas los beneficios recreativos, terapéuticos, turísticos, formativos, de rehabilitación, integración e inclusión comunitaria y social del buceo para todos.

El diputado nacional y precandidato a jefe de Gobierno porteño por Unión por la Patria, Leandro Santoro, expresó su solidaridad con Franco Rinaldi, quien encabeza la lista de candidatos a legisladores de Jorge Macri, y a la familia de Luis Juez, por las descalificaciones que candidatos del espacio de Javier Milei hicieron hacia Rinaldi y la hija del senador radical por sus discapacidades.

“¿Qué carajo les pasa a los candidatos de Milei con las personas con discapacidad?”, escribió enojado Santoro y planteó: “¡No se puede creer! ¿Cómo pueden ofender así a la gente?”.

Para el oficialista “no opinan así por ser de derecha, lo hacen por ser malas personas”, se solidarizó con Rinaldi y con la familia de Juez.

También se sumó el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro: "Lamento las palabras discriminatorias del candidato Libertario, Lucas Luna, hacia Franco Rinaldi candidato del PRO. Exceden la política y lesionan valores de una sociedad plural e integradora. Su falta de empatía le impiden ver el dolor y sufrimiento que puede causar a otros".

¿Que carajo les pasa a los candidatos de Milei con las personas con discapacidad?
No se puede creer! ¿Como pueden ofender así a la gente?
No opinan así por ser de derecha, lo hacen por ser malas personas.
Mi solidaridad con @FrancoVRinaldi y con la familia de @ljuez

— Leandro Santoro (@SantoroLeandro) June 27, 2023

Lamento las palabras discriminatorias del candidato Libertario, Lucas Luna, hacia Franco Rinaldi candidato del PRO. Exceden la política y lesionan valores de una sociedad plural e integradora. Su falta de empatía le impiden ver el dolor y sufrimiento que puede causar a otros. pic.twitter.com/xAMy6iVn2c

— Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) June 27, 2023

El repudio de los oficialistas se originó luego de que se difundieran las expresiones del precandidato al Parlasur por La Libertad Avanza, Lucas Luna, quien durante un encuentro virtual a través de Space en Twitter lanzó un comentario discriminatorio contra Rinaldo: “Nadie, nadie votaría jamás, y lo digo con toda la buena leche del mundo, nadie quiere votar a un discapacitado”.

De forma inmediata, quienes participaban de la reunión lo cuestionaron, pero Luna intentó defenderse: “es con respeto, no hay chicana acá. La gente quiere votar a alguien como uno. Es la realidad. Es así esto”.

Por su parte, la candidata a intendente por el partido Libertad Avanza en la ciudad de Córdoba, Verónica Sikora, publicó un video en redes sociales en el que se refiere de manera despectiva hacia la hija de Luis Juez, Milagros de 22 años que tiene una discapacidad, a quien llevó a votar por primera vez en las elecciones del pasado domingo en Córdoba.

Sikora cuestionó la decisión del referente del Pro de mostrar a su hija en actos políticos y expresó: “No lo conozco y no tengo nada personalmente con él, pero cualquier padre que tenga un hijo discapacitado, un bebé, o una persona que no se valga por sí misma, no va a votar con el hijo, mostrándolo ahí. Es muy bajo, le digo yo que la dejaría con su madre”.

La respuesta del candidato a gobernador no se hizo esperar: “Vos que vas a ser candidata, tenes que saber que es el derecho que tienen todos los ciudadanos. Milagros tenía que estar en la escuela votando, no escondida en la casa como vos propones. Te deseamos la mejor de la suerte y que Dios te dé la tranquilidad para que el día de mañana te sepas expresar de otra manera, porque la verdad nos lastimaste, nos ofendiste e innecesariamente a ella la agraviaste”.

La diputada nacional Carla Carrizo (Evolución Radical) presentó en el Anexo de la Cámara baja junto a padres, legisladores y ONG's, su proyecto de capacitación obligatoria y permanente en discapacidad y dificultades del aprendizaje para los docentes de las instituciones públicas estatales y privadas de todo el país.

Bajo el nombre “Capacitación docente en Discapacidad. Mirada de protagonistas y profesionales”, y ante una gran convocatoria, el encuentro contó con tres segmentos divididos en: protagonistas, familiares de niñas, niños y adolescentes con discapacidad e impulsores de la iniciativa, referentes del sector educativo, profesionales y ONG's.

“Infancia y discapacidad es la infancia más invisibilizada. A 17 años de la ley más importante que protege a las infancias en la Argentina, que es clave, tiene 78 artículos y solo 3 hablan de infancia, adolescencia y discapacidad. Todavía es una ley que hay que actualizar. Celebro que esta discusión esté aquí porque estamos hablando de que faltan vínculos entre los docentes de la educación común de la escuela especial y de los centros de pedagogía. Entonces, cambiar prácticas y actualizar normas", sostuvo Carrizo.

La radical señaló que "el modo en que lo vemos es el modo en que el Estado cuida o descuida. Si los niños con discapacidad no son mirados, no van a ser cuidados. Necesitamos que este proyecto de ley salga por unanimidad en ambas cámaras para que las leyes duren”.

Luego fue el turno de Inés Estévez, actriz y directora. “Es importante la capacitación docente en discapacidad. Y el proyecto es solo un punto de partida porque la ley requiere que cada jurisdicción elabore su metodología para aplicar esta capacitación. Necesitamos que la aplicación sea gradual y simple hasta llegar al ideal que es la discapacidad sea una materia en magisterios y profesorados”, expresó.

También habló en el encuentro Ian Lescano, de 10 años, activista por los derechos de las personas con autismo: “El autismo es una condición que hace que percibamos el mundo de una manera distinta. Necesitamos de un Estado presente en leyes y necesidades para una sociedad más amigable”.

Nicolás Di Giacomo, médico pediatra, jefe de la sección Salud Escolar del Área Programática del Hospital Penna de la Ciudad de Buenos Aires, contó: “El año pasado hicimos un relevamiento en las 100 escuelas que tenemos, la mitad de las conducciones respondieron sobre la situación de discapacidad. Porque hay una cuestión que nos interesa mucho que es el diagnóstico. No hay información transparente compartida del sistema educativo. No es que no la tengamos, no se puede acceder". "Yo soy pediatra y terminé mi formación en 2013 y mi formación sobre discapacidad y autismo fue ninguna”, resaltó.

En tanto, Jimena Szpanierman y Jessica Stiberman, representantes de la plataforma de peticiones Change.org, entregaron una caja con 63.159 firmas solicitando la aprobación del proyecto de ley. “En noviembre del año pasado los padres crearon la petición y creció sin freno. Es por tanto esfuerzo y dedicación que queremos felicitarlos por el ingreso en ambas cámaras del proyecto de capacitación”, expresaron.

El encuentro contó con la presencia de Facundo Hernández, defensor adjunto de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; Leonardo Ruiz, presidente de COPIDIS (Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad); Roberto Ingratta, director de la Unidad de Discapacidad de Trenes Argentinos; Julia Bermúdez, gerente de la Gerencia Operativa Desarrollo Cultural y Comunitario de CABA; y María Eugenia Soler, gerente de la Dirección General de Políticas de Juventud de CABA.

También estuvieron Nicolás Pantarotto, Defensoría Pública Curaduría N° 2 de CABA; miembros del Observatorio de Discapacidad del Consejo de la Magistratura de CABA; Germán Ejarque, director del Observatorio de Discapacidad Nacional; Mariela Coletta, presidente del Comité de la Unión Cívica Radical de Capital Federal, junto a representantes de las 15 comunas de la Ciudad; y Silvia Stulchik, coordinadora de la mesa de niñez de la Fundación Alem, entre otros.

Acompañaron además las diputadas Danya Tavela, Dina Rezinovsky, Dolores Martínez, Marcela Antola y Karina Banfi.

Objetivos del proyecto

La iniciativa busca capacitar, sensibilizar y concientizar a la comunidad educativa de los niveles obligatorios de todas las modalidades del Sistema Educativo Nacional sobre discapacidad y dificultades del aprendizaje.

Los objetivos son: brindar un trato adecuado y no discriminatorio a estudiantes con discapacidad y/o dificultades en el aprendizaje; promover la capacitación docente obligatoria, permanente, actualizada y continua que brinde herramientas pedagógicas para la inclusión; y propender a la promoción de la sensibilidad y concientización sobre discapacidad y dificultades del aprendizaje de la comunidad educativa.

También, garantizar el acceso al derecho a la educación conforme a la legislación vigente en materia de discapacidad y educación; posibilitar la inclusión y participación plena y efectiva de estudiantes con discapacidad en el ámbito educativo y el reconocimiento de la diversidad; y asegurar una accesibilidad plena en condiciones de seguridad y autonomía en los espacios educativos para el desarrollo de sus actividades diarias sin restricciones.

El proyecto cuenta con las firmas de Carla Carrizo, Carlos Zapata, Gabriela Brouwer de Koning, Dina Rezinovsky, Gustavo Bouhid, Lidia Ascarate, Marcela Campagnoli, Karina Banfi, Mercedes Joury, Mariana Stilman, Fabio Quetglas, Marcela Antola, Carolina Castets, Martín Tetaz, Dolores Martínez, Danya Tavela, Mónica Frade, María Luján Rey, Aníbal Tortoriello, Alejandro Cacace, Soledad Carrizo, Mario Barletta, Alberto Asseff, Gabriela Lena y Roxana Reyes.

Nos acercamos a fin de año y los balances se vuelven inevitables. Siempre se dice que el Congreso es la caja de resonancia de la sociedad y es así. Prueba de ello es lo que hemos logrado en materia de igualdad de derechos para personas con discapacidad.

El proyecto para expedir de forma definitiva y por única vez el Certificado Único de Discapacidad (CUD) ya tiene dictamen en Senado y es confiamos en que se convierta en ley muy pronto.

