Se publicó este jueves en el Boletín Oficial el decreto de necesidad y urgencia 17/2025, por el cual se autoriza al presidente Javier Milei a ausentarse del país, cuando razones de gobierno lo requieran, hasta tanto se apruebe la ley correspondiente a este año. Un similar DNU al que se dictó en enero del año pasado (50/2024).

"Las sesiones ordinarias del H. Congreso de la Nación han finalizado el 30 de noviembre de 2024, y actualmente no se encuentra sancionada una ley por medio de la cual se otorgue permiso al presidente de la Nación para ausentarse del territorio nacional", expresó el Poder Ejecutivo en los considerandos.

La autorización a los viajes al exterior de Milei formaba parte del temario que el vocero presidencial Manuel Adorni había anunciado para el mes de diciembre y no fue. Sin embargo, el proyecto tampoco fue girado al Congreso.

En el DNU, el Gobierno señaló que el presidente "es el Jefe de Estado de la República Argentina, y su actuación en tal carácter pone de relieve la imperiosa necesidad de representar al Estado Nacional en el ámbito internacional". "Esa tarea resulta impostergable e imprescindible para el mejor posicionamiento de nuestro país dentro del concierto de las naciones", se agregó.

Y se recordó que entre el 17 y 24 de enero, Milei participará de la asunción de Donald Trump en Estados Unidos y del Foro Económico Mundial que se realizará en la ciudad de Davos, Suiza.

"Resulta imperativo que, hasta tanto se sancione la ley que otorgue el permiso para que el titular del Poder Ejecutivo Nacional pueda ausentarse del territorio de la Nación, se adopten las medidas constitucionalmente habilitadas para que el presidente de la Nación pueda desenvolverse en su calidad de Jefe de Estado", se completó.

Uno de los primeros DNU del año firmado por el presidente Javier Milei fue el que prorrogó el Fondo Nacional de Turismo hasta el 31 de diciembre de 2027 y, con ello, el impuesto de un 7% a los pasajes aéreos y marítimos al exterior.

Por incluir una cuestión tributaria detrás, varios legisladores de la oposición salieron a rechazar que el Poder Ejecutivo haya tomado la medida por esa vía.

Desde la Coalición Cívica presentaron un proyecto para declarar al DNU 4/25 "nulo de nulidad absoluta e insanable" por "falta de adecuación a los requisitos sustanciales y formales para su dictado de conformidad con el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional".

En los fundamentos de la iniciativa encabezada por Juan Manuel López, los legisladores explicaron que "una de las particularidades del impuesto a los pasajes al exterior es que fue concebido como una fuente de financiamiento con el único objetivo de integrar el Fondo Nacional de Turismo, de modo tal que la vigencia de dicho impuesto quedó ligada directamente con la vigencia del Fondo. De esta manera, el vencimiento del Fondo Nacional de Turismo implicaba, de forma automática, el vencimiento del impuesto".

"Por tal motivo, la prórroga del Fondo Nacional del Turismo dispuesta por el Poder Ejecutivo mediante el DNU N° 4/2025, en realidad, tuvo por finalidad producir la prórroga del impuesto a los pasajes al exterior, que de lo contrario habría perdido vigencia el 5 de enero de 2025", señalaron.

Y, en ese sentido, manifestaron que "es por ello que la decisión resulta de una clara inconstitucionalidad, al tratarse de una disposición de carácter tributario cuya competencia es exclusiva del Congreso de la Nación y se encuentra expresamente vedada para el dictado de DNUs en el inciso 3 del artículo 99 de nuestra ley fundamental".

Por su parte, la diputada Margarita Stolbizer, del bloque Encuentro Federal, también presentó un proyecto para rechazar el decreto y declarar su nulidad.

"Una vez más el titular del Poder Ejecutivo desafía a este Congreso Nacional a través de una norma que, claramente, es violatoria de las limitaciones que le impone la propia Constitución Nacional y la vigencia del Estado de derecho democrático y republicano y la división de poderes", apuntó.

La bonaerense remarcó: "Hemos advertido reiteradamente sobre la maniobra del oficialismo para clausurar el debate del Congreso sobre el Presupuesto y la decisión de prorrogar el del año anterior, lo que materializó a través de un decreto. La intención era, sin duda, el manejo discrecional de los recursos públicos y la decisión de gobernar por decreto, invalidando la función propia del Poder Legislativo".

También desde EF presentó un proyecto el socialista Esteban Paulón, quien propone el rechazo del decreto porque "dispone medidas en materia tributaria que son facultades exclusivas del Congreso". A su vez, el santafesino presentó otra iniciativa para prorrogar por ley la vigencia del Fondo Nacional de Turismo hasta el 31 de diciembre de 2034, algo similar a lo planteado por Ana María Ianni, de UP.

En 2014, mediante la Ley de Presupuesto 2015, se prorrogó por 10 años la vigencia del Fondo Nacional de Turismo.

Ese Fondo recibe financiamiento por distintas vías. Una de ellas es "el 5% del precio de los pasajes aéreos y marítimos al exterior; y los fluviales al exterior, conforme lo determine la reglamentación, vendidos o emitidos en el país y los vendidos o emitidos en el exterior para residentes argentinos en viajes que se inicien en el territorio nacional".

La vigencia del Fondo venció el 5 de enero de 2025.

Si la intención del Gobierno libertario era prorrogarlo, debió haberse incluido en la nueva Ley de Presupuesto, que el presidente Javier Milei decidió no tener por segundo año consecutivo.

O, en todo caso, enviar un proyecto de ley específico para ser aprobado en el Congreso.

En lugar de buscar una ley, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 4/2025 (publicado el 6 de enero en el Boletín Oficial) Milei y todos sus ministros prorrogaron el Fondo del Turismo hasta el 31 de diciembre de 2027.

Ese DNU es groseramente inconstitucional, porque el Fondo contiene el tributo del 5% sobre el precio de los pasajes, cuando la Constitución le prohíbe al Poder Ejecutivo legislar por DNU en materia tributaria.

En efecto, el artículo 99 inc. 3 de la Constitución Nacional autoriza el uso de DNU cuando "no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos".

El régimen libertario argentino empieza este año del mismo modo que terminó el anterior: con sesgo autocrático y fisura en la institucionalidad republicana.

Alejandro "Topo" Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal

Además del DNU por el cual se disolvió la Administración General de Puertos, en el Boletín Oficial de este lunes se publicó otro decreto de necesidad y urgencia por el cual se prorroga el Fondo Nacional de Turismo hasta diciembre de 2027.

Al resaltar que dicho fondo está financiado por impuestos, el diputado nacional Maximiliano Ferraro (CC-ARI) advirtió que el decreto sería "nulo de nulidad absoluta e insanable" por las materias que tiene vedadas en la Constitución Nacional el Poder Ejecutivo para dictar un DNU, entre ellas la tributaria.

"Cajota para la casta: Scioli festeja, más impuestos para los argentinos", posteó el legislador en su cuenta de X, mencionando al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, quien durante el fin de semana se mostró satisfecho por la temporada en la Costa Atlántica.

Ferraro señaló que "el Gobierno nacional acaba de oficializar, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 4/2025, la prórroga del Fondo Nacional de Turismo hasta el 31 de diciembre de 2027. Este fondo, creado por la Ley 25.997, sigue financiándose con impuestos que encarecen los pasajes aéreos y marítimos, golpeando directamente el bolsillo de los argentinos".

"La Secretaría de Turismo, bajo el control del 'multifacético' Daniel Scioli, será la encargada de administrar este fondo millonario. En vez de eliminar impuestos abusivos que convierten al turismo en un lujo inalcanzable para muchos, el Gobierno prefiere alimentar una estructura que sigue beneficiando a quienes manejan los recursos, dejando al ciudadano común afuera", cuestionó el porteño.

En esa línea, consideró que "es preocupante que, en lugar de aliviar la carga impositiva sobre los ciudadanos, se prorrogue un impuesto del 7% y un fondo que incrementa los costos de viajar, beneficiando directamente a quienes controlan estos recursos".

Por último, remarcó: "Señores, han vulnerado una materia expresamente vedada por nuestra Constitución. No pueden dictarse DNU en materia penal, tributaria ni electoral. Estaríamos ante una flagrante violación del artículo 99, inciso 3, por lo que sería nulo de nulidad absoluta e insanable".

En el mismo sentido se sumó el jefe del bloque CC en Diputados, Juan Manuel López: "DNU 4/2025, lindo decreto para rechazar este año. Prorrogaron ilegalmente, para que se lo gaste Daniel Scioli, el impuesto del 7% a los pasajes al exterior".

DNU 4/2025, lindo decreto para rechazar este año.

Prorrogaron ilegalmente, para que se lo gaste @DanielScioli, el impuesto del 7% a los pasajes al exterior.
Ni al peor colectivista se le hubiera ocurrido, no les suena el “no taxation without representation”@fedesturze decía… pic.twitter.com/sU9Bj6hxg5

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) January 6, 2025

A través del decreto de necesidad y urgencia 3/2025 quedó oficializada este lunes la disolución de la Administración General de Puertos SAU, que pasará a ser la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN).

En la medida publicada en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei y todo su gabinete, se dispone la supresión de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, dependiente de la Secretaría de Transporte.

"Dispónese la disolución y posterior liquidación de Administración General de Puertos Sociedad Anónima Unipersonal, continuando vigente su intervención a estos exclusivos efectos", reza el artículo 2 del DNU.

A su vez, se crea la ANPYN en el ámbito del Ministerio de Economía, como un ente autárquico, con personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y privado.

La Agencia estará "a cargo de un Director Ejecutivo con rango y jerarquía de Secretario de Estado y será secundado por un Subdirector Ejecutivo con rango y jerarquía de Subsecretario, en ambos casos, designados y removidos por el Poder Ejecutivo Nacional", se indica. Los mandatos durarán cuatro años.

"A lo largo de los últimos años la Administración General de Puertos Sociedad Anónima Unipersonal ha incrementado notablemente su estructura administrativa y la planta de personal con relación a la sus funciones y competencias", sostuvo el Gobierno en los considerandos.

En ese sentido, agregó que "las referidas circunstancias generan un importante costo para el Estado Nacional, atento a que la citada sociedad requiere de aportes del Tesoro para solventar su operatoria, a pesar de los ingresos que obtiene a través de los contratos de concesión bajo su órbita".

"Las distintas medidas adoptadas por esta gestión de gobierno tienen por objeto ordenar y equilibrar las cuentas públicas, transparentar el gasto y lograr que los recursos disponibles se dirijan a quienes más lo necesitan, procurando la eficiencia organizacional de las estructuras burocráticas de la Administración Pública Nacional centralizadas, descentralizadas y de las empresas del Estado", argumentó.

También se señaló que la medida está amparada en las facultades que se le delegaron al PEN a través de la Ley de Bases (27.742).

Prórroga al Fondo Nacional de Turismo

Por otra parte, en el Boletín Oficial de este lunes fue publicado el decreto de necesidad y urgencia 4/2025 por el cual se prorroga la vigencia del Fondo Nacional de Turismo, constituido por el artículo 24 de la Ley 25.997.

"Dada su inminente caducidad, resulta necesario prorrogar el plazo de que se trata hasta el 31 de diciembre de 2027, inclusive", dispuso el Gobierno sobre un fondo que se encuentra bajo la competencia de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes que lidera Daniel Scioli.

La diputada nacional Vanina Biasi (FIT-U) presentó un proyecto de ley para anular los decretos 1107 y 1112 que el gobierno los cuales autorizan el despliegue de las Fuerzas Armadas para cumplir tareas de seguridad interior.

Biasi declaró: "El combo represivo de los decretos 1107 y 1112 abre paso a que las FFAA y el ejército intervengan en la represión interna, frente a ‘potenciales amenazas o agresiones’ definidas por criterio arbitrario del propio gobierno”.

“Se le otorga al Poder Ejecutivo la facultad de definir ‘Objetivos de Valor Estratégico’ (edificios, rutas, calles) que serán custodiados por las FFAA. Esa carta podría aplicarse para militarizar, desalojar y reprimir con el Ejército ocupaciones de fábricas o lugares de trabajo”, criticó.

La diputada de izquierda preguntó: “¿Quién define qué es una ‘amenaza’ y el despliegue de las FFAA? Milei y sus ministros, especialmente Bullrich: la responsable del asesinato de un bagayero por parte de la gendarmería en nombre de “combatir el narcotráfico” y la que califica de "terroristas" a luchadores populares”.

La diputada continuó: "Estos decretos, que violan la ley de Seguridad Interior, también legalizan la posibilidad de dictar un estado de sitio sin pasar por el Congreso. En síntesis: más facultades represivas para un "Estado presente" de la Gendarmería, el Ejército y las FFAA".

"Un Congreso que no reacciona frente a esto, es un Congreso que delegó sus funciones legislativas en un gobierno de ajustadores y represores: un parlamento de ciencia ficción. Sin la colaboración de los bloques capitalistas, Milei no podría imponer esta ofensiva. Milei, (Patricia) Bullrich y Luis Petri quieren un pueblo aterrorizado para profundizar el ajuste y el hambre de millones de trabajadores y jubilados. Más que nunca, enfrentemos toda la agenda represiva y anti obrera de Milei en las calles", concluyó Biasi.

El Gobierno nacional realizó una nueva modificación del Presupuesto. Se trata del plan de gastos y recursos que había sido proyectado para 2023, luego se prorrogó durante todo este primer año de gestión de Javier Milei y así continuará, ante el no tratamiento de la “ley de leyes” para el año próximo. 

A través del decreto de necesidad y urgencia 1104/24, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo señaló que “resulta necesario y urgente incorporar diversas disposiciones complementarias a la prórroga y modificar el presupuesto vigente, con el fin de garantizar la continuidad del funcionamiento del Estado Nacional”. 

“La presente adecuación presupuestaria contempla, entre otras cuestiones, el refuerzo de los créditos de gastos en personal, con el fin de atender necesidades vigentes en materia salarial, de gastos de funcionamiento, equipamiento, así como de los créditos para pago de subsidios, becas, compensaciones, transferencias varias y erogaciones que hacen al cumplimiento del cometido de las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional”, agregó en los considerandos. 

Entre las medidas, se dispone una readecuación del presupuesto para la Secretaría de Inteligencia del Estado, “reduciendo los créditos incrementados mediante el Decreto N° 656 del 19 de julio de 2024”, el cual le otorgaba al organismo 100 mil millones de pesos y fue rechazado por ambas cámaras del Congreso. 

Por otra parte, se incrementan partidas para la Agencia de Administración de Bienes del Estado; la Administración de Parques Nacionales; la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal; el pago de sentencias judiciales previsionales de las fuerzas policiales y Fuerzas Armadas; y la ANSeS, entre otros. 

En tanto, se incorpora “la contratación de las obras con incidencia en ejercicios futuros” y se establece que la Secretaría de Obras Públicas “deberá constituir una aplicación financiera gratuita a favor del Tesoro Nacional” por un billón de pesos. 

“Es menester readecuar los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 90 - SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA para posibilitar la atención de los servicios financieros de la deuda pública del presente ejercicio”, agrega otro de los párrafos. 

Uno de los artículos del DNU amplía en 100 mil millones de pesos “el importe máximo de colocación de los bonos de consolidación décima serie”; mientras que otro dispone que durante el ejercicio fiscal 2025 “los pagos de los servicios de intereses y amortizaciones de capital de las letras denominadas en dólares estadounidenses emitidas al sector público nacional” y “los fondos y/o patrimonios de afectación específica administrados por cualquiera de los organismos contemplados precedentemente serán reemplazados, a la fecha de su vencimiento, por nuevos títulos públicos cuyas condiciones serán definidas, en conjunto, por la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda”. 

“Dispónese que durante el Ejercicio Fiscal 2025 los pagos de los servicios de amortización de capital y el 60% de los servicios de intereses de las letras intransferibles denominadas en dólares estadounidenses, en cartera del BCRA, serán reemplazados, a la fecha de su vencimiento, por nuevos títulos públicos emitidos a la par, a 5 años de plazo, con amortización íntegra al vencimiento, y que devengarán una tasa de interés igual a la que devenguen las reservas internacionales del BCRA”, reza otro de los artículos. 

A través del DNU 1083/24, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional puso fin a la Ley de Emergencia Territorial Indígena (N°26.160), sancionada en 2006 y que venía prorrogándose desde 2009 por distintas leyes y siendo la última vez mediante un decreto que también se derogó con esta medida adoptada. 

De esta manera, se dejó sin efecto el DNU 805/21, por el cual el gobierno de Alberto Fernández había extendido la emergencia hasta el 23 de noviembre de 2025. 

“Declárase finalizada la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, establecida en el artículo 1° de la Ley N° 26.160, y la suspensión dispuesta en el artículo 2° de la mencionada ley, a partir de la entrada en vigencia del presente decreto”, estableció el Poder Ejecutivo. 

Desde su perfil de la red social X, el jefe del bloque Encuentro Federal en Diputados, Miguel Pichetto, destacó la decisión: “Como vengo advirtiendo desde hace muchos años públicamente, incluso con la presentación de proyectos de ley que fueron duramente criticados, la entrega arbitraria de tierras a pueblos pseudo-originarios fue otra muestra de la demagogia que solo generó conflictos y violencia en todo el país”. 

“Esta derogación restaura la vigencia del derecho de propiedad, violado por concesiones estúpidas del gobierno anterior. Un gobierno indigenista que avalaba las usurpaciones violentas”, cuestionó el legislador. 

Por el contrario, la diputada de Unión por la Patria Natalia Zaracho advirtió que “el Gobierno acaba de poner fin por decreto a la emergencia en tierras indígenas. ¿Por qué es importante? Porque las comunidades siguen viviendo SIN derechos básicos, sin el reconocimiento de su tierra y expuestas a desalojos violentos”. 

“La ley de 2006, prorrogada desde entonces y derogada ahora por (Javier) Milei, relevaba y protegía a las comunidades. Ahora, el gobierno habilita operativos de desalojo en los territorios donde familias enteras viven y trabajan la tierra”, explicó. 

En ese sentido, la opositora enfatizó que “esto es parte del plan de miseria y entrega de las tierras indígenas a los negocios inmobiliarios. Son malos con los indígenas, los pobres, los pibes y los viejos. Pero con los narcos y evasores se comen los mocos. Así son los cagones que nos gobiernan”. 

“Atento con esto: suspenden la ley 26.160 de emergencia sobre desalojos de territorios indígena. Tomando el reclamo de los terratenientes, empresarios inmobiliarios, mineros, forestales, etc. Avanzan sobre el reclamo histórico de los pueblos indígenas sobre su territorio. La negación del gobierno sobre los pueblos originarios ahora se expresa en negarles derechos”, fue el mensaje del diputado del FIT Alejandro Vilca. 

En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo sostuvo que esta emergencia “ha generado inseguridad jurídica y una grave afectación al derecho de propiedad de los legítimos dueños, o los derechos de sus arrendatarios o poseedores” y que, además, “impide el libre ejercicio de las actividades productivas y recreativas sobre las tierras involucradas, así como también limita el derecho a la disposición de dichos bienes”. 

“Desde la sanción de la Ley N° 26.160 y sus sucesivas prórrogas se han incrementado notoriamente las inscripciones de las supuestas comunidades, con prodigalidad en los reconocimientos” y “se ha hecho un uso abusivo, subjetivo y discrecional del reconocimiento previsto por la ley en cuestión, por parte de las comunidades indígenas, las cuales en muchos casos se fragmentan tornando inoficioso el objetivo para el cual fue inicialmente prevista la declaración de emergencia”, agregó el Gobierno, que precisó que desde ese momento “se pasó a tener 1.626 comunidades reconocidas al día de la fecha”.

También apuntó que “el conflicto por la toma y usurpación de tierras, en muchos casos ejerciendo violencia, bajo el amparo de la Ley N° 26.160 y sus respectivas prórrogas, ha llevado a que se vean amenazados o restringidos los derechos de los ciudadanos legitimados con respecto a la titularidad de la tierra y a la libre circulación, se han bloqueado el desarrollo de inversiones y las obras de infraestructura para el desarrollo de servicios públicos, e inclusive se ha vulnerado el derecho a la tierra de familias que pertenecen a los mismos pueblos originarios”. 

“Como es de público conocimiento, el conflicto en el sur de la República Argentina creció progresivamente, derivándose en la toma de tierras y en la provocación de graves daños ambientales, sobre todo con incendios intencionales y reiterados a plantaciones forestales y bosques naturales”, sumó el PEN. 

Y afirmó que “no se advierte razón que justifique la continuidad de la emergencia, sino que, más bien, su prolongación implicaría la consolidación de la discriminación entre ciudadanos argentinos, además de exaltar el grave daño que esa situación provoca al sistema republicano de gobierno”. 

El Gobierno logró frenar la sesión especial solicitada para este martes en Diputados que tenía como objetivo darle tratamiento al dictamen que busca reformar la Ley 26122 de DNU. Al respecto, el diputado nacional Juan Fernando Brügge del bloque Encuentro Federal –uno de los espacios que pidió la sesión- explicó los motivos que llevaron a pedir la postergación del encuentro para la próxima semana.

En diálogo por DTV, Brügge manifestó: “Somos los promotores de esta sesión especial y estamos justamente con despacho de mayoría para modificar la Ley 26.122 que es inconstitucional y produce un desequilibrio en lo que es la división de poderes”.

“Estábamos dispuestos para sesionar, pero aparentemente los otros bloques que también han firmado el pedido no cuentan con algunos de sus legisladores que no han podido venir”, detalló y sumó: “Se va a pedir una postergación de la sesión especial para la semana que viene y veremos si se junta el quórum para darle tratamiento”.

El cordobés planteó que “este es el juego de la democracia”, y respaldó: “Entendemos que la modificación de la ley es muy necesaria. No solo por los antecedentes que hay, sino porque en un esquema de equilibrio y de respeto por las libertades de las personas”.

“Las reglas en la democracia tienen que ser claras y, si no nos adecuamos al esquema de división de poderes que establece la Constitución, van a ser los jueces quienes en definitiva van a tener que resolver y se va a judicializar la política lo cual no es bueno para el refuerzo de las instituciones ni tampoco es una buena imagen para dentro y fuera del país”, consideró.

El diputado de EF justificó: “El Pro adelantó que no iba a dar quórum, la LLA tampoco, parte del radicalismo aliado al Gobierno de la mano de De Loredo tampoco iba a dar quórum por lo tanto recaía sobre UP, Encuentro Federal, el FIT y la Democracia para Siempre y otros parlamentarios provinciales”.

Brügge sostuvo que “ha habido casos de ausencias que no han podido estar presente por lo que el quórum estaba ajustado y por eso pedimos la postergación para la semana que viene. Quienes no pudieron estar por diferentes motivos estén y así avanzar con el quórum propio y dar el debate”.

“El Parlamento es para debatir. Esto del quórum o no quórum es una mala práctica que venimos arrastrando de varios periodos legislativos que nada bien le hacen al país”, criticó.

Para la secretaria Parlamentaria de la bancada radical, Soledad Carrizo, “responsabilidad y coherencia” son “las 2 grandes ausentes con aviso en la sesión de hoy”.

La diputada cordobesa recordó que la Ley 26.122 que regula el trámite de los DNU fue sancionada en julio de 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner, y hoy lleva más de 18 años de vigencia. Durante ese período, transcurrieron 13 años de mandatos presidenciales kirchneristas, con mayorías propias en el congreso, y que aun así dictaron cerca de 330 DNU. Es una incoherencia que hoy, sus mismos autores se escandalicen por el uso desmedido de los DNU”.

Así las cosas, anunció que este martes no daría quórum en la sesión porque “no creo que la solución sea bloquear la gestión de un gobierno sin mayorías parlamentarias. Eso sería quitar capacidad de negociación de deuda, algo que todos los presidentes han tenido. En este caso, cambiar las reglas de ejercicio de los DNU es anular al Ejecutivo”.

Para Soledad Carrizo, “el país necesita control y diálogo político, pero principalmente gestión. No estoy de acuerdo con el abuso de los DNU, pero menos estoy de acuerdo en seguir cambiando reglas por enojo”.

