Es a través de un proyecto impulsado por una diputada del Pro que pide saber cuándo se regularizará la situación.
La diputada nacional del Pro Karina Bachey presentó un proyecto para que el Poder Ejecutivo Nacional informe sobre la falta de medicamentos para las personas con discapacidad que necesitan tratamientos médicos.
El proyecto de la diputada puntana pide datos a través sobre todo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) acerca de la “falta de medicamentos para las personas con discapacidad, que necesitan cubrir tratamientos médicos sumamente importantes para su salud”, como así también informe acerca de una serie de cuestiones.
Puntualmente reclama detallar acerca de los medicamentos que se han entregado desde diciembre a febrero, a través del programa Incluir Salud; como así también informar a partir de cuándo se regularizará la situación sobre la falta de medicamentos para las personas con discapacidad que necesitan cubrir sus medicamentos. Por último, informar acerca de los motivos de los faltantes.
La propuesta de Bachey lleva también las firmas de sus pares Marilú Quiroz, Sofía Brambilla, Aníbal Tortoriello y Sergio Capozzi.
La diputada Antola pidió informes al Ministerio de Transporte sobre la advertencia del transporte de larga distancia.
Ante la advertencia de la Cámara Empresaria de Transporte de Larga Distancia, de suspender la entrega de pasajes gratuitos para personas con discapacidad por la deuda que el Gobierno nacional mantiene con las empresas de ómnibus, la diputada entrerriana de Evolución Radical Marcela Antola presentó un pedido de informes solicitando explicaciones al Ministerio de Transporte.
“Por medio de un proyecto de resolución instamos al Ministerio de Transporte a informar los motivos por cuales se suspendió el pago del porcentaje, que el Estado otorga a las empresas de ómnibus de larga distancia, en concepto de compensación por los pasajes gratuitos emitidos para personas con Certificado Único de Discapacidad o con Credencial del INCUCAI”, sostuvo la legisladora.
Las empresas reclaman un saldo atrasado de al menos diez meses, lo cual equivale a las compensaciones por más de un millón de boletos. En este sentido, Antola afirmó: “Solicitamos también que se dé a conocer la fecha desde la cual se suspendieron estas transferencias y el monto total de la deuda”.
“Si bien el secretario de Articulación Interjurisdiccional del Ministerio de Transporte, Marcos Farina, se comprometió recientemente a saldar la deuda, aguardamos que efectivamente regularice el pago para que este beneficio tan necesario deje de peligrar”, concluyó.
Juan Manuel Valdés (FdT) impulsó un proyecto de declaración mediante el cual instará a la Legislatura porteña a rechazar las declaraciones del periodista, que consideró “despectivas y humillantes”.
El diputado del Frente de Todos (FdT) y presidente de la Comisión de Discapacidad, Juan Manuel Valdés, presentó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de declaración mediante el cual buscarán que la Casa exprese “su más enérgico repudio a las declaraciones discriminatorias del comunicador Ángel ‘Baby’ Etchecopar en el programa televisivo ‘Basta Baby’ que se emite por la señal de cable América TV”.
En los fundamentos de la iniciativa, el legislador aseguró que el periodista realizó en su editorial titulada “Discapacitados” una serie de “declaraciones ofensivas hacia el colectivo de personas con discapacidad” y remarcó que “en sus dichos utilizó a las personas con discapacidad y a la condición per se para referirse de manera despectiva y humillante a diferentes actores de la política nacional. Entre los dirigentes mencionó a la expresidenta doble mandato cumplido y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner; el ex presidente mandato cumplido Mauricio Macri; el actual jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; la titular del PAMI, Luana Vulnovich y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza”.
Asimismo precisó que Etchecopar utilizó expresiones tales como “discapacidad de querer al prójimo”, “discapacitados de amor”, “discapacitados de lógica”.
En esa línea, Valdés planteó que “resulta evidente que las declaraciones del comunicador merecen el repudio de la Legislatura” y remarcó que “las personas con discapacidad y sus familias, llevan años reclamando que su condición no se tome como estigma en diversas temáticas de agenda”.
