La iniciativa busca asegurar cobertura integral y continua para personas con discapacidad, enfermedades crónicas o condiciones complejas, con control estatal y protección a las familias cuidadoras.
El diputado Daniel Arroyo presentó el proyecto de ley “Internación Domiciliaria Integral Lucio”, que establece un marco normativo para garantizar el acceso equitativo y de calidad a los servicios de internación domiciliaria en todo el territorio nacional. La propuesta apunta a personas con discapacidad, enfermedades crónicas o condiciones complejas de salud, y contempla la asistencia y acompañamiento de sus familias.
La iniciativa fija principios de dignidad humana, autonomía, equidad sanitaria y perspectiva de derechos humanos. Obliga a obras sociales, prepagas y prestadores a cubrir atención médica, enfermería, terapias, provisión de insumos y equipamiento, apoyo psicológico y transporte sanitario, sin interrupciones arbitrarias.
Entre los puntos centrales, crea el Registro Nacional de Internación Domiciliaria (RENID) bajo la órbita del Ministerio de Salud, que fiscalizará a los prestadores, implementará un sistema de denuncias y publicará informes anuales. También establece responsabilidad solidaria de obras sociales y empresas ante incumplimientos, sanciones por negligencias y campañas de concientización.
El proyecto incluye medidas de seguridad, protocolos obligatorios y capacitación permanente del personal en derechos humanos y atención domiciliaria, siguiendo la Ley Micaela. Además, garantiza programas de contención para familias cuidadoras y prohíbe altas sin evaluación interdisciplinaria y consentimiento informado.
En los fundamentos, Arroyo advierte sobre las graves falencias actuales: falta de personal capacitado, demoras en la cobertura y ausencia de control estatal, que derivan en vulneración de derechos y riesgos vitales. “Regular la internación domiciliaria no es sólo una necesidad técnica o sanitaria: es un acto de reparación y justicia social”, señala el texto, inspirado en el caso de Lucio, un niño que sufrió secuelas irreversibles por una mala práctica durante su atención en el hogar.
El influencer oficialista “GordoDan” lanzó una agresión personal contra el senador cordobés por su voto a favor de la Ley de Emergencia en Discapacidad. El posteo generó un repudio que se le reclamó al propio presidente Milei.
Daniel Parisini, más conocido como “GordoDan” en las redes sociales, suele allí desconocer cualquier límite a la hora de expresarse. Este jueves volvió a dar muestra de ello al cargar brutalmente contra el senador Luis Juez luego del rechazo al veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El violentísimo posteo de la principal espada en las redes sociales contra el senador cordobés por su voto contra el Gobierno fue el siguiente: “Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei”.
Ex jefe del bloque libertario, de donde fue eyectado luego por el internismo dentro de La Libertad Avanza, el diputado Oscar Zago no dudó en repudiar tales expresiones: “Repudio total. Es vergonzoso que en las cúspides del gobierno haya gente capaz de estas cosas. Dan asco. Lo repito una y mil veces: cuiden al Presidente, porque está en juego el futuro del país. Le pido al presidente que se sume al repudio. Una falta de respeto total”, posteó.
Tal fue la repercusión (negativa) que causó semejante posteo, que el Gordo Dan terminó borrándolo. Previamente había sido repudiado incluso por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien entrevistado sobre el tema en el canal TN dijo repudiar “totalmente” ese posteo. “Me parece absolutamente fuera de lugar, repudiable, y no puede aceptarse ni la grosería, ni la forma en que se expresa, ni el fondo de la cuestión”.
Recordó Francos que el senador Juez había anticipado cómo votaría, y contó que personalmente lo había llamado al legislador cordobés para decirle que repudiaba esas expresiones y le pedía disculpas.
Cuando le contaron al jefe de ministros que Parisini había borrado el tuit, dijo que “es lo que corresponde, se habrá dado cuenta que había cometido una barbaridad”.