“Hoy la preocupación del Congreso debe estar puesta en tratar la ley de presupuesto, generar una agenda de trabajo común, y sostenida en el tiempo”, concluyó.

El presidente del bloque radical de la Cámara baja, Rodrigo de Loredo, justificó la decisión de ese espacio respecto de la sesión pedida por la oposición para este martes cargando contra el kirchnerismo, al que acusó de simular “preocuparse de la institucionalidad”.

En un extenso posteo en la red social X, De Loredo dijo que la mayoría de su bloque resolvió “no dar quórum a la sesión convocada para hoy por el kirchnerismo y otros bloques para reformar la ley que reglamenta los DNU. La postura ha sido debatida ampliamente con nuestros gobernadores, quienes coinciden en la inoportunidad de exigir un estándar que no se le exigió a quienes ahora lo reclaman”.

“El kirchnerismo simula preocuparse por la institucionalidad, pero están tendiendo una trampa dañina para los argentinos. La reforma de los DNU es necesaria, porque los decretos están reglamentados por una mala ley que impulsó el peronismo allá por 2006”, sostuvo.

De Loredo admitió que “es un despropósito que un DNU, que tiene la misma fuerza que una ley, requiera menos requisitos para su vigencia. Una ley necesita la aprobación de dos cámaras; un DNU, que no lo rechacen ambas cámaras. Deberían equipararse. No hay mayor discusión en eso”.

Sin embargo aclaró que “la cuestión es cuándo hacerlo. Cristina Kirchner, en sus dos gobiernos, y Alberto Fernández, tuvieron mayoría en ambas cámaras y sin embargo utilizaron los DNU (78 y 177, respectivamente), amparados en esa ley que ahora irrita a los kirchneristas. Todos los gobiernos se sirvieron de esta herramienta”.

En ese marco, De Loredo advirtió que “a este gobierno con minoría parlamentaria se le quiere aplicar en este tema un estándar institucional, inédito para el tiempo que lleva, en comparación de sus antecesores, incluido el de Mauricio Macri. La ‘doble vara’ no se concilia con lo republicano”.

El jefe radical planteó que “tenemos muchas diferencias con este Gobierno. Somos críticos de su desenvolvimiento institucional, de su ataque a la prensa, de su violento discurso y su maniqueo relato histórico”, pero advirtió que “cambiarle súbitamente las reglas de juego solo a él no haría más que justificarlo”.

“Habiéndonos opuesto a su licuadora previsional y universitaria no es responsable tomar medidas que den señales que afecten los incipientes logros de estabilidad económica”, remarcó De Loredo, que reivindicó finalmente: “Autores este año de la reforma laboral y la esencialidad educativa, le exigí al Gobierno que deje de pisar nuestra iniciativa de reforma sindical. Nuestra posición, una vez más, es de responsabilidad frente a la fragilidad que se vive en nuestro país”.

Con una composición distinta por la reciente ruptura del bloque radical, provocada tras el cisma en el bloque radical, que terminó fortaleciendo a la oposición más dura, la Cámara baja volverá a abrir las puertas del recinto este martes. Allí, ese renovado espacio opositor frente al Gobierno de Javier Milei se encontrará con el desafío de conseguir -o no- su primer éxito legislativo.

El primer objetivo que se proponen alcanzar será conseguir el quórum para la sesión que pidieron la semana pasada. Si eso se logra, está claro para propios y extraños que el resto será cuestión de esperar que transcurra la sesión, pues el triunfo estaría prácticamente garantizado.

La sesión pedida por miembros de los bloques Encuentro Federal, Unión por la Patria, Democracia para Siempre y Por Santa Cruz, es para debatir la reforma de la Ley 26.122 que en 2006 reglamentó el uso de los decretos de necesidad y urgencia, como así también se debatirá el DNU 846/24 referido a los canjes de deuda.

El Gobierno se enfrascó los últimos días a la intensa tarea de tratar de desactivar la sesión, sobre todo presionando sobre los gobernadores. No es fácil y lo saben, pues existe un número importante de legisladores dispuestos a ir a fondo para asestarle una doble derrota al Gobierno este martes. Desde el oficialismo hicieron saber que esta sesión “atenta” contra la solidez financiera del Gobierno, como así también conspira contra todo lo conversado  hasta ahora entre el oficialismo y los gobernadores sobre el presupuesto.

Muchos dan por descontado que una eventual derrota de La Libertad Avanza este martes, condenaría al fracaso al proyecto de presupuesto 2025, cuyo tratamiento en comisión se encuentra interrumpido desde hace dos semanas.

Si bien se había especulado con un endurecimiento del principal aliado del oficialismo, el Pro, este lunes por la tarde se acordó en el partido amarillo no dar quórum para esta sesión, con la premisa de “no poner en riesgo la gobernabilidad”. “No vamos a votar con el kirchnerismo”, se remarcó y la postura establecida en la reunión de la que participaron Mauricio Macri; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el gobernador chubutense Ignacio Torres; el jefe de bancada de Diputados, Cristian Ritondo, y sus pares Diego Santilli y María Eugenia Vidal; y los intendente de Vicente López, Soledad Martínez, y de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.

Esa postura fue reconfirmada en la reunión posterior del bloque, que tuvo lugar a partir de las 19.

Otro bloque que tomó una decisión este lunes fue el radical, que conduce Rodrigo de Loredo. En el marco de un encuentro por Zoom al que no fueron invitados los cinco radicales más cercanos al Gobierno, por haber malestar en el resto del bloque porque aquellos adelantaron públicamente su posición sin esperar a una resolución del bloque, se informó que los gobernadores sostienen que el presupuesto es el tema central y no quieren que nada enturbie ese debate.

Por eso decidieron no dar quórum y, si arranca la sesión, no votarán con el resto de la oposición, dado que ha primado en ese espacio la idea de “no someter al Gobierno recientemente elegido a estándares no impuestos” a gobiernos como el de Cristina Kirchner y Mauricio Macri.

Con todo, habría al menos una postura divergente, que es la de Julio Cobos, quien el fin de semana sostuvo que “este es el debate que tenemos por delante y el oficialismo debería aceptar que se mejora la calidad institucional y corrige falencias de la ley sancionada en el 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner”.

Las presiones del Gobierno alcanzaron también al bloque Unión por la Patria, a sabiendas de que con los que pudieran conseguir entre los ex Juntos por el Cambio no alcanzan. El éxito o no de estas negociaciones se conocerá promediando la tarde.

De cara a la trascendental sesión especial convocada por parte de la oposición para este martes a partir de las 15, los bloques han ido definiendo en las últimas horas cuál será la postura que adoptarán en el recinto, donde si se alanza el quórum, se va a debatir la reforma a la Ley 26.122, que reglamenta los DNU, y el decreto de necesidad y urgencia 846/24, de canje de deuda.

Horas después de que el Pro resolviera su postura en una reunión que mantuvieron con su presidente, Mauricio Macri, y otras encumbradas figuras del partido, el bloque radical mantuvo su propia reunión, al caer la tarde. En rigor, fue una reunión virtual, ya que a raíz del asueto en el Congreso con motivo de celebrarse este lunes el Día del Empleado Legislativo, se resolvió que la reunión prevista se hiciera por Zoom.

Según pudo saber este medio, no fueron invitados los cinco diputados que quedaron alineados en las últimas sesiones con el Gobierno nacional, coloquialmente ya conocidos como los “peluca”, y quienes fueron el factor desencadenante de la ruptura del bloque UCR. La razón por la que no se los invitó es que habría “un gran malestar” con ellos por  haber anunciado de antemano públicamente su posición respecto de esta sesión, sin haberla conversado antes dentro del bloque radical.

En la reunión realizada este lunes, el presidente del bloque, Rodrigo de Loredo, informó que había hablado sobre esta sesión con los gobernadores de su partido. Estos señalaron que el Presupuesto 2025 es “lo central” y expresaron que no querían que nada enturbiara ahora ese proceso y las negociaciones en marcha.

Así las cosas, se resolvió que no darán quórum a la sesión prevista para las 15.

Según informaron fuentes consultadas del partido centenario, durante la reunión se escucharon muchas opiniones respecto de la Ley 26.122 y los dictámenes para modificarla. Recordemos que la propia Karina Banfi es autora de uno de los dictámenes que se llevarán este martes al recinto. También se habló del decreto 846, de canje de deuda. Y lo que primó fue la postura de no someter al Gobierno elegido hace menos de un año a “estándares no impuestos a Cristina Kirchner, o al propio Mauricio Macri”.

De tal manera, se estableció que las reglas de juego deben cambiar hacia adelante, no ahora. “Adelante”, debería ser tomado como después de las elecciones de 2025, cuando el oficialismo pueda fortalecer, en caso de irle bien en las elecciones, su presencia parlamentaria.

Con todo, la postura no es unánime, ya que el mendocino Julio Cobos insistió en mantener su postura revelada el fin de semana respecto de la necesidad de cambiar la ley que rige los DNU.

Debió multiplicarse Martín Menem el fin de semana, pues más allá de la actividad partidaria que siguió cumpliendo junto a Karina Milei, recorriendo provincias donde van extendiendo a La Libertad Avanza (fue el turno de Chaco, Corrientes y Formosa), el presidente de la Cámara baja gastó el teléfono trabajando para tratar de desactivar la sesión pedida por la oposición para este martes. No es nada fácil.

Atento a las dificultades de conseguir semejante objetivo, que dependerá de la capacidad de influencia que puedan tener los gobernadores con los diputados que les respondan, el jefe de Diputados cumple con el relato que el oficialismo contrapone contra la intentona opositora. Fundamentalmente con la modificación de la ley que reglamentó en 2006 la utilización de los decretos de necesidad y urgencia. Así, Menem sostuvo este fin de semana que “la Ley 26.122 que ‘repentinamente’ quieren modificar, TIENE CASI 19 AÑOS DE VIGENCIA. Quienes promueven esto SE VALIERON de la misma cuando fueron gobierno. Solamente QUIEREN COMPLICAR al actual GOBIERNO  Priorizan sus intereses y SE OLVIDAN UNA VEZ MAS DE LA GENTE”.

Las mayúsculas corresponden a su cuenta de la red social X.

Los convocantes para la sesión de este martes son 18 diputados que corresponden a cuatro bloques que, sumando sus miembros, dan justo 129. A saber: Encuentro Federal (16), Democracia para Siempre (12), Unión por la Patria (99) y Por Santa Cruz (2).

A ellos, podrían sumarse sin dudas a los 5 de la izquierda (Vanina Biasi viene reclamando incluir en el temario al megadecreto 70/23) y muy probablemente a la Coalición Cívica (6).

Pero nada es tan lineal y menos en política. Los bloques tienen vida interna propia y eso implica que más de uno podría no estar de acuerdo con sumarse a la sesión. Convengamos, de paso, que solo darán quórum aquellos diputados que están interesados en que ambas propuestas del temario sean aprobadas, lo cual implica que, si la sesión arranca, la derrota del Gobierno estará asegurada.

De ahí que quienes se ocupan de hacer el poroteo parten de ese número inicial mencionado (129) para restar aquellos que puedan hacer bajar. Partiendo de los que respondan a los gobernadores. De los 16 de Encuentro Federal, el oficialismo podría esperar un gesto de al menos 3 de los 5 cordobeses. No incluyen a Natalia de la Sota, que suele votar siempre en contra del Gobierno, aunque esta vez llamó la atención que no estuviera entre los firmantes de la convocatoria. Tampoco a Juan Brügge, que sí firmó el pedido de sesión.

También aspiran a la eventual ausencia de Jorge Ávila y Francisco Morchio, alineados con los gobernadores de Chubut y Entre Ríos, respectivamente.

Le llamó la atención al ofiicalismo que tampoco firmara la convocatoria el presidente de ese bloque, Miguel Pichetto, pero el Gobierno no se ilusiona con él, a quien tanto viene fustigando sobre todo el presidente.

De la docena que compone el bloque de radicales disidentes, Democracia para Siempre, no se esperan deserciones, más allá de que la radical Melina Giorgi esté alineada con el gobernador Maximiliano Pullaro. También Jorge Rizzotti está con su gobernador Carlos Sadir (Jujuy), quien ya cumpliría restándole al quórum a Natalia Sarapura, que sigue en el bloque UCR. El otro diputado con gobernador es el chaqueño Juan Carlos Polini, que justamente estuvo enfrentado con el gobernador Leandro Zdero en las primarias del año pasado, pero se alineó con su vencedor, quien además preside el partido a nivel provincial.

El santacruceño Sergio Acevedo firmó el pedido de sesión, no así su compañero de bloque, José Luis Garrido. No sería la primera vez que ambos integrantes del bloque Por Santa Cruz se diferencian a la hora de votar.

Del bloque Unión por la Patria, aquellos diputados que están bajo la lupa son los catamarqueños. De los 4 que integran el bloque de la principal oposición, 3 son los que se han diferenciado en ocasiones del resto del bloque: Fernanda Ávila (la única integrante de UP que estuvo la semana pasada en Estados Unidos), Dante López Rodríguez y Sebastián Nóblega. Curiosamente (o no) Silvana Ginocchio se mantiene alineada con el resto del bloque que conduce Germán Martínez.

A priori, no hay mucho más para el Gobierno entre lo que pueda confiar. Serían 8 bajas que podría asegurar, aunque no alcanzarían para voltear la sesión. Porque como hemos dicho, a los 129 de los bloques convocantes habría que sumar a los 5 de la izquierda y a algún radical (especulando con que ese bloque decida no sumarse este martes), como Julio Cobos, que el fin de semana ya anunció su voto a favor de la reforma de la Ley 26.122. También al monobloquista Mario Barletta. Y por lo menos a algunos de la Coalición Cívica, que si bien no se sumaron a la convocatoria opositora, cuentan por ejemplo con la anuencia de Maximiliano Ferraro, que defendió esa modificación de la ley de los DNU el fin de semana.

A la hora de votar, también podrían sumarse desde el Pro Alvaro González y Héctor Baldassi.

Una alternativa que también podría llegar a darse en la sesión de este martes sería “la vía salomónica”. Esto es, la media sanción de la reforma de la ley de los DNU, cuya aprobación definitiva en el Senado quedaría para el año que viene y el presidente vetaría en ese caso, y el “no rechazo” del decreto 846/24, de canje de deuda.

Ese último punto es el que más preocupa al Gobierno, como ya lo anticiparon, y es allí donde podría llegar a diferenciarse el número de diputados suficientes como para que esa herramienta clave para el ministro de Economía el año que viene, con tantos vencimientos de deuda, quedara a resguardo. El argumento que pondría a muchos a resguardo sería el de que la inclusión del decreto 846 en el temario fue una imposición del kirchnerismo.

De cara a la áspera sesión que se espera para este martes, el presidente del bloque La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, salió a pegarle a la oposición que buscará este martes darle media sanción a la reforma de la Ley 26.122, que regula los DNU.

El cordobés escribió en su cuenta de X: “Así de hipócritas son los mismos de siempre”, y detalló la cantidad de DNU que aprobaron en su momento anteriores presidentes, a saber: Néstor Kirchner 270; Cristina Kirchner 76; Eduardo Duhalde 158 y Alberto Fernández 178.

“Los mismos que abusaron de los DNU ahora quieren modificar modificar la ley que los reglamenta solo para ponerle palos en la rueda a Javier Milei”, evaluó el jefe de la bancada oficialista, para quien los opositores “están obsesionados con que el país fracase. Lo único que les importa son sus negocios. La gente no les interesa”.

El que salió a contestarle es el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, bancada que no convocó a sesionar, pero cuyas presencias se esperan en esta sesión. El diputado le pidió a su colega que “digamos todo” y citó los 47 DNU que firmó Javier Milei en 11 meses. Y agregó que este presidente “contó con la aprobación  y tratamiento del 100 % de las Leyes que remitió el Poder Ejecutivo al Congreso. (Bases, Blanqueo, Ganancias, Banco de Datos Genéticos, Juicio por Jurado, Reincidencia, Régimen Penal Juvenil, Armas)”.

Bornoroni le aclaró que “todos los DNU dictados por el Gobierno fueron para ordenar la situación económica y fiscal desastrosa que nos dejaron. Mirá si habrán sido importantes esos DNU que bajamos la inflación a un 3% mensual”.

“Igual de importantes fueron todas las leyes que vos citas. Sería bueno que volvamos a discutir leyes que le resuelvan problemas a la gente y que dejemos de discutir la agenda de la política que solo quiere poner palos en la rueda”, agregó Bornoroni, que cerró así: “Al final del camino, es la misma gente la que le va a picar el boleto a los políticos que solo se dedicaron a boicotear mientras algunos nos pusimos a arreglar el país”.

Mientras propios y extraños hacen números pensando en la sesión pedida por la oposición para este martes en Diputados, habrá que sumar al radical Julio Cobos, quien este domingo detalló porqué es necesario aprobar uno la reforma de la Ley 26.122, que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia.

“La Constitución Nacional establece el sistema representativo, republicano y federal de gobierno, basado en la división de poderes. Ningún poder puede arrogarse para sí atribuciones de otro. Esto da un marco institucional y equilibrio a la democracia”, arrancó en un extenso hilo de la red social X, donde arrancó citando la excepcionalidad. “La Constitución Nacional también contempla casos en dónde el presidente puede ejercer atribuciones legislativas: cuando el Congreso le delega facultades, o cuando emite un decreto. En Argentina vivimos de emergencia en emergencia, esto permite al Poder Ejecutivo solicitar facultades delegadas”, planteó.

Al hablar de “la asimetría”, Cobos señaló que “los DNU tienen el mismo efecto práctico que una ley, pero menos exigencia: para su validez sólo se requiere la aprobación de una de las cámaras, e incluso son válidos si ninguna los trata. El DNU es un atajo que saltea los pasos virtuosos del camino de una ley”.

Así las cosas, se refirió a “los abusos”. Recordó que entre 1853 y 1989 se emitieron 25 decretos. Los 35 años restantes (de Menem a la actualidad) se emitieron 1.418 DNU. “La normalización de la excepcionalidad desvirtuó el objetivo y los límites del instrumento”, concluyó el legislador radical.

Recordó entonces que la propuesta de la oposición es “corregir la ley”, de modo tal que para tener validez un DNU deberá contar con la aprobación de ambas cámaras; más allá de otros cambios como por ejemplo si los DNU abordan más de dos temáticas (como el DNU 70/23) permitir el rechazo a la aprobación parcial.

Se refirió luego a “la urgencia”, advirtiendo que “por comodidad del gobernante de turno o por la imposibilidad de construir las mayorías necesarias, se pospuso durante años la modificación de la ley que regula los DNU. Hoy esa mayoría es posible, hay que avanzar”.

Cobos se refirió entonces a la oportunidad, y enfatizó que “este es el debate que tenemos por delante y el oficialismo debería aceptar que se mejora la calidad institucional y corrige falencias de la ley sancionada en el 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner”. Resumió entonces en “menos discrecionalidad, más institucionalidad y equilibrio de poderes para fortalecer la democracia”.

El organigrama que el oficialismo había difundido de manera informal en los últimos días se modificó sustancialmente conforme se aproximaban las fechas previstas en el mismo. Lo que se esperaba era un esquema organizado en el que se contemplaban cuentas pendientes propias para el oficialismo y para con sus aliados más fieles -una y una al menos-, más el tradicional tratamiento del proyecto del presupuesto, cambió súbitamente.

Puede que esa alteración haya estado motivada en la arremetida final en el recinto de Diputados (por tratarse de fin de año y quedar solo tres semanas para el final del período ordinario), pero las señales muestran atisbos de una actitud deliberada en el sentido que parece estar siendo trazado por el oficialismo.

Digamos todo: el oficialismo ya tiene todo lo que deseaba para este primer año legislativo, que le debería dejar un gusto dulce, más allá de algún claroscuro. En materia de leyes, no podía pedir más con una composición tan escueta en ambas cámaras. Pero hasta en materia de promesas electorales debe darse por cumplido: cuenta con la Ley de Bases, más chica que la propuesta original, pero suficiente; y ha logrado resistir los débiles embates contra el mega decreto de necesidad y urgencia 70/23, que incluye innumerables modificaciones y es la génesis argumental para el embate contra la Ley 26.122, que reglamenta los DNU. Con eso puede darse más que por hecho en 2024, y si lo apuran, también para 2025.

En diálogos privados, las fuentes oficiales aclaran que las dos premisas que llevaron a La Libertad Avanza hasta el poder eran bajar la inflación y más seguridad, y eso lo dan por logrado. No hubo promesas electorales de orden legislativo, al menos de primera generación, y en la materia hicieron lo que podían hacer y más.

En el debe, ponen sí el no haber podido completar la composición de la Corte Suprema, pero quienes escuchan a esos voceros legislativos intuyen que esa sigue siendo una materia pendiente, mas no abandonada.

Llama la atención que en este análisis parcial no entre la aprobación del Presupuesto 2025, cuando el propio presidente Milei pareció darle preponderancia al ocuparse personalmente de presentarlo en el Congreso. Visto a la distancia, hoy esa puesta en escena no parece haber sido más que eso. Contrariando todas las tradiciones -a estas alturas, un clásico libertario-, poniendo al presidente en un lugar que debió haber ocupado el ministro de Economía, sin la obligación de recibir preguntas, y a este último exceptuándolo del trámite de ir a la comisión respectiva.

Llamó la atención que el oficialismo se tomara su tiempo para dar inicio al tratamiento del proyecto. Después de la presentación, se anticipó que dejarían libre la segunda mitad del mes, para arrancar recién con el debate en octubre. Llegado el mismo, se salteó la primera semana, dedicándola al inicio de otro debate coyuntural, el de la privatización de Aerolíneas.

También sonó extraño que en ese cronograma se hablara de reuniones semanales de la Comisión de Presupuesto, dejando casi sin tiempo el debate puntual entre los legisladores. El desfile de funcionarios fue en definitiva escueto, con eclécticos informes de funcionarios que salvo la presentación inicial de Carlos Guberman y Pablo Quirno, desviaron el eje de la discusión hacia orillas diversas.

Mientras tanto, se desarrollaban en otras oficinas diálogos con legisladores de aquellas bancadas que deberían brindar los votos para la aprobación del proyecto, siguiendo el esquema desarrollado en la etapa exitosa del debate de la Ley de Bases. Pero con diferencias: ni fue con todos, ni fue continuo, ni pareció productivo. Tampoco pareció cumplir su objetivo el “debate en espejo” prometido con senadores. Salvo la presencia de los senadores Bartolomé Abdala y Ezequiel Atauche en esas charlas privadas, y la aislada de algunos senadores interesados en las escasas reuniones de Presupuesto y Hacienda realizadas, no da la sensación de que cuando el proyecto llegue a la Cámara alta no despierte el interés modificatorio de un número importante de senadores, como sucedió con Bases.

Claro que para que eso suceda, antes debería haber una media sanción. Y a esta altura eso está en veremos.

Van dos semanas sin que la comisión que preside José Luis Espert se reúna. Y para la próxima, el tema sigue sin aparecer en la agenda. Esas ausencias abonan las dudas que crecen, de la mano de los dichos de voceros principalísimos del Gobierno que soslayan la importancia de contar con el presupuesto y dan crédito a la creciente sospecha de que, por primera vez en la historia, una administración prorrogará dos veces seguidas el último texto aprobado.

Llaman la atención también las suspensiones. Primero, la de una conferencia de prensa convocada sorpresivamente para el 30 de octubre para hacer “importantes anuncios” en torno al Presupuesto 2025. La suspensión se anunció diez minutos antes de las 17.30, hora prevista para la reunión. Se supo que el levantamiento obedeció al rechazo de los diputados del Pro, al enterarse de que allí se anunciaría la disposición a redireccionar hacia la educación, partidas provenientes de los fondos destinados a los partidos políticos. Una medida inconsulta, dejaron trascender legisladores aliados. La conferencia de prensa no fue reprogramada.