Por eso, me parece interesante revalorizar la labor lograda en plenario de comisiones de Discapacidad y Acción Social y Salud Pública, en la cual hemos acercado posturas con una escucha plenamente activa, articulando diferencias y priorizando el efecto que provoca en la vida real la temática de esta iniciativa, logrando unificar los 7 proyectos presentados, firmando un solo dictamen, y propiciando la media sanción de este texto.

Siempre ha sido mi prioridad poder dar estos debates, que implican tomar decisiones creando políticas públicas claras y concretas que respondan a las necesidades de nuestra sociedad.

La experiencia acumulada en mis años de gestión me permitieron tener absoluta certeza de que solo con el diálogo permanente involucrando a todos los sectores se logra llevar a cabo políticas públicas que dan verdaderas respuestas a las demandas de nuestra sociedad.

Se calcula que en Argentina hay 5.400.000 personas con discapacidad y solo tenemos un 1.300.000 con CUD.

El  Certificado Único de Discapacidad, entendido como documento público válido en todo el país, es la acreditación a través del cual cada persona con discapacidad puede acceder a los derechos establecidos en la legislación vigente, tales como cobertura del 100% en las prestaciones de rehabilitación (medicamentos, equipamiento, tratamientos), traslados gratuitos en el transporte público terrestre, ayuda escolar anual por hijo con discapacidad, asignación familiar por hijo con discapacidad, asignación por cónyuge con discapacidad, etc.

El objetivo central de este proyecto es remover obstáculos y allanar el camino en el acceso a los derechos que tienen las personas con discapacidad.

Se calcula que en Argentina hay 5.400.000 personas con discapacidad y solo tenemos un 1.300.000 con CUD.

Es fundamental simplificar la vida y la carga burocrática de los destinatarios de estos regímenes.

Ya demasiado tienen las personas con discapacidad, y sus familiares y personas a cargo, que viven y sufren otros varios aspectos para que les demoremos un derecho.

Es obligación indelegable del Estado proteger y tutelar a las personas con discapacidad permanente, que al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás, tomando especial intervención para agilizar y contribuir en el acceso eficiente y eficaz del libre ejercicio de derechos fundamentales que se les reconoce.

El Parlamento debe velar por los derechos de los más vulnerables, y por ese camino andamos.

Ana Fabiola Aubone es diputada nacional del Frente de Todos (San Juan).

En reunión de Comisión Conjunta, Discapacidad, y Acción Social y Salud Pública dictaminaron favorablemente sobre los proyectos de Protección Integral de las Personas Discapacitadas - Ley 22.431-, modificación del artículo 3, sobre el Certificado de Discapacidad; y el proyecto por el cual se garantiza la contención y acompañamiento de las personas que reciban un diagnóstico de Trisonimia 21 / Síndrome de Down para su hijo en gestación o recién nacido. 

Al comienzo del debate, la diputada por Evolución Radical Carla Carrizo celebró los acuerdos alcanzados en comisión respecto al proyeco de modificación del Certificado de Discapacidad: “En un momento donde todo el mundo está descalificando a la dirigencia política, creo que la Comisión de Salud, como la de Discapacidad son dos comisiones donde tenemos una estrategia incisiva para lograr cosas inter-partidarias, y eso generalmente es una excelente noticia. Y este es un caso, con el Certificado Único de Discapacidad (CUD)”. 

Sobre la iniciativa señaló que “es sobre todo es un proyecto que atraviesa todas las provincias y muchísimas familias argentinas, es intergeneracional, familias que están atravesadas por una vida más difícil, que es convivir y llevar una vida con personas con discapacidad. La clave para vivir mejor es el Certificado Único de Discapacidad, y ha sido un aprendizaje cómo hacerlo mejor”. 

En el mismo sentido, se manifestó la vicepresidenta 2° de la Comisión de Discapacidad, la diputada Graciela Caselles, quien sostuvo que el proyecto es “un paso más en la historia de la evolución de la discapacidad. De haber sido ocultados, o personas que eran condenadas a la mendicidad, y demás, que ahora los distintos actores políticos nos pongamos de acuerdo, sobre todo en haber escuchado una realidad tan difícil que viven las familias a la hora de encontrar derechos”. 

Seguidamente, la diputada del Pro Victoria Morales Gorlieri también celebró haber llegado a este dictamen: “Las complejidades las vimos en las distintas organizaciones que vinieron al Congreso, y fue muy importante también el dialogo que hubo entre las distintas fuerzas políticas que integramos la Comisión para llegar a hoy. Todos, sin banderas partidarias, estábamos con la convicción de encontrar una solución a este problema, y se ve reflejado en este dictamen”, manifestó. 

Respecto a la renovación automática del CUD, señaló que “estamos incorporando el paradigma de la convención, que hace tanto tiempo que como país la hemos firmado, y que aún tenemos grandes deudas pendientes. La discapacidad es un fenómeno dinámico, y así debemos verlo. Creo que estamos dando un paso muy importante, y me sumo al pedido de poner el dictamen en el Congreso cuanto antes”, concluyó. 

A su turno, el diputado del Frente de Todos Eduardo Valdés se manifestó en el mismo sentido: “Me parece que es un día muy importante para nosotros que estamos resolviendo esta situación. Ojalá las cámaras de televisión registren que el Parlamento trabaja sobre estas cuestiones que son muy importantes en la sociedad. Se calcula que en la Argentina hay 5 millones 400 mil personas con discapacidad y solo tenemos 1 millon 300 con CUD, algo está pasando que no logran acceder”. 

“El CUD es la posibilidad de tener derechos, que todos puedan acceder es el comenzar a tener derechos. Lo que tenemos que hacer es que junto a lo que estamos resolviendo, es que también fortalezcamos el presupuesto para las personas con discapacidad. Que el acuerdo político, junto a este CUD, sea que en las políticas para discapacidad haya proactividad, haya la posibilidad de que esto y la garantía de los derechos que significan el CUD puedan plasmarse”, agregó. 

La diputada por el Frente de Todos Paola Vessvessian acompañó el pedido de Valdés, y consideró que el tema del presupuesto es clave: “Si esta ley no la acompañamos con una mirada de territorialidad y de accesibilidad se nos va a hacer muy complicado, porque a veces queda en las grandes ciudades y no podemos llegar al interior del interior o a lo profundo de lo profundo de nuestro país. Por eso es importante la capacitación continua y permanente de quienes forman parte de las Juntos Medicas, porque a veces está el desconocimiento para llegar realmente al diagnóstico que habilite el CUD”. 

En el mismo sentido se manifestó la diputada, también oficialista Lucila Masin, quien celebró la nueva redacción del proyecto, y resaltó que “solamente con la modificación de esta ley no alcanza, si no también tenemos que pensar de qué manera podemos generar mejor accesibilidad comunicacional y difusión del alcance del CUD porque eso implica definitivamente mejorar las prestaciones y derechos de las personas con discapacidad”. 

Respecto al proyecto de Diagnóstico y Pronóstico Humanizado, Soledad Carrizo señaló la urgencia de su tratamiento: “Es una ausencia de nuestra legislación que otros países, incluso vecinos, lo tienen y que es urgente que en la Argentina avance. Es regular esta relación entre los profesionales y los pacientes. Muchos acá son médicos, seguramente han tenido algún momento donde las malas noticias son difíciles de manifestarlas y de preparar a esa familia que va a recibirla. Como profesional tal vez no estén preparados tampoco, y esto es lo que el proyecto tiende a arreglar”.  

En este sentido, celebró la posibilidad de que esto avance, y que “venga con media sanción por unanimidad en el Senado. Entiendo la necesidad y la urgencia de que Argentina avance con esta legislación, de no poner ninguna modificación”.  

“Quería manifestar la alegría de saber que en estas comisiones hemos hecho un esfuerzo claramente de primero encontrar los puntos de encuentro, y dejemos atrás las discusiones. Porque hay mucha sociedad civil que nos está mirando que está necesitando esta reglamentación”, concluyó. 

Finalmente, el diputado por la Coalición Cívica Rubén Manzi consideró que más que lo punitorio habría que revisar los procesos de formación de profesionales: “Creo que esto es una tarea, de plantear los contenidos de formativos que tienen nuestras facultades del Gobierno actual, del que viene, y probablemente del otro. Tenemos que revisar nuestra formación”. 

La senadora nacional por Córdoba Carmen Álvarez Rivero (Juntos por el Cambio) recibió a organizaciones dedicadas al trabajo de la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad. El encuentro se realizó en el marco del evento “Argentina: Córdoba te habla”, y participaron representantes de la Fundación Claudina Thévenet, FUNASER, FUSDAI y la Fundación Gaude, que atienden a personas con distintos tipos de discapacidad y promocionan su inserción laboral.

La iniciativa de la senadora tuvo como propósito reconocer y visibilizar el trabajo desarrollado por estas organizaciones, que día a día trabajan con sus equipos interdisciplinarios, con terapeutas, educadores y especialistas para mejorarle la vida a cientos de personas.

“Las organizaciones de la sociedad civil convivimos en este sistema con fallas estructurales, y administramos los recursos de manera que todos los chicos y las chicas reciban su prestación. Pero al mismo tiempo debemos asumir el compromiso de alzar la voz y pedir que nos escuchen. Porque vemos que el sistema de prestaciones actual está en un punto crítico, y sabemos que por cada prestación que no se brinda, hay un derecho que se vulnera”, afirmaron los representantes de las organizaciones.

Y agregaron: “Agradecemos este espacio de dialogo y conversación. Este reconocimiento es un mimo que nos motiva para seguir adelante”.

Por su parte la senadora afirmó que “el sentido del encuentro es visibilizar el valioso trabajo de las organizaciones y las problemáticas del sistema. Necesitamos poner en el centro a las personas con discapacidad”.

Diputados del Pro junto a más de 50 ONGs y federaciones que brindan servicios para personas con discapacidad, se presentaron este martes en la Cámara de Diputados de la Nación para pedir la intervención de los legisladores frente al incumplimiento del Gobierno Nacional en todo lo vinculado al sistema de pago de las prestaciones para personas con discapacidad.