“Utilizar la palabra discapacidad como insulto no contribuye absolutamente en nada a construir una sociedad justa e igualitaria. Más aún, refuerza estereotipos que vinculan la discapacidad con la falta, en lugar de entender la discapacidad como producto social que surge debido a las barreras y entornos que limitan la plena participación de las personas con discapacidad en los distintos ámbitos personales y sociales”, sentenció el legislador del FdT.
La iniciativa impulsada por la diputada Jimena López alcanza a los beneficiados sean o no titulares del suministro. Sucede que hasta ahora, si un familiar directo cuenta con certificado de discapacidad pero no es el titular del suministro, no lo recibe.
La diputada nacional del Frente de Todos Jimena López presentó un proyecto de ley que establece un Régimen de Tarifa Inclusiva para Personas con Discapacidad con el fin de garantizar el acceso a los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas natural en red a los hogares en los que resida una persona con discapacidad sea o no titular del suministro.
Fue elaborado en conjunto la Subcomisión de Salud y Discapacidad del Enargas, integrada por asociaciones civiles e instituciones y el diputado nacional José Luis Ramón, presentado el 3 de noviembre del año 2020.
Para darle un impulso y lograr que avance, se viene difundiendo un video en las redes sociales del que participaron los actores Gustavo Garzón, Julieta Díaz, Teto Medina; Marcela Gómez y Leticia Escalante, de la Asociación Argentina de Electrodependientes; Silvina Santa Cruz, de la Asociación tu Aire Mi Esperanza; Ariel Camacho, de la Secretaría de Discapacidad de ATE Congreso; Milagros Pedro, Karina, Florencia, Natalia, Estefanía y María, de Fibrosis Quística Argentina.
Las empresas prestatarias no podrán cortar el suministro del servicio por falta de pago a los beneficiarios del presente Régimen. En los casos en que el servicio haya sido suspendido con anterioridad a la promulgación de la ley por falta de pago, se les reconectará automáticamente. Los costos de reconexión tendrán que ser asumidos por los prestadores. Respecto a la deuda de las facturas impagas de los beneficiarios del Régimen generada con anterioridad a la promulgación de la presente ley, se calculará a valores históricos, sin intereses ni cargos punitorios, y será abonada en planes de financiación adecuados a la capacidad de pago de los usuarios.
Actualmente el beneficio de la tarifa social de gas por red alcanza a 100.000 usuarios por “contar con certificado de discapacidad”, criterio de inclusión establecido en la Resolución N° 28/16 del Ministerio de Energía y Minería (MINEM). Considerando que el subsidio mencionado alcanza a un millón de hogares, el colectivo de personas con discapacidad representa solamente el 10% del registro de beneficiarios.
La diputada López expresó que “entre los motivos de tan bajo alcance, nos encontramos con que solo alcanza al titular del suministro, es decir que, si un familiar directo cuenta con certificado de discapacidad, pero no es el titular del suministro, no lo recibe. Al mismo tiempo, desde enero de 2019 solamente se otorga mediante solicitud a través del portal “MI ANSES”, anteriormente se realizaba el cruce automático mediante bases de datos (SINTYS), y se redujeron los subsidios mediante la Resolución 474/2017 del MINEM y la Resolución 14/2018 de Secretaría de Gobierno de Energía”.
Y agregó Lopez: “El Régimen de Tarifa Inclusiva para Personas con Discapacidad (TIPCD) tiene por objetivo mejorar los derechos actuales de las personas con discapacidad, dotándolos de previsibilidad en la facturación hogareña de los servicios públicos supra mencionados, a los cuales accederán a un cargo fijo y variable que son los más económicos de los usuarios residenciales.
El proyecto fue girado para su análisis a las comisiones de Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda.
El 36,5% de los menores de 6 a 14 años carece del Certificado Unico de Discapacidad, cifra que supera el 40% en la franja de 15 a 39 años. Cómo afectó a ese sector de la población y sus familias el aislamiento.
En el marco de una reunión de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados fue presentado un trabajo de Unicef destinado a establecer cómo afecta el aislamiento a los hogares con discapacidad. Así, se buscó determinar cómo ha ido teniendo un efecto el confinamiento y aislamiento en los hogares con discapacidad.