La semana pasada, también sorpresivamente para unos días en los que se había anticipado que no habría encuentros relevantes por estar buena parte de los legisladores en Estados Unidos, se anunció la reanudación del tratamiento del presupuesto, con la presencia del ministro de Salud. Un día antes, también se suspendió, por problemas de agenda. Sonó inquietante que al anunciarse el impasse, se hablara de “suspensión hasta nuevo aviso”.

Tampoco volvió a reunirse la “mesa de los lunes”, que junta a diputados del Pro y el MID con funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza. La última vez que se hizo ese cónclave estuvieron también los radicales... E inmediatamente después vino la ruptura de ese bloque.

Todo el mundo sabía que la oposición buscaría convocar a debatir la reforma de la ley que reglamenta los DNU, que para eso se apuró su dictamen. Para respetar acuerdos, no se intentaría hacerlo la semana que pasó, pero sí lo intentarían para la que viene. Y era de manual que no lo harían en el marco de la reunión formal que se esperaba pidiera el oficialismo para el miércoles 13, sino en una sesión especial que solo requiriera conseguir el quórum.

Sí sorprendió que al conocerse el temario del pedido hecho para este martes 12, se incluyera el tratamiento del decreto 846, sobre canje de deuda. Se sabía que ese objetivo estaba en la mira de los senadores de Unión por la Patria, pero finalmente lo impusieron sus diputados. El oficialismo acusó el impacto y, mientras se abocaba a tratar de desactivar esa reunión, dejó de lado la sesión que informalmente había programado para este miércoles. Podrá decirse que lo hizo ante la certeza de que no tendría los votos para aprobar la privatización de Aerolíneas Argentinas, tema insignia para esa sesión. Pero lo que queda claro es que prefiere mantener las puertas del recinto cerradas, pues tampoco convoca para tratar “ficha limpia”, un tema acordado fundamentalmente con sus socios del Pro. Proyecto que, por otra parte, fue dejado de lado en la sesión del 2 de octubre pasado, que se limitó a ley antimafias y Boleta Única de Papel.

En privado, fuentes oficiales admiten que no los desvela aprobar “ficha limpia”, que eso no estaba en sus propuestas electorales, como así tampoco la Boleta Única, y así y todo la aprobaron. Habrá que ver cómo reaccionan sus aliados del Pro ante el desaire, pues les queda claro que el oficialismo prefiere congelar un proyecto que de ser ley dejaría fuera de carrera a Cristina Kirchner, quien esta semana se espera sea condenada en segunda instancia, quedando así inhibida para ser candidata en caso de transformarse en ley el dictamen aprobado en Diputados.

Ya estaba claro que ese proyecto no regiría para las próximas elecciones, pues con la demora ¿deliberada? en Diputados, los tiempos ya no daban para la aprobación en el Senado. Y tratándose de un proyecto de orden electoral, no debería ser tratado el año que viene, de elecciones. Todos saben que si se tratara de un proyecto de interés del oficialismo, podría ser incluido en un temario acotado de extraordinarias. Eso no sucederá.

El presupuesto también podría tratarse en extraordinarias, de ahí que no debiera haber tantas dudas… pero ya el Gobierno se ocupó de decir y reiterar que no las convocará. Y no hay porqué dudar de semejante insistencia.

Se esperaba que esta semana se diera esa última sesión en Diputados para tratar otros temas, dictaminar el presupuesto y llevarlo al recinto esta semana. Y en una prórroga de ordinarias, hacer un debate exprés en el Senado.

Pero ya esta semana no se vislumbra la reanudación del debate del presupuesto en comisión, más aún si la oposición le asesta una derrota al oficialismo este martes de una semana ya poblada de reuniones de comisión, encima corta por el asueto del Día del Trabajador Legislativo, este lunes.

El presidente de la CC y diputado nacional Maximiliano Ferraro le respondió a los “radicales peluca” que anticiparon su voto en contra de la reforma de la Ley de DNU en la sesión especial solicitada para el próximo martes.

“Acabo de leer el comunicado de la peluquería y considero necesario hacer algunas aclaraciones para no faltar a la verdad. Para ello, abordaré los tres puntos que dicen defender: equilibrio fiscal, gobernabilidad y respeto por las instituciones”, encabezó su posteo Ferraro.

El dirigente de la Coalición Cívica les recordó que “una de las principales batallas del gobierno de Cambiemos fue el ordenamiento macroeconómico y el equilibrio fiscal. Por eso, apoyamos el objetivo de equilibrar las cuentas nacionales y reducir la inflación”, pero enrostró: “No se puede ignorar el costo de alcanzar este equilibrio: una recesión sin precedentes, una pobreza que supera el 50 % y una situación en la que los jubilados, las clases medias, los sectores productivos, las pequeñas y medianas empresas, la educación, el Hospital Garrahan y la respuesta integral al VIH y el desarrollo científico tecnológico no son prioridad”.

“Desde el espíritu de lo que representó Juntos por el Cambio, el ordenamiento fiscal debe ir acompañado de una firme protección de las reglas republicanas que constituyen nuestra institucionalidad”, indicó.

Ferraro remarcó que el Congreso “ha otorgado amplias herramientas al presidente Milei para llevar adelante su gobierno y ha aprobado o dado tratamiento a todos los proyectos enviados desde el Ejecutivo”, y planteó: “Con justa razón, entonces, la gobernabilidad no puede significar la validación de un abuso de las facultades constitucionales ni la erosión del rol legítimo del Poder Legislativo”.

“La Constitución de 1994, que reconoció los decretos de necesidad y urgencia, fue clara al señalar que su uso debe ser excepcional y no la norma”, precisó y les enrostró a los cinco radicales rebeldes: “Parece que algunos diputados han olvidado las palabras de Raúl Alfonsín como constituyente, cuando afirmó que ‘la duda debe resolverse interpretando de la manera más restrictiva posible las facultades presidenciales’”.

Arjol en su posteo afirmó que el presidente emitió tan solo cinco DNU en lo que va de su gestión. Pero, Ferraro le salió al cruce y lo desmintió: “El presidente Milei ha emitido, hasta la fecha, 47 DNUs casi diez veces más que los cinco mencionados en el comunicado. En sus primeros 100 días de gobierno ya había emitido 15 DNUs, igualando a Alberto Fernández en el mismo período”.

“Es cierto que todos los presidentes han abusado de este mecanismo, y por eso es un imperativo enmendarlo. Quienes nos opusimos en su momento a semejante atropello a las instituciones, y queremos poder mirar a los argentinos a la cara y no volver atrás, tenemos la obligación de mantener nuestra coherencia y reformar esta ley que desde hace años vulnera el espíritu de nuestra Constitución”, remató.

En una semana que lo tuvo como protagonista, al quedar designado ante la bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social y del GPA con Brasil, el diputado misionero Martín Arjol, uno de los radicales aliados al Gobierno, anticipó el voto en contra de la reforma de la Ley de DNU.

La postura fue comunicada a través de un extenso posteo en su cuenta de “X” tras el pedido de sesión especial para el próximo martes que presentó el bloque comandado por Miguel Pichetto, el radicalismo díscolo, Unión por la Patria y el santacruceño Sergio Acevedo con el fin de tratar la reforma a la ley que regula el trámite de los decretos del Poder Ejecutivo en el Congreso, del cual se firmaron un dictamen de mayoría de UP, DpS y EF, y otros tres dictámenes de minoría: el de LLA, de rechazo, al que no adhirieron sus socios amarillos; el de la Coalición Cívica y el de la Unión Cívica Radical, encabezado por Karina Banfi.

Arjol adelantó que junto con los “radicales peluca” Pablo Cervi, Luis Picat, Mariano Campero y Federico Tournier, sumado a Francisco Monti, van a “rechazar el dictamen del kirchnerismo”, y explicó que su posición tiene tres ejes: “Equilibrio fiscal, dejar gobernar y respeto por las instituciones”.

En ese sentido, remarcó: “Esta posición nos ha traído conflictos internos; es lo que menos nos importa”. Se refiere al pedido de expulsión del bloque que hubo luego de que votaran en contra de la ley de financiamiento universitario y tras la foto en Casa Rosada lo que conllevó a la ruptura de la UCR tras la salida de una docena de diputados que conformaron el espacio Democracia para Siempre bajo la conducción de Pablo Juliano.

“El Gobierno de Milei ha enfrentado dos intentos de desestabilización financiera: jubilados y universidades”, recordó y advirtió que “se viene un tercer intento de desestabilización institucional, esta vez: los DNU.

El diputado misionero aclaró. “No somos libertarios. Somos radicales que quieren que a este Gobierno le vaya bien para que a la Argentina le vaya bien. Dar gobernabilidad a Milei para que lleve adelante su plan económico es el objetivo”.

Así, destacó: “Tenemos el riesgo país más bajo en seis años. Tenemos el dólar a $ 1.200. En diciembre del año pasado la inflación estaba en 25,5%; hoy quizás perfore el 3 %. No retrocedamos”, y ratificó su postura: “Por eso, nosotros bancamos el discurso de equilibrio fiscal”.

Arjol explicó que para que un DNU sea rechazado se requiere que las dos cámaras se expidan y apuntó: “Los K pretenden que baste con el rechazo de una sola Cámara y que pierda vigencia si no es ratificado en un plazo de 90 días”, lo que calificó como “una locura inconstitucional”.

Para la media sanción de la reforma de la Ley 26.122 se requieren 129 votos (mayoría absoluta). Sumando a todos los integrantes de los bloques que realizaron el pedido, más el santacruceño Acevedo (que se ha diferenciado en ocasiones de su compañero de bloque José Luis Garrido), los opositores reúnen 128, uno menos de los 129 que se requieren para el quórum. Será clave si bajan al recinto los miembros del Frente de Izquierda o la Coalición Cívica, que tiene su propio dictamen sobre el tema.

“Coincidimos en que debemos limitar esta herramienta”, consideró, pero resaltó que “el DNU está previsto en la Constitución; le permite a un jefe de Estado legislar en circunstancias excepcionales”.

Arjol señaló que “la Argentina era un tren bala camino a la hiperinflación. Y ningún presidente en la historia de este país tuvo tanta debilidad parlamentaria como Milei”. En esa línea, comparó que “Néstor Kirchner gobernó con 236 DNU. Alberto Fernández con 177. Cristina Fernández con 78. Milei lleva cinco”, aunque en realidad lleva firmados más de 40 decretos de ese tipo.

“El kirchnerismo, que hizo del Congreso una escribanía, ahora es republicano. Agarran un tema noble (otra vez) para voltear al Gobierno”, denunció y retomó las palabras de su par Francisco Monti: “Gran parte del arco político argentino ha bregado durante 30 años por la continuidad de los DNU. Ahora abrazan otra biblioteca jurídica”.

“Así de simple vamos apoyamos a la Argentina. Y queremos que no vuelva el kirchnerismo. Que No Vuelva Mas”, cerró su posteo en redes que acompañó con la foto de los cinco radicales rebeldes que se sacaron en Casa Rosada ocasionando la posterior ruptura del bloque.

Las recurrentes referencias oficiales minimizando la importancia de contar o no con el Presupuesto 2025 despertaron inquietud en los últimos días dentro de la oposición, respecto de las verdaderas intenciones del Gobierno de aprobar la ley de leyes.

Hizo ruido esta semana el mensaje del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que afirmó que el Gobierno no piensa convocar a extraordinarias. Ya ese funcionario había relativizado el interés oficial por aprobar el Presupuesto, y en la entrevista a la que hacemos referencia volvió a mostrarse despreocupado por la posibilidad de que no llegue a avanzar el proyecto del Ejecutivo presentado el pasado 15 de septiembre. “Creemos que sería un buen signo institucional que el Congreso de la Nación apruebe el presupuesto que envió el Ejecutivo, pero si no lo hace, seguiremos con la prórroga del Presupuesto actual”, dejó claro Francos.

Desde un primer momento la oposición más cercana al Gobierno tomó estas señales de “despreocupación” oficial como una estrategia de presión, a través de la cual dejaban claro que si desde la vereda de enfrente presionaban demasiado con cambios en el texto enviado por el Ejecutivo, no tendrían ningún problema en pegar el portazo.

Pero ahora se plantean desde esos sectores si realmente el oficialismo quiere tener el Presupuesto aprobado, o más bien prefiere lo contrario. A esta altura, hay muchos ya convencidos de esto último.

Llamó la atención desde el principio el cronograma planificado por el oficialismo para el tratamiento del proyecto, con reuniones semanales y espaciadas. Por caso, acaban de cumplirse dos semanas sin debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. En rigor, se esperaba que esta semana no se reuniera la misma, por eso llamó la atención que se convocara para este jueves a una reunión a la que asistiría el ministro de Salud, Mario Lugones. Al final, la misma fue suspendida un día antes, “por razones de agenda”. Se desconoce si eso implica que ese funcionario vaya a concurrir la próxima semana, o si ya no irá. Pero lo cierto es que se esperaba que el próximo encuentro ya fuera para dictaminar, cuestión de llevar el texto al recinto la semana siguiente.

Aquellos que piensan que el Gobierno está “muy tentado” por prorrogar el presupuesto vigente dudaban igual de que por primera vez en la historia una administración optara por no aprobar la ley de leyes dos veces seguida, porque faltaba una buena excusa que justificara el portazo en cuestión. Parece que ahora la han encontrado.

La sesión de la discordia

No por esperado dejó de molestar a La Libertad Avanza el pedido de sesión de parte de la oposición para el martes que viene. El oficialismo planeaba convocar a una reunión para el miércoles próximo en la que tratarían la privatización de Aerolíneas Argentinas y ficha limpia. Dos temas de alto impacto que no dejaban margen para agregar uno más. Igual, sabían en cercanías de Martín Menem que la oposición se tomaría esta semana para juntar fuerzas y tratar de llevar al recinto la próxima el proyecto de reforma de la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia.

Lo que no esperaban era que se incluyera un tema más para esa sesión especial, como es la derogación del DNU 846/24 que habilitó el canje de títulos de deuda en cualquier moneda sin los requisitos estipulados por la Ley de Administración Financiera (mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales) y sin que se requiera autorización del Congreso.

Un tema realmente sensible para el Gobierno, por cuanto mientras a la ley de los DNU el presidente Javier Milei ya adelantó que si sale la veta, el rechazo al decreto de canje de deuda sería garantía de una derrota catastrófica posterior en el Senado, donde se alcanzaría fácilmente el número para derogarlo.

Altas fuentes parlamentarias del oficialismo hicieron notar a parlamentario.com que “ningún diputado identificado con los gobernadores firmó” el pedido de sesión. Tampoco lo hizo el jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Pichetto, advirtieron.

Para el oficialismo, “los gobernadores son conscientes de la importancia del decreto 846 para la estrategia financiera del Gobierno”. Sucede que “cada gobernador negocia a qué obras se le asigna presupuesto, del total que prometió el Gobierno anterior sin plata”.

Las fuentes consultadas advirtieron que la convocatoria opositora a sesionar el martes que viene “atenta contra las negociaciones del presupuesto que se estaban llevando a cabo”. Esta podría ser la señal que dé por tierra con el debate de la ley de leyes, advierten desde el espacio opositor.

La pregunta es ahora es si, ante tamaña situación planteada, la oposición, la oposición podrá reunir el número necesario para el quórum el martes que viene. Por ahora, sumando tan solo a los bloques convocantes, el número de diputados llega a 128. Sin contar a la izquierda, que sin duda se sumaría.

Pero dadas las circunstancias, habría que estar muy atentos a los diputados alineados con gobernadores para ver si el oficialismo logra neutralizar esa sesión, única alternativa para evitar una doble derrota en caso de que la misma arranque.

Diputados del bloque comandado por Miguel Pichetto, el radicalismo díscolo, Unión por la Patria y el santacruceño Sergio Acevedo incomodan al oficialismo con un pedido de sesión para el próximo martes a las 15, con el fin de tratar la reforma a la ley que regula el trámite de los decretos del Poder Ejecutivo en el Congreso. Además, con la expectativa de rechazarlo, el temario incluye el DNU 846/24 sobre canje de deuda.

Días atrás estos bloques alcanzaron un dictamen consensuado en comisiones, a las que se emplazaron en la última sesión, para modificar la Ley 26.122 -diseñada por Cristina Kirchner senadora en 2006- y recortar así el poder del presidente Javier Milei y sus sucesores en el uso excesivo de DNU.

Sumando a todos los integrantes de los bloques que realizaron el pedido, más el santacruceño Acevedo (que se ha diferenciado en ocasiones de su compañero de bloque José Luis Garrido), los opositores reúnen 128, uno menos de los 129 que se requieren para el quórum. Será clave si bajan al recinto los miembros del Frente de Izquierda o la Coalición Cívica, que tiene su propio dictamen sobre el tema.

El oficialismo, de acentuada minoría en ambas cámaras, rechaza de plano una reforma de este tipo. Además, Milei ya anticipó que si la norma se aprueba la vetará, al considerar que tiene la intención de realizar "un golpe de Estado".

El Pro, aliado de La Libertad Avanza y clave con sus votos ante un eventual sostenimiento del veto -como lo fue en jubilaciones y universidades-, todavía no definió su posición. Con miradas divididas, pues hay miembros de esa bancada que en el pasado propusieron lo mismo, los legisladores integrantes de las comisiones optaron por no firmar ningún despacho.

Además del dictamen de la mayoría de UP, DpS y EF, hubo otros tres dictámenes de minoría: el de LLA, de rechazo, al que no adhirieron sus socios amarillos; el de la Coalición Cívica y el de la Unión Cívica Radical, encabezado por Karina Banfi.

Para la media sanción de la reforma de la Ley 26.122 se requieren 129 votos (mayoría absoluta), mientras que en el caso del rechazo del DNU de canje de deuda es por mayoría simple. Desde el entorno de los impulsores de la sesión se muestran confiados: "Creemos tener todo en orden".

El dictamen de mayoría sobre la modificación a la Ley de DNU consta de cinco artículos. Entre ellos establece que los decretos "perderán vigencia si no fueran aprobados mediante resolución de ambas Cámaras del Congreso en un plazo de 90 días corridos contados desde su publicación".

Además, cuando los decretos sean dictados durante el periodo de receso parlamentario "las Cámaras podrán abocarse a su expreso e inmediato tratamiento conforme al artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional".

Uno de los cambios centrales es que "el rechazo por alguna de las Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia". Actualmente, para ser rechazado un DNU necesita ser votado en ese sentido tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, tal como ocurrió con el decreto sobre los fondos millonarios para la SIDE, el primero en ser volteado por el Parlamento.

Finalmente, el proyecto indica que "rechazado un decreto, el Poder Ejecutivo no podrá dictar uno análogo en el mismo período parlamentario".

Por otra parte, mediante el DNU 846/24, incluido en el temario de la sesión, el Poder Ejecutivo habilitó el canje de títulos de deuda en cualquier moneda sin los requisitos estipulados por la Ley de Administración Financiaera (mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales) y sin que se requiera autorización del Congreso.

Tras el pedido de la oposición, el oficialismo podría convocar a otra sesión con temario propio, para el miércoles 13, un día después. El proyecto de "ficha limpia" para impedir que condenados por corrupción puedan ser candidatos en las elecciones sería uno de los principales temas. En esa fecha podría confirmarse la condena contra CFK en la causa Vialidad.

El Gobierno nacional dispuso a través del decreto de necesidad y urgencia 989/24 el traspaso de la Secretaría de Cultura: ya no estará bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano sino que dependerá directamente de Presidencia de la Nación. 

En los considerandos de la medida publicada este miércoles en el Boletín Oficial se argumentó: “Con el objetivo de optimizar la gestión de gobierno resulta conveniente suprimir las competencias asignadas al Ministerio de Capital Humano en todo lo concerniente a la cultura”. 

“La cultura es fundamental para el desarrollo social, en tanto promueve la transmisión de valores, tradiciones y conocimientos, así como también fomenta la identidad y el sentido de pertenencia, lo que a su vez fortalece el tejido social, y tiene un impacto significativo en el desarrollo económico, a través de industrias creativas, turismo cultural y actividades artísticas que generan empleo y contribuyen al crecimiento sostenible”, se agregó. 

En el DNU, el PEN consideró que “resulta conveniente readecuar el ámbito jurisdiccional de la Secretaría de Cultura actuante en el ámbito de dicho Ministerio, la que funcionará como Secretaría Presidencial”. 

Así las cosas, son siete las secretarías que dependen del presidente Javier Milei: General; Legal y Técnica; Planeamiento Estratégico Normativo; Prensa; Inteligencia de Estado; Comunicación y Medios; y Cultura.

Actualmente, la Secretaría de Cultura está liderada por Leonardo Cifelli, quien protagonizó el pasado 10 de octubre una picante reunión en la comisión competente de la Cámara de Diputados.  

El vocero presidencial, Manuel Adorni, apuntó contra la oposición por el dictamen de reforma a la Ley 26.122 que regula el tratamiento de los DNU del Ejecutivo: “Son movimientos estrictamente políticos que buscan complicarle el Gobierno a Milei”.

Desde Casa Rosada en su habitual conferencia de prensa fue consultado por los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla que aún no tiene dictamen de la Comisión de Acuerdos del Senado. En caso de que no prosperen, aseguró que “no hay ninguna determinación de que el Gobierno los termine designando por DNU en comisión, al menos por ahora”.

Por otro lado, fue interrogado por el dictamen que impulsa la oposición que regula los DNU y disparó: “Entendemos la absoluta minoría que tenemos en ambas cámaras. Con el 10% del Senado y el 15% de Diputados uno está expuesto a que ocurran este tipo de cosas, pero en muchos casos hemos logrado el entendimiento de una parte de la oposición para frenar este tipo de cuestiones que, entendemos, son movimientos estrictamente políticos que no buscan el fin real que tiene o debería tener cualquier norma en su texto, sino que lo que buscan es complicarle el Gobierno a Milei. Veremos cómo avanza y cuáles son las herramientas legislativas que tenemos para evitar un cambio que no se hizo nunca”.

En esa línea, criticó: “Incluso en momentos donde los DNU nos encerraban o eran prohibitivos de nuestras libertades a nadie se le hubiese ocurrido hacer esto. Veremos cómo se desarrollan los hechos en materia legislativa”.

Sobre la reunión entre el Gabinete y gobernadores, sostuvo: “Está en línea con otras que ha tenido el presidente. Son habituales donde Milei explica cuál es la marcha del gobierno y hacia dónde vamos yendo y los próximos pasos que se van a dar y el porqué de algunas decisiones como por ejemplo del Presupuesto 2025”.

Al cierre, se refirió al pedido de rectificación que le hizo el diputado de UP Eduardo Valdés al presidente contra los diplomáticos tras la expulsión de la ex canciller Diana Mondino: “Es un tema de él y creo que puede dar una explicación, pero el presidente en ningún momento agravió a nadie. Solo dijo que, si encuentra a los responsables de lo que él considera una traición a la patria, serán separados de sus lugares. Esto va en línea con la carta que mandó el presidente de que la política exterior tenía que alinearse con lo que él diga. Estamos para empujar la agenda del presidente no otra”.

La oposición consiguió este miércoles el objetivo que se había propuesto cuando aprobó un emplazamiento para debatir la reforma de la Ley 26.122 que regula el tratamiento de los decretos del Poder Ejecutivo en el Congreso. En su tercera reunión, firmó el dictamen que habilitará su tratamiento en el recinto.

Ahora se inicia otra pulseada, en la que la oposición correrá una carrera contrarreloj para forzar un tratamiento que el oficialismo y sus aliados buscarán evitar. Hay tiempo hasta fines de noviembre, cuando concluya el período ordinario.

El dictamen de mayoría obtuvo 36 firmas, correspondientes a Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre (el nuevo espacio radical, formado la semana pasada).

Hay además tres dictámenes de minoría: el de rechazo, que tiene las firmas de 9 diputados de La Libertad Avanza (no así las de su aliados del Pro); otro de Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, con 2 firmas, y el de Karina Banfi, del bloque radical que conduce Rodrigo de Loredo, también con 2 firmas.