Cuando se aprobó la ley en el Senado, el 21 de agosto pasado, el senador Juez pronunció un conmovedor discurso en el que con voz entrecortada, dijo que “cuando uno se desespera, el primer mensaje que les llega a los padres desesperados es: 'Vayan al Garrahan'. Uno se nubla en ese momento, piensa lo peor, dice qué hago con esto... Hasta que va al Garrahan, y lo atienden las personas más idóneas, ángeles, que agarran a nuestros hijos como si fueran suyos. Los agarran, los revisan de arriba abajo, los dan vuelta y todos nos volvemos con una cuota de esperanza. ¿Y cuánto vale esa esperanza? No sé, ahora quiero decirles que la única esperanza que tenemos los padres cuando tenemos criaturas con problemas la construimos en el Garrahan”.
Una iniciativa propone modificar el Código Penal para castigar con mayor severidad los robos cometidos contra personas con discapacidad. El proyecto busca reconocer la especial vulnerabilidad de estas víctimas y brindarles una protección penal reforzada.
En un nuevo intento por reforzar la protección penal a los sectores más vulnerables, la diputada nacional salteña María Emilia Orozco, del bloque La Libertad Avanza, presentó un proyecto de ley que propone incorporar un nuevo artículo al Código Penal argentino. La iniciativa busca agravar las penas por robo cuando la víctima sea una persona con discapacidad, estableciendo una condena de entre tres y diez años de prisión.
El proyecto, que propone la incorporación del artículo 164 bis al Código Penal (Ley 11.179), establece que cuando el robo sea cometido contra una persona con discapacidad debidamente acreditada —ya sea mediante el Certificado Único de Discapacidad (CUD) o por otro medio idóneo—, la pena mínima se eleve a tres años y la máxima a diez.
Fundamentos jurídicos y sociales
En los fundamentos del proyecto, Orozco argumenta que la legislación actual no contempla agravantes vinculados a la condición de la víctima, lo que deja sin una respuesta penal adecuada a situaciones en las que el delincuente se aprovecha de una persona en situación de vulnerabilidad.
La diputada cita como base constitucional el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, que otorga jerarquía constitucional a tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), aprobada por Ley 26.378. Esta convención obliga a los Estados a adoptar medidas para proteger a las personas con discapacidad frente a cualquier forma de violencia, abuso o explotación.
“Cuando un delincuente elige como víctima a quien no puede huir, resistirse o pedir ayuda, no está cometiendo un simple robo: está abusando deliberadamente de su discapacidad”, sostiene Orozco en el texto del proyecto. Y agrega: “Eso exige una respuesta penal distinta, porque hay un agravante moral que no puede ignorarse”.
La legisladora también apunta contra sectores políticos que, según ella, han hecho de la causa de la discapacidad una bandera simbólica, pero sin avanzar en medidas concretas. “La coherencia no se mide por lo que se grita en una plaza ni por la cantidad de símbolos que se exhiben, sino por lo que se vota en el recinto”, afirma.
El proyecto se inscribe en una tendencia regional de endurecimiento de penas frente a delitos cometidos contra personas en situación de vulnerabilidad. En países como Perú, por ejemplo, ya se han aprobado reformas similares que agravan las penas por robo cuando las víctimas son personas con discapacidad, adultos mayores o menores de edad.
Lo cierto es que la propuesta de Orozco pone sobre la mesa una discusión necesaria: cómo garantizar una protección efectiva a quienes, por su condición, enfrentan mayores riesgos frente al delito.
Es a través de un proyecto impulsado por una diputada del Pro que pide saber cuándo se regularizará la situación.
La diputada nacional del Pro Karina Bachey presentó un proyecto para que el Poder Ejecutivo Nacional informe sobre la falta de medicamentos para las personas con discapacidad que necesitan tratamientos médicos.
El proyecto de la diputada puntana pide datos a través sobre todo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) acerca de la “falta de medicamentos para las personas con discapacidad, que necesitan cubrir tratamientos médicos sumamente importantes para su salud”, como así también informe acerca de una serie de cuestiones.