Estuvieron presentes los diputados Victoria Morales Gorleri, Dina Rezinovsky, Silvia Lospennato, Mercedes Joury, Alejandro Finochiaro, María Luján Rey, Soher El Sukaria, entre otros.

La secretaria de la Comisión de Discapacidad de la Cámara baja, Dina Rezinovsky, expresó: “Me pareció que un encuentro muy productivo, en el que recibimos el petitorio de las organizaciones que vienen luchando por sus derechos, y pudimos escucharlos con el compromiso que lo venimos haciendo, comprometiéndonos a trabajar para solucionar tantos años de silencio en discapacidad”.

Por su parte, Morales Gorleri quien fue una de las encargadas de recibir la misiva, afirmó: “Como bloque estamos muy preocupados por la situación que están atravesando las personas con discapacidad, tomamos este petitorio con compromiso y convicción porque sabemos que estamos en un estadio de crisis absoluta”.

“El Gobierno debe actuar ya e implementar políticas públicas serias, sostenibles y efectivas que resuelvan los problemas estructurales que impiden que las personas con discapacidad hagan realidad su deseo y ejerzan su derecho a vivir de forma independiente, digna y en pie de igualdad en la sociedad”, exigió.

Durante la entrega del petitorio, las organizaciones aseguraron que “las personas con discapacidad están solas. Estamos en estado de emergencia, hicimos silencio mucho tiempo y ahora estamos alzando la voz”.

En relación a la situación crítica que está atravesando el sector, y que pone en riesgo los servicios y prestaciones que reciben, los impulsores del petitorio buscan que se regularicen el circuito de pagos y que se establezca un parámetro objetivo y previsible para el aumento de nomenclador que actualmente va muy por detrás de la inflación.

También exigen que se clarifique y haga efectivo el circuito de pago para aquellas prestaciones que ha asumido la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para afiliados que no pertenecen a Incluir Salud, como es el caso de un sector de PAMI del que sostienen que “resulta indispensable ante los rumores de que la ANDIS asumirá́ el control de los pagos de todas las prestaciones en discapacidad”.

Participaron representantes de la Federación Argentina de Organizaciones sin Fines de Lucro de y para personas con Discapacidad (FEDEDIS) e instituciones adherentes, entre ellos Daniel Masuzzo y Marcela Kriskovich, de la Asociación de prestadores organizados; Mariel Postolow, de Fundación Solar de Integración; Fermin Murall, Fundación Nosotros; Mario Lovato y Melina Lovato, Creciendo con los Ángeles, entre otros.

La diputada nacional Romina Del Plá (PO/FIT-U) criticó los recortes en discapacidad y en el área educativa ante la reunión de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara baja a la que asistió la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, a quien le consultó por la intervención de la institución en esos temas.

En su intervención Del Plá advirtió: “Podemos partir de la consideración que la situación de la niñez en nuestro país está en un cuadro de extrema gravead y vulnerabilidad”, y se refirió a los recortes en el área de discapacidad.

“En medio de los varios recortes, si bien mañana se va a abordar en la Comisión de Salud el tema, está claro que estamos frente a una situación aguda en relación a que ya había muchas dificultades en el abordaje de la discapacidad en la que muchos niños y niñas padecen esta dificultad, pero ahí vemos en dos aspectos y preguntamos si ha habido alguna intervención en relación a los recortes que están afectando a las prestaciones de tipo privadas en cuanto a acompañantes terapéuticos, especialistas”, explayó la diputada.

También, se refirió al área educativa: “La falta de docentes para la inclusión, la enorme limitación que hay en este sentido y el reforzamiento de las escuelas especiales que en muchas jurisdicciones está en pleno proceso de desmantelamiento en lugar de reforzarlas”.

Al responder, Graham informó: “Tenemos denuncias en este momento sobre obras sociales que no cubren determinadas prestaciones, y allí estamos exigiendo que se cubran esas prestaciones a las obras sociales”.

“Hay un margen de prestaciones a las cuales las obras sociales están obligadas, por ejemplo, algunos apoyos que tienen que ver con acompañamiento terapéutico, pero hay otros apoyos que tiene que ver con talleres como talleres de música para niños autistas que es para ese niño, eso no esta cubierto”, explicó la funcionaria.

Además, contó: “Venimos trabajando con algunas expertas psicólogas y psiquiatras que trabajan el espectro autista porque son los que más complicaciones tienen en las coberturas que es que las obras sociales cubran aquello que por ley si tiene que cubrir como el acompañante terapéutico, porque no se toman en cuenta los talleristas que son para esa patología y más contundentes para acompañar ese proceso”.

“Un tema es exigirle a la obra social que cumpla, ahora entraron tres casos de CABA, y también exigir una reforma de la Ley para tener en cuenta que la terapia no es solamente aquello que hace un médico o psiquiatra, sino que también hay terapias de otro tipo”, remarcó Graham.

Sobre las escuelas especiales, señaló que “hay un debate histórico. Hay un sector que respetamos mucho que dice que hay que salir de esta idea de anormal y normal y entonces poner anormal en una escuela especial y por eso hablan de escuelas con apoyo. Y hay otros que dicen que los niños especiales tienen que ir a una escuela y estar integrados y tener el apoyo dentro del ámbito escolar”.

Al respecto, consideró: “Tenemos que terminar este debate que empezó por lo menos hace 20 años. O salimos por arriba o encontramos alguna tercera solución que, por ejemplo, que algunos niños necesitan alguna escuela especial y otros pueden ser absolutamente integrados con un acompañamiento porque no todas las discapacidades motrices ni mentales son iguales. Un proyecto de ley podría superar este debate histórico porque si hablas de niños especiales estas discriminando, entonces hay que bajar todo eso”.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro (FdT), junto a otros legisladores del Frente de Todos presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de resolución a través del cual buscarán “el pase a planta permanente del personal que revista en la planta transitoria y contratado bajo régimen de locación de servicio, que tenga alguna discapacidad y que realice tareas de carácter habitual y permanente” en el Parlamento.

La iniciativa también sostiene que en este pase, los trabajadores con discapacidad sean equiparados en materia de “sus derechos laborales a sus pares de planta permanente y reconocimiento de su antigüedad laboral”.

El texto recientemente presentado prevé la confección de una lista con todos los trabajadores que se encuentren en esta condición, la cual deberá ser revisada por una comisión de control y seguimiento. Asimismo se prohíbe todo tipo de rebaja de escalafón o despidos.

En los fundamentos del proyecto, los legisladores del FdT recordaron que “el trabajo es considerado un derecho humano fundamental, tal y como surge del artículo 14 de la Constitución Nacional, en donde se reconoce el derecho a trabajar, asimismo, el artículo 14 bis, establece que el trabajo en sus diversas formas gozara de la protección de las leyes, las que aseguraran al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital y móvil; igual remuneración por igual tarea” e insistieron en que “cada persona debería tener la libertad de elegirlo, en condiciones equitativas y satisfactorias, con el cual a través de él se perciban remuneraciones dignas a fin de sostener su vida”.

Además precisaron que “conforme a la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con Discapacidad a través de la Ley Nº 26.378, se le da reconocimiento al derecho al trabajo, siendo protector de su cumplimiento el Estado, el cual deberá promover el ejercicio de dichos derechos”.

Sobre esa misma línea, los opositores plantearon que “la esencia de este proyecto es buscar la regulación de la actividad laboral de las personas con discapacidad, haciendo cumplir la normativa vigente y superándola en post de trabajar por una Ciudad más justa para todos y todas” e indicaron que “el pase a planta permanente de las personas con discapacidad en la Legislatura de la Ciudad sentará precedente en materia de legislación laboral, posicionando a la Ciudad de Buenos Aires, y a esta casa en particular, como un espacio de inclusión y accesibilidad”.

“Poder generar leyes tendientes a garantizar derechos a las personas con discapacidad nos permite profundizar en un paradigma de ampliación de garantías en el marco de los Derechos Humanos”, sentenciaron.

Cabe recordar que la iniciativa lleva la firma de Matías Barroetaveña, María Bielli, Claudio Morresi, Juan Manuel Valdés y Laura Velasco (FdT).

La senadora nacional Silvina García Larraburu (Unidad Ciudadana – Río Negro) impulsa desde 2017 un proyecto de ley que propone un programa de becas para promover y fortalecer a los trabajadores del arte y la cultura con discapacidad. La iniciativa fue trabajada en conjunto con el Centro Cultural y Educativo Cre-Arte.

“Junto a Luis “Chicho” Suero, de Cre-Arte, trabajamos en la iniciativa teniendo como eje principal respetar y poner en valía el artículo 30 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, detalló la senadora.

Especificó que “el programa busca incentivar a los artistas a través de un apoyo económico a las personas con discapacidad, para que puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, no solo en su propio beneficio sino también para el enriquecimiento de la sociedad”.

García Larraburu agregó que “el arte y la cultura son dos aspectos fundamentales en las instituciones que ofrecen una contención diaria y fortalecen los vínculos sociales, por ello se pensó en dos tipos de becas. Una de formación artística, para capacitarse en alguna disciplina específica y otra de creación artística, para aquellas personas y grupos de personas que tengan trayectoria y requieran fondos para desarrollar un producto. Las disciplinas en las que podrán formarse son: artes plásticas, artes audiovisuales, música, danzas, teatro y literario”.

“Las personas con discapacidad son uno de los grupos que más padeció las consecuencias de la pandemia y el aislamiento. Por eso, resultar menester generar programas focalizados en su sociabilización y realización creativa”, concluyó.

En el último tramo de una sesión que comenzó pasadas las 14 horas, la Cámara de Senadores dio media sanción con 54 votos afirmativos a dos proyectos de ley en materia de salud de personas con discapacidad, uno propone modificar la ley de prevención de discapacidades en el recién nacido, mientras que el otro tiene como objetivo asegurar la contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de trisomía 21 - síndrome de Down para su hijo en gestación o recién nacido.