El debate

Tras la exposición de los invitados que habían quedado pendientes de las dos jornadas previas, a la hora de la intervención de los diputados, abrió el juego la diputada de UP Mónica Litza, quien resaltó el “desafío” que era tratar la modificación de la Ley 26.122, que “vino a suplir una necesidad y un vacío que había respecto de la reglamentación de los DNU, que fue recogido por la Constitución de 1994”. Tras valorar esa ley que consideró muy importante, llegó hasta el presente, situándose en diciembre de 2023, cuando el presidente Javier Milei “nos sorprendió con el envío a esta casa de un decreto de necesidad y urgencia de 366 artículos, donde había muchísimas materias que no tenían que ver con la necesidad y la urgencia, y empezamos a poner el foco en cuáles eran los puntos que deberíamos rever y trabajar para que el espíritu de los constituyentes de 1994 pudieran ser reflejados en una herramienta que tiene que tener una utilización mínima, limitada”.

Admitió que el dictamen que estaban presentando podía no ser “perfecto”, pero valoró la importancia de haberse puesto de acuerdo en cosas que consideró “importantes”. En ese sentido resaltó que estaban proponiendo que “ante el silencio de ambas cámaras se derogue el DNU”, y contra lo manifestado durante esa tarde por uno de los expositores, dijo que “el silencio nunca puede interpretarse en forma afirmativa, como hasta ahora”.

Respecto de los plazos, detalló las diferencias que había entre los múltiples proyectos puestos a consideración, habiéndose concluido en que fueran 90 días corridos los considerados. “Es muy importante haberle puesto un plazo”, enfatizó, como así también destacó la asimetría que existía entre el proceso de formación de las leyes y un DNU. “Para que una ley sea ley, necesita la aprobación de ambas cámaras; con el decreto de necesidad y urgencia pasa algo diferente: basta que una cámara lo apruebe para que sea vigente”, destacó.

“Corregimos eso y también si una cámara podía abocarse o tenía que esperar una convocatoria -agregó-. Lo saldamos. Ojalá que pronto podamos llevarlo al recinto y que se convierta en ley”.

Durante el plenario, la diputada de Encuentro Federal Margarita Stolbizer aclaró que firmó con disidencias el dictamen. "La corrección que se está haciendo es la que se debe hacer, pero es insuficiente", consideró.

"La Ley 26.122 no es buena. Y además es inconstitucional. Esto no es desde que gobierna Milei. El uso y abuso de los DNU viene desde hace mucho tiempo. La ley ha sido funcional a todos los gobiernos. Ha permitido atrocidades y un deterioro muy grande de nuestra calidad institucional", observó.

Por su parte, el socialista Esteban Paulón, también miembro de EF, dijo que en caso que este proyecto fuera ley y el presidente lo vetara, él le tiene "mucha fe en la insistencia de esta ley en la Cámara de Diputados", pese a haber fracasado la oposición con los vetos anteriores de jubilaciones y universidades.

En ese sentido, desafió a los legisladores que en el pasado "gritaban desde sus bancas" favor de "la República, la democracia y las instituciones". "Esta vez seguro van a sumar sus votos para que esta ley quede firme", agregó.

En un día especial, por cumplirse 41 años del retorno de los argentinos a la democracia, varios de los diputados radicales comenzaron sus exposiciones con esa referencia y, en particular, las expresiones que durante el día ya habían repudiado del presidente de la Nación, contra Raúl Alfonsín. Lo hicieron Fernando Carbajal, Cecilia Moreau y Karina Banfi, quien consideró “un agravio” los dichos de Mile, que atribuyó a “la ignorancia y los prejuicios”.

Respecto de su posición y el dictamen elaborado por el bloque radical, señaló que “tenemos que buscar ese equilibrio de los pesos y contrapesos que tienen los poderes. Esta reforma hace justicia con el espíritu de la reforma de 1994 para evitar los excesos del presidencialismo”.

“Esta reforma hace justicia con el espíritu de la reforma de 1994, justamente para evitar los excesos del presidencialismo”, señaló, remarcando la intención de “normalizar los procesos legislativos, donde se necesiten las dos cámaras para aprobar un DNU, comprometiendo a la Comisión Bicameral con plazos, y darle una lógica a los procedimientos y tratamientos de múltiples materias”.

Desde el oficialismo, el correntino Lisandro Almirón enfatizó: "No podemos dejar pasar por alto la hipocresía". "Parece que tienen la memoria frágil", dijo al recordar que pasaron 12 años desde la reforma constitucional a la sanción de la ley para regular los decretos.

El libertario apuntó que esta reforma se da en un marco de "capricho de sectores del Poder Legislativo". A continuación, denunció una "obstrucción de la gobernabilidad del país" por un acuerdo de espacios opositores que serían "una alianza que en términos electorales jamás se hubiera pensado".

Visiblemente en contra de la reforma, Almirón acusó a la oposición de "ir en contra del cambio que votó la gente" por "egos, vanidades y ventajismo político". Confiado en las elecciones del año que viene, afirmó: "Vamos a ser nosotros mismos con mayoría los que modifiquemos las cosas que dejaron mal".

"No especulen, las elecciones las van a perder en las urnas. Y si llega el veto, bien merecido el veto, por hipócritas, mentirosos y por fomentar la inseguridad jurídica", lanzó.

Para Fernando Carbajal, la 26.122 “fue siempre una mala ley, porque ha permitido que lo que era una excepción, se convirtiera en una regla”. Hizo un mea culpa de las responsabilidades que personalmente le correspondían y admitió que el Gobierno de JxC utilizó esa ley, admitiendo que si hubo algún intento de reforma, “nunca fue planteada seriamente, porque a cualquier oficialismo le gusta tener el mayor poder político”.

“Y es lo que está haciendo Javier Milei, por lo que yo no me voy a poner acá en la posición del gran ético político, que lo censuro a Milei por tratar de mantener esa ley, porque sería un gesto de hipocresía política, porque quienes lo precedieron hicieron lo mismo”, advirtió. Eso sí, aclaró que ha cambiado la correlación de fuerzas, “y esto sí es consecuencia del libre juego de la democracia y las instituciones. Y le guste o no le guste a Javier Milei y a su partido, van a tener que aceptar que esta es la oportunidad histórica para mejorar el funcionamiento institucional”.

La voz de los invitados

Al comienzo de la reunión, expusieron especialistas quienes compartieron su postura sobre la modificación a la Ley 26.122.

El abogado Enrique Hidalgo consideró que “esta ley fue un avance institucional pero también creo que el tiempo que transcurrió autoriza que el Congreso haga una revisión de los efectos de la ley”.

Jorge Enríquez, exdiputado del Pro y uno de los expositores de este miércoles.

En tanto, Jorge Enríquez, diputado nacional mandato cumplido, expuso que “no hace falta modificar la ley totalmente, sino en un elemento esencial”. En este sentido, Enríquez recordó que como diputado presentó un proyecto “estableciendo la caducidad del DNU si no era aprobado expresamente por ambas cámaras en el plazo de 90 días”.

Por su parte, el constitucionalista Maximiliano Toricelli dijo que la “ley tiene serios déficits y demostró que no funciona”. “Es el momento de hacer un cambio, la sociedad está requiriendo consensos básicos para ver qué tipo de República queremos, de qué manera vamos a legislar y qué vamos a dejar para la posteridad”, argumento Toricelli.

Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento continuará este miércoles analizando una reforma de la Ley 26.122, que regula el tratamiento de los decretos del Poder Ejecutivo en el Congreso, tal cual se estableció durante la última sesión de la Cámara baja, en la que la oposición forzó un emplazamiento para debatir este tema. Emplazamiento que incluía un cronograma según el cual este miércoles 30 de octubre se debería emitir dictamen.

Esa es precisamente la intención de la oposición, a contramano de los deseos del oficialismo y sus aliados, que preferían extender en el tiempo el debate, de modo tal de que -hay que decirlo- concluyera el período ordinario sin chances de llevar el tema al recinto.

Se había ilusionado el oficialismo con esa posibilidad, ante la gran cantidad de expositores presentados, pero ese no será un impedimento. De hecho, mientras los mismos vayan hablando este miércoles, estará circulando el o los textos de los dictámenes en cuestión.

Durante la última reunión, la segunda, realizada el miércoles pasado, cerca de las 20 se informó que quedan entre 9 y 11 expositores propuestos por la oposición, para hablar, como así también 18 autores de proyectos. Fue por eso que por parte de la oposición el diputado Juan Manuel López pidió modificar la hora de inicio: en lugar de las 17, arrancar más temprano. El titular de Asuntos Constitucionales, el oficialista Nicolás Mayoraz, se mostró afablemente inflexible: “Me secundan dos secretarios muy celosos del reglamento y la convocatoria dice ‘los miércoles tal y tal’… No quiero salirme de allí”. Ahí fue que el jefe del bloque Coalición Cívica dijo que verían de qué manera acotar los discursos para no terminar tan tarde, pero aclaró que podrían circular el dictamen mientras se estaba hablando, cosa que Mayoraz por supuesto aceptó.

Y es lo que sucederá entonces este miércoles, avanzando la oposición en su conjunto con un dictamen que contemple una modificación de la ley elaborada allá por 2006 por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, que establece que para ser rechazado un DNU deben votarlo en contra las dos cámaras. El texto que la oposición quiere aprobar ahora dirá que alcanzará con el rechazo de una de las cámaras para que se caiga el decreto de necesidad y urgencia, como así también rigurosidad con los tiempos: si pasada una determinada cantidad de días el tema no se vota en las cámaras, el DNU pierde validez.

Entre otras cosas, también se aumenta -según los proyectos puestos a consideración- la cantidad de integrantes de la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo: de 12 senadores y 12 diputados, en lugar de 8 y 8.

El oficialismo no quiere saber nada con esta ley y el presidente Javier Milei adelantó que, si la aprueban, la vetará. El Pro, a pesar de haber impulsado en su momento varias iniciativas para reformar este sistema para los DNU, ahora está alineado con el oficialismo, diciendo que con un gobierno tan en minoría, sería muy grave impedirle el uso de esa herramienta.

En la segunda reunión informativa de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados que analiza una reforma de la Ley 26.122, que regula el tratamiento de los decretos del Poder Ejecutivo en el Congreso, más de una docena de expositores coincidieron en avanzar con una modificación de la norma.

Desde la oposición se presentaron distintos proyectos sobre el tema, y se busca avanzar para evitar un abuso en el uso de esta herramienta por parte del presidente, quien ya rechazó una eventual ley en este sentido y avisó que la vetará.

La reunión se extendió alrededor de tres horas y al concluir, a las 20, el diputado Juan Manuel López pidió saber qué oradores estaban previstos para la próxima reunión y cuáles autores de proyectos que no son más diputados estarían. El titular de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, señaló que para el próximo miércoles, fecha establecida para dictaminar, según el emplazamiento que dispuso el tratamiento de este tema, quedan entre 9 y 11 especialistas propuestos por la oposición, y alrededor de 18 autores de proyectos. “Vamos a manejarlo”, aclaró el diputado oficialista que dijo que escuchará durante la semana propuestas para ordenar la reunión del miércoles.

López le recordó entonces que al votarse la moción, Oscar Agost Carreño había dicho que podían elegir otro horario para sesionar más temprano, pero Mayoraz se mantuvo inflexible. Con buen humor, el presidente de Asuntos Constitucionales dijo que “me secundan dos secretarios muy celosos del reglamento y la convocatoria dice ‘los miércoles tal y tal’… No quiero salirme de allí”.

“Lo puede interpretar, porque en la convocatoria estaba”, le advirtió Juan Manuel López con una sonrisa, a lo que en el mismo tono Mayoraz pidió: “No me hagan decir a mí lo que ni el reglamento, ni la convocatoria dicen”. Con todo, el legislador de la Coalición Cívica señaló que verían de qué manera acotar los discursos para no terminar tan tarde, pero deslizó que “eventualmente” se podría circular el dictamen mientras estaban hablando, cosa que Mayoraz aceptó.

Cerró el socialista Esteban Paulón, pidiéndole al diputado libertario que mantuviera “su espíritu ceñido al reglamento en los próximos temas que vendrán”. “Desde ya que sí, sobre todo si me emplazan”, concedió Mayoraz.

La presentación de Barra

Como primer orador, el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, señaló que el uso de los DNU “ha sido una tradición constitucional” y “una herramienta para incentivar al Congreso a que legisle frente a determinados casos de urgencia”. “El DNU no es exactamente una ley, tiene un régimen jurídico distinto. Es una norma con jerarquía de ley y con prácticamente todos los efectos de una ley”, explicó.

El representante del Poder Ejecutivo recordó que “el DNU no necesita ser aprobado” por el Congreso, aunque “sí puede ser derogado por una ley” hasta incluso “100 años después”, en referencia a que no hay plazos para eso, lo que justamente con la reforma se intenta establecer.

En una breve intervención, el funcionario remarcó que “es un procedimiento de excepción y urgencia” y que “el constituyente ha sido claro, ha creado una forma de legislación con excepciones”, en alusión al artículo 99, inciso 3, que impide al presidente dictar normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos.

No se le formularon preguntas, ni a Barra, ni a ninguno de los otros oradores.

A continuación habló Juan Carlos Cassagne, presidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, quien defendió la herramienta. “La clave está en interpretar qué puede hacer cada poder. Los poderes son coordinados y cada uno tiene una función prevaleciente o predominante, pero eso no impide que ejerza la otra función también”, expresó.

En línea con Barra, apuntó que el artículo 99, inciso 3, es “la principal atenuación que se ha hecho de las facultades del presidente”. Y mencionó que la Constitución ya habla de los plazos para su tratamiento en el Congreso, donde indica que el jefe de Gabinete de ministros tiene un plazo de 10 días para remitir a la Comisión Bicameral, que a su vez tiene un plazo de 10 días para dictaminar y luego “de inmediato lo considerarán las cámaras”. “Hay que cumplirlo de esa manera que está escrito”, dijo.

“No se trata del predominio de un poder sobre otro, porque el Congreso siempre va a tener la potestad superior de derogarlo como quiera”, remarcó y completó: “Si queremos desvirtuar el presidencialismo, eliminemos los decretos de necesidad y urgencia y no cumplamos la Constitución”.

Por su parte, Alberto Garay, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, sostuvo que el DNU “es una práctica que se generalizó de una manera excesiva en la época de (Carlos) Menem” con “más o menos 500 DNU; antes de (Raúl) Alfonsín hubo unos 10 y Alfonsín dictó 30”. “Siempre estuvo la discusión acerca del alcance del contenido de un DNU y el plazo que tenían los diputados y senadores para expresar su convalidación o no”, siguió.

Para el abogado, la Ley 26.122 “en la práctica se ha demostrado que tiene que modificarse” porque “carece de plazos para que las cámaras se expidan, carece de las consecuencias por no expedirse, y carece sobre el contenido que tiene que tener el despacho de comisión”.

“Es conveniente incorporar un plazo razonable para que las cámaras se expidan”, opinó y se mostró a favor de que “60 días hábiles es un plazo razonable para discutir y expedirse”. Además, respaldó que se pueda validar o invalidar parcialmente porque “es una mala idea la aprobación a todo o nada” de un DNU.

A su turno, el abogado constitucionalista Alfredo Vítolo aseguró que “el constituyente fue muy claro para dejar abierta esta cuestión para que el Congreso la resuelva; el Congreso es quien tiene la llave para decidir qué valor tiene el DNU”.

“El principio de seguridad jurídica deja claro que una cuestión no puede quedar abierta” porque “el ciudadano no sabría cómo actuar ante una medida” ya que “puede ser que dos, tres o cuatro años después el Congreso rechace un DNU”. En ese sentido, enfatizó que la Ley 26.122 “es inconstitucional porque deja abierto un espacio sine die”.

Vítolo apuntó que “desde la entrada en vigencia de la ley, el 82,3% de los DNU no fueron tratados por las cámaras. Esto es lo grave. Esto es lo que llevó a la desidia de que la ley se dictara 12 años después de la Constitución”. “Lo único que ha traído hasta el día de hoy es una gran inseguridad jurídica”, agregó sobre la 26.122, que se mostró a favor de modificar.

En tanto, Ana María Mustapic, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Torcuato Di Tella, observó que “los DNU plantean el problema de los riesgos de la toma de decisiones en forma unilateral. Y el problema del unilateralismo es que es enemigo de la estabilidad de las políticas de Gobierno. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de hoy puede ser la minoría de mañana”.

Guillermo Barrera Buteler, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, opinó que la Ley 26.122 “es un vergonzoso renunciamiento por parte del Congreso a sus atribuciones legislativas. No nos olvidemos que los DNU son un supuesto excepcional en el que el Poder Ejecutivo toma prestadas -sin pedir permiso- atribuciones que son del Congreso”. “Al ser un instituto absolutamente excepcional, la forma de regularlo debe ser restrictiva, porque el Congreso no puede resultar a sus facultades de control, a su potestad legislativa”, aseveró.

Con la presencia del procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, continuará este martes el debate impulsado por la oposición sobre una reforma de la Ley 26.122, que es la que regula el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia.

En efecto, la cita es a las 17, habiendo sido convocadas para tal fin las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, que ya la semana pasada comenzó a analizar quince proyectos presentados sobre el tema.

Al respecto, el presidente de la Nación, Javier Milei, ya adelantó un horizonte de conflicto, al señalar que si sale una ley, él la vetará, por considerar que detrás de esta movida hay un intento de “golpe de Estado”.

El titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, confirmó este martes la presencia de Rodolfo Barra en este debate que a priori debería concluir el miércoles próximo, 30 de octubre, según lo convenido en la última sesión de la Cámara. Cosa que tratarán de resistir el oficialismo y sus aliados del Pro, que buscan estirar lo más posible este debate. Dejarlo para el año que viene, en lo posible.

La idea es que alcance con el rechazo de una sola cámara para dejar sin efecto el decreto, y además se apunta a poner un plazo perentorio de vigencia del DNU después del cual pierde vigencia.

Los proyectos puestos a consideración son de Graciela Camaño, Ricardo López Murphy (2), José Luis Gioja, Sebastián Salvador, Sergio Acevedo, juan Manuel López, Roberto Mirabella, Fernando Carvajal, Mónica Fein, Pablo Giuliano, Mónica Litza, Oscar Agost Carreño, Margarita Stolbizer y Ana Carla Carrizo.

Ellos habían sido convocados originalmente a exponer sobre sus proyectos. Habrá que ver si hay tiempo para que eso concluya este miércoles y la semana siguiente se pueda dictaminar, como quiere principalmente Unión por la Patria.

El Poder Ejecutivo modificó la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado (N°26.165) para que ya no se reconozcan como refugiados a extranjeros que hayan cometido delitos internacionales, delitos graves previos, actos contrarios a la ONU e incitación y participación en delitos.

Luego que el Gobierno decidiera revocar ese estatus al expresidente boliviano Evo Morales, avanzó ahora en una reforma de la normativa a través de un decreto de necesidad y urgencia (942/24), publicado este martes en el Boletín Oficial.

De acuerdo a los cambios, la condición de refugiado cesará por varias razones, tales como el acogimiento a la protección del país de nacionalidad; el recobro de nacionalidad perdida; la adquisición de nueva nacionalidad con protección; el establecimiento en el país habitual abandonado; y la residencia en otro país porque han desaparecido las circunstancias que justificaron la condición de refugiado, a menos que mantengan un temor fundado de persecución.

Según reveló el PEN, "en la actualidad, un número significativo de migrantes realiza solicitudes de refugio ante la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) por motivos que no guardan ninguna relación con la definición de refugiado contenida en la ley".

"Esto hace que, por la lentitud del procedimiento administrativo y del proceso judicial, obstruya y dilate los trámites de aquellas personas que efectivamente requieren de la tutela y reconocimiento del Estado argentino", agregó.

La CONARE es el organismo encargado de decidir sobre la cesación del estatus de refugiado, otorgando un plazo razonable para dejar el país o regularizar su situación migratoria.

Por otra parte, este martes se publicó también en el Boletín Oficial el DNU 941/24, mediante el cual se incorporaron reformas técnicas puntuales en el Código Aeronáutico (Ley 17.285), con la finalidad de generar fortalezas relativas a la seguridad operacional, que se adicionan a las condiciones de libre acceso a los mercados, cielos abiertos y seguridad.

Los modos del Gobierno siguen siendo un tema… Lejos de circunscribirse al estilo presidencial, van extendiéndose entre los funcionarios, que descuentan que mérito al adaptarse y adoptar el estilo verborrágico de su líder.

En su presentación ante el Coloquio de IDEA, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, destrató a la oposición diciendo que “el 75% de la población sabe que son una manga de delincuentes impresentables y unos burros”.

Dos días después, el presidente visitó por primera vez ese ámbito empresarial en esa condición y si bien estuvo más bien moderado, cuando un periodista de C5N le preguntó por la reforma de la ley que reglamenta los DNU y si la iba a vetar si se aprobaba, él dijo que sí: “Obviamente”, porque en el fondo “están tratando de hacer un golpe de Estado; cambiar las reglas de juego a mitad de camino. ¿A vos te parece que es normal eso?”. Y sobre las protestas universitarias, les recomendó a los estudiantes que “no se dejen engañar por los delincuentes. Yo no voy a cerrar la universidad pública, no la vamos a arancelar, pero lo que no voy a permitir es a los chorros que viven de robarle la plata a los alumnos”.

Caputo siente que hoy tiene el respaldo del que no gozó en su primer paso por la función pública, con Mauricio Macri. Tampoco en tiempos de Cambiemos quería ir al Congreso, donde la oposición lo esperaba agazapada por la toma de deuda, pero el presidente de entonces le ordenó que fuera. Y le fue más o menos bien hasta que la entonces diputada Gabriela Cerruti recibió un papelito suyocon un mensaje y se armó un escándalo.

Desde entonces, no quiere ir más al Congreso, a pesar de que es uso y costumbre que los ministros de Economía presenten personalmente la ley de leyes. No es obligación, eso sí. Y el presidente Milei quiso sacarle presión presentándose él en persona en el recinto de Diputados el 15 de septiembre. Para la oposición no es lo mismo; el presidente hizo un stand up, sin responder preguntas, que es lo que debería hacer Caputo si concurriera. Que no lo hará, a pesar de que hay en curso un proyecto con dictamen para citarlo. No pasará de ahí: así como cuando citaron a la ministra Sandra Pettovello, Caputo no irá. La oposición lo sabe, e insiste igual para que al menos no le salga gratis la rebeldía.

Para justificarse, el ministro de Economía ha dicho que no piensa “prestarse a un show” en el Congreso. Curiosa manera de relacionarse con otro poder, cuya función constitucional es esa: interpelar al oficialismo, mientras no se infrinjan las reglas.

Los funcionarios cercanos al presidente justifican sus modos diciendo que esa es su forma de ser y no la va a cambiar. Está claro que ellos están convencidos de que eso le sigue redituando ante los propios, pero difícilmente le reporte beneficios semejante accionar en los mercados, o en aquellos que se espera inviertan en el país. ¿Qué tipo de inversor llegaría convencido si el propio presidente está agitando la posibilidad un golpe de Estado?

Con todo, no parece que los modos vayan a desvelar hoy al Gobierno: el riesgo país siguió bajando la última semana y el maltrato del Toto Caputo a la oposición fue coronado por un fuerte aplauso de su auditorio empresarial.

Así y todo, no significa que tengan razón. Esta última semana se entregó el Premio Nobel de Economía y Javier Milei no estuvo nominado, más allá de las expectativas que él mismo abrió en ese sentido (entiéndase la ironía). Por el contrario, los tres académicos que se hicieron acreedores a la distinción 2024 esta última semana lo recibieron “por sus estudios sobre cómo se forman las instituciones y cómo afectan a la prosperidad”.

Los trabajos premiados demuestran que para la generación de riqueza no bastan los indicadores económicos o los recursos naturales. Éstos deben estar acompañados de instituciones sólidas para permitir que las inversiones tengan el adecuado clima de negocios y contribuyan así al desarrollo individual y social, explicó a propósito de esta distinción Alfredo Vítolo, presidente de Fores, una asociación civil destinada al fortalecimiento de la justicia a través de la investigación, asistencia técnica y capacitación.