Puntualmente reclama detallar acerca de los medicamentos que se han entregado desde diciembre a febrero, a través del programa Incluir Salud; como así también informar a partir de cuándo se regularizará la situación sobre la falta de medicamentos para las personas con discapacidad que necesitan cubrir sus medicamentos. Por último, informar acerca de los motivos de los faltantes.
La propuesta de Bachey lleva también las firmas de sus pares Marilú Quiroz, Sofía Brambilla, Aníbal Tortoriello y Sergio Capozzi.
La diputada Antola pidió informes al Ministerio de Transporte sobre la advertencia del transporte de larga distancia.
Ante la advertencia de la Cámara Empresaria de Transporte de Larga Distancia, de suspender la entrega de pasajes gratuitos para personas con discapacidad por la deuda que el Gobierno nacional mantiene con las empresas de ómnibus, la diputada entrerriana de Evolución Radical Marcela Antola presentó un pedido de informes solicitando explicaciones al Ministerio de Transporte.
“Por medio de un proyecto de resolución instamos al Ministerio de Transporte a informar los motivos por cuales se suspendió el pago del porcentaje, que el Estado otorga a las empresas de ómnibus de larga distancia, en concepto de compensación por los pasajes gratuitos emitidos para personas con Certificado Único de Discapacidad o con Credencial del INCUCAI”, sostuvo la legisladora.
Las empresas reclaman un saldo atrasado de al menos diez meses, lo cual equivale a las compensaciones por más de un millón de boletos. En este sentido, Antola afirmó: “Solicitamos también que se dé a conocer la fecha desde la cual se suspendieron estas transferencias y el monto total de la deuda”.
“Si bien el secretario de Articulación Interjurisdiccional del Ministerio de Transporte, Marcos Farina, se comprometió recientemente a saldar la deuda, aguardamos que efectivamente regularice el pago para que este beneficio tan necesario deje de peligrar”, concluyó.
Juan Manuel Valdés (FdT) impulsó un proyecto de declaración mediante el cual instará a la Legislatura porteña a rechazar las declaraciones del periodista, que consideró “despectivas y humillantes”.
El diputado del Frente de Todos (FdT) y presidente de la Comisión de Discapacidad, Juan Manuel Valdés, presentó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de declaración mediante el cual buscarán que la Casa exprese “su más enérgico repudio a las declaraciones discriminatorias del comunicador Ángel ‘Baby’ Etchecopar en el programa televisivo ‘Basta Baby’ que se emite por la señal de cable América TV”.
En los fundamentos de la iniciativa, el legislador aseguró que el periodista realizó en su editorial titulada “Discapacitados” una serie de “declaraciones ofensivas hacia el colectivo de personas con discapacidad” y remarcó que “en sus dichos utilizó a las personas con discapacidad y a la condición per se para referirse de manera despectiva y humillante a diferentes actores de la política nacional. Entre los dirigentes mencionó a la expresidenta doble mandato cumplido y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner; el ex presidente mandato cumplido Mauricio Macri; el actual jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; la titular del PAMI, Luana Vulnovich y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza”.
Asimismo precisó que Etchecopar utilizó expresiones tales como “discapacidad de querer al prójimo”, “discapacitados de amor”, “discapacitados de lógica”.
En esa línea, Valdés planteó que “resulta evidente que las declaraciones del comunicador merecen el repudio de la Legislatura” y remarcó que “las personas con discapacidad y sus familias, llevan años reclamando que su condición no se tome como estigma en diversas temáticas de agenda”.
“Utilizar la palabra discapacidad como insulto no contribuye absolutamente en nada a construir una sociedad justa e igualitaria. Más aún, refuerza estereotipos que vinculan la discapacidad con la falta, en lugar de entender la discapacidad como producto social que surge debido a las barreras y entornos que limitan la plena participación de las personas con discapacidad en los distintos ámbitos personales y sociales”, sentenció el legislador del FdT.
