El Gobierno nacional autorizó el ingreso de fuerzas militares de los Estados Unidos en territorio argentino para participar de los ejercicios “Daga Atlántica” que comenzará el próximo 21 de abril y concluirá el 12 de junio. También aprobó el despliegue de fuerzas locales para el ejercicio naval “PASSEX” que se desarrollará entre el 26 y 30 de abril.

La medida fue oficializada a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia bajo el número 264/26 que se publicó este viernes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y el Gabinete de ministros.

Recientemente el tema despertó críticas de parte de la oposición, que reclamó que el ingreso y salida de tropas siga siendo determinado en el recinto, como establece la constitución, y no por la vía del decreto.

Sin embargo, el Gobierno menciona que el proyecto fue enviado al Congreso de la Nación para su tratamiento que tiende a la autorización de la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas nacionales para participar en los ejercicios contemplados en el Programa de Ejercitaciones Combinadas que se detallan en sus Anexos, a realizarse durante el período comprendido entre el 1° de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026, el cual “aún no ha tenido tratamiento en la Honorable Cámara de Diputados”.

Esta demora llevó a recurrir al mecanismo excepcional del decreto de necesidad y urgencia, previsto en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional y regulado por la Ley 26.122. Según la normativa oficial estos ejercicios fortalecen la imagen internacional de la Argentina como un socio confiable en materia de estabilidad regional y seguridad global.

Además, detalla que el ejercicio “Daga Atlántica” reunirá a fuerzas argentinas y estadounidenses en áreas jurisdiccionales terrestres, aéreas, marítimas y fluviales, con actividades en la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina, ubicada en el partido de Moreno, provincia de Buenos Aires.

“Mejora la interoperabilidad y la integración doctrinal, fortaleciendo nuestra capacidad de operar en escenarios combinados, defendiendo espacios de jurisdicción nacional y áreas de interés estratégico, y además ayuda a estandarizar los procedimientos operativos, facilitando la participación de las Fuerzas Armadas argentinas en futuras operaciones multinacionales”, argumenta.

Al respecto, destaca que la participación de la Argentina en el mencionado ejercicio señala su compromiso con la “estabilidad regional y la seguridad internacional, mejorando su reputación como socio confiable”, y sostiene que “la no participación en dicho ejercicio afectaría significativamente al adiestramiento militar conjunto combinado en operaciones especiales, al privar a nuestras fuerzas de la oportunidad de interoperar con Fuerzas de operaciones especiales de mayor experiencia y trayectoria a nivel mundial, limitando así la transferencia de conocimientos, la actualización de doctrina, la validación de procedimientos y el fortalecimiento de estándares comunes con socios estratégicos”.

Por otra parte, las actividades de “PASSEX” contarán con la participación del portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley de la Armada de los Estados Unidos de América, que navegarán por la Zona Económica Exclusiva argentina durante cinco días. Las fuerzas locales desplegarán personal y medios para ejercicios conjuntos de adiestramiento naval, en cumplimiento de acuerdos bilaterales previos.

El Gobierno argumentó que la falta de participación “afectaría significativamente el adiestramiento naval en operaciones combinadas con la Armada de los Estados Unidos”, al privar a las fuerzas argentinas de la transferencia de conocimientos. El decreto destaca que la experiencia de las fuerzas especiales de EEUU en contextos reales de combate se considera “un recurso invaluable”.

Desde que inició el receso legislativo, el 1/12/2025, el Poder Ejecutivo Nacional dictó once Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) profundizando el uso de una herramienta normativa de carácter excepcional. Este último viernes se publicó el DNU 88/2026 (06/02/2026) que inició la disolución y liquidación de IOSFA (Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas) y creó la Obra Social de las Fuerzas Armadas OSFA, en la órbita del Ministerio de Defensa, así como la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad, OSFFESEG, en la órbita del Ministerio de Seguridad.

Los DNU en cuestión abarcan materias relevantes para la vida institucional y económica del país, según informa un informe elaborado por la Universidad Austral.

DNU 941/2025 (31/12/2025): Modificó la Ley de Inteligencia Nacional.

DNU 942/2025 (31/12/2025): Prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2026 la emergencia sanitaria nacional, modificó la estructura del Ministerio de Salud y tras disolver ANDIS oficializó a la    nueva Secretaría de Discapacidad.

DNU 2/2026 (02/01/2026): Aprobó el Acuerdo modificatorio del Acta del Farallón Negro suscripto entre el Estado Nacional, la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán y creó el ente Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) con el objeto de realizar el cateo, exploración y explotación de los minerales de cualquier categoría existentes en la zona minera de Agua de Dionisio.

DNU 17/2026 (15/01/2026): Auto-autorizó al Presidente para viajar al exterior y representar al país en la firma del acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea y en el Foro Económico Mundial de Davos hasta tanto se apruebe la ley correspondiente al año 2026.

DNU 26/2026 (23/01/2026): Modificó el Plan Gas.Ar y adoptó un nuevo esquema de precios y subsidios para el gas natural.

DNU 34/2026 (23/01/2026): Modificó la ley 19.101 (de la época de Alejandro Agustín Lanusse) la cual contiene el régimen para el Personal Militar con el objeto de que se pueda permanecer activo frente a designaciones en el Ministerio de Defensa.

DNU 41/2026 (23/01/2026): Redefinió competencias para la emisión de resoluciones anticipadas en importaciones y exportaciones con modificaciones al Código Aduanero y otorgó a la    Secretaría de Industria y Comercio la facultad de intervenir en todo lo referido al origen de las mercaderías.

DNU 49/2026 (26/01/2026): Prorrogó la emergencia del sector energético nacional (extiende excepcionalidad hasta fines de 2027).

DNU 73/2026 (29/01/2026): Declaró la emergencia ígnea en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa a fin de dar una respuesta inmediata.

DNU 80/2026 (31/01/2026): Declaró la emergencia ígnea en Santa Cruz, amplió y reforzó el esquema excepcional de respuesta y coordinación federal.

DNU 88/2026 (06/02/2026): Inició la disolución y liquidación de IOSFA y crea la Obra Social de las Fuerzas Armadas OSFA en la órbita del Ministerio de Defensa y la Obra Sociales de las Fuerzas Federales de Seguridad OSFFESEG en la órbita del Ministerio de Seguridad.

Estos 11 decretos dan visibilidad a la centralidad que tiene el Presidente argentino en la función legislativa dado que, en el tiempo que lleva el receso legislativo, dictó la misma cantidad de DNU que las leyes promulgadas durante el período ordinario del 2025 (desde 1/03/25 al 30/11/25).

Según los datos del ODCL, en total, durante todo el 2025, el Presidente dictó 35 DNU, 74 decretos delegados y promulgó 13 leyes.

El desafío institucional

La Constitución Nacional admite los DNU como una herramienta excepcional, bajo condiciones estrictas y con un control posterior efectivo por parte del Congreso.

“La acumulación y frecuencia de estos once decretos vuelve a colocar en el centro del debate institucional la urgente necesidad de que el Congreso modifique cuanto antes la Ley 26.122, la cual regula el alcance y control de los DNU y el funcionamiento de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo”, explicó Verónica Nolazco, coordinadora e investigadora del ODCL y profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Austral.

Desde el Observatorio de Decretos sujetos a Control Legislativo (ODCL) de la Universidad Austral, se reafirma la importancia de monitorear y analizar el uso de esta herramienta excepcional, como parte de una democracia constitucional madura.

Leyes promulgadas durante el período ordinario de sesiones del Congreso (01/03 al 30/11 de 2025)

1) Ley 27.783: Suspensión de las PASO durante el año 2025.

2) Ley 27.784: Juicio en ausencia del imputado.

3) Ley 27.785: Reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas.

4) Ley 27.786: Abordaje integral del crimen organizado.

5) Ley 27.787: Tratado Argentina - Serbia sobre traslados, sentencias penales.

6) Ley 27.788: Tratado fiscal sobre erosión de bases imponibles.

7) Ley 27.789: Acuerdo Argentina - Consejo Fed. Suizo sobre servicios aéreos.

8) Ley 27793: Emergencia en Discapacidad en todo el Territorio Nacional (VETO - INSISTIDA)

9) Ley 27795: Financiamiento de las universidades nacionales (VETO - INSISTIDA)

10) Ley 27796: Emergencia sanitaria en salud pediátrica (VETO - INSISTIDA)

11) Ley: 27797 Ley Nicolás

Leyes promulgadas durante el receso legislativo

1) Ley 27798: Presupuesto 2026

2) Ley 27799: Inocencia Fiscal

Leyes vetadas y no insistidas (no se obtuvieron los dos tercios de los votos necesarios para su aprobación)

1) Ley 27.790: Declara zona de emergencia en Bahía y municipios de PBA.

2) Ley 27791: Incremento Excepcional y de Emergencia, para las Jubilaciones y Pensiones

3) Ley 27792: Pago de Deuda Previsional y de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados.

4) Ley 27794: Fondo de aportes del tesoro de la Nación (ATN).

Mediante el decreto de necesidad y urgencia 88/2026, el Poder Ejecutivo dispuso la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y la creación de dos nuevas entidades diferenciadas de cobertura sanitaria: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG). La medida fue publicada este viernes en el Boletín Oficial y ya entró en vigencia.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y su gabinete, se fundamenta en la “situación de desequilibrio financiero persistente” que atraviesa el IOSFA, atribuida al aumento sostenido de los costos médico-asistenciales, la heterogeneidad del padrón de afiliados y la dispersión territorial de la cobertura.

A partir de la nueva normativa, el sistema de salud se reorganiza en función de la dependencia ministerial de cada fuerza. Por un lado, se crea la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) como ente autárquico en el ámbito del Ministerio de Defensa, destinada a brindar cobertura al personal militar. Por otro, se conforma la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, para atender al personal de la Gendarmería Nacional Argentina y la Prefectura Naval Argentina.

Según el Ejecutivo, ambas fuerzas de seguridad presentan “características funcionales, operativas, demográficas y laborales sustancialmente distintas” de las Fuerzas Armadas, lo que justificaría la separación de los universos prestacionales y la creación de esquemas específicamente diseñados para cada uno.

Disolución del IOSFA y período de transición

El decreto ordena el inicio del proceso de disolución y posterior liquidación del IOSFA, que deberá completarse en un plazo máximo de 365 días corridos. Durante ese período de transición, se garantizará la continuidad de las prestaciones médicas, especialmente para los afiliados que estén recibiendo tratamientos que no puedan ser interrumpidos.

El Ministerio de Defensa designará a un administrador con amplias facultades para llevar adelante el proceso de liquidación, asistido por una Comisión Especial Ad-Hoc integrada por representantes de Defensa, Seguridad, Salud y Economía, y con control de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

Además, el personal del IOSFA perteneciente a Gendarmería y Prefectura que se encuentre en comisión o adscripto deberá regresar a sus organismos de origen.

El decreto fija plazos diferenciados para la transferencia definitiva de afiliados. En el caso de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa deberá notificar el traspaso a la OSFA dentro de los 60 días corridos desde la entrada en vigencia del DNU. Para las Fuerzas Federales de Seguridad, el Ministerio de Seguridad contará con un plazo de 180 días corridos para concretar el traspaso a la OSFFESEG.

Una vez efectuada la transferencia, cesarán los aportes al IOSFA y la cobertura asistencial quedará exclusivamente a cargo de las nuevas obras sociales.

El Ejecutivo justificó el dictado del DNU en la imposibilidad de esperar los tiempos del trámite legislativo ordinario, al considerar que el deterioro financiero del IOSFA podría derivar en una afectación “actual o inminente” del derecho a la salud de los afiliados.

En ese marco, el decreto invoca las facultades previstas en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y remite la norma a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá expedirse sobre su validez conforme a la Ley 26.122.

A tan solo tres días de que el Gobierno Nacional firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia declarando la Emergencia Ígnea en la Patagonia, este lunes tomó la decisión de extender el DNU y sumar a la provincia de Santas Cruz ante el agravamiento de los incendios forestales que afectan la región.

La medida fue oficializada a través de la publicación del decreto 80/2025 en el Boletín Oficial y, de esta manera, contempla a las provincias de Chubut, Rio Negro, La Pampa, Neuquén y la ya mencionada Santa Cruz.

El DNU lleva las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Defensa, Teniente General Carlos Presti; el de Economía, Luis Caputo; el de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; la ministra de Seguridad, Alejandra Susana Monteoliva; la de Capital Humano, Sandra Pettovello; y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

El decreto establece que la provincia recientemente incorporada queda bajo el régimen de emergencia previsto en la Ley 27.287 de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil, y declara zona de desastre a los territorios afectados por incendios. De acuerdo con la normativa, la Agencia Federal de Emergencia asume la coordinación de todas las medidas, siendo además la encargada de notificar el estado de los focos, los trabajos de combate y los recursos.

Santa Cruz no había sido inicialmente incorporada en la declaración dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional el pasado viernes, aunque el gobernador Claudio Vidal había respaldado el reclamo de los mandatarios patagónicos, en medio de los incendios que afectan a la región desde hace semanas.

“Las condiciones hidrometeorológicas adversas en la Provincia de Santa Cruz, caracterizadas por la sequía, eventos de actividad eléctrica y temperaturas por encima de lo normal, configuran un escenario de emergencia para la región, cuyo agravamiento genera daños ambientales significativos, y un menoscabo en los bienes y peligro de la vida de las personas que la habitan”, argumentó el Gobierno.

Además de declarar la Emergencia, el texto oficial a través de su artículo primero, incorporó a la provincia “en los términos previstos en el artículo 2°, inciso e) de la Ley N° 27.287 y sus modificatorias, con los alcances establecidos en los artículos 1° y 3° del Decreto No 73 del 29 de enero 2026″. Esto implica la extensión por el plazo de un año “con el fin de adoptar las medidas que resulten necesarias para propiciar y atender con carácter inminente la presupresión y combate de incendios, la restauración de las zonas afectadas y la prevención de nuevos focos”.

En esa línea, argumentaron que “la gravedad de la situación hace imposible seguir el trámite legislativo habitual para la sanción de las leyes, dado que ello irrogaría un importante retraso que dificultaría actuar en tiempo oportuno y obstaría al cumplimiento efectivo de los objetivos del presente acto, por lo que procede recurrir al remedio constitucional establecido en el artículo 99, inciso 3 de la CN”.

Ante ello, plantearon: “Se exige que el Gobierno nacional brinde una respuesta eficaz y urgente que permita la adecuada articulación y disponibilidad de los recursos públicos necesarios para el cumplimiento de los objetivos perseguidos”.

La emergencia se activó con al menos tres frentes identificados al sur de Puerto San Julián, en áreas consideradas críticas para el ecosistema local, como El Rincón, la Reserva Provincial Península de San Julián y el Parque Interjurisdiccional Marino Makenke. El foco principal avanzó hasta ubicarse a 20 kilómetros al sur de la ciudad, cerca de zonas de pesca y a unos 10 kilómetros de la Ruta Nacional Nº 3.

El fuego llegó a solo 4.000 metros de las viviendas del Campo El Montañés, aunque las autoridades aseguraron que no existió riesgo directo para esas estructuras. Además, se detectó un posible tercer foco más alejado, cuyo acceso permanecía restringido por razones de seguridad.

El titular del Juzgado Federal de Paraná, Daniel Alonso, rechazó una presentación de habeas corpus para frenar el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025 que firmó el presidente Javier Milei sobre la ampliación de facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y que le otorga nuevas funciones.

La presentación contra el DNU la había hecho un grupo de abogados de la UCR, Rubén Alberto Pagliotto, Raymundo Arturo Kisser y Armando Rafael Aquino Britos, bajo el formato de habeas corpus porque el decreto permite a la SIDE detener personas sin orden judicial, por "sospechosos", lo que según los demandantes representa "una amenaza sobre la libertad" y viola "los principios de inocencia y culpabilidad".

El Juez estableció en el fallo que “no se infiere ni siquiera de manera indiciaria la existencia de limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria, ni un atentado a la libertad decidido y en próxima vía de ejecución, ni vulneración de garantía constitucional alguna”. Además, expresó “del escrito promocional no se advierte la existencia de los supuestos de procedencia del hábeas corpus preventivo”.

El DNU, firmado el pasado 31 de diciembre, recibió numerosos amparos en su contra, pero ninguno había llegado a la instancia de ser tratado durante la feria judicial de enero, momento en el que las tareas se reducen al mínimo y solo se tratan temas de urgencia.

Qué dice el DNU

El DNU firmado por Javier Milei sobre inteligencia modifica el funcionamiento y las atribuciones de la SIDE y del sistema de inteligencia en general. En otras palabras, le da más poder operativo y centraliza funciones.

El punto más discutido del decreto es que habilita a agentes de inteligencia a detener o aprehender personas en el marco de sus actividades de inteligencia, incluso sin orden judicial previa en casos de flagrancia.

Las criticas principalmente radican en la afección de derechos y garantías constitucionales como la libertad ambulatoria y el debido proceso. Esta medida permitiría detenciones por agentes que no son parte del sistema tradicional de seguridad y sin el control judicial inmediato que exige la Constitución.

Además, el decreto establece que todas las operaciones del sistema de inteligencia tienen carácter encubierto, lo que oscurece aún más el control externo y complica saber cuándo y cómo se aplican esas facultades dentro del territorio nacional.

Más allá de las detenciones, la SIDE queda como órgano rector de todo el sistema, coordinando varias agencias como la Agencia Nacional de Contrainteligencia y la Agencia Federal de Ciberinteligencia. Esto implica una centralización del poder de inteligencia en un único organismo bajo conducción política directa. Los críticos argumentan que el DNU otorga facultades cuasi policiales por decreto, algo que tradicionalmente debe regularse por ley del Congreso.

Además, la medida contempla que la SIDE pueda requerir información de otros organismos del Estado, tanto nacionales como de provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, lo que amplía su alcance operacional. Este aspecto también fue duramente criticado por la oposición señalándolo como una forma de “des democratizar” los servicios de inteligencia.

Tal como se había anticipado durante la jornada y hecho trascender luego de la reunión de la Mesa Política reunida en Casa de Gobierno, el Poder Ejecutivo oficializó este viernes la declaración de la emergencia ígnea en cuatro provincias del sur del país, a través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 73/2026, publicado en el Boletín Oficial. La medida alcanza a Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, jurisdicciones que atraviesan una situación crítica por los incendios forestales, en particular los registrados en el Parque Nacional Los Alerces.

El decreto recuerda que el artículo 41 de la Constitución garantiza el derecho a un ambiente sano y obliga al Estado a proteger el patrimonio natural. En ese marco, el Gobierno sostiene que la gravedad del escenario, agravado por la sequía y los intensos vientos, generó un “daño ambiental significativo” y puso en riesgo bienes y vidas humanas, superando la capacidad operativa de los equipos desplegados hasta el momento.

Luego de que se informara por la tarde que habría un DNU, en lugar de una ley aprobada en el marco de las sesiones extraordinarias, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó el dato a través de las redes sociales.

Se está procediendo a firmar el Decreto de Necesidad y Urgencia que declara la Emergencia Ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa.

Fin.

— Manuel Adorni (@madorni) January 29, 2026

El DNU invoca además la Ley de Manejo del Fuego 26.815 y la Ley 27.287 de Gestión Integral del Riesgo, que establecen las bases para la prevención, control y respuesta ante siniestros forestales y otras emergencias. Según recuerda la norma, la autoridad nacional de aplicación es el Ministerio de Seguridad Nacional, del que depende la Agencia Federal de Emergencias (AFE), creada en 2025 para coordinar la asistencia ante desastres naturales.

El Gobierno argumenta que la magnitud de la situación torna imposible esperar el trámite legislativo ordinario y justifica por ello el uso de facultades excepcionales bajo el artículo 99 inciso 3 de la Constitución. El decreto dispone que la AFE asuma la coordinación de todas las acciones vinculadas a la prevención, presupresión y combate del fuego; la asistencia a las personas afectadas; y el apoyo a provincias y municipios para la recuperación de las zonas dañadas.

La emergencia ígnea tendrá una vigencia inicial de un año y se declara también zona de desastre a todo el territorio alcanzado por los incendios. La AFE deberá actuar en articulación con los gobiernos provinciales y municipales, siguiendo los protocolos del Plan Nacional de Manejo del Fuego.

Como establece la Ley 26.122, el DNU será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su tratamiento, mientras que la vigencia rige desde su publicación en el Boletín Oficial.

El texto lleva la firma del presidente Javier Milei y del gabinete en pleno.

En la antesala de que inicien las sesiones extraordinarias en el Congreso, la Mesa Política del Gobierno se reunió este jueves con el pedido explícito de los gobernadores patagónicos como eje de debate central, respecto de incorporar la emergencia ígnea en el temario y, por el momento, acordaron la declaración a través de un DNU.

La reunión se llevó a cabo en Casa Rosada y duró casi dos horas, donde se acordó avanzar con la declaración de la Emergencia ígnea mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia según confirmaron fuentes cercanas a parlamentario.com. En la misma, se realizarán cambios presupuestarios e incrementarán partidas destinadas al combate del fuego.

El encuentro estuvo encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. También participaron el asesor presidencial, Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

También estuvo el ministro de Economía, Luis Caputo. Si bien su presencia no se da en todas las ocasiones, siempre asiste cuando los temas implican cambios en términos presupuestarios o económicos en general. Sin embargo, no se precisó cuándo podría hacerse efectivo. En el ala de los gobernadores patagónicos se esperaba que fuera mañana, mientras que un sector de la Casa Rosada marcaba que todavía debía definirse qué fondos se estaban dispuestos a ceder.

Además, según trascendió fueron girados un total de $4.000 millones a la provincia de Chubut en concepto de Aportes del Tesoro Nacional. A su vez, este jueves se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, dirigida por Alejandra Monteoliva, la cual establece una serie de medidas para el fortalecimiento del financiamiento del sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país.

Según la resolución, las Asociaciones de Bomberos Voluntarios, como entes de primer grado, recibirán un total de $100.810.319.998,50. Este monto se distribuirá entre 1.062 asociaciones, con una asignación de 94.924.971,75 pesos para cada una. En tanto, las entidades de segundo grado provinciales, que agrupan a las federaciones provinciales, percibirán $7.754.639.995,93.

La resolución fue firmada el martes pasado por la tarde. En esa misma jornada, los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz); y Rolando Figueroa (Neuquén) le solicitaron formalmente al Congreso de la Nación el tratamiento de una Declaración Nacional de Emergencia Ígnea. Estos últimos tres tienen representantes en el Congreso que están dispuestos a dialogar con el oficialismo respecto a la aprobación de la Modernización Laboral.

El diputado nacional y ex ministro de Defensa, Agustín Rossi (UP), advirtió que el DNU que publicó el Gobierno nacional este lunes en el Boletín Oficial que modifica el régimen del personal militar y permite su designación en Defensa sin afectar la carrera “es un retroceso absoluto”.

“UN DNU HECHO A MEDIDA DE PRESTI: LA POLITIZACIÓN DE LAS FF. AA AVANZA”, encabezó su posteo en redes sociales y planteó que el DNU 34/2026 “oficializa una modificación a la Ley 19.101 de Personal Militar, permitiendo que el personal de las FF.AA que ocupe cargos políticos en el Ministerio de Defensa siga prestando servicio efectivo en las fuerzas. Previo a esta modificación, el militar que ocupaba dichos cargos quedaba en una situación de disponibilidad durante los primeros 6 meses. Pasados estos, ingresaba en una situación de pasivo (por 2 años más), para ya luego pasar a retiro”.

“Con este DNU, el personal militar podrá ser funcionario político del gobierno de Milei y volver después a estar al frente de un regimiento, división, brigada o comandante de un buque. La necesaria e imprescindible neutralidad política de las FFAA queda claramente vulnerada”, manifestó Rossi.

En esa línea, apuntó: “Como venimos advirtiendo desde que asumió Presti, asistimos tanto a un proceso de militarización del Ministerio de Defensa, como también a uno de politización de las FFAA. Retroceso absoluto”.

El Gobierno oficializó este lunes el Decreto 41/2026, mediante el cual introduce una nueva modificación al Código Aduanero con el fin de completar la implementación del Acuerdo de Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC). El DNU establece un nuevo esquema para las resoluciones anticipadas, un instrumento que permite a importadores y exportadores conocer de antemano la clasificación arancelaria, la valoración o el origen de una mercadería antes de iniciar una operación.

El Poder Ejecutivo recordó que, a partir del Decreto 70/2023, la normativa ya contemplaba la posibilidad de solicitar resoluciones anticipadas tanto en importación como en exportación, y que la antigua AFIP había reglamentado los procedimientos para clasificación, valoración y criterios técnicos a través de distintas resoluciones generales. Sin embargo, el Gobierno consideró necesario completar ese régimen con la regulación específica sobre resoluciones anticipadas en materia de origen, un punto que el acuerdo internacional exige y cuyo plazo de implementación —prorrogado por pedido de la Argentina— vence el 23 de enero de 2026.

En ese marco, el decreto redefine competencias: el servicio aduanero seguirá emitiendo resoluciones anticipadas sobre clasificación arancelaria, valoración u otros elementos técnicos, mientras que la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía será la autoridad responsable de emitir las resoluciones anticipadas sobre el origen de las mercaderías. El texto aclara que esta facultad podrá delegarse en funcionarios con rango no inferior a subsecretario.

El DNU establece además que tanto Aduana como la Secretaría deberán emitir sus resoluciones dentro de un plazo máximo de treinta días y que, en caso de incumplimiento, el importador o exportador podrá avanzar igualmente con la destinación, bajo el régimen previsto en el Código Aduanero. En esas situaciones, el servicio aduanero estará habilitado a exigir garantías. También se precisan los mecanismos de impugnación: las resoluciones de Aduana podrán recurrirse mediante el artículo 1053 del Código, mientras que las dictadas por la Secretaría quedarán sujetas a los recursos administrativos generales previstos por la Ley 19.549.

El Poder Ejecutivo argumentó que la medida es necesaria para asegurar la seguridad jurídica, simplificar trámites y cumplir con los compromisos internacionales de facilitación del comercio. Sostiene además que el plazo impuesto por la OMC para la implementación de las resoluciones anticipadas en materia de origen no es compatible con el trámite legislativo ordinario, por lo que se verifican las condiciones de “necesidad y urgencia” requeridas por el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional.

Finalmente, el decreto instruye a comunicar la medida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, en cumplimiento de la Ley 26.122, y dispone su entrada en vigencia inmediata a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

El Gobierno oficializó este lunes el Decreto de Necesidad y Urgencia 34/2026, mediante el cual modifica la Ley para el Personal Militar Nº 19.101 con el propósito de evitar que los miembros de las Fuerzas Armadas designados por el Poder Ejecutivo en cargos dentro del Ministerio de Defensa queden encuadrados en situaciones de disponibilidad o pasiva, lo que hasta ahora afectaba el cómputo del tiempo de servicio, los ascensos y el retiro.

Según el texto firmado por el presidente Javier Milei y el gabinete nacional, la normativa vigente generaba una “incongruencia”, dado que el personal superior del cuadro permanente que era designado para funciones dentro de Defensa no vinculadas directamente a las necesidades de las Fuerzas Armadas dejaba de figurar en “servicio efectivo”, una condición determinante para la carrera militar. El decreto sostiene que esa situación perjudicaba injustificadamente la trayectoria profesional de los oficiales convocados para colaborar en la gestión administrativa y estratégica del Ministerio.

Puntualmente el decreto viene a solucionar la situación del ministro de Defensa Carlos Presti, quien al asumir en el cargo pasó a la situación de disponibilidad, permaneciendo en actividad y con la jerarquía, aunque no ya como efectivo.

La modificación introduce un nuevo inciso dentro del artículo 38 de la ley, incorporando como “servicio efectivo” a quienes presten funciones o ejerzan cargos dentro del Ministerio de Defensa, salvo en el caso de quienes ya alcanzaron el grado máximo de cada fuerza —teniente general, almirante o brigadier general— para quienes se mantiene el régimen actual. El Gobierno argumenta que estos grados representan la culminación de la carrera, por lo que el tiempo posterior no incide en ascensos ni en el retiro.

El DNU también aclara que la medida no habilita a desempeñar simultáneamente funciones en las Fuerzas Armadas y en el Ministerio de Defensa, y que el personal involucrado deberá cumplir el régimen de incompatibilidades correspondiente. De esta manera, los oficiales no necesitarán tomar licencia al ser convocados para desempeñar tareas en la cartera conducida por Defensa, lo que evitará que pierdan tiempo de cómputo efectivo.

Además, el decreto reemplaza el artículo 60 de la Ley 19.101 para establecer que el personal militar que ocupe cargos políticos como ministro, secretario o subsecretario percibirá el haber correspondiente a su grado más un complemento para equiparar la remuneración prevista para el cargo, debiendo reintegrar al fisco la diferencia restante. También se ratifica que los gastos de representación serán percibidos en su totalidad.

En los considerandos, el Poder Ejecutivo sostiene que la cobertura inmediata de cargos en el Ministerio de Defensa es “imprescindible para asegurar la continuidad y eficacia de la gestión”, y que la demora del trámite legislativo común podría “afectar de manera significativa el normal funcionamiento” del área e incluso producir “un perjuicio irreparable” en la carrera de los oficiales convocados. Por ello, concluye que existen “circunstancias excepcionales” que justifican la vía del decreto de necesidad y urgencia conforme al artículo 99 inciso 3 de la Constitución.

El texto instruye a dar cuenta del DNU a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, encargada de emitir dictamen dentro del plazo legal, y establece su entrada en vigencia inmediata a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

MILEI QUIERE ARREGLAR UN ENCHASTRE JURÍDICO CON UN DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA QUE CAMBIA UNA LEY MILITAR Y PUENTEA AL CONGRESO

El año pasado adelantamos que el Presidente @JMilei había nombrado al Ministro de Defensa mediante "un enchastre jurídico", para cumplir con el… https://t.co/2Oqx0eLIjE

— TOPO Rodríguez (@TOPOarg) January 26, 2026

Justo al límite de completar los tiempos que establece la ley, el Gobierno de Javier Milei mandó al Congreso de la Nación el decreto de necesidad y urgencia 941/25 que reforma la Secretaría de Inteligencia y habilita cambios en la Ley de Inteligencia, con el fin de que el mismo sea tratado en la Comisión Bicameral de Permanente de Trámite Legislativo, la cual tiene competencia para pronunciarse sobre los DNU.

Así lo establece la ley, que señala que el Poder Ejecutivo, dentro de los 10 días de dictado un decreto de delegación legislativa, lo someterá a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, la cual debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento.

Suscripto el último día del año anterior, los diez días hábiles se cumplían este jueves, razón por la cual, al filo de los tiempos -tal cual es su costumbre- el Gobierno dio curso a la bicameral que, dicho sea de paso, todavía no ha sido constituida.

Si esto no sucedía, la Bicameral estaba en condiciones de abocarse de oficio al tratamiento del tema. Como sea, ahora cuenta con un plazo de 10 días hábiles para dictaminar, contados a partir de este viernes. Esto es, hasta el jueves 29 de enero tiene tiempo la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para emitir el dictamen correspondiente. Si ese plazo vence sin que la comisión haya elevado el correspondiente despacho, las cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto, de conformidad con lo establecido en los artículos 99, inciso 3 y 82 de la Constitución Nacional.

Por lo pronto, la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo debe ser primero constituida, dado que sus integrantes duran en sus funciones hasta la siguiente renovación de la Cámara a la que pertenecen. La comisión está integrada por 8 diputados y otros tantos senadores, designados por los presidentes de sus respectivas cámaras, a propuesta de los bloques parlamentarios y espetando la proporción de las representaciones políticas.

Su último presidente fue el diputado Oscar Zago (MID); ahora corresponde que la comisión esté presidida por un senador. Los diputados que conformaban la anterior bicameral eran, además del citado Zago, Lisandro Almirón (LLA), Ramiro Gutiérrez (UP), Vanesa Siley (UP) y Nicolás Massot (Encuentro Federal), y los exdiputados Carolina Gaillard (UP), Hernán Lombardi (Pro) y Francisco Monti (Liga del Interior). Y los senadores eran Anabel Fernández Sagasti (UP), Mariano Recalde (UP), Luis Juez (Pro), Carlos “Camau” Espínola (Unidad Federal) y Juan Carlos Pagotto (LLA), y los ex senadores María Teresa González (UP), Víctor Zimmermann (UCR) y Juan Carlos Romero (Cambio Federal).

Está claro que la resolución del tema tendrá lugar en el mes de febrero, cuando la oposición buscará impulsar el tratamiento del DNU en ambos recintos. Será el primer gran desafío que tendrá el oficialismo con su nueva conformación, más el antecedente no menor de que fue precisamente un decreto de necesidad y urgencia sobre el tema Inteligencia (en ese caso fondos reservados por cien mil millones de pesos) el primer DNU rechazado a un gobierno.

Las chances de rechazo

El tratamiento del DNU puede comenzar por cualquiera de los dos recintos. Obviamente Unión por la Patria hace punta en ambas cámaras, sumando a sus 93 diputados, a los que habrá que sumar a los 4 de la izquierda. Y también, sin duda, a los 22 del interbloque Unidos.

Para el rechazo necesitarán contar con una decena más de diputados: seguramente Marcela Pagano (Coherencia), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) y Jorge “Gato” Fernández (Primero San Luis), pero no hay muchas certezas de que pueda llegar a alcanzar los 7 restantes.

Si bien los diputados del Pro votaron contra el anterior DNU sobre inteligencia, ahora no es probable que suceda. A través de un comunicado conocido el día de la publicación del DNU en el Boletín Oficial, el bloque que conduce Cristian Ritondo advirtió que “los cambios introducidos podrían resultar positivos”, aunque aclararon que era “imprescindible” conocer “los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos, tanto para las tareas de contrainteligencia como para las facultades vinculadas a la aprensión de personas, subrayando que esta última es de carácter restrictivo y excepcional, dado que el agente de inteligencia no puede revelar su identidad ni darse a conocer durante el ejercicio de su función”.

En el Senado en cambio el peronismo asegura 28 votos en contra, y podría garantizarse un número impreciso de radicales. El resto está en veremos.

Qué dice el DNU

Uno de los cambios más sensibles del DNU 941/25 aparece en el nuevo artículo 2° bis incorporado a la ley. Allí se establece que “todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad”. La norma no distingue entre tipos de tareas ni niveles de intervención y declara como regla general el carácter secreto de toda actividad de inteligencia, con el objetivo explícito de reducir riesgos estratégicos.

El DNU también define por primera vez qué se entiende por “investigación de inteligencia”, describiéndola como el conjunto de tareas y procedimientos destinados a identificar “acciones y actores involucrados en actividades de interés para la Inteligencia Nacional”.

Otro eje central de la reforma es la redefinición de la contrainteligencia. El nuevo artículo 2° quater amplía de manera significativa su alcance: incluye la prevención de espionaje, sabotaje, infiltración, fuga de información, injerencia, interferencia e influencia externa sobre el proceso decisorio de las autoridades constitucionales, los intereses estratégicos nacionales y la población en general.

Además, el decreto introduce las denominadas “Medidas de Seguridad de Contrainteligencia”, que deberán ser adoptadas en todo el Sector Público Nacional y cuya responsabilidad recae directamente en los titulares de cada organismo estatal. Se trata de un punto clave: la contrainteligencia deja de ser una tarea exclusiva del sistema de inteligencia para transformarse en una obligación transversal de la administración pública.

Humo y un paisaje de color gris, teñido por las cenizas y la vegetación quemada como consecuencia del paso del fuego en la Patagonia argentina, que desde fines de diciembre del 2025 se incendia y las llamas continúan arrasando miles de hectáreas a medida que se propagan, mientras los brigadistas y los bomberos luchan a contrarreloj para poder apagarlas.

“Ley de Ecocidio”, reclamó el gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres”, al Congreso Nacional, un proyecto que tiene estado parlamentario y fue presentado por una senadora de su provincia, Edith Terenzi.

Con ella dialogó parlamentario.com en medio de la dramática situación que atraviesa el sur del país, quien adelantó que impulsará “fuertemente en estos días” la iniciativa de su autoría que presentó el año pasado para que se incorpore el delito de ecocidio como tipificación en el Código Penal Nacional.

“El proyecto lo que hace es tipificar el ecocidio y otras formas especiales de criminalidades ambientales. Hay una definición de tipología, también hay un agravante si se produce alguna muerte”, precisó y adelantó que trabajarán para que pueda ser tratado en comisiones “lo más rápidamente posible”. La iniciativa tiene giro a las comisiones de Justicia y Asuntos Penales -como cabecera- y la de Ambiente y Desarrollo Sustentable que ella misma preside.

“A fines de enero y los primeros días de febrero vamos a tratar de, incluso, ver si podemos incorporarlo en las sesiones extraordinarias que el Ejecutivo probablemente convoque para febrero”, afirmó Terenzi a este medio.

La senadora aclaró que la redacción del texto “no surgió por los incendios en la en la Cordillera chubutense, esto es algo que veníamos pensando desde hace mucho tiempo. Primero, cuando sucedió el tema de Punta Tombo y los pingüinos (N. de la R: la “masacre” o “ecocidio de Punta Tombo” ocurrió entre agosto y diciembre de 2021 en una estancia privada lindera al Área Natural Protegida Punta Tombo, en Chubut. El responsable fue Ricardo Adolfo La Regina, un productor agropecuario que utilizó maquinaria pesada para abrir caminos y colocar un alambrado sin autorización ambiental, y en ese marco murieron más de 100 pingüinos de Magallanes durante la temporada reproductiva). Después nos acercaron el tema del Canal de la Patria en donde caían tantos animales y no había ningún tipo de protección y veíamos cantidad de osos hormigueros muertos en extinción, por ejemplo, por una obra que estaba sin terminar, sin las protecciones necesarias para la fauna de esa zona”.

Por otro lado, remarcó que el tema de prevención “corre por cuenta de la provincia y los municipios, sobre todo los municipios de la Comarca Andina, que son los que se ven afectados por este tipo de siniestros. La política de prevención de los municipios y de la provincia tiene que pasar por mantener lo más limpio posible todos los lugares que tienen cercanía con los bosques, eso también es un trabajo de los intendentes y los vecinos”.