La modificación de la Ley de Prevención de Discapacidades en el Recién Nacido 26.279 recae sobre su artículo primero para que establezca que “al listado de estudios que deben practicarse en los recién nacidos se incorpora la detección de cardiopatías congénitas asintomáticas mediante oximetría de pulso”.

Por otro lado, el proyecto de Diagnóstico Humanizado presentado por el senador Julio Cobos y el presidente de la Comisión de Salud, Mario Fiad, busca: “Asegurar la contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de trisomía 21 - síndrome de Down para su hijo en gestación o recién nacido, mediante una adecuada comunicación interpersonal e información objetiva y actualizada de la condición informada”.

Entre los objetivos se destacan: “Proveer a los progenitores información completa, precisa y actualizada sobre el diagnóstico, pronóstico, opciones y servicios de salud y de apoyo para las personas con síndrome de Down y sus familias; Promover la capacitación en el modelo social de discapacidad y sensibilización de los equipos de salud para generar las instancias de diálogo y provisión de la información al o los progenitores que reciban este diagnóstico; Promover la atención oportuna y estimulación temprana del recién nacido con diagnóstico de síndrome de Down para asegurar su calidad de vida en igualdad de oportunidades y contribuir a la plena inclusión de las personas con discapacidad, evitando la difusión de estereotipos o el surgimiento de nuevas formas de discriminación”.

En tanto, establece que la autoridad de aplicación será definida por el Poder Ejecutivo y tendrá como funciones: “Promover la formación y capacitación continua a profesionales de la salud sobre la comunicación a las familias con un diagnóstico de síndrome de Down y sobre los derechos de las personas con discapacidad; elaborar y difundir un protocolo respecto de la comunicación y la información que debe proveerse”.

“Generar, colectar y sistematizar la información respecto a la cantidad de casos diagnosticados con síndrome de Down al solo efecto de ser utilizados por el sistema de salud con la debida protección de los datos personales; difundir cartelería en los establecimientos de salud respecto de los derechos de los progenitores que reciben un pronóstico o diagnóstico y de las personas con síndrome de Down; difundir en su página web toda información necesaria y útil para el tratamiento y desarrollo de las actividades de personas con síndrome de Down y sus familias; etc.”, agrega.

En suma, respecto a la comunicación que realicen los profesionales y/o los equipos de salud debe reunir las siguientes condiciones: “Realizarse en un ámbito de intimidad y privacidad, asegurar la disponibilidad de tiempo necesaria para evacuar dudas y consultas; ser empática, en lenguaje claro, actualizada, neutral, respetuosa de la dignidad de las personas con discapacidad y en formatos accesibles con una perspectiva en derechos humanos”.

Cobos explicó: “Estoy muy conforme con la aprobación de este proyecto, que busca asegurar la contención y el acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de Síndrome de Down para su hijo en gestación o recién nacido; a través de un marco general que garantice una adecuada comunicación e información completa, precisa y actualizada sobre el diagnóstico, pronóstico, opciones y servicios de salud y de apoyo para las personas con Síndrome de Down y sus familias. Entendemos que con esto damos respuestas a una demanda legítima de organizaciones de familiares de chicos con Síndrome de Down, relacionada con la forma de abordar el diagnóstico y la necesidad de contar con toda la información posible”.

“Al momento del diagnóstico prenatal o posnatal, se tiene que brindar información en los términos de la ley 26.529 y la vinculada a la condición diagnosticada, recomendaciones de seguimiento clínico, recursos, grupos y asociaciones de acompañamiento y contención de las personas con discapacidad y sus familias, servicios sanitarios y de apoyo públicos y de la sociedad civil, así como los sitios de interés para usuarios que reciban el diagnóstico prenatal o postnatal del Síndrome de Down”, señaló el senador mendocino.

Y expresó: “Por eso, promovemos la capacitación y sensibilización de los equipos de salud para generar instancias de diálogo y provisión de la información a quienes reciban este diagnóstico, y la atención oportuna y estimulación temprana del recién nacido con diagnóstico de Síndrome de Down para asegurar su calidad de vida en igualdad de oportunidades”.

“Este proyecto tiene relación directa con otro de mi autoría que es el de la ampliación de la Libreta de Salud, que es un documento único que reúne toda la información concerniente al Estado de la salud en general, desarrollo psicofísico, control de vacunaciones declaradas obligatorias y demás datos relevantes para su bienestar y calidad de vida. La Libreta vigente no incluye las curvas de crecimiento y desarrollo, ni los controles necesarios para niños y adolescentes con Síndrome de Down. Nuestra intención es que los niños con Síndrome de Down y su familia se encuentren contenidos por el sistema, brindándoles apoyo y orientación, como así también, proveerles de información significativa para el ejercicio de sus derechos”, explayó el legislador radical.

La Comisión de Legislación General del Senado, presidia por Ana Claudia Almirón (FdT – Corrientes), avaló dos proyectos de la senadora pampeana Norma Durango (FdT), uno sobre el régimen de proyección de los actos de autoprotección y de las directivas anticipadas en el Código Civil y Comercial, mientras que el otro fue tratado en un plenario con la Comisión de Salud, cuyo titular es el radical Mario Fiad, que propone armonizar las disposiciones del régimen para las intervenciones de contracepción quirúrgica sancionado a través de la Ley 26.130 el cual cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

“Es un acto de que las personas con discapacidad puedan ser reconocidos en su propio consentimiento en forma igualitaria y ejercicio igualitario de sus derechos”, señaló Almirón y explicó que “este expediente modifica normas del Código Civil y Comercial establece una regulación legal para todos los actos de autoprotección y de las directivas participadas concomitantes. Establece poder plasmar el ejercicio igualitario de los derechos fundamentales de todas las personas más allá de las circunstancias y tener la decisión de su vida, diversidad y unicidad”.

A su vez, la legisladora santafesina María de los Ángeles Sacnun (FdT) remarcó “la importancia de poder avanzar en este proyecto. Tiene y contiene una profunda sensibilidad respecto de las personas vulnerables, yo diría que atiende a esos derechos humanos incorporados a la Constitución, a ese bloque constitucional, al que también forman parte los tratados internacionales. Les da un espacio en el derecho de autoprotección de forma acabada a todas las personas vulnerables que quizás no alcanzaban la protección en el actual código”.

“Hay una ampliación en la autonomía de la voluntad. Va más allá de lo sanitario esto, tiene que ver con el resto de la vida de las personas y que ayuda a clarificar los alcances de los instrumentos como el de poder dejar sentado cual es la voluntad de la persona a que sobrevenga algún tipo de incapacidad que impida expresar su voluntad”, agregó.

Y continuó: “También considero que contribuye a la uniformidad nacional del tema lo cual es importante porque garantiza que todas las personas tengan un pie de igualdad y un perfeccionamiento de lo que significa el acto de autoprotección. Tiene que ver con el profundo respeto de lo que consideramos como los derechos humanos. A veces se infantiliza a las personas que tienen un tipo de discapacidad y se toman decisiones que van en contra de lo que quieren hacer voluntariamente”.

“El proyecto de ley para las intervenciones de contracepción quirúrgica sobre los servicios de sistema de salud para personas con discapacidad viene con media sanción de Diputados”, remarcó la presidenta de la comisión de Legislación General y explicó que “tiene su antecedente en la Ley 26.130 de anticoncepción quirúrgica que garantiza a toda persona mayor de edad el derecho a acceder a las prácticas ligaduras de trompas, de Falopio, deferentes o vasectomía. El derecho a limitar la procreación es un derecho personalísimo para las personas con discapacidad, el respeto de la decisión personal”.

A continuación, el presidente de la Comisión de Salud Mario Fiad (UCR -Jujuy) manifestó de forma breve que “damos cuenta del valor que tiene el proyecto”. “Para darle un marco regulatorio y reconocer el ejercicio igualitario para todas las personas en los actos de proyección en salud, bienes o cualquier tipo de acción”, concluyó Almirón.

Diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por la cordobesa Soledad Carrizo, presentaron este lunes un proyecto de resolución a través del cuál solicitan al Poder Ejecutivo Nacional que disponga las medidas necesarias para garantizar a los usuarios con discapacidad visual la accesibilidad a todos los servicios financieros de terminales de cajeros automáticos y plataformas de servicios web.

En este sentido, Carrizo afirmó: “Esta iniciativa surge del convencimiento de la existencia de impedimentos para un ejercicio libre, igualitario y plenamente accesible de actividades cotidianas que atentan contra la autonomía e independencia de las personas con algún tipo de discapacidad”.

“Nos motiva la necesidad de asegurar la efectiva vigencia de los derechos de las personas con discapacidad y por ello debemos trabajar para eliminar todas aquellas barreras comunicacionales, arquitectónicas y socio-culturales a las que están expuestas diariamente”, agregó.

El proyecto contempla el pedido para la habilitación de operaciones seguras de transferencias y pagos de servicios por terminales de cajeros automáticos y plataforma de servicios web, la señalización indicativa de la ubicación de los cajeros automáticos habilitados para usuarios con discapacidad visual y su estado de funcionamiento dentro de las casas operativas. Además, condiciones de ingreso, movimiento y egreso seguro para el adecuado uso de terminales de cajeros automáticos y accesibilidad al medio físico.

Por otra parte y de manera complementaria, la iniciativa establece la capacitación de personal para asistir de forma virtual, telefónica o presencial a usuarios con discapacidad visual en el adecuado uso de los servicios financieros disponibles y campañas informativas y de capacitación a usuarios y clientes con discapacidad visual sobre las distintas formas, medios, operatorias habilitadas y utilización segura de terminales de cajeros automáticos y plataformas de servicios web para servicios financieros.

En este sentido, la legisladora cordobesa aseguró que para lograr ello, “el camino es visibilizar la problemática a la que diariamente se enfrentan las personas con discapacidad, generando una agenda legislativa propia que recepte su reclamo y lo transforme en políticas públicas concretas y efectivas”.

