El Frente de Todos avaló el DNU que declaró servicios esenciales a internet, la telefonía y la TV paga

La medida dictada por el Poder Ejecutivo fue ratificada en el Senado por 41 votos a favor y 26 en contra. Además, se aprobó el DNU que derogó la intervención de Vicentin y otros cuatro decretos.

El Frente de Todos en el Senado avaló el DNU 690/20, por el cual el Gobierno nacional declaró como “servicios públicos esenciales” a internet, la telefonía móvil y fija, y la televisión por cable. La medida cosechó 41 votos a favor y 26 en contra, durante la votación realizada tras diez horas de sesión.

La votación incluyó todos los Decretos de Necesidad y Urgencia puestos a consideración en la jornada, incluido entre otros el que derogó la intervención de la empresa Vicentin.

Al oficialismo lo acompañó el rionegrino Alberto Weretilneck y la misionera Magdalena Solari Quintana. Por su parte, los senadores de Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal rechazaron el decreto.

El primer orador que hizo referencia al tema fue el radical Martín Lousteau, quien dijo “estar de acuerdo” con “el congelamiento” de las tarifas, porque tras casi seis meses de cuarentena las personas “tienen más tiempo en sus hogares” y surgen “necesidades nuevas”. “Es justo y es necesario que tengamos una política con respecto a los precios en ese sector”, agregó.

El oficialismo logró imponer su mayoría habitual.

Pero aclaró que el DNU tiene “otros condimentos que son un poquito más complejos”. Al considerar que “el acceso universal” a estos servicios puede ser algo “muy loable”, señaló que “no tan fácil de garantizar”. El porteño evaluó que “no tenemos que obturar el cambio tecnológico” y “regular para que haya igualdad dentro de la innovación, ese es el desafío que tenemos”.

Para el senador, el decreto “es muy súbito, no tiene contenido específico, genera incertidumbre y discrecionalidad, y eso atenta contra las inversiones”. Al repasar las condiciones de los servicios públicos en Argentina, el opositor resaltó que “gestionar los derechos es mucho más complejo que garantizarlos un día con un DNU”.

En coincidencia, el mendocino Julio Cobos opinó que “el congelamiento podría haber sido por DNU”, mientras que “el avance tecnológico que hay y estos servicios públicos merecen una discusión en el Congreso de la Nación”. Además, el radical advirtió que hace falta “constituir la autoridad de aplicación” respecto a la competencia y dijo que es necesario el debate para al acceso universal “garantizarlo bien, como corresponde y que tenga un valor razonable”.

Desde el Pro, la senadora Gladys González tildó al DNU de “demagógico, porque no es sostenible; obviamente es inconsulto, unilateral, es confuso, genera suspicacias, desconfianza, todo lo contrario a lo que debiera generar una política de Estado”.

La bonaerense precisó datos del ENACOM que indican que “uno de cada tres hogares no tiene acceso a internet”, lo que significa que “5,2 millones de hogares no tienen acceso a internet. No pueden acceder a educación y empleo en pandemia y antes de la pandemia”.

Para la macrista, hay que “propiciar la inversión privada” con “confianza, previsibilidad y seguridad jurídica”, algo que el decreto “no cumple con ninguna de esas premisas”.

También desde el Pro, la cordobesa Laura Rodríguez Machado fustigó al Gobierno: “Le han agarrado el gustito a los DNU, cuando en realidad el Congreso está funcionando”. Sobre el 690/20, la legisladora opinó que “pretenden controlar el precio y seguramente más adelante contenido”. “Los países que buscaron fijar precios con este método son los que también intentaron controlar los contenidos”, advirtió.

Avanzado el debate llegó el turno del oficialista Alfredo Luenzo, quien sostuvo: “En el interior tenemos menos conectividad y a valores más elevados, y esto no lo va a resolver el mercado, pero sí el DNU que estamos analizando. En este marco de pandemia no se discute el carácter de servicio público que tiene internet”.

El titular de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión aseguró que la medida “no viene a modificar ninguna ley”, sino que “a lo que viene este DNU es a reparar, en parte, el DNU 267 del 2015, por el que nadie se escandaliza”.

Recordó entonces que esa medida dictada por el expresidente Mauricio Macri “hizo nada más y nada menos que reemplazar 23 artículos” de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y “19 artículos” de la Ley de Argentina Digital. En esa línea, subrayó que no se trató “solo de la cantidad de artículos sino de la calidad de los mismos”.