Terenzi explicó que los incendios también se deben a “un combo de situaciones que se vienen dando, como por ejemplo la crisis de deficiencia hídrica más grande que hemos tenido en los últimos 60 años”, y detalló que este invierno, el centro de esquí de La Hoya, el más cercano a la a la ciudad de Esquel, no comenzó su temporada por falta de nieve: “Todo lo que tiene que ver con los deshielos que se producen con las nevadas en las Altas Cumbres, sabíamos que iba a traer consecuencias”.

La senadora chubutense destacó la labor del gobernador de la provincia que “desde el primer día que se desató el incendio en Puerto Patriada estuvo al frente del comité de emergencia en la zona de Las Golondrinas con todo su gabinete y desplegando todos los recursos”. En esa línea, ponderó la solidaridad de las provincias linderas como el avión 737 que envió la provincia de Santiago del Estero.

Como dato aparte, Terenzi explicó: “Hay que separar los incendios concurrentes, que hay en este momento, y de los incendios intencionales como el de la zona de Puerto Patriada porque se encontraron algunos elementos como acelerantes y demás que los está investigando, incluso una división especial de la Policía Federal Argentina”.

“Es absolutamente diferente del incendio que comenzó en el Parque Nacional Los Alerces que comenzó en el núcleo duro del parque que, por supuesto, está atendido por jurisdicciones diferentes porque el parque nacional es nacional, y el resto del incendio de Puerto Patriada está atendido directamente por el gobierno de la provincia”, diferenció.

Sistema Nacional de Manejo del Fuego

En otro tramo de la entrevista, Terenzi se refirió al Sistema Nacional de Manejo del Fuego, señalando que “en los últimos años hubo una sub ejecución de las partidas presupuestarias por parte del Gobierno nacional”, y precisó que “así ha sucedido en el 2024 donde hubo una sub ejecución con respecto a las partidas de asignadas al manejo del fuego del 2023, y lo mismo sucedió en el 2025 con una sub ejecución casi por arriba de 60 casi 70% de las partidas que están definidas”.

Además, respaldó el reclamo de los brigadistas nacionales que “es realmente es legítimo, es muy valedero el reclamo de salarios y de precariedad que tienen los brigadistas del servicio nacional en el manejo del fuego”.

También, la senadora denunció que hay “algunas personas, incluso algunos grupos bastante desestabilizadores, que hablan de las quemas intencionales para la venta de los de las tierras”, y aclaró que “las tierras de parques nacionales no se pueden enajenar, son justamente parques nacionales”.

“Las tierras de la provincia con bosque nativo están protegidas por la Constitución de la provincia del Chubut. Los bosques nativos son dominio del gobierno provincial, y cualquier modificación o cualquier definición o decisión que se tome con respecto a tierras con bosque nativo, necesita mayorías especialísimas como los cuatro quintos para modificar ese estatus”, explicó.

Terenzi informó que esto quedó redactado en la reforma de la Constitución de la provincia en 1994 cuando los recursos fueron definidos a nombre de las provincias. “La provincia de Chubut hizo especial hincapié en el dominio de sus bosques nativos, por lo tanto, hablar de venta de tierras que se quemen en la provincia por incendios, ya sea intencionales o no, es una es de una irracionalidad y de una irresponsabilidad extrema”, criticó.

Así, insistió que “el artículo 105 de la Constitución de la provincia del Chubut da el dominio exclusivo del bosque nativo a la a la provincia, y modificar una ley de bosques necesita las mayorías más especiales que tiene la Constitución de la provincia, que son los cuatro quintos del cuerpo legislativo provincial”.

Ley Nicolás: la única que el Gobierno no vetó

A modo de balance legislativo, la senadora destacó la aprobación de la Ley Nicolás que fue la única ley que el Gobierno nacional no vetó en el 2025. “Fue algo que decidimos ponernos al hombro y por la que reclamamos muchas veces en el recinto para que se incorporara al orden del día cuando teníamos una seguidilla de sesiones especiales, en donde los temarios los hacía el Poder Ejecutivo. Pedimos preferencias, sabíamos que teníamos dictámenes unánimes y no lográbamos que llegara al recinto, pero finalmente lo logramos y fue una gran satisfacción muy importante”, expresó.

Otra de las leyes que la senadora impulsó es la de Atrofia Muscular Espinal (AME), que cuenta con media sanción del Senado y espera su tratamiento en Diputados. “Logramos que el Senado tomara conciencia de la gravedad de la situación y de la necesidad imperiosa de pesquisarme para salvar vidas”.

“No es una cuestión presupuestaria, es una cuestión de vida o muerte”, planteó. La iniciativa tiene giro en las comisiones de Salud, de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda de Diputados, por lo que la senadora pedirá una reunión conjunta para tratar el tema. “Ojalá logremos la media sanción que falta. La verdad me parece que ese es uno de los trabajos más importantes que vamos a seguir a lo largo de este año”, manifestó.

Reforma Laboral y DNU de la SIDE

Por otro lado, Terenzi brindó su punto de vista sobre la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional cuyo dictamen será debatido en el mes de febrero. Al respecto, la senadora expresó preocupación por “la caída de coparticipación”, ya que “hay una fuerte disminución de recursos a las provincias. Es algo que estamos conversando con el gobernador y, por supuesto, con todo su equipo técnico económico. Vamos a ver qué decisión tomamos en los en los próximos días o por lo menos de aquí hasta que el proyecto sea tratado en el recinto”.

Con respecto al decreto de necesidad y urgencia que reforma la Ley de la SIDE, que despertó una gran polémica, la legisladora chubutense opinó: “Un DNU que está modificando una ley eso ya desde el inicio es una irregularidad muy grave, por lo tanto, creo que lo primero que tiene que suceder, y que estamos esperando que suceda, es que los presidentes de ambas cámaras convoquen a la reunión de la Bicameral de DNU para ver la validez o no. Sino, sucederá como en otras ocasiones que llegan directamente al recinto a pedido de algún sector político”.

Mientas desde Casa Rosada siguen atentamente los pasos de la justicia y esperan que rechace los amparos presentados contra el DNU de la SIDE, el diputado nacional Maximiliano Ferraro remarcó que existen “razones jurídicas claras” para sostener que el decreto es inconstitucional porque “invade competencias exclusivas del Congreso”.

A través de un extenso posteo en su cuenta de “X”, el legislador de la Coalición Cívica señaló que “no es solo una controversia política” el rechazo del DNU y enumero una serie de razones en respaldo de la acción de amparo.

Ferraro planteó que el Ejecutivo desconoce que la legitimación en el amparo por inconstitucionalidad de normas “no depende exclusivamente de la existencia de un perjuicio individual, sino que entiende aquellas situaciones que revisten en suma gravedad institucional y para nada este caso recae sobre cuestiones abstractas”.

“Cuando un DNU invade competencias exclusivas del Congreso, legisla sobre materias prohibidas o excede los límites constitucionales, se afecta el orden constitucional mismo, lo que habilita su impugnación judicial”, resaltó.

En esa línea, recordó que los diputados nacionales “ejercen la representación del pueblo de la Nación, conforme lo establece la Constitución al definir a la Argentina como un sistema representativo, republicano y federal. La CN pone en cabeza de los legisladores la representación popular que legitima el dictado de nuestra legislación”.

“Cuando un DNU vulnera a todas luces los límites que le pone la Constitución no solo incurre en un acto de gravedad institucional, sino que también viola el efectivo derecho de los legisladores de ejercer la representación popular mediante el debate y el voto y resguardar su rol dentro de las instituciones republicana”, manifestó.

Así, expresó: “La vulneración de este ‘derecho de función’ del legislador, legítima a impugnar judicialmente un DNU que altera la división de poderes. Negar esa legitimación implica vaciar de contenido el principio republicano y reducir el control constitucional a una mera formalidad, cuando en realidad es una garantía esencial del sistema de frenos y contrapesos”.

Ferraro también argumentó que el DNU “no pueden legislar en materias expresamente vedadas, como la penal, tributaria, electoral o el régimen de partidos políticos”, y señaló que “en este caso, el decreto no se limita a una reorganización administrativa interna de la SIDE, sino que introduce facultades punitivas o de detención directa, lo que invade de manera manifiesta la materia penal, reservada al Congreso de la Nación. Esta extralimitación vulnera una prohibición constitucional expresa y debilita de forma radical la validez del decreto como DNU”.

“No existió ni existe una situación excepcional que haya impedido el tratamiento del tema por el trámite ordinario de sanción de una ley. La ausencia de ese presupuesto fáctico invalida el uso del DNU como herramienta constitucional excepcional”, sumó.

Por último, indicó que los decretos de necesidad y urgencia están sujetos a control judicial pleno, incluyendo la verificación de los presupuestos de necesidad y urgencia invocados por el Poder Ejecutivo. “En ese marco, la discusión sobre legitimación no se agota en la acreditación de un daño subjetivo individual, sino en la adecuación del decreto al texto, al espíritu de la Constitución y al sistema republicano de división de poderes”, cerró.

Tras la presentación ante la justicia en contra del DNU 941/25, el diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro resaltó que "el presidente se está recostando de manera excesiva en lo que son estas herramientas, que en la Constitución no son la regla, sino la excepción", en alusión a los decretos de necesidad y urgencia.

El legislador explicó que junto a sus pares Mónica Frade y Esteban Paulón presentaron "una acción de amparo para que el decreto que modifica en más de 30 artículos la Ley de Inteligencia sea declarado inconstitucional y, a su vez, se declare su nulidad absoluta e insanable".

Asimismo, ante el fuero contencioso administrativo se solicitó "una cautelar para la suspensión del DNU, de todos sus efectos, su vigencia y todos los actos administrativos que se dicten en virtud de su cumplimiento".

"No hubo necesidad ni urgencia", afirmó el porteño respecto del decreto firmado el último día del 2025. Y agregó que "este DNU no cumple los requisitos que están establecidos en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional".

Además, Ferraro aseguró que "se mete en materia prohibida" como la penal, ya que "al otorgarle a los agentes de inteligencia la posibilidad de aprehensión, de arrestar; es una modificación solapada del artículo 184 del Código Procesal Penal".

También cuestionó que "las acciones de contrainteligencia" están "poco fundamentadas y definidas". "Con la incorporación de los titulares de distintos organismos de la administración pública nacional... El día de mañana un ministro, un secretario, puede ir en búsqueda de la fuente de un periodista que está investigando la corrupción puntual del gobierno que sea", advirtió y añadió: "¿Quién define qué atenta contra tal cosa si no está claramente definido en el DNU?".

En declaraciones a radio Rivadavia, el cívico dijo que "el Congreso está en condiciones de poder debatir una ley de estas características" y recordó que "es el segundo DNU que sacan modificando el sistema de inteligencia".

El diputado nacional y ex canciller Jorge Taiana (UP) se refirió al DNU del Gobierno que modifica la estructura de la SIDE y lo calificó como un “retroceso democrático”, al tiempo que advirtió que el presidente Javier Milei “no lo envió al Congreso porque sabe que se lo rechazan”. También se refirió al apoyo de Argentina a Estados Unidos en la captura de Nicolás Maduro.

Taiana aseguró que “se han dado las gestiones informales con otros bloques” por el decreto 941/25 porque “hay varios que vemos la gravedad de esta reforma, que no solo es a la Ley de Inteligencia, sino también a la Ley de Defensa porque quita la inteligencia al Ministerio de Defensa y se las da en plenitud a las Fuerzas Armadas al estado mayor conjunto, eso es una novedad relevante”,

Así, explicó que “subordina a las FF. AA a las fuerzas de seguridad, es decir, los pone de guardias nacionales de la policía y gendarmería. Eso es una desnaturalización del rol de las FF. AA y es el objetivo de que Argentina deje de poseer FF. AA que quieran aspirar a algún grado de autonomía y eficacia”.

“No había ninguna necesidad ni urgencia de nada para sacar ese DNU, incluso hay un periodo extraordinario y el presidente podría mandar un proyecto de ley que no lo hace porque sabe que se lo van a rechazar y trata de meterlo como DNU para imponerlo. Es una barbaridad, es un retroceso democrático y es claro el desarrollo de una estructura policial para perseguir opositores disidentes y cuestionadores de modelo”, opinó.

Por otro lado, como ex canciller fue consultado en una entrevista por Futurock sobre la situación de Venezuela y el apoyo argentino a la intervención militar por parte de Estados Unidos: “Para decirlo de manera diplomática lo que hizo la Cancillería Argentina es una ruptura con una larga tradición diplomática argentina, es una vergüenza. Peor el alineamiento automático y la chupada de medias de Milei a la invasión a un país hermano de Sudamérica y el secuestro del presidente, sino también el lenguaje del canciller que se dedica a insultar a un gobernador por opinar”.

“Axel Kicillof se pronunció en el sentido correcto defendiendo la autonomía y soberanía de los estados y la no intervención. El canciller contestó con una guarangada que muestra el nivel y la forma en que piensa que se puede manejar el país. Es lamentable y termina mal. Nuestro país pierde un respeto internacional que ha sabido ganar con altas y bajas a lo largo de la historia”, criticó.

Taiana alertó que “Estados Unidos quiere controlar Latinoamérica y en vez de oponernos y buscar alianzas y equilibrar la situación, los apoyan para beneficiarse. Es una visión equivocada del mundo que se está volviendo multipolar”, por lo que manifestó la necesidad de “trabajar por reconstruir un orden multilateral que está quebrado donde se vuelva a tener una relación entre países de forma equilibrada”.

El diputado nacional Carlos Gutiérrez (Provincias Unidas) enfatizó que una reforma al sistema de inteligencia nacional "debe ser discutida en el Congreso y no entre gallos y medianoche", al referirse al DNU 941/25, por el cual el Poder Ejecutivo modificó la Ley de Inteligencia.

El cordobés recordó que su bloque fue el primero en salir a rechazar la medida, firmada por el presidente Javier Milei el último día de 2025, el 31 de diciembre, y que se oficializó en el Boletín Oficial el pasado 2 de enero.

"Está claro que debe pasar por el Congreso. En todo caso debió ser incorporado en el temario de extraordinarias", dijo el legislador este lunes en declaraciones radiales.

Además, cuestionó que "en el mes de diciembre se le otorgaron 26 mil millones de pesos extra" a la SIDE, "mientras no tenemos (plata) para las universidades, para el Garrahan".

"La Bicameral de Inteligencia no está integrada", resaltó y aseguró: "Vamos a intentar que, si el Gobierno quiere discutir esto con urgencia, convoque nuevamente a extraordinarias", agregó.

Gutiérrez también se quejó: "Hace meses y meses que no vemos en el Gobierno la intención de discutir algún tema productivo".

El bloque Justicialista del Senado, presidido por José Mayans, repudió el DNU 941/25 por modificar el sistema de inteligencia "sin pasar por el Congreso", y resaltó que "vulnera la Constitución Nacional". Además, alertó que esta reforma "busca establecer un sistema ilegal, ilegítimo e inconstitucional de espionaje interno, de control y de persecución de opositores y de la sociedad toda".

Mediante un comunicado, los senadores opositores señalaron que el decreto "introduce una reforma integral del sistema de inteligencia nacional, al modificar de manera sustantiva la Ley 25.520, lo que resulta de todo punto de vista una clara violación a las normas vigentes y de la Constitución Nacional".

"El Poder Ejecutivo no puede reformar la Ley de Inteligencia por DNU, dado que, además de no existir ni necesidad ni urgencia que lo justifique, nuestra Constitución Nacional en su artículo 99, inciso 3, expresa con claridad las restricciones que tiene el presidente en el proceso de construcción de las leyes", apuntaron.

Los legisladores peronistas resaltaron que "el Presidente de la Nación tenía la posibilidad de modificar la Ley de Inteligencia Nacional mediante la elaboración de un proyecto que podía incluir en el temario de las sesiones extraordinarias, tal como sucedió con el Presupuesto 2026 y la llamada Ley de Inocencia Fiscal. Sin embargo, prefirió eludir la búsqueda de consensos necesarios firmando un DNU que vulnera nuestra Constitución Nacional". "Esto demuestra una vez más el desprecio del presidente Milei por las instituciones de la República y es un claro intento por avanzar sobre las libertades democráticas", cuestionaron.

La bancada integrada por una veintena de senadores observó que "el jefe del Estado se vuelve a arrogar para sí facultades que son propias del Poder Legislativo, en una reiterada actitud propia de un régimen autoritario". Además, explicaron que "el DNU 941/25 firmado por Milei representa una aberración jurídica, por varios motivos. Por un lado, el accionar de inteligencia pasa a ser formalmente 'encubierto', se refuerza el secreto y se limita la publicidad y la transparencia de las actividades".

Asimismo, "habilita a los agentes de la SIDE -todos encubiertos- a aprehender personas sin intervención judicial alguna, lo que confronta con la letra expresa del artículo 18 (que consagra el debido proceso y las garantías penales) y el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional (referido a los tratados internacionales de derechos humanos), situación que retrotrae a las argentinas y los argentinos a las épocas más oscuras de la pasada dictadura cívico-militar", advirtieron.

En esta línea, subrayaron que "a partir del dictado de este DNU, los organismos de inteligencia podrán realizar tareas de espionaje ilegal, persecuciones políticas e ideológicas dentro del territorio nacional. Este decreto afecta de manera directa garantías constitucionales como la privacidad, la libertad personal, la libertad política y el control parlamentario; y barre de un plumazo el consenso democrático logrado en la Argentina a partir del 10 de diciembre de 1983".

"Todo esto fue hecho a espaldas del pueblo y de sus representantes, como ya es habitual en el actual gobierno, al finalizar el año: el 31 de diciembre del 2025. Y con ello busca establecer un sistema ilegal, ilegítimo e inconstitucional de espionaje interno, de control y de persecución de opositores y de la sociedad toda", concluyeron.

En medio del escándalo por el DNU 941/25 que firmó el presidente Javier Milei el cual introduce una reforma integral del sistema de inteligencia y otorga nuevas atribuciones a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), un grupo de diputados del bloque Provincias Unidas presentaron un recurso de amparo ante la justicia para declararlo inconstitucional.

Se trata de los diputados nacionales Mónica Frade, Maximiliano Ferraro y Esteban Paulón quienes en el escrito solicitan que el DNU sea declarado inconstitucional y la nulidad absoluta e insanable, por resultar violatorio de los Artículos 99 inciso 3 de la Constitución de la Nación Argentina y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incorporados a la legislación aplicable por disposición del Artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.

Además, solicitan medida cautelar para la suspensión de los efectos y vigencia del Decreto N° 941/2025 y de toda normativa o acto dictado en su cumplimiento. “De aprobarse este DNU estaremos ante un Estado que observará al ciudadano como a un sospechoso, cuando así convenga al organismo o, así lo decidan las autoridades del momento. Estas o las que vengan”, agregan.

“La disposición del Poder Ejecutivo que se cuestiona no cumple con los presupuestos para el dictado de los DNU -artículo 99 inc.3 C.N.-, toda vez que en sus fundamentos no se invocaron razones de urgencia alguna, y además vulneró la limitación de incluir materias penales o procesales penales, -como la habilitación de aprehensiones por parte del personal de inteligencia-, que fueron expresamente vedadas por la norma constitucional invocada”, señalan Frade, Ferraro y Paulón.

En esa línea añaden que “constituye una desviación de poder y un abuso de derecho público, violatorio del principio republicano, la división de poderes, la democracia, el principio de reserva de ley y la doctrina nacional e internacional aplicable en la materia”.

Junto a @MonicaFradeok y @EstebanPaulon presentamos una acción de amparo contra el DNU 941/2025 sobre la Ley de Inteligencia, solicitando que se declare su inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable.

Además, solicitamos una medida cautelar para la suspensión de los… pic.twitter.com/Z1kuMFtBLD

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) January 5, 2026

“Subsumir en un único organismo, todas las áreas de seguridad interior e inteligencia estratégica; pone en riesgo el uso de las metodologías adecuadas para cada caso. El mayor de los riesgos es que, a instancias de los mensajes políticos de cada momento, se aplique inteligencia de guerra o de seguridad interior, contra los propios ciudadanos”, alertaron.

Así, explicaron que cuando esto sucede “las consecuencias son las peores. El proceso puede conducir a dar tratamiento de ‘enemigo externo’ a grupos internos, ciudadanos que demanden satisfacción de reclamos, periodistas que investiguen, políticos opositores, etc.”, debido a que “cualquiera puede ser convertido, por indicación del Poder Ejecutivo, en una amenaza a la estabilidad del Estado. Dar igual tratamiento a una amenaza contra el Estado argentino, que a una cuestión de seguridad interior, es la antesala inmediata a la existencia de un ‘Estado policial’”.

“Hubo un dato precedente que, no podemos soslayar. El Poder Ejecutivo dispuso del uso de partidas secretas para la SIDE, a través del DNU 849/2025, del 1/12/2025, mediante las que asignó $26.118 millones al organismo, en el mismo momento que disminuía partidas para áreas públicas altamente sensibles. El Decreto ofrece zonas grises, que son justamente el lugar en la que se consuman los abusos del poder”, explican Frade, Ferraro y Paulón.

“Un esquema de inteligencia estratégica democrática debe impedir, entre otras cosas, que los agentes de inteligencia tengan, lo que este decreto les ofrece: la posibilidad de aprehensión de los ciudadanos. Se debe priorizar de modo excluyente, el principio de ‘Datos con propósito’”, consideran. “No se puede hacer ‘inteligencia’ con los ciudadanos, a menos que existan amenazas reales validadas por la Justicia. En el caso, esto está garantizado a la inversa, el artículo 2 bis de la Ley 22.250, que introduce este decreto, establece que ‘todas las actividades de inteligencia son encubiertas’ (sic)”, concluyen los diputados.

Teniendo en cuenta la debilidad extrema de La Libertad Avanza en ambas cámaras del Congreso durante sus dos primeros años de gestión, nadie podía sorprenderse de que éste fuera el primer gobierno de la historia al que le rechazaran un decreto de necesidad y urgencia. Sucedió en 2024; primero en Diputados, donde la oposición logró una mayoría contundente de 156 votos contra el DNU 656/24, entre los que había incluso miembros del Pro y la UCR. Fue el 21 de agosto; el 13 de septiembre de 2024, el Senado completó el ciclo, con 49 votos contra el decreto, solo 11 a favor y 2 abstenciones. Rechazado por ambas cámaras, el decreto quedó formalmente derogado.

Ese DNU firmado por Javier Milei asignaba 100.000 millones de pesos adicionales a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). El revés no causó mayores complicaciones al gobierno; tan solo el antecedente: la mayor parte de ese dinero ya había sido utilizado. Pero quince meses después, con un oficialismo empoderado en las elecciones de medio término y con bancadas mucho más nutridas en ambas cámaras, otro DNU sobre la SIDE se lleva toda la atención.

El decreto se firmó el 31 de diciembre, trascendió al día siguiente y se publicó en el Boletín Oficial el primer día hábil de 2026. Previsiblemente, encendió los motores de una oposición que quedó totalmente desarticulada en las elecciones de octubre, y que no pudo hacer demasiado en extraordinarias. Este decreto sobre un tema particularmente sensible podría ser la chispa de una reacción más efectiva. Esa es al menos la ilusión de buena parte de una oposición que no se esperaba entrar en acción ni bien se apagaron los festejos del Año Nuevo.

Después de un cierre del año en el que el oficialismo pudo festejar la aprobación de sus primeras leyes después de un período ordinario en el que no había podido sancionar ni un solo proyecto propio, la oposición esperaba reagrupar fuerzas en febrero para enfrentar la reforma laboral. Pero el popurrí de decretos publicados en el primer Boletín Oficial del año adelantó los tiempos pues contenía una reforma polémica de la Ley de Inteligencia.

Sorprendida por la audacia del gobierno de Javier Milei de instrumentar semejante modificación por esa vía, la oposición reaccionó con dureza, alertando que el decreto avanza sobre derechos y garantías constitucionales, habilitando a los espías a tener “poder de policía”; estableciendo el secreto total como regla, y dándole a la SIDE la posibilidad de influir en la opinión pública bajo la excusa de la contrainteligencia. “Todos podemos ser vigilados, perfilados y observados; ahora, gran parte de la información personal pasa a ser insumo de inteligencia”, alertó el diputado Maximiliano Ferraro.

Sin duda uno de los puntos más sensibles de la norma es el que les da la posibilidad a los agentes de la SIDE a detener personas sin orden judicial previa, lo que la oposición interpreta como una “violación directa a los derechos humanos y a las garantías constitucionales”.

El ámbito de la inteligencia es dominado por Santiago Caputo, el asesor estrella del gobierno de Milei, que en los últimos tiempos no ha hecho otra cosa que retroceder casilleros a instancias de la otra componente del otrora “triángulo de hierro”, Karina Milei. Si bien el poderoso monotributista extiende su poder con esta reforma, cede partes estratégicas de control. El decreto crea un nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad que estará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete; y en manos de Manuel Adorni vale decir que estará bajo el dominio de la secretaria general de la Presidencia.

Más allá de la nueva interna que el tema abre en la cima del poder, lo que viene será una puja reglamentaria en el Congreso, para complicación de las principales espadas libertarias que esperaban para este verano solo estar abocadas a los temas de extraordinarias. Eso ya no sucederá: la oposición buscará forzar el tratamiento de este DNU con el objeto de voltearlo y con ello retomar la iniciativa en el Parlamento. Sería una muy mala noticia para el gobierno que eso sucediera, como así también un baño de realidad en un ámbito en el cual La Libertad Avanza ha crecido sustancialmente, pero sigue siendo minoría.

Con toda lógica, el oficialismo buscará ralentizar el tratamiento del decreto en la Bicameral de DNU, que por cierto todavía no está conformada. El viernes la oposición más dura pidió a los presidentes de ambas cámaras no solo formar esa comisión, sino también la de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. Lo cierto es que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo (la que trata los DNU) es la única habilitada para funcionar todo el año, pero ni Martín Menem, ni Victoria Villarruel llamarán a conformarla.

La mala noticia para el oficialismo es que el artículo 20 de la Ley 26.122 establece que si la Bicameral Permanente no eleva un dictamen dentro del plazo establecido (10 días), las cámaras deben abocarse al tratamiento expreso inmediato del DNU. Esto es: si la bicameral no está conformada, o está conformada pero no dictamina dentro del plazo, entonces el recinto queda habilitado para tratarlo directamente. Esta es la respuesta a la pregunta de si la oposición puede forzar el tratamiento en el recinto de un DNU durante el período extraordinario. Puede, aun si el Poder Ejecutivo no lo incluyó en el temario de extraordinarias.

Pues es verdad que el Congreso solo puede tratar temas incluidos en el decreto de convocatoria presidencial, salvo en casos donde una ley exija tratamiento “inmediato”, “expreso” o “automático”. El régimen de DNU justamente establece ese mecanismo automático. Cualquier constitucionalista dirá que un DNU puede ser tratado por las cámaras aunque no esté en el temario porque la Ley 26.122 le da “tratamiento obligatorio”.

De tal manera, la estrategia que comenzaba a elaborar la oposición ya este fin de semana era la de dejar vencer los plazos de la Bicameral, pues cuando eso suceda podrá exigir que el presidente de la Cámara convoque al recinto, o habilitar un pedido de sesión especial para tratar el DNU.

Más allá de esas alternativas legislativas, la vía judicial estará a la orden del día. Por un lado, para denunciar por ejemplo que el Congreso está paralizado por falta de conformación de la Bicameral. Pero también, como advertían varias voces desde el viernes, directamente con varias potestades que brinda el DNU 941/25 y que podrían ser tildadas de inconstitucionales.

Nada sucederá en el mes de enero, pues la oposición es consciente de que sería muy difícil conseguir quórum en el primer mes del año. Todo sucederá en febrero, para desvelo de un oficialismo que confiaba darle entonces toda la atención a las reformas que propuso para extraordinarias. Aunque también confía en que el calor del verano y fundamentalmente el tiempo enfríen esa discusión.

La economía será en este contexto un elemento clave para enmarcar el contexto en el que tendrán lugar estas discusiones. Para entonces estarán en plena vigencia el nuevo esquema de bandas cambiarias que se puso en vigencia este mes de enero, en reemplazo del ajuste fijo del 1% mensual vigente hasta diciembre. La medida busca evitar el atraso cambiario, dar mayor previsibilidad al mercado y fortalecer la acumulación de reservas. Se verá, pues el gobierno se resiste a seguir las recomendaciones de quienes define como “econochantas” e insisten en la necesidad de privilegiar la acumulación de reservas. Sostienen aquellos que ese consecuente impacto en los precios, debido a una suba del dólar, no sería significativo, ni se extendería en el tiempo. Afectaría, sí, la palabra presidencial de llegar al mes de agosto con un índice de inflación que comience con cero, y Milei se vanaglorió en su mensaje de fin de año de haber cumplido todas sus promesas.

Como sea, el gobierno confía en que ante cualquier emergencia seguirá contando con el amigo americano, ese al que respaldó enfáticamente este fin de semana ante la noticia impactante de la captura y confinamiento del dictador Nicolás Maduro. Javier Milei está cada vez más convencido del camino que eligió cuando decidió embanderarse completamente con Donald Trump.

Un grupo de diputados del interbloque Unidos le solicitaron este viernes a Martín Menem, presidente de la Cámara baja, y Victoria Villarruel, titular del Senado, que dispongan la conformación urgente de dos bicamerales: la que analiza los decretos del Poder Ejecutivo y la que controla los organismos de inteligencia, ante la reforma sobre la SIDE que realizó por DNU el Gobierno.

"Nos dirigimos a ustedes a fin de solicitar la urgente regularización y conformación de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, prevista en la Ley 26.122, y de la Comisión Especial Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, creada por la Ley 25.520, en cumplimiento del mandato otorgado por el pleno de ambas cámaras y conforme a lo dispuesto por la Constitución Nacional", reza el texto.

A partir del recambio legislativo, las únicas comisiones que se conformaron hasta el momento fueron unicamerales y solo las que estaban abocadas a los temas que el Poder Ejecutivo había definido para el temario que se trató durante diciembre.

En la misiva, los legisladores opositores pidieron además que "una vez remitido por el jefe de Gabinete de ministros el decreto de necesidad y urgencia N° 941/2025, dentro de los plazos establecidos por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional, se le dé giro de inmediato a las comisiones mencionadas para su correspondiente evaluación. En particular, respecto de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, a fin de que se expida sobre la validez del citado decreto dentro el plazo de 10 días hábiles fijados por la Ley 26.122".

De acuerdo a la Constitución, Manuel Adorni tiene 10 días hábiles para remitir al Congreso el decreto que fue publicado este viernes en el Boletín Oficial y ya suma un fuerte rechazo del kirchnerismo/peronismo, el Frente de Izquierda, Provincias Unidas y la Coalición Cívica. En tanto, el Pro y la UCR todavía no manifestaron su postura.

En 2024, con una composición más adversa para el oficialismo, el Congreso volteó el DNU por el cual se otorgaban 100 mil millones de pesos a la SIDE.

Una vez remitido al Parlamento, la Ley 26.122, que regula el trámite de los decretos del PEN (y la oposición intentó modificar el año pasado sin éxito), establece que la bicameral tendrá también 10 días hábiles para su consideración.

No obstante, vencido ese plazo "sin que la Comisión Bicameral Permanente haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto", dice el artículo 20 de la ley.

De esta manera, si el PEN estirara al máximo los plazos, e independientemente de que haya despacho o no de la comisión, el decreto recién podría llevarse al recinto los primeros días de febrero. Desde la oposición ya avisaron que trabajarán en juntar los votos para rechazarlo. Se requiere mayoría simple en ambas cámaras.

La nota dirigida a Menem y Villarruel fue firmada por Maximiliano Ferraro, Gisela Scaglia, Carlos Gutiérrez, Martín Lousteau, Esteban Paulón, Mónica Frade, María Inés Zigarán, Sergio Capozzi, Jorge Rizzotti, Pablo Farías, José Núñez, Lourdes Arrieta, Ignacio García Aresca, Alejandra Torres, Mariela Coletta, Carolina Basualdo, Juan Brügge y Pablo Juliano.

El bloque de Unión por la Patria también reclamó por la conformación de las bicamerales a través de una carta firmada por el titular del espacio, Germán Martínez, dirigida al titular de la Cámara de Diputados.

📄 • Solicitamos al presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, la conformación de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y
Actividades de Inteligencia y de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.

Hay que tratar de forma urgente el DNU… pic.twitter.com/TJslCvGmsa

— Diputados UP (@Diputados_UxP) January 2, 2026

El ex titular de la SIDE y actual diputado nacional Agustín Rossi (UP) lanzó una dura advertencia sobre la reforma del sistema de inteligencia impulsada por el Gobierno nacional mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia que “atropellan garantías individuales básicas” y colocan a la Argentina ante un escenario institucional de “extrema gravedad”.

El planteo se da tras la publicación en el Boletín Oficial de un DNU firmado el 31 de diciembre, que modifica aspectos centrales de la Ley de Inteligencia Nacional. Rossi remarcó que se trata de una norma que “formaba parte de los consensos democráticos construidos tras la recuperación institucional y que ahora es alterada sin debate parlamentario”.

Uno de los puntos más sensibles señalados por el ex funcionario en declaraciones radiales es la posibilidad de que agentes de la SIDE “puedan detener personas sin orden judicial previa”. Rossi advirtió que esto implica una “violación directa a los derechos humanos y a las garantías constitucionales”, ya que una persona podría ser privada de su libertad sin saber quién la detiene, por qué motivo ni bajo qué condiciones. Además, sostuvo que una detención de este tipo “supone tareas previas de inteligencia interior, algo expresamente prohibido por la ley”.

“Permite que los agentes de inteligencia pudiesen detener a alguien sin orden judicial, es decir, que producto de una actividad de inteligencia pueden privar de la libertad a un ciudadano por criterios propios y, a partir de eso, informar a la justicia”, explió.

Otro aspecto que calificó como “muy grave” es la habilitación para que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad realicen tareas de inteligencia interior a pedido del jefe de la SIDE. Rossi señaló que “esto vulnera la Ley de Seguridad Interior porque el jefe de la SIDE puede solicitarle al ministro de Defensa que le disponga una cantidad de persona para hacer tareas de inteligencia interior, lo cual es violatorio de la Ley de Seguridad Interior. No hay plazos ni temporalidades ni la cantidad de personal que puede ser utilizado para tareas de inteligencia”.

Rossi también cuestionó la eliminación del control civil de la inteligencia en el ámbito del Ministerio de Defensa. Detalló que al disolver la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y trasladar esas funciones al Estado Mayor Conjunto, se concentra poder en la estructura militar y se debilita el rol del ministerio, alterando el equilibrio institucional.

“Se confirma la militarización de la política de defensa con la llegada del exjefe del ejército al Ministerio de Defensa porque le sacan la inteligencia al ministro y eliminan el área que dependía del ministerio. El ministro de Defensa no tiene inteligencia propia y va a cumplir papeles solo administrativos”, planteó.

El diputado de UP adelantó que están en diálogo con otros bloques para “poder llevarlo al recinto, pero esto tiene plazos legales”, y precisó que, a partir de la publicación, el Jefe de Gabinete tiene 10 días hábiles para comunicarlo al Congreso que “sería a mediados de enero cerca del 20. Una vez en el Congreso, la Comisión Bicameral de DNU que no está constituida aún tiene 10 días para tratarlo, ahí ya estaríamos en la segunda semana de febrero y, a partir de ahí si tenemos los números, podemos llegar a tratarlo. Para rechazarlo necesitamos los votos negativos de ambas cámaras”.

“Le están dando funciones policiales a la cuestión de inteligencia y buscan generar disciplinamiento social, generar miedo. Esto claramente te remite a lo que fue la dictadura militar”, alertó.

En materia presupuestaria, alertó que todas las áreas de inteligencia de las Fuerzas Armadas pasarán a definir sus fondos en coordinación con el jefe de la SIDE, reforzando una dependencia funcional que, a su entender, otorga un poder desmedido a esa figura.

Durante la entrevista, Rossi fue aún más contundente al afirmar que esta reforma “convierte a la SIDE en una suerte de policía secreta” con capacidad de actuar por fuera de los controles clásicos del sistema republicano. En ese marco, advirtió sobre el impacto que estas medidas podrían tener también sobre el periodismo, al facilitar mecanismos de disciplinamiento y generación de temor frente a investigaciones o filtraciones incómodas para el poder.

El interbloque Unidos en la Cámara de Diputados manifestó este viernes su rechazo al decreto de necesidad y urgencia 941/25, por el cual el Poder Ejecutivo dispuso una reforma integral de la Ley de Inteligencia Nacional, tema que ya ha despertado profundas críticas y advertencias desde la oposición.

"No existe necesidad ni urgencia que justifique abordar un tema tan sensible por fuera del Congreso. Menos aún cuando continúan incompletas las comisiones bicamerales que deben controlar a los servicios de inteligencia y al propio uso de los DNU", sostuvieron los legisladores de los bloques Provincias Unidas, Encuentro Federal y Coalición Cívica.

En ese sentido, reclamaron que "es indispensable que se constituyan y designen de inmediato la Bicameral de Trámite Legislativo y la Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia para restablecer el sistema de controles que exige la Constitución".

Sobre el DNU, señalaron que "introduce modificaciones de enorme impacto", entre ellas que "declara que todas las actividades de inteligencia pasan a tener 'carácter encubierto', ampliando la opacidad en un ámbito que la ley original diseñó para estar bajo límites estrictos y control parlamentario".

"Extiende, además, la lógica de la contrainteligencia a todo el Sector Público Nacional, una medida que abre la puerta a prácticas de vigilancia sobre áreas y trabajadores que nada tienen que ver con tareas sensibles. Y habilita al personal de inteligencia a aprehender personas en casos de flagrancia, una facultad propia de las fuerzas de seguridad que contradice el consenso democrático construido desde el retorno de la democracia: los servicios de inteligencia no pueden transformarse en una policía secreta", alertaron.

Desde el interbloque presidido por Gisela Scaglia expresaron que "el DNU avanza sobre ese consenso sin debate público, sin especialistas, sin organizaciones de la sociedad civil y sin escuchar la voz de las provincias".

"Exigimos que el Congreso trate y rechace de inmediato el decreto en los términos de la Ley 26.122, y exigimos que cualquier reforma al sistema de inteligencia se discuta como corresponde: en el Parlamento, a la vista de la sociedad", pidieron.