“Por eso le pedimos al Poder Ejecutivo que disponga de la readecuación del marco regulatorio existente o dictado de nuevas medidas dirigidas al universo de usuarios de servicios financieros con discapacidad visual; esto es, todas aquellas personas que reclaman un acceso irrestricto a la operatoria de plataformas web y terminales de cajeros automáticos”, finalizó.

Acompañan con su firma los diputados Lorena Matzen, Gabriela Lena, Joseì Riccardo, Gustavo Menna, Mario Arce, Ximena Garciìa, Brenda Austin, Aida Ayala, Claudia Najul, Gonzalo Del Cerro, Jorge Enriquez, Alfredo Schiavoni y Héctor Stefani.

La Cámara de Diputados dio media sanción por 237 votos a favor, 1 en contra y una abstención, y giró al Senado un proyecto que busca que las personas con discapacidad puedan decidir sobre su capacidad reproductiva, en relación a la anticoncepción quirúrgica.

A pesar de lo que se esperaba, la votación no fue por una unanimidad ya que el diputado santafesino Esteban Bogdanich (Frente de Todos) votó en contra mientras que el legislador neuquino Francisco Sánchez (Juntos por el Cambio) se abstuvo.

La iniciativa se trata de una modificación a la Ley 26.130, sancionada en 2006, que estableció el derecho al acceso a las prácticas quirúrgicas denominadas “ligadura de trompas de falopio” y “ligadura de conductos deferentes o vasectomía” en los servicios de sistema de salud.

El debate

Al inicio del debate, el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin (FdT) sostuvo que “el objetivo de esta ley tiene que ver con aquellas personas con discapacidad no puedan ser intervenidas quirúrgicamente para una contracepción sin haber expresado claramente su voluntad”.

A su turno, la diputada chaqueña Lucila Masin (FdT) dijo que “este proyecto es fruto del trabajo colectivo y se nutrió del aporte de organizaciones de personas con discapacidad y los respectivos informes técnicos. Estamos garantizando un derecho humano y saldando una deuda de la democracia”, apuntó.

Luego, la diputada bonaerense Silvia Lospennato (JxC) manifestó: “Esta reforma a la ley de contracepción quirúrgica es necesaria, es justa, es una deuda con los Derechos Humanos de las personas con discapacidad, que hoy empezamos a resolver”.

En tanto, la legisladora mendocina Claudia Najul (JxC) afirmó que “la ley perpetua una discriminación histórica, la voluntad está absolutamente reemplazada por representantes legales o por una autorización de un juez, el plan de vida y proyectos quedan en manos de otra persona”.

Por su parte, la diputada cordobesa Leonor Martínez (JxC) señaló: “Buscamos modificar estos artículos para ordenar el sistema jurídico interno con la Convención de DD.HH de las Personas con Discapacidad, brindándoles la libertad y autonomía para decidir”.

Asimismo, el diputado rionegrino Luis Di Giacomo (Juntos somos Río Negro) consideró que “las personas tienen derecho a acceder a la información objetiva, pertinente, precisa, confiable, accesible y actualizada, que sean ellas quienes puedan decidir sobre su sexualidad”.

En la misma línea, la diputada sanjuanina Graciela Caselles (FdT) este proyecto “es un acto de inclusión, de libertad y autonomía para las personas con discapacidad. Poner en agenda los temas de discapacidad y dar respuestas, es el camino para consolidar la Argentina inclusiva que todos y todas queremos”, cerró.

Actualmente, dicha norma establece que "cuando se tratare de una persona declarada judicialmente incapaz, es requisito ineludible la autorización judicial solicitada por el representante legal de aquélla".

A través del proyecto aprobado, la nueva redacción de la ley indicará que "todas las personas con discapacidad, sin excepción, tienen derecho a brindar su consentimiento informado para acceder a intervenciones de contracepción quirúrgica, por sí mismas y en igualdad de condiciones con las demás personas".

"Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir información sobre las prácticas reguladas en esta ley en medios y formatos accesibles y a solicitar sistemas de apoyo y ajustes razonables que les permitan consentir en forma autónoma. Deben adoptarse salvaguardas para evitar la sustitución en la toma de decisiones", agrega el nuevo artículo 3.

También, señala que "si se tratara de persona con capacidad restringida por sentencia judicial y la misma no refiere al ejercicio del derecho que otorga la presente ley, ella debe prestar su consentimiento informado sin ningún impedimento".

"Si la sentencia de restricción a la capacidad designa apoyo para el ejercicio del derecho previsto en la presente ley, el consentimiento informado debe ser prestado por la persona con discapacidad con la asistencia prevista por el sistema de apoyos del artículo 32 del Código Civil y Comercial", completa el texto del proyecto que ahora deberá ser analizado por la Cámara alta.

El diputado nacional Eduardo Valdés (Frente de Todos-CABA) presentó un proyecto de ley para crear la Defensoría Nacional de las Personas con Discapacidad. Según la iniciativa, la misma quedará bajo la órbita del Poder Legislativo, y tiene por objetivo "la defensa y protección de los intereses y derechos de las personas con discapacidad, tutelados por la Constitución Nacional, tratados internacionales y leyes, frente a los actos, hechos u omisiones de la administración pública nacional, entidades o personas jurídicas, públicas o privadas, que presten todo tipo de servicios, cuidados y asistencia". 

De aprobarse, la Defensoría llegaría a proteger los derechos de tres millones y medio de argentinos y argentinas con algún tipo de discapacidad, según datos del INDEC de 2018.

"Con este proyecto buscamos que el sector tenga una voz propia que defienda sus derechos para que tanto el Estado como otros ámbitos brinden las respuestas que el sector está esperando. Las dificultades de las personas con discapacidad para acceder a las prestaciones que brindan tanto el sector público como privado son muchas, y se vieron agravadas en el marco de la pandemia. Creemos que una Defensoría específica para este enorme universo, conformado por personas de todas las edades, extracciones sociales y provincias, es un gran paso hacia un país más justo y solidario", sostuvo el legislador porteño.

La iniciativa, que cuenta con las firmas de los diputados Rosana Bertone, Alcira Figueroa, Carolina Moisés, Juan Carlos Alderete, Lía Vernónica Caliva, Ricardo Daives, Marcelo Koenig, Susana Landriscini, Danilo Flores, Mabel Caparrós y Omar Felix, está apoyada en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por las Naciones Unidas en 2006, aprobada en la Argentina en 2008, e incorporada en el artículo 75 de la Constitución Nacional a través de la Ley 27.044 en 2015.

Dicha convención obliga a los Estados a "adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención; tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad”, tal como lo establece en su artículo 4. 

De esta manera, la Defensoría propuesta será el espacio propicio y con competencia para “velar por el derecho a la vida, la educación, el empleo, la salud y la no discriminación de personas con al menos una discapacidad, entre otros derechos que frecuentemente son vulnerados”.

A su vez, la propuesta del diputado del bloque Frente de Todos señala que "la creación de la Defensoría de las Personas con Discapacidad procura garantizar la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, dotando a un organismo independiente de los instrumentos, facultades y recursos necesarios para tal misión, interviniendo en todas las áreas que afectan la vida, la salud, la educación, la seguridad y el bienestar de las personas con discapacidad y sus grupos familiares".

Respecto del mecanismo de selección del titular, el articulado elaborado por Valdés establece que la figura del defensor o defensora será determinada por una comisión bicameral integrada por cinco representantes de cada cámara del Congreso, la cual "tendrá a su cargo la evaluación de la designación, que se llevará a cabo mediante concurso público de antecedentes". 

La designación se llevará adelante mediante concurso público de antecedentes, del cual surgirán cuatro candidatos y candidatas, para ocupar el cargo que tendrá una vigencia de cinco años, con la posibilidad de ser renovado por única vez.

La Comisión Especial de Personas con Discapacidad de la Legislatura porteña debatió la modificación del Código de Edificación desde la perspectiva de la discapacidad en conjunto con legisladores, especialistas y organizaciones que nuclean a personas con discapacidad. Allí se expusieron las críticas en materia de accesibilidad a la modificación que se está debatiendo en la Comisión de Planeamiento Urbano.

El objetivo del encuentro fue poner de relieve los aportes que tenía el colectivo de personas con discapacidad por medio de la elaboración de un informe que será remitido a las autoridades del Gobierno de la Ciudad y de la Comisión de Planeamiento Urbano que encabeza el debate. Juan Manuel Valdés, presidente de la Comisión Especial de Personas con Discapacidad, agradeció el debate y los aportes realizados: "Este debate está estructuralmente vinculado con lo que hoy está en las tapas de los diarios. En el mundo estamos debatiendo si es necesario fomentar la densificación de los centros urbanos o acostumbrarnos a ciudades de proximidad".

Del debate participaron Fundación Rumbos, REDI, la Biblioteca de Ciegos, Acceso Ya y la Defensoría del Pueblo, quienes consideraron un gran retroceso la modificación del código de edificación y aseguraron que "las leyes del mercado están avanzando sobre los derechos humanos" y que eso genera una "gran preocupación y mayor retroceso para las personas con discapacidad".

Estuvieron presentes, además, los legisladores y legisladoras María Sol Méndez, Victoria Montenegro, Ana Bou Pérez, Javier Andrade, Cristina García y Lucía Romano.

El titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Fernando Galarraga, defendió este martes al presidente Alberto Fernández y destacó su “predisposición y humidad”, luego de sus cuestionados dichos sobre la situación de los niños con discapacidad frente a la pandemia.

Galarraga expuso ante la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, que preside Leonor Martínez Villada (Coalición Cívica), donde presentó un informe de gestión y respondió preguntas de legisladores.

En ese marco, la santafesina Gisela Scaglia (Pro) preguntó al funcionario sobre las declaraciones de Fernández, que a su juicio “estuvieron mal”.

Es que, a propósito de la suspensión de clases presenciales en el AMBA, el presidente comentó: “Todo este tiempo he hablado con maestras de escuela de chicos con capacidades diferentes, de lo difícil que se les hace trabajar con esos chicos, que no entienden la dimensión del problema sanitario que enfrentan”.