Así, según detalló Antonio Canaviri, de Unicef Argentina, se determinó que hay impactos diferenciados en diferentes poblaciones en situación de vulnerabilidad, afectando de diferentes maneras a diferentes poblaciones, como las mujeres; trabajadoras domésticas; hogares con jefatura monoparental y femenina; hogares viviendo en asentamientos urbanos y villas; migrantes y refugiados y población con discapacidad, incluyendo niños, niñas y adolescentes.
Según el censo de 2012, entre 12 y 13% de los hogares tenía al menos un miembro con alguna dificultad o limitación permanente.
El estudio permitió determinar que en la franja que va de 6 a 14 años, el 36,5% no tiene el Certificado Unico de Discapacidad (CUD), que brinda accesos a beneficios sociales; en la franja de 15 a 39 años, esa cantidad asciende al 42,8%, un número que estimó como “considerable; al tiempo que al considerar los niños de 0 a 5 años, ese porcentaje llega a 25,9%. “Los porcentajes son elevados, hay un camino a recorrer para otorgar el certificado en Argentina”, estimó Canaviri.
El estudio analizó el acceso al certificado en todo el país, advirtiéndose que las provincias de Salta, San Juan, Neuquén y Río Negro son las que tienen menor cobertura del CUD.
En cuanto a los efectos del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, el especialista señaló que el 59% de las personas encuestadas son adolescentes jóvenes. En cuanto a la vida cotidiana de los hogares con personas con discapacidad, anteriormente al ASPO el 41% asistía a un centro recreativo; el 24% lo hacía a algún espacio de recreación; un 8% trabajaba y solo un 6% recibía una prestación profesional.
Tras la pandemia, las personas tuvieron que adecuar sus rutinas. Para un 67% fue necesario crear nuevas rutinas para las personas con discapacidad dentro del hogar. Un 35% dijo que seguía recibiendo terapia por la vía telefónica; un 10% siguió recibiendo viandas alimentarias; un 3% accedió a materiales pedagógicos, en tanto que un 39% no recibía ningún apoyo.
“Es un dato alto”, observó Antonio Canaviri.
En cuanto a las principales medidas de cuidado, el 56% realizó compras de insumos para higiene; el 22% hizo salidas solo para abastecimiento y un 16% tuvo salidas, cuando no se habían habilitado oficialmente las mismas.
El 54% de los hogares con algún miembro con discapacidad manifestaron que los miembros de los mismos tuvieron que dejar de trabajar, lo cual se tradujo en un 63% de reducción de los ingresos en el hogar.
“Los ingresos de los hogares disminuían en mayor proporción en los hogares con algún miembro con discapacidad, lo que establece que el aislamiento está afectando en mayor proporción a estos hogares”, señaló el especialista.
Con relación a las actividades de cuidado dentro del hogar, el 61% de los que se encargan del discapacitado son las madres, y solo el 3% esa función la cumple el padre.
De ese 61%, el 46% debió dejar de trabajar fuera del hogar para poder cuidar a la persona con discapacidad. “La pandemia está cargando más el trabajo hacia las mujeres”, observó Antonio Canaviri.
La pandemia está cargando más el trabajo hacia las mujeres.
Por otra parte, el estudio permitió observar que un 44% manifestó que las prestaciones que recibían previo a la cuarentena fueron suspendidas.
El especialista recomendó también observar cómo los jóvenes y adolescentes están experimentando esta cuarentena, y en ese sentido precisó que 2lo que más los está afectando es esta sensación de aburrimiento, y lo que más extrañan son actividades como ver a sus amistades y familiares, ir a la escuela y salir a pasear.
Con todo, a la hora de responder las preguntas de los legisladores, Canaviri contó que al medir las salidas recreativas con los docentes encontraron que “los chicos no están queriendo salir; ven con mucho miedo salir y dar vuelta a la manzana. Eso creo que es interesante para seguir profundizando”, apuntó.
El 61% reaccionó con agrado a estas salidas, el 38% lo hizo con asombro y atención, y el 10% se opuso entre moderada y firmemente a estas salidas.
“Hay un universo de personas que van a quedar con muchísimas más dificultades”, advirtió la diputada Claudia Najul a la hora de analizar las consecuencias de la pandemia.