El Gobierno se muestra despreocupado frente al conflicto universitario. En lo más alto del poder consideran que lo peor en ese sentido ya pasó y que la continuidad de las tomas terminará perjudicando a quienes las promueven. Por eso mantiene a su ejército de trolls activo en la materia y a la prensa amiga agitando permanentemente en contra de esa protesta. Algunos sostienen que no debiera tomarla a la ligera: las protestas estudiantiles tienen un componente especial; se sabe cómo empiezan y no cómo terminan.

Vencida en el recinto, la oposición amigable busca ahora modificar el presupuesto destinado al sector, pero no es cosa sencilla. El Gobierno se ha sentado sobre la plata y aclara que cualquier desvío de recursos debe salir de algún lado. No será fácil esa discusión en el Congreso.

Un Congreso donde el Gobierno siente que las últimas batallas ganadas lo han fortalecido enormemente en un lugar donde es infinitamente débil. El tercio y fracción que ha conseguido en dos oportunidades consecutivas para mantener vetos, le ha dado tranquilidad, aunque los números son demasiado ajustados y las lealtades volátiles. Igual, el presidente está tan confiado que ya promete los vetos para todo lo que lo moleste.

El que anticipó sobre la reglamentación de los DNU tiene que ver con un debate que arrancó la última semana, previo emplazamiento alcanzado en el recinto. Se trata de un tema que le quema los papeles a más de uno. Al kirchnerismo, que es autor y defensor de la norma desde que en 2006 la impuso la propia Cristina Kirchner como senadora, y casi 20 años después busca avanzar en sentido contrario. Y al Pro, que tiene iniciativas propias para cambiar el sistema y que ahora se ve interpelado defendiendo exactamente lo contrario. A modo de chicana, la oposición presenta entre los proyectos de cambios uno de Patricia Bullrich y hasta hay de Silvia Lospennato, a quien se la vio durante el plenario del martes pasado -en su condición de presidenta de Peticiones, Poderes y Reglamento- incómoda y sin intervenir durante el debate.

Arrancó el debate sobre los DNU.

La reglamentación que comenzó a tratarse en comisiones, y que debería tener dictamen en dos semanas establece un cambio sustancial en el sistema vigente. Recordemos que los Decretos de Necesidad y Urgencia conservan su validez en la actualidad mientras no hayan sido rechazados en las dos cámaras. Y no hay plazos para su tratamiento, más allá de algunos que sí existen pero tampoco se cumplen.

Entre los cambios que se pondrán a consideración está el de que los DNU tengan un vencimiento para el caso de no ser tratados en el recinto. Y que deberían ser aprobados en ambas cámaras para mantener su vigencia. Cambios sustanciales e inesperados para un gobierno como el de Javier Milei, que erróneamente considera esa herramienta como clave, y ha cimentado parte de su gestión en el mega DNU 70/23, que fue rechazado en el Senado, pero que la oposición dialoguista protege en Diputados, al coincidir con buena parte del mismo y estimar que su caída sería un duro golpe para la actual gestión.

Esa oposición dialoguista tiene entre sus pilares al inoxidable Miguel Pichetto, de quien la semana pasada destacamos el discurso que expresó durante el debate por el veto. Allí le reprochaba al Gobierno no haber construido una mayoría parlamentaria institucional, y mantener “una apuesta a la confrontación”. Y también le endilgó estar haciendo un ajuste “al estilo de Martínez de Hoz”. Milei no le perdonó sobre todo eso último y ante la consulta del periodista Antonio Laje, dijo que Pichetto “es aliado del ‘partido del Estado’, es un tipo que siempre vivió del Estado, es un tipo que fue el que comandó la bancada del kirchnerismo en el Senado, el que usó los artilugios institucionales para protegerla a Cristina y es el mismo que se queja porque hay gente cantando en el Congreso y no dijo nada cuando tiraban las banderas de Néstor y Cristina”. Y fue más allá: lo describió como “un ser inconsistente e incoherente” que, “de estar con el kirchnerismo, se fue con Macri y después se junta con personas verdaderamente siniestras”.

Semejante artillería utilizada contra el jefe de uno de los bloques clave para este gobierno lleva a pensar que el oficialismo ya debe pensar que con las leyes que tiene le alcanza; que si no le aprueban el Presupuesto, tanto mejor, y que con el poder de vetar todo lo que la oposición imponga le es suficiente.

Lo mismo pasa con la UCR cuyo bloque podría romperse esta semana. A LLA lo entusiasma la idea.

No es exactamente lo que se supone esperan en el FMI, ni mucho menos esos inversores de los que hablábamos. A los que tampoco debe tranquilizar demasiado una fractura expuesta en la mismísima fórmula presidencial, con una vicepresidenta haciendo una visita de Estado en Europa, con agenda propia y potente. Y de yapa un encuentro sorprendente con Isabel Perón, a quien homenajeó con un busto en el Senado elaborado en el más estricto secreto. Mensajes enigmáticos que en el Gobierno interpretaron dirigidos a una parte del peronismo nacionalista que la mira con cierta simpatía. La coincidencia con los libertarios es que también ellos se desviven haciendo gestos hacia el peronismo.

Inmediatamente después de convalidado el veto presidencial contra la Ley de Financiamiento Universitario, la oposición intentó alcanzar al menos una módica victoria, elaborada cuando ya veían que no tenían los números para avanzar con el rechazo al veto. Así avanzó con algo con lo que no solo la oposición actual, sino también durante la gestión anterior, se impulsó varias veces: los emplazamientos a comisiones. Una estrategia que, bueno es decirlo, les ha permitido alcanzar no pocas aprobaciones de leyes.

En este caso se votaron dos cosas: una simplemente testimonial, la citación al ministro Luis Caputo para hablar del Presupuesto 2025. La otra, que es la que aquí nos ocupa, un intento por modificar la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia. Una norma que, de alcanzarse, generará un efecto de grandes consecuencias para los gobiernos futuros, pero en especial para este, de extrema minoría.

La movida, motorizada por el bloque Encuentro Federal a través del cordobés Oscar Agost Carreño, emplazó a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, para que de manera conjunta inicien el tratamiento de todos los proyectos de ley referidos a la modificación de la Ley 26.122 de Régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia.

Se pusieron las siguientes fechas: este miércoles 16 de octubre a las 17, el 23 de octubre en el mismo horario, y el 30 de octubre para dictaminar.

Quince son los proyectos que se pondrán a consideración. Esos son los que tienen estado parlamentario. Hay otros que Agost Carreño consideró importantes para tener “a la vista” como las de Silvia Lospennato o Patricia Bullrich. Fue una picardía que el presidente de la Cámara, Martín Menem, desechó sobre la marcha.

De 2023 son los proyectos de Graciela Camaño, Ricardo López Murphy, José Luis Gioja, Sebastián Salvador, Sergio Acevedo, Juan Manuel López, Roberto Mirabella y Fernando Carbajal. Y de 2024 hay de los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón, de Pablo Juliano, Mónica Litza y Ramiro Gutiérrez, Oscar Agost Carreño y de Margarita Stolbizer. Hay también otro de Ricardo López Murphy, de 2023, presentado en este caso con diputados del Pro.

La ley vigente

Los decretos de necesidad y urgencia son un instrumento legal habilitado por la Constitución Nacional, en su artículo 99, inciso 3º, que dice cuándo el Ejecutivo puede emitir decretos de necesidad y urgencia. ¿Qué es un decreto de necesidad y urgencia? Es el que emite el presidente o presidenta cuando existen circunstancias excepcionales que impiden seguir el procedimiento de sanción de las leyes establecido en la Constitución Nacional.

El régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia vigente se rige por la Ley 26.122. Fue sancionada en julio de 2006, a instancias de la entonces senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner. Según la norma, el jefe de Gabinete debe comunicar al Congreso de la Nación los decretos de necesidad y urgencia que se emiten, mientras que el Congreso debe controlar si se cumplieron los requisitos que establece la Constitución.

La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo tiene que expedirse y elevar el dictamen al plenario de cada una de las cámaras para su tratamiento.

La Bicameral tiene competencia para pronunciarse sobre los decretos de necesidad y urgencia, por delegación legislativa, y de promulgación parcial de leyes. Dicha comisión está integrada por 8 integrantes designados por el presidente de sus respectivas cámaras, a propuesta de los bloques parlamentarios respetando la proporción de las representaciones políticas. Sus integrantes duran en sus funciones hasta la siguiente renovación de la Cámara a la que pertenecen.

Los dictámenes se conforman con la firma de la mayoría absoluta de sus miembros y en caso de que haya más de un dictamen con igual número de firmas, el dictamen de mayoría es el que lleva la firma del presidente.

El Poder Ejecutivo, dentro de los 10 días de dictado un decreto de delegación legislativa, lo someterá a consideración de la Comisión Bicameral Permanente. La Bicameral debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento.

En caso de que el jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido a la Bicameral Permanente los decretos, dicha comisión se abocará de oficio a su tratamiento. Para ello, el plazo de 10 días hábiles para dictaminar, se contará a partir del vencimiento del término establecido para la presentación del jefe de Gabinete.

Vencido el plazo a que hace referencia el artículo anterior sin que la Comisión Bicameral Permanente haya elevado el correspondiente despacho, las cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate de conformidad con lo establecido en los artículos 99, inciso 3 y 82 de la Constitución Nacional.

Según establece el artículo 24 de la Ley 26.122, el rechazo por ambas cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación de acuerdo a lo que establece el artículo 2º del Código Civil, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia.

Los proyectos en danza

El más reciente, de Margarita Stolbizer, establece una integración para la Bicameral Permanente de 12 senadores y 12 diputados, representando la proporción y las representaciones políticas.

El jefe de Gabinete debe presentar los DNU a los diez días corridos desde la fecha de su dictado, y a tal fin debe comparecer personalmente ante la comisión, para informar los motivos que justificaron su dictado y responder preguntas. Vencido el plazo previsto para que concurra el jefe de Gabinete a la comisión, se avocará de oficio a la consideración del decreto dictado.

El plazo para dictaminar es de 10 días corridos, contados desde la audiencia con el jefe de Gabinete. Producido el dictamen, el mismo será incorporado como primer punto del orden del día de la primera sesión que se realice, en cada una de las cámaras, sin necesidad de mayorías especiales. ¿Y si no hay dictamen? Dentro del plazo de diez días corridos desde la presencia del jefe de Gabinete, las cámaras deben abocarse al tratamiento del decreto de oficio, en forma inmediata.

El tema será incorporado directamente como primer punto del orden del día en la primera sesión que se realice en cada una de las cámaras. Si hay receso, habrá convocatoria automática a sesiones extraordinarias para su tratamiento.

Otro dato: pierde vigencia el DNU que no sea aprobado en forma expresa por ambas cámaras dentro de los 90 días corridos, contados desde la fecha de su dictado.

El proyecto de Oscar Agost Carreño modifica la norma vigente elevando también la Bicameral Permanente a 12 diputados y 12 senadores. El Poder Ejecutivo debe someter el decreto de delegación legislativa a la Bicameral Permanente dentro de los diez días de dictado. Al día hábil siguiente a la receptación del decreto por parte del presidente de alguna de las cámaras, debe remitirse a la Comisión Bicameral para su tratamiento.

Las cámaras deberán pronunciarse por la aprobación, el rechazo o la modificación del decreto en el plazo de 60 días. Precisamente una de las prerrogativas que permite este proyecto es la modificación de un DNU. Pero eso puede suceder en la comisión, no en el recinto, donde deben circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma. Sí puede haber derogaciones parciales.

La Comisión Bicameral puede convocar al jefe de Gabinete personalmente para explicar los alcances y razones del decreto. Por otra parte, cuando vence el plazo sin que la Bicameral haya elevado el correspondiente despacho, las cámaras se abocarán dentro de los 3 días hábiles al expreso o inmediato tratamiento del decreto.

En el caso de vencimiento de los plazos previstos, sin que se haya avanzado en las etapas previstas, caducará la vigencia del decreto, “resultando nulo de nulidad absoluta     cualquier disposición de carácter legislativo que dicte el Poder Ejecutivo Nacional dentro de los siguientes seis meses, a        fin de regular la misma materia”.

En su último artículo, el proyecto de Agost Carreño aclara que rechazado un decreto, el Ejecutivo no puede dictar un decreto análogo al mismo, por un plazo de un año.

Tenemos también el proyecto de Mónica Litza y Ramiro Gutiérrez, que establece que para el caso de que el jefe de Gabinete no remita a la Bicameral los decretos reglamentados por esta ley la comisión se abocará de oficio a su tratamiento. Tiene diez días para dictaminar, contados a partir del vencimiento del término establecido por la presentación. Cuando el decreto sea dictado en período de receso del Congreso, se convoca automáticamente a sesiones extraordinarias para su tratamiento.

Las cámaras pueden introducirle modificaciones al texto del PEN. Si eso sucede, el decreto pierde vigencia como tal y su tratamiento continúa bajo el mismo procedimiento de los proyectos de ley.

Los decretos tienen vigencia por 30 días, salvo que sean expresamente ratificados por ambas cámaras y convertidos en ley. Vencido ese plazo sin que las cámaras se expidan, el decreto pierde vigencia, sin perjuicio de que continúe su tratamiento bajo el mismo procedimiento de los proyectos de ley.

Uno de los dos proyectos que presentó Ricardo López Murphy lo presentó con diputados del Pro como Alejandro Bongiovanni, Daiana Fernández Molero y Damián Arabia, más Marcela Campagnoli, de la CC. Lo presentaron el 22 de diciembre del año pasado, con Javier Milei ya en el poder. Y también conforma la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo con 12 diputados y 12 senadores.

En cuanto a los plazos, dan 10 días hábiles desde su dictado para la remisión del mismo desde la Jefatura de Gabinete. El día de su recepción en el Congreso debe ingresar a la Comisión Bicameral Permanente para su tratamiento. En caso de incumplimiento de la remisión por parte de la Jefatura de Gabinete, la Comisión Bicameral Permanente debe abocarse de oficio a su tratamiento disponiendo la presencia del jefe de Gabinete dentro de las siguientes 48 horas, bajo apercibimiento de dictaminar por el rechazo del decreto.

La Bicameral debe expedirse en un plazo de 10 días hábiles desde su ingreso, y hay un plazo de 60 días desde la expedición del dictamen emitido por la comisión, para su aprobación por parte de ambas cámaras.

En caso de vencimiento de cualquiera de los plazos previstos, caducará la vigencia del decreto, resultando nulo de nulidad absoluta cualquier disposición de carácter legislativo que dicte el Poder Ejecutivo Nacional dentro de los

siguientes 6 meses, a fin de regular la misma materia.

Hay también un proyecto de los radicales Fernando Carbajal, Ana Carla Carrizo y Danya Tavela, entre otros, que establece que dentro de los 10 días corridos de dictado un DNU, el Poder Ejecutivo lo someterá a consideración de la Comisión Bicameral Permanente. Vencido dicho plazo sin que el decreto hubiere sido remitido, la comisión deberá considerarlo de oficio. Tiene 10 días corridos para dictaminar; vencido ese plazo sin que haya habido dictamen, las cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto.

La Comisión Bicameral Permanente o las cámaras podrán fragmentar el decreto, pudiendo expedirse separadamente sobre diferentes disposiciones del decreto.

El rechazo por ambas cámaras del Congreso del decreto que se trate implica su derogación. Rechazado un decreto, el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro sustancialmente análogo, mientras no se modifiquen las circunstancias que tuvo en cuenta el Congreso para decidir el rechazo.

Perderán su vigencia aquellos decretos de necesidad y urgencia que no sean aceptados o rechazados por ambas cámaras dentro de los 60 días corridos contados de emitido.

La aprobación de una de las Cámaras dentro de dicho plazo genera automáticamente una extensión del plazo por otros 15 días corridos. Vencido este plazo sin haber sido aprobado por la otra cámara, perderá su vigencia.

Luego de que el oficialismo se alzara con el triunfo del blindaje al veto presidencial hacia la Ley de Financiamiento Universitario, la sesión se desmadró cuando, al momento de continuar con las cuestiones de privilegio y los homenajes tal como habían acordado en Labor Parlamentaria, el diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño hizo una moción de emplazamiento a comisiones sobre los proyectos de modificación a la Ley que regula los DNU.

El cordobés dispuso leer el pedido: “De acuerdo a lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 106 del reglamento esta Cámara formulo moción a fin de que se disponga el emplazamiento de las comisiones de Asuntos Constitucionales; de Peticiones, Poderes y Reglamento para que, en forma conjunta y en trabajo plenario, inicien en el tratamiento de todos los proyectos de ley referidos a la modificación de la Ley 26.122 de Régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia”.

En tanto, propuso que se realicen reuniones informativas de estas dos comisiones el día miércoles 16 de octubre a las 17; la segunda el día 23 de octubre en el mismo horario y el día 30 de octubre estar en condiciones para dictaminar. Tras ello, la moción de emplazamiento resultó afirmativa con votación a mano alzada.

La propuesta que trajo conflicto

El cordobés respaldó su pedido en los términos del penúltimo párrafo del artículo 106 del reglamento interno de la Cámara respecto de los proyectos de ley que modifican la Ley 26.122 del régimen de los DNU. “El tema de los emplazamientos los vamos a hacer al final como hemos quedado. Primero las cuestiones de privilegio, homenajes. Es lo que acordamos en Labor Parlamentaria entre todos”, le aclaró el presidente del Cuerpo, Martín Menem.

Al darle la palabra al diputado de izquierda Alejandro Vilca para que realice una cuestión de privilegio, éste decidió cederle su tiempo al diputado Nicolás Massot, pero Menem le reiteró enojado: “Ya se la he dado, no es una moción del 127…  Lo hemos planteado en Labor Parlamentaria que venía el debate de la sesión, votábamos, Luego cuestiones de privilegio, homenajes y durante la sesión vinieron a pedirme un emplazamiento y lo vamos a hacer al final como hemos quedado porque estamos cumpliendo el plan que nos hemos trazado todo y no vamos a cambiar”.

“Retiro mi cuestión de privilegio para que tenga la oportunidad el diputado Massot”, reiteró Vilca, pero el titular del Cuerpo lo volvió a rechazar, aunque luego le cedió finalmente la palabra al diputado de Encuentro Federal.

Massot le planteó a Menem que no es la primera vez que, por cuestiones de la dinámica, se altere el plan de labor. “Tampoco va a ser la primera vez que para respetar el plan decidamos votar mociones de orden y, si resultan afirmativas, tratarlas al final. Quizás sea una solución y usted lo ha hecho en sesiones pasadas presidente...”. Atento que Menem no lo estaba mirando, lo chicaneó: “Si quiere le mando un mensaje de texto si lo va a leer desde el teléfono”. “Lo estoy escuchando diputado”, le retrucó el libertario, pero Massot le contestó: “No parece”.

“Estoy cumpliendo con lo que nos hemos comprometido todos en Labor Parlamentaria”, reiteró Menem, pero el diputado de Encuentro Federal insistió: “Entonces no me está escuchado, porque las mociones no atentan contra el plan de labor y se puede cumplir simplemente respetando las mociones, votándolas y si resultan afirmativas se votan al final. No está fácil el clima acá. Por favor tenga la prudencia de respetar las mociones”.

El titular del Cuerpo solicitó al secretario parlamentario dar lectura al artículo 127 del reglamento de la Cámara sobre las mociones de orden.

Se sumó al cruce el jefe del bloque de la CC, Juan Manuel López, quien le recordó a la Presidencia que el pasado 1 de octubre se aceptó una moción por el tema de los incendios en San Luis que alteró el plan. “Está claro en el reglamento, no lo violenten. El diputado Agost tiene que poder completar la moción que estaba haciendo y votarla inmediatamente, no veo por qué tensar y hacer decir algo que no dice el reglamento y por qué no podemos en los términos del 106 emplazar una facultad que circunstancialmente tiene usted”, le planteó López y le enrostró que hubo cinco antecedentes “pacíficos” sobre lo mismo.

Como titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el libertario Nicolás Mayoraz, comentó que le propuso a Agost Carreño, ante la posibilidad de pérdida de quórum en la sesión, la realización de una reunión de la comisión para tratar los 16 proyectos que hay de reforma de la Ley de DNU, teniendo en cuenta que es una ley que requiere de mayoría especial, para el miércoles siguiente y armar un plan de trabajo. “Pasaron 12 años sin tener ley de DNU y entendemos que hay que modificarla”, afirmó Mayoraz.

Menem lo interrumpió en tono enojado y le aclaró: “No se trata convocar o no. Las mociones de orden están en el 127 no es que no se van a tratar, solo estamos respetando el orden en el que hemos quedado… No se trata de no tratar algo, simplemente que al final se vota y se emplaza. No hay voluntad de no tratar algo”.

De la vereda de enfrente, el jefe de la bancada de UP, Germán Martínez, reafirmó que un emplazamiento en el recinto se puede hacer “en cualquier momento de la sesión”, y le advirtió: “Ya hizo todo lo que tenía que hacer y no nos va a voltear el quórum”, a lo que Menem reaccionó: “Diputado no se trata de voltear el quórum…si quieren votar lo van a hacer”, a lo que el santafecino le salió al cruce: “Lo que tiene que hacer es interpretar el reglamento porque la moción de emplazamiento no tiene nada que ver con las mociones del 127”, y le pidió votar la propuesta de Agost Carreño.

También se metió el diputado de izquierda Christian Castillo al debate quien le recordó a Memen que “se han hecho en las sesiones numerosas oportunidades donde se ha hecho mociones de orden que debían ser puestas a votar y no se votó. Se han modificado propuestas de moción que usted transformó en apartamientos. Apoyamos la propuesta del diputado Agost Carreño”.

Por el Pro, la diputada Silvana Giudici le tiró más leña al fuego y arremetió: “Me da escozor que el partido que defiende la institucionalidad y la república la que se siente con estas maniobras a querer torcer la voluntad de una mayoría. El plan de labor se cumple y el que se haga cargo que quiere llevarse puesto al Gobierno o la voluntad de la mayoría de los argentinos expresados en este Congreso decida de qué lado se queda. Queremos que se cumpla el plan de labor y no hay cuestión reglamentaria para que sea diferente”.

Tras ello y para poner paños fríos, el presidente de la Cámara invitó a los jefes de bloque a un breve cuarto intermedio de un minuto para “resolver el tema como corresponde. Nos tenemos que poner de acuerdo porque estamos incumpliendo”. Para dar cierre a la situación, pidió al diputado Agost Carreño que reitere la moción y pidió no volver a repetir lo ocurrió porque “damos un mal ejemplo”.

En medio del debate sobre las modificaciones al Código Urbanístico, la legisladora de Unión por la Patria (UP) Claudia Neira analizó la ratificación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que suspende los permisos de las construcciones y reformas de los proyectos inmobiliarios por 180 días de corrido en la Ciudad de Buenos Aires.

En ese sentido, la peronista planteó que “enviaron un DNU que era necesario, porque suspender los permisos de obra era un pedido de los vecinos, pero lo hicieron con todas las falencias en las que suele caer el Poder Ejecutivo cuando propone normas generales para problemas particulares, como los que plantea la Ciudad en materia urbanística”.

Al mismo tiempo que consideró que “este DNU no resuelve el problema de los vecinos de los barrios que están colapsados, donde la suspensión de obras se queda a mitad de camino porque solamente suspende la USAB1 y la USAB2, y hay muchas zonas en Devoto, Villa Ortúzar o Parque Chas, por ejemplo, que van a pasar a ser USAB2, pero donde se podrá seguir pidiendo permisos de obra con la normativa actual. Y, por otro lado, aplica una norma general para suspender la construcción en lugares donde tal vez no era necesario”.