El chubutense manifestó que las compañías han tenido “extraordinarias ganancias” y, aún así, se “sigue marginando” al interior, donde no se invierte. Para completar su discurso, Luenzo enfatizó que lo que se busca es “fijar precios justos y razonables” y “no hay apropiación indebida de ningún capital, no estamos estatizando absolutamente nada”, sino que “viene a reparar una ley”, la de Argentina Digital.

A su turno, el senador Oscar Parrilli recordó que durante el gobierno de Cristina Kirchner “los servicios ya habían sido declarados como servicios públicos”, por ende “no sé de qué se sorprenden, porque lo que estamos haciendo es poner nuevamente en valor esas leyes”, lanzó.

Y se preguntó si en 2015 “¿no se le cambiaron las reglas de juego a millones de argentinos?”. El oficialista apuntó que internet “es un derecho público que está siendo reconocido en el mundo entero” y ponderó que “la actitud del presidente fue muy valiente, muy acertada y mirando al futuro”.

“El siglo XXI es el siglo del conocimiento, de la información, y por eso el debate acerca de la desigualdad”, analizó Jorge Taiana, quien remarcó que “desde hace años se está hablando de la conectividad como un derecho humano”, porque “está claro que cada vez más, y la pandemia lo ha mostrado de manera brutal, es imprescindible el acceso a internet y las comunicaciones”.

El legislador de Frente de Todos precisó que “el 20% de los niños de Argentina no tienen acceso a internet en su hogar” y “uno de cada cinco alumnos no tiene internet y se queda afuera de todo tipo de clases virtuales”. “Tenemos que tener un compromiso de reducir la brecha digital y es para eso que se ha hecho este DNU”, afirmó y pronosticó que los privados “no van a dejar de invertir, van a invertir más, porque hay mucho para desarrollar”.

También defendió la medida la mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien dijo que el DNU “es uno de los más federales”, porque “hablar de la conectividad es hablar de un sueño o anhelo que tenemos todos los que hemos nacido en la profundidad de la patria”.

Sobre ello, aseveró que “la conectividad no solo es un derecho humano, sino que es condición para garantizar otros derechos humanos fundamentales”. “El Estado debe estar donde el mercado excluye y abandona”, sentenció la vicejefa de la bancada oficialista.

El senador Mayans fue contundente respecto de la mayoría que el FdT ostenta: “Nosotros marcamos las pautas”.

Sobre el cierre del debate, el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff habló de “enormes vicios, enormes irregularidades” que generaron planteos de parte de su bancada para impugnar la reunión de comisión llevada a cabo el 24 de agosto. Recordó que la misma había sido convocada un día sábado, cuando debe ser con 48 horas de anticipación, y “es de práctica que se contemple que sean días hábiles”, comentó sobre el decreto de las TICs.

En otro pasaje recordó la fusión de Cablevisión y Multicanal, firmada un 7 de diciembre de 2007 por Guillermo Moreno. “Eran ustedes, también háganse cargo”, le dijo al oficialismo.

Con referencia al decreto que deja sin efecto la intervención de Vicentin, Naidenoff recordó que al anunciarse la intervención y expropiación la oposición advirtió sobre “el enorme error” que eso representaba. “Se movilizó la sociedad”, evocó, ante lo cual dijo que 53 días después “el Gobierno reconoció el error, y bienvenido sea eso”. “Pero la verdad que hay que tener un poco de autocrítica -pidió-. ¿Pero qué es eso de ‘ya vamos a venir nosotros para hacernos cargo de una empresa desguasada para salvar esta fiesta de Vicentin’? Entonces, ¿por qué derogan el decreto? ¿Siempre responsabilizando a terceros? No encuentren justificación en lo injustificable… Hay un enorme desconocimiento que lo llevó al presidente a chocar la calesita. Admitan que se equivocaron”.

Luego fue sobre lo que sucedió en la Cámara de Diputados esta semana, cosa que consideró “una vergüenza”. “Esto ya lo vivimos y no aprenden, y vuelven con la misma lógica… Ojo que en 2015 con esta lógica perdieron. Ustedes pueden buscar enemigos, los pueden encontrar, pero no es lo que la gente espera”.