Galarraga no eludió la respuesta. “No soy una persona que esté radicalizada con la terminología, porque entiendo que estamos atravesando un tiempo de transición donde las personas con discapacidad están buscando más protagonismo y más acceso a sus derechos, y donde muchas familias tomaron la voz de esas personas”, introdujo.

Y continuó: “Me quiero quedar con el respaldo y el acompañamiento político que el primer mandatario nos brinda en cada una de las gestiones”.

“No se podría haber aumentado el presupuesto un 53% como se hizo en 2020 si no hubiera acompañamiento ni respaldo político”, retrucó el titular de la ANDIS.

Luego sostuvo que “como sociedad tenemos que incorporar lo que significa el paradigma de la discapacidad, y eso implica la terminología, pero fundamentalmente las actitudes, la predisposición, la respuesta individual y colectiva, y mucho más para quienes desempeñamos roles políticos y de conducción en el Estado Nacional”.

Fue entonces cuando destacó “la apertura y la humildad” de Fernández al recibirlo este lunes en Casa Rosada, donde se le brindó una capacitación en la materia.

“Nos brindó un respaldo muy significativo a cada una de estas líneas de acción y con absoluta predisposición y humildad trabajó con nosotros en relación a conceptos que van más allá de una palabra bien o mal usada”, afirmó.

Al brindar su informe de gestión, Galarraga sostuvo: “Trabajamos por una Argentina con mayor igualdad, donde las personas con discapacidad tienen y deben ocupar un lugar, y en donde el Estado debe ser un actor protagónico. La discapacidad debe estar en la agenda pública y política”.

Entre las principales iniciativas que nombró el funcionario se destacan la restitución de las pensiones a personas con discapacidad y el Plan Federal Incluir Salud.

También subrayó “la necesidad de avanzar en dispositivos para las clases virtuales de los alumnos con discapacidad”, como computadoras, tablets o celulares, “porque son la llave para acceder a la educación”.

Por su parte, Martínez Villada consideró que “es imperiosa la inclusión de las personas con discapacidad en las políticas públicas”, mientras que la vicepresidenta de la comisión, Graciela Caselles (Frente de Todos) remarcó: “Debemos dar solución a los derechos de todas las personas con discapacidad, y trabajar en conjunto para encontrar el camino más igualitario para todos, sobre todo en este contexto particular”.

La diputada nacional Victoria Morales Gorleri (Pro) presentó un proyecto para conocer si las personas con discapacidad están contempladas en el plan de vacunación contra el Covid-19.

“En este contexto de vacunación 'VIP' para los amigos del poder, y ante la falta de información por parte del Ejecutivo Nacional respecto del plan de vacunación, es fundamental saber qué se está haciendo por las personas con discapacidad y sus equipos de acompañamiento”, señaló la porteña.

A través de la iniciativa se solicitan precisiones sobre si existen partidas de vacunas contra el Covid-19 destinadas exclusivamente a las personas con discapacidad, al tiempo que consulta sobre la participación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para la ejecución de dicho plan de vacunación.

Además, se piden informes sobre si está contemplada una partida determinada de vacunas para el personal destinado al cuidado de las personas con discapacidad, teniendo en cuenta que gran parte de los tratamientos que realizan requieren del contacto estrecho entre el personal de salud y la persona atendida.

“La Constitución Nacional y los Tratados Internacionales, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece que es obligación por parte del Estado velar, promover y proteger los derechos de todas las personas con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso", expresó la legisladora de Juntos por el Cambio.

Finalmente, Morales Gorleri sostuvo que "en este contexto de pandemia es imperioso que el Poder Ejecutivo Nacional informe y, en el caso que aun no lo esté haciendo, atienda con prioridad la necesidad de las personas con discapacidad”.

El diputado nacional Diego Mestre (UCR) presentó un proyecto para eximir del pago del impuesto a las Ganancias a las personas con discapacidad y familiares directos a cargo, en la previa del tratamiento de la iniciativa del oficialismo para subir el mínimo no imponible del tributo.

“De acuerdo a un informe realizado por el Indec en el año 2018, el 10,2% de la población argentina padece algún tipo de discapacidad. Ante este panorama, es de vital importancia eximir del pago del impuesto a las Ganancias a este sector de la población lo que ayudaría a mejorarles la calidad de vida”, señaló Mestre.

El legislador recordó que “la constitución nacional en su artículo 75 establece que debemos legislar y promover acciones que garanticen igualdad real de oportunidades y pleno goce y ejercicio de derechos en particular a personas con discapacidad, niños y mujeres. Eximirlos del pago de Ganancias es un paso en esa dirección”.

Además, puso como ejemplo que “existen normativas nacionales y provinciales que eximen del gravamen a este sector de la población para, por ejemplo, la compra de vehículos, pero la mirada no debe estar puesta solo en la persona que adolece la discapacidad sino también en los familiares directos que lo acompañan, por ello es que entendemos que la exención debe ser más integral para tener más igualdad de derechos y aplicar una justicia social real”.

Se reunió una mesa de trabajo para enriquecer un proyecto de ley que tiene por objetivo la capacitación obligatoria en la temática de discapacidad y derechos humanos para empleados públicos de la Provincia de Buenos Aires. La iniciativa, a cargo de la diputada provincial Laura Aprile, busca sumar voces y aportes al proyecto de su autoría.

De la reunión, participaron el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Federico Otermín; el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Maximiliano Abad; la diputadas Nora Salbitano y Mariana Larroque; personas con discapacidad, investigadores y representantes de organizaciones sociales de la materia.

“Como presidenta de la Comisión de Asuntos de las Personas con Discapacidad, siempre quise trabajar junto a organizaciones y al resto del arco político. Estoy segura que tenemos que tener políticas reales de Estado para poder hacer un buen trabajo. Tenemos que dejar de lado las diferencias, saltar la grieta y trabajar en estos temas, a largo plazo, con consensos y en serio”, explicó Aprile.

Se prevé que en la próxima sesión de la Legislatura se pueda tratar el tema. Por eso, esta reunión busca sumar conceptos y definiciones que aporten desde distintos sectores al proyecto inicial.

“Como funcionarios del Estado no estamos exentos de reproducir prejuicios y el desconocimiento. La diferencia es que ocupamos lugares en los que debemos trabajar para garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de las personas. Y creo que en este caso, no basta con tener un área que trabaje en discapacidad en particular: hay temas que deben ser considerados por todas las áreas, hay que pensar y hacer con perspectiva de discapacidad desde todos los Ministerios y áreas, incluso desde la justicia. Que todas las áreas puedan pensar sus políticas, sus comunicaciones, sus intervenciones, con perspectiva de discapacidad”, señaló Aprile. Que agregó: “Entonces, para ello debemos capacitarnos: no convertirnos en expertos, pero sí lograr sensibilizarnos para poder trabajar en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas inclusivas y accesibles; y en la modificación de aquellas normas y acciones que limitan el ejercicio de los derechos”.

Participó también la investigadora del CONICET Agustina Palacios; Celeste Fernández, coordinadora del área de Discapacidad y Derechos Humanos de la Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); Sandra Katz y Evelina Díaz de la Comisión Universitaria de Discapacidad de la UNLP; Gabriela Troiano de la Red por los Derechos de las PcD (REDI); Elena dal Bo, directora Ejecutiva de Asociación Azul y Juan Cobeñas, integrante de Asociación Azul; Lourdes Martínez y Laura Pelagatti Rey, ambas de la Red Nacional de Talleres Protegidos Brenda Pignol y Celeste Pavez de la empresa social Libertate y Luciana Conti, politóloga y especialista en políticas sociales, relatora de la Comisión de Asuntos de las Personas con Discapacidad.

La Cámara alta aprobó y giró a la Cámara de Diputados este jueves, por unanimidad (63 votos positivos), un paquete de cinco proyectos vinculados a la discapacidad.

Símbolo de Accesibilidad Universal

Una de las iniciativas fue presentada por María Inés Pilatti Vergara (Frente de Todos) y promueve la adopción del nuevo Símbolo de Accesibilidad Universal, diseñado por Naciones Unidas en 2015.

Actualmente, el símbolo utilizado en los lugares accesibles para personas con discapacidad es el contemplado en la norma IRAM 3722, fue aprobado en 1991 y simula una persona en silla de ruedas.

La nueva imagen consiste en una figura humana con los brazos abiertos, simbolizando la inclusión para las personas sin distinción de sus capacidades.

Según el proyecto aprobado, este símbolo debería ser implementado a fin de identificar el acceso de las personas con discapacidad a edificios, vías públicas, servicios de transporte, vehículos, instalaciones exteriores e interiores y páginas web.

Sistema Braille en ascensores

El Senado también avaló un proyecto de Roberto Basualdo (Juntos por el Cambio) que propone incorporar en los ascensores de organismos públicos la señalización en sistema braille y parlante.

El tablero de los ascensores deberá contar con el sistema numérico convencional y además su equivalente en braille, para que las personas con ceguera o deficiencia visual puedan movilizarse con independencia.

Una vez que sea sancionada, la ley deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo dentro de los 60 días posteriores a su promulgación, y se invita a adherir a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires.

Detección temprana y atención de la hipoacusia

Otro de los proyectos que recibieron el visto bueno es de la oficialista Inés Blas y modifica la ley que creó el Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia, incorporando acciones de difusión y concientización.

Se promueve en primer lugar la formación, capacitación y sensibilización de docentes con el fin de implementar jornadas para la concientización sobre la problemática y la dificultad en el ámbito de la educación de niños, niñas, adolescentes y docentes expuestos a ruidos intensos.

También se impulsa la implementación de métodos de control y supervisión del ruido en ámbitos educacionales, ya sean guarderías, jardines de infantes, colegios primarios o secundarios, centros de estudios terciarios, universidades y conservatorios del ámbito público y privado.

Se les deberá recomendar a todas estas instituciones que instalen dispositivos detectores de niveles de sonido a fin de poder evaluar el impacto del ruido ambiente en las personas.