“Lo que se debería haber hecho es ir a analizar los problemas en el territorio y pensar en normas particulares que den soluciones reales. Es lo que nosotros hubiéramos podido aportar si nos hubieran consultado antes de sacar este decreto. Pero en lugar de buscar consensos previos, mandan un DNU que esta Legislatura sólo puede aprobar o rechazar”, añadió Neira.

A la vez que concluyó aseverando que el DNU “no resuelve los verdaderos problemas, sino porque estamos convencidos de que este no es el camino. La Ciudad se merece un camino de diálogo y de consensos como el que estamos queriendo construir en el debate del Código Urbanístico y la reforma de la normativa que se merecen los vecinos”.

Ya se ha dicho que la votación registrada en la madrugada del 13 de septiembre pasado en el Senado de la Nación fue histórica, pues ese resultado estableció el rechazo por primera vez en la historia argentina de un decreto de necesidad y urgencia. En este caso, el 656/24, correspondiente a la asignación de fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado.

Este lunes se oficializó esa decisión, a través de la publicación de sendas resoluciones de las presidencias de ambas cámaras en las que se da por finalizado el trámite.

En el caso del Senado, la resolución tiene el número 32/24, de fecha 23 de septiembre y las firmas de la titular del Cuerpo, Victoria Villarruel, y el secretario Parlamentario Agustín Giustinian, resuelve “rechazar, en los términos de la ley 26.122, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 656/2024 de fecha 19 de julio de 2024. El artículo 2 comunica al Poder Ejecutivo Nacional y a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

La resolución de la Cámara de Diputados lleva el número 76, y corresponde al sábado 21 de septiembre. Allí también hay dos artículos, el primero de los cuales resalta el rechazo “en los términos de la ley 26.122 el Decreto del Poder Ejecutivo nacional Nº 656/2024 de fecha 19 de julio de 2024, mientras que el segundo comunica la novedad al Poder Ejecutivo Nacional.

Recordemos que el pasado 13 de septiembre la oposición aprobaba, pasadas las 2 de la madrugada, el rechazo al decreto de necesidad y urgencia 656/24, correspondiente a la asignación de fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado.

El resultado de la votación fue de 11 votos a favor del decreto, 49 en contra y 2 abstenciones.

El camino del rechazo del DNU 656 se había iniciado en Diputados, cuando el 21 de agosto, se aprobó el rechazo por 156 votos contra el mismo, 52 a favor del decreto y 6 abstenciones. El dato saliente de esa votación fue que por primera vez la mayoría del Pro no se alineó por primera vez con La Libertad Avanza.

¿Con qué autoridad institucional?... ¿Con qué vara o medida -presuntamente superior- el Ejecutivo nacional cuestiona el voto muy ampliamente mayoritario (49 votos, Vs 11 + 2 abstenciones) del Senado de la Nación, que rechazó -por primera vez en la historia constitucional argentina, desde 1994 hasta acá- un decreto de necesidad y urgencia?

Esto ocurrió en la madrugada del viernes 13 de septiembre pasado. Antes, lo había desechado la Cámara Baja.

Por eso -y conforme a las disposiciones de la vigente aunque amañada Ley 26.122 (que reglamentó el funcionamiento efectivo de la Comisión Bicameral Permanente, prevista en el inciso 3 del Art. 99, del nuevo Texto Fundamental jerarquizada por la Reforma Constitucional de 1994)- el DNU pierde su vigencia y cae.

Se produce una derogación de pleno derecho, en los términos del Art. 24 de la precitada ley reglamentaria:

Rechazo

ARTICULO 24. — El rechazo por ambas Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación de acuerdo a lo que establece el artículo 2º del Código Civil, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia".

El comunicado de la oficina presidencial, escribe textualmente: que "condena el voto irresponsable de un grupo de legisladores". Y agrega luego -entre muchas consideraciones discutibles, en torno a las políticas públicas con relación a la administración del Estado Nacional en la presente gestión Ejecutiva- que "fue el Senado el que le falló al pueblo argentino".

La Cámara alta constituye el órgano constitucional colegiado con mayor pluralidad, oportunidad de disenso, diversidad de pertenencias partidarias e igualdad territorial en la representación numérica. Junto a la Cámara de Diputados de la Nación conforma el Poder Legislativo federal de la Nación (más de 300 voces en personas distintas), con la misma legitimidad de origen que el titular del Ejecutivo nacional (con las particularidades que imponen -en este caso- la cuestión jurisdiccional electoral, y el instituto de la elección presidencial en la segunda vuelta: noviembre de 2023).

Están en una situación de paridad en el status constitucional: ningún poder es ni más ni menos que el otro. Y no resulta casualidad que -en el ordenamiento sistemático de la estructura del completo y vigente Texto Constitucional- los capítulos y artículos dedicados al Legislativo Federal se hallan apenas inicia el título "Del Gobierno Federal" dentro de la Segunda Parte "Autoridades de la Nación".

Por decisión del Constituyente, el Poder Legisferante estuvo siempre -y se mantuvo allí- en el primer lugar y orden. Ello, no es fruto del azar. Fue políticamente decidido, en el tradicional y republicanamente democrático reparto o distribución de las facultades asignadas a cada departamento de la Gestión Nacional; a la par que el consecuente diseño del sistema del control constitucional, mutuo y recíproco e interpoderes. Este último contenido, resultó incorporado por la Enmienda Federal de hace 30 años con la expresamente finalidad (entre otros objetivos) de "atenuar el hiperpresidencialismo argentino " (Ley de Declaración de Necesidad de la Reforma de la Constitución de la Nación; Ley N° 24.309; noviembre de 1993).-

Luján, septiembre 13 de 2024.

Néstor Fabián Migueliz es abogado, investigador y docente / Asesor Legislativo - Prosecretaría Parlamentaria Senado de la Nación

A las 2.19 de la madrugada del viernes 13 de septiembre se concretó un hecho histórico: por primera vez en la historia argentina, el Congreso de la Nación rechazaba un decreto de necesidad y urgencia emitido por un Gobierno.

Fue el Senado el lugar donde se concretó ese hecho, con 49 votos contra el DNU que asignaba fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado, 11 a favor del mantenimiento del mismo y 2 abstenciones. Previamente, la Cámara de Diputados había hecho la primera parte del trabajo rechazándolo también, con 156 votos contra 52 y 6 abstenciones.

Estaba escrito que si alguna vez se rechazaba un decreto de necesidad y urgencia, el principal favorito para sufrir ese traspié era el actual gobierno, el más débil numéricamente hablando en el Congreso de la Nación.

Se equivocan aquellos que piensan que los DNU son herramientas ideales para ser utilizadas por los gobiernos con minorías legislativas. Por el contrario, la ley pergeñada por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner en 2006 fue hecha así para favorecer a los poderes ejecutivos en general, pero particularmente a aquellos que tienen mayorías legislativas. O aquellos capaces de resistir al menos en una de las dos cámaras embates de la oposición de turno para voltear esos decretos.

Que le pregunten sino a Mauricio Macri, o a sus principales espadas legislativas, lo mucho que debieron batallar para resistir la presión para que esa administración sufriera un revés de esas características. Anoticiado del dato, más de una vez el Gobierno de Cambiemos debió volver sobre sus pasos con un decreto de necesidad y urgencia ante la enconada resistencia de la oposición.

Los decretos de necesidad y urgencia son instrumentos que permiten a los gobiernos legislar en circunstancias muy excepcionales. Una vez promulgados, el Congreso tiene atribuciones para analizarlos y determinar si continúan o no vigentes. Las reglas las establecen la Constitución, en su artículo 99, inciso 3, y la Ley 26.122 que los reglamentó.

Los gobiernos pueden dictarlos en situaciones excepcionales, cuando resulta imposible seguir los trámites para sancionar leyes mediante el Congreso. Pero no se puede hacer DNU para cualquier tema. Hay cuatro cuestiones sobre las que no se pueden emitir decretos: en materia penal, tributaria, electoral o régimen de los partidos políticos.

A diferencia de los decretos comunes, los decretos de necesidad y urgencia deben contar con el acuerdo general de los ministros. Esto es, que el jefe de Gabinete y todos los ministros lo firmen.

La citada Ley 26.122 sancionada el 20 de julio de 2006 establece que una vez dictado el decreto, el jefe de Gabinete debe dirigirse a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo (que es la única que funciona todo el año), en un plazo no mayor a los 10 días. Esta comisión debe elevar luego un dictamen y enviarlo a ambas cámaras para su tratamiento, también en el término de 10 días. Cabe destacar que ninguna de estas dos reglas se cumple en general.

Cada cámara del Congreso deberá emitir una resolución expresando su apoyo o rechazo al DNU. Si ambas cámaras rechazan el decreto, éste pierde validez de forma permanente. Es lo que acaba de suceder con el decreto 656/2024.

Decretos hubo siempre

Los decretos de este tipo no nacieron con la reforma constitucional de 1994. Los hubo siempre, incluso durante los gobiernos de facto. En ese entonces, al no funcionar el Congreso, las normas legislativas que promovía el gobierno militar de turno eran conocidas como decretos leyes.

La Corte Suprema de Justicia los reconoció en 1945 como válidos, siempre y cuando su sanción fuera necesaria para cumplir los objetivos del gobierno militar. Eso sí: perdían validez al terminar el gobierno de facto, pero podían ser ratificados por el Congreso.

En 1947, un nuevo fallo de la Corte Suprema determinó que los decretos leyes seguían con vigencia y debían ser derogados o modificados por otras leyes.

Ahora bien, decretos hubo siempre. Desde 1853 al presente. Aunque convengamos que hasta tiempos de Carlos Menem, fueron siempre una herramienta utilizada excepcionalmente. Y para casos no menores, por cierto. Por ejemplo Raúl Alfonsín, quien fue un presidente que utilizó esa herramienta muy pocas veces (apenas 10), implementó por esa vía en 1985 el cambio del peso al austral.

Durante la gestión menemista ese recurso se utilizó a destajo. En efecto, el riojano fue el primer presidente que firmó DNU en gran número. Desde su asunción -en condiciones de gran crisis económica-, hasta la reforma constitucional de 1994, los decretos comenzaron a ser utilizados como un recurso institucional ordinario en el proceso de toma de decisiones.

Otra vez fue la Corte Suprema la que se encargó de avalar el dictado de decretos de ese tipo en lo que se conoció como el caso Peralta. El Tribunal Superior solicitó la inconstitucionalidad del decreto 36/90 dictado por Carlos Menem, y los jueces de esa Corte fallaron en contra de Luis Peralta, ratificando la validez de la norma.

Con la incorporación de los DNU a la Constitución, a partir de 1994, se les confirió una mayor legitimidad, aunque buscaron implementar una serie de restricciones para acotar su utilización. Se dispuso un mecanismo para el control parlamentario, pero se dejó en manos del Congreso la reglamentación del tema. Se tomaron su tiempo y recién 12 años después se aprobó la ley correspondiente.

Volvamos ahora a los confines de la historia institucional argentina, y veremos que entre los años 1853 y 1983 apenas se firmaron 25 decretos. 25 decretos en un período de 130 años. Menem, en sus 10 años y medio de gestión, firmó 545.

¿Para qué se utilizaban los decretos en el pasado lejano? Justo José de Urquiza creó por esa vía, en 1854, las mensajerías nacionales para correr las postas en el servicio de correo.

En 1858 se rebajó, por decreto, el derecho de importación de aguardiente de caña que no excediera el 21% de graduación alcohólica.

En tiempos de Santiago Derqui, se estableció por decreto que no se recibirían más pagos de aduanas con los bonos o billetes de tesorería que se venían utilizando hasta entonces. Fue en 1861.

Ya en el siglo XX, Agustín Justo modificó en 1933 el régimen de la moneda y su tipo de cambio desdoblándolo en oficial y libre.

Juan Domingo Perón nacionalizó los teléfonos y ferrocarriles por decreto; en tanto que Arturo Frondizi creó por empresas estatales para la explotación del carbón y la energía eléctrica, e implementó el Plan CONINTES.

También Arturo Illia emitió decretos. En 1963, anuló por esa vía los contratos petroleros firmados por el Estado con empresas extranjeras.

Y más cerca en el tiempo, María Estela Martínez de Perón firmó en 1975 el decreto 261/75 por el que ordenó a las Fuerzas Armadas llevar a cabo el “Operativo Independencia”.

A través del decreto 430/00, Fernando de la Rúa ordenó una disminución del 13% del sueldo de los agentes estatales.

El decreto 214/02 de Eduardo Duhalde estableció entre otras cosas la pesificación de los depósitos bancarios.

Cristina Kirchner dispuso por decreto, en 2009, establecer la asignación universal por hijo.

En 2016, Mauricio Macri modificó por DNU la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y en ese mismo sentido intervino por 180 días la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), removiendo a Martín Sabbatella y Norberto Berner, respectivamente.

En el presente, Javier Milei anunció el 20 de diciembre del año pasado el DNU 70/23, un megadecreto a través del cual derogó leyes como la de Alquileres y habilitó la privatización de empresas públicas. La norma establecía más de 300 modificaciones de leyes, entre ellas la Ley de Tierras y de Promoción Industrial y el régimen laboral.

El mega DNU de Javier Milei presentado en diciembre del año pasado.

Los DNU desde 1983

Desde la oposición destacaron que el Congreso, por primera vez en la historia, haya rechazado un decreto de necesidad y urgencia, luego de la votación en contra del DNU sobre los 100 mil millones de pesos a la SIDE que ocurrió en la madrugada de este viernes.

La senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio posteó en su perfil de X: "Vetan el aumento a los jubilados, amenazan con vetar el financiamiento universitario, pero quieren sostener los $100 mil millones de la SIDE. No. Hay límites institucionales que el presidente tiene que respetar. Por eso en el Senado rechazamos el DNU por los fondos reservados".

"Vetar el aumento a los jubilados y darle $100 mil millones de gastos reservados a la SIDE es insostenible. Por eso en @senadoargentina rechazamos el DNU que le asignaba esos fondos para garantizar la 'defensa de Argentina'", escribió por su parte el senador de UP Sergio "Oso" Leavy.

También desde la principal bancada opositora, el senador Mariano Recalde expresó que "si dicen que no hay plata para jubilados, para educación, para obras, para comida o remedios…menos puede haber para espionaje o recursos que nadie controle". "DNU RECHAZADO POR LAS DOS CÁMARAS", enfatizó.

Desde la Cámara de Diputados, el jefe de UP, Germán Martínez, resaltó que hubo una "gran tarea de los bloques parlamentarios de Unión por la Patria (en ambas cámaras) construyendo mayorías amplias para aprobar el financiamiento universitario y rechazar el DNU de gastos reservados de la SIDE". "Convicción y coherencia, para representar a las y los argentinos", sumó.

La diputada de UP Carolina Gaillard destacó que "anoche el Senado, en un hecho histórico de control democrático, rechazó con 49 votos el DNU 656 de @JMilei que establecía 100 mil millones de pesos de fondos reservados para la SIDE". "Sí. Hay límites. Y son las instituciones. No se puede violar la Constitución Nacional presidente. El Congreso existe funciona y controla. Mande una ley", exigió.

Mientras que su par Eduardo Toniolli advirtió que "es la primera vez en la historia que el Congreso rechaza un DNU. Y no será la última, porque esa misma historia nos enseña que no puede estabilizarse ni social ni políticamente un régimen que busca deliberadamente empujar a la miseria al 80% de la sociedad". "Alguna vez el padre de la Patria dijo que los argentinos no somos empanadas que se comen de un sólo bocado", manifestó.

Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro recordó: "Lo vimos, lo denunciamos y lo hicimos sin miedo. Solo era cuestión de tener el coraje de sostener una posición, y teníamos razón. El DNU que incrementaba en un 3131% los gastos reservados de la SIDE fue rechazado por nulidad absoluta e insanable".

"En medio de tantas necesidades reales en Argentina, esto no representaba ni una necesidad ni una urgencia. La única urgencia era gastar 80 mil millones de pesos en 20 días, sin control democrático. No mientan: el decreto no contenía ni un solo argumento relacionado con la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico o el crimen organizado", sostuvo el presidente del partido fundado por Elisa Carrió.

El porteño aseguró que "no había razón para actuar por fuera de la Constitución. Se le quitó una facultad al Congreso, y con este rechazo, se ejerció una acción reparadora". "Este hecho es histórico, ya que es la primera vez desde la reforma constitucional de 1994 que se rechaza un DNU", apuntó.

Por el lado del Gobierno, la Oficina del Presidente emitió un duro comunicado contra la decisión del Senado, mientras que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, publicó: "LA NARCOCRIMINALIDAD 1 - LOS ARGENTINOS DE BIEN 0. Todo lo que necesitamos para combatir el terrorismo, bochado por un grupo de senadores irresponsables".

"El Congreso decidió desfinanciar la SIDE. Es la primera vez que pasa en la historia. No son conscientes de la gravedad de sus actos. Ponen en riesgo la seguridad nacional y del presidente para hacerle pagar un 'costo político' a Milei", fue el mensaje de Javier Lanari, subsecretario de Prensa de la Presidencia.

Luego de una votación histórica, al tratarse de la primera vez que el Congreso en ambas cámaras rechaza un decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno salió con un comunicado contra los senadores que votaron en contra del DNU por el cual se habían otorgado 100 mil millones de pesos a la SIDE.

"La Oficina del Presidente condena el voto irresponsable de un grupo de legisladores que dejaron al Sistema de Inteligencia argentino sin recursos en un momento histórico del país", arranca el texto difundido este viernes.

Desde Casa Rosada se señaló que "el rol de la agencia de inteligencia durante décadas estuvo basado en intereses personales, y fue utilizada para actividades espurias como el espionaje interno, el tráfico de influencias y la persecución política".

A continuación, desde el Poder Ejecutivo destacan que "siguiendo la visión del presidente Javier Milei, se reformó el Sistema de Inteligencia con un perfil profesional, abocado en la protección del pueblo argentino de amenazas tanto internas como externas, saldando una de las grandes deudas de la democracia".

"Pero este viernes, fue el Senado el que le falló al pueblo argentino. El kirchnerismo y el radicalismo, que deberá decidir si es parte de la transformación de la Argentina o es parte de lo peor del pasado, rechazaron una ampliación de fondos que simplemente buscaba llevar el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) al nivel del promedio histórico, y que tenía por objetivo garantizar su normal funcionamiento", sostiene el comunicado.

Además, la Oficina del Presidente cuestiona que "nuevamente, los intereses personales atentaron contra la posibilidad de tener un organismo de inteligencia que tenga la capacidad y los recursos para cuidar a los argentinos. Se vio con las recientes amenazas de agentes externos contra nuestros ciudadanos, pero también con actores malintencionados dentro del territorio nacional".

"Los responsables del desfinanciamiento del Sistema de Inteligencia deberán hacerse cargo de cualquier hecho que ocurra hasta que la SIDE esté correctamente financiada y pueda recuperar sus capacidades vitales", finaliza.

Tal como se esperaba, luego que fuera quitado del plan de labor para la sesión, el bloque de Unión por la Patria solicitó en el arranque de la jornada de este jueves que el DNU 656/24 por el cual se otorgaron 100 mil millones de pesos a la SIDE sea incorporado al temario, como estaba previsto para la semana pasada.

En la reunión entre Victoria Villarruel y jefes de bloques de este miércoles, el oficialismo y sectores dialoguistas habían acordado retirar el decreto del debate. Antes de eso habían estado en Casa Rosada con el presidente Javier Milei. Más tarde, también, desde el Poder Ejecutivo enviaron una nota pidiendo una "sesión secreta" en la Cámara alta para que funcionarios pudieran asistir a explicar los motivos del DNU.

Así las cosas, se esperaba que el oficialismo lograra postergar una semana más la discusión. Aunque Unión por la Patria había anticipado que pujaría por la inclusión del DNU al temario. La sorpresa fue que -tras la polémica que envolvió al partido en las últimas horas- desde la Unión Cívica Radical avalaron que el decreto sea tratado este jueves, en último lugar.

Al tomar la palabra, antes de que se someta a votación el acta y plan de labor, el jefe de UP, José Mayans, afirmó que desde su bancada querían dar tratamiento al DNU. Sobre la sesión secreta pedida por el Ejecutivo, en el marco del artículo 18 del reglamento, explicó que para ello son necesarios los "dos tercios" si no, no puede ser reservada. Y, a continuación, manifestó su rechazo a que se haga una reunión de ese tipo, para lo cual su bloque sería necesario.

En ese sentido, el formoseño dijo que rechazaban una sesión así por "los tiempos que estamos viviendo, donde el presidente llama a diputados, utiliza el convencimiento extremo y cambian su voto en 24 horas; entonces, es un momento donde la gente sospecha de corrupción", lanzó en referencia a lo sucedido con cinco diputados de la UCR que ayudaron a sostener el veto de la Ley de Movilidad Jubilatoria.

UP, el radicalismo y Guadalupe Tagliaferri y Edith Terenzi votaron juntos esta vez. (Foto: Comunicación Senado)

"Entonces nosotros dijimos, ¿sesiones secretas para hablar de un gasto de 100 mil millones de pesos y con una ministra (por Patricia Bullrich) experta en pegarle a gente desarmada? Imposible que nos prestemos a eso", expresó.

Por otro lado, recordó que según la Ley 26.122, los DNU deben ser tratados en 10 días por la Bicameral de Trámite Legislativo, y una vez vencido ese plazo quedan habilitados "inmediatamente para ser tratados en ambos recintos".

Desde La Libertad Avanza, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, pidió que se pase a votación el acta de labor, sólo con los temas de boleta única de papel y financiamiento universitario. Pero al hablar el jefe de la UCR, Eduardo Vischi, presentó otra moción para que se incorpore el DNU al temario como último tema.

Tras un breve ida y vuelta reglamentario, se sometió a votación el acta y plan de labor con los dos temas que estaban previstos y resultó rechazada. Además de UP, no levantaron la mano los senadores de la UCR, Guadalupe Tagliaferri (Pro) y Edith Terenzi (Cambio Federal). Luego Mayans dijo que retiraba su moción y acompañarían la de Vischi, y así se hizo. Después de darle la palabra a la senadora Anabel Fernández Sagasti -que reclamó por cuándo se deben votar las mociones-, Villarruel se retiró del recinto.

El DNU sobre la SIDE ya fue rechazado por la Cámara de Diputados el pasado 21 de agosto, con 156 votos afirmativos, 52 negativos y 6 abstenciones. De repetirse el escenario en el Senado -se necesita de mayoría simple- representaría una nueva derrota legislativa para el oficialismo y se convertiría además en el primer decreto de necesidad y urgencia en la historia en ser rechazado por ambas cámaras del Congreso.

Expresidente de la Cámara de Diputados durante los cuatro años de Cambiemos, Emilio Monzó es hoy un diputado raso que no preside comisiones, pero con toda lógica es de los más respetados del Cuerpo. Su bloque había pedido y acordado un lugar para él en la Bicameral de Inteligencia, pero súbitamente el oficialismo cambió de idea y se reservó para sí el puesto que le había asignado al entonces bloque Hacemos Coalición Federal. Fue el motivo del enojo de Miguel Pichetto, que retaceó sus diputados en dos sesiones consecutivas por eso, logrando voltear una. El enojo todavía le dura.

Pero no nos desviemos. Monzó es desde hace tiempo partidario de las eliminar las elecciones intermedias. En 2023 anunció que emprendería una cruzada con ese objetivo. Lo explicó señalando que “en esta sociedad tan vertiginosa, tan fragmentada, ningún gobernante puede generar políticas de Estado y transformar, si tiene una elección a los dos años… Porque al año y medio ya está observando cómo cierra la lista”.

Claro que eso no es tan sencillo de hacer, porque por ejemplo habría que modificar la Constitución. Él hablaba de hacer un gran acuerdo para limitar esa reforma a cambiar un solo artículo de la Carta Magna, pero es un riesgo que nadie quiere tomar.