Cerró el debate el jefe del bloque Frente de Todos, José Mayans, reivindicando la mayoría que tiene este oficialismo. “Nosotros marcamos las pautas, el otro gobierno ya fracasó, y dejaron al país postrado en hambre y miseria… Y ahora vienen a decirnos qué tenemos que hacer. ¡Por favor, déjennos gobernar, nosotros vamos a marcar las pautas!”.

Al referirse puntualmente a los DNU, los consideró a todos “muy importantes”, y en referencia al decreto sobre Vicentín fustigó a la empresa y su “vaciamiento”. Respecto del decreto sobre las telecomunicaciones, dijo que “nosotros tenemos una visión distinta respecto de las tarifas”, y recordó el papel del macrismo en esa materia. “Deterioraron la industria nacional, las PyMEs”, dijo de Cambiemos, y resaltó que el decreto establece que ahora las TICs deben “fijar precios justos y razonables”.

“Ganen un poquito menos, nadie les quiere sacar la empresa”, recomendó, emprendiéndola luego contra los diputados de JxC, cuyo papel calificó como “vergonzoso”.

El resto de los decretos

El Senado ratificó además el DNU 636/20, que dispone la derogación de la intervención de la empresa Vicentin, al anular el DNU 522/20 del 9 de junio. Este decreto estaba en el temario hace dos semanas atrás, pero no se había tratado a causa de la repentina muerte del CEO de la empresa, Sergio Nardelli.

La santafesina María de los Ángeles Sacnun defendió que cuando el Gobierno dispuso la intervención se buscaba “preservar los puestos de trabajo; mantener la continuidad de la empresa, porque es estratégica; y mantener y preservar el patrimonio” de la cerealera.

La oficialista cuestionó que la “obturación a la decisión del presidente”, que calificó con “ejecutoriedad, legitimidad y legalidad”, se produjo “a través de las decisiones de la justicia provincial, que fue muy rápida para oponerse y coaptar las facultades de un DNU, pero que sin embargo no tiene la misma rapidez para definir las cuestiones en el ámbito del concurso”.

Y en cuanto a la derogación, la legisladora consideró al DNU 636/20 como algo “absolutamente correcto” porque “hoy han convertido a Vicentin en una cáscara vacía, violentando los derechos de los acreedores, del Banco de la Nación, violentando las acreencias de los pequeños y medianos productores, de las cooperativas y de los acopiadores, que se han visto defraudados”.

Además, se aprobaron el DNU 643/20, sobre modificación de los índices de actualización del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar); el DNU 634/20, por el cual se prorroga el plazo para que los contribuyentes puedan acogerse al Régimen de Regularización de Deudas hasta el 31 de agosto de 2020; el DNU 157/20, mediante el cual se crea la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación; y el decreto delegado 582/20 de enmienda a la oferta de reestructuración de la deuda pública en moneda extranjera bajo legislación extranjera.

El FdT avaló en comisión el DNU que declara esencial el servicio de internet, telefonía y TV paga

Sin la presencia de los legisladores de Juntos por el Cambio, el oficialismo avanzó con el dictamen de validez en la Bicameral de Trámite Legislativo. Críticas a la principal fuerza de la oposición, que rechaza la medida.

Sin la presencia de los legisladores de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos firmó dictamen favorable al Decreto de Necesidad y Urgencia 690/20, por el cual el Gobierno nacional declaró como “servicios públicos esenciales” a internet, la telefonía móvil y fija, y la televisión por cable.

Con mayoría en la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que preside el diputado Marcos Cleri, el oficialismo avaló la medida, cuestionada con dureza desde la principal fuerza de la oposición.

Quien defendió el DNU fue el diputado santacruceño Pablo González, que enfatizó que el decreto pone “las cosas en su lugar”. Recordó entonces que al asumir, el expresidente Mauricio Macri, dictó el DNU 267/15 que modificó las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital.

Esa medida se hizo “bajo el argumento clásico, que hoy estamos viendo otra vez en los medios: falta de inversiones y seguridad jurídica”, señaló y agregó que “así se eliminó la posibilidad que tenía el Estado de regular esta materia; con el argumento de la competencia lo único que hicieron fue profundizar el control de los monopolios”. El oficialista consideró que ese decreto “directamente vino a beneficiar” la “necesidad y urgencia para Clarín”.

Además de la decisión tomada, González sostuvo que habrá que avanzar en “volver a poner en valor” la Ley de Argentina Digital; crear “una tarifa diferencial para los beneficiarios de la AUH”; y diseñar “una referencia tarifaria para un servicio mínimo de TV, telefonía e internet, que le traiga equidad a las ciudades que están lejos”, porque los monopolios no invierten en el interior.