Además, el proyecto ordena desarrollar campañas audiovisuales y gráficas que tengan como destinatarios a los niños, niñas y adolescentes en sus actividades diarias, tanto educacionales, como sociales y recreativas, fomentando las pautas para la concientización, prevención, e implementación de conductas saludables.

Por último, se prevé la difusión de estas acciones en los sitios web de los distintos organismos del Estado Nacional.

Barbijo transparente

El pleno aprobó un proyecto de Juan Carlos Romero (Interbloque Parlamentario Federal) que modifica la Ley de Protección Integral a los Discapacitados, disponiendo la utilización de máscaras o barbijo transparente para interactuar con personas hipoacúsicas o con dificultades auditivas en dependencias del Estado.

El texto establece que “cuando las autoridades sanitarias indiquen el uso generalizado de barbijos, tapabocas o dispositivos similares, todas las dependencias de los tres Poderes del Estado Nacional (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que brindan atención al público deberán contar con al menos una persona que utilice dichos dispositivos en formato transparente, con el objetivo de facilitar la interacción de personas sordas, hipoacúsicas o con dificultades auditivas, permitiendo que puedan leer los labios o ver la expresión facial de las personas con la que están comunicándose”.

La iniciativa señala que el Poder Ejecutivo deberá garantizar la provisión de este tipo de barbijos y tapabocas, y además propone adoptar esta misma medida en el ámbito privado.

Día Nacional del Braille

Por último, la Cámara alta avaló un proyecto de Mario Fiad (UCR), titular de la Comisión de Salud, que instituye el 4 de enero de cada año como Día Nacional del Braille, en adhesión al Día Mundial del Braille.

Según el texto, la autoridad de aplicación deberá organizar “actividades de difusión orientadas a crear mayor conciencia sobre la importancia del braille como medio de comunicación para la plena realización de los derechos humanos de las personas con discapacidad visual”.

El Día Mundial del Braille fue instituido por la Asamblea General de Naciones Unidas el 1ro. de noviembre de 2018.

La Cámara alta realiza desde las 14.18 una nueva sesión especial en la que tratará un paquete de proyectos que cuenta con consenso entre los bloques. En tanto, el primer tema será la votación de una treintena de pliegos judiciales, enviados por el Poder Ejecutivo y con dictamen de la Comisión de Acuerdos.

Entre ellos se encuentra el del juez federal tucumano Raúl Daniel Bejas, propuesto para cubrir la vacante en la Cámara Nacional Electoral. Juntos por el Cambio rechaza su postulación, no solo por su pasado como apoderado del PJ en su provincia durante 12 años, sino porque en el primer lugar del concurso había resultado una mujer, Alejandra Lázzaro, secretaria de la CNE.

El temario de este jueves incluye un proyecto de Julio Cobos (UCR) que modifica el artículo 27 de la Ley 26.844 de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. La modificación consiste en que las empleadas domésticas cobren la segunda cuota del aguinaldo el 18 de diciembre, al igual que el resto de los trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo.

Se tratará a continuación un proyecto de Anabel Fernández Sagasti (FdT) que otorga beneficios laborales y previsionales a trabajadores y contratistas de viñas. Por un lado, se les otorga un régimen jubilatorio igual al de los peones rurales, con la posibilidad de jubilarse a los 57 años; y por otra parte se amplía la mensualidad que reciben los contratistas, de diez a doce meses.

Otro de los proyectos del temario busca ampliar de dos a tres años el plazo de las prescripciones de los reclamos por indemnizaciones, al modificar el artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo. Asimismo, se establece la imprescriptibilidad y retroactividad de las acciones laborales indemnizatorias derivadas por delitos de lesa humanidad.

El pleno avanzará también con una modificación de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, disponiendo una línea telefónica y/o aplicación para teléfonos celulares gratuita para brindar información, contención y asesoramiento en caso de violencia, maltrato y abuso.

Además, figura un proyecto de la senadora Norma Durango (FdT) que crea el Foro Permanente de Niños, Niñas y Adolescentes; y otro que cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados para declarar el Día de la Persona Donante de Órganos el 29 de agosto.

También se abordará un proyecto del Poder Ejecutivo que aprueba el Acuerdo de Reconocimiento y Convalidación Provisoria de Títulos Universitarios para la Realización de Estudios de Posgrado con la República Dominicana, suscrito en la Ciudad de Buenos Aires.

La lista de proyectos a tratar abarca la declaración de dos Monumentos Históricos Nacionales: el “Solar Sarmiento”, la última casa donde vivió Domingo Faustino Sarmiento, ubicada en Asunción, Paraguay; y la Escuela Normal Fray Justo Santa María de Oro, en la localidad sanjuanina de Jáchal.
Se votará, por otra parte, la transferencia de distintos inmuebles a la ciudad de Belén (Catamarca), a la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Dorado (Misiones), a la provincia de La Pampa y a la Municipalidad de Tostado (Santa Fe).

Proyectos vinculados a discapacidad

En la sesión se tratará una iniciativa de María Inés Pilatti Vergara (FdT) que promueve la adopción del nuevo Símbolo de Accesibilidad Universal, diseñado por la ONU, que consiste en una figura con los brazos abiertos, simbolizando la inclusión para las personas sin distinción de sus capacidades.

Otros proyectos será el de Roberto Basualdo (Producción y Trabajo) que propone incorporar en los ascensores de organismos públicos la señalización en sistema braille y parlante; y uno del titular de la Comisión de Salud, Mario Fiad, que instituye el 4 de enero de cada año como Día Nacional del Braille, en adhesión al día mundial consagrado por la Asamblea de las Naciones Unidas.

Asimismo, se votará la iniciativa de Inés Blas (FdT) que modifica la Ley de Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia, en lo vinculado a acciones de difusión y concientización; y una propuesta de Juan Carlos Romero (Interbloque Parlamentario Federal) que modifica la Ley de Protección Integral a los Discapacitados, respecto de utilizar máscaras o barbijo transparente para interactuar con personas hipoacúsicas o con dificultades auditivas.

El diputado nacional Juan Martín (UCR – Santa Fe) presentó un proyecto para que la Agencia Nacional de Discapacidad y el Ministerio de Salud de la Nación, elaboren en forma conjunta el protocolo de reapertura ordenada y paulatina de las prestaciones presenciales en centros de día e instituciones afines, para acelerar la reapertura de los espacios dedicados a las prestaciones terapéuticas para personas con discapacidad, en todo el país, tomando como modelo el protocolo diseñado por la Fundación Matilde Bagli.

Para el diputado “urge poner el foco en reactivar progresivamente las prestaciones presenciales brindadas en los Centros Educativos Terapéuticos, Centros de Día, Servicios de Rehabilitación, Servicios de Apoyo a la Inclusión Educativa y modalidades de prestaciones de apoyo a personas con discapacidad, para que en los mismos se pueda llevar a cabo la atención de los servicios de terapia, rehabilitación, atención temprana y atención diurna. Debiendo, a su vez, llevarse adelante una incorporación progresiva de concurrentes según criterios como, necesidad social, vulnerabilidad y grado y nivel de dependencia”.

El modelo de trabajo presentado por el legislador junto a la fundación que preside Juan Manuel Bagli incluye un minucioso esquema con todas las medidas necesarias para evitar contagios de Covid-19. Estas pautas determinan recomendaciones generales preventivas para trabajadores y pacientes; capacitación a todo el personal; cómo deben realizarse los traslados hacia y desde los espacios para personal y pacientes; qué controles implementar con proveedores y contratistas; las maneras más efectivas para la limpieza y desinfección de los lugares en general, las aulas y consultorios; la gestión de residuos; qué hacer frente a un caso sospechoso o confirmado de coronavirus; y una serie de puntos cuyo estricto cumplimiento asegurarán las prestaciones.

Según Juan Martín y la Fundación “con la incorporación a la nueva normalidad, las medidas que se establezcan deben basarse en la prudencia, primar la garantía de seguridad para todas las personas y la minimización de los riesgos. Esta situación también debe convivir y equilibrarse con la respuesta rápida a las personas con discapacidad y sus familias. Tras este largo período de confinamiento y aislamiento, este plan de transición debe ser gradual, asimétrico, y adaptable a los cambios de orientación necesarios en función a la evolución”.

Acompañan esta iniciativa los diputados de Juntos por el Cambio Lidia Ascárate, Sebastián Salvador, Claudia Najul, Niky Cantard, Gonzalo del Cerro, Lorena Matzen, Ximena García, Gustavo Menna, Josefina Mendoza y Martín Berhongaray.

El diputado Juan Manuel Valdés (FdT) junto a otros legisladores del Frente de Todos impulsaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley para incluir en el servicio de búsqueda de recorridos del Mapa Interactivo de la Ciudad la opción “Recorrido sin barreras arquitectónicas”.

Esta herramienta permitirá generar el mejor recorrido posible, haciendo énfasis en los recorridos que tarden el menor tiempo, en transporte público para personas con movilidad reducida. Además agrega la posibilidad de filtrar estaciones de subterráneo que carezcan de accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Cabe destacar que en la Ciudad, según el último censo del año 2010, residían 60 mil personas con discapacidad motriz permanente y encuestas realizadas por la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad identifican que las mayores dificultades son en el uso del transporte público: 49% en la utilización del colectivo, 43,6% en el subte y 38,7% en trenes.

Además el 38,2% manifestó dificultades en las veredas y rampas. Ante esta situación, Valdés aclaró que “de ninguna manera este proyecto pretende naturalizar la existencia de barreras arquitectónicas que van contra el derecho y convierten a la ciudad en un ámbito desigual para las personas con discapacidad” y consideró que “su difusión y el acceso a la información permitirán su visibilización y la búsqueda de políticas de fondo que eliminen finalmente las barreras existentes”.

En los fundamentos de la iniciativa, el legislador expresó que “el plan de Gobierno de la Ciudad, de acuerdo con lo estipulado por el Art. 42 de la constitución de nuestra Ciudad  prevé una ciudad a escala humana sin barreras arquitectónicas de ningún tipo” e insistió en que “la  accesibilidad urbana es una de las condiciones fundamentales del desarrollo de una vida más autónoma e independiente. Este proyecto busca como primera medida incluir las ‘Barreras arquitectónicas en el transporte público’ a la ley 2525 de ‘Sistema Único de Información Geográfica’, sancionada en el año 2007”.