Más allá de esa propuesta -que no pocos miran con simpatía-, lo cierto es que esa reforma es la que hubiera necesitado un gobierno como el de Javier Milei, cuyo partido fue creado un rato antes de las elecciones que lo consagraron y que por lo tanto más del 90% de sus legisladores asumieron recién el 10 de diciembre pasado. Y si bien el presidente insiste en decir cada vez que puede que es el gobernante más votado de la historia, la realidad es que el Congreso actual -o al menos la mitad de los diputados y un tercio de los senadores- es producto del resultado de la primera vuelta. En la que La Libertad Avanza resultó segunda, con un tercio de los votos.

Como sea, de haberse instrumentado la reforma que propone Emilio Monzó, el Congreso actual sería emergente de esa elección y nadie tendría mayoría, pero tampoco este oficialismo sería una minoría tan reducida.

Los constitucionalistas suelen decir que la Carta Magna “es sabia”, por lo que habría que considerar que deliberadamente se buscó que las mayorías tengan un tiempo de maduración, cuestión de que nadie de la noche a la mañana arme un partido y, con los planetas alineados, en una muy buena elección se quede con todo el poder.

Mal que le pese, si a Milei hay que buscarle algún presidente con el que pueda ser comparado, ese es Hipólito Yrigoyen, que sorpresivamente -o no- se alzó en 1916 con la presidencia con un partido relativamente nuevo, frente al conservadorismo, que a través del Partido Autonomista Nacional controlaba el poder sin alternancia desde hacía 42 años, como virtual partido único. Esas elecciones que ganó Yrigoyen tuvieron la particularidad de haber sido las primeras en las que se aplicó la Ley Sáenz Peña, que estableció el sufragio secreto.

Consecuencia: Yrigoyen asumió con el Congreso más adverso de la historia: minoría en las dos cámaras; tan extrema como la de Milei casi un siglo después. Solo 4 senadores y 45 diputados tenía el caudillo radical al llegar el poder. Adversidad que con el correr de las elecciones fue revirtiendo.

Es lo que espera lograr el actual oficialismo, que imagina tendrá mucho más en 2025, aunque vaya a seguir siendo una minoría extrema, por más contundencia que tenga su eventual triunfo en las elecciones intermedias. O tal vez no lo sepa, lo cual sería una ingenuidad grave.

Los partidos que formaron Cambiemos y luego Juntos por el Cambio ganaron las elecciones de 2013 y 2015, con mayores porcentajes que Milei, y así y todo el de Mauricio Macri fue el primer gobierno en minoría en ambas cámaras después del de Hipólito Yrigoyen. Y lo siguió siendo aun habiendo ganado las intermedias de 2017.

A Javier Milei le gusta cada vez que puede hacer gala de su minoría extrema. El jueves, en el acto ante los ultraderechistas de Vox, el presidente se vanaglorió de estar haciendo “la reforma más grande de la historia argentina en menos de 9 meses”, y  con apenas “el 15% de la Cámara de Diputados y el 10% de la de Senadores”. Nunca aclara que sin la colaboración de los bloques dialoguistas -que suman varias veces el número de La Libertad Avanza-, no hubieran podido avanzar nada en el Congreso. Así y todo los desafía: “Ellos van a hacer lo imposible para que el presupuesto no salga”, anticipó ante el inminente inicio del debate del Presupuesto. ¿Por qué? Porque “un presupuesto liberal y austero significa el fin de miles de curros”, dijo Milei haciendo estallar al auditorio del Foro Madrid.

Mas allá de esas diatribas, la realidad es que si en algo no tiene interés la oposición, es que el gobierno no tenga su presupuesto y: a) se victimice y pase factura in eternum; b) prorrogue el Presupuesto en vigencia y pueda hacer un uso discrecional de las partidas.

Esto se da a escasos días de que el Gobierno libertario presente ante el Congreso su primer proyecto de presupuesto, puesto que el de 2024 decidió no mandarlo. Y en este caso Milei se propone volver a mostrarse disruptivo. Así como en la asunción presidencial rompió el molde dando su discurso fuera del Palacio Legislativo, y en la apertura de sesiones ordinarias habló en el horario inédito de las 21, para el Presupuesto 2025 decidió ser él quien vaya al Parlamento a presentarlo. Será una nueva oportunidad para tener centralidad y darle al tema una trascendencia que de lo contrario no tendría.

Sucederá al cabo de lo que muy posiblemente sea una nueva semana negra para el oficialismo en el Congreso. Con derrotas contundentes en el Senado y probablemente también en Diputados. Allí será el miércoles, cuando la oposición intente rechazar el veto presidencial contra la Ley de Movilidad Previsional. La sesión ha sido convocada para las 10 de la mañana por todos los sectores que componen el heterogéneo bloque radical, la Coalición Cívica y la bancada de Pichetto, que junto a Unión por la Patria suman 155 diputados. Les estarían faltando 15 votos, y no es seguro que todos los radicales vayan a votar contra el veto, según pudo saber este medio. Hay una presión intensa sobre determinados gobernadores.

Eso sí, si se consiguen votar el rechazo, será un duro golpe para el oficialismo, pues en el Senado no podría evitar un resultado similar.

Más allá de la suerte que vaya a tener LLA el miércoles, el destino del jueves en el Senado parece inexorable. Allí le esperan dos traspiés, a cual peor: la oposición convertirá en ley el proyecto de Financiamiento Universitario y luego derogará el DNU de los fondos de la SIDE, en un hecho inédito desde que los decretos de necesidad y urgencia fueron reglamentados. En ambos casos sería con 2/3.

Para maquillar una jornada negra, el oficialismo intentará votar la ley de Boleta Única en Papel, pero todavía no tiene asegurados los votos necesarios para aprobarla con modificaciones. Si fracasa, el tema no podrá volver a ser abordado hasta 2026.

Con semejante sucesión de traspiés legislativos, se entiende que el presidente quiera mostrarse dominador de la situación, asumiendo total protagonismo el lunes siguiente al presentar él mismo el Presupuesto.

Protagonismo que buscó al cerrar la semana en la red social que más le divierte e interesa, X, donde el viernes se enfrascó en una encendida polémica sobre economía con la expresidenta Cristina Kirchner. Ella empezó, con un tuit matutino que incluía un informe económico con el que desafió al presidente. Era obvio que él se prendería de la discusión y redoblaría la apuesta. Por temperamento y conveniencia, ya que el contrapunto con quien él ve como su Némesis, siente que lo fortalece. A ella también, de ahí que propusiera la discusión.

Surgió justo cuando los puentes entre el Gobierno y el kirchnerismo parecían muy transitados, con el fin de aprobar los pliegos de los jueces propuestos por Milei para la Corte. Fundamentalmente Ariel Lijo. En las últimas horas, los senadores que le responden a Cristina hicieron saber que el tema está frenado. Por ahora.

Mientras tanto, los radicales que completarían los votos para llegar a los dos tercios necesarios para sentar a Lijo en la Corte han congelado su decisión: nadie quiere exponerse si el kirchnerismo no muestra antes sus cartas.

Quedó claro con las firmas de los dictámenes de ambos candidatos. Transcurridos más de diez días de la audiencia con Manuel García Mansilla, ninguno de los dos pliegos llega a las nueve firmas necesarias para llegar al recinto. Con la relación de fuerzas en un momento de tensión extrema y traspiés reiterados por parte del Gobierno, no sorprendería que el tema quede para el año que viene.

A fines de diciembre, Juan Carlos Maqueda se jubila. Desde la Corte adelantaron que están en condiciones de funcionar con solo tres miembros.

¿Dos de cal y una de arena? Un famoso dicho parafraseado podría utilizarse para vislumbrar otra semana complicada para el oficialismo en el Senado, con la eventual sanción de la ley de financiamiento universitario y el rechazo al DNU que otorgó 100 mil millones de pesos a la SIDE por parte de la oposición. Como contrapartida, La Libertad Avanza acelera las negociaciones para luego de más de dos años congelado aprobar -con modificaciones- el proyecto de boleta única de papel.

El llamado a una o dos sesiones (para miércoles y jueves) todavía no está oficializado, y tampoco fue convocada Labor Parlamentaria, la reunión formal de jefes de bloques. Sin embargo, ya desde la semana pasada estaba la intención del oficialismo de abrir el recinto para tratar la iniciativa de BUP. Desde el Poder Ejecutivo hay un pedido constante ante los tiempos que corren si se pretende implementar en las elecciones del año próximo.

Luego de presentarse funcionarios en un plenario de comisiones, que ya había dictaminado en el verano, el Gobierno acercó un nuevo borrador a la oposición dialoguista. Entre los cambios más destacados figura que se quitaría el casillero en blanco con la opción de votar lista completa, uno de los mayores reclamos de partidos provinciales, con especial énfasis de la rionegrina Mónica Silva, cuyo acompañamiento resultaría clave para salir del virtual empate (36 a 36) que reunía la iniciativa y por eso no se trató en sesiones extraordinarias.

Además, según la nueva versión que circuló del dictamen, las elecciones PASO se adelantarían a la primera semana de agosto y, con ello, se correrían otros plazos del cronograma electoral, como el inicio de la campaña.

Al tratarse de un tema electoral, en un eventual empate, la vicepresidenta Victoria Villarruel no podría definir, pues se requiere de una mayoría absoluta de 37 votos. Si se aprueban las modificaciones, el texto deberá volver a la Cámara de Diputados, que podrá aceptarlos o no.

Por otra parte, para este martes a las 16.30 fue convocado un plenario de las comisiones de Educación y Cultura y Presupuesto y Hacienda para tratar el proyecto de financiamiento universitario con media sanción de Diputados. Si bien en la Cámara alta se respeta el plazo de siete días para que un dictamen vaya al recinto, en la última sesión se aprobó una moción de preferencia para que la iniciativa sea tratada con o sin despacho de comisión en la próxima sesión.

El proyecto aprobado por 143 votos a favor, 77 en contra y una abstención el pasado pasado 15 de agosto en la Cámara baja, tendría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a 738.595 millones de pesos, de acuerdo a un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Motorizada por la oposición, ésta es otra iniciativa que pone en alerta al Gobierno, que recientemente vetó la Ley de Movilidad Jubilatoria por "darle la espalda al equilibrio fiscal".

Finalmente, pese a la puesta en marcha de la Bicameral de Inteligencia, donde en la última reunión se acordó citar a Sergio Neiffert, titular de la SIDE, el oficialismo no evitaría que el DNU 656/24 sea tratado, con altísimas chances de ser rechazado. Se necesita mayoría simple.

La Ley 26.122 establece que para que un DNU quede firme, basta con la aprobación de una cámara, mientras que para que se caiga, debe ser votado en ambas. El rechazo al decreto de la SIDE en la Cámara de Diputados se votó el 21 de agosto con 156 votos a favor, 52 en contra y 6 abstenciones. De concretarse en Senado sería la primera vez en la historia que un DNU sea rechazado por el Congreso en ambas cámaras. Y una nueva derrota para el oficialismo libertario, en marcada minoría parlamentaria y con una relación con los dialoguistas que no es la misma que al comienzo de la gestión.

Lo que pasó esta semana en el Congreso es la perfecta muestra, y esperada consecuencia, de dos factores resultantes de las elecciones de 2023: 1) el gobierno de Milei es el más débil políticamente desde 1983, y 2) el sistema político es el más fragmentado de los últimos 40 años.

Con semejante cuadro, el ordenamiento político iba a ser complicado y, por lo tanto, era menester que concurrieran dos cuestiones: a) un fino gerenciamiento político por parte del oficialismo, y b) que hubiese resultados de gestión atractivos para buena parte de la opinión pública. Respecto al primer punto, se debe decir que hasta ahora el gobierno tuvo menos obstáculos de los esperables, teniendo en cuanta su debilidad de origen: tuvo un aprendizaje con el pasar de los meses, obtuvo sus primeras leyes después de mucho remar, marcó la agenda y el presidente es el centro de la escena. En cuanto al segundo punto, hay un logro en materia de inflación y va ganando tiempo con su ingeniería financiera, pero hay un lento desgaste en la calle fruto de la fuerte recesión que disparó la preocupación por el empleo.

Como en los buenos thrillers, al protagonista se le van cerrando las opciones estratégicas, y desarrolló una confianza en sí mismo que lo va llevando a generar errores que le vuelven a cancelar alternativas de movidas en el tablero. Por eso dijimos la semana pasada que se necesitaban “Dibus” y “Carusos”, porque se venía el tiempo de atajar penales y alejarse del descenso en ciertas situaciones.

Las dos derrotas políticas de esta semana parlamentaria -fondos de la SIDE y actualización jubilatoria- pueden ser inoculadas con coraje y creatividad, pero ese no es el punto. La cuestión es que, si se suceden una serie de golpes, la política y la economía pueden empezar a sacar cuentas adversas sobre la gobernabilidad de Milei, y más de uno entusiasmarse con acelerar la generación de obstáculos. Una tarea de desgaste sistemático sobre un oficialismo intrínsecamente débil incrementa la probabilidad de que haya fatiga de materiales.

Pero el problema obviamente no es solo del Javo. Las otras dos figuras políticamente más importantes de la Argentina –Cristina y Mauricio- también tienen severas dificultades de liderazgo. En este plano es la tormenta perfecta. Cuando todo el mundo empezaba a observar que el presidente libertario se sentaba a comer pochoclo mientras UP tenía que explicar a Alberto, hoy todos están en camisa de once varas. La vorágine política solo ofrece pocas horas de satisfacción. La próxima curva siempre puede ser fatal.

Entre la votación de diputados y el desacuerdo en la Corte sobre la devolución de los fondos a la CABA, las largas tertulias entre el líder violeta y el amarillo no lucen muy productivas. Se habló en estos días de que habría un acuerdo para que, finalmente, se integren funcionarios de Macri en las áreas de energía y transporte. Parecía que de la noche a la mañana había un acuerdo político sustentable. Indagando en profundidad, todo parece limitarse a alguna situación puntual en función de oportunidades de negocios. Si hubo algún arreglo, se desmintió luego en el Congreso.

Venimos diciendo en los últimos 2 meses que los bloques dialoguistas iban a ser menos concesivos post Ley Bases. Esto se va agravando, ya que los que colaboraron se están sintiendo destratados por varias razones, entre ellos los gobernadores del ex JxC, Macri y Pichetto. Aquí es donde no queda claro si el gobierno se confió, se equivocó en la estrategia negociadora o directamente no le importó. A mí, por las dudas, no me gustaría tener de enemigo al calabrés.

El tercer tema que dio mucho que hablar fue la presidencia de la comisión de control de los servicios de inteligencia. La aceptación de Lousteau a ser el mandamás con el apoyo kirchnerista permite varias lecturas. Primero, el impacto de tal actitud en los bloques del Congreso, en el partido y en la base de votantes radicales. En los tres ámbitos, el presidente del radicalismo sale perdiendo, con lo cual el negocio pasa por otro lado. El segundo punto es si esto significa que pudiese haber una entente progresista – peronista en la CABA para la elección del año que viene. Nada es imposible, pero luce complicado teniendo en cuenta que lo que podía juntar el senador hasta acá, huye de cualquier cosa que huela a kirchnerismo. Y la tercera cuestión da para una gran duda: si existen túneles de entendimiento entre los socios políticos de Lousteau –Yacobitti, Nosiglia- con el oficialismo libertario y la nueva SIDE, la presidencia de la comisión ¿es una ofensiva contra el gobierno, o es una lavada de cara para esconder un acuerdo de no agresión con la oposición más extrema en un tema muy sensible? Porque, además, a último momento el radicalismo del Senado retiró a un integrante de la comisión de Acuerdos para ponerse el mismo presidente del bloque y así facilitar un dictamen favorable al juez que lija.  Los ataques contra el esposo de Carla Peterson ¿son genuinos o son una tapadera? Raro.

Mientras siguen los sinsabores para Alberto, Villarruel sigue jugando a la mancha venenosa con el presidente. Vale decir que ella tiene buena imagen en la medida que el gobierno genera expectativas pero que, si a su compañero de fórmula le va mal, ella también saldrá perjudicada. Ya vimos cómo una vicepresidenta trató de tomar distancia de su socio varón, y la corriente la arrastró. Si bien el caso no es igual, para la sociedad ambos están en el mismo barco y comerán perdices o naufragarán abrazados.

Más allá de todo eso, el presidente y su ministro de economía pueden festejar que el comercio exterior tuvo superávit record en julio y que el Central volvió a acumular dólares, aunque el estimador de actividad económica del Indec dio caída intermensual en junio.

Lo que no caen son las “photo-opportunity” del presidente mostrando gestos de cariñosa humanidad. La semana anterior fue el beso a Yuyito. Esta vez fue con la nueva mascota de su hermana. “El tío” le contaba cosas a su “sobrino” mientras paseaban. ¿Será un nuevo “cuento del tío”?

Despojada de ataduras institucionales, Elisa Carrió volvió a su estado puro, y desde allí el viernes pasado lanzó un tuit que hizo carrera: “Adivina adivinador, ¿quién es más cruel con los viejos y los niños, Javier o Mauricio?”.

Fue al día siguiente de la sanción de la Ley de Movilidad Previsional en el Senado, esa que el Presidente había adelantado que vetaría por ser producto de “degenerados fiscales”, cosa que ratificó ese mismo día bien temprano. “El veto será completo”, aclaró ante las dudas que habían surgido recientemente respecto de un veto parcial que atemperara los ánimos y no forzara al Congreso a redoblar la apuesta en breve.

Lilita contra Macri; Milei contra el expresidente; Bullrich contra Macri; Bullrich contra los senadores del Pro; el Presidente contra Pichetto; Milei volviendo a llamar “ratas” a los legisladores, dialoguistas incluidos… Música para los oídos de Unión por la Patria, que encontraron en el Congreso algo de sosiego ante la sucesión de datos increíbles que involucran a su último presidente.

La crítica de Carrió a Macri y Milei por el veto a la movilidad jubilatoria: “¿Quién es más cruel con los viejos y los niños?” https://t.co/Ad7Qk8mZgN pic.twitter.com/WxmSDP1StE

— LA NACION (@LANACION) August 23, 2024

Le alcanzaría al gobierno con hacer la plancha mientras el peronismo/kirchnerismo se deshilacha con el efecto expansivo del Albertogate… Pero no, la principal oposición -definición que los últimos cuatro años correspondió al hoy deshecho Juntos por el Cambio- encontró resuello en el Congreso.

El Parlamento fue la última semana epicentro de una sucesión incesante de malas noticias para el oficialismo. Que habían empezado la semana anterior, cuando en la maratónica sesión del miércoles/jueves, vio cómo le aprobaban una ley que no quería: la del financiamiento universitario. Pero esa vez pudo maquillar esa petit derrota con cosas positivas: consiguieron quórum a diferencia de la semana anterior; frenaron sanciones contra diputados libertarios que fueron a Ezeiza a tomar el té con represores; aprobaron el Registro de Datos Genéticos… y no mucho más, pero bastante, para como venía la mano. Y sobre todo, no magnificaron la citada derrota.

En cambio la última semana fue un aluvión de malas noticias legislativas. Desde el martes, hasta el jueves, una tras otra. Algunas injustificables, como la primera, porque fue un error no forzado que se suponían tenían resuelto desde diciembre, pero no. En ese entonces, en el reparto de cargos le prometieron al Pro encabezar la Bicameral de Inteligencia. Pero en el camino cambiaron de parecer: Santiago Caputo concluyó que no quería darle nada a su principal aliado y negoció en cambio con el peronista disidente Edgardo Kueider, un “sin tierra” (así se llama a los que no tienen un gobernador detrás), que en la Ley Bases y el paquete fiscal colaboró, pero como anticipamos la semana pasada, no es querido por los de UP. Para presidir esa comisión, hacía falta contar con 8 votos sobre 14, y el kirchnerismo, con 3 senadores y 3 diputados podía alcanzar ese número pactando con la UCR. La Libertad Avanza, que siempre parece más a gusto negociando con el peronismo, “no la vio”.

Previamente, a instancias de Caputo habían decidido poner en esa bicameral un oficialista más, en detrimento del bloque de Pichetto, que tenía reservado a Emilio Monzó para ese lugar. Los libertarios no lo quieren al expresidente de la Cámara, que ponzoñosamente dicen que es el que le maneja el bloque al excandidato a vice de Macri. Rompieron el acuerdo y Monzó quedó afuera: el bloque Encuentro Federal (ex Hacemos Coalición Federal) se la empezó a cobrar: ya le volteó al oficialismo una sesión y motorizó la del miércoles para rechazar el DNU de los fondos para la SIDE. Y como el oficialismo se quedó sin mayoría para imponer a nadie, Martín Lousteau pactó con los K y preside ahora esa bicameral.

Previamente el exministro de la 125 había desplazado a la senadora Mariana Juri, del riñón de Alfredo Cornejo, anticipando la jugada que pergeñaba. ¿No le juega en contra salir en la foto con los kirchneristas? El cargo es importante y no hacer nada tampoco le reportaba beneficios. Quizá valga la pena.

Era tan incomprensible la jugada del gobierno que le dejó servido en bandeja a un adversario la Bicameral de Inteligencia, que algunos que imaginan a Santi Caputo como “el mago del Kremlin” supusieron un acuerdo con los radicales para voltear la sesión del día siguiente. No fue así; los radicales nunca hicieron falta para esa sesión convocada por el bloque de Pichetto, la CC y los radicales de Facundo Manes. En todo caso, la presencia de la UCR elevaba el número a niveles de paliza. Y ya la noche anterior se sabía que la mayoría del bloque de Rodrigo de Loredo -ausente con Ritondo y otros dirigentes por un evento en EEUU- se sentaría en sus bancas el miércoles.

Eso sí, en el toma y daca, se percibió claramente un guiño hacia el oficialismo el cambio en la Comisión de Acuerdos que el miércoles le tomó examen a Ariel Lijo: salió el senador fueguino Pablo Daniel Blanco, que había adelantado su rechazo al juez federal, y entró en su lugar el presidente del bloque radical, el correntino Eduardo Vischi, que responde a su gobernador, Gustavo Valdés. Movimiento que no solo expone un acuerdo del gobierno con ese mandatario, sino que parece garantizar varios votos radicales para la aprobación de Lijo.

La presidenta de la Comisión de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri, y Ariel Lijo.

Quien dicho sea de paso se fue bastante satisfecho después de exponer 8 horas en el Salón Azul del Senado. La presión opositora fue moderada; coacheado como estaba era difícil entrarle al juez y los que debían hacerlo estudiaron poco. Hoy Lijo está con un pie adentro de la Corte. Seguramente la única sonrisa a nivel legislativo para el oficialismo en la semana.

Sigamos con el miércoles y la sesión para voltear el DNU, que arrancó más rápido de lo previsto y con más gente que la esperada: 140 dieron quórum y cuando comenzó ya se sabía que el destino estaba echado. Segunda derrota consecutiva para el gobierno, más sonora que la primera. Sobre todo por la composición de los votos; porque con el Pro no alcanzaba para evitar la derrota, pero sí que no fuera tan amplia y con 2/3.

No solo eso. Mostró por primera vez al Pro desmarcándose de La Libertad Avanza. Veinte de sus 37 miembros votaron en contra del gobierno, pero solo 4 a favor. También derrota para Patricia Bullrich, que esperaba algún voto más de los que a priori parecían alineados con ella.

Lo que sobrevino después en el seno del bloque oficialista fue un aquelarre. Gritos, llantos y hasta un llamado a Seguridad para darle un tono más dramático al episodio. Una diputada se cansó de esmerilar al presidente de la Cámara y terminó denunciando a otro encumbrado compañero por “violencia de género”. En La Libertad Avanza dicen que la semana que viene la echan; probablemente junto a otras dos diputadas a las que tampoco quieren. Y en el Senado quieren echar también a Francisco Paoltroni, por su militancia “anti-Lijo”. Increíble: los bloques oficialistas en general suman como “pac-man”, no son expulsivos. No es el caso del bloque libertario, que ya se cargó hace cuatro meses a quien lo presidía, que no se fue solo, sino con otros dos diputados. Como si le sobraran oficialistas.