El legislador aseguró que el DNU 690/20 “propicia la libertad de expresión y el acceso a la información”, al tiempo que “mucha más gente se va a poder conectar”. “El Estado es el que tiene que estar para poner las cosas en su lugar, nosotros volvemos a poner las cosas en su lugar”, dijo.

“También volvemos a suspender los aumentos (hasta el 31 de diciembre), porque los autoregulados nunca lo hubieran hecho”, destacó y finalizó insistiendo que se garantiza “el acceso de todos” y de “las familias con pocos recursos”, que actualmente tienen inconvenientes con la conexión a las clases virtuales.

Foto: Comunicación Senado

Aunque no participa de la comisión, el diputado José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo) celebró la medida y la calificó como “un avance enorme” y “un hecho histórico”. También, cuestionó a Juntos por el Cambio: “Esta fuerza política no puede seguir dilatando los temas para tratar”.

El mendocino se diferenció entonces diciendo que desde su espacio “consideramos a las personas” y las políticas necesarias para que vivan “en condiciones de bienestar”, mientras que hay sectores que defienden “las ganancias económicas de un pequeño grupo de empresas que se hacen gigantes”.

Desde la izquierda, la diputada Romina Del Plá subrayó que el decreto “no avanza con temas que son fundamentales” y manifestó que la declaración de estos servicios públicos como esenciales, “no altera la estructura de funcionamiento de estas empresas y servicios que, en su inmensa mayoría, están en manos privadas y grandes monopolios”.

“Los precios los van a seguir fijando estas empresas monopólicas, no los fija el Estado”, advirtió la legisladora -que tampoco integra la bicameral- y apuntó que la suspensión “es eso, una suspensión, no la anulación”, por lo cual “queda en pie el tarifazo que ya implementaron en marzo”.

Finalmente, Cleri argumentó que “lo que hace este DNU es volver a restituir parte del articulado de la Ley 27.078 (Argentina Digital), que por amplías mayorías en el Congreso de la Nación se debatió y se sancionó” durante el kirchnerismo y formaba “parte de un andamiaje que el Estado estaba llevando adelante para tener no solo una Argentina conectada, sino una política humana de comunicación que beneficie a la ciudadanía”.

Críticas a la oposición

Al comienzo del encuentro, el presidente de la comisión informó sobre la nota que presentó Juntos por el Cambio para impugnar la reunión y defendió que la convocatoria se realizó con 48 horas de anticipación, que “tal cual usos y costumbres” y en “situación de pandemia” se efectuó con “48 horas corridas”.

Además, el santafesino recordó que el pasado 28 de abril la comisión decidió “por la mayoría” que la bicameral iba a “funcionar y dictaminar de forma remota”, decisión que incluso se tomó antes de que se aprobara el protocolo de trabajo remoto en la Cámara de Diputados.

En tanto, Pablo González remarcó que “esta es la primera vez que lo hacen y vemos esta advertencia”, cuando “no es la primera vez” que se convoca a la comisión de esta manera.

Al reflexionar que se debía al DNU 690/20, el santacruceño lanzó que hay “grupos concentrados” que “son afines a ciertos legisladores”. “Antes nunca nos avisaron que iban a ir ante una instancia judicial, no se explica mucho como si antes no lo hicieron ahora lo van a hacer”, continuó.

En línea con su par, el oficialista sostuvo que la bicameral se reúne “teniendo en cuenta la situación de extrema gravedad en la cual está el país” y además es la única comisión que “funciona aún durante el receso del Congreso”.

La senadora formoseña Teresa González criticó que la postura de Juntos por el Cambio “ya se vuelve un hábito” y “tienen una actitud repetitiva durante todo el tiempo de la pandemia”. Mientras que el diputado Pablo Yedlin hizo “un llamado a la oposición a participar de los debates, a autorizar el protocolo en la Cámara de Diputados, a poder trabajar en el Congreso, que es la institucionalidad que tanto se declama y que necesitamos”.

Por su parte, la diputada Lucía Corpacci expresó: “Estoy desconcertada, me asombra la actitud de la oposición”. “Nos acusaron de que no queríamos trabajar, que no queríamos legislar, que el presidente quería sacar todo por decreto…”, repasó y mencionó también “la caravana al Congreso”.