Y finalizaron: "La seguridad nacional es un objetivo legítimo, pero no puede construirse debilitando la Constitución, el Congreso y las garantías que protegen a cada ciudadano. No vamos a convalidar, por acción ni por omisión, un esquema de inteligencia más opaco, más concentrado y menos controlado".

El primer paso de alto voltaje que acaba de dar el Gobierno nacional a tan solo dos días de que inició el año nuevo, fue mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025 que se publicó este viernes temprano donde el presidente Javier Milei impulsa una reforma profunda del sistema de inteligencia, otorgando mayores atribuciones a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que conduce Cristian Auguadra, y centralizando bajo su órbita la estructura y el funcionamiento del área.

El decreto deberá ser enviado al Congreso y tratado por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que cuenta con diez días hábiles para expedirse, según lo establece la ley 26.122. Sin embargo, la iniciativa ya anticipa un escenario de alta conflictividad parlamentaria.

Las primeras reacciones de la oposición fueron contundentes. El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro calificó al DNU como un “retroceso intolerable” y de “nulidad absoluta”. En un extenso mensaje en la red social X, denunció que Milei volvió a reformar el sistema de inteligencia “sin necesidad ni urgencia”, eludiendo deliberadamente al Congreso.

Ferraro advirtió que el decreto habilita “espías con poder de policía”, establece el secreto total como regla, centraliza el acceso a datos personales sensibles —como los del RENAPER, Migraciones, Aduana y la UIF— y abre la puerta a la influencia sobre la opinión pública bajo la excusa de la contrainteligencia. “Todos espiados, todos sospechosos”, sintetizó.

Ferraro recordó que “este es el segundo DNU que reforma el sistema de inteligencia en menos de un año. Y no es una modificación puntual: es una reforma integral en una treintena de artículos de la ley que avanza sobre derechos y garantías constitucionales, debilita el control democrático y republicano, y concentra poder de manera peligrosa”.

A continuación enumeró las modificaciones que califica como “retroceso histórico: “1) espías con poder de policía, autorizados a aprehender personas; 2) un sistema de inteligencia con secreto total por defecto y actividades de carácter encubierto, sin definición precisa de lo que esto implica. Peligroso; 3) centralización masiva y acceso total a datos personales de los argentinos (RENAPER, Migraciones, Aduana, UIF) Todos podemos ser vigilados, perfilados y observados, ahora, gran parte de la información personal pasa a ser insumo de inteligencia; 4) posibilidad de influir en la opinión pública bajo la excusa de la contrainteligencia”.

Y concluyó reclamándole a los presidentes de ambas cámaras la urgente regularización y designación de los nuevos miembros de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, “para que este DNU sea considerado y rechazado por el Congreso a la brevedad, por su nulidad absoluta e insanable. Sino iremos directo al recinto”.

Desde la izquierda, el diputado Néstor Pitrola sostuvo que la ampliación de facultades de la SIDE, combinada con el nuevo Código Penal, “empieza a edificar un régimen de facto dentro de una democracia formal”, y habló de un pasaje “de la democracia de infantería a la democracia de los servicios”. "Entre gallos y medianoche Milei sacó el DNU 941/2025 que modifica la Ley de Inteligencia e implica un salto en el espionaje a opositores políticos y periodistas y en la legalización de un estado policial. Debe ser anulado por el Congreso", sumó su par Christian Castillo.

Espantoso regalo de fin de año de Milei y sus secuaces.
Aparece el DNU 941/25 que modifica la Ley de Inteligencia Nacional. La cuestión de forma, una ley modificada en 40 artículos por un decreto es gravísima en si misma. Lo central es el contenido: toda la actividad de la SIDE…

— Romina Del Plá (@RominaDelPla) January 2, 2026

"Un sistema de inteligencia en el marco de una República, no es para perseguir a ciudadanos libres, sino para su protección. Esta emboscada a las sombras, debe ser reparada en el seno del Poder Legislativo, así lo exigiremos", planteó la diputada Mónica Frade.

En un extenso posteo, el diputado Esteban Paulon calificó el DNU como "un duro golpe a la democracia" y alertó que "vuelve el espionaje político" porque "quieren usar los recursos del Estado para perseguir a quienes pensamos distinto. El 'Estado Policial' en su máxima expresión". Además, indicó que es "una carta blanca a la SIDE", ya que "habilitan la preservación de métodos y fuentes sin ningún límite claro. Esto es, en la práctica, darle impunidad total a los agentes para actuar por fuera de la ley bajo el pretexto de la seguridad nacional".

También planteó que se trata de "opacidad y secretismo", al remarcar que no habrá "ni transparencia, ni control de fondos reservados. Están construyendo una caja negra gigante financiada con tus impuestos". EL CONGRESO AFUERA: Eliminan el control civil sobre la inteligencia militar y le dan autonomía al Estado Mayor Conjunto. Es un retroceso histórico que rompe el consenso democrático de separación entre Defensa Nacional y Seguridad Interior", advirtió.

Por último, Paulon señaló que el DNU habilita a "una vigilancia digital. El nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad bajo Jefatura de Gabinete es el Gran Hermano que faltaba. Una herramienta de control social que recolecta información de todos nosotros para el Sistema de Inteligencia Nacional".

"El Congreso tiene la obligación moral y legal de rechazar este DNU. La inteligencia debe servir para proteger a la Nación de amenazas externas, no para vigilar a los ciudadanos de a pie. Defendamos la libertad, pero la de verdad", manifestó.

Un tema tan relevante como es la modificación de la Ley de Inteligencia Nacional debe ser discutido en el Congreso de la Nación.
Ese es el escenario en el que debe tratarse y no ser impulsado a través de un DNU

— Alejandra Vigo (@alevigo) January 2, 2026

La diputada de UP Sabrina Selva alertó que "implica un salto en el espionaje a opositores políticos y periodistas y en la legalización de un estado policial", y exigió que "debe ser anulado por el Congreso". Su compañero de bancada Carlos Castagneto apuntó: "LIBERTAD O DICTADURA. El DNU 941/2025 no tiene necesidad ni urgencia que justifique su dictado".

Castagneto explicó que "en una República, la inteligencia no investiga delitos, no detiene personas ni hace espionaje interno. Eso ocurre en regímenes autoritarios, NO EN DEMOCRACIA. Milei abre la puerta a que los servicios de inteligencia persigan a ciudadanos por expresarse, en redes, en la calle o por sus ideas". Así, apuntó: "La norma no acota objetivos, no fija límites claros y no refuerza controles. Es un RETROCESO democrático gravísimo".

El diputado Agustín Rossi (UP) sostuvo que el DNU no es "nada bueno para la ciudadanía ni para el sistema de inteligencia argentino", sino que "fortalece la idea de una Estado represor, oscuro, con ausencia de derechos y garantías para la ciudadanía argentina".

"Por supuesto que lo vamos a rechazar en el Congreso y vamos a convocar a la sociedad para que nos acompañe. Este Decreto atenta contra los derechos y garantías de cualquier ciudadano.
Atenta contra la democracia argentina", adelantó.

*UNA SIDE CON MÁS FACULTADES Y MENOS CONTROL. ¿QUE PUEDE SALIR MAL?*

En un país con la historia del nuestro, atravesado por un terrorismo de Estado que dejó un saldo de 30 mil desaparecidos, que un presidente saque un DNU en visperas de los festejos de año nuevo y en feriado…

— Maria Teresa Garcia (@TereGarciaOK) January 2, 2026

En la misma línea, el diputado bonaerense Sebastián Galmarini agregó: "En un país que sufrió tantas interrupciones democráticas, creo que estas reformas deberían pasar por el Congreso Nacional, y debatirse en profundidad y con la mayor honestidad intelectual. Delimitar las misiones y funciones de Inteligencia en un mundo con cambios tan vertiginosos requiere de una mirada integral de los muchos desafíos que enfrentamos".

En tanto, el exdiputado de Unión por la Patria Leopoldo Moreau fue aún más lejos: afirmó que el DNU equivale a dictar una nueva Ley de Inteligencia por decreto, en abierta violación de la Constitución. Alertó sobre la creación de una “policía secreta”, la clausura de la conducción civil de la inteligencia militar y un sistema que obligaría a organismos nacionales y provinciales a actuar como “delatores de la oposición política”.

Con este DNU, el Gobierno vuelve a apostar por una reconfiguración del poder vía decreto, en un área especialmente sensible para la democracia argentina. La oposición ya anticipa que buscará su rechazo en el Congreso y reclama la urgente conformación de las comisiones bicamerales de control.

¿Una dictadura en medio de un “Gobierno Democrático”?

Javier Milei se aprovechó del receso en el Congreso de la Nación para modificar por decreto el sistema de inteligencia argentino. Esto, ¿Qué significa?...

1. Se evade el control democrático que tenemos las provincias,…

— Daniel Pablo Bensusán (@palibensusan) January 1, 2026

Si cuando se retomen las sesiones ordinarias del Congreso no se actúa con celeridad y eficacia, el Estado Nacional estará convertido en una superestructura de contrainteligencia, capaz de aplicar medidas de investigación y coerción contra empleados públicos, sindicatos, estudiantes, docentes, empleados bancarios, médicos, enfermeras, pacientes o, simplemente, titulares de tarjetas de crédito.

Todos los ministros del Gobierno nacional, los rectores de todas las universidades nacionales, el presidente del CONICET, el director Ejecutivo del PAMI, el Administrador Nacional del ANES (que administra el Hospital Nacional Posadas y el Hospital Nacional Ramón Carrillo), o el presidente del Banco Nación, estarán plenamente dedicados a adoptar "Medidas de Seguridad de Contrainteligencia" al interior de los organismos que conducen, acatando las decisiones del presidente Javier Milei contenidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520.

En efecto, el artículo tercero del DNU en cuestión establece que los "titulares de órganos y organismos" del "Sector Público Nacional" serán responsables de aplicar "Medidas de Seguridad de Contrainteligencia", dentro de las organizaciones públicas que conducen.

La clasificación de los organismos que conforman el denominado "Sector Público Nacional" queda establecida por el artículo octavo de la Ley de Administración Financiera N° 24.156 e incluye la administración central, los organismos descentralizados, las instituciones de la seguridad social, y empresas y sociedades del Estado, entre otros.

Textualmente, el Decreto señala que "la Contrainteligencia comprende, además, el desarrollo de medidas pasivas, tendientes a evitar el conocimiento de la propia situación por parte de los actores estratégicos estatales y no estatales, denominadas como Medidas de Seguridad de Contrainteligencia".

Y agrega: "tales medidas deberán ser adoptadas en todo el ámbito del Sector Público Nacional bajo la responsabilidad de los titulares de los órganos y organismos que lo conforman".

Si el Congreso de la Nación, a partir del 1 de marzo de 2026, no rechaza ese DNU de Milei y sus ministros, el régimen tecnocrático dominante habrá consolidado su más nefasta faz.

Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal

La diputada nacional Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) presentó un proyecto de ley para que en el Presupuesto 2026 se incorpore una cláusula que obligue al Gobierno nacional a depositar todos los meses los fondos correspondientes a la Caja de Jubilaciones de Córdoba y de otras 12 provincias.

En la iniciativa la cordobesa argumentó que el presidente Javier Milei “desfinanció las cajas mediante el DNU 280/2024, publicado el 27 de marzo de 2024 en el Boletín Oficial”. En ese marco, explicó: “Ese decreto eliminó el resguardo establecido en la Ley 27.701, que obligaba a la Nación a girar todos los meses los fondos complementarios a los sistemas jubilatorios provinciales no transferidos al Estado nacional, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional”.

Lo que propone De la Sota es que, como parte del Presupuesto 2026, quede asegurado que la administración nacional antes del día 22 de cada mes del año garantizará la transferencia mensual de un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual, a las cajas de jubilaciones de las 13 provincias que no transfirieron sus esquemas previsionales a la Nación, entre ellas Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

A través del decreto de necesidad y urgencia 849/2025, el Gobierno nacional realizó una nueva modificación del presupuesto que se encuentra prorrogado hace dos años, con el fin de ampliar partidas para salarios, seguridad social y salud, entre otras.

La medida, que fue publicada este lunes en el Boletín Oficial, se trata de la primera de este tipo desde que Manuel Adorni es jefe de Gabinete.

En los considerandos del DNU se expresó que “dada la emergencia económica actual, es necesario que el Gobierno pueda asegurar una distribución razonable de sus recursos con el fin de poder cumplir con sus obligaciones”.

“Corresponde adecuar el presupuesto nacional que se encontrará vigente a lo largo del corriente ejercicio, asignando recursos adicionales a áreas concretas”, agregó el Poder Ejecutivo y, en esa línea, advirtió que “de no realizarse la adecuación del presupuesto de forma inmediata, peligraría la prestación de ciertos servicios esenciales cuyo responsable es el Estado Nacional”.

Al detallar parte del destino de los fondos asignados, el Gobierno precisó que la modificación “contempla, entre otras cuestiones, el refuerzo de los créditos de gastos en personal, con el fin de atender necesidades vigentes en materia salarial, de gastos de funcionamiento, equipamiento, así como de los créditos para pago de subsidios, becas, compensaciones, transferencias varias y erogaciones que hacen al cumplimiento del cometido de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional”.

Por otro lado, se dispone readecuar los créditos presupuestarios del Servicio de la Deuda Pública para posibilitar la atención de los servicios financieros de la deuda pública del presente ejercicio y de las obligaciones a cargo del Tesoro.

Al mismo tiempo, el decreto autoriza al Ministerio de Economía a “modificar, transformar, disolver o liquidar el Fondo de Desarrollo Gasífero Argentino (FONDESGAS), a fin de evaluar el instrumento idóneo para canalizar el financiamiento de las obras de transporte de gas”.

Entre las partidas que se incrementan, se destinan refuerzos a la Dirección del Registro Nacional de Datos Genéticos (Ministerio de Seguridad) y al presupuesto para los haberes de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas.

También se destina un refuerzo del presupuesto para afrontar erogaciones de los hospitales Garrahan, El Cruce, Cuenca Alta “Néstor Kirchner”, Dr. René Favaloro, “Presidente Néstor Kirchner” y del Bicentenario Esteban Echeverría.

Asimismo, se incrementa el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con el fin de atender el pago de pensiones no contributivas; y sube el presupuesto vigente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, con destino a la atención de la Prestación Alimentar.

A su vez, se prevén más fondos para atender salarios docentes y no docentes universitarios; para la adquisición de computadoras y para transferencias destinadas a becas del Progresar, a comedores escolares y para la universalización de la jornada extendida.

También se transfieren más partidas para la Secretaría de Trabajo, la ANSeS y el PAMI.

La oposición más dura en el Congreso intentará abrir las puertas de los recintos de ambas cámaras esta última semana del período ordinario, con el fin de tratar una serie de temas pendientes antes de que antes del recambio legislativo hagan que queden definitivamente en el camino.

Es una cuenta regresiva que concluye este viernes, cuando termine el 143° período ordinario y se caigan todos los dictámenes, habida cuenta del recambio legislativo en ambas cámaras.

Será al cabo de un ciclo parlamentario inédito, por la cantidad de sesiones que hubo tratándose de un año electoral. En el caso de la Cámara baja, con 13 sesiones entre marzo y noviembre, fue un récord para los últimos años: solo en 2017 hubo tantas sesiones en un año electoral.

Nada que despierte satisfacción en el Gobierno, que debió padecer el presente 2025 al ritmo que impuso la oposición, que con un número superior al oficialismo con menos legisladores de la democracia debió resistir como pudo y se preocupó especialmente de defender los vetos presidenciales.

El ímpetu de la oposición se dio de bruces con el resultado del 26 de octubre. A partir de la inesperada victoria de La Libertad Avanza en casi todo el país, se dio un súbito freno en el Congreso, donde no volvió a haber sesiones. Los gobernadores mucho tienen que ver en eso.

Es algo que los bloques de Unión por la Patria intentarán revertir en esta última semana. En el Senado es donde tienen mayores chances, aunque son expectativas menguadas las del interbloque que conduce José Mayans, que haría un intento el próximo miércoles, dos días antes de la sesión de jura de los nuevos senadores nacionales. Sucede que ya las últimas dos semanas se había especulado con realizar una sesión para convertir en ley la modificación de la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia como tema central. Pero por razones diversas vinculadas fundamentalmente con el quórum, esa sesión no se concretó.

Al concluir el martes pasado la reunión del Consejo Nacional Justicialista, el vicepresidente primero del peronismo, José Mayans, adelantó la intención de su bancada de sesionar dos días después “con un tema como DNU, que tenemos prácticamente dictamen, y si es posible este jueves”. Pero no sucedió.

Este miércoles se haría un último intento, según trascendió de fuentes parlamentarias, que dejaron interrogantes abiertos respecto del resultado que vaya a tener esa propuesta. En caso de que haya sesión, los miembros de UP votarían el proyecto tal cual llegó de Diputados porque “no nos van a dar los tiempos para poder tener la ley que regule los términos por los que este gobierno se maneja”, según confió el chubutense Carlos Linares.

El esfuerzo opositor por sesionar tiene que ver sobre todo porque en la nueva conformación que tendrá la Cámara alta, a Unión por la Patria, o Fuerza Patria -si así termina denominándose- se le hará imposible manejar la agenda, como en líneas generales pudo hacer hasta el presente, dada la drástica reducción que tendrá esa bancada. Y esa media sanción para reformar los DNU quedará durmiendo probablemente el sueño de los justos.

Aunque a decir verdad, no es el proyecto de ley que más desvele al kirchnerismo en particular.

¿Sesión en Diputados?

Hace tiempo que en la Cámara baja viene especulándose con una sesión, aunque los que solían sumarse a Unión por la Patria para brindar el plus necesario para conseguir el quórum han bajado prácticamente la guardia en las últimas semanas, dejándole a la principal oposición la responsabilidad de convocar a una sesión y ocuparse de reunir el quórum. ¿La razón? Las pocas expectativas que les despierta la posibilidad de reunir el quórum.

“No veo a los gobernadores dando número para que sea posible”, confió a parlamentario.com un integrante de esos sectores opositores que motorizaron este año buena parte de las sesiones.

Después de un año en el que la oposición marcó la agenda en la Cámara baja, muchos consideraron que no valía la pena dar una muestra de debilidad con una sesión frustrada. El tema es que a estas alturas, perdido por perdido, son muchos los que sugieren al menos hacer un intento para tener una última sesión, aunque sea en minoría. Lo cierto es que nadie convocó hasta ahora a una sesión para esta semana, ni en Diputados ni en el Senado.

Martín Menem espera confiado que la oposición no consiga su objetivo de sesionar.

Pero al menos el presidente del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, dejó claras esas intenciones el jueves pasado, cuando en el marco de la Comisión Investigadora por el Fentanilo Contaminado anticipó que harían un intento para sesionar este miércoles 26 de noviembre. Fue cuando concluía esa reunión y anunciaron que reiterarían la convocatoria al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y la titular de la ANMAT, Agustina Bisio, para concurrir esta semana, dado que por supuestas “razones de agenda” no lo pudieron hacer en las últimas dos oportunidades en que fueron citados.

Teniendo en cuenta la posibilidad de sesionar este miércoles, Germán Martínez sugirió no darle al ministro una nueva excusa para ausentarse, recomendando entonces invitarlo para el jueves. Al final, terminaron citándolo para ese día, pero también -para dejarlo sin argumentos evasivos- para este miércoles a las 9 de la mañana.

La verdad es que muy pocos son optimistas respecto de que Lugones vaya a concurrir finalmente a la comisión… pero tampoco que se pueda reunir quórum este miércoles para sesionar.

En caso de que sea convocada esa sesión, uno de los proyectos que incluiría el temario es el que busca devolverle al ENARD su autarquía financiera. El mismo obtuvo dictamen en un plenario de comisiones celebrado el pasado 21 de octubre y, como todos los demás, si el viernes no llega al recinto, se cae.

Con este panorama lleno de interrogantes, la oposición llega a esta última semana del período ordinario que, además, es corta, habida cuenta del feriado de este lunes. Con un oficialismo que espera confiado el viernes, cuando respirará finalmente aliviado por concluir un año en el que experimentó el bombardeo constante de una oposición que ya no volverá a tener la fuerza de la que gozó este 2025, al menos por los próximos dos años.

El presidente del interbloque de senadores nacionales de Unión por la Patria y vicepresidente primero del PJ, José Mayans, aseguró que su bancada intentará sesionar este jueves en la Cámara alta para tratar la modificación de la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), por el cual se elimina la sanción ficta y se establece la obligatoriedad de contar con el aval de ambas cámaras del Congreso para quedar firmes.

Mayans señaló que la intención de su bancada de “sesionar este jueves con el tema DNU”, que volvió al Senado para su tratamiento con modificaciones de la Cámara baja, al finalizar la reunión del Consejo Nacional del PJ ampliado que se realizó en la sede partidaria de la calle Matheu 130 de esta capital.

El dirigente peronista formoseño adelantó que su intención es “ver si podemos hacer una sesión más” antes del recambio del Cuerpo Legislativo “con un tema como DNU, que tenemos prácticamente dictamen, y si es posible este jueves”, y recordó que este miércoles habrá una reunión del bloque para trabajar el tema.

Además, admitió que, en la reunión partidaria de este martes, se informó que la decisión de los senadores peronistas en trabajar para unificar las tres bancadas que conforman el interbloque UP en un solo grupo parlamentario que se denominará “Bloque Justicialista”, ante una pregunta periodística.

Esa decisión va en sintonía con el tono del encuentro del que participaron los integrantes del Consejo Nacional Justicialista, los responsables de las distintas comisiones técnicas del partido e invitados especiales, y que fue convocado para avanzar en el proceso de unidad del peronismo y en el debate y elaboración de distintas propuestas tanto económicas, laborales, previsionales, impositivas, como productivas, entre otros asuntos, para presentarle a la sociedad.

En ese sentido, Mayans remarcó que la Secretaría Económica del partido presentó una propuesta de trabajo para elaborar políticas respecto al esquema económico e impositivo, el trabajo, la producción primaria, la cuestión previsional, que son “temas que le preocupa a la gente”, comentó.

“Queremos saber qué piensa hacer el Poder Ejecutivo, por ejemplo, con los seis recursos centrales que hacen a la recaudación del país, porque esto afecta directamente a las provincias”, explicó, al ser consultado sobre la posición del peronismo respecto al Presupuesto Nacional 2026. Advirtió que temas como el IVA, el Impuesto a las Ganancias, la política monetaria y el tipo de cambio, la importaciones y exportaciones son de suma importancia para la economía del país y de impacto para las jurisdicciones provinciales, por eso reclamó al gobierno que explique con claridad qué pretende hacer al respecto.

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por Alejandra Vigo (Unidad Federal-Provincias Unidas), se reunirá este martes a las 14 y tendrá como principal tema el proyecto de reforma de la Ley de DNU -la 26.122-, que fue devuelto por la Cámara de Diputados.

El tratamiento de la iniciativa se dará en un contexto completamente diferente al de dos meses atrás, cuando el texto se aprobó por más de dos tercios de los votos en la Cámara alta, en medio de una seguidilla de derrotas parlamentarias para La Libertad Avanza. Ahora, en cambio, el Gobierno está fortalecido tras las elecciones y en diciembre tendrá un Congreso más violeta.

Alertado por la intención de la oposición de limitar el uso del presidente Javier Milei de la herramienta de los decretos de necesidad y urgencia, el oficialismo no pudo frenar su debate y aprobación en Diputados, pero sí consiguió que se rechace un artículo clave y, además, que en la aprobación general los bloques opositores no lleguen a los dos tercios -necesarios para insistir con la ley en caso de eventual veto-.

El proyecto plantea incorporar y modificar artículos a la ley que regula el trámite parlamentario de los DNU, los decretos delegados y los de promulgación parcial de leyes; una norma sancionada en 2006 por impulso de la entonces senadora Cristina Kirchner.

Según la propuesta, los decretos deberán versar sobre una única materia y podrán ser tratados de inmediato por las cámaras aún en receso parlamentario.

Uno de los cambios centrales es que se considerarán aprobados con el voto de ambas cámaras, mientras que el rechazo de una bastará para que queden sin efecto (hoy es al revés, es decir, existe la sanción ficta para darlos por válidos).

Otro de los artículos clave es el que establece un plazo de 90 días para su tratamiento. Éste se cayó en la votación en particular en la Cámara baja y el Senado deberá definir si acepta ese cambio o ratifica su versión.

Por otra parte, el temario de la Comisión de Asuntos Constitucionales incluye una serie de proyectos de comunicación al Poder Ejecutivo, sobre pedidos de informes y reclamos para la reglamentación de distintas leyes de salud sancionadas en la gestión anterior.

Con un debate que previamente se acordó acotar a un número limitado de oradores, la Cámara baja debate una modificación a la Ley 26.122, la que reglamentó el uso de los decretos de necesidad y urgencia, delegados y de promulgación parcial de leyes.

Un tema previsible y fuertemente rechazado por el Gobierno nacional, dado que apunta a al corazón del mecanismo oficial en materia legislativa: la potestad de legislar por la vía del decreto, para compensar la gran endeblez legislativa que padece esta administración.

En el arranque del debate, la diputada de Unión por la Patria Mónica Litza aseguró que esta reforma “no es quitarle las facultades al presidente (Javier) Milei de dictar decretos de necesidad y urgencia como estuvieron diciendo victimizándose”, al hacer hincapié en la minoría parlamentaria con la que cuenta La Libertad Avanza, y recordó que “tuvieron demasiada ayuda, dadores voluntarios de gobernabilidad no les faltaron” en el Congreso.

La massista recordó que desde la introducción de esta herramienta en la Constitución de 1994 hasta la Ley 26.122 que los reglamentó “pasaron 12 años”. Y apuntó que Cristina Fernández de Kirchner como senadora fue su impulsora y, más tarde, como presidenta, “fue quien menos uso hizo de DNU”.

“No es el instrumento, es cómo se han usado”, remarcó y cuestionó el DNU 70/23 de 366 artículos con el que Milei inauguró su gestión. “No todos los DNU fueron iguales, hay DNU que ampliaron derechos, la AUH fue hecha por DNU, y hay DNU que vinieron a destruir el Estado, que es una de las funciones que tenía el presidente Milei como objetivo”, agregó.

El jefe de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, recordó que él participó del debate de la Ley 26.122 en 2006 y subrayó: “Había ocurrido recientemente el 2001 y había que darle instrumentos de gobernabilidad a un gobierno que había surgido del 22% de los votos de la primera vuelta. Así que hay que analizar el contexto, los tiempos y la mirada histórica”.

“Cada uno de los gobiernos ha utilizado este instrumento en exceso”, señaló y afirmó que “esta no es una iniciativa contra el Gobierno y el presidente de la Nación” sino “un elemento necesario e imprescindible en la resolución de la crisis económica que vive la Argentina”.

Para Pichetto, “este modelo de DNU está agotado, es imprescindible volver a recuperar el marco de debate institucional en el Congreso. Recuperar el consenso en el Congreso y salir del conflicto institucional, que nos lleva a aumentar el caos”.

A su turno, el legislador de Democracia para Siempre Fernando Carbajal expresó que “no somos enemigos de los DNU” pero “todos los presidentes de todos los signos políticos han abusado de manera consciente de esta herramienta”. Según el formoseño, esta modificación busca “un punto de solución hacia el futuro” y “no es contra el presidente Milei”, reiteró en línea con sus pares.

El radical crítico manifestó que se trata de “empezar a caminar el camino de la normalidad institucional” porque “los DNU tal como han funcionado no han respetado el espíritu de la Constitución”. “Olvidemos las diferencias y alcancemos el consenso de volver al régimen de nuestra Constitución”, pidió y al presidente Milei le sugirió -de cara a un posible veto- que tenga “una mirada histórica”.

Por el dictamen de minoría, la tucumana Paula Omodeo, aliada del oficialismo, habló de una “agenda de desestabilización” impulsada desde la oposición, por quienes “están buscando generar un clima de incertidumbre”. Recordó que ella compite contra el partido del presidente en su provincia, pero aclaró que “primero está la república. Es el momento de pensar en los argentinos en vez de pensar en las elecciones. No hay conveniencia de votar esta ley en este momento”.

A continuación, el oficialista Nicolás Mayoraz cuestionó el proyecto y arrancó: “Nadie puede acá pecar de ingenuo y creer realmente que todos los que hablaron antes, y después el kirchnerismo, realmente quieren mejorar las instituciones de la República”.  Por el contrario, consideró que “quieren desestabilizar al Gobierno, generar la mayor inseguridad jurídica que puedan y lo hacen a través de este proyecto de ley que modifica de la peor manera la ley”.

Sobre los DNU, el santafesino indicó que “la urgencia es una valoración política, no jurídica, y los DNU tienen naturaleza legislativa, entonces no se les puede aplicar una regla que no se le aplica más que a los proyectos de ley”. “No pueden a través de una ley modificar el diseño constitucional, porque cuando se le da atribuciones al Congreso para legislar sobre los decretos de necesidad y urgencia, de ningún modo implica eso que el Congreso pueda erigirse en constituyente”, afirmó.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales advirtió que “lo que están instalando es el gobierno del Congreso, una suerte de democracia parlamentaria, donde ya no va a ser el Ejecutivo el que tome las decisiones; si el Poder Legislativo se convierte no solo en el árbitro, el controlador de la validez de los DNU y los delegados, a través del simple silencio o incluso violando el sistema bicameral, queda entonces instalado este poder”.

En esta línea, resaltó que en el Senado hoy “la construcción de mayorías para obtener la media sanción de un DNU es prácticamente imposible; le están dando en esa cámara al kirchnerismo el poder para que decida cómo poder gobernar el Poder Ejecutivo”.

Por la Coalición Cívica, el presidente del bloque Juan Manuel López presentó el dictamen de minoría que labró su espacio y explicó que “los DNU no estaban previstos en la Constitución histórica, pero ya se habían usado antes de la reforma del 94”. Como repaso de gestiones anteriores, acusó que “durante los gobiernos de Carlos Menem y del matrimonio Kirchner se hizo uso y abuso de los DNU con el agravante de que tenían mayorías en el Congreso”.

Lejos de mostrarse amable con los integrantes de La Libertad Avanza, señaló que “el Poder Ejecutivo no puede emitir disposiciones legislativas y la pena es la nulidad absoluta e insanable”. Del mismo modo, cargó que “este presidente corrió una línea del DNU 70/2023”, y advirtió que “Juan Grabois dijo que Axel Kicillof, si es presidente, tiene derecho a su DNU 70”. “Pensemos qué vamos a hacer con nuestras instituciones”, concluyó.

A través de una breve intervención, el diputado mendocino Julio Cobos se defendió de las acusaciones libertarias vinculadas a una supuesta ausencia de proyectos de índole en los gobiernos kirchneristas y contestó: “En La Libertad Avanza dicen que nadie dijo nada, pero hemos presentado proyectos en el radicalismo, le traje un resumen”. Sobre el espíritu de la Ley 26.122, añadió que “las excepciones que propone la Constitución deben ser excepciones y no la normalidad de la regla” porque “con la ley vigente estamos transformando la bicameralidad en unicameralidad”. “Esto es un avance”, consideró.

El diputado nacional Ricardo López Murphy recordó que este tema fue uno de los primeros temas que planteó cuando asumió en diciembre del 2021, pero a la vez se mostró preocupado por una potencial resolución judicial que considere “inconstitucional” a esta reforma. Crítico de la Ley, cargó que “hemos contado por cientos los DNU como si el Congreso no existiera”, y aclaró que “nuestra institución se llama Parlamento porque es parlar, nos hemos olvidado de dialogar”.

Con un visible cartel que decía “narcotráfico nunca más”, Marcela Pagano de Coherencia señaló que este proyecto “busca el equilibrio porque el Congreso no fure creado para obedecer, para debatir, para representar y para preguntar”. Definió, además, que “esto es un debate moral”, y cargó que “el Congreso es un puente y si ese puente se rompe, nadie cruza”. También sostuvo que “no se trata de colores políticos, se trata de principios”, y cerró: “Cuando el Congreso se arrodilla, la Nación se apaga”.

Pablo Juliano, presidente del bloque de Democracia para Siempre, sintetizó el contexto de este debate: “Pocas veces el Congreso tiene la oportunidad de retomar un debate que tiene su epicentro con la reforma de la Constitución Nacional y pocas veces un poder constituido como loes este Poder Legislativo tiene la oportunidad de entrar en un diálogo con los constituyentes”.

En favor de esta reforma de ley, Juliano consideró que “es este el mejor Congreso para debatir esta ley porque fue el primero que rechazó un decreto”. Sin embargo, cuestionó las intervenciones de los legisladores del Pro y La Libertad Avanza: “Esto no da lugar a un sector de acusar ánimos golpistas”. Para terminar, afirmó que “el hiperpresidencialismo es una de las grandes enfermedades de la Argentina”, y criticó la reforma de los organismos de inteligencia a través de un decreto de necesidad y urgencia.

Qué dice la ley

El proyecto convertido en ley este miércoles establece que los DNU deberán versar sobre una única materia a fin de que sean tratados individualmente. Este artículo se contrapone a lo que sucedió con el DNU 70/2023 que modificó y derogó más de 300 leyes bajo el propósito de la desregulación de la economía argentina.

El segundo ítem distintivo de esta reforma planteada es la que habilitaría a ambas cámaras a abocarse aún durante el receso parlamentario al expreso e inmediato tratamiento de futuros decretos. Si bien la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo está habilitada a reunirse en el período que va del 1° de diciembre al 28/29 de febrero, esta modificación autoriza a abrir a los recintos una vez que se cumplan los diez días hábiles desde el ingreso del DNU.

El otro cambio sustancial de la Ley 26.122 es el trámite legislativo de blindaje a los DNU: en caso de que prospere este nuevo régimen, los decretos se considerarán aprobados cuando ambas Cámaras se expresen por mayoría absoluta de los presentes en un plazo de 90 días desde la publicación en el Boletín Oficial. El último antecedente es el DNU 179/2025 que aprobó el nuevo Acuerdo con el FMI y quedó blindado con solamente el aval de la Cámara baja.

La última propuesta de cambio a la Ley de DNU es establecer que el rechazo de una de las dos Cámaras signifique la derogación total del decreto quedando imposibilitado de dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario. Este artículo, contempla, además, que en caso de no ser tratados en el plazo de los primeros 90 días por alguna de las dos Cámaras también signifique la caída total del decreto de necesidad y urgencia.

NOTICIA EN DESARROLLO

Sesiona la Cámara baja desde las 12.20, momento en el cual había 130 diputados sentados en sus bancas, preparados para una sesión que se espera sea sumamente intensa y que tiene como cuestión inicial nada menos que la reforma de la Ley 26.122, que regula los decretos de necesidad y urgencia.

Un tema previsible y fuertemente rechazado por el Gobierno nacional, dado que apunta a al corazón del mecanismo oficial en materia legislativa: la potestad de legislar por la vía del decreto, para compensar la gran endeblez legislativa que padece esta administración.

En el inicio de la reunión se planteó a través de Oscar Agost Carreño un plan de labor por el cual se acotaran los discursos, pero antes de que se votara intervino el oficialista Nicolás Mayoraz, que protestó por la elección de las autoridades de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, advirtiendo que pretendían acotar el debate, por temor a que se expusieran las supuestas irregularidades sucedidas en el proceso de selección, lo que provocó la reacción de la titular de esa bicameral, Natalia Sarapura, quien rechazó el planteo de su par Mayoraz.

El tema viene con media sanción del Senado, donde se aprobó el pasado 4 de septiembre por más de 2/3: con 56 votos afirmativos, 8 en contra y 2 abstenciones. Ese texto que analizarán este miércoles en el recinto tiene varias diferencias respecto de las iniciativas que este mismo año obtuvieron dictamen de comisiones, pero sin llegar nunca al recinto. Por eso fue que finalmente se aceptó avanzar con el proyecto proveniente de la Cámara alta, cuestión de agilizar los tiempos.

Con grandes chances de ser aprobado este miércoles, será clave el número de votos que obtenga, cuestión de imaginar lo que podría llegar a suceder cuando el texto vuelva al Congreso, mandado por el Ejecutivo con el veto inexorable correspondiente. Esto es, ver si a partir de esa votación la oposición puede ilusionarse con resistir esa decisión de Javier Milei.

El segundo tema a debatir es el dictamen de la Comisión Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para designar en el cargo a María Paz Bertero, y a Matías Robledo y Héctor Vito como defensores adjuntos. Esa votación requiere mayoría simple, y lo seguro es que será rechazado por el oficialismo, que está en contra por la identificación de militante de género de Bertero y además cuestiona el concurso público realizado.

Luego será el turno del debate del Presupuesto 2026. No, no es que haya llegado por fin el momento de que se debata en el recinto una ley de leyes elaborada por el equipo económico de Javier Milei, sino que lo que se tratarán este miércoles son dos emplazamientos: primero, está el propio expediente del presupuesto enviado por el Ejecutivo para definir un cronograma de reuniones que fije encuentros los martes y jueves, dejando libre los miércoles para futuras sesiones. La oposición apunta a definir los invitados y dictaminar antes del 20 de noviembre. 

La cuestión referida al presidente saliente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, fue sacado del temario, dado que se apartó voluntariamente, eso devino en abstracto.

En relación al auxilio financiero que negocia el Gobierno con Estados Unidos, el temario de la sesión incluye un proyecto de resolución presentado por Máximo Kirchner para reafirmar las atribuciones exclusivas del Congreso de la Nación -establecidas en el artículo 75 de la Constitución Nacional- sobre todo empréstito tomado por Argentina. Además, hay un pedido de interpelación al ministro de Economía, Luis Caputo, que no cuenta con dictamen y debe emplazarse a comisiones.

Sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, promulgada por Ejecutivo, pero sin ejecución presupuestaria, se incluyen tres proyectos sin dictamen: la moción de censura contra Guillermo Francos, una interpelación al jefe de Gabinete y la declaración de nulidad absoluta del decreto 681/25 por el cual se anunció el incumplimiento de la ley insistida por el Congreso.

Ya sí con dictamen de comisiones, se buscarán aprobar las interpelaciones a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Salud, Mario Lugones, respecto a la denuncia por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, iniciada a través de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular del organismo.

En el último ítem del temario figura uno de los dos proyectos que habían impulsado los gobernadores para el reparto de fondos: el que implica cambios en la redistribución de la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos. En cuanto al tratamiento del veto a la Ley de ATN (que el Senado ya rechazó), no se incluyó porque en la oposición admitieron que no estaban los dos tercios para sostener la norma.