La iniciativa impulsada por la diputada Jimena López alcanza a los beneficiados sean o no titulares del suministro. Sucede que hasta ahora, si un familiar directo cuenta con certificado de discapacidad pero no es el titular del suministro, no lo recibe.
La diputada nacional del Frente de Todos Jimena López presentó un proyecto de ley que establece un Régimen de Tarifa Inclusiva para Personas con Discapacidad con el fin de garantizar el acceso a los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas natural en red a los hogares en los que resida una persona con discapacidad sea o no titular del suministro.
Fue elaborado en conjunto la Subcomisión de Salud y Discapacidad del Enargas, integrada por asociaciones civiles e instituciones y el diputado nacional José Luis Ramón, presentado el 3 de noviembre del año 2020.
Para darle un impulso y lograr que avance, se viene difundiendo un video en las redes sociales del que participaron los actores Gustavo Garzón, Julieta Díaz, Teto Medina; Marcela Gómez y Leticia Escalante, de la Asociación Argentina de Electrodependientes; Silvina Santa Cruz, de la Asociación tu Aire Mi Esperanza; Ariel Camacho, de la Secretaría de Discapacidad de ATE Congreso; Milagros Pedro, Karina, Florencia, Natalia, Estefanía y María, de Fibrosis Quística Argentina.
Las empresas prestatarias no podrán cortar el suministro del servicio por falta de pago a los beneficiarios del presente Régimen. En los casos en que el servicio haya sido suspendido con anterioridad a la promulgación de la ley por falta de pago, se les reconectará automáticamente. Los costos de reconexión tendrán que ser asumidos por los prestadores. Respecto a la deuda de las facturas impagas de los beneficiarios del Régimen generada con anterioridad a la promulgación de la presente ley, se calculará a valores históricos, sin intereses ni cargos punitorios, y será abonada en planes de financiación adecuados a la capacidad de pago de los usuarios.
Actualmente el beneficio de la tarifa social de gas por red alcanza a 100.000 usuarios por “contar con certificado de discapacidad”, criterio de inclusión establecido en la Resolución N° 28/16 del Ministerio de Energía y Minería (MINEM). Considerando que el subsidio mencionado alcanza a un millón de hogares, el colectivo de personas con discapacidad representa solamente el 10% del registro de beneficiarios.
La diputada López expresó que “entre los motivos de tan bajo alcance, nos encontramos con que solo alcanza al titular del suministro, es decir que, si un familiar directo cuenta con certificado de discapacidad, pero no es el titular del suministro, no lo recibe. Al mismo tiempo, desde enero de 2019 solamente se otorga mediante solicitud a través del portal “MI ANSES”, anteriormente se realizaba el cruce automático mediante bases de datos (SINTYS), y se redujeron los subsidios mediante la Resolución 474/2017 del MINEM y la Resolución 14/2018 de Secretaría de Gobierno de Energía”.
Y agregó Lopez: “El Régimen de Tarifa Inclusiva para Personas con Discapacidad (TIPCD) tiene por objetivo mejorar los derechos actuales de las personas con discapacidad, dotándolos de previsibilidad en la facturación hogareña de los servicios públicos supra mencionados, a los cuales accederán a un cargo fijo y variable que son los más económicos de los usuarios residenciales.
El proyecto fue girado para su análisis a las comisiones de Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda.
El 36,5% de los menores de 6 a 14 años carece del Certificado Unico de Discapacidad, cifra que supera el 40% en la franja de 15 a 39 años. Cómo afectó a ese sector de la población y sus familias el aislamiento.
En el marco de una reunión de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados fue presentado un trabajo de Unicef destinado a establecer cómo afecta el aislamiento a los hogares con discapacidad. Así, se buscó determinar cómo ha ido teniendo un efecto el confinamiento y aislamiento en los hogares con discapacidad.
Así, según detalló Antonio Canaviri, de Unicef Argentina, se determinó que hay impactos diferenciados en diferentes poblaciones en situación de vulnerabilidad, afectando de diferentes maneras a diferentes poblaciones, como las mujeres; trabajadoras domésticas; hogares con jefatura monoparental y femenina; hogares viviendo en asentamientos urbanos y villas; migrantes y refugiados y población con discapacidad, incluyendo niños, niñas y adolescentes.