“Uno puede pensar distinto; a veces se gana, a veces se pierde. Pero lo que no se puede dejar es de dar el debate”, consideró y añadió que “le están fallando a sus votantes, quienes le dieron el mandato de defender y de discutir lo que hay que discutir”.

El resto de los DNU aprobados

El oficialismo avanzó también con el dictamen favorable del DNU 634/20 por el cual se prorroga el plazo para que los contribuyentes puedan acogerse al Régimen de Regularización de Deudas hasta el 31 de agosto de 2020; y el DNU 643/20 sobre modificación de los índices de actualización del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar).

Además del DNU 157/20, por el cual se creó la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación; y el decreto delegado 582/20 de enmienda a la oferta de reestructuración de la deuda pública en moneda extranjera bajo legislación extranjera.

Carro aseguró que el DNU sobre telecomunicaciones “no afectará las inversiones del sector”

El titular de la Comisión de Comunicaciones e Informática en Diputados defendió la medida del Gobierno y consideró que “no tiene ni pie ni cabeza” la posibilidad de judicializar el tema.

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El presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática de Diputados, Pablo Carro, defendió el DNU sobre telecomunicaciones y sostuvo que “es una decisión muy acertada” por parte del Gobierno, que “no afectará las inversiones del sector”.

“Lo que se hizo con este decreto es declarar servicios esenciales a la telefonía, el cable e internet, lo que era ley desde 2014 con la Ley Argentina Digital, que daba facultad al Estado para regular precios y tarifas”, señaló el legislador del Frente de Todos.

En esa línea, el cordobés explicó que “este decreto no será problema para las inversiones, ya que estas grandes empresas seguirán invirtiendo porque ponen plata donde tienen sus ganancias, y el resto del sistema comunicativo es de cooperativas o PyMEs que llegan a lugares donde a estas grandes empresas no les interesa”.

“Esto era ley desde 2014 y, en 2015, un decreto de (el expresidente Mauricio) Macri modificó la Ley Argentina Digital. El decreto de ahora lo que hace es reponer dos artículos de la Ley Argentina Digital que fueron anulados por Macri por decreto”, señaló en diálogo con AM750.

El oficialista manifestó que “las empresas vienen debiendo inversiones por la economía que dejó Macri; este es un sector que ha ganado este año incluso”. “Nunca dejaron de trabajar e incluso les aumentó la demanda y vienen incumpliendo los pliegos licitados en 2014”, añadió.

Por último, ante la posibilidad de que las empresas recurran ante la Justicia para cuestionar el decreto, Carro consideró que “no tiene ni pie ni cabeza”.

El viernes pasado, el Gobierno declaró -a través del DNU 690/20- “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga, al tiempo que suspendió “cualquier aumento de precios o modificación de los mismos” hasta el 31 de diciembre próximo.

El Congreso analiza el DNU que declara esencial el servicio de internet, telefonía y TV paga

El Decreto de Necesidad y Urgencia fue anunciado el viernes pasado por el presidente Alberto Fernández. El oficialismo quiere darle dictamen para tratarlo en el recinto.

Conforme la disposición constitucional que establece un rápido tratamiento en comisión de los Decretos de Necesidad y Urgencia, la Comisión de Trámite Legislativo que conduce el diputado camporista Marcos Cleri tratará este mismo lunes el DNU que califica como “servicios públicos esenciales” los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC.

La comisión bicameral se reunirá a partir de las 13 para tratar cinco DNU, entre los que sobresale el 690/20 que involucra a los servicios de internet, telefonía celular y televisión por cable. El mismo fue publicado el 21 de agosto y formalmente modifica la Ley de las Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones Ley 27.078, estableciendo que los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. La autoridad de aplicación garantizará su efectiva disponibilidad. Argentina Digital.

Ese decreto enfrentará seguramente al Frente de Todos con Juntos por el Cambio, pero además se debatirán este lunes el decreto 634/20 por el cual se prorroga hasta el 31 de agosto de 2020, el Régimen de Regularización – Ley N° 27.541: el 643/20 por el cual modifica el Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Unica Familiar (Pro.Cre.Ar).

El temario incluye el DNU 157/20, por el cual se crea la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación; y también el Decreto de Facultades Delegadas N° 582 del 6 de julio del 2020 por el cual se aprueba el modelo de Enmienda N° 1 al Suplemento de Prospecto del 21 de abril de 2020 obrante con su traducción al idioma castellano.