El senador nacional Jorge "Coqui" Capitanich presentó un proyecto, junto a sus pares del bloque Justicialista, para que se derogue el DNU 941/25, por el cual el Gobierno introdujo una profunda reforma de la SIDE. El decreto, firmado el último día del 2025, ya despertó numerosos rechazos, así como también presentaciones judiciales en su contra.

El exgobernador chaqueño señaló que se trata de un "DNU del espionaje", mediante el cual "el Poder Ejecutivo avanzó en una reforma integral de la Ley de Inteligencia Nacional N°25.520".

Capitanich afirmó que el DNU "es inconstitucional, discrecional y peligroso ya que consolida la lógica del enemigo" y "habilita el espionaje por razones políticas, sindicales o periodísticas -prácticas expresamente prohibidas por la Ley 27.126 que el propio DNU 614 de 2024 derogó-".

Asimismo, observó que "impide el control democrático entre poderes y convierte a organismos como el ReNaPer y la ARCA en brazos ejecutores de la vigilancia estatal, vulnerando las libertades individuales de los ciudadanos".

"No existe para tal medida la necesidad y urgencia exigidas en la Constitución Nacional, pudiendo haber incluido el tratamiento de una reforma de la Ley de Inteligencia en las sesiones extraordinarias del mismo modo que se hizo con el Presupuesto, la Ley de Inocencia Fiscal y la reforma laboral", reclamó.

Y advirtió que "este no es solo un DNU" sino "la consolidación, vía decreto, de un sistema de control y vigilancia que cercena libertades, concentra poder de manera extrema y nos retrotrae a épocas que creíamos superadas. Es un golpe a la división de poderes y un salto al abismo institucional". "El Congreso debe reafirmar su autoridad y derogar este instrumento inconstitucional", pidió.

En sus fundamentos, la iniciativa se basa en ejes de la impugnación al DNU presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), al que cita textualmente al indicar la creación de una "policía secreta", incluyendo la posibilidad de detener personas sin orden judicial.

Por otro lado, menciona que este decreto pone un manto de legalidad a un “espionaje antidemocrático e inconstitucional”, al remarcar la expansión de las facultades de contrainteligencia.

En la misma línea, cuestiona que el decreto concentre en la SIDE la elaboración, administración y control de todo el presupuesto de inteligencia, configurando un esquema “opaco y discrecional que hace peligrar el control democrático”.

La diputada nacional Mónica Frade se sumó al creciente rechazo que generó el decreto de necesidad y urgencia 941/25, firmado por el presidente Javier Milei en la noche del 31 de diciembre y publicado en el Boletín Oficial en los primeros días del año. La norma introduce una reforma integral del sistema de inteligencia y otorga nuevas atribuciones a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), transformada en órgano central del Sistema de Inteligencia Nacional.

Frade calificó la decisión como un “regalo findeañero” del Gobierno y afirmó que el decreto “debe ser aniquilado por la política y/o la Justicia”. Entre los puntos más polémicos se encuentra la habilitación para que agentes de inteligencia procedan a la aprehensión de personas en determinadas circunstancias, sin orden judicial, durante tareas de inteligencia o ante delitos en flagrancia.

“La ciudadanía no es sospechosa hasta que se demuestre lo contrario. No nos dejaremos ‘aprehender’ por agentes de inteligencia. No sobrevive a ningún test de constitucionalidad”, advirtió la diputada, retomando uno de los aspectos más cuestionados del DNU, que también declara secretas todas las actividades del organismo.

Frade sostuvo además que el modelo promovido por el presidente Javier Milei “busca neutralizar voces disidentes” y que el Gobierno actúa “inseguro de su destino”. En su mensaje, aseguró que la batalla contra el decreto recién comienza: “Lo pelearemos”.

La legisladora se sumó así a un amplio sector político y social que ya alertó sobre los riesgos institucionales del nuevo esquema, que redefine estructuras internas, amplía las competencias del sistema de inteligencia y avanza hacia una centralización sin precedentes.

“Si este DNU que modifica la Ley de Inteligencia Nacional lo hubiera firmado el kirchnerismo, estaríamos ante un escándalo institucional de proporciones históricas. Pero como lo firma Milei, los bastantes y advenedizos republicanos intermitentes y de ocasión, ¿mirarán para otro lado? ¿Elegirán callar?”. La referencia fue publicada por el diputado nacional Maximiliano Ferraro, de Provincias Unidas, que ya el día anterior se había manifestado duramente respecto del decreto de necesidad y urgencia 941/25 que ya había trascendido el 1° de enero. Y allí ya se había referido a sus excompañeros de ruta de Juntos por el Cambio con este irónico comentario: “Feliz Año Nuevo a los republicanos intermitentes y de ocasión que con la excusa de ‘no era el momento’ bloquearon la reforma de la ley que regula los DNU y decretos delegados. Gracias a esa ley heredada del kirchnerismo, Milei sigue haciendo lo que quiere. Esta vez, va por el control total de la inteligencia nacional a costa de derechos, libertades y garantías”.

Este viernes, Maximiliano Ferraro se preguntó: “¿Por qué no discutir un tema tan relevante en el seno del Congreso, con debate plural, contralor efectivo y el pleno funcionamiento de los pesos y contrapesos institucionales?”.

En otro posteo había ido más lejos, al hablar de “Gestapo para todos y todas”. En ese sentido se hizo eco de una advertencia del exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez, que señaló que “el alcance del decreto es muchísimo más amplio y peligroso. No se limita a los organismos de inteligencia: involucra a todo el Sector Público Nacional”.

“Ministros del Poder Ejecutivo, rectores de universidades nacionales, el presidente del CONICET, el director ejecutivo del PAMI, las autoridades de la ANSES, del Hospital Posadas, del Hospital Ramón Carrillo, del Banco Nación y de empresas públicas quedan alcanzados por la obligación de aplicar ‘medidas de seguridad de contrainteligencia’ dentro de los organismos que conducen, acatando decisiones definidas por el Presidente de la Nación”, señaló, destacando que el artículo 3° del DNU es explícito: los “titulares de órganos y organismos” del Sector Público Nacional serán responsables de implementar esas medidas en el interior de sus instituciones. Y el propio decreto define la contrainteligencia como un conjunto de acciones destinadas a “evitar el conocimiento de la propia situación” por parte de actores estatales y no estatales.

“El problema es de fondo -aseguró-. El Sector Público Nacional, según la Ley 24.156 de administración financiera, incluye a la administración central, los organismos descentralizados, las universidades, la seguridad social y las empresas del Estado. Es decir, casi todo el Estado queda sometido a una lógica perversa y peligrosa de contrainteligencia”, y afirmó que “se habilitan así prácticas opacas, discrecionales y verticales en ámbitos que deben regirse por la autonomía, la publicidad de los actos de gobierno, la libertad académica y el control parlamentario”.

Su compañera de bloque Mónica Frade se alineó con las observaciones de Ferraro y Rodríguez advirtiéndoles a Javier Milei y Patricia Bullrich que “nuestra libertad no es condicional al gobierno que se les ha prestado. No jueguen. No provoquen. Nadie gana en ese juego. Solo seres secos y miserables pueden, mientras las familias argentinas brindan, asestar una reforma contra la Constitución Nacional”.