Según el censo de 2012, entre 12 y 13% de los hogares tenía al menos un miembro con alguna dificultad o limitación permanente.
El estudio permitió determinar que en la franja que va de 6 a 14 años, el 36,5% no tiene el Certificado Unico de Discapacidad (CUD), que brinda accesos a beneficios sociales; en la franja de 15 a 39 años, esa cantidad asciende al 42,8%, un número que estimó como “considerable; al tiempo que al considerar los niños de 0 a 5 años, ese porcentaje llega a 25,9%. “Los porcentajes son elevados, hay un camino a recorrer para otorgar el certificado en Argentina”, estimó Canaviri.
El estudio analizó el acceso al certificado en todo el país, advirtiéndose que las provincias de Salta, San Juan, Neuquén y Río Negro son las que tienen menor cobertura del CUD.
En cuanto a los efectos del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, el especialista señaló que el 59% de las personas encuestadas son adolescentes jóvenes. En cuanto a la vida cotidiana de los hogares con personas con discapacidad, anteriormente al ASPO el 41% asistía a un centro recreativo; el 24% lo hacía a algún espacio de recreación; un 8% trabajaba y solo un 6% recibía una prestación profesional.
Tras la pandemia, las personas tuvieron que adecuar sus rutinas. Para un 67% fue necesario crear nuevas rutinas para las personas con discapacidad dentro del hogar. Un 35% dijo que seguía recibiendo terapia por la vía telefónica; un 10% siguió recibiendo viandas alimentarias; un 3% accedió a materiales pedagógicos, en tanto que un 39% no recibía ningún apoyo.
“Es un dato alto”, observó Antonio Canaviri.
En cuanto a las principales medidas de cuidado, el 56% realizó compras de insumos para higiene; el 22% hizo salidas solo para abastecimiento y un 16% tuvo salidas, cuando no se habían habilitado oficialmente las mismas.
El 54% de los hogares con algún miembro con discapacidad manifestaron que los miembros de los mismos tuvieron que dejar de trabajar, lo cual se tradujo en un 63% de reducción de los ingresos en el hogar.
“Los ingresos de los hogares disminuían en mayor proporción en los hogares con algún miembro con discapacidad, lo que establece que el aislamiento está afectando en mayor proporción a estos hogares”, señaló el especialista.
Con relación a las actividades de cuidado dentro del hogar, el 61% de los que se encargan del discapacitado son las madres, y solo el 3% esa función la cumple el padre.
De ese 61%, el 46% debió dejar de trabajar fuera del hogar para poder cuidar a la persona con discapacidad. “La pandemia está cargando más el trabajo hacia las mujeres”, observó Antonio Canaviri.
La pandemia está cargando más el trabajo hacia las mujeres.
Por otra parte, el estudio permitió observar que un 44% manifestó que las prestaciones que recibían previo a la cuarentena fueron suspendidas.
El especialista recomendó también observar cómo los jóvenes y adolescentes están experimentando esta cuarentena, y en ese sentido precisó que 2lo que más los está afectando es esta sensación de aburrimiento, y lo que más extrañan son actividades como ver a sus amistades y familiares, ir a la escuela y salir a pasear.
Con todo, a la hora de responder las preguntas de los legisladores, Canaviri contó que al medir las salidas recreativas con los docentes encontraron que “los chicos no están queriendo salir; ven con mucho miedo salir y dar vuelta a la manzana. Eso creo que es interesante para seguir profundizando”, apuntó.
El 61% reaccionó con agrado a estas salidas, el 38% lo hizo con asombro y atención, y el 10% se opuso entre moderada y firmemente a estas salidas.
“Hay un universo de personas que van a quedar con muchísimas más dificultades”, advirtió la diputada Claudia Najul a la hora de analizar las consecuencias de la pandemia.