Además, en la sesión se incorporaron los dictámenes sobre declaración de emergencia y financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología; la creación de un Programa Nacional de Lucha contra la Enfermedad de Alzheimer; y la declaración como héroe nacional de Brigadier Estanislao López, considerado “defensor de los ideales federales y republicanos”.

Por último, hay otra serie de emplazamientos a comisiones para tratar la declaración de emergencia económica, financiera y laboral en micro, pequeñas y medianas empresas; la creación de la ventanilla única para PyMEs; la reforma democrática en la ANDIS; la modificación a la Ley 26.573 del ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo); la derogación del decreto 273/25 que habilita la importación irrestricta de maquinaria y equipos usados; y la solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga la recomposición presupuestaria del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA).

NOTICIA EN DESARROLLO

En la que tal vez sea la última sesión previa a las elecciones generales del 26 de octubre, la Cámara de Diputados se reúne este miércoles a partir de las 12 con un gran número de expedientes para debatir y un tema central para aprobar o rechazar: la reforma de la Ley 26.122, que regula los decretos de necesidad y urgencia.

Un tema previsible y fuertemente rechazado por el Gobierno nacional, dado que apunta a al corazón del mecanismo oficial en materia legislativa: la potestad de legislar por la vía del decreto, para compensar la gran endeblez legislativa que padece esta administración.

El tema viene con media sanción del Senado, donde se aprobó el pasado 4 de septiembre por más de 2/3: con 56 votos afirmativos, 8 en contra y 2 abstenciones. Ese texto que analizarán este miércoles en el recinto tiene varias diferencias respecto de las iniciativas que este mismo año obtuvieron dictamen de comisiones, pero sin llegar nunca al recinto. Por eso fue que finalmente se aceptó avanzar con el proyecto proveniente de la Cámara alta, cuestión de agilizar los tiempos.

Con grandes chances de ser aprobado este miércoles, será clave el número de votos que obtenga, cuestión de imaginar lo que podría llegar a suceder cuando el texto vuelva al Congreso, mandado por el Ejecutivo con el veto inexorable correspondiente. Esto es, ver si a partir de esa votación la oposición puede ilusionarse con resistir esa decisión de Javier Milei.

El segundo tema a debatir es el dictamen de la Comisión Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para designar en el cargo a María Paz Bertero, y a Matías Robledo y Héctor Vito como defensores adjuntos. Esa votación requiere mayoría simple, y lo seguro es que será rechazado por el oficialismo, que está en contra por la identificación de militante de género de Bertero y además cuestiona el concurso público realizado.

Luego será el turno del debate del Presupuesto 2026. No, no es que haya llegado por fin el momento de que se debata en el recinto una ley de leyes elaborada por el equipo económico de Javier Milei, sino que lo que se tratarán este miércoles son dos emplazamientos: primero, está el propio expediente del presupuesto enviado por el Ejecutivo para definir un cronograma de reuniones que fije encuentros los martes y jueves, dejando libre los miércoles para futuras sesiones. La oposición apunta a definir los invitados y dictaminar antes del 20 de noviembre.

Espert en la mira

El presidente saliente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda volverá a tener la máxima atención dada la intención de algunos legisladores opositores de pedir su remoción de la Cámara. Originalmente iban a ir por su apartamiento de la presidencia de la comisión, pero como el propio José Luis Espert se apartó voluntariamente, eso devino en abstracto, por lo que quedó para debatir o emplazar es un pedido de expulsión de Espert de la Cámara baja.

Lo que se sabe es que si la oposición avanza con el pedido de expulsión de Espert, La Libertad Avanza doblará la apuesta e irá contra una serie de diputados de Unión por la Patria que tienen causas judiciales. Según pudo saber este medio, le apuntarán puntualmente al chubutense José Glinski, denunciado junto a su pareja Tamara Pettinato por el presunto uso indebido de aviones, autos y una casa oficial, de cuando el legislador estaba al frente de la PSA; también le apuntarán al chaqueño Juan Manuel Pedrini, acusado de haber usado 220 pasajes para entregar –según argumentó- a personas que le han pedido ayuda para viajar por cuestiones de salud, como así también músicos, artesanos y profesores universitarios. Cuestión en la que se habrían gastado más de 30.000 dólares durante 2024.

Otro apuntado sería el tucumano Carlos Cisneros, a quien acusaron de liderar una asociación ilícita. También citarán al diputado Daniel Gollán, denunciado por contratos con una firma de su esposa; Carlos Castagneto, denunciado en su momento por “Señor Tabaco” por supuesto lavado de dinero y asociación ilícita; también el rionegrino Martín Soria, por haber retenido aportes voluntarios de su gabinete de General Roca para la campaña de 2019.

La lista incluye a las diputadas Nancy Sand y Agustina Propato.

En relación al auxilio financiero que negocia el Gobierno con Estados Unidos, el temario de la sesión incluye un proyecto de resolución presentado por Máximo Kirchner para reafirmar las atribuciones exclusivas del Congreso de la Nación -establecidas en el artículo 75 de la Constitución Nacional- sobre todo empréstito tomado por Argentina. Además, hay un pedido de interpelación al ministro de Economía, Luis Caputo, que no cuenta con dictamen y debe emplazarse a comisiones.

Sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, promulgada por Ejecutivo, pero sin ejecución presupuestaria, se incluyen tres proyectos sin dictamen: la moción de censura contra Guillermo Francos, una interpelación al jefe de Gabinete y la declaración de nulidad absoluta del decreto 681/25 por el cual se anunció el incumplimiento de la ley insistida por el Congreso.

Ya sí con dictamen de comisiones, se buscarán aprobar las interpelaciones a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Salud, Mario Lugones, respecto a la denuncia por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, iniciada a través de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular del organismo.

En el último ítem del temario figura uno de los dos proyectos que habían impulsado los gobernadores para el reparto de fondos: el que implica cambios en la redistribución de la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos. En cuanto al tratamiento del veto a la Ley de ATN (que el Senado ya rechazó), no se incluyó porque en la oposición admitieron que no estaban los dos tercios para sostener la norma.

Además, en la sesión se incorporaron los dictámenes sobre declaración de emergencia y financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología; la creación de un Programa Nacional de Lucha contra la Enfermedad de Alzheimer; y la declaración como héroe nacional de Brigadier Estanislao López, considerado “defensor de los ideales federales y republicanos”.

Por último, hay otra serie de emplazamientos a comisiones para tratar la declaración de emergencia económica, financiera y laboral en micro, pequeñas y medianas empresas; la creación de la ventanilla única para PyMEs; la reforma democrática en la ANDIS; la modificación a la Ley 26.573 del ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo); la derogación del decreto 273/25 que habilita la importación irrestricta de maquinaria y equipos usados; y la solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga la recomposición presupuestaria del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA).

En los hechos, por causa y efecto, debiera considerarse el debate a la modificación de la Ley 26.122, que regula los DNU, lo más importante de la sesión de este miércoles en Diputados. Porque si se aprueba será ley; y debería ser esa la preocupación mayúscula de cara a la sesión, habida cuenta de la importancia que para este gobierno en minoría tiene una norma de tal característica. Pero en realidad, se tiene confianza el oficialismo en que puedan frenarlo con el veto. La ley saldrá, seguramente, este miércoles; el veto será rechazado primero en el Senado -cámara de origen-, pero en Diputados habría número para ratificar el rechazo presidencial. Eso es por lo menos con lo que se ilusionan en el oficialismo, donde confían en que eso sucederá después de las elecciones y para entonces los gobernadores tendrán esa consideración. Se verá, pero la clave estará dada en el número que consiga Diputados cuando se dé la aprobación el miércoles próximo.

Más allá de eso, la máxima expectativa estará puesta este miércoles en lo que suceda con José Luis Espert y el presupuesto, que en este caso es más o menos lo mismo.

El tema no será abordado de entrada. Primero avanzarán con el Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, que es lo que figura en primer lugar en el pedido de sesión. Esto es, lo más trascendente, lo que buscan que sea ley, primero, no sea cosa de que un accidentado debate en torno al caso Espert desperfile a la oposición y afecte el resto de la sesión. Porque por más que Espert haya terminado bajando su candidatura, este miércoles irán por su argo.

En segundo lugar, los diputados irán con la resolución sobre la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, cargo para el que surgió del concurso realizado María Paz Bertero como candidata principal a ocupar ese cargo. Habrá polémica con eso, pues La Libertad Avanza protestó vivamente cuando se votó la terna que ahora deberá ser aprobada, argumentando irregularidades en el proceso de selección. Lo hizo a través del diputado Nicolás Mayoraz, que será este miércoles la voz cantante en contra de la terna en cuestión (la completan Eduardo Matías Robledo como defensor adjunto y Héctor Iván Vito como defensor adjunto en segundo orden).

Sorteada esa cuestión -que necesita de mayoría absoluta-, toda la atención quedará en el Presupuesto 2026 que, dicho sea de paso, hasta ahora no ha sido convocada la comisión para seguir debatiéndolo. El miércoles pasado, con el cierre intempestivo de la reunión a causa del entredicho con la izquierda, que motivó el retiro del secretario de Hacienda, el titular de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, no anunció cuándo continuaría la exposición de los funcionarios. El oficialismo sabía de la sesión que pediría la oposición para este miércoles, pero además todo el escándalo en torno a Espert ha generado inacción en dicha comisión, que no ha convocado para la continuidad del debate.

Amén de esa reunión todavía no convocada, la oposición avanzará este miércoles para emplazar en la materia. La idea es poner una fecha límite para dictaminar, “para que no puedan bajar el Presupuesto de nuevo”, según confió a este medio una fuente consultada. Un emplazamiento en ese sentido es justamente lo que anticipó sesiones atrás el diputado de Encuentro Federal Nicolás Massot, quien anticipó que esa sería la jugada opositora para evitar que por tercer año consecutivo no haya presupuesto.

Hay quienes objetan la legitimidad de la maniobra, habida cuenta de que todos los gobiernos suelen esperar en los años de renovación parlamentaria a tratar el tema con la nueva composición del Congreso. Consultados al respecto miembros de la oposición recordaron que el Gobierno ya “mató dos presupuestos”. Ante ello, “un tercero sería una catástrofe, incluso para el propio Gobierno”, razón por la cual diseñaron esta estrategia que pondrán en práctica el miércoles. La intención, confiaron ante este medio, es forzar al menos al Gobierno al diálogo. Además, “la nueva conformación no necesariamente va a ser de mucha más ayuda para lo que quieren”, sintetizó un legislador opositor que firmó la cita para este miércoles.

Lo que viene después es lo que se llevará sin dudas toda la atención, para desgracia del Gobierno que no ve la hora de dar por superada la cuestión. Se debatirá en cuarto lugar el expediente por el cual se pide la remoción del diputado José Luis Espert del cargo de presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, argumentando “incumplimiento de sus funciones”.

Ese proyecto fue presentado hace tiempo por la diputada Victoria Tolosa Paz. Hay otros que piden directamente la exclusión de Espert de la Cámara, pero eso no se tratará. Entre los sectores que no quieren saber nada con tal alternativa están los diputados de la Coalición Cívica. Lo cierto es que en primer lugar se pondrá a consideración el tratamiento del tema sobre tablas, para lo cual necesitaría dos tercios. Si eso no está, irían por un emplazamiento, el camino más largo. Pero hay confianza en que se consiga el número para liquidar el tema este mismo miércoles.

Más allá de que la renuncia pueda haber morigerado el escándalo, lo cierto es que los diputados de la oposición en casi todo su conjunto no quieren que Espert siga al frente de la comisión más importante de la Cámara y es muy probable que se alcance el número necesario, incluso con el aporte de firmes aliados de La Libertad Avanza.

La Comisión de Defensa Nacional, presidida por el diputado Ricardo López Murphy (EF), se reunió este martes para dictaminar una batería de proyectos de diversas temáticas, entre ellos el proyecto enviado por el Ejecutivo que solicita la autorización del ingreso y egreso de tropas al territorio.

Al inicio de la reunión el titular de la comisión procedió a pasar a la firma el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que por el cual se autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de él, de fuerzas nacionales. En ese momento, pidió la palabra la diputada Agustina Propato quien señaló que hay un “claro incumplimiento de los plazos en el envío de los ejercicios militares porque tendrían que haber llegado la primera semana de marzo”.

Propato advirtió que este martes salió publicado en el Boletín Oficial un DNU que autoriza a dos ejercicios militares que “están contenidos en el paquete de propuesta a tratar hoy. Uno es con Chile y el otro es con Estados Unidos”, y alertó: “Lo cierto es que queremos denunciar que sistemáticamente se viene repitiendo esta situación”.

La diputada de UP remarcó que la Constitución Nacional en su Artículo 75 “le otorga y le confiere esta facultad al Congreso de la Nación de autorizar los ejercicios militares porque se trata del ingreso de tropas extranjeras a nuestro territorio y la salida de nuestras tropas fuera de nuestro territorio”.

“Es un tema que claramente compromete, o por lo menos, genera dudas acerca de la seriedad con que están realmente llevando adelante estas cuestiones. Ya lo vivimos en otras oportunidades y en este caso queremos denunciar que claramente estamos frente a una flagrante violación de la Constitución Nacional. Se están exponiendo a nuestras fuerzas armadas a un acto que tiene características de nulidad y que tiene características de inconstitucionalidad”, apuntó.

“Embajadores Merlenses por Malvinas”

Otro de los proyectos que pasaron a la firma declara el interés de la Cámara de Diputados al programa “Embajadores Merlsenses por Malvinas” impulsado por el Municipio de Merlo. Se trata de un programa municipal que tiene como objetivo fortalecer la memoria colectiva y reafirmar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas en estudiantes de nivel secundario.

“Embajadores Merlsenses por Malvinas” tiene como objetivo fortalecer la memoria colectiva y reafirmar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas a partir de un concurso de arte, conocimiento y creatividad que promueve la participación inclusiva de estudiantes del nivel secundario de escuelas privadas y estatales, CENS y FinEs. Este programa municipal, premia a diez ganadores con un viaje a Malvinas junto a veteranos de guerra.

En ese marco, la diputada Roxana Monzón (UP), destacó que “no solo es un proyecto educativo, sino que es un proyecto de puente generacional que, entiendo, debe ser analizado como una herramienta pedagógica, pero también es un proyecto que tiene que ver con lograr justicia para los que dieron la vida por la causa Malvinas”.

“El proyecto entiende a los jóvenes como protagonistas de esta historia, como portadores de la causa Malvinas. Demás está decirles que los jóvenes siempre han sido protagonistas de grandes cambios y esta no es la excepción. Necesitamos que los jóvenes sean emblema de creatividad, necesitamos jóvenes con compromiso para seguir defendiendo la causa Malvinas, son el motor de los cambios históricos”.

“El municipio de Merlo ha sido sede fue el origen de este programa donde los jóvenes de las escuelas secundaria se manifiestan de diferente manera sobre la causa Malvinas. A través de una canción, del teatro, poesía, tik tok, ellos se expresan y manifiestan su sentir. Como premio a esta actividad que realizan, se les da la posibilidad de que 10 que ganan el concurso puedan viajar a Malvinas”, contó.

A su turno, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez quien es impulsor del proyecto comentó: “Trajimos una delegación de Merlo compuesta por nuestros primeros 10 embajadores merlenses para Malvinas, hay dos héroes de guerra, docentes que trabajaron en la propuesta que consiste en sumarse a otro programa que hay en Merlo que consiste en reencontrarse con el lugar de combate de los veteranos que lo deseen”.

“Esperamos que sea una causa que pueda unir a todos los argentinos más allá de las diferencias en otros temas, pero que la historia y el futuro nos pueda unir en ese sueño que tienen millones de argentinos de recuperar las islas y que así lo sientan estas nuevas generaciones”, planteó.

En tanto, el diputado Aldo Leiva (UP) y ex combatiente de Malvinas sumó: “La lucha continua, hoy, las armas son diferentes y tienen que ver con la educación, por eso, instarlos al compromiso con la Patria es fundamental”.

“Que Merlo sea el ejemplo, si cada provincia llevara a un grupo de veteranos junto a familiares de los caídos, no estaría faltando ninguna flor en ese lugar sagrado”, instó María Fernanda Araujo (LLA).

En el mismo contexto, se aprobó el proyecto de ley que reconoce al Brigadier Jorge Francisco Martínez en la “Guerra del Atlántico Sur” y le concede la medalla “La Nación Argentina al Valor en Combate”

Asimismo, los legisladores reiteraron pedidos de informe al Poder Ejecutivo sobre la situación de IOSFA; solicitaron información sobre la posible venta de inmuebles del ejército argentino ubicados en la provincia de Córdoba; expresaron preocupación y rechazo a la Resolución N° 39/2025 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que convoca a la subasta pública del inmueble que se encuentra afectado al Regimiento de Infantería 1 "Patricios", entre otros.

También, se pasó a la firma el proyecto que se reconoce al brigadier (R) “VGM” Jorge Francisco Martínez en la “Guerra del Atlántico Sur” y concédase la medalla “La Nación Argentina al Valor en Combate”. Además, la iniciativa que declara Héroes Nacionales al teniente coronel Juan Francisco Borges y al brigadier y capitán general Juan Felipe Ibarra.

La actividad frenética en el recinto encontró una tregua la semana que pasó. Aunque nunca estuvo asegurada una reunión en Diputados para el último miércoles de septiembre, no faltaban quienes insistían en seguir adelante con las sesiones para acelerar el deterioro oficialista. Otros, más cautos, sugerían ahorrar municiones y juntar temas antes de convocar nuevamente.

Temas hay siempre, pero los convocantes son más puntuales. Y si algo entendió la oposición en general, la que ha conseguido hacerse de victorias sucesivas en los últimos tiempos, es que los mejores resultados los obtienen cuando acercan posiciones entre sí y acuerdan temarios consensuados, aun incluyendo los que los desunen; en esos casos, los ponen al final de la lista, cuestión de que si la situación amerita, se posterguen.

El argumento para posponer una eventual sesión el miércoles que pasó era esperar a tener listo el proyecto de reforma de la Ley 26.122, la que cambia la forma de administrar los decretos de necesidad y urgencia. Hechos los emplazamientos correspondientes, ese tema estará listo para la semana que se inicia. Si convocaban para el miércoles 24 de septiembre, solo tenían para tratar -de los temas salientes- el veto a la Ley de ATN, que ya tramitó con holgura el Senado la semana anterior. Pero ni siquiera había garantías de que se consiguieran los dos tercios, ¿para qué apurar las cosas entonces?

Todos coincidieron entonces en preparar el camino para el 1 de octubre, y lo dejaron expuesto el miércoles que pasó, en la inauguración del debate del Presupuesto 2026 en la comisión que preside el duro José Luis Espert. Cuando el primer candidato de LLA en la provincia de Buenos Aires planteó que la primera reunión informativa sobre la ley de leyes sería el miércoles que viene, a las 13, con la visita del secretario de Hacienda, varios diputados pidieron cambiar el día de reunión de Presupuesto y Hacienda, porque “los miércoles queremos sesionar”, y confirmaron que estaban trabajando en una reunión para el 1 de octubre.

Lejos de todo consenso, el autor de la frase “cárcel o bala”  se mostró irreductible, y al despedirse lo hizo “hasta el miércoles 1/10 a las 13”.

Como “sesión mata comisión”, si hay sesión ese día, Carlos Guberman tendrá que agendarse otra fecha.

Pero el pedido de sesión no salió el viernes pasado. Contra lo que se esperaba, la falta de acuerdo en el seno opositor demoró la emisión de la nota correspondiente y promediando la tarde este medio supo que no saldría ese día. Ya se sabe que es uso y costumbre que las sesiones se anticipen el viernes de la semana anterior, cuestión de que los diputados del interior puedan organizarse con los vuelos.

Este fin de semana, una fuente consultada por parlamentario.com -de las que suelen suscribir las convocatorias- confirmó que “no hemos terminado de definir aún”, por lo que “hay más chances de que sea el 8” de octubre. La base de esa sesión, está claro, es el tema de los gobernadores (ATN) y la Ley de DNU.

Dicen que algunos querían sumar la moción de censura contra el jefe de Gabinete por el tema de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Sería un emplazamiento en ese caso, y había resistencias en el seno opositor para avanzar ya con eso. Otras fuentes dicen que no tuvo nada que ver. Y aclararon, contundentes: “No hay desacuerdo en nada. Estamos trabajando en un temari que tenga número”. Así las cosas, todo indica que la convocatoria para este miércoles 1° de octubre quedará para el miércoles venidero.

Sesión en el Senado

En la Cámara alta, en tanto, se habla de sesionar el jueves que viene. Con los vetos a las leyes de Financiamiento Universitario y la Emergencia en Pediatría en el temario.

Esos serían los platos principales de esa sesión a la que agregarán en el camino a la redacción de la convocatoria algunos temas más. Van con la garantía de tener un número más consolidado en esa Cámara y ensoberbecidos -por qué no- por los éxitos recientes: readaptando la frase “todo por dos pesos” de los 90, en el Senado se agrandan con un “todo por dos tercios”.

En un encendido discurso en el que se pronunció a favor de modificar la Ley 26.122, la diputada Silvia Lospennato concluyó diciendo: “Sin comprarme el republicanismo repentino de los que propusieron, usaron y abusaron de esta ley durante tantos años; sin comprarme la hipocresía de los que dicen una cosa y cambian de opinión cuando no les conviene la norma, yo quiero ser coherente con lo que mi partido a lo largo de 20 años ha sostenido en este Congreso. Porque creo que para los ciudadanos hay un valor en la coherencia de los políticos: cuando nos votan, tienen que saber que si votan a un republicano vamos a defender la Constitución cuando nos convenga y cuando no nos convenga, porque la Constitución está por sobre los intereses de cualquier partido y de cualquier persona”.

Y antes de que continuaran los expositores, pidió la palabra la diputada massista Mónica Litza para preguntarle: “No me quedó en claro una cosa de la diputada Lospennato. Por sí o por no, diputada, ¿usted le dio facultades delegadas al presidente Milei, ya que habla de republicanismo?”.

La diputada del Pro recogió el guante. “Mire, no es un debate, pero le voy a contestar que la delegación de facultades está habilitada en la Constitución Nacional -dijo-; yo lamento que algunos diputados tengan que ir y retomar algún curso de Derecho Constitucional. Y no solamente está habilitada por la Constitución Nacional, sino que la Corte Suprema en reiterados fallos ha…”.

“Por sí o por no, era, diputada, gracias…”, le lanzó Litza, y Lospennato reaccionó diciendo que justamente le estaba costentando. “Y usted no dice, ‘por sí o por no’, mire… Le fue muy mal al que quiso apurar con eso, yo que ustedes no sería…”.

“Tan mal no le fue”, le gritaron desde Unión por la Patria, y le recordaron a la diputada del Pro que habían salido terceros en las elecciones de 2023. Pero Lospennato insistió: “Perdió, el que dijo por sí o por no perdió… Miren, yo no sería ni tan soberbio ni tan prepotente. Justamente nosotros dimos delegaciones legislativas a todos los presidentes, a todos… Y el único que no las pidió fue el presidente Macri, ahí hay una diferencia que yo quiero resaltar. Pero además digo: las dimos porque eran constitucionales, y lo hicimos en el margen que la Constitución habilita: fijando la materia, los límites y ejerciendo luego la facultad de control que corresponde a este Congreso”.

Y cerró: “Así que si algo no puede hacer un kirchnerista es corrernos a los republicanos con la Constitución”.

No le da tregua el Congreso al Gobierno más disminuido numéricamente de la historia en ambas cámaras. Ya hay un pedido para sesionar el miércoles que viene en Diputados, y también aparecerá en las próximas horas uno para abrir las puertas de la Cámara alta al día siguiente.

Será de alguna manera una continuidad de la sesión del jueves 4 de septiembre, cuando se rechazó el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad: un hecho histórico, ya que no sucedía algo así desde hacía 22 años.

Además de ese tema se trató la modificación del Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, proyecto al que se le dio entonces media sanción y sería tratado este miércoles en Diputados.

Ya para la convocatoria de esa sesión se anunció que habría una sesión más, con los temas pendientes que quedaran, el jueves 18 de septiembre. Y para ese día se prevé tratar fundamentalmente el veto a la Ley de ATN, publicado en el Boletín Oficial el viernes pasado.

La ley que prevé la redistribución de los ATN a las provincias de “forma automática y diaria” fue aprobada ya en el Senado el 10 de julio por 56 votos afirmativos y uno negativo. En la Cámara baja se votó el 20 de agosto, pero allí no alcanzó los dos tercios que eventualmente necesitará cuando traten de insistir con la norma allí. En esa oportunidad tuvo 143votos a favor y 90 en contra.

Se prevé que también sean tratados este jueves dos temas que quedaron pendientes en la sesión del 11, cuando se resolvió dar por concluida la reunión. Quedaban pendientes una modificación del Régimen de Retiro Anticipado previo a la Jubilación. El tema está dedicado a la planta temporaria afectada a cualquiera de las áreas del Senado, con una antigüedad superior a los 6 años ininterrumpidos.

También había dos convenios internacionales. Uno es un protocolo de enmienda al convenio con el Gobierno de la República Francesa, a fin de evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal; el otro es un convenio similar, con Austria, para eliminar la doble imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y la Prevención de la Evasión y Elusión Fiscal.

La sesión del jueves sería pedida para las 11 de la mañana.

La Cámara de Senadores sesionará este jueves a partir de las 11, en la que será la novena reunión del año, contando extraordinarias. Y tal cual viene sucediendo en este período ordinario, el oficialismo no llegará al recinto cargado de optimismo. Por el contrario, lo más probable es que el Gobierno sufra al menos una derrota inédita en las últimas dos décadas.

Hablamos del rechazo a un veto presidencial, que tendría lugar este jueves, un hecho que no sucede desde hace exactamente 22 años. Y este jueves pasaría con la Ley de Emergencia en Discapacidad, que ya fue rechazada por la Cámara de Diputados el pasado 20 de agosto con los dos tercios necesarios para tal fin: hubo 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones ese día. El antecedente que el proyecto tiene en la Cámara alta no es nada halagüeño para el oficialismo, ya que allí se convirtió en ley el 10 de julio pasado con 56 votos a favor y ninguno en contra. Unanimidad.

Según se acordó este miércoles en la reunión de Labor Parlamentaria, la insistencia del veto sobre Emergencia en Discapacidad será el primer tema a abordar este jueves. Y el segundo representa otro dolor de cabeza para el Gobierno, pues se trata de una modificación del Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia.

El tema tuvo dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado cuando distintos bloques de la oposición se pusieron de acuerdo y avanzaron con un proyecto unificado. De acuerdo con el despacho, uno de los cambios incorpora el artículo 1 bis a la Ley 26.122, de modo de establecer que los decretos de necesidad y urgencia, los delegados y los de promulgación parcial de leyes “deberán versar sobre una única materia a fin de que sean tratados individualmente por el Congreso de la Nación”.

"Si la situación invocada requiriera el dictado de normas en más de una materia, cada una de ellas deberá ser objeto de un decreto individual", agrega, con el fin de evitar los "mega" decretos, como fue el DNU 70/2023, con el cual Milei inauguró su gestión.

Otra de las reformas es la incorporación del artículo 21 bis, que indica que “ambas Cámaras podrán abocarse aun durante el período de receso parlamentario al expreso e inmediato tratamiento de los decretos”.

Pasados esos dos temas, se tratará una modificación del Régimen de Retiro Anticipado previo a la Jubilación. El tema está dedicado a la planta temporaria afectada a cualquiera de las áreas del Senado, con una antigüedad superior a los 6 años ininterrumpidos.

Quedan para el final dos convenios internacionales. Uno es un protocolo de enmienda al convenio con el Gobierno de la República Francesa, a fin de evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal; el otro es un convenio similar, con Austria, para eliminar la doble imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y la Prevención de la Evasión y Elusión Fiscal.

No fue incluida en el temario la interpelación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, como pretendía Unión por la Patria.

De la reunión de Labor participaron los senadores Ezequiel Atauche, José Mayans, Martín Göerling Lara, Eduardo Vischi, Mónica Silva, Fernando Salino, Francisco Paoltroni, Natalia Gadano, Juliana di Tullio, Juan Carlos Romero, Pablo Daniel Blanco, Carlos Espínola, Mariana Juri, Lucila Crexell, Carlos Arce, Edith Terenzi, Anabel Fernández Sagasti y Alfredo De Angeli. La sesión fue presidida por la titular de la Cámara, Victoria Villarruel, y participó también el secretario Parlamentario, Agustín Giustinian.

Según pudo saber parlamentario.com, se acordó en esta reunión que el Cuerpo vuelva a reunirse el próximo 18 de septiembre, a partir de las 11, con temas a determinar para entonces.

Luego del rechazo por parte de ambas cámaras del Congreso a un conjunto de decretos desregulatorios emitidos por el Gobierno, el Poder Ejecutivo restituyó las normas anteriores a esas decisiones, mediante dos decretos de necesidad y urgencia publicados este miércoles en el Boletín Oficial.

En el caso del DNU 627/25, el artículo 1ro. indica: "Restitúyese la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por los Decretos Nros. 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25 y que se encontraban vigentes al momento del dictado de cada uno de los mencionados decretos".

Se trata -en ese orden- de los decretos por los cuales se habían dispuesto cambios en organismos de cultura; la "transformación" del Banco Nacional de Datos Genéticos; modificaciones en organismos de la Secretaría de Transporte, entre esas la disolución de Vialidad Nacional; y la reforma en el INTI e INTA.

Otro de los artículos instruye "a las distintas jurisdicciones y autoridades competentes a dictar los actos administrativos necesarios para el adecuado cumplimiento de la presente medida y su operatividad efectiva".

En los considerandos, el PEN cuestionó que al derogar los decretos, "sin determinar un marco jurídico aplicable en su reemplazo, el Honorable Congreso de la Nación ha provocado un vacío normativo de extrema gravedad".

En ese sentido, "es necesario y urgente que el Poder Ejecutivo Nacional clarifique el marco jurídico aplicable a los organismos alcanzados por los decretos delegados bajo análisis, a fin de no comprometer la continuidad operativa de la Administración Pública Nacional y salvaguardar los principios de buena administración, juridicidad, buena fe y simplificación administrativa", afirmó.

Por otra parte, el DNU 628/25 dispone la restitución del régimen de la marina mercante que regía antes del dictado del decreto de necesidad y urgencia 340/25, también rechazado por el Congreso.

En los argumentos, el Gobierno señaló que "si bien el régimen jurídico que regulaba la Marina Mercante Nacional previo al dictado del Decreto N° 340/25 tuvo deficiencias que contribuyeron en gran medida a la crisis actual del sector, la ausencia total de un marco normativo agravaría aún más la situación, dejando a la industria sin parámetros mínimos de previsibilidad y funcionamiento".

"Este vacío normativo no solo perpetúa los problemas históricos de la industria sino que los profundiza", agregó y continuó: "Resulta imprescindible la existencia de un marco normativo integral que ordene, regule y promueva el desarrollo de la Marina Mercante Nacional, ya que de lo contrario la falta de reglas seguiría profundizando la crisis de una industria clave para la soberanía y la economía del país".

La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por la senadora Alejandra Vigo (Unidad Federal) analizó este miércoles por la tarde seis proyectos que buscan modificar la Ley 26.122 que regula el trámite y los alcances de la intervención del Congreso respecto de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), los decretos de delegación legislativa y los de promulgación parcial de leyes que dicta el Poder Ejecutivo.

El temario incluyó las iniciativas presentadas por los legisladores: Pablo Blanco (UCR), Martín Lousteau (UCR), Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), Eduardo Vischi (UCR), Martín Doñate (Unidad Ciudadana) y Mariano Recalde (Frente Nacional y Popular), y Fernando Salino (Convicción Federal).

La senadora Vigo, en el inicio de la reunión, manifestó que "la intención es debatir sobre un tema que ha sido recurrente y es de interés de muchos de los senadores". Asimismo, les recordó que "los DNU son instrumentos de excepción, contravienen con la idea de separación de poderes y de funciones; y estos proyectos, presentados hoy, expresan la necesidad del ordenamiento en el manejo de este trámite".

Por su parte, el jefe del bloque UCR, Eduardo Vischi, sostuvo que la facultad que contiene un decreto no puede ser usada como "un abuso de poder por parte de los distintos Poderes Ejecutivos" y le pareció relevante poder abordar y debatir "una reglamentación que nos permita estar más ajustado a derecho a lo que la prerrogativa constitucional nos habilita".

También, expresó la intención de unificar los proyectos para poder dictaminar y así "mantener la división de poderes y que cada uno mantenga las facultades que le correspondan".

En coincidencia con la importancia de este debate y el arribo a un único dictamen para poder tratarlo en el pleno de una sesión a la brevedad, la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro) también recordó que con la actual ley, "hecha en el kirchnerismo en su momento, hoy es más fácil tener un decreto que una ley". También destacó el acuerdo existente en "el espíritu de la modificación que se le quiere hacer a la Ley salvo algunas diferencias respecto de los tiempos y formas de rechazo".

En sintonía con lo anteriormente mencionado, el senador Pablo Blanco, autor de una de las iniciativas presentadas, coincidió en la importancia de llevar al recinto un dictamen porque así, "se está pisoteando lo que dice la Constitución Nacional".

La senadora Florencia López (Frente Nacional y Popular) puso en relieve dos temas en los que la Comisión debe discutir para lograr un consenso que tienen ver con "especificar que necesitamos para que un DNU o las facultades delegadas sean rechazadas y el otro es el vacío legal que tiene el silencio por parte del Poder legislativo, o sea cuando el Congreso no se expide que eso no signifique la validez de un DNU".

"Creo que el espíritu de la Ley debe ser la no destrucción del instrumento ni actuar por conveniencia ya que nació para favorecer la emisión de decretos, no para regularlos" sostuvo el senador salteño Juan Carlos Romero (Cambio Federal).

Luego, el senador libertario Juan Carlos Pagotto propuso que "al tratarse de un asunto de extrema delicadeza por la gran cantidad de DNU que hay de todos los signos políticos propongo que citemos a cuatro constitucionalistas en una sola reunión la semana que viene".

Para finalizar la reunión de comisión, se acordó que la presidencia elabore un proyecto definitivo y unificado para arribar a un único dictamen que, una vez consensuado entre los integrantes, pueda ser firmado y elevado a su tratamiento en el recinto.

Un durísimo revés sufrió el oficialismo en la sesión de la Cámara de Diputados, no sólo por la aprobación de leyes que rechaza por su costo fiscal, sino por la votación en contra de cinco decretos firmados por el presidente Javier Milei.

Se trata de cuatro decretos de facultades delegadas y uno de necesidad y urgencia, que imponen profundas reformas desregulatorias -detrás de las que se encuentra el ministro Federico Sturzenegger-, y que se hicieron en el marco de las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo a través de la Ley Bases. Justamente, las medidas fueron publicadas días antes que se termine el plazo de los "superpoderes".

Ninguno de los cinco habían sido tratados en la Bicameral de Trámite Legislativo y, pasados los días para que la comisión los analice, se llevaron directamente al recinto. Si el Senado los vota en contra, por mayoría simple, se caerán.

El primer decreto en rechazarse fue el 462/25, el más extenso con 80 artículos, publicado en el Boletín Oficial el pasado 8 de julio. A favor de que quede sin efecto votaron 141 diputados, mientras que 65 lo hicieron en contra y uno una sola abstención.

Por medio de este decreto, el PEN dispuso la disolución de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), de Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y del Instituto Nacional de Semillas y la Comisión Nacional de Semillas; al mismo tiempo que una "transformación" del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), el INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura) y el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial).

El segundo decreto, el 345/25, publicado en el Boletín Oficial el 22 de mayo, fue rechazado por 134 votos a favor, 68 en contra y 3 abstenciones. Mediante esta medida, se dispuso la disolución del Instituto Nacional del Teatro, sobre el que se cuestionó una "gestión deficiente en la administración y control de los recursos públicos".

Asimismo, el decreto estableció la fusión del Instituto Nacional Yrigoyeneano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas en una única unidad organizativa para "optimizar la administración".

Otros cambios tuvieron que ver con quitar autarquía o bajar la jerarquía a instituciones emblemáticas como el Instituto Nacional Sanmartiniano, el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, y la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares.

Por 133 votos afirmativos, 69 negativos y 2 abstenciones, también fue rechazado el decreto 351/25, oficializado el 23 de mayo pasado, por el cual se dispuso la "transformación" del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), un organismo clave para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad y la restitución de identidad de hijos de desaparecidos.

"Resulta necesario proceder a su transformación en un organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros, así como a la adecuación de su organización, con el propósito de que responda a parámetros de eficiencia en el marco del reordenamiento administrativo a cargo del Poder Ejecutivo Nacional", se fundamentó.

El cuarto decreto delegado en ser rechazado, por 138 votos a favor, 65 en contra y 2 abstenciones, fue el 461/25, por el cual se modificaron organismos de la Secretaría de Transporte.

En la medida, publicada en el Boletín Oficial el pasado 8 de julio, se estableció la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), de la la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial (CNTySV); y una "reorganización" de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y de la Junta de Seguridad en el Transporte.

Diez días después, la jueza en lo civil, comercial y contencioso administrativo federal de San Martín Martina Forns suspendió el decreto, al hacer lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional Casa Central de la provincia de Buenos Aires (SEVINA).

Finalmente, por 118 votos afirmativos, 77 negativos y 8 abstenciones fue rechazado el DNU 340/25, oficializado el 21 de mayo pasado.

A través de este decreto se dispuso una profunda desregulación del sector de la Marina Mercante Nacional, estableciendo un nuevo régimen para la actividad. Sin embargo, el Juzgado Nacional del Trabajo N° 3 declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3, "en cuanto impone restricciones al derecho de huelga en numerosas actividades a las que considera como servicios esenciales".

A su vez, desde los gremios del sector denunciaron que el DNU "implica una entrega de soberanía al habilitar banderas extranjeras en el cabotaje nacional, destruye condiciones laborales, habilita la competencia desleal sin convenios colectivos y pone en riesgo la seguridad en la navegación".

Los gremios marítimos, fluviales y pesqueros manifestaron su pedido a la Cámara de Diputados para que avance en el rechazo del DNU 340/25, por el cual el Gobierno nacional desreguló la actividad en aguas argentinas.