“Con motivo de esto y hasta tanto se pueda garantizar la accesibilidad total a este servicio público fundamental será necesario brindar información pertinente que permita en igualdad de condiciones planificar sus traslados a las personas con movilidad reducida a partir del Mapa Interactivo de la Ciudad”, sentenció.

El proyecto fue acompañado por María Rosa Muiños, Ana María Bou Perez, Laura Velasco y Matías Barroetaveña (FdT).

La diputada bonaerense de Juntos por el Cambio Laura Aprile presentó una carta ante la ANSES para que se establezcan mecanismos “ágiles y efectivos” para atender las necesidades de las personas con discapacidad. 

“Vemos con mucha preocupación la demora y falta de respuesta que tienen las personas con discapacidad cuando necesitan hacer algún trámite. Es por eso que presenté una carta para que llevarle este reclamo a la licenciada Fernanda Raverta y ponerme a disposición para ayudar en la búsqueda de soluciones. La idea es colaborar para que el problema se resuelva, no solo marcarlo”, explicó la diputada.  

Señaló que, en este contexto de pandemia y cuarentena, “es necesario brindar soluciones y no sumar complicaciones a la sociedad en general. Estamos para sumar con ANSES y con sus autoridades para que este dificil momento se pueda pasar de la mejor manera posible”. 

Aprile es presidenta de la Comisión de Asuntos de las Personas con Discapacidad de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y trabaja la temática desde hace varios años en toda la sexta sección.

El diputado nacional Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) presentó un proyecto, con impulso de la exlegisladora Gabriela Troiano, para que las personas con discapacidad que no reciben ninguna pensión puedan acceder al beneficio del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y/o a la Tarjeta Alimentar.

La iniciativa busca "dar respuestas urgentes al reclamo" de este sector, que se ve claramente afectado por "la situación que vive nuestro país a partir de propagación del Covid-19, que además afecta aspectos sanitarios, económicos y sociales".

"Se hace evidente que las PCD se encuentran en condiciones de máxima vulnerabilidad. Asegurar el derecho a la salud y garantizar una vida autónoma e independiente a las PCD son obligaciones ineludibles para el Estado tal como lo señalan nuestras leyes y la propia Constitución Nacional", se señaló mediante un comunicado.

Además, Contigiani y Troaino enfatizaron que "la situación actual agrava la posibilidad de conseguir empleos, y sin trabajo no hay obra social, perdiendo así acceso a la salud, a las ayudas y apoyos necesarios".

También remarcaron que "las pensiones no contributivas solo alcanzan a una minoría de las PCD. Y aquellas que han accedido a una pensión no contributiva a nivel nacional reciben 12.000 pesos mensuales, mientras que quienes perciben una pensión otorgada por la provincia de Buenos Aires, las mismas son de entre 850 a 1.200 mensuales".

"Las cifras son por demás elocuentes para verificar el nivel de desprotección al que se está sometiendo a un sector tan vulnerable de nuestra sociedad", añadieron.

Después de que la Legislatura porteña incorporara a sus transmisiones de las sesiones la interpretación en Lengua de Señas Argentina (LSA), los legisladores del Frente de Todos (FdT) impulsaron en esa misma Casa un proyecto de ley para que a las mismas se le incorpore la utilización del sistema de subtitulado oculto (Closed Caption), con el fin de garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva a la información y contenidos que se transmiten en ese ámbito.

En los fundamentos de la iniciativa, los diputados consideraron que “esta disposición implicaría un avance en materia de derechos para las personas sordas e hipoacúsicas, en sintonía con lo que ocurre en los principales parlamentos del mundo” y recordaron que la LSA “permite a las personas sordas e hipoacúsicas establecer un canal de información para relacionarse con su entorno. Es, sin lugar a dudas, su principal elemento de transmisión cultural”.

Asimismo explicaron que “el sistema de subtitulado oculto complementa esta traducción, consiste en convertir el audio en un texto escrito e insertarlo de manera que aparezca como subtitulado en una pantalla o monitor” e insistieron que “la principal finalidad es facilitar el acceso de las personas con discapacidad auditiva a los contenidos emitidos en televisión, siendo de utilidad, por ejemplo, para personas adultas que por su edad tienen dificultades para escuchar”.

Al mismo tiempo recordaron que según la primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad que realizó el INDEC “más de 520 mil personas utilizan el idioma viso gestual manual en nuestro país, que se contrapone al idioma auditivo oral de las personas oyentes” e insistieron en que “la única manera de crear y garantizar la verdadera inclusión para este colectivo es construir nuevos puentes de comunicación”.

La medida lleva la firma de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro (FdT), y los legisladores Javier Andrade, Matías Barroetaveña, Santiago Roberto, Juan Manuel Valdés y Laura Velasco (FdT).

Buscando atender a la situación de crisis que atraviesa la Ciudad por la pandemia del coronavirus, el diputado Juan Manuel Valdés (FdT) presentó un proyecto de ley en la Legislatura porteña, a través del cual solicitó un subsidio excepcional para personas con discapacidad. El mismo será de dos mil para quienes tengan vigente el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

En los fundamentos de la iniciativa -que también lleva la firma de Victoria Montenegro, Leandro Santoro, Matías Barroetaveña, Santiago Roberto, Claudio Morresi y Lorena Pokoik (FdT)-, los legisladores recordaron que el Gobierno nacional estableció a través del Decreto 309/2020 un subsidio de tres mil pesos que incluye a las personas con discapacidad.

Asimismo explicaron que “teniendo en cuenta que la canasta básica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un 33% más cara que la canasta básica nacional, según cifras oficiales, la presente ley compensa esa diferencia y el subsidio propuesto es compatible por la percepción del subsidio nacional” e insistió en que “en otras provincias de nuestro país vemos cómo se han realizado iniciativas similares como por ejemplo en la provincia de Neuquén donde el estado provincial entrega bonos de gas”.

Sobre esa misma línea, aseguraron que “el aislamiento tiene un costo muy grande sobre gran parte de la población al producir una caída significativa en sus ingresos por lo que resulta necesario un acompañamiento económico” y precisaron que “esta problemática afecta de manera más intensa a las personas con discapacidad ya sea porque a ellas se les ven reducidos sus ingresos o porque esta situación ha afectado a su grupo familiar del que dependen”.

“Según el estudio nacional sobre personas con discapacidad que realizó el INDEC en el año 2008 en la Ciudad hay un 8% de personas con discapacidad; si tomamos el dato del último censo nacional que se llevó a cabo en el 2010 podemos afirmar que en nuestra ciudad viven unas 230.000 personas con discapacidad. Si bien todavía es bajo el nivel de tramitación del CUD, es fundamental acompañar a esta población que requiere de un Estado presente, sobre todo en el marco de la crisis vigente”, concluyeron.

El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Claudio Espósito, explicó este jueves que las prestaciones de esa índole fueron suspendidas de acuerdo con un “criterio epidemiológico” por la pandemia del Covid-19, aunque se mantuvieron aquellas brindadas en hogares y residencias.

Espósito expuso por videoconferencia ante la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, que preside Leonor Martínez Villada (Coalición Cívica-Córdoba), y estuvo acompañado por la directora de Apoyos y Asignaciones Económicas, Paula Martínez, y el director de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel López.

Durante la reunión virtual, la diputada Gisela Scaglia (Pro-Santa Fe) advirtió que “es un momento más que difícil para las personas con discapacidad y los papás y mamás que tienen hijos con discapacidad”, ya que “en el medio de la cuarentena se tuvieron que cerrar centros y eso ha generado un montón de interrogantes”.

En ese sentido, la legisladora consultó cuándo se van a restablecer servicios como fonoaudiología, kinesiología y terapia ocupacional.

Espósito señaló que se utilizó un “criterio de suspensión epidemiológica” y aclaró que “las prestaciones que se mantuvieron son las de hogares y residencias”.

“Lo primero que tratamos es que si se puede evitar el contacto, que lo eviten. Nos preocupa mucho más una persona con discapacidad con Covid-19 que por una cuestión particularmente ontológica”, dijo.

Asimismo, indicó que “se han abierto otras opciones, como la visita al domicilio”, y reiteró que “la protección tiene que ver, en primer lugar, con el distanciamiento social” como medida preventiva de contagios.

Por otra parte, explicó que en el Directorio de Prestaciones Básicas “se unificaron criterios a nivel nacional” respecto de las obras sociales nacionales y empresas de medicina prepaga, quedando afuera las obras sociales provinciales, que son autárquicas.

Ese Directorio, puntualizó, se atiene a los protocolos de salud de la Nación y de las provincias, y a su vez elaboró una guía para cada prestador, para evacuar consultas.

En otro orden, el funcionario informó que “las prestaciones tienen los mismos valores que se venían pagando con anterioridad” a la pandemia.

Al inicio de su exposición, Espósito explicó que el “lineamiento” de la ANDIS es “trabajar la autonomía, la independencia y la calidad de vida de las personas con discapacidad”.

El director ejecutivo de la entidad mostró a los diputados, a través de la pantalla, barbijos transparentes hechos por personas con discapacidad “que permiten que se puedan leer los labios para los intérpretes de lengua de señas”.

A su vez, destacó la “transversalidad de las políticas de empleo, salud, trabajo y educación con los distintos ministerios”, y precisó que según el Censo 2010 hay “5 millones de personas” con discapacidad, que “necesitan el acompañamiento del Estado”.

En ese sentido, resaltó “la voluntad del presidente de poner en la agenda pública la discapacidad” y de “visibilizar” esa problemática.

Por otro lado, informó que dentro de la ANDIS hay un cupo del 8% de personas con discapacidad, y puso como ejemplo que el subedirector ejecutivo, Fernando Galarraga, es una persona ciega.