El decreto forma parte del temario de la sesión del próximo miércoles, en la que también se tratarán los proyectos sobre financiamiento universitario y fondos para el Hospital Garrahan, entre otros.

Aunque el decreto fue suspendido preventivamente por la Justicia laboral, los trabajadores advierten que "no es suficiente" y exigen "su nulidad definitiva por parte del Congreso". En ese marco, se espera una importante presencia de trabajadores frente al Palacio Legislativo.

"La postura de la Justicia sobre la inconstitucionalidad del DNU 340/25 debería ser un llamado de atención para los diputados y diputadas que votaron los superpoderes a Javier Milei", sostuvo el Capitán Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo y representante de la ITF para el sector fluvial argentino.

El dirigente resaltó que "la suspensión preventiva no garantiza ni la seguridad laboral ni que el Gobierno no vuelva a intentar desmantelar la actividad marítima, fluvial y pesquera". "Por eso, como trabajadores, como argentinos y como votantes, les exigimos que este miércoles se sienten a dar quórum y dicten la nulidad del Régimen de Exención de la Marina Mercante", reclamó.

Los gremios remarcaron que el DNU 340/25 implica "una entrega de soberanía" ya que "al habilitar banderas extranjeras en el cabotaje nacional, destruye condiciones laborales, habilita la competencia desleal sin convenios colectivos y pone en riesgo la seguridad en la navegación".

"No estamos discutiendo una reforma técnica. Estamos defendiendo los puestos de trabajo, la soberanía sobre nuestros ríos y mares, y el futuro de una marina mercante nacional que aún podemos recuperar", concluyó Moreno.

Los vetos para las leyes ya aprobadas por el Congreso en detrimento de los intereses del Gobierno son inexorables y llegarán en breve, atentos a la consigna que dice que “el equilibrio fiscal es innegociable”. A partir de ese trámite, se iniciará la cuenta regresiva para que ambas cámaras definan la suerte de esos vetos.

Así las cosas el objetivo fundamental del Gobierno es blindar el superávit fiscal; ergo, contar con el tercio necesario en ambas cámaras para garantizarlo.

¿Cuál es el balance de fuerzas hoy en el Congreso? ¿Milei puede avanzar con reformas estructurales o, por ahora, solo puede gobernar con veto y DNU? ¿Sigue contando con los héroes que necesita para vetar? Esas son las preguntas que se formuló La Sastrería, la consultora de Raúl Timerman y Juan Carlos Malagoli, para elaborar un informe denominado #HilandoFino, al que tuvo acceso parlamentario.com y que pasamos a detallar.

El trabajo arranca por el Senado, un espacio hostil para el oficialismo, que analiza las votaciones de 2024 (Ley Bases, DNU SIDE, movilidad jubilatoria y financiamiento universitario) y de 2025 (Comisión $LIBRA, ficha limpia y las seis votaciones del 10 de julio pasado). Determinó en ese sentido que 33 diputados nunca votaron a favor del oficialismo (los de UP, que ahora son 34), hubo 33 votos oscilantes y 6 que nunca votaron en contra, obviamente los del oficialismo.

La mejor votación para La Libertad Avanza fue la del 36 a 36 que desempató Victoria Villarruel con la que se aprobó la Ley Bases el año pasado; en tanto que la peor votación fue la de jubilaciones, en 2024, que el oficialismo perdió 61 a 8.

Según los mismos parámetros, en Diputados hubo 106 diputados que nunca votaron a favor del oficialismo; 94 oscilantes y 57 que nunca votaron en contra.

La mejor votación para La Libertad Avanza fue en este caso también la de la aprobación de Bases, 146 a 107; mientras que la peor resultó 52 a 156, cuando la oposición volteó el DNU de la SIDE, el año pasado.

El espejo de Carlos Menem

Con estos números, concluye La Sastrería, el oficialismo de Javier Milei aún no está en condiciones de llevar adelante reformas estructurales como las que sí logró el presidente Carlos Saúl Menem en sus primeros 2 años. A saber:

1989 – Ley de Reforma del Estado (23.696)

1989 – Ley de Emergencia Económica (23.697)

1991 – Ley de Convertibilidad (23.928)

Obviamente Carlos Menem contaba con números que hoy no tienen los libertarios. Entre 1989 y 1991, el oficialismo tenía 26 de un total de 46 senadores (equivalente al 57% de la Cámara alta), y 127 de un total de 254 diputados (50% de la Cámara baja).

Para La Sastrería, la actitud avasallante del presidente Javier Milei contrasta con su estrategia legislativa; su primer intento en el Congreso expuso esta cuestión. Para LLA resultó necesario “recalcular” y negociar gran parte de la Ley Bases para conseguir su sanción.

Así las cosas, en poco más de un año y medio de gobierno consiguió estos resultados:

• ● El oficialismo solo logró sancionar 4 leyes vinculadas a su visión: Bases, Paquete Fiscal, Suspensión de las PASO y Boleta Única Papel.
• ● Perdió numerosas votaciones importantes relacionadas con incremento de jubilaciones (2024 y 2025); financiamiento universitario; primer rechazo de la historia a un DNU (SIDE); ficha limpia, pliegos de jueces para la Corte Suprema, emergencia en discapacidad, coparticipación de impuestos nacionales, moratoria previsional, etc.

Ante esta situación adversa, el oficialismo apela a dos herramientas constitucionales: el veto presidencial y el DNU.

En septiembre de 2024, Milei logró juntar en Diputados lo que denominó “87 héroes” para sostener su veto al aumento de jubilaciones. Un mes después, nuevamente sostuvo un veto, esta vez con 85 diputados y frente al proyecto de financiamiento universitario.

Raúl Alfonsín vetó 49 veces, perdió una insistencia. Menem vetó 195,perdió 30; De la Rúa vetó 46, perdió 5.

Néstor Kirchner vetó 39 leyes, Cristina Kirchner 21 y Mauricio Macri 8: ninguno perdió insistencias.

En cuanto a los DNU, se recuerda que el artículo 99 de la Constitución Nacional faculta al presidente para dictar decretos de necesidad y urgencia cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos. Los DNUs se someten a consideración del Congreso.

En 2024, por primera vez en la historia se rechazó un DNU (el de los fondos reservados para la SIDE). En 2025, Milei ratificó el DNU para endeudarse con el FMI con 129 votos en Diputados.

Ante los posibles vetos del presidente Milei al incremento de jubilaciones y la emergencia en discapacidad se presenta la duda si, esta vez, los podrá sostener. ¿El escenario? Diputados, a menor cantidad de presentes, más factible el bloqueo de la insistencia por parte del oficialismo.

Ejemplo:

La ley de jubilaciones votada en Diputados el 4 de junio tuvo este resultado: 142 votos afirmativos, 67 negativos y 19 abstenciones. Hubo 288 presentes y 28 diputados ausentes.

¿Cuántos “héroes” hacen falta?

Si pensamos que el piso de diputados con el que contaría Javier Milei son los 67 que votaron, el pasado 4 de junio, contra el proyecto para incrementar jubilaciones y pensiones, ¿de dónde podrían surgir los héroes que aún resultan necesarios?, se pregunta la consultora de Timerman y Malagoli.

Tras aclarar que el presidente de la Cámara puede votar en las insistencias, se recuerda la procedencia de los 28 ausentes en esa votación: 3 del Pro, 3 de Democracia para Siempre, 2 de LLA, 1 de la UCR, 7 de Hacemos Coalición Federal, 5 de UP y 7 de otros bloques. Entre estos, hay 10 de los que supieron sostener el veto a las jubilaciones en 2024.

En las 19 abstenciones (9 radicales, 9 Pro y 1 de otros), hay 8 de los que sostuvieron el veto a las jubilaciones en 2024 (todos del Pro). 18 de los 19 que se abstuvieron, votaron en contra de la creación de la Comisión Investigadora por el caso $LIBRA.

Milei frente a los “87 héroes” en ocasión del asado con el que los homenajeó en Olivos.

El espejo de Mauricio Macri

La Sastrería se pregunta cuánto puede cambiar el tablero en el Congreso a partir de las elecciones de octubre. Y pone el ejemplo de las elecciones intermedias de Cambiemos (2017) como el sueño de Milei.

Recordemos que Mauricio Macri ganó en 2015 por balotaje, igual que Milei en 2023. En 2015, Cambiemos consolidó un piso de 46 diputados, base legislativa que luego de la gran elección de 2017 incrementó en 61 bancas. Con casi el 42% de los votos a nivel nacional en 2017, Cambiemos quedó con 107 diputados.

Pero se advierte que ese contexto de 2017 tiene importantes diferencias con el de 2025, a saber: 2017 fue el pico de performance del macrismo; la economía estaba en crecimiento; la polarización con el peronismo en casi todo el país impidió terceras fuerzas relevantes. De tal manera, 2017 se repartió entre menos fuerzas y eso benefició principalmente al que ganó la elección.

Es así que la consultora hace una proyección de los resultados en ambas cámaras. Se aclara que el 7 de agosto se conocerán las alianzas electorales de cara a octubre, lo que permitirá proyectar bancas en función de las fuerzas que se presenten en cada provincia. Mientras tanto, hace cálculos en función de las proyecciones que el politólogo y docente Pablo Salinas realizó tomando los números de la elección de 2023.

Así, recuerda que en el Senado LLA cuenta con 6 miembros, y según las generales de 2023 podría llegar a 14, en tanto que de acuerdo con el resultado del balotaje de 2023, podría tener 20 senadores.

Mientras que en la Cámara alta no le alcanzaría para llegar a tener un tercio, sí superaría ese número en Diputados, donde cuenta con 39 miembros y según las elecciones generales de 2023 llegaría a tener 71 diputados, en tanto que de acuerdo con el balotaje de las últimas presidenciales, el bloque se engrosaría a 94.

El Gobierno nacional oficializó este martes la disolución, transformación y fusión de 21 organismos públicos de distintas áreas, en el marco del proceso para reducir la estructura estatal y el gasto público. La decisión, publicada en el Boletín Oficial N° 35.702, afecta a dependencias vinculadas a salud, transporte, agroindustria, industria y seguridad vial, entre otras.

Al respecto, desde el bloque de Unión por la Patria mostraron preocupación por las medidas y proponen un rechazo por mayoría simple en el Congreso de la Nación. Así lo explicó la diputada Carolina Gaillard en un extenso posteo en sus redes: “Los decretos delegados de Milei que disuelven de manera encubierta organismos como en Instituto Nacional del Teatro, la CONABIP, el INTA, el INTI, el INASE, y la destrucción de la Marina Mercante con el DNU 340 entre otros, pueden ser tratados si hay quórum y rechazados con mayoría simple en el recinto de ambas cámaras y pierden validez, o sea quedan sin efectos”.

“Aquellos que votaron la Ley Bases y la delegación de facultades pueden resarcirse tratando en sesión especial estos decretos de MILEI que desmantelan el estado y dar quórum y votar rechazo de estos decretos delegados”, criticó.

En esa línea, bregó para que “prime la sensatez y la responsabilidad de todos los bloques políticos” porque “tenemos herramientas para frenar este desquicio debemos usarlas como Congreso. No pueden avasallar las instituciones y quedarnos de brazos cruzados cuando existen herramientas de control de los decretos delegados que establece la Ley 26122”.

Gaillard remarcó que el art. 20 de la ley dice que si no se trata en la Comisión Bicameral dentro de los 10 días puede ser tratado de oficio en el recinto. “Ya estamos en plazo y podemos tratarlos y rechazarlos si los bloques están de acuerdo”, remarcó.

Para los arrepentidos diputados o diputadas que hoy deberían estar leyendo el Boletín Oficial: INTI, INTA, FONDO MANEJO DEL FUEGO, VIALIDAD, etc. no hay que esperar una tragedia en la Argentina para entender porque esta no es una desregulación sino que es una entrega.
Todos los… https://t.co/Gf8MHrwM6k

— Vanesa Siley (@Vsiley) July 8, 2025

También se manifestó la diputada Julia Strada: “Hoy de repente muchos diputados muestran preocupación por la destrucción de organismos estratégicos del Estado. Léase INTI, INTA, VIALIDAD, INSTITUTO DEL CÁNCER, sólo por mencionar los últimos atacados”.

Strada recordó que la ley Bases tuvo 142 votos afirmativos en general, y las facultades delegadas en particular tuvieron 135 votos afirmativos. “Pocos se bajaron de votarle superpoderes a Milei. El gobierno contó con aliados para hacer este desastre. Las actas son públicas”, criticó.

“Miren lo que le votaron a Milei: el Capítulo Reforma del Estado otorgó poder para transformar y desguazar organismos (el art. 3), empresas públicas (el art. 4) y fondos fiduciarios (el art. 5). Además, le dieron poder para la intervención de organismos (el art. 6). Vean abajo los artículos de la Ley”, cuestionó.

La diputada de UP apuntó: “Todavía me acuerdo de algunos aliados del gobierno queriendo hacerse los patriotas, metiendo organismos entre las excepciones de disolución del Art. 3. En castellano, decían "le 'damos la herramienta' al gobierno, pero ojo porque estamos preservando que algunas cosas no se disuelvan" MIENTRAS LE DABAN SUPERPODERES PARA HACER COSAS SIMILARES O PEORES QUE DISOLVER. ¿Saben lo que estaba en esa lista de "salvataje"? INTI e INTA. Hoy los vacían, cambian funciones, desjerarquizan: porque esos aliados les dieron el poder para hacer lo que quisieran. Desde UP lo dijimos: había que rechazar sin matices”.

Milei no podría destruir el INTA, INTI, Vialidad y decenas de organismos clave para el desarrollo sin que legisladores rionegrinos le aprobaran la Ley Bases.

Presentaré un proyecto de Ley para derogar los decretos. Veremos quien esta con Milei y quien con los rionegrinos. pic.twitter.com/oHRjQ3JNEJ

— Martin Soria (@MartinSoria_) July 8, 2025

"La disolución de Vialidad Nacional es el ejemplo claro del uso real de las facultades extraordinarias de la ley bases: centralismo, ajuste sin planificación y desmantelamiento del Estado donde más se lo necesita. No es eficiencia, son las mismas ideas centralistas que buscan destruir el interior productivo", expresó el senador pampeano Daniel Bensusán.

El decretazo ómnibus de Milei incluye 24 decretos para eliminar organismos públicos y reestructurar otros 7. Se disuelve Télam (+350 despidos), se vacía el CONICET (+4.000 científicos en riesgo), y se entregan INTA e INTI al Ministerio de Economía.

Esto no es modernización: es…

— José Glinski (@jglinski) July 8, 2025

La Ley Bases no le sirvió de nada a Río Negro. Vino a destruir el federalismo y a poner a la provincia de rodillas.

Fue un error histórico e irreparable de quienes votaron este bodoque impresentable que hoy Milei usa para gobernar por decreto.

Los lamentos disfrazados de… pic.twitter.com/lNwXUNBSi6

— Martin Doñate (@martindonate) July 8, 2025

Organismos disueltos

Entre los organismos disueltos se encuentran la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad, el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, el fideicomiso FONDEP, las Delegaciones Sanitarias Federales del Ministerio de Salud, la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Comisión Nacional de Semillas, entre otros. En algunos casos, como el del Instituto Nacional de Medicina Tropical, se justificó la eliminación por superposición de funciones y falta de resultados concretos.

Transformaciones y fusiones

Otros organismos fueron transformados en unidades organizativas dependientes de ministerios, como el Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). La CNRT se transformó en la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, y la Junta de Seguridad en el Transporte se reconvirtió en la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, con competencias limitadas a la investigación aeronáutica.

También se dispuso la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), que centralizará la gestión de los hospitales nacionales Posadas, Sommer, Carrillo, el INAREPS y el hospital de salud mental Bonaparte, con el objetivo de optimizar recursos y fortalecer capacidades asistenciales.

La legisladora del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Mercedes Trimarchi presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de declaración mediante el cual prevé manifestar “su más enérgico repudio” al DNU 383 que “institucionaliza el ciberpatrullaje”.

El mencionado decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y facultaría “a las fuerzas represivas nacionales a realizar detenciones arbitrarias en todo el territorio nacional, se avanza en la creación de un organismo de seguridad con el que se institucionaliza el coactivo accionar del ciberpatrullaje sobre la ciudadanía y se vulneran gravemente derechos y garantías constitucionales, el principio de inocencia y las libertades democráticas”.

En los fundamentos de la iniciativa, la diputada afirmó que ese decreto “constituye un nuevo avance autoritario por parte del Gobierno Nacional, en el marco de una acción represiva cada vez más brutal y violenta sobre los sectores populares, las organizaciones sociales y los militantes políticos que se oponen a su régimen cada vez más iracundo e intolerante” e indicó que “bajo el pretexto de reforzar la seguridad y combatir el delito, se habilita a las fuerzas federales a actuar por fuera de todo marco legal, facultándolas a detener personas sin orden judicial ni garantía de debido proceso”.

“A partir de la firma del decreto la PFA podrá revisar, sin orden judicial, redes sociales y detener si considera sospechosas a las personas o grupos que difundan sus publicaciones. En caso de manifestaciones, también sin orden judicial, la PFA podrá revisar vehículos, bolsos y pertenencias procediendo a disponer detenciones por la vestimenta o rostro. A la vez, se crea el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) dentro de la Policía Federal, facultándolo para actuar sin orden judicial, incluso en el ámbito digital, con detenciones de hasta 10 horas y requisas arbitrarias. Así se configura una concentración de poder policial con nulas garantías, similar a modelos autoritarios, bajo eufemismo de ‘lucha contra el crimen’ que habilita una cacería represiva”.

Por lo que concluyó denunciando que “este decreto es una herramienta de persecución política y disciplinamiento social. Resulta la coronación, o cristalización por parte de un programa de Gobierno que solo puede sostenerse a través de la más brutal represión. La feroz transferencia de ingresos desde los sectores populares hacia los grandes grupos económicos, el ajuste sobre jubilaciones, salarios y servicios públicos, y, ajuste y el ataque a distintas conquistas sociales, solo pueden imponerse con miedo, con palos y con cárcel para quienes se organizan y protestan”.

A un día de la celebración de la fecha, el Gobierno nacional eliminó el feriado por el "Día del Trabajador del Estado", instaurado en 2013 como el 27 de junio de cada año.

La medida, que había sido anunciada en conferencia de prensa por el vocero presidencial, Manuel Adorni, se oficializó este jueves en el Boletín Oficial a través del decreto de necesidad y urgencia 430/25.

El decreto deroga el artículo 2 de la Ley 26.876, que indicaba: "Establécese el 27 de junio como día de descanso para los empleados de la administración pública nacional, en los que no se prestarán tareas, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales".

Además, el PEN estableció que "a efectos del cómputo de los plazos legales, el 27 de junio de 2025 no será considerado día hábil administrativo", es decir, la decisión se comunicó 24 horas antes de la fecha.

En los considerandos, el Gobierno señaló que "finalizado el corriente año, habrán transcurrido un total de 19 feriados nacionales, lo cual convierte a la República Argentina en uno de los países con mayor cantidad de días feriados en el mundo".

"No es adecuado que la Administración Pública Nacional no preste tareas durante el día señalado por la norma, mientras que el resto de la población lleva adelante su jornada laboral con normalidad", expresó el PEN.

Y agregó: "Es indispensable restituir el valor de la cultura del trabajo a lo largo de todo el país, lo cual se logra tanto con políticas públicas de largo plazo como con pequeñas decisiones concretas".

En su conferencia de prensa de este miércoles, Adorni había anunciado la decisión. "El Estado no es un lugar en el que deba ser posible tomarse un día sabático ni gozar de cualquier otro privilegio que el trabajador del sector privado no tiene o carece”, manifestó y sumó que "ese día es pagado con el sueldo de cada uno de los contribuyentes de este país”.

El funcionario dijo que la medida “va en consonancia con la concepción del Estado que tiene este Gobierno”, al que definió como una herramienta para “allanar el camino de libertad de los argentinos, no para entorpecer la Argentina, que rendía culto al estatismo y al sector público en detrimento del privado”.

De las cuatro sesiones que han tenido lugar en lo que va del año en la Cámara de Diputados, solo una fue impulsada por el oficialismo. Fue la del 19 de marzo pasado, cuando el Gobierno estaba urgido por tratar el decreto de necesidad y urgencia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Más allá de eso, sus principales éxitos en esa cámara consistieron en evitar que la oposición pudiera reunir el quórum en un par de sesiones, pero debió soportar que en otras tres reuniones la oposición se saliera más o menos con la suya.

Peor le ha ido este año en el Senado, donde lo único que ha experimentado el Gobierno este año han sido reveses. Al menos si tomamos el rechazo de la ley de ficha limpia como tal, dadas las sospechas sobre la autoría intelectual del voto negativo de los dos senadores misioneros.

Eso fue el 7 de mayo; pero peor fue para el Gobierno cuando el 3 de abril fracasó el tratamiento de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. En ambos casos fueron sesiones pedidas por el oficialismo, pero las dos terminaron con resultados adversos.

Ya se sabe que la Cámara alta es la más complicada para el mileísmo, donde más le cuesta hacer pie. Porque es una minoría extrema, con solo 6 senadores (menos del 10% del Cuerpo), pero además allí ya no tiene relación con la titular de la Cámara, Victoria Villarruel.

Por el contrario, la relación con la autoridad principal de la Cámara baja es la mejor, pero tampoco eso es garantía de un buen pasar para las leyes allí tramitadas.

En rigor, no es que no haya leyes que le interesen al Poder Ejecutivo, sino que el oficialismo tiene claro que cada vez que se abren las puertas de los recintos está expuesto a sufrir derrotas, o transpirar la gota gorda para evitarlas. El último instante de la sesión de la Cámara de Diputados del 4 de junio pasado fue una módica muestra del delgado desfiladero por el que suele transitar allí La Libertad Avanza. Martín Menem acababa de evitar que el tucumano Pablo Yedlin consiguiera filtrar el tratamiento de dos emplazamientos (sobre la crisis en el Garrahan y el presupuesto universitario), haciendo votar antes la emergencia en Bahía Blanca, para que a continuación la sesión se quedara sin quórum y la oposición se fuera con un gusto agridulce por no haber conseguido ese objetivo. Aunque antes le había propinado tres sonoras derrotas, al aprobar dos proyectos previsionales y la emergencia en discapacidad. No se recuerda una jornada legislativa más adversa para la gestión libertaria.

Ya en la primera sesión del año, el 12 de marzo, la oposición había conseguido emplazar por el caso $LIBRA, aunque en esa misma jornada el oficialismo logró dejar sin quórum (en una maniobra cuestionada) la sesión antes de tratar la derogación de las facultades delegadas de Javier Milei.

La aprobación de la creación de la comisión investigadora $LIBRA.

Bloqueo en la Cámara alta

En el Senado se encuentran las tres medias sanciones que aprobó la Cámara baja en su última sesión. Previsiblemente la oposición quiere darles rápido tratamiento, con la intención de convertir esos proyectos en ley, pero no hay señales de tratamiento en comisión para dictaminar. En una semana como la que viene, con dos feriados, habrá presencia mínima de legisladores, y en el Senado no hay ni una reunión de comisión convocada. Hay, sí, un encuentro sobre la ley de emergencia en discapacidad convocado por el senador chubutense Carlos Linares, con invitados, este martes a las 14, pero eso no tiene nada que ver con los giros asignados para que el proyecto tenga el dictamen correspondiente.

Está clara la estrategia del oficialismo respecto de los temas previsionales y la emergencia en discapacidad: demorará lo máximo posible para evitar el tiempo que pueda que se conviertan en ley.

Sobre llovido… la condena

En este contexto se ha dado también la condena de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ha puesto a Unión por la Patria en estado deliberativo en ambas cámaras. La semana pasada un plenario convocado para tratar la ampliación de la Corte Suprema se suspendió en el Senado precisamente por la ausencia de miembros de UP, en tanto que en Diputados se suspendieron dos reuniones que tenía previstas la Comisión de Cultura, presidida por una diputada de UP, la catamarqueña Silvana Ginocchio. También fue postergada la reunión de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas.

En las pocas reuniones que sí se realizaron, los diputados de UP hicieron acto de presencia para expresar sus airados cuestionamientos a la situación planteada con CFK y luego se retiraron. El tema sin lugar a dudas va a ser eje de discusiones permanentes, tanto en las comisiones como en el recinto.

Los riesgos para el oficialismo

En el inicio del período ordinario, el oficialismo había adelantado la intención de tratar el Régimen Penal Juvenil de manera inminente. De hecho, el presidente Javier Milei había pedido puntualmente al pleno en ocasión de la Asamblea Legislativa el tratamiento de esa ley. Sin embargo el oficialismo no ha convocado para tal fin, a pesar de contar ya con el dictamen correspondiente. Pasa que el Gobierno prefiere que las puertas del recinto de Diputados permanezcan cerradas para evitar que, por ejemplo, la oposición logre colar emplazamientos, la resolución de la paridad en la comisión investigadora $LIBRA y -sobre todo- la votación de dos auditores opositores para la AGN.

Dadas las circunstancias, el oficialismo desarrolla una tarea defensiva, o bien “de bloqueo”, que es la que se le recomienda a todo gobierno en minoría. El problema es que le urge al Gobierno aprobar el proyecto de ley de reparación de los ahorros de los argentinos; esto es, una reforma de la Ley Penal Tributaria. El oficialismo ya adelantó que para ellos es prioritaria, pero todavía no hay señales de tratamiento en comisión. El proyecto tiene giro a las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Legislación Penal y de Legislación General, por lo que será tratado en plenarios, pero todavía no figura en agenda.

Según pudo saberse, la mora radica en que no están aseguradas las firmas necesarias en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. De los 49 integrantes de la comisión que preside el diputado José Luis Espert, el oficialismo tiene garantizadas 23 firmas, incluida la del cordobés Ignacio García Aresca (Encuentro Federal).

De la vereda de enfrente, la oposición más dura podría tener garantizadas 24 firmas, sumando las 20 de UP, 3 de Democracia para Siempre y una de la izquierda. El Gobierno debería garantizarse al “Colo” Rizzotti, de Democracia para Siempre, de modo tal de dejarlos en 23. Y que Nicolás Massot, de Encuentro Federal, no se sume a ese espacio.

Se ve que no están garantizadas las firmas, de ahí que todavía el oficialismo no se decide a convocar. Lo bien que hacen en ese caso.

Pero lo cierto es que, en definitiva, el Congreso se encuentra inmerso en un fuerte parate de ambas cámaras… y eso que todavía no arrancó de lleno la campaña electoral.

Bien temprano, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro salió a confrontar este martes con el Gobierno por la intención de modificar por decreto la Ley de Glaciares, y luego anunció que pondrá a partir de ahora toda su energía en modificar la Ley 26.122 de Trámite Legislativo.

“Esa ley, redactada a medida del hiperpresidencialismo, es una anomalía institucional que permite que un decreto con fuerza de ley quede firme con el solo aval de una de las Cámaras. Es hora de terminar con ese atropello a  la división de poderes”, advirtió Ferraro, para quien “el Poder Ejecutivo no puede seguir a decretazo, como si el Congreso no existiera”.

Le contestó su excompañero de Juntos por el Cambio, el diputado del Pro Fernando Iglesias, quien desde Europa, adonde viajó acompañando al presidente Javier Milei en su gira le contestó a Ferraro: “Increíble. La ley que puso Cristina para gobernar por decreto aunque tenía mayoría en ambas cámaras? Ahoraaa, que un presidente elegido con el 56% de los votos tiene 15% de los diputados y 9% de los senadores?”.

Y concluyó: “O síndrome de Estocolmo mais grande do mundo. @maxiferraro”.

Le contestó el propio Ferraro: “Fernando, desde que sos un ‘republicano intermitente’ y aliado del peronismo neo-menemista, pasaste a ser una parodia de lo que antes solías criticar. Tu defensa de los DNU es el colmo, estás avalando una de las herramientas más autocráticas del sistema político argentino y una ley que sabés que es inconstitucional”.

“Me hacés recordar esa frase de Borges que dice: ‘hay que tener cuidado al elegir a los enemigos porque uno termina pareciéndose a ellos’. Y vos, lamentablemente, ya cruzaste la línea”, concluyó Ferraro.

El bloque Frente de Izquierda, encabezados por la diputada nacional Vanina Biasi, presentó un proyecto para anular el DNU 34/2025 por medio de la cual se “ataca la organización sindical de los trabajadores y trabajadoras dentro del Estado, imponiendo una intromisión absolutamente improcedente del Estado en la regulación de las elecciones y la representación sindical”.

La resolución fue publicada en el Boletín Oficial el pasado 21 de mayo por parte del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, firmada por el secretario Maximiliano Matías Narciso Fariña.

Entre los argumentos, señalaron que se trata de una nueva “medida anti obrera” que adoptó el Gobierno que supone “el absoluto control por parte de ese ente respecto de la convocatoria de elecciones sindicales y de quién puede o no ser representante de sus compañeras y compañeros. Para esto, establece toda una serie de procedimientos mediante los cuales centraliza la nómina completa de las personas que se postulen en los comicios de alguno de los gremios estatales”.

“El DNU tiene como propósito disminuir la cantidad de personas protegidas por tutela gremial frente a nuevos despidos”, denunciaron y precisaron que “plantea la confección de un registro de juicios en los que se invoca tutela gremial. En otras palabras, el Gobierno no quiere dejar flanco alguno para sus nuevas tandas de despidos masivos que, en su plan, no deberían sufrir obstáculos ni en la justicia ni en ningún lado”.

“El registro centralizado de delegados de la administración pública nacional, por su parte, será armado con instrucciones detalladas para reducir la cantidad de delegados admitidos como válidos. La pretensión patronal llegaría hasta el impedimento completo de las elecciones, si la organización no reúne afiliaciones por un mínimo del 10% de la planta de empleados. Así, el gobierno, o sea la patronal, se reserva el derecho a definir todo lo referido a la organización de sus trabajadores”, manifestaron.

Por último, alertaron que desde el Gobierno “aman al Estado y sus normas como instrumento para reprimir y reventar a los trabajadores y trabajadoras. También vale destacar que la resolución se apoya en normas establecidas por gobiernos previos, tanto el macrista como el de Kirchner”.

La resolución 34/2025 de Milei es una intervención directa contra la organización de les trabajadores del Estado. Quieren designar a dedo a nuestros delegados, controlar las elecciones y vaciar los sindicatos. Esto es fascismo antiobrero maquillado de “desregulación”.

Por eso,… pic.twitter.com/X1IhRTXYWn

— Vanina Biasi (@vaninabiasi) May 29, 2025

Se oficializó este jueves el decreto de necesidad y urgencia por el cual el Gobierno nacional reformó la Ley de Migraciones (25.871), a través del cual endurece el ingreso al país de los inmigrantes, eleva las condiciones para la obtención de la ciudadanía, habilita el arancelamiento del sistema sanitario y posibilita que las universidades -si así lo desean- puedan cobrar a los extranjeros.

El DNU 366/2025, firmado por el presidente Javier Milei y todo su gabinete, deberá ser girado al Congreso, donde debe ser analizado por la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.

"En la actualidad los movimientos migratorios se desenvuelven en un escenario global completamente distinto al de años anteriores, que presenta nuevos desafíos en materia política, económica, cultural y social", señaló el Poder Ejecutivo y agregó que "la enorme extensión de nuestras fronteras y los deficientes mecanismos de control de pasos no habilitados que existen han permitido el constante ingreso de extranjeros de forma ilegal".

Para el Gobierno, "la situación de irregularidad migratoria en nuestro país también es un fenómeno que requiere de medidas urgentes". Mientras que en los considerandos mencionó que el más de un millón de deportados de Estados Unidos "representa una ineludible señal de alerta para la República Argentina".

"Es indispensable establecer criterios claros para delimitar las condiciones de ingreso y permanencia regular a nuestro país, y brindar las garantías necesarias para el goce efectivo de los derechos con los que cuentan en nuestro territorio quienes se asientan en él legítimamente", argumentó el PEN y sumó que "es necesario establecer que quienes soliciten la residencia permanente deban acreditar los medios suficientes para subsistir en nuestra Nación y la inexistencia de antecedentes penales".

En cuanto a los extranjeros que sean admitidos para ingresar y permanecer en el país, se clasifican las categorías de "residentes permanentes", "residentes temporarios" o "residentes transitorios". La Dirección Nacional de Migraciones determinará la viabilidad del cambio de la categoría o subcategoría.

Una vez iniciado el trámite correspondiente y hasta su resolución, la autoridad de aplicación podrá conceder una autorización de "residencia precaria", la cual será revocada por dicha autoridad cuando se desnaturalicen los motivos que se tuvieron en cuenta para su otorgamiento. Su validez será de hasta 90 días corridos y podrá ser renovada por resolución fundada de la referida autoridad migratoria.

El decreto indica que "la extensión y renovación de la residencia precaria no genera derecho a una resolución favorable respecto de la admisión solicitada, ni resulta residencia válida a los efectos de acreditar arraigo, necesario para la obtención de la residencia permanente, o para la adquisición de la nacionalidad por naturalización”.

Por otra parte, "se considerará 'residente permanente' a todo extranjero que, con el propósito de establecerse definitivamente en el país, obtenga de la Dirección Nacional de Migraciones una admisión en tal carácter. Al tramitar el pedido de residencia, el interesado deberá acreditar que cuenta con los medios económicos suficientes para subsistir en el país y que no cuenta con antecedentes penales que pudieren motivar el rechazo de la solicitud, todo ello de acuerdo con las condiciones que establezca la reglamentación".

"A los hijos de argentinos nativos, naturalizados o por opción que nacieren en el extranjero se les reconoce la condición de residentes permanentes", señala y sobre la "reunificación familiar" reza: "Ser cónyuge, progenitor o hijo de argentino nativo, naturalizado o por opción; o ser cónyuge, progenitor o hijo soltero menor a 18 años no emancipado o mayor con capacidades diferentes, de un residente permanente o temporario, con autorización para permanecer en el país por un máximo de 3 años o por el período de tiempo autorizado a su familiar radicado temporario, prorrogable, con entradas y salidas múltiples".

En tanto, la norma aclara que "los extranjeros tendrán derecho, aun cuando su condición migratoria fuera irregular, a ser admitidos como alumnos en un establecimiento educativo inicial, primario o secundario, ya sea público o privado; nacional, provincial o municipal, para lo cual su situación migratoria no podrá ser causa de discriminación alguna".

En cuanto a los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal "serán gratuitos para todos los ciudadanos argentinos nativos o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país. La gratuidad implica la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos". Mientras que, en una modificación a la Ley 24.521 se establece que "las instituciones de educación superior de gestión estatal podrán establecer retribuciones por los servicios de educación" para las otras clases de residentes.

"Sin perjuicio de ello, quienes no contaren con residencia permanente en el país podrán ser titulares de becas en los casos en que ello sea previsto por los estatutos correspondientes o por los convenios celebrados entre las instituciones de educación superior de gestión estatal y otros estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados”, añade.

En relación a la salud, se sostiene que "en casos de emergencia, no podrá negársele ni restringírsele el acceso a la asistencia social o a la atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria" y "los extranjeros residentes permanentes podrán acceder al sistema de salud público en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos".

"Por fuera de los supuestos establecidos, en los establecimientos que brinden atención sanitaria administrados por el Estado Nacional, solo se brindará tratamiento médico o atención sanitaria habitual contra la presentación de un seguro de salud o la previa cancelación del servicio, de conformidad con las condiciones que establezca el Ministerio de Salud”, dispone.

En los considerandos, el PEN expresó que "producto de las problemáticas que exhiben las políticas sanitarias en algunos países vecinos, se ha instalado como una práctica común que ciudadanos de dichos Estados acudan a la República Argentina con el único propósito de acceder al sistema de salud público de forma gratuita".

Diferenciando siempre a los residentes permanentes, se establece que "a fin de ingresar en el territorio nacional, los extranjeros que soliciten admisión bajo cualquiera de las categorías migratorias previstas en la normativa vigente deberán presentar una declaración jurada en la que manifiesten el propósito de su ingreso, que cuentan con un seguro de salud para atender sus necesidades médicas y las demás condiciones que establezca la reglamentación".

Respecto de las modificaciones en el artículo 29 de la Ley de Migraciones, sobre las "causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros en el territorio nacional", se enumera -entre otras-: la presentación ante la autoridad de documentación nacional o extranjera material o ideológicamente falsa o adulterada; o la omisión de informar sobre la existencia de antecedentes penales, condenas o requerimientos judiciales; o haber articulado un hecho o un acto simulado o celebrado en fraude a la ley o con vicio del consentimiento con la finalidad de obtener un beneficio migratorio; o la falta de exhibición de un documento que demuestre una oferta efectiva de trabajo, cuando el requerimiento de ingreso obedeciera a ese motivo".

También, haber sido condenado o tener tener antecedentes, en Argentina o en el exterior, por delitos que para la legislación argentina merezcan pena privativa de la libertad igual o mayor a 3 años, cualquiera fuese la modalidad de cumplimiento; haber sido condenado, en Argentina o en el exterior, por delitos que para la legislación argentina merezcan pena privativa de la libertad menor a 3 años, cualquiera fuese la modalidad de cumplimiento; o haber sido sorprendido en flagrancia por delito de acción pública que pudiera dar lugar a la suspensión del juicio a prueba o medida alternativa.

Otro de las reformas, al artículo 35 de la Ley 25.871, determina que la Dirección Nacional de Migraciones procederá al inmediato rechazo en frontera e impedirá el ingreso al territorio nacional a todo extranjero: que pretenda ingresar con documentación destinada a acreditar la identidad que no cumpliera las condiciones previstas en la legislación vigente, en tanto no se trate de un reingreso motivado por un rechazo de un tercer país; que manifieste que su motivo de ingreso encuadra en la categoría turista, en tanto la autoridad migratoria determine que no encuadra en lo normado; sobre el cual pese una sospecha fundada de que la real intención que motiva el ingreso difiere de la manifestada al momento de obtener la visa o presentarse ante el control migratorio.

Además, cuyo ingreso irregular sea advertido al momento de realizarse o inmediatamente después; que se encuentre comprendido en alguno de los impedimentos previstos por el artículo 29 de la presente ley; cuando se verifiquen situaciones que constituyan una emergencia crítica en materia de salud pública o de seguridad nacional, siempre que la emergencia haya sido declarada por disposiciones normativas específicas.

El diputado nacional Fernando Carbajal (Democracia para Siempre) sostuvo que la disolución de la Unidad de Tareas de Investigación vinculada al escándalo de la criptomoneda $Libra -la cual estableció el Gobierno por decreto- sólo demuestra que el Poder Ejecutivo busca asegurar la “impunidad de Milei”.

“La Unidad de Tareas de Investigación del Gobierno sobre el caso $Libra era solo un sello de goma hecho por Milei para tratar de encubrir el escándalo. Cualquier investigación para ser seria tiene que ser hecha con algún nivel de imparcialidad y no pueden ser investigadores los mismos que van a ser investigados. Y, en consecuencia, si el objetivo de la investigación es el Poder Ejecutivo, está claro que el organismo de investigación tenía que estar fuera del Poder Ejecutivo”, dijo Carbajal en declaraciones radiales.

En esa línea, señaló que “esto fue siempre un bluf que hizo el Poder Ejecutivo, como en tantos otros temas, para intentar demostrar ante la opinión pública que le interesaba establecer esto, cuando lo que demuestran los hechos a través de su bloque y sus representantes en el Congreso de la Nación es la pretensión de asegurar la impunidad del Presidente Milei y de los otros eventuales implicados del Estado y privados que se han hecho millonarios con esto”.

Carbajal se ocupó, además, de señalar que en la sesión prevista en la Cámara de Diputados para este miércoles se buscará activar la Comisión Investigadora creada por resolución y que La Libertad Avanza y sus aliados “están trabando”.

“La dificultad que estamos teniendo en el Congreso está clara. Es por la actitud que tiene el Gobierno Nacional y sus aliados de haber impedido la conformación de la Comisión. Bueno, vamos a ver ahora qué hacen esta semana, si siguen encubriendo esto o van a dar los pasos necesarios para que podamos poner en funcionamiento la Comisión, que requiere elegir las autoridades y que Milei, junto con el Pro, con los radicales con peluca, bloquearon la constitución de esta Comisión. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo para esta semana poder dar los pasos y conformar esa Comisión”, explicó el formoseño.

El diputado se preguntó también sobre qué pasos tomará el bloque macrista luego de la derrota electoral porteña y los agravios proferidos por Milei.

“Espero que los del Pro recuperen un mínimo de dignidad política y empiecen a cumplir la función que tienen que cumplir, que es sencillamente permitir que las instituciones funcionen”, expresó.

Por último, comentó: “La Comisión no tiene un dictamen escrito, simplemente lo que queremos es juntar información y eventualmente hacer una evaluación de responsabilidad. ¿Por qué el Pro sigue defendiendo e impidiendo que esa Comisión funcione? Más aún después de lo que pasó esta semana, el nivel de enfrentamiento y la pretensión de exterminio que el Presidente Milei ha planteado respecto a ese partido político sería inexplicable que sigan haciéndolo”.

Activo desde el atril de Casa Rosada en los últimos días de campaña de cara a las elecciones porteñas, donde competirá como primer candidato de la lista de La Libertad Avanza, el vocero presidencial Manuel Adorni encabezó varios anuncios esta semana.

Uno de los más rimbombantes fue la reforma migratoria, con el objetivo de endurecer el ingreso de inmigrantes al país, aumentar las condiciones para la obtención de la ciudadanía y disponer aranceles en salud y educación.

A pesar de haber sido anunciada por el presidente Javier Milei durante la última Asamblea Legislativa, las modificaciones a la legislación vigente no ingresarán a través de un proyecto de ley al Congreso, sino que se espera sea vía decreto de necesidad y urgencia; el cual igualmente debe ser analizado en la Bicameral de Trámite Legislativo.

Sin embargo, la letra del decreto todavía no se conoce y no fue publicado en el Boletín Oficial este jueves, día después de las declaraciones de Adorni.

De acuerdo a detalles aportados desde el Gobierno, la reforma establecerá que "cualquier condenado que intente ingresar a la Argentina será rechazado". Actualmente, el artículo 29 de la Ley 25.871 ya prevé que extranjeros condenados por delitos graves no pueden ingresar ni permanecer en territorio argentino.

Además, según precisó el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, "quien se encuentre ingresando de manera infraganti será rechazado" y "los condenados por cometer un delito serán deportados".

También se prevé el pago de servicios en salud para inmigrantes ilegales y contar con un seguro médico al entrar al país; que las universidades nacionales, si así lo desean, apliquen aranceles a los extranjeros no residentes; y la condición de que se otorgará la ciudadanía argentina únicamente a quienes residan durante dos años en Argentina, sin salir del territorio.

Sobre algunos de estos puntos -y otros-, se presentaron en el último año varios proyectos de ley, impulsados por los diputados Santiago Pauli (LLA), Cristian Ritondo, Silvana Giudici, Patricia Vásquez (Pro), Pamela Calletti (IF) y Miguel Pichetto (EF). La mayoría de ellos tienen como cabecera a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto o la de Población y Desarrollo Humano. No obstante, no fueron debatidos hasta el momento.

La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, presidida por el oficialista Oscar Zago, se reunió este martes para emitir dictamen sobre 14 Decretos de Necesidad y Urgencia correspondientes a la presidencia de Javier Milei referidos a la modificación de la Ley de Ministerios.

Al inicio del encuentro en el Salón Arturo Illia, Zago le solicitó al bloque de UP que para la próxima sesión brinden el nombre de quién ocupará la secretaría que le falta a la comisión para poder completarla.

Así, aclaró la modificación del giro del expediente 181/2025 DNU 97 que comunica el dictado del Decreto de facultades delegadas 97/25 que autoriza el procedimiento para la privatización total de corredores viales S.A bajo la modalidad de concesión de obra pública por el peaje, remitiéndolo a la Comisión Bicameral de Reforma del Estado.

El opositor Mariano Recalde (FNyP) lamentó que “tenemos en el haber 102 DNU para tratar. Cuando comenzó la comisión en la anterior presidencia queríamos tratar los más importantes y nos dijeron que íbamos a empezar por los últimos, pero parece que cambió el criterio y de los 102 DNU se ve que escogió quirúrgicamente los 14 más intrascendentes o con menos trascendencia, habiendo DNU verdaderamente importantes que requieren un tratamiento rápido porque ya van a vencer”.

“Entiendo que está en campaña, pero vender humo acá también me parece que no es lo que corresponde”, le lanzó a Zago. “Queremos tratar rápidamente estos DNU, pero ponernos a discutir las cosas importantes que le afectan a la gente porque lo que estamos discutiendo son DNU de la casta, de cómo se acomodan los funcionarios, ministerios y demás. Entendemos que no hay ni necesidad ni urgencia en ninguno de ellos así que nosotros vamos a hacer un dictamen de rechazo”, anticipó Recalde.

De la vereda de enfrente recogió el guante el senador riojano Juan Carlos Pagotto quien le remarcó a Recalde que “todos los DNU hay que tratarlos, aunque a muchos por conveniencia política no les gusta”.

El oficialista sostuvo que “lo que es importante para algunos, no es para los otros. Por eso voy a mocionar para que se aprueben todos los decretos porque son modificaciones a la Ley de Ministerios que es una prerrogativa del Ejecutivo y esta comisión es conteste en ese sentido. Por lo tanto, el discurso político y los vendedores de humo no tengo interés en hacerle ofertas por nada”.

En el mismo sentido, se manifestó el diputado Francisco Monti (La Liga del Interior): “Creo que esto no es humo, es relevante la distribución de competencias y de departamentos y divisiones del trabajo para el ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales del Ejecutivo”. El catamarqueño contradijo a Pagotto al aclarar que no se trata de una “prerrogativa” de la Ley de Ministerios porque “de así serlo no estaríamos acá”.

Monti sostuvo que “hay una práctica constitucional en lo que refiere a la utilización de los DNU para modificación de la Ley de Ministerio y la atribución de competencias que es histórica y que claramente no agravia a la Constitución y a la utilización de los institutos constitucionales”.

“Me parece que no tiene ningún sentido político de traer o intentar eludir el debate de los DNU en esta comisión. Apuesto a que podamos tener un plan de trabajo orientado que es lo que se frustró el año pasado, que podamos tratar todos los Decretos de manera ordenada por materia, por tiempo”, opinó.

En tanto, la diputada entrerriana Carolina Gaillard (UP) consideró que “ninguno de estos DNU cumple con el requisito esencial que deben tener, el uso de esta herramienta. Es una práctica común que la Ley de Ministerio se modifique por esta vía, vemos una decisión del presidente Milei de destruir el Estado y desmantelarlo, con lo que no estamos de acuerdo porque trae como consecuencia que se discontinúen programas proyectos, políticas públicas”.

Por último, el chaqueño radical Víctor Zimmermann celebró el trabajo de la Comisión y aclaró que los DNU de la presidencia de Alberto Fernández y Mauricio Macri también fueron tratados y, la mayoría, tiene dictamen. “Es cierto que estos DNU tienen que ver con una práctica común, pero también le dimos dictamen positivo a expedientes de estas características a presidentes anteriores”, le respondió a Gaillard.

Al cierre, Zago celebró que la comisión está funcionando: “Después de años y años de no funcionar, hoy esta trabajando y hemos sacado la mayoría de dictámenes que teníamos de presidencias anteriores y quedan solamente los expedientes del gobierno de Milei”.

El Gobierno nacional publicó este martes en el Boletín Oficial la validez del decreto de necesidad y urgencia 179/25 que establece un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que fue blindado en la Cámara de Diputados en la sesión del miércoles 19 con 129 votos a favor.

La resolución 741-D/2025, de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, publicada esta madrugada, que establece: “Declarar la validez del decreto de necesidad y urgencia 179/2025, del 10 de marzo de 2025”. La misma lleva las firmas del titular de la Cámara baja, Martín Menem, y del secretario parlamentario, Adrián Pagán.

La Libertad Avanza contó con el acompañamiento de bloques aliados, dialoguistas y provinciales, mientras que del lado del rechazo quedaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, 7 miembros de Democracia para Siempre y el santacruceño Sergio Acevedo. Se especulaba una gran adhesión del Cuerpo, pero el resultado fue con lo justo.

La votación cosechó 129 votos a favor, 108 en contra y 6 abstenciones. De esta manera, de acuerdo indica la Ley 26.122, el DNU quedó refrendado al contar con la aprobación de una sola de las dos cámaras del Congreso.

Por el artículo 1ro. del decreto se aprueban “las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Fondo Monetario Internacional, las que tendrán un plazo de amortización de 10 años”.

Tales operaciones serán destinadas a la cancelación de las letras intransferibles en dólares en poder del Banco Central y las operaciones de crédito público celebradas en el marco del Programa de Facilidades Extendidas del 2022, según indica el artículo 2 del DNU.

Tras la aprobación del acuerdo con el FMI, el Gobierno ahora se dirige hacia la concreción de un entendimiento técnico con el staff del organismo para poder llegar a fines de abril, coincidente con la reunión de primavera del Fondo Monetario en Washington a la que asistirían Luis Caputo y Santiago Bausili, con el proceso al borde de su aprobación.

Al respecto, el presidente Javier Milei proyectó que el acuerdo con el FMI estaría cerrado antes de que finalice el cuatrimestre, es decir, para finales de abril. Si todo sigue este cronograma, quedaría un breve margen de unas pocas semanas para que el directorio del Fondo pueda reunirse y tomar la decisión final sobre el caso argentino.

Muchos libertarios llegaron a comparar la aprobación del DNU del acuerdo con el FMI con la Ley de Bases, tal la importancia que le asignan. Más moderado, el consultor Rosendo Fraga admitió igual que lo aprobado por los diputados el miércoles pasado es lo más importante que necesitaba este año el gobierno de La Libertad Avanza.

“Puede no hacer nada más en el Congreso, porque lo único que necesitaba para este año ya está hecho”, agregó el politólogo sin faltar a la verdad. Porque ni aunque vaya a salir la ley de ficha limpia -un tema en veremos en el Senado, que el Gobierno prefiere que no se apruebe, aunque por momentos dé señales de estar jugando a fondo-, nada será lo suficientemente imprescindible para esta administración, como para igualar este acuerdo.

Ni una reforma impositiva que por ahora no impulsará, ni mucho menos una previsional, cuestión que le costó la cabeza al extitular de la ANSeS Mariano de los Heros, cuando dijo que estaban preparándola. A propósito, este fin de semana vence la moratoria previsional que los gobiernos kirchneristas impulsaron desde 2005 y por las cuales el 59,5% (4,3 millones) de todos los jubilados del país obtuvieron sus jubilaciones a través de una moratoria. El Gobierno no piensa prorrogarla, y ese tema generará consecuencias. Porque una cosa es que este gobierno en extrema minoría ya no necesite nada del Parlamento este año, y otra muy distinta que esté blindado allí.

De hecho, el miércoles en el que el Gobierno tuvo su gran éxito legislativo con la aprobación del DNU en Diputados, más tarde la oposición más dura intentó llevar adelante una sesión para tratar una serie de proyectos para extender la moratoria previsional. No tuvieron quórum, pero hubo 124 presentes. Para el 3 de abril, la Comisión de Previsión ya fue convocada a analizar esos temas. Si llega a haber otra ley, habrá otro veto.

Tampoco está previsto que vaya a haber una reforma laboral este año. Quedará lo que se logró a través de la Ley Bases, que es menos de lo que el Ejecutivo pretende. Pero este no es el tiempo, como no lo fue el año pasado para la modernización sindical que el presidente Javier Milei llegó a proponer en su primer discurso ante los legisladores, pero cuyo debate cargó sobre sus hombros el diputado Martín Tetaz. Los proyectos que ahí debatieron no pudieron ser tratados en el recinto porque la sesión en cuestión no tuvo quórum. Vaciada especialmente por el oficialismo, que pactó con los gremios no aprobar nada de eso este año a cambio de paz social. ¿Cambia ese acuerdo tácito el paro que finalmente aprobó la CGT para el 10 de abril? El Gobierno quiere que sea tratado por el nuevo Congreso, y además tener el derecho de autor, no vaya a ser cosa de favorecer a un ajeno.

A propósito de la paz social, celebró el Gobierno que esta vez la calle no se desmadrara. Debió hacer concesiones, como olvidarse esta vez del protocolo antipiquetes. Valió la pena y al cabo de la jornada en la Rosada suspiraban con alivio. Pero el método persistirá: la oposición kirchnerista y la izquierda creen haber recuperado la calle para desgastar al Gobierno. Esta vez la bala entró.

Por eso en el Gobierno observan con inquietud lo que vaya a suceder el lunes en la marcha de organizaciones de derechos humanos, que tendrá gran concurrencia de dirigentes K y de la izquierda.

De ese tema se habló, entre otras cosas, en la reunión del lunes en la Rosada, cuya foto se convirtió en un hecho político en sí. Allí se vio al presidente Milei, su hermana, el armador Sebastián Pareja, Lule Menem y los diputados del Pro Cristian Ritondo y Diego Santilli. Muchos la interpretaron como una “mojada de oreja” a Mauricio Macri. Es verdad que Ritondo le avisó al expresidente que irían a la Casa de Gobierno, donde pareció formalizarse la alianza de LLA con el Pro para la provincia de Buenos Aires. Eso aún no sucedió.

La reunión en el despacho de Karina Milei en la Rosada.

Esa fotografía dio mucho que hablar, no solamente por la presencia de los diputados del Pro. Principalmente la disposición de los lugares en esa mesa, en la que el rol preponderante lo exhibía Karina Milei -ahí más “Jefe” que nunca-. Sentada en la cabecera, la postura personal parecía darle a la secretaria general un rol aun más importante que el del Presidente, a un costado, casi insertado por photoshop. Después se explicó que la reunión fue en el despacho de Karina, por eso la cabecera, y el Presidente llegó cuando ya llevaban un buen rato. ¿De qué hablaron? Actualidad pura, también algo sobre las elecciones, pero vagas definiciones sobre eso, sin precisiones. La alianza LLA – Pro en la provincia que todos dieron por acordada, todavía sigue en veremos. La Libertad Avanza quiere privilegiar esa marca, sin formalizar frentes o alianzas. Abrir sus listas, sí, pero que los que acepten se sumen sin que eso los lleve a compartir después el eventual éxito en la elección.

Resignado, el Pro estaría dispuesto a aceptar esas condiciones en ese distrito al menos. La fórmula sería la de 2013, cuando emergía el fenómeno Massa y Mauricio Macri optó por resguardar a su partido en la provincia de Buenos Aires, con una alianza menor, sin bombos ni platillos, que consistió en sumar algunos nombres a la lista de diputados nacionales. Entre los candidatos del Frente Renovador hubo entonces tres del Pro: Gladys González, Christian Gribaudo y Soledad Martínez. Tres entre los 16 que sumó Massa en esa elección que ganó con amplitud (44%, 5 puntos más que los que había tenido en las PASO), superando por casi 12 puntos al Frente para la Victoria, que llevó como primer candidato al exesposo de Jesica Cirio, Martín Insaurralde.

Francisco de Narváez, que en 2009 había ganado de manera resonante, en una alianza que entonces compartió con Macri y Felipe Solá, concurrió a esa elección con el frente Unidos por la Libertad y el Trabajo, y apenas consiguió el 5,5%. Ese ejemplo es el que tiene muy en cuenta el Pro. De Narváez sumó con ese puntaje 2 diputados; el Pro, con su alianza silenciosa, 3. Pero el mote de gran perdedor le correspondió al empresario que luego del resultado de 2009 llegó a explorar la manera de ser candidato presidencial a pesar de su origen colombiano. Además, en 2013 había PASO, en las que Narváez había sacado casi el doble de puntos. Es la razón por la que el Pro cambió su decisión original de mantenerlas este año: el voto útil podría resultarle letal.

Entre tantas buenas señales que mejoraron la sucesión de traspiés iniciada en enero en Davos, la pérdida de reservas no se frenó ni con la luz verde al acuerdo, de cuyos datos todavía se conoce poco. La preocupación es alta en materia económica. Se ve en los mercados y también en la calle.

Las encuestas marcan una baja sostenida para el Gobierno, pero la preocupación se relativiza porque no aparece amenazado el resultado electoral. Un sondeo de Pulso Research conocido esta semana muestra que no solo la imagen viene bajando, sino también las expectativas. Ante una pregunta sobre el estado de ánimo, las respuestas negativas superan las positivas con un 41,9% a 37,6. Y eso sucede por primera vez desde junio del año pasado. El pico máximo en esta materia fue en enero pasado, con un 47,4%  y en marzo fue superado por la sensación negativa.

Un 46,3% tiene una mala imagen de la gestión del Gobierno, contra el 45,9% (un escenario parejo), pero el dato saliente aquí -como en los que iremos viendo- es que después del pico positivo de 51,75%, en enero, el negativo supera el positivo por primera vez desde octubre del año pasado.

La misma tendencia negativa y superando este mes la positiva se da ante las preguntas sobre expectativas de mejora económica del país y en la economía personal. El dato sorprendente es que por primera vez durante toda la gestión mileísta las expectativas negativas sobre una mejora del país superan a las positivas.

Eso sí, el 49% le atribuye la responsabilidad de la situación a las decisiones tomadas por la gestión anterior, aunque un 38,7% culpa a la de Milei.

El Presidente alardea con que las encuestas lo favorecen a pesar de haber implementado “el ajuste más grande de la humanidad”, pero un 40,7% piensa que lo peor del ajuste está sucediendo ahora, en tanto que un 23,6% opina que lo peor está por venir, según la encuesta de Pulso Research. Solo un 22,5% le cree al Gobierno en cuanto a que lo peor del ajuste ya pasó. Y más allá de lo que vayan a decir los datos oficiales sobre la pobreza, para un 52,3% aumentó.

La encuesta es lapidaria con el “triángulo de hierro”, al estimar el 55,2% que Milei está mal rodeado, contra un 26,5% que piensa lo contrario. Y un dato que da bajo la línea de flotación de Milei: el 52% opina que Milei es deshonesto, contra un 39,7% que opina lo contrario.

Ya en lo electoral, un 33,9% piensa votar a alguien aliado al Gobierno, mientras que un 36% piensa votar a un opositor, un llamado de atención porque revierte en marzo una tendencia que siempre fue al revés. Un 30,1% no lo tiene decidido. Como sea, La Libertad Avanza aparece primera en intención de voto para 2025, con 38,7%, proyectando indecisos, en tanto que el opositor mejor encumbrado es un peronista kirchnerista, con 22,5%.

Por último, un detalle que irrita en la Rosada: mientras la imagen negativa de Javier Milei supera a la positiva (47,2% contra 46,4%), la única dirigente que tiene un diferencial de imagen positivo (3,8%) es Victoria Villarruel.

Tras seis horas de debate, el oficialismo obtuvo una importante victoria en la Cámara de Diputados con el blindaje del decreto de necesidad y urgencia 179/25, por el cual el Poder Ejecutivo se autorizó a negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Tal como se esperaba, La Libertad Avanza contó con el acompañamiento de bloques aliados, dialoguistas y provinciales, mientras que del lado del rechazo quedaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, 7 miembros de Democracia para Siempre y el santacruceño Sergio Acevedo. Se especulaba una gran adhesión del Cuerpo, pero el resultado fue con lo justo.

La votación cosechó 129 votos a favor, 108 en contra y 6 abstenciones. De esta manera, de acuerdo indica la Ley 26.122, el DNU quedó refrendado al contar con la aprobación de una sola de las dos cámaras del Congreso.

Por el artículo 1ro. del decreto se aprueban “las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Fondo Monetario Internacional, las que tendrán un plazo de amortización de 10 años”.

Tales operaciones serán destinadas a la cancelación de las letras intransferibles en dólares en poder del Banco Central y las operaciones de crédito público celebradas en el marco del Programa de Facilidades Extendidas del 2022, según indica el artículo 2 del DNU.

Junto a los diputados que estaban dispuestos desde el primer momento a votar junto al oficialismo, se decidió por votación nominal en el comienzo de la sesión que el debate no fuera extenso. LLA quería liquidar el tema antes del comienzo de la masiva marcha convocada en las afueras del Palacio, con un fuerte operativo de seguridad y tras la represión de la semana pasada.

En la Asamblea Legislativa del 1ro. de marzo, el presidente Javier Milei anunció que pediría al Parlamento el apoyo sobre un nuevo acuerdo con el FMI, pero a los pocos días decidió dictar un DNU, cuestionado por la oposición más dura por no cumplir con el artículo 2 de la Ley 27.612, que establece que cualquier nuevo programa con el organismo internacional debe ser por ley del Congreso.

LLA decidió avanzar con un trámite veloz del asunto y este martes, tras una intensa reunión de la Bicameral de Trámite Legislativo, logró el dictamen de mayoría a favor del DNU para debatirlo directamente en el recinto este miércoles.

 Un inicio de sesión agitado

El quórum fue alcanzado con 131 diputados presentes, entre los cuales estaban los diputados de LLA, el Pro, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal, un grupo de Encuentro Federal y los habituales aliados del oficialismo de partidos menores. De la bancada libertaria, no dieron quórum las diputadas Marcela Pagano y Rocío Bonacci, quienes el miércoles anterior tuvieron un duro enfrentamiento con Lilia Lemoine y María Celeste Ponce.

La sesión arrancó con un minuto de silencio por los fallecimientos de Norma López de Espert y María del Carmen Verón de Araujo, madres del diputado José Luis Espert y María Fernanda Araujo, ambos diputados oficialistas. El primero se encontraba presente en el recinto y recibió el saludo de varios de sus pares. En lo sucesivo, durante el primer tramo de la jornada, ya no hubo tiempo de sosiego.

Martín Menem

Y todo matizado por la circulación de un audio por las redes sociales y medios de comunicación, en el que se escuchaba la supuesta voz del presidente de la Cámara, Martín Menem, dando instrucciones a su bloque con la intención de que en todo momento hubiera cuatro diputados propios dispuestos a plantear una cuestión de privilegio, que discutieran a los gritos. “Ténganlos siempre, en todo momento. Los quiero gritando a los gritos, puteando, nada de ser pacíficos”, se escucha decir en un audio que fuentes libertarias atribuyeron a la IA y que, durante la sesión, desde la oposición más dura citaron, pidiendo explicaciones. Pero, además, con megáfono en mano, Pagano también reclamó a Menem por esto, en un nuevo enfrentamiento entre ambos.

Culminada la sesión, este miércoles la agenda en la Cámara baja continúa con dos plenarios de comisiones por los proyectos de criptogate (luego que el oficialismo no aceptara recibir los dictámenes de la oposición este martes) y con una convocatoria a sesión por parte de Unión por la Patria para tratar proyectos vinculados con los jubilados -en un día muy especial para los mismos-, especialmente una prórroga de la moratoria previsional.

La discusión en el recinto

La apertura del debate estuvo a cargo del diputado libertario Lisandro Almirón que, lejos de explicar los lineamientos centrales del acuerdo con el FMI, centró su alocución exaltada en acusar al kirchnerismo de haber generado “un gasto público excesivo de forma irresponsable durante 30 años”, y de provocar “movimientos sediciosos financiados por el gasto público”. Respecto del acuerdo solo resaltó que “el objetivo primario es fortalecer las reservas del Banco Central”.

La enfática intervención de Almirón despertó la reacción del cívico Maximiliano Ferraro, quien se le levantó de su banca para reprocharle al presidente del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, que no diera un discurso como miembro informante.

Más adelante, el diputado Miguel Pichetto intervino para pedirle al titular de la Cámara controlar el tiempo de los oradores durante las cuestiones de privilegio. “Habíamos hablado en Labor Parlamentaria que el oficialismo tenía el deber de la mesura en este debate -recordó-. Y tenía también el deber de acortar el tiempo. Y aplicar el principio elemental de que los oficialismos se llevan la ley y no el discurso”. Tras lo cual le apuntó a la intervención de Almirón: “Pusieron un incendiario para provocar, entonces son responsables de lo que hacen, traten de ubicarse, traten de ser racionales e inteligentes y profesionales”.

Desde Unión por la Patria, Vanesa Siley sostuvo que “no se puede contraer un empréstito de esta manera, y además sospechosamente sin conocerse ni los montos, ni las condicionalidades, ni las condiciones financieras, ni las metas… Literalmente esto es votar un cheque en blanco”. Y señaló que el día anterior, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, no había podido contestar las preguntas que le hicieron, sobre todo cuál es el monto de la deuda.

“No saben ni el monto, ni el costo, ni los intereses de esta deuda, ni tampoco qué va a poner la Argentina. Algo oscuro y sospechoso hay que va a perjudicar a nuestra nación entera. Y van a ser responsable los diputados de la Nación. Después los tratan de ratas… ¡Porque lo son!”, lanzó.

Siley hizo su aporte a la crispación que reinó durante la primera etapa de la sesión, cuando ante el pedido de Menem por cerrar porque se había extendido, replicó: “No me jodas”. Y luego redobló su apuesta al reclamar que no le cortara la palabra y decirle al presidente del Cuerpo que parecía fingir que no había pasado nada en la sesión pasada. “Usted parece que finge que no se cagan a piñas en su propio bloque, y levantó una sesión con quórum… Usted merece una investigación penal por lo que pasó la semana pasada, ¿y me quiere cortar por cinco minutos?”, manifestó.

Momento en el que Almirón le propuso un "piquito" a Oscar Zago 

Por su parte, los diputados santacruceños volvieron a diferenciarse. Hablaron uno a continuación del otro: en su intervención, Sergio Acevedo adelantó su voto negativo, adhiriendo al dictamen expuesto por el senador Francisco Paoltroni durante la reunión de la Bicameral de DNU del día anterior. Su compañero del bloque Por Santa Cruz, José Luis Garrido, recordó que todos los gobiernos tuvieron que pasar por el Fondo, aunque observó que “el Gobierno debería tener mucho cuidado con el tema de la fuga de capitales, pero no voy a ser un obstáculo para que este proceso de corridas bancarias y especulaciones económicas golpee más a los argentinos. Así que voy a tomar la decisión de acompañar este proyecto”.

La sesión de este miércoles se realizó en momentos complejos en materia cambiaria, en cuyo contexto el oficialismo esperaba conseguir la aprobación del DNU, que allane el acuerdo con el Fondo y con ello le brinde aire para afrontar una etapa de ebullición económica, inédita para la gestión mileísta.

A su turno, el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, hizo alusión justamente al contexto económico. “Hoy amaneció mal el día en los mercados, ayer tampoco fue un día bueno. La brecha aumentó, el riesgo país subió y eso puede obturar un plan de estabilización económica”, expresó. Al criticar la conducta de diputados del oficialismo, les advirtió: “No se trabaja así, estén a la altura, tienen una responsabilidad muy grande sobre sus hombros”.

“Este acuerdo con el Fondo también lo tomó el Gobierno al que apoyamos, entonces somos responsables a lo largo de los años y queremos que esto se solucione”, dijo en referencia a la gestión de Cambiemos, que integró el partido liderado por Elisa Carrió. Después, agregó que él no considera que “haya que devaluar, pero hay que salir del cepo” y seguramente el FMI “va a poner alguna condición o regla deseable para que el mercado de cambios sea un poquito más liberal”.

Finalmente, el porteño sostuvo: “Esta vez no nos va a unir el amor, sino el espanto a los que muchas veces quieren desestabilizar a la Argentina, a los que no se hacen cargo de la historia y del pasado que es muy reciente”.

En nombre de su bloque, Democracia para Siempre, Facundo Manes anunció que no acompañaría la ratificación del DNU “porque consideramos que estamos ante una triple  irresponsabilidad: una irresponsabilidad institucional, una irresponsabilidad económica y una irresponsabilidad política”.

“Vamos a la irresponsabilidad institucional -continuó-. Nuestra Constitución es clara: el artículo 75 establece que es atribución exclusiva del Congreso de la Nación decidir la contratación de empréstitos y el arreglo de la deuda interior y exterior; no hay margen para la interpretación, ni para improvisar sobre este texto; el acuerdo con el FMI no se puede hacer de espaldas a la sociedad, por decreto y sin discusión en este Parlamento”, aseveró.

Manes dijo que la segunda irresponsabilidad es la económica, ya que “se está aplicando una vieja medicina que ya fracasó varias veces en la Argentina. No discutimos ordenar la macro, pero sin producción, sin una política industrial moderna en el siglo XXI, no va a haber estabilidad sostenible”. Y respecto de la irresponsabilidad política, el neurocientífico sostuvo que “gobernar con la lógica del enfrentamiento solamente va a profundizar la crisis”.

El oficialismo celebrando el quórum este miércoles

Avanzada la lista de oradores, Nicolás Massot consideró “ineludible” alcanzar un acuerdo con el FMI, por lo que consideró conducente discutir qué tipo de acuerdo, como así también la fortaleza del mismo y, por último y más relevante, “discutir aquello que nos vuelve a hacer recurrir a ese salvataje, que creo que es en la Argentina la política cambiaria”.

El legislador de Encuentro Federal opinó que el DNU “raya la ilegitimidad”, aclarando que “están y estaban los votos para que esto saliera por ley en las dos cámaras. Y esto va a tener al menos una docena de votos menos, empezando por el mío, que lo que hubiera tenido si esto entraba por ley, como debe ser, con un presupuesto vigente; y si tuviéramos alguna noción más acabada de la naturaleza de este Gobierno”.

Por el contrario, Pichetto, jefe de ese bloque, confirmó durante la sesión su apoyo al DNU del acuerdo con el FMI, pero se quejó también por la falta de información sobre el acuerdo al Parlamento. “No informaron porque le tienen miedo al mercado”, dijo, para caer luego sobre Luis Caputo: “El ministro de Economía, que tendría que haber estado acá, estuvo paseando por todos los canales de televisión y le gusta ir a reuniones con el círculo rojo, y le aclaro que sus palabras de ayer en un programa de televisión por la mañana movieron el dólar para arriba, y el Banco Central tuvo que vender. El señor Caputo tiene que plantearse e ir a ver al analista, a ver qué pasa con el Congreso… Este desprecio, la política del desprecio no va más; la política de que venga el presidente y nos agreda vilmente, no va más”.

De profesión economista, el diputado radical Martín Tetaz comparó el nuevo acuerdo con el Fondo con “llamar a una ambulancia”. Asimismo, apuntó contra la gestión presidencial de Cristina Kirchner: “Sacó 65 mil millones para pagar deuda del Banco Central, pero gobernó 7 de 8 años con déficit fiscal”. Pese a que confirmó “no poner palos en la rueda”, cuestionó a Javier Milei por no redactar un proyecto de ley con este tema y añadió que “sorprendió que sumaran el roll over de los vencimientos del FMI para este año”. De todos modos, reiteró que “se está tomando la decisión de pagar la deuda con el BCRA que dejó la expresidenta Cristina Kirchner”.

El titular de bancada radical, Rodrigo de Loredo, defendió la postura de la Unión Cívica Radical en virtud del avance de este DNU 179/2025: “Nuestro bloque, una vez más, viene a ayudar a un Gobierno que no integra, en un momento crítico, como lo hizo con Alberto Fernández”.

Referente de temas presupuestarios en su bloque, el diputado de UP Carlos Heller cuestionó que “nos están planteando que le demos acuerdo a un programa ‘a celebrarse’, es decir que no existe” y un decreto por el cual se “delega en el ministro de Economía el derecho a suscribir sin ninguna limitación, porque no se conoce el acuerdo y las condiciones. Hay una disgregación de facultades que excede los límites de todo lo razonable”.

“Suponer que es lo mismo tomar deuda con el FMI para cancelar letras del Tesoro Nacional con el Banco Central es tomarnos el pelo”, afirmó y rechazó el pedido a que “aprobemos a libro cerrado un acuerdo al que no le conocemos el monto, las condiciones, la tasa de interés, ninguno de los elementos que la componen y donde nadie nos ha explicado cuál es la necesidad y urgencia”.

En su intervención, el diputado Eduardo Valdés hizo suyas las palabras de Javier Milei en su discurso del 10 de marzo de 2022, “que uno podría pensar que son de Del Caño, o de Máximo Kirchner, por la postura crítica”. Y señaló: “Vamos a rechazar este proyecto porque es altamente cuestionable desde lo técnico y reprochable desde lo moral. Para nosotros, la cuestión moral es central". A lo que agregó: “Cualquier parecido de Milei con aquella frase de Groucho Marx 'estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros', ¿es pura coincidencia?”.

Para culminar las intervenciones de cada bloque, por Unión por la Patria habló Máximo Kirchner, quien renunció a la jefatura del bloque cuando el gobierno de Fernández debatió el anterior acuerdo con el FMI, y señaló: “El Congreso le da este acuerdo a un presidente que no reconoce una estafa a dos centímetros de su nariz”.

“Esto va a fracasar y ustedes lo saben y lo que están haciendo diputados que nos daban clases de instrucción cívica de cómo se debía gestionar la república apoyando este DNU es sacarse de encima", aseveró Kirchner, quien también indicó que "cuando los dirigentes se sacan los problemas de encima le caen por la cabeza a la gente".

Para culminar, enfatizó: "Tiene que ser seria la discusión. Tenemos que encontrar la forma de que nuestro país pueda pagar. Así no va a poder pagar nunca y mientras más tiempo transcurra sin poder pagar, más agarrado del pescuezo nos van a tener”.

Por su parte, el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, apuntó contra la gestión kirchnerista y manifestó que “evitaron tratar 237 DNUs teniendo mayorías en Diputados y en el Senado”. Luego, señaló que “hicieron uso y abuso entre Alberto Fernández y Néstor Kirchner desde que la reforma del 94 introdujo esta herramienta”.

Reafirmó el compromiso del Pro con el presidente de la Nación, y cerró: “La Argentina va en el camino correcto y estamos comprometidos con la Argentina”. “Vamos a estar firmes apoyando lo que hay que apoyar”, reiteró.

Por el oficialismo, el presidente de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni, afirmó que es la “primera vez en la historia que se llega a un acuerdo con el Fondo Monetario sin tener crisis en la Argentina”.

Interrumpido por los gritos de UP, el diputado cordobés relató que es el “momento excelente para sentarnos a negociar con el Fondo”, y en el final de todo el debate, defendió la gestión del actual gobierno: “Lo que hace el presidente Milei es a favor de los argentinos, se va a sanear el BCRA y darles fortaleza a las reservas”.

El jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Pichetto, confirmó durante la sesión su apoyo al DNU del acuerdo con el FMI, en el marco de un discurso que inició con un reconocimiento a su par Nicolás Massot, que lo había antecedido en el uso de la palabra, y que el día anterior  había sido protagonista de la reunión de la Bicameral de Trámite Legislativo. Allí fue propuesto por UP para presidirla, y luego apoyó la designación de Oscar Zago.

Pichetto valoró su papel: “Como sé que este Gobierno y las autoridades de la Cámara tampoco reconocen nada, me parece importante valorarlo, porque hace a la institucionalidad de la Cámara”.

A  propósito de las dudas que había expresado Massot sobre el camino cambiario, le aclaró Pichetto que el mismo “ya lo ha decidido el pensador de este plan, que ya en el 78 estaba con Martínez de Hoz”, en referencia al economista Ricardo Arriazu. “En la historia argentina económica siempre el dólar está en el techo, nunca está tan en el piso”, observó.

Pichetto dijo compartir “el orden fiscal”, y aceptó “darle la derecha al Gobierno, que la ha logrado, aunque lo ha hecho con el sacrificio de los más débiles”. Reconoció sí que cualquier gobierno de los que compitieron en 2023 lo hubiera hecho también, porque “el acuerdo de (Martín) Guzmán era imposible de cumplir. Ahora está apareciendo por televisión, este pasante de la Universidad de Columbia, que el peronismo de manera insólita lo puso de ministro de Economía. No había administrado ni una sociedad de fomento y de repente apareció como ministro de Economía”.

El jefe del bloque Encuentro Federal se quejó también por la falta de información sobre el acuerdo al Parlamento. “No informaron porque le tienen miedo al mercado”, dijo, para caer luego sobre Luis Caputo: “El ministro de Economía, que tendría que haber estado acá, estuvo paseando por todos los canales de televisión y le gusta ir a reuniones con el círculo rojo, y le aclaro que sus palabras de ayer en un programa de televisión por la mañana movieron el dólar para arriba, y el Banco Central tuvo que vender. El señor Caputo tiene que plantearse e ir a ver al analista, a ver qué  pasa con el Congreso… Este desprecio, la política del desprecio no va más; la política de que venga el presidente y nos agreda vilmente, no va más…”.

“Este Congreso le ha dado, mal o bien, con debates, con discusiones, le ha dado (al presidente) los instrumentos que le permitieron gobernar el primer año”, enfatizó.

Sobre el final aclaró que en lo personal él está de acuerdo con avalar el DNU, pero observó que “los representantes que vinieron ayer al Congreso eran todos segundas líneas… No vino el presidente del BCRA, (Santiago) Bausili, mandan a los segundos… En realidad, no entendemos porqué no puede venir el ministro de Economía a la Comisión de DNU, plantear los grandes trazos de ese futuro acuerdo”.

Y cerró: “Todos sabemos que hay una caja de herramientas que el Gobierno tiene para gobernar. Ahora, no entra la motosierra dentro de esa caja de herramientas. El sector pasivo ha sido sometido a un ajuste feroz; adentro de la caja de herramienta no está más la motosierra tienen que tener nivel quirúrgico. Y cuidado con las decisiones que toman, no crean que porque ordenaron el déficit fiscal van a tener resultados electorales favorables. La gente abajo está sufriendo”.

Con ánimos fuertemente exaltados, los diputados debaten desde las 10.24 si le dan luz verde al decreto de necesidad y urgencia 179/2025 por el cual se aprueban las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo y el FMI.

El quórum fue alcanzado con 131 diputados presentes, entre los cuales estaban los diputados del oficialismo, el Pro, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal, varios de Encuentro Federal y los habituales aliados del Gobierno de partidos menores. También estuvo presente el santafesino Roberto Mirabella. Del oficialismo, no dieron quórum las diputadas Marcela Pagano y Rocío Bonacci.

La sesión arrancó con un minuto de silencio por los fallecimientos de Norma López de Espert y María del Carmen Verón de Araujo, madres del diputado José Luis Espert y María Fernanda Araujo, ambos diputados oficialistas. El primero se encontraba presente en el recinto y recibió el saludo de varios de sus pares. En lo sucesivo, ya no hubo tiempo de sosiego.

Y todo matizado por la circulación de un audio por las redes sociales y medios de comunicación, en la que se escuchaba la supuesta voz del presidente de la Cámara, dando instrucciones a su bloque, con la intención de que en todo momento hubiera cuatro diputados propios dispuestos a plantear una cuestión de privilegio, que discutieran a los gritos. “Ténganlos siempre, en todo momento. Los quiero gritando a los gritos, puteando, nada de algo pacífico”, se escucha decir en un audio que fuentes libertarias atribuyeron a la IA, y que durante la sesión, desde la oposición más dura citaron, pidiendo explicaciones.

La apertura del debate estuvo a cargo del diputado libertario Lisandro Almirón que, lejos de explicar los lineamientos centrales del acuerdo con el FMI, centró su alocución exaltada en acusar al kirchnerismo de haber generado “un gasto público excesivo de forma irresponsable durante 30 años”, y de generar “movimientos sediciosos financiados por el gasto público”. Respecto del acuerdo solo resaltó que “el objetivo primario es fortalecer las reservas del Banco Central”.

La intervención exaltada de Almirón despertó la reacción de Maximiliano Ferraro, que le reprochó al presidente del bloque libertario que no diera un discurso como miembro informante.

Más adelante, el diputado Miguel Pichetto intervino para pedirle al titular de la Cámara controlar el tiempo de los oradores durante las cuestiones de privilegio. “Habíamos hablado en Labor Parlamentaria que el oficialismo tenía el deber de la mesura en este debate -recordó-. Y tenía también el deber de acortar el tiempo. Y aplicar el principio elemental de que los oficialismos se llevan la ley y no el discurso”. Tras lo cual le apuntó a la intervención de Almirón: “Pusieron un incendiario para provocar, entonces son responsables de lo que hacen, traten de ubicarse, traten de ser racionales e inteligentes y profesionales”.

Desde Unión por la Patria, Vanesa Siley sostuvo que “no se puede contraer un empréstito de esta manera, y además sospechosamente sin conocerse ni los montos, ni las condicionalidades, ni las condiciones financieras, ni las metas… Literalmente esto es votar un cheque en blanco”, afirmó, asegurando que el día anterior Pablo Quirno no había podido contestar las preguntas que le hicieron, sobre todo cuál es el  monto de la deuda”.

“No saben ni el monto, ni el costo, ni los intereses de esta deuda, ni tampoco qué va a poner la Argentina. Algo oscuro y sospechoso hay que va a perjudicar a nuestra nación entera. Y van a ser responsable los diputados de la Nación. Después los tratan de ratas… ¡Porque lo son!”, lanzó.

Vanesa Siley hizo su aporte a la crispación que reinó durante esta sesión, cuando ante el pedido de Martín Menem por cerrar porque se había extendido, replicó: “No me jodas”. Y luego redobló su apuesta al reclamar que no le cortara la palabra y decirle al presidente de la cámara que parecía fingir que no había pasado nada en la sesión pasada, “usted parece que finge que no se cagan a piñas en su propio bloque, y levantó una sesión con quórum… Usted merece una investigación penal por lo que pasó la semana pasada, ¿y me quiere cortar por cinco minutos?”.

Los diputados santacruceños volvieron a diferenciarse. Hablaron uno a continuación del otro: en su intervención, Sergio Acevedo adelantó su voto negativo, adhiriendo al dictamen expuesto por el senador Francisco Paoltroni durante la reunión de la Bicameral de DNU del día anterior. Su compañero del bloque Por Santa Cruz, José Luis Garrido, recordó que todos los gobiernos tuvieron que pasar por el Fondo, aunque observó que “el Gobierno debería tener mucho cuidado con el tema de la fuga de capitales, pero no voy a ser un obstáculo para que este proceso de corridas bancarias y especulaciones económicas golpee más a los argentinos. Así que voy a tomar la decisión de acompañar este proyecto”.

La reunión se realiza en momentos complejos en materia cambiaria, en cuyo contexto el oficialismo espera conseguir la aprobación de este DNU, que allane el acuerdo con el Fondo y con ello le brinde aire para afrontar esta etapa de ebullición económica, inédita para la gestión mileísta. La confianza del Gobierno es alta, por cuanto los cálculos le asignan al oficialismo las mayores chances de éxito en la votación que esperan alcanzar a media tarde de este miércoles. Incluso con cierta holgura.

En nombre de su bloque, Democracia para Siempre, Facundo Manes anunció que no acompañaría la ratificación del DNU “porque consideramos que estamos ante una triple  irresponsabilidad: una irresponsabilidad institucional, una irresponsabilidad económica y una irresponsabilidad política”.

“Vamos a la irresponsabilidad institucional -continuó-. Nuestra Constitución es clara: el artículo 75 establece que es atribución exclusiva del Congreso de la Nación decidir la contratación de empréstitos y el arreglo de la deuda interior y exterior; no hay margen para la interpretación, ni para improvisar sobre este texto; el acuerdo con el FMI no se puede hacer de espaldas a la sociedad, por decreto y sin discusión en este Parlamento”.

Manes dijo que la segunda irresponsabilidad es la económica, ya que “se está aplicando una vieja medicina que ya fracasó varias veces en la Argentina. No discutimos ordenar la macro, pero sin producción, sin una política industrial moderna en el siglo XXI, no va a haber estabilidad sostenible”. Y respecto de la irresponsabilidad política, el neurocientífico sostuvo que “gobernar con la lógica del enfrentamiento solamente va a profundizar la crisis”.

A su turno, Nicolás Massot consideró “ineludible” alcanzar un acuerdo con el FMI, por lo que consideró conducente discutir qué tipo de acuerdo, como así también la fortaleza del mismo y por último y más relevante, “discutir aquello que nos vuelve a hacer recurrir a ese salvataje, que creo que es en la Argentina la política cambiaria.

Consideró “rayano en la ilegitimidad” al DNU, aclarando que “están y estaban los votos para que esto saliera por ley en las dos cámaras. Y esto va a tener al menos una docena de votos menos, empezando por el mío, que lo que hubiera tenido si esto entraba por ley, como debe ser, con un presupuesto vigente; y si tuviéramos alguna noción más acabada de la naturaleza de este Gobierno”.

El jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Pichetto, confirmó durante la sesión su apoyo al DNU del acuerdo con el FMI, pero se quejó también por la falta de información sobre el acuerdo al Parlamento. “No informaron porque le tienen miedo al mercado”, dijo, para caer luego sobre Luis Caputo: “El ministro de Economía, que tendría que haber estado acá, estuvo paseando por todos los canales de televisión y le gusta ir a reuniones con el círculo rojo, y le aclaro que sus palabras de ayer en un programa de televisión por la mañana movieron el dólar para arriba, y el Banco Central tuvo que vender. El señor Caputo tiene que plantearse e ir a ver al analista, a ver qué  pasa con el Congreso… Este desprecio, la política del desprecio no va más; la política de que venga el presidente y nos agreda vilmente, no va más…”.

De profesión economista, el diputado radical Martín Tetaz comparó el nuevo acuerdo con el Fondo con “llamar a una ambulancia”. Asimismo, apuntó contra la gestión presidencial de Cristina Kirchner: “Sacó 65 mil millones para pagar deuda del Banco Central, pero gobernó 7 de 8 años con déficit fiscal”.

Pese a que confirmó que “no poner palos en la rueda”, cuestionó a Javier Milei por no redactar un proyecto de ley con este tema y agregó que “sorprendió que sumaran el roll over de los vencimientos del FMI para este año”. De todos modos, reiteró que “se está tomando la decisión de pagar la deuda con el BCRA que dejó la expresidenta Cristina Kirchner”.

El titular de bancada radical, Rodrigo de Loredo, defendió la postura de la Unión Cívica Radical en virtud del avance de este DNU 179/2025: “Nuestro bloque, una vez más, viene a ayudar a un Gobierno que no integra, en un momento crítico, como lo hizo con Alberto Fernández”.

Referente de temas presupuestarios en su bloque, el diputado de UP Carlos Heller cuestionó que “nos están planteando que le demos acuerdo a un programa ‘a celebrarse’, es decir que no existe” y un decreto por el cual se “delega en el ministro de Economía el derecho a suscribir sin ninguna limitación, porque no se conoce el acuerdo y las condiciones. Hay una disgregación de facultades que excede los límites de todo lo razonable”.

“Suponer que es lo mismo tomar deuda con el FMI para cancelar letras del Tesoro Nacional con el Banco Central es tomarnos el pelo”, afirmó y rechazó el pedido a que “aprobemos a libro cerrado un acuerdo al que no le conocemos el monto, las condiciones, la tasa de interés, ninguno de los elementos que la componen y donde nadie nos ha explicado cuál es la necesidad y urgencia”.

NOTICIA EN DESARROLLO

En plena turbulencia financiera, con los valores del dólar en alza, igual que el riesgo país, y caída de bonos y acciones, la Cámara de Diputados se abocará este miércoles a debatir el decreto de necesidad y urgencia 179/2025 por el cual se aprueban las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo y el FMI.

En este contexto, el oficialismo espera conseguir la aprobación de este DNU, que allane el acuerdo con el Fondo y con ello le brinde aire para afrontar esta etapa de ebullición económica, inédita para la gestión mileísta. La confianza del Gobierno es alta, por cuanto los cálculos le asignan al oficialismo las mayores chances de éxito en la votación que esperan alcanzar a media tarde de este miércoles. Incluso con cierta holgura. Se verá.

No será la única instancia de este miércoles intenso, ya que horas más tarde el recinto volverá a abrir sus puertas, esta vez para desafiar al Gobierno con proyectos que el oficialismo y sus aliados no piensan acompañar. Se trata de proyectos vinculados con los jubilados -en un día muy especial para los mismos-, especialmente una prórroga de la moratoria previsional.

Desde que el presidente Javier Milei anuncio el 1° de marzo que enviaría el acuerdo con el Fondo al Congreso y esperaba una aprobación rápida por parte de los legisladores, el tema no dejó de dar sorpresas. Porque esa disposición a cumplir con la Ley 27.612 expresada por el mandatario derivó en algo distinto cuando se supo que en lugar de un proyecto de ley, lo que el Ejecutivo mandaría al Congreso sería un DNU, generando una áspera reacción de la oposición.

Pese a ello, el Gobierno se apegó al plan que consistía en un rápido envío del decreto de necesidad y urgencia al Congreso y una presta convocatoria a la Bicameral de DNU. Aun más veloz fue la llegada del decreto al recinto, anunciada incluso antes de que hubiera dictamen.

Ese trámite se cumplió este martes, cuando se alcanzaron las firmas necesarias para que el despacho pudiera llegar al recinto sin necesidad de contar con mayorías especiales.

La sesión fue convocada para las 10 de la mañana -un horario inédito en los últimos años-, previéndose la reunión de Labor Parlamentaria para una hora antes. Allí las autoridades de la Cámara baja intentarán llegar a un acuerdo con la oposición para desarrollar un debate ordenado y rápido de lo que en definitiva es un único tema a abordar: el decreto de necesidad y urgencia. Así, el oficialismo querría tener la cuestión resuelta para entre las 15 y 15.30, aunque desde Unión por la Patria no mostraron disposición a acelerar el debate, tratándose de semejante tema.

Como zanahoria para evitar un debate eterno, el oficialismo sugirió emplazar durante el mismo al Cuerpo a las comisiones que este martes trataron los proyectos relacionados con el escándalo $Libra a dictaminar este miércoles a las 18. Para curarse en salud, la oposición forzó los dictámenes en sendos plenarios realizados este martes, de modo tal que para ellos ya no hace falta una reunión para dictaminar. Todo lo contrario de lo que sostiene el oficialismo, convencido de que hay que cumplir lo que mandó el Cuerpo: tratamiento de los proyectos en dos días, dictaminando el 19 de marzo. Dicen que no vale que se haya dictaminado un día antes. En ese caso, no haría falta la reunión de comisiones de las 18.

Esta discusión formará parte de la sesión de este miércoles, con  posturas seguramente muy disímiles.

Se agregó a última hora, eso sí, un aditamento especial para que UP adelante los tiempos: ellos mismos pidieron una sesión especial para las 19, para tratar cinco proyectos relacionados con los jubilados. tres de los cuales tienen que ver con extender la moratoria previsional que vence este fin de semana.

Debería ser un motivo suficiente como para acelerar la sesión de este miércoles, en la que el oficialismo se ilusiona con alcanzar un triunfo legislativo que lo encarrile nuevamente en la senda del éxito.

El debate sobre el decreto de necesidad y urgencia del acuerdo con el Fondo no estuvo exento de polémicas, y hasta tuvo un momento de alta tensión como el que protagonizaron el diputado radical Francisco Monti y su par de UP Itai Hagman.

Al hacer uso de la palabra, el catamarqueño reprochó que habían un sector había sido privilegiado con la posibilidad de hacer la mayoría de las preguntas, en referencia a Unión por la Patria. Sobre el final de su exposición, Monti dijo que “quizá en otro momento podamos reflexionar cómo llegamos hasta acá, señores funcionarios, porque 69.000 millones de dólares, que está calzado el BCRA de letras intransferibles es mucho. Entonces, si quizás en el futuro…”.

El legislador ya que venía escuchando las críticas que le dirigía Hagman, y ahí se detuvo para dirigirse airadamente hacia su par: “Yo no lo interrumpí a usted. ¡Que cerrés el orto!... Porque yo estoy hablando acá porque me dieron la palabra. ¡No me interrumpas a mí, ni me hagás acotaciones! Estoy hablando con mucha seriedad… ¿Qué te pensás que sos?”.

Oscar Zago trataba de calmar los ánimos, mientras los cruces seguían entre ambos diputados, ubicados en primera fila, pero separados por un pasillo al medio. “No te hagás el pesado, no te hagás el pesado”, le advirtió Monti. “¿Te pensás que porque tenés las organizaciones sociales detrás te podés hacer el picante? No me interrumpas porque yo no los interrumpí a usted, ni a la diputada Strada (ubicada a la izquierda de Hagman), ni a ningún legislador de Unión por la Patria… Que no me interrumpa”.

La presidenta del bloque Unidad Ciudadana, Juliana di Tullio se había acercado también para calmar los ánimos, y finalmente el cruce no pasó a mayores. Aunque al concluir, Monti retomó la discusión con Hagman por un instante más, ante las señales de Di Tullio para que parara.

Presuroso como para sacarse de encima el tema rápidamente y darle en consecuencia una señal contundente al Fondo Monetario Internacional con el que se sigue negociando, el Gobierno de Javier Milei aceleró los tiempos con el decreto de necesidad y urgencia 179/2025, por el cual se aprueban las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo y el FMI.

Así, un grupo de diputados del oficialismo y aliados pidieron este lunes una sesión para este miércoles 19 de marzo a las 10 de la mañana, a fin de tratar el DNU. Alcanzará para que este decreto tenga vigencia que sea aprobado en una de las dos cámaras, y en este caso el oficialismo está convencido de que conseguirá la aprobación en la Cámara baja.

El pedido de sesión extendido a Martín Menem fue suscripto por los diputados Gabriel Bornoroni, Cristian Ritondo, Nadia Márquez, Silvana Giudici, Lisandro Almirón, Lorena Villaverde, Nicolás Mayoraz, Carlos Zapata, Alida Ferreyra, Santiago Santurio, Rocío Bonacci, Gerardo Huesen, Santiago Pauli, María Emilia Orozco, Carlos García, María Fernanda Araujo, Romina Diez, Diego Santilli, Fernando Iglesias, Gerardo Milman, Marilú Quiroz, Patricia Vásquez, José Núñez, Damián Arabia, Laura Rodríguez Machado, Sabrina Ajmechet, Gabriel Chumpitaz, Alejandro Finocchiaro, Paula Omodeo y Nancy Picón Martínez.

La convocatoria es impulsada dando por seguro que este martes se emitirá el dictamen correspondiente en la reunión de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, convocada para este martes a las 16.

El tema es que paralelamente a esa reunión de la bicameral están convocadas desde la sesión del miércoles pasado las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara baja, con el objeto de tratar el proyecto que propone la creación de una comisión investigadora del escándalo de la criptomoneda $LIBRA.

Ahora bien, ese plenario seguirá su curso seguramente, pero la sesión pedida para este miércoles afectará los plenarios convocados para las 13 y las 16 horas, con el fin de dictaminar los proyectos sobre el cripto escándalo, tal cual se acordó en la última sesión.

Así las cosas y no pudiendo objetar nada, la oposición más dura está analizando usar esta nueva sesión, cuyo quórum garantizan el oficialismo y sus aliados, para pedir un nuevo emplazamiento de las comisiones para emitir los dictámenes que claramente no saldrán este miércoles, según pudo saber parlamentario.com.

La Coalición Cívica confirmó este fin de semana que ese espacio va a apoyar la autorización legislativa de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y lo argumentó diciendo que es para “defender la estabilidad y la previsibilidad, más allá de quién gobierne”.

El bloque de la CC en Diputados cuenta con seis legisladores que serán clave a la hora del tratamiento del tema en el recinto.

El partido de Carrió explicó que “en la Coalición Cívica hemos decidido autorizar legislativamente una nueva renegociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), no como respaldo a un gobierno o a su programa económico, sino porque, constitucionalmente, la definición de dicho programa le corresponde al Poder Ejecutivo, mientras que al Congreso solo le compete prestar autorización. La responsabilidad de la negociación y sus consecuencias es del gobierno”.

Los cívicos dicen dar este paso “pensando en los argentinos y en la estabilidad del país. Nuestro compromiso es evitar que la Argentina sufra nuevas volatilidades, retroceda en el proceso de estabilización o incluso caiga en default, con las graves consecuencias que ello tendría para los ciudadanos, el empleo y la inversión”.

“Así lo hicimos en 2022, cuando apoyamos el acuerdo con el FMI bajo la gestión de Alberto Fernández. En aquel entonces, no solo votamos a favor, sino que incluso presentamos una solución legislativa antes que el propio oficialismo, que luego no fue respaldada por gran parte de sus propios legisladores ni por diputados como Javier Milei o Ricardo López Murphy”, recordó la CC, que aclaró que “nuestra posición siempre ha sido la misma: defender la estabilidad y la previsibilidad, más allá de quién gobierne”.

A través de un comunicado, la Coalición Cívica dijo entender que el contexto internacional es sumamente complejo. “La incertidumbre en los mercados globales, los efectos de la crisis geopolítica y la situación en Estados Unidos, con la administración de Donald Trump y la guerra comercial que propone al mundo, generan un escenario que exige máxima prudencia y responsabilidad. En este marco, la Argentina no puede permitirse titubeos ni aventuras irresponsables”, sugirió la CC.

Con todo, aclararon que la vía del decreto de necesidad y urgencia elegida por el Gobierno “no es la mejor herramienta para una decisión de esta magnitud, pero también reconocen que, según la legislación vigente y dada la urgencia, “el Poder Ejecutivo ha decidido someterlo de inmediato a la consideración del Congreso. Ante esta situación, debemos tomar una decisión, y la correcta es acompañarlo”.

Por otra parte, la Coalición Cívica recordó que desde hace tiempo han impulsado modificaciones legislativas para fortalecer el rol del Congreso en decisiones de este tipo, pero admitieron que “mientras esa reforma no se concrete, nuestra prioridad es evitar un nuevo colapso”. Así las cosas, remarcaron que “el Congreso de la Nación tiene la facultad constitucional de evaluar la necesidad y la urgencia de este tipo de medidas”.

Asimismo, insistieron en la importancia de garantizar la independencia del Banco Central y fortalecer la acumulación de reservas. “Sin un Banco Central autónomo, libre de interferencias políticas y con capacidad para administrar responsablemente la política monetaria y cambiaria, cualquier acuerdo con el FMI será insuficiente”, advierten, aclarando que “la acumulación de reservas es clave para dar certidumbre, proteger la moneda y evitar crisis recurrentes que afectan a toda la sociedad. Existen ejemplos contundentes de países que, más allá de crisis políticas, sostienen una macroeconomía sólida gracias a la confianza que genera la independencia de su Banco Central. Como país, no podemos renunciar a esa garantía”.

El mensaje de Elisa Carrió concluye señalando que “la Argentina necesita certezas, no más crisis. La responsabilidad institucional debe prevalecer por encima de las diferencias partidarias o electorales”.

Un trámite rápido en el Congreso apunta a darle el oficialismo al DNU 179/25, por el cual el Poder Ejecutivo dictó la aprobación del nuevo programa de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. El mismo día que el decreto salió publicado en el Boletín Oficial se envió al Parlamento y al día siguiente se convocó a la Bicameral de Trámite Legislativo, que debe abocarse a su análisis.

Sin embargo, tras las peleas registradas en la Cámara de Diputados en la sesión del pasado miércoles, la primera de ellas protagonizada por dos miembros de esa comisión, se conoció que el encuentro se había suspendido. No se dieron demasiadas explicaciones al respecto, pero el episodio de tensión entre el oficialista Lisandro Almirón y el exjefe de la bancada libertaria Oscar Zago aparecía como una de las razones encubiertas.

Pero este viernes fue convocada nuevamente la bicameral, con la novedad de la participación de tres invitados. A saber, estarán el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning; el secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, José Luis Daza Narbona; y el representante argentino ante el FMI, Leonardo Madcur.

La reunión será este martes 18 desde las 16, en el Salón Illia del Senado. Ese mismo día, y en la misma hora, fue aprobado el emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados para tratar el proyecto que propone la creación de una comisión investigadora por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA.

La bicameral está integrada por los libertarios Juan Carlos Pagotto -senador que la presidió el primer año- y el mencionado Almirón; los radicales Víctor Zimmermann y Francisco Monti; Luis Juez y Diego Santilli, por el Pro; el senador de Provincias Unidas Carlos “Camau” Espínola; el senador Francisco Paoltroni (ex LLA); y el diputado Zago.

De la vereda de enfrente están, por Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde, María Teresa González, Ramiro Gutiérrez, Carolina Gaillard y Vanesa Siley. También el diputado Nicolás Massot, del bloque Encuentro Federal, quien se manifestó en contra de que se haya utilizado un DNU para el acuerdo con el FMI.

El oficialismo necesita 9 firmas para el dictamen favorable, o en todo caso 8, y desempata el presidente de la comisión, cuyo voto en caso de empate vale doble. El primer grupo es el que a priori La Libertad Avanza consideraba afín. El tema es que no es seguro que Paoltroni vaya a alinearse con el Gobierno. Y después de los sucesos del miércoles, la posición de Zago entró en duda para el oficialismo. No sólo por la pelea del final de la sesión, sino porque dio quórum y votó a favor de los proyectos sobre el caso $LIBRA.

Con todo, haya o no dictamen favorable para LLA en la comisión, la cuestión determinante será la votación dentro del recinto. El oficialismo apuesta a buscar su aprobación en la Cámara de Diputados ya que en el Senado hay una mayoría de UP que le dificulta más los números.

Cabe recordar que, de acuerdo a la Ley 26.122, que regula el trámite de los decretos del Poder Ejecutivo y el año pasado la oposición no tuvo éxito en modificar, un decreto de necesidad y urgencia permanece vigente hasta tanto no sea rechazado por ambas cámaras del Congreso, mientras que, con el aval de una sola de ellas ya queda ratificado.

Aunque el anuncio más importante del presidente Javier Milei durante la Asamblea Legislativa fue el pedido al Congreso para que apruebe el nuevo acuerdo con el Fondo, a los pocos días optó por autorizarse a sí mismo por decreto, en contra de lo establecido por el artículo 2 de la Ley 27.612, que indica que todo programa con el FMI "requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente". Por este motivo, un grupo de diputados de UP lo denunció penalmente.

Un proyecto de ley para derogar el  Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) aprobado por el Presidente Milei para acordar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue presentado ante la Cámara de Diputados de la Nación.

El proyecto lleva el número 0011-P-2025 y lo firma el exdiputado nacional (2019-2023) Alejandro “Topo” Rodríguez, en su carácter de ciudadano particular, profesor universitario y director del Instituto Consenso Federal.

El proyecto cuenta con cuatro artículos, siendo el primero el que dice: “Derógase el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 179/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, publicado en el Boletín Oficial con fecha 11 de marzo

de 2025, que aprueba las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Fondo Monetario Internacional, así como toda norma ampliatoria y/o complementaria del referido DNU.

La iniciativa “deja sin efecto y declara nula de nulidad absoluta e insanable todo acto previo, administrativo o jurídico, resultante del DNU” en cuestión.

En los fundamentos, “Topo” Rodríguez habla de un procedimiento de “profunda gravedad institucional, empeorado por el engaño evidente del titular del Poder Ejecutivo Nacional, quien públicamente y en diferentes ámbitos anunció que haría exactamente lo contrario”. Se refiere a que, por ejemplo, Javier Milei anunció el 1° de marzo que le pediría al Congreso apoyar este nuevo acuerdo con el FMI. Y ante la consulta popular de Luis Majul en La Nación+, refiriéndose a la necesidad de enviar un proyecto de ley para avalar el acuerdo con el FMI, el presidente aseguró que “las reglas del juego son las reglas del juego. Yo juego en la cancha que existe” y agregó que enviaría el programa al Congreso. Para el autor del proyecto, no hablaba de un DNU, y enfatizó que el artículo 2 de la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública se establece que todo acuerdo “requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación”.

Venía veloz el trámite legislativo para el DNU 179/2025 a través del cual el Gobierno nacional formalizó un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El decreto de necesidad y urgencia se anunció el lunes; esa misma mañana se confirmó el envío del texto al Congreso de la Nación y al día siguiente se confirmó la fecha del tratamiento en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.

En todos los casos, se venían sobrecumpliendo los tiempos que establece la ley. Y si bien nada indica que eso no vaya a seguir sucediendo, este jueves, a horas de la reunión prevista para las 13.30 para poner a consideración el DNU 179/2025 por el que el Gobierno nacional formalizó un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se dispuso la suspensión del mismo.

No se dieron los motivos por la decisión, pero claramente todos los caminos conducen a vincular esta medida con los hechos sucedidos este miércoles en el recinto de la Cámara de Diputados. Un dato no menor, que parlamentario.com destacó este miércoles es que de esa comisión bicameral forman parte dos de los protagonistas principales de los incidentes del miércoles: Lisandro Almirón y Oscar Zago. Cuando desde este medio se hizo hincapié en ese detalle, se advirtió sobre la tensión que podría vivirse en ese ámbito.

Pero más allá de eso, sobrevinieron en el oficialismo las dudas respecto de lo que pudiera suceder con lo que más le interesa al Gobierno: la firma del dictamen correspondiente.

Recordemos que forman parte de esa comisión, por parte de La Libertad Avanza, solo el senador Juan Carlos Pagotto y el mencionado Almirón; los radicales Víctor Zimmermann y Francisco Monti; por el Pro Luis Juez y Diego Santilli; el senador de Unidad Federal Carlos “Camau” Espínola; el senador Francisco Paoltroni (ex LLa), y el diputado Oscar Zago.

De la vereda de enfrente están, por UP, Anabel Fernández Sagasti, Carolina Gaillard, María Teresa González, Ramiro Gutiérrez, Mariano Recalde y Verónica Siley. También el diputado Nicolás Massot está en contra del DNU.

El Gobierno necesita 9 firmas para el dictamen favorable, o en todo caso 8, y desempata el presidente de la comisión, cuyo voto en caso de empate vale doble. El primer grupo es el que a priori La Libertad Avanza consideraba afín. El tema es que no es seguro que Paoltroni vaya a alinearse con el Gobierno. Y después de los sucesos del miércoles, la posición de Zago entró en duda para el oficialismo. No solo por la pelea del final de la sesión, sino porque dio quórum y votó a favor de los proyectos sobre el caso $Libra.

La presidencia corresponde hasta ahora al senador riojano Juan Carlos Pagotto, pero en este período debía pasar a la Cámara baja, y para ese lugar se barajan los nombres de Lisandro Almirón, Francisco Monti o Diego Santilli.

Se verá para cuándo es ahora reconfirmada la reunión suspendida de este jueves.

Desde distintos bloques de la oposición cuestionaron la decisión del presidente Javier Milei de recurrir a un DNU para habilitar la negociación de un nuevo acuerdo con el FMI. No sólo enfatizaron en el incumplimiento de la Ley 27.612 (conocida como "Ley Guzmán"), que establece que todo programa de financiamiento debe aprobarse por ley del Congreso -razón por la cual ya se presentó una denuncia-, sino también en la falta de detalles acerca del nuevo acuerdo con el organismo internacional.

"Buen día para todos, menos para los que le votaron la Ley Bases y no quieren derogar el DNU 70 en los que se funda este nuevo endeudamiento con el FMI. Una operación de crédito sin montos, sin fecha ni plazos. Nunca antes visto", criticó la vicejefa del interbloque Unión por la Patria en el Senado, Anabel Fernández Sagasti.

En tanto, Gabriela Estévez, diputada de UP cuyo bloque emitió un comunicado, coincidió en que "este nuevo endeudamiento con el FMI es posible porque existen la Ley Bases y el DNU 70". "Un recuerdo muy especial para todos los diputados y senadores que con su voto permitieron que estas normas estén vigentes y Milei tenga superpoderes. Ellos también son cómplices de la entrega", remarcó.

Por su parte, el senador y presidente de la UCR Nacional, Martín Lousteau, afirmó que "el DNU 179/2025 con el que el presidente Milei se autoriza a sí mismo a endeudarse con el FMI es ilegal, un peligro, un engaño y, además, un error".

Desde el bloque Encuentro Federal, el diputado Oscar Agost Carreño señaló que "el Gobierno quiere cerrar un acuerdo con el FMI por decreto y sin Presupuesto Nacional vigente, agotando en días los fondos aprobados para 2023. ¿Cómo se sostiene la 'sustentabilidad' si no hay cuentas claras?".

"El FMI exige 'amplio consenso' en sus programas, más aún en acuerdos de facilidades extendidas. ¿Pero cómo los funcionarios del FMI lo justificarán si todo se maneja en secreto y sin debate parlamentario? Si avanzan sin garantías, quedarán expuestos a denuncias", advirtió el cordobés.

Y agregó: "Prestar en estas condiciones carga de responsabilidad extra a los funcionarios del FMI, que tendrían que avalar un Gobierno que administra los recursos como un almacenero".

También desde ese bloque, la diputada Margarita Stolbizer calificó al Gobierno como "cegados de poder". "El DNU con el que Milei autoriza a Milei a endeudarse con el FMI en nombre de todos y sin dar la más mínima explicación a nadie, es un disparate jurídico y una demostración más de que esta gente está cegada de poder", subrayó.

"Karina recauda en la moneda que sea, Santi espía y amenaza, Javier se la pasa queriendo llamar la atención de sus amigos los villanos… Mientras tanto, gozan destrozando el Estado que sí hace falta, el que necesitan los inundados, los jubilados, los enfermos. Sin control, sin rumbo, el mejor gobierno de la historia hace rato que está gobernando MAL. La República no es sólo una idea, es un sistema pensado para que ningún humano se crea Dios. Vamos a cuidarla", completó.

También opinó al respecto el diputado socialista Esteban Paulón, quien indicó que "el DNU dará por aprobado el acuerdo con el FMI unilateralmente por parte del Ejecutivo. NO es una consulta al Congreso. NO es un pedido de aprobación. Y SI, es inconstitucional".

"Abajo el DNU del estafador de Milei y el endeudador serial de su ministro Caputo. No al nuevo acuerdo con el FMI", fue uno de los mensajes del diputado de la izquierda Nicolás del Caño.

El diputado de Republicanos Unidos Ricardo López Murphy sostuvo: "El Gobierno habilitó un acuerdo con el FMI, pero ni el Congreso ni los ciudadanos conocemos el contenido. Tampoco sabemos cuál es el presupuesto del país, porque no fue aprobado por el Congreso. No hay transparencia: gobiernan a ciegas y nos piden que confiemos".

"Y lo peor: lo autorizan por decreto, esquivando la ley. Un gobierno que toma decisiones a espaldas de la gente y al margen de la Constitución es cualquier cosa, menos liberal", sentenció el porteño.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tildó a la oposición de "garrapatas" en la antesala a la sesión solicitada por la oposición que se llevará a cabo el miércoles en Diputados para tratar diversos proyectos que apuntan a profundizar la investigación y pedir informes sobre el escándalo en torno al caso $Libra.

"Entiendo la situación y me parece perfecto que el Congreso trate los proyectos. Nosotros estamos dispuestos a dar la respuesta que requiera, pero no estamos dispuestos a hacer un show del tema", aseguró Francos en diálogo con radio Splendid AM990 sobre la interpelación a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, entre otros funcionarios nacionales.

En ese sentido, señaló que "la oposición no ha encontrado un resquicio para atacar a un gobierno con éxitos económicos importantes, entonces encuentran este tema y quieren prenderse como garrapatas para ver qué pueden obtener en términos políticos en un año electoral. Y nosotros no queremos ser parte de un show mediático".

Con once proyectos en debate, los bloques opositores intentarán interpelar al Presidente y a varios funcionarios, aunque para ello deberán alcanzar el quórum reglamentario de 129 diputados al inicio de la sesión.

Entre las iniciativas más relevantes, el Frente de Izquierda presentó un pedido de interpelación para el propio Javier Milei, mientras que Encuentro Federal impulsa citar a Karina Milei, Guillermo Francos, Manuel Adorni y Mariano Cúneo Libarona. A su vez, Unión por la Patria busca interpelar a la secretaria general de la Presidencia, y la Coalición Cívica apunta al jefe de Gabinete. Además, el MID propuso la creación de una Comisión Investigadora sobre el caso $LIBRA, que estaría integrada por 16 miembros de ambas cámaras legislativas.

Respecto a la publicación que realizó el presidente Javier Milei el viernes 14 de febrero para "difundir" la criptomoneda $Libra, Francos marcó que "mucha gente no ha tomado conciencia de que el sistema de comunicación de la política ha cambiado totalmente".

"En la década del 90 la comunicación era diferente, una cámara de televisión era la forma de comunicarse con el electorado. Hoy es distinto, hoy uno lanza un tuit o un X. El Presidente lanza una comunicación por tuit y tiene 10 o 15 puntos de rating, entonces es difícil decirle al Presidente -que tiene esa forma de comunicación directa con el electorado- que lo abandone. Es la forma en que ha llegado a ser presidente de la República", afirmó el jefe de Gabinete.

Y aseguró que Milei "tiene perfectamente claro que es presidente las 24 horas", aunque señaló que "dijo que lo había tuiteado de su cuenta personal de economista".

Respecto del DNU que fue publicado en las últimas horas sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Francos aseguró que será enviado "de inmediato al Congreso para que lo trate como corresponde, seguramente hoy".

"Hay un procedimiento que empieza por la bicameral", detalló el funcionario y consideró que "ese DNU tiene fuerza de ley mientras no sea rechazado por ambas cámaras". Aunque manifestó que no cree que eso pase porque el decreto "tiene una larga fundamentación histórica" donde se remonta a otros DNUs "que existieron antes en relación al FMI y este no se aleja de lo que se ha tratado antes".

También apuntó a la "famosa ley Guzmán", presentada por el entonces ministro de Economía de Alberto Fernández, que "tenía una cláusula que decía que todos los acuerdos posteriores tenían que pasan por el Congreso. Pareciera que está por encima de la Constitución porque limita facultades del Ejecutivo que surgen de la propia Constitución Nacional".

"El DNU establece la facultad del Ejecutivo para aprobar un acuerdo en los términos que ahí se establecen. Claramente dice que no se incrementa la deuda pública y se dice para qué se va a usar el desembolso: pagar vencimientos con el Fondo y pagar deuda del Estado con el Banco Central, de manera que la deuda bruta del Tesoro no se va a incrementar", completó Francos.

El presidente Javier Milei firmó el decreto de necesidad y urgencia con el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional. El mismo fue publicado este martes en el Boletín Oficial y cuenta con cinco artículos, el primero de los cuales establece que el Programa de Facilidades Extendidas celebrado con el FMI tendrá un plazo de amortización de diez años.

Según establece el texto conocido, el crédito otorgado por el organismo encabezado por Kristalina Georgieva será destinado a la cancelación de las letras intransferibles en dólares estadounidenses en poder del Banco Central de la República Argentina; como así también las operaciones de crédito público en el marco del Programa de Facilidades Extendidas del 2022, cuyo vencimiento opere dentro de los 4 años de la suscripción del acuerdo.

El DNU no da mayores detalles sobre el acuerdo, fundamentalmente el monto establecido.

El presidente de la Nación adelantó el 1° de marzo ante la Asamblea Legislativa que su gobierno está avanzando “en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para poder terminar de sanear el balance del Banco Central y salir del cepo cambiario definitivamente durante este año”.

En esa oportunidad informó que en los próximos días le pediría al Congreso que apoye al Gobierno en este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En rigor, así lo establece la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que en su artículo 2° dice que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”.

Como se ve, la norma habla de una ley y no un DNU, como lo que envía el Poder Ejecutivo al Congreso, por lo que previsiblemente la oposición reaccionó de manera crítica.

El ministro de Economía, Luis Caputo, justificó el uso de la facultad del Poder Ejecutivo de apelar a un DNU con el argumento de que enviar un proyecto al Congreso “demoraría” el avance porque “en el Senado hay mayoría kirchnerista”.

El titular del Palacio de Hacienda se mostró optimista de que la Cámara de Diputados apruebe el decreto una vez que sea tratado en el recinto. En caso de que la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo no convoque el tratamiento del DNU, el mismo podrá ser llevado al recinto de cualquiera de las dos cámaras trascurridos los diez días hábiles desde su ingreso.

No obstante, con la sola aprobación de una cámara, el DNU quedará vigente, pero requiere del rechazo de ambas para su derogación. Cabe recordar que el gobierno de Javier Milei fue el primero desde la sanción de la Ley 26.122 (marco normativo de los DNU) al que el Congreso le derogó un decreto cuando en septiembre pasado el Senado (primero Diputados en agosto) hizo caer el DNU 656/24, por el cual se asignó 100 mil millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

Otra vez la tragedia se posó en Bahía Blanca. Como en diciembre de 2023, cuando esa vez el viento causó devastación y entre otras cosas derrumbó el techo de un club causando 13 muertos. El gobierno libertario llevaba menos de una semana en el poder y el presidente viajó a esa ciudad para estar -muy poco tiempo- en el lugar de los hechos. Y ahí, vestido con ropas militares, con el ministro de Defensa a su derecha con igual atuendo, expresó unas palabras que aún resuenan (mal) en la memoria bahiense: “Estoy perfectamente confiado en que ustedes van a lograr poder resolver esta situación de la mejor manera posible, con los recursos existentes”.

Fue lo primero que les vino a la mente a muchos cuando este viernes se conoció la magnitud de un desastre aún peor en la tierra natal de Manu Ginóbili. Con más experiencia y mejor aconsejado, el Gobierno desarrolló un intenso operativo para atender la emergencia, autorizó el envío de 10 mil millones de pesos para las tareas de asistencia y Patricia Bullrich y Luis Petri -la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio en 2023- se instalaron allí enfrascados en sus funciones ministeriales.

Rápidos de reflejos, en Presidencia suspendieron la visita de Milei a Mendoza para participar de la Fiesta de la Vendimia, aunque al menos de entrada no cambió su destino hacia el lugar de la tragedia. Que logró, eso sí, lo que hasta poco antes parecía imposible: que el Gobierno nacional y el bonaerense se mostraran juntos coordinando acciones en el lugar de los hechos. No podía ser de otra manera, pero dadas las circunstancias y antecedentes, sorprendió. Gratamente.

Porque justo una semana antes, Javier Milei había llegado a sugerir la intervención de la provincia. “Si le interesa el bienestar de los bonaerenses córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la Provincia. En un año nosotros vamos a terminar con la violencia”, posteó Milei el viernes anterior al colapso bahiense.

Si bien después diversos voceros trataron de minimizar el alcance de la amenaza, ese ataque es parte del bombardeo oficial constante sobre la administración de Axel Kicillof, secundado por medios y periodistas afines. El combustible para la contienda son los casos de inseguridad que se suceden en territorio bonaerense, situación que el presidente ha descripto como “un baño de sangre”, parangón cuyo copyright corresponde a José Luis Espert, hoy en la pole position libertaria para estas elecciones en el distrito bonaerense (madre de todas las batallas).

Desde la gobernación le contestaron que el índice de homicidios viene bajando en la provincia, cosa que la prensa adicta relativizó. Pero lo cierto es que la única manera de medir estas cuestiones -sin guiarse por la “sensación térmica”- es a través de las estadísticas. Y si bien en la materia puede objetarse que no todos los casos se denuncian, los homicidios no pueden ocultarse. El tema es que, moderada la inflación, la seguridad ha vuelto a ocupar un lugar principal en la escala de demandas de la sociedad. Pardójicamente cuando la ministra de Seguridad de la Nación, a quien el presidente Milei ponderó especialmente en su discurso ante la Asamblea Legislativa, goza de la mejor imagen. Incluso hay una encuesta conocida esta semana que sitúa a Bullrich por encima de Milei, caso $Libra mediante.

El propio presidente dio datos positivos sobre la seguridad, cuando en la Asamblea Legislativa afirmó que “tuvimos el índice de homicidios más bajo de Sudamérica”, dato corroborado por Chequeado, en base a un informe del Insight Crime de 2024, que señala que la Argentina registra 3,8 homicidios por cada 100 mil habitantes, la tasa más baja entre países sudamericanos con datos confiables. También la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de 2022 señala que Argentina tiene la tasa más baja de la región.

Ante un recinto semivacío, Milei también destacó el 1° de marzo que gracias al plan lanzado por el Gobierno nacional en Rosario se ha logrado “el índice de criminalidad más bajo desde 2006, con menos de 100 crímenes registrados”.

¿Podemos hablar entonces de un incremento de la inseguridad, o es que el Gobierno nacional ha resuelto hacer campaña en el principal distrito del país con ese tema? Lo cierto es que ese mismo elemento se ha colado en la discusión electoral porteña, donde La Libertad Avanza tiene decidido -y no lo oculta- expulsar al Pro del Gobierno de la Ciudad que administra desde hace 17 años. En este caso usando las fugas de comisarías para raspar a la gestión de Jorge Macri. Acá también valen las estadísticas: este año ya fueron 13 los evadidos, pero en 2023 hubo 22 y en 2024 se contabilizaron 21 fugas. Datos del Ministerio de Seguridad, que describe así la sobrepoblación de detenidos en comisarías: en 2023 había 1.600; en 2024 ya eran 2.300, y hay este año 2.455. La capacidad máxima es de mil presos. FIN.

Como sea, el jefe de Gobierno porteño decidió esta última semana dar una señal de cambio en ese sentido, reemplazando al ministro de Seguridad, Waldo Wolff, un civil, por un policía que ya condujo la Policía de la Ciudad en tiempos que gobernaba su primo, quien lo recomendó. Igual Wolff iría como candidato en la trascendental elección prevista para mayo, aunque el primer lugar de la lista estaría reservado para Laura Alonso, actual vocera del Gobierno porteño.

Desdoblada de las generales por primera vez desde 2015, esta elección ha adquirido un carácter nacional, donde competirán pesos pesado. El peronismo llevará como candidato al diputado nacional Leandro Santoro, que quiere ser jefe de Gobierno en 2027 y especula con sacar partido de la división del voto entre macristas y libertarios; la Libertad Avanza podría poner en cancha a Manuel Adorni -a quien no lo convence para nada el cambio, pero hará lo que le pidan-; la Coalición Cívica jugará con la diputada nacional Paula Oliveto y hasta es probable que compita Horacio Rodríguez Larreta.

El misterio se resolverá pronto: el 19 de marzo cierran las listas.

La atención oficial en los próximos días estará puesta en el Congreso, donde hoy dos cuestiones desvelan al Gobierno: los jueces para la Corte y el acuerdo con el Fondo.

En el caso de los magistrados, el presidente se había endulzado pensando que con los nombramientos en comisión se salía con la suya -recordar lo de “los dos o ninguno”-, y más cuando prestamente García-Mansilla fue convalidado por el pleno de la Corte. Pero el entusiasmo se desinfló cuando tres de los cuatro miembros del Tribunal rechazaron convalidar la licencia que había pedido Ariel Lijo para mantener el Juzgado Federal N° 4 como resaseguro por si queda fuera de la Corte Suprema. Se sorprendieron en la Rosada con el voto de García-Mansilla, que dio una muestra de carácter al rechazarle el pedido de licencia, contrariando los deseos del Gobierno y de su compañero de decreto.

Tal vez le haya hecho un favor a Lijo, que sigue apostando a que el Senado apruebe sus fueros. Siguiendo la recomendación que le hizo el propio Gobierno, él mismo se encargó en su momento de conseguir sus votos y pensó que los tenía. Tal vez sea así, pero el clima se enrareció para el Gobierno con el caso $Libra y en el peronismo no quieren regalarle ningún éxito al presidente. Menos el kirchnerismo ahora, que es el que más contactos informales mantuvo sobre el tema con Santiago Caputo, vía Sebastián Amerio, viceministro de Justicia y mandamás real en esa cartera. Lo cierto es que su pliego está listo para ser tratado y podría suceder esta misma semana. Como Lijo no terminó jurando “en comisión” -no piensa retirar su pedido de licencia para hacerlo-, cree que sus chances siguen intactas, pues el bloque que conduce José Mayans había dicho que no votaría a ningún juez impuesto por decreto.

Los senadores de UP y algunos radicales y del Pro apuran la firma del pliego de García-Mansilla, para poder llevarlo al recinto y bocharlo. Para eso avanzaron en la Comisión de Acuerdos con dos dictámenes de rechazo a los que les faltan una firma a cada uno. Igual lo pueden tratar sobre tablas, pero sería más complicado, pues necesitan 2/3 para habilitar el tratamiento. Tras ello, con 25 votos totalmente conseguibles, alcanza para sacarles tarjeta roja a los dos.

Sería una señal muy contundente del Congreso hacia el Gobierno que muchos quieren dar, mas no sus gobernadores, que presionan a los senadores, presionados a su vez por la Rosada.

Sobre el acuerdo con el FMI, el Gobierno anterior impulsó en 2021 la Ley 27.612 que obliga a que todo entendimiento de ese tipo sea aprobado por el Congreso. Para saltear esa instancia, la Oficina del presidente anunció el jueves que cumpliría con el Congreso mandando un decreto de necesidad y urgencia. No es lo que dice la ley citada, que en su artículo 2° establece que todo acuerdo con el FMI “requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”.

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— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 6, 2025

Un DNU no es una ley; es algo mucho más discrecional que le da al Ejecutivo múltiples prerrogativas: entra en vigencia al ser firmado; no necesita ser debatido; y alcanza con que una sola cámara lo apruebe.

El Congreso decidirá esta semana si sigue haciéndole concesiones al Gobierno. Un opositor alertaba este fin de semana con una velada amenaza presidencial en la apertura de sesiones. Fue cuando, hablando del aval a lo que vaya a acordar con el Fondo, advirtió que “si este Congreso eligiera no acompañar de forma mayoritaria al Gobierno nacional en esta propuesta que les extiendo, sepan que eso no detendrá el proceso de cambio que el pueblo argentino nos encomendó. Lo vamos a hacer solos, lo vamos a hacer a nuestra manera, pero tarde o temprano lo vamos a hacer”.

Dicen que el que avisa no traiciona.

La Oficina del Presidente informó este jueves que se dictará y remitirá al Congreso Nacional un decreto de necesidad y urgencia con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en lugar de buscar aprobar una ley, como se esperaba a partir de los dichos de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias.

No obstante, el Gobierno aclaró que de esta manera está cumpliendo con el compromiso del presidente formulado en la apertura de sesiones ordinarias. “Se dictará y remitirá al Congreso Nacional un decreto de necesidad y urgencia para obtener su apoyo en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”, dice el proyecto que agrega que dicho acuerdo “implicará una operación de crédito público mediante la cual el Tesoro Nacional cancelará deuda existente con el Banco Central”.

“El resultante neto de esta operación implicará una reducción del total de la deuda pública”, remarca la Oficina del Presidente.

Agrega el comunicado que este acuerdo “permitirá fortalecer el balance del Banco Central, hito esencial para consolidar la estabilidad monetaria, financiera y macroeconómica y continuar con el proceso de desinflación y liberación de las restricciones cambiarias”.

“No existe asunto más necesario y urgente que terminar con la inflación que durante años le arruinó la vida a los argentinos. Por ello, el presidente de la Nación aspira a obtener un compromiso urgente de parte del Congreso, tal como ocurrió con todos los gobiernos anteriores”, puntualiza la Oficina del Presidente.

El texto continúa reafirmando la intención de “convertir la lucha contra la inflación en una política de Estado”. Agregan que ello constituye “una clara señal de que los representantes del pueblo han comprendido el mandato expresado en las urnas”.

“Es por esto que el presidente Javier Milei deposita su confianza en el compromiso y la responsabilidad de cada legislador nacional para con el pueblo argentino y su bienestar económico”, concluye el comunicado.

Qué dijo el presidente el sábado

En su presentación ante la Asamblea Legislativa, el presidente sostuvo el 1ro de marzo que “dada la importancia estratégica que tiene este acuerdo para la Argentina, quiero anunciarles que en los próximos días le pediré al Congreso que apoye al Gobierno en este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”.

Y agregó: “Este nuevo acuerdo nos brindará las herramientas para allanar el camino hacia un esquema cambiario más libre y eficiente para todos nuestros ciudadanos, y para poder atraer mayores inversiones que se traduzcan en menor inflación, mayor crecimiento y nivel de empleo, con los consecuentes mejores salarios, que implican menor cantidad de pobres e indigentes”.

El diputado nacional y presidente de la CC, Maximiliano Ferraro, criticó el decreto de Javier Milei para nombrar a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla: “Se está naturalizando e imponiendo una faceta autoritaria por parte del Gobierno”, y aclaró que “no es que el Senado no trató los pliegos, es que no cuenta con las mayorías para su aprobación”.

“La decisión del presidente de mantenerse es una herida casi mortal a la institucionalidad y al Sistema Republicano de división e independencia de los poderes”, aseguró el diputado de CC ARI al referirse al decreto que firmó Javier Milei para designar a los reemplazantes de la Corte Suprema Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.

Ferraro remarcó que “no podemos dejar pasar por alto que, en nombre de la lucha contra la inflación, el ordenamiento de las cuentas fiscales y el déficit cero, se está naturalizando e imponiendo una faceta autoritaria por parte del gobierno, que es esta decisión de nominar por decreto a dos jueces a la Corte Suprema".

En cuanto a la oposición de la designación del juez federal Ariel Lijo, el diputado aseguró que este “se ha caracterizado por cajonear causas en Comodoro Py y en la justicia federal, donde demuestra claramente una connivencia con varios sectores políticos y de la justicia federal donde no hay ningún tipo de idoneidad”.

Según indicó el diputado Ferraro, el rechazo de la Coalición Cívica ARI está vinculado a este decreto. “Que los senadores dejen de jugar a las escondidas y que claramente tengan una oposición a la designación de Ariel Lijo y a este procedimiento”, exigió.

Tras indicar que coincide con las palabras del ex juez de la corte Maqueda, Ferraro indicó: “Estamos frente a algo que es horroroso y que es un escándalo desde el punto de vista constitucional, institucional y republicano”, y sumó: “Amenaza a otro poder del Estado como puede ser la justicia, de que, si no le presta juramento la Corte Suprema, el presidente al estilo de un emperador estaría dispuesto a tomarle juramento a estos jueces”, concluyó Ferraro.

Respecto de la asistencia de su bloque a la Asamblea Legislativa, afirmó: “La CC va a tener como siempre una presencia institucional, pero alertamos como gravedad las restricciones que dispusieron las presidencias y la secretaria general a la prensa en algo que no sucedió en 40 años de democracia”.

“El Ejecutivo pretende con la imposición de este DNU que otro poder del Estado se arrodille. No es que el Senado no trató el pliego, en el Senado no cuenta con las mayorías para su aprobación”, planteó.

El Poder Ejecutivo habilitó que las fuerzas de seguridad puedan reutilizar armas decomisadas "para reforzar la lucha contra el crimen, sin generar mayores dispendios presupuestarios", según el decreto de necesidad y urgencia 103/25 publicado este lunes en el Boletín Oficial.

"El Gobierno nacional ha asumido frente a la ciudadanía un compromiso de austeridad y reducción del déficit fiscal, frente a lo cual el aprovechamiento óptimo de los recursos representa una contribución importante en orden a ese objetivo", se señaló en los considerandos.

Además, en los argumentos del decreto se sostuvo que "durante años se han acumulado o destruido miles de armas en perfectas condiciones de utilización; muchas de ellas compatibles con las utilizadas por las citadas fuerzas".

"Resulta necesario extremar los recaudos con el fin de lograr la trazabilidad óptima de las armas y evitar su malversación o extravío", se agregó y se insistió que "la reutilización de las armas decomisadas por parte de las fuerzas policiales y de seguridad federales no sólo incrementa sus capacidades operativas, sino que permite evitar un gasto innecesario en la compra de nuevo armamento, lo cual se alinea con los principios de austeridad y eficiencia en el uso de los recursos estatales".

El nuevo artículo 5 de la Ley 25.938, sobre el depósito definitivo de las armas, indica que "concluida la causa o las actuaciones administrativas, o cuando el estado del trámite lo permita, la autoridad interviniente deberá disponer, en el más breve plazo, la remisión de los materiales involucrados a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, para su depósito definitivo y el inicio de los trámites destinados a disponer su destrucción o su entrega a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales para su uso exclusivo".

Y añade que el Ministerio de Seguridad "resolverá el destino de los materiales, el cual solo podrá ser utilizado por las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, así como las reglas de trazabilidad del armamento y toda medida de seguridad necesaria para ordenar el traspaso”.

En tanto, en el artículo 7 se expresa que "la utilización con fines de interés público solo podrá tener como destinatarios del material a las Fuerzas Policiales o de Seguridad Federales".

Se publicó este jueves en el Boletín Oficial el decreto de necesidad y urgencia 17/2025, por el cual se autoriza al presidente Javier Milei a ausentarse del país, cuando razones de gobierno lo requieran, hasta tanto se apruebe la ley correspondiente a este año. Un similar DNU al que se dictó en enero del año pasado (50/2024).

"Las sesiones ordinarias del H. Congreso de la Nación han finalizado el 30 de noviembre de 2024, y actualmente no se encuentra sancionada una ley por medio de la cual se otorgue permiso al presidente de la Nación para ausentarse del territorio nacional", expresó el Poder Ejecutivo en los considerandos.

La autorización a los viajes al exterior de Milei formaba parte del temario que el vocero presidencial Manuel Adorni había anunciado para el mes de diciembre y no fue. Sin embargo, el proyecto tampoco fue girado al Congreso.

En el DNU, el Gobierno señaló que el presidente "es el Jefe de Estado de la República Argentina, y su actuación en tal carácter pone de relieve la imperiosa necesidad de representar al Estado Nacional en el ámbito internacional". "Esa tarea resulta impostergable e imprescindible para el mejor posicionamiento de nuestro país dentro del concierto de las naciones", se agregó.

Y se recordó que entre el 17 y 24 de enero, Milei participará de la asunción de Donald Trump en Estados Unidos y del Foro Económico Mundial que se realizará en la ciudad de Davos, Suiza.

"Resulta imperativo que, hasta tanto se sancione la ley que otorgue el permiso para que el titular del Poder Ejecutivo Nacional pueda ausentarse del territorio de la Nación, se adopten las medidas constitucionalmente habilitadas para que el presidente de la Nación pueda desenvolverse en su calidad de Jefe de Estado", se completó.

Uno de los primeros DNU del año firmado por el presidente Javier Milei fue el que prorrogó el Fondo Nacional de Turismo hasta el 31 de diciembre de 2027 y, con ello, el impuesto de un 7% a los pasajes aéreos y marítimos al exterior.

Por incluir una cuestión tributaria detrás, varios legisladores de la oposición salieron a rechazar que el Poder Ejecutivo haya tomado la medida por esa vía.

Desde la Coalición Cívica presentaron un proyecto para declarar al DNU 4/25 "nulo de nulidad absoluta e insanable" por "falta de adecuación a los requisitos sustanciales y formales para su dictado de conformidad con el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional".

En los fundamentos de la iniciativa encabezada por Juan Manuel López, los legisladores explicaron que "una de las particularidades del impuesto a los pasajes al exterior es que fue concebido como una fuente de financiamiento con el único objetivo de integrar el Fondo Nacional de Turismo, de modo tal que la vigencia de dicho impuesto quedó ligada directamente con la vigencia del Fondo. De esta manera, el vencimiento del Fondo Nacional de Turismo implicaba, de forma automática, el vencimiento del impuesto".

"Por tal motivo, la prórroga del Fondo Nacional del Turismo dispuesta por el Poder Ejecutivo mediante el DNU N° 4/2025, en realidad, tuvo por finalidad producir la prórroga del impuesto a los pasajes al exterior, que de lo contrario habría perdido vigencia el 5 de enero de 2025", señalaron.

Y, en ese sentido, manifestaron que "es por ello que la decisión resulta de una clara inconstitucionalidad, al tratarse de una disposición de carácter tributario cuya competencia es exclusiva del Congreso de la Nación y se encuentra expresamente vedada para el dictado de DNUs en el inciso 3 del artículo 99 de nuestra ley fundamental".

Por su parte, la diputada Margarita Stolbizer, del bloque Encuentro Federal, también presentó un proyecto para rechazar el decreto y declarar su nulidad.

"Una vez más el titular del Poder Ejecutivo desafía a este Congreso Nacional a través de una norma que, claramente, es violatoria de las limitaciones que le impone la propia Constitución Nacional y la vigencia del Estado de derecho democrático y republicano y la división de poderes", apuntó.

La bonaerense remarcó: "Hemos advertido reiteradamente sobre la maniobra del oficialismo para clausurar el debate del Congreso sobre el Presupuesto y la decisión de prorrogar el del año anterior, lo que materializó a través de un decreto. La intención era, sin duda, el manejo discrecional de los recursos públicos y la decisión de gobernar por decreto, invalidando la función propia del Poder Legislativo".

También desde EF presentó un proyecto el socialista Esteban Paulón, quien propone el rechazo del decreto porque "dispone medidas en materia tributaria que son facultades exclusivas del Congreso". A su vez, el santafesino presentó otra iniciativa para prorrogar por ley la vigencia del Fondo Nacional de Turismo hasta el 31 de diciembre de 2034, algo similar a lo planteado por Ana María Ianni, de UP.

En 2014, mediante la Ley de Presupuesto 2015, se prorrogó por 10 años la vigencia del Fondo Nacional de Turismo.

Ese Fondo recibe financiamiento por distintas vías. Una de ellas es "el 5% del precio de los pasajes aéreos y marítimos al exterior; y los fluviales al exterior, conforme lo determine la reglamentación, vendidos o emitidos en el país y los vendidos o emitidos en el exterior para residentes argentinos en viajes que se inicien en el territorio nacional".

La vigencia del Fondo venció el 5 de enero de 2025.

Si la intención del Gobierno libertario era prorrogarlo, debió haberse incluido en la nueva Ley de Presupuesto, que el presidente Javier Milei decidió no tener por segundo año consecutivo.

O, en todo caso, enviar un proyecto de ley específico para ser aprobado en el Congreso.

En lugar de buscar una ley, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 4/2025 (publicado el 6 de enero en el Boletín Oficial) Milei y todos sus ministros prorrogaron el Fondo del Turismo hasta el 31 de diciembre de 2027.

Ese DNU es groseramente inconstitucional, porque el Fondo contiene el tributo del 5% sobre el precio de los pasajes, cuando la Constitución le prohíbe al Poder Ejecutivo legislar por DNU en materia tributaria.

En efecto, el artículo 99 inc. 3 de la Constitución Nacional autoriza el uso de DNU cuando "no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos".

El régimen libertario argentino empieza este año del mismo modo que terminó el anterior: con sesgo autocrático y fisura en la institucionalidad republicana.

Alejandro "Topo" Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal

Además del DNU por el cual se disolvió la Administración General de Puertos, en el Boletín Oficial de este lunes se publicó otro decreto de necesidad y urgencia por el cual se prorroga el Fondo Nacional de Turismo hasta diciembre de 2027.

Al resaltar que dicho fondo está financiado por impuestos, el diputado nacional Maximiliano Ferraro (CC-ARI) advirtió que el decreto sería "nulo de nulidad absoluta e insanable" por las materias que tiene vedadas en la Constitución Nacional el Poder Ejecutivo para dictar un DNU, entre ellas la tributaria.

"Cajota para la casta: Scioli festeja, más impuestos para los argentinos", posteó el legislador en su cuenta de X, mencionando al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, quien durante el fin de semana se mostró satisfecho por la temporada en la Costa Atlántica.

Ferraro señaló que "el Gobierno nacional acaba de oficializar, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 4/2025, la prórroga del Fondo Nacional de Turismo hasta el 31 de diciembre de 2027. Este fondo, creado por la Ley 25.997, sigue financiándose con impuestos que encarecen los pasajes aéreos y marítimos, golpeando directamente el bolsillo de los argentinos".

"La Secretaría de Turismo, bajo el control del 'multifacético' Daniel Scioli, será la encargada de administrar este fondo millonario. En vez de eliminar impuestos abusivos que convierten al turismo en un lujo inalcanzable para muchos, el Gobierno prefiere alimentar una estructura que sigue beneficiando a quienes manejan los recursos, dejando al ciudadano común afuera", cuestionó el porteño.

En esa línea, consideró que "es preocupante que, en lugar de aliviar la carga impositiva sobre los ciudadanos, se prorrogue un impuesto del 7% y un fondo que incrementa los costos de viajar, beneficiando directamente a quienes controlan estos recursos".

Por último, remarcó: "Señores, han vulnerado una materia expresamente vedada por nuestra Constitución. No pueden dictarse DNU en materia penal, tributaria ni electoral. Estaríamos ante una flagrante violación del artículo 99, inciso 3, por lo que sería nulo de nulidad absoluta e insanable".

En el mismo sentido se sumó el jefe del bloque CC en Diputados, Juan Manuel López: "DNU 4/2025, lindo decreto para rechazar este año. Prorrogaron ilegalmente, para que se lo gaste Daniel Scioli, el impuesto del 7% a los pasajes al exterior".

DNU 4/2025, lindo decreto para rechazar este año.

Prorrogaron ilegalmente, para que se lo gaste @DanielScioli, el impuesto del 7% a los pasajes al exterior.
Ni al peor colectivista se le hubiera ocurrido, no les suena el “no taxation without representation”@fedesturze decía… pic.twitter.com/sU9Bj6hxg5

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) January 6, 2025

A través del decreto de necesidad y urgencia 3/2025 quedó oficializada este lunes la disolución de la Administración General de Puertos SAU, que pasará a ser la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN).

En la medida publicada en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei y todo su gabinete, se dispone la supresión de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, dependiente de la Secretaría de Transporte.

"Dispónese la disolución y posterior liquidación de Administración General de Puertos Sociedad Anónima Unipersonal, continuando vigente su intervención a estos exclusivos efectos", reza el artículo 2 del DNU.

A su vez, se crea la ANPYN en el ámbito del Ministerio de Economía, como un ente autárquico, con personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y privado.

La Agencia estará "a cargo de un Director Ejecutivo con rango y jerarquía de Secretario de Estado y será secundado por un Subdirector Ejecutivo con rango y jerarquía de Subsecretario, en ambos casos, designados y removidos por el Poder Ejecutivo Nacional", se indica. Los mandatos durarán cuatro años.

"A lo largo de los últimos años la Administración General de Puertos Sociedad Anónima Unipersonal ha incrementado notablemente su estructura administrativa y la planta de personal con relación a la sus funciones y competencias", sostuvo el Gobierno en los considerandos.

En ese sentido, agregó que "las referidas circunstancias generan un importante costo para el Estado Nacional, atento a que la citada sociedad requiere de aportes del Tesoro para solventar su operatoria, a pesar de los ingresos que obtiene a través de los contratos de concesión bajo su órbita".

"Las distintas medidas adoptadas por esta gestión de gobierno tienen por objeto ordenar y equilibrar las cuentas públicas, transparentar el gasto y lograr que los recursos disponibles se dirijan a quienes más lo necesitan, procurando la eficiencia organizacional de las estructuras burocráticas de la Administración Pública Nacional centralizadas, descentralizadas y de las empresas del Estado", argumentó.

También se señaló que la medida está amparada en las facultades que se le delegaron al PEN a través de la Ley de Bases (27.742).

Prórroga al Fondo Nacional de Turismo

Por otra parte, en el Boletín Oficial de este lunes fue publicado el decreto de necesidad y urgencia 4/2025 por el cual se prorroga la vigencia del Fondo Nacional de Turismo, constituido por el artículo 24 de la Ley 25.997.

"Dada su inminente caducidad, resulta necesario prorrogar el plazo de que se trata hasta el 31 de diciembre de 2027, inclusive", dispuso el Gobierno sobre un fondo que se encuentra bajo la competencia de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes que lidera Daniel Scioli.

La diputada nacional Vanina Biasi (FIT-U) presentó un proyecto de ley para anular los decretos 1107 y 1112 que el gobierno los cuales autorizan el despliegue de las Fuerzas Armadas para cumplir tareas de seguridad interior.

Biasi declaró: "El combo represivo de los decretos 1107 y 1112 abre paso a que las FFAA y el ejército intervengan en la represión interna, frente a ‘potenciales amenazas o agresiones’ definidas por criterio arbitrario del propio gobierno”.

“Se le otorga al Poder Ejecutivo la facultad de definir ‘Objetivos de Valor Estratégico’ (edificios, rutas, calles) que serán custodiados por las FFAA. Esa carta podría aplicarse para militarizar, desalojar y reprimir con el Ejército ocupaciones de fábricas o lugares de trabajo”, criticó.

La diputada de izquierda preguntó: “¿Quién define qué es una ‘amenaza’ y el despliegue de las FFAA? Milei y sus ministros, especialmente Bullrich: la responsable del asesinato de un bagayero por parte de la gendarmería en nombre de “combatir el narcotráfico” y la que califica de "terroristas" a luchadores populares”.

La diputada continuó: "Estos decretos, que violan la ley de Seguridad Interior, también legalizan la posibilidad de dictar un estado de sitio sin pasar por el Congreso. En síntesis: más facultades represivas para un "Estado presente" de la Gendarmería, el Ejército y las FFAA".

"Un Congreso que no reacciona frente a esto, es un Congreso que delegó sus funciones legislativas en un gobierno de ajustadores y represores: un parlamento de ciencia ficción. Sin la colaboración de los bloques capitalistas, Milei no podría imponer esta ofensiva. Milei, (Patricia) Bullrich y Luis Petri quieren un pueblo aterrorizado para profundizar el ajuste y el hambre de millones de trabajadores y jubilados. Más que nunca, enfrentemos toda la agenda represiva y anti obrera de Milei en las calles", concluyó Biasi.

El Gobierno nacional realizó una nueva modificación del Presupuesto. Se trata del plan de gastos y recursos que había sido proyectado para 2023, luego se prorrogó durante todo este primer año de gestión de Javier Milei y así continuará, ante el no tratamiento de la “ley de leyes” para el año próximo. 

A través del decreto de necesidad y urgencia 1104/24, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo señaló que “resulta necesario y urgente incorporar diversas disposiciones complementarias a la prórroga y modificar el presupuesto vigente, con el fin de garantizar la continuidad del funcionamiento del Estado Nacional”. 

“La presente adecuación presupuestaria contempla, entre otras cuestiones, el refuerzo de los créditos de gastos en personal, con el fin de atender necesidades vigentes en materia salarial, de gastos de funcionamiento, equipamiento, así como de los créditos para pago de subsidios, becas, compensaciones, transferencias varias y erogaciones que hacen al cumplimiento del cometido de las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional”, agregó en los considerandos. 

Entre las medidas, se dispone una readecuación del presupuesto para la Secretaría de Inteligencia del Estado, “reduciendo los créditos incrementados mediante el Decreto N° 656 del 19 de julio de 2024”, el cual le otorgaba al organismo 100 mil millones de pesos y fue rechazado por ambas cámaras del Congreso. 

Por otra parte, se incrementan partidas para la Agencia de Administración de Bienes del Estado; la Administración de Parques Nacionales; la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal; el pago de sentencias judiciales previsionales de las fuerzas policiales y Fuerzas Armadas; y la ANSeS, entre otros. 

En tanto, se incorpora “la contratación de las obras con incidencia en ejercicios futuros” y se establece que la Secretaría de Obras Públicas “deberá constituir una aplicación financiera gratuita a favor del Tesoro Nacional” por un billón de pesos. 

“Es menester readecuar los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 90 - SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA para posibilitar la atención de los servicios financieros de la deuda pública del presente ejercicio”, agrega otro de los párrafos. 

Uno de los artículos del DNU amplía en 100 mil millones de pesos “el importe máximo de colocación de los bonos de consolidación décima serie”; mientras que otro dispone que durante el ejercicio fiscal 2025 “los pagos de los servicios de intereses y amortizaciones de capital de las letras denominadas en dólares estadounidenses emitidas al sector público nacional” y “los fondos y/o patrimonios de afectación específica administrados por cualquiera de los organismos contemplados precedentemente serán reemplazados, a la fecha de su vencimiento, por nuevos títulos públicos cuyas condiciones serán definidas, en conjunto, por la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda”. 

“Dispónese que durante el Ejercicio Fiscal 2025 los pagos de los servicios de amortización de capital y el 60% de los servicios de intereses de las letras intransferibles denominadas en dólares estadounidenses, en cartera del BCRA, serán reemplazados, a la fecha de su vencimiento, por nuevos títulos públicos emitidos a la par, a 5 años de plazo, con amortización íntegra al vencimiento, y que devengarán una tasa de interés igual a la que devenguen las reservas internacionales del BCRA”, reza otro de los artículos. 

A través del DNU 1083/24, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional puso fin a la Ley de Emergencia Territorial Indígena (N°26.160), sancionada en 2006 y que venía prorrogándose desde 2009 por distintas leyes y siendo la última vez mediante un decreto que también se derogó con esta medida adoptada. 

De esta manera, se dejó sin efecto el DNU 805/21, por el cual el gobierno de Alberto Fernández había extendido la emergencia hasta el 23 de noviembre de 2025. 

“Declárase finalizada la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, establecida en el artículo 1° de la Ley N° 26.160, y la suspensión dispuesta en el artículo 2° de la mencionada ley, a partir de la entrada en vigencia del presente decreto”, estableció el Poder Ejecutivo. 

Desde su perfil de la red social X, el jefe del bloque Encuentro Federal en Diputados, Miguel Pichetto, destacó la decisión: “Como vengo advirtiendo desde hace muchos años públicamente, incluso con la presentación de proyectos de ley que fueron duramente criticados, la entrega arbitraria de tierras a pueblos pseudo-originarios fue otra muestra de la demagogia que solo generó conflictos y violencia en todo el país”. 

“Esta derogación restaura la vigencia del derecho de propiedad, violado por concesiones estúpidas del gobierno anterior. Un gobierno indigenista que avalaba las usurpaciones violentas”, cuestionó el legislador. 

Por el contrario, la diputada de Unión por la Patria Natalia Zaracho advirtió que “el Gobierno acaba de poner fin por decreto a la emergencia en tierras indígenas. ¿Por qué es importante? Porque las comunidades siguen viviendo SIN derechos básicos, sin el reconocimiento de su tierra y expuestas a desalojos violentos”. 

“La ley de 2006, prorrogada desde entonces y derogada ahora por (Javier) Milei, relevaba y protegía a las comunidades. Ahora, el gobierno habilita operativos de desalojo en los territorios donde familias enteras viven y trabajan la tierra”, explicó. 

En ese sentido, la opositora enfatizó que “esto es parte del plan de miseria y entrega de las tierras indígenas a los negocios inmobiliarios. Son malos con los indígenas, los pobres, los pibes y los viejos. Pero con los narcos y evasores se comen los mocos. Así son los cagones que nos gobiernan”. 

“Atento con esto: suspenden la ley 26.160 de emergencia sobre desalojos de territorios indígena. Tomando el reclamo de los terratenientes, empresarios inmobiliarios, mineros, forestales, etc. Avanzan sobre el reclamo histórico de los pueblos indígenas sobre su territorio. La negación del gobierno sobre los pueblos originarios ahora se expresa en negarles derechos”, fue el mensaje del diputado del FIT Alejandro Vilca. 

En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo sostuvo que esta emergencia “ha generado inseguridad jurídica y una grave afectación al derecho de propiedad de los legítimos dueños, o los derechos de sus arrendatarios o poseedores” y que, además, “impide el libre ejercicio de las actividades productivas y recreativas sobre las tierras involucradas, así como también limita el derecho a la disposición de dichos bienes”. 

“Desde la sanción de la Ley N° 26.160 y sus sucesivas prórrogas se han incrementado notoriamente las inscripciones de las supuestas comunidades, con prodigalidad en los reconocimientos” y “se ha hecho un uso abusivo, subjetivo y discrecional del reconocimiento previsto por la ley en cuestión, por parte de las comunidades indígenas, las cuales en muchos casos se fragmentan tornando inoficioso el objetivo para el cual fue inicialmente prevista la declaración de emergencia”, agregó el Gobierno, que precisó que desde ese momento “se pasó a tener 1.626 comunidades reconocidas al día de la fecha”.

También apuntó que “el conflicto por la toma y usurpación de tierras, en muchos casos ejerciendo violencia, bajo el amparo de la Ley N° 26.160 y sus respectivas prórrogas, ha llevado a que se vean amenazados o restringidos los derechos de los ciudadanos legitimados con respecto a la titularidad de la tierra y a la libre circulación, se han bloqueado el desarrollo de inversiones y las obras de infraestructura para el desarrollo de servicios públicos, e inclusive se ha vulnerado el derecho a la tierra de familias que pertenecen a los mismos pueblos originarios”. 

“Como es de público conocimiento, el conflicto en el sur de la República Argentina creció progresivamente, derivándose en la toma de tierras y en la provocación de graves daños ambientales, sobre todo con incendios intencionales y reiterados a plantaciones forestales y bosques naturales”, sumó el PEN. 

Y afirmó que “no se advierte razón que justifique la continuidad de la emergencia, sino que, más bien, su prolongación implicaría la consolidación de la discriminación entre ciudadanos argentinos, además de exaltar el grave daño que esa situación provoca al sistema republicano de gobierno”.