Además, los bloques no expulsan a sus miembros, se van solos. Hay que remontarse a los 90 para recordar un antecedente y nos encontramos nada menos que con Cristina Kirchner, cuando en el 97 Augusto Alasino y compañía se hartaron de ella y la echaron del bloque oficialista del Senado.

La semana negra de LLA terminó el jueves con otra derrota por 2/3, con la que la oposición impuso una nueva Ley de Movilidad Previsional. Con la novedad del Pro votando también en el Senado en contra. Nadie se la veía venir, pero no podían esperar que Macri se quedara con los brazos cruzados, más allá de su actitud posterior ante el voto de sus senadores.

La aprobación de la Movilidad Previsional fue la crónica de una muerte anunciada, pues nada hizo el oficialismo para revertir lo que se anticipaba desde que en Diputados le aprobaron esa ley por 2/3, incluso con el Pro votando entonces en contra. Esos guarismos hacen prever que el veto completo que el Presidente anticipa será rechazado en ambas cámaras.

¿No será el momento de buscar una alternativa distinta? Si en definitiva se está hablando de 66 mil pesos por jubilado, como dijo Juliana di Tullio, quien con ironía le advirtió al Presidente que lo que va a vetar “son cinco kilos de carne por mes”.

Debiera rever su estrategia el oficialismo, cuyo internismo alcanzó también definitivamente a la vicepresidente, exonerada por la hermana presidencial, que no por nada llaman “El Jefe”.

Está dicho que para Milei, el Congreso volvió a ser un “nido de ratas”, lleno de “ladrones” y “degenerados”. Difícil construir consenso con un gobierno tan expulsivo, en el que los que se van están tan enojados que ya no tienen pruritos en votarles en contra, como Carolina Piparo y su cuñada. Será difícil manejar las sesiones si además prescinde del socio que no solo le da votos, sino también le brinda expertise para la estrategia legislativa.

Al gobierno le costó un montón aprobar la Ley de Bases, pero finalmente lo consiguió y en el camino no sufrió derrotas, tan solo postergaciones. Distinto es ahora, cuando los sinsabores se suceden sin solución de continuidad. “Cuando empiezan a entrar las balas, no las parás más”, decía esta semana un legislador experimentado, pensando en lo que pasaría si esto que se está dando en el Congreso se extiende a otros ámbitos de la gestión.

Con el veto al caer, deberá el gobierno analizar bien si le conviene dar batallas perdidas. Encima, cuando lo que discuten está lejos de generar pasiones aun entre los propios: un DNU sobre fondos reservados a la SIDE y negarles un aumento a los jubilados. Más temprano que tarde se verá si lo de la última semana fue un punto de inflexión… o de quiebre.

El presidente de la Nación, Javier Milei, volvió a cargar duramente contra diputados y senadores, reiterando su definición de “degenerados fiscales”, al referirse a la reforma jubilatoria que aprobó el Congreso. Tras reafirmar su postura respecto de un veto, cruzó fuerte a Diputados y Senadores.

“Cada vez que los degenerados fiscales del Congreso vayan contra el equilibrio fiscal, yo les voy a responder con un veto”, dijo Milei por Radio Mitre al ser consultado sobre su decisión al respecto.

Refiriéndose a lo votado durante la última semana, el presidente añadió: “Esta medida es profundamente irresponsable. La casta política, la basura que votó esto, está intentando exterminar a la juventud argentina”.

Tras considerar “inconstitucional” esa decisión, Milei insistió en que “lo que ha hecho el Congreso es querer romper el programa económico”.

El presidente cargó contra la oposición amigable al recordar que "Juntos por el Cambio se comió 14 toneladas de piedras por querer hacer una reforma previsional en línea con la que presentamos y ahora votan con los kirchneristas una porquería para quebrar el sistema. Pónganse de acuerdo. Son una manga de mentirosos demagogos".

Insistió en que la oposición intenta "romper el programa económico". E insistió con lo de que “Son basuras deshonestas intelectualmente".

Milei tildó a la votación de ser "un acto de demagogia barata".

Luego, calificó la votación como “un acto de demagogia barata de las ratas esas que están en el Congreso” que a los argentinos “le hubiese costado 370 mil millones de dólares”.

El diputado nacional Eduardo Valdés caracterizó al rechazo de la Cámara de Diputados al DNU que asignó fondos reservados para la SIDE como "un hecho histórico", e indicó que "los fondos reservados sirvieron para pagar sobre sueldos, para demorar o acelerar sentencias judiciales, para operadores, para la famosa Banelco. Ahora vemos que son utilizados para multiplicar redes anónimas con el fin de amenazar y amedrentar a quienes emiten opiniones que no son del agrado del poder".

En diálogo con la señal parlamentaria DTV al finalizar la sesión, Valdés recordó: "La derogación de los fondos reservados de la antigua SIDE en 2014 fue uno de los acuerdos institucionales más importantes de los últimos tiempos. Estaba Oscar Parrilli como interventor. Hubo un editorial extraordinario de Julio Saguier en La Nación, valorando esa situación, así como la Coalición Cívica y otras fuerzas. Este rechazo que dimos hoy está a la altura de ese hecho histórico", aseguró.

A su vez, Valdés planteó: "Como creo que la libertad sólo sirve cuando la pueden usar los que piensan distinto, se lo dedico a algunos que no me tratan muy bien pero ponen el nombre y el apellido en estos debates, como Joaquín Morales Solá, Jorge Lanata y Marcelo Longobardi. Firman y no se esconden detrás de chats anónimos para denigrar a las personas. También al ex diputado Topo Rodríguez, que por opinar distinto lo han amenazado y enviado imágenes de armas. También el senador Paoltroni. Para eso iba a servir este dinero, multiplicar redes anónimas para amedrentar y amenazar a las personas. Valoro también a Jorge Fontevecchia que se anima a dar esas peleas".

Luego de este rechazo de Diputados, resta su tratamiento en el Senado. Respecto de esto, Valdés se mostró optimista: "Esta alianza política que se vio en diputados, permite pensar en un correlato en el Senado. Es el acuerdo político que permitió rechazar el DNU 70. Vamos a festejar doblemente cuando lo rechace la Cámara alta".

Luego que en la Cámara de Diputados se rechazara el DNU sobre el presupuesto de la SIDE, con el aval de una veintena de legisladores macristas, desde el Pro aseveraron que “esto no es el cambio” y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió a contestar, ampliándose así la pelea que mantiene con el expresidente Mauricio Macri, quien comanda hoy el partido amarillo.  

“ESTO NO ES EL CAMBIO. Desde el inicio de esta gestión, apoyamos al Gobierno en todas las medidas que apuntalaban al cambio en la Argentina (la Ley de Bases, la ampliación de datos genéticos para seguridad, y más). Pero este DNU de $100 mil millones para inteligencia, en un contexto en el que ‘no hay plata’, y sin aclarar el uso de los fondos, no es el cambio”, expresó el Pro a través de la red social X. 

Y agregó que “el progreso económico requiere instituciones fuertes y transparentes, y de un gobierno austero. En el PRO esos valores son innegociables”. 

ESTO NO ES EL CAMBIO

Desde el inicio de esta gestión, apoyamos al gobierno en todas las medidas que apuntalaban al cambio en la Argentina (la Ley de Bases, la ampliación de datos genéticos para seguridad, y más). Pero este DNU de $100 mil millones para inteligencia, en un…

— PRO (@proargentina) August 21, 2024

La respuesta desde el lado del oficialismo no tardó en llegar y Bullrich rechazó que el Pro haya votado junto a otros bloques de la oposición, entre ellos Unión por la Patria. 

“Amenazas narco, narcoterrorismo en Rosario, amenazas al Presidente de la Nación, un país que sufrió dos atentados... y una SIDE desmantelada. El DNU de fondos para la SIDE es para cuidar a los argentinos. Los diputados que votaron junto al kirchnerismo su rechazo, eligieron ponerse del lado de las mafias, los narcos y el terrorismo. ¡Ahora deberán hacerse cargo!”, enfatizó la funcionaria libertaria. 

También, apuntó que “la importancia de este decreto radica, además, en que nutre de fondos fundamentales para fortalecer la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y así garantizar mayor seguridad a los argentinos”. “El rechazo al DNU lo celebran los criminales”, sumó. 

Amenazas narco, narcoterrorismo en Rosario, amenazas al Presidente de la Nación, un país que sufrió dos atentados... y una SIDE desmantelada.

El DNU de fondos para la SIDE es para cuidar a los argentinos. Los diputados que votaron junto al kirchnerismo su rechazo, eligieron…

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 21, 2024

Le contestó desde la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro: “Patricia, estás sesgando la información y utilizando temas sensibles y dolorosos para justificar lo injustificable. Acusar a los 156 diputados de estar del lado de las mafias, los narcos y el terrorismo cuando, representando a sus votantes, rechazaron el DNU es un acto de amarillismo. De lo contrario, deberías presentar las denuncias correspondientes. Si hablamos de los atentados a la AMIA y la Embajada, también debemos mencionar el rol de la SIDE en el encubrimiento de estos actos terroristas y la inteligencia paralela que Milani y Cristina Kirchner organizaron con fondos reservados. No podemos olvidar los sobresueldos pagados durante el gobierno de Menem, por los cuales fueron condenados tanto el presidente Menem como el ministro Domingo Cavallo. Si, siendo Ministra de Seguridad tanto en el gobierno de Macri como en el de Milei, no estás al tanto de estos hechos, sería alarmante”.

El oficialismo sufrió un nuevo revés en la Cámara de Diputados, con el rechazo este miércoles del DNU 656/24 sobre los 100 mil millones de pesos para fondos reservados de la SIDE, en una votación que resultó con 156 votos afirmativos, 52 negativos y 6 abstenciones. 

De los 156 votos a favor, 86 fueron de Unión por la Patria, 22 de la Unión Cívica Radical, 20 del Pro, 12 de Encuentro Federal, 6 de la Coalición Cívica, 5 del Frente de Izquierda y 2 de Buenos Aires Libre. 

En el lote de votos afirmativos se distinguieron los de una veintena de macristas y los de Carolina Píparo y su compañera de bloque, Lorena Macyszyn, aliados habituales del oficialismo. Por la bancada amarilla cinco legisladores habían contribuido al quórum. En la previa de la sesión, la mesa directiva del partido mantuvo un Zoom con el expresidente Mauricio Macri. 

El bloque del Pro tuvo 11 ausentes, entre ellos su presidente de bloque, Cristian Ritondo, que participó de esa cumbre virtual. También bullchristas como Sabrina Ajmechet y Gerardo Milman. Hernán Lombardi, cercano a Bullrich, también se ausentó.

En tanto, junto a 33 legisladores del oficialismo (tuvo 4 ausentes), votaron en contra del rechazo al DNU cuatro diputados del Pro: Damián Arabia, Laura Rodríguez Machado, Aníbal Tortoriello y Patricia Vásquez. Salvo Tortoriello, los otros tres están referenciados en la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. 

Por el lado de la UCR, acompañaron en la derrota a La Libertad Avanza ocho legisladores: Martín Arjol, Mariano Campero, Pablo Cervi, Lisandro Nieri, Luis Picat, Roxana Reyes, Federico Tournier y Pamela Verasay. 

Los votos negativos se completan con tres del Movimiento de Integración y Desarrollo, tres del bloque Independencia (tucumanos de Osvaldo Jaldo) y la sanjuanina Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo). 

Las seis abstenciones fueron cuatro de Innovación Federal, de Alberto Arrúa, Carlos Fernández, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik; y dos del Pro, de Silvana Giudici y Fernando Iglesias, también bullchristas.  

Entre los 42 ausentes, el bloque que más inasistencias tuvo fue el Pro, con 11. A Unión por la Patria le faltaron 10. A La Libertad Avanza, 4, mismo número que a la UCR, Innovación Federal y Encuentro Federal -tres cordobeses y Emilio Monzó-. Tampoco estuvieron los dos integrantes de Por Santa Cruz; el neuquino Osvaldo Llancafilo; la sanjuanina María de los Ángeles Moreno; y la tucumana Paula Omodeo. 

Con el aporte de diputados del Pro, la oposición logró este miércoles su primer éxito en la sesión especial pedida para tratar el DNU 656/24 a las 12.17, cuando consiguió el quórum con 129 presentes, que rápidamente el tablero marcó 140. Menos de una hora después, logró su segunda victoria, al conseguir aprobar por 156 votos afirmativos, contra 52 negativos y 6 abstenciones, el rechazo al decreto de necesidad y urgencia que le dio a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) 100 mil millones de pesos.

Dato saliente, la mayoría del Pro no se alineó por primera vez con La Libertad Avanza.

En el inicio de la sesión, el jefe del bloque LLA, Gabriel Bornoroni, pidió la palabra para usar el único elemento que tenía a su alcance el oficialismo, que era forzar el tratamiento de la suerte del decreto sobre tablas. “No tiene dictamen de comisión, por lo cual nosotros creemos que este tema tiene que ser tratado con los dos tercios de la Cámara”, argumentó.

A continuación, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, explicó las razones jurídicas que justificaban esa postura. Planteó que el tratamiento de un DNU “es un hecho importante, serio, grave, diría yo. No existe ningún antecedente que se trate sobre tablas un DNU que no tiene dictamen”.

“Desde 1994 a esta parte nunca se le dio celeridad al tratamiento de los DNU. Cuando Javier Milei asumió el Gobierno, nos encontramos con que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo llevaba dos años sin funcionar, había más de 200 DNU sin dictaminar. Y a eso se sumaba una práctica parlamentaria según la cual el vencimiento de ese plazo de 10 días que establece la ley obligaba a la bicameral a expedirse. De hecho, hoy la bicameral está resolviendo sobre la validez de decretos de necesidad y urgencia que fueron dictados durante el Gobierno de Alberto Fernández. Más de 120 decretos que no se trataron jamás. No había celeridad ni apuro por ejercer las facultades de la Constitución, que ahora se dan cuenta los legisladores”.

Agregó que “esa práctica permitió extraer una conclusión según la cual el plazo de 19 días para dictaminar es ordenatorio. Que vencido ese plazo de diez días recién el viernes pasado, no cesa la potestad de la bicameral para expedirse”.

“Nosotros esperábamos que el DNU pudiera ser tratado en la bicameral, que es el ámbito natural de discusión de esta temática. Elegido este camino por un grupo de diputados, entiendo que debe tratarse el 134; de lo contrario, se va a producir el absurdo que para tratar el día de la mandarina necesitamos los dos tercios y un DNU de estas características se trata por simple mayoría”, ilustró Mayoraz, para completar diciendo que “la bicameral está contemplada por la Constitución; es la única prevista por la Constitución. Y esta tarea está desplazando de su competencia natural y originaria, una cuestión que debería ser resuelta allí. Aquí no se puede hacer ninguna excepción al reglamento: hay que cumplirlo, esa es la manera de cumplir con la ley y la Constitución”.

Le contestó el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien en primer lugar recordó que durante su última reunión, la Bicameral de DNU había sido intimada por tres miembros, conforme lo que establece el reglamento del Senado que hoy preside la comisión. “Estamos en los términos del artículo 99 inciso 3 de la Constitución. Cuando se sancionó la ley orgánica prevista en la Constitución para regular el trámite de los DNU, los legisladores previeron esta situación, que la bicameral, a través de maniobras, no tratara un tema -remarcó-. Por eso, el artículo 19 y el 20 previeron los plazos y el tratamiento de oficio de las cámaras, pensando las maniobras políticas, en este caso agravadas, porque se trata de dinero para organismos de inteligencia. Por lo tanto, las maniobras pueden estar siendo ejecutadas por miembros de inteligencia”.

Terminó pidiendo que se tratara por mayoría absoluta de los miembros presentes, y tras recordar lo que en su momento se hizo con otro gobierno con un pedido de rechazo hecho por Elisa Carrió y otras diputadas de entonces, entre las que citó a Patricia Bullrich, recordó lo que se hizo en el Senado con el DNU 70/23, que lo trató con mayoría simple. Y concluyó pidiendo, ante las presiones existentes, que se votara primero y se debatiera después.

Su moción fue aprobada a mano alzada, ante lo cual el jefe del bloque oficialista comenzó a insistir en que ellos tenían una moción previa, que era la de su compañero Nicolás Mayoraz, para resolver si se debía votar o no sobre tablas.

Desde Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño propuso que se aprobara el siguiente texto: “Artículo 1°. Rechazar en los términos de la Ley 26.122 el decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo N° 656 de fecha 19 de julio de 2024. Artículo 2°. Comuníquese al Poder Ejecutivo”.

Las idas y vueltas en torno a las mociones a votar se extendieron largo rato, mientras desde la oposición se insistía en votar la moción de Agost Carreño. En ese sentido expuso por Unión por la Patria Carolina Gaillard, quien advirtió que el Gobierno ya había gastado el 80% de los gastos reservados que se estaban debatiendo. “Si tardamos un día más, se van a gastar todo. Le digo al diputado Mayoraz que la ley es clarísima, por eso pasemos a votar el DNU”.

Miembro de la Bicameral de DNU por parte del oficialismo, Lisandro Almirón aclaró que esa comisión había postergado el tratamiento para la siguiente reunión. Le atribuyó “mala fe a un grupo de legisladores que solicitaron antes de los 10 días esta sesión especial”, e insistió en que la Ley 26.122 establece un plazo perentorio, pero por “uso y costumbre” eso no suele cumplirse. Y sostuvo que eso no se aplicó con “el gobierno de Unión por la Patria y el gobierno del Pro”, tras lo cual se preguntó si “los violadores seriales de la Constitución aparecen como grandes reglamentaristas. Estamos dejando un grave antecedente”.

“No hace falta ninguna interpretación parlamentaria”, aclaró Germán Martínez, advirtiendo que “la moción de Mayoraz ni siquiera está encuadrada dentro de lo que dice el (artículo del reglamento) 127. Pasemos a votar”.

Intervino entonces Miguel Pichetto: “Para cortarla, y también estar de acuerdo con lo que acaba de expresar Germán Martínez. Le vamos a dar la derecha, ponga a considerar la moción por simple mayoría y después ponga a consideración el tema y la propuesta. Si estamos de acuerdo terminemos con esta discusión. La Cámara interpreta las mayorías en el tratamiento de los temas”.

Por su parte, Silvana Giudici dijo que “acá hay una interpretación del reglamento que ya se hizo varias veces. Coincido en que no se necesita poner a votar esa moción de Mayoraz, lo que no entiendo es que tratemos de votar un DNU tan  importante en una votación exprés, sin debate. De ninguna manera se puede votar antes que todos los bloques podamos hablar. Me parece lo menos democrático y sensato que he escuchado”.

Con todo, una votación a mano alzada impuso que se votara la suerte del DNU, y el resultado fue amplio. El rechazo fue aprobado por 156 votos afirmativos, 52 votos en contra y 6 abstenciones.

Luego se puso en consideración el proyecto de Maximiliano Ferraro y Margarita Stolbizer para declarar nulo el DNU. En este caso sí se necesitaban 2/3, porque este proyecto fue girado a Asuntos Constitucionales y jamás fue dictaminado. Esa votación no obtuvo 2/3. Como hubo reclamos de legisladores a los que supuestamente el voto no se les había tomado, Cecilia Moreau pidió la reconsideración de la votación, pero la misma tuvo el mismo resultado: no se alcanzaron 2/3 y por ello no se trató el proyecto de Ferraro.

La oposición reunió quórum en la sesión pedida para este miércoles, en la que se rechazó el DNU 656/24, por el cual el Gobierno otorgó 100 mil millones de pesos en concepto de fondos reservados a la nueva SIDE. El dato fue que un grupo de diputados del Pro, bloque aliado del oficialismo, bajó al recinto. 

Desde la bancada que preside Cristian Ritondo, contribuyeron al número los porteños Álvaro González y Daiana Fernández Molero, la bonaerense Florencia de Sensi, la correntina Sofía Brambilla y el fueguino Héctor “Tito” Stefani. Al sentarse éstos dos últimos, el tablero marcó los 129 presentes. 

A la reunión solicitada por los bloques Encuentro Federal y Coalición Cívica asistieron los legisladores de Unión por la Patria -incluidos los cuatro catamarqueños que responden al gobernador Raúl Jalil- el Frente de Izquierda y 16 integrantes de la Unión Cívica Radical, cuyo jefe, Rodrigo de Loredo, estuvo ausente -pidió licencia por un viaje a Estados Unidos-.

La bancada de Pichetto tuvo cinco ausentes: los cuatro cordobeses Carlos Gutiérrez, Ignacio García de Aresca, Alejandra Torres y Juan Brügge; y el entrerriano Francisco Morchio. 

A las 12.13 entraron al recinto Oscar Zago y Cecilia Ibáñez, del MID, junto a Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci, que permanecen en La Libertad Avanza con una incomodidad creciente desde el escándalo por la visita a represores. Si bien rondaron sus bancas, no estaban sentados a la hora del quórum. 

Además del oficialismo y gran parte del Pro, no bajaron Buenos Aires Libre, bloque Independencia (tucumanos) y CREO, aliados de LLA. 

Tampoco estuvieron presentes los diputados de Innovación Federal, Movimiento Popular Neuquino, Por Santa Cruz y Producción y Trabajo. 

Finalmente la oposición tuvo éxito en su intento de tener quórum para sesionar este miércoles. A las 12.17 y con 140 diputados sentados en sus bancas, consiguieron el primer triunfo de esta jornada, que esperan coronar rechazando el DNU 656/24 que le dio a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) cien mil millones de pesos.

La sesión fue solicitada por el bloque de Encuentro Federal, pero el texto llevaba las firmas también de diputados de la Coalición Cívica y radicales de la línea Manes.

Cabe recordar que el DNU ingresó por mesa de entradas el pasado 1ero. de agosto y el oficialismo evitó tratarlo en la reunión de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que se realizó una semana después. El miércoles 14 venció el plazo establecido por la Ley 26.122 para la elevación de un dictamen y por ende, desde el 15 ambas cámaras quedaron habilitadas al expreso e inmediato tratamiento del decreto en el recinto.

La petición de sesión tiene el aval, con su rúbrica, de cuatro diputados nacionales de la Unión Cívica Radical: Facundo Manes, Fernando Carbajal, Marcela Coli y Pablo Juliano. Si se contabilizan los 16 de EF, los 6 de la CC, los 5 del Frente de Izquierda y los 99 integrantes de Unión por la Patria, el quórum no debería ser un obstáculo. Sin embargo hasta última hora del martes nadie se animaba a garantizar que pudiera alcanzarse el número necesario para sesionar, en medio de una creciente presión del Gobierno nacional a través de los gobernadores.

Vale aclarar que para que un decreto sea derogado, debe contar con el rechazo de ambas cámaras. En marzo pasado, el Senado puso contra las cuerdas al oficialismo cuando rechazó por 42 votos en contra, 25 a favor y 4 abstenciones al DNU 70/2023 de desregulación de la economía, el cual sigue vigente ya que nunca fue tratado en Diputados. Hasta ahora, nunca un DNU fue anulado por el Congreso.

NOTA EN DESARROLLO

Con la expectativa cierta de parte de la oposición de conseguir este miércoles el quórum para sesionar y tratar el DNU 656/24 que le dio a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) cien mil millones de pesos, está prevista una sesión especial para las 12 del mediodía.

El pedido de sesión fue formulado por el bloque de Encuentro Federal, pero el texto lleva las firmas también de diputados de la Coalición Cívica y radicales de la línea Manes.

Originalmente, la cita en el recinto había sido confirmada para el pasado jueves 15 de agosto, primer día habilitado por la Ley 26.122 para darle tratamiento expreso al decreto en cuestión, pero se contrapuso con los tiempos de la sesión maratónica que se extendió hasta las primeras horas de la fecha solicitada.

En medio de la sesión mencionada, no prosperó el intento de Nicolás Massot respecto a pasar a un cuarto intermedio con el fin de garantizar el tratamiento del DNU 656 al día siguiente. Tampoco tuvo aval en el recinto el pedido de Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica por el que buscó la incorporación del temario a esa maratónica reunión.

Tras la postergación de esta sesión, fue incorporado al temario el proyecto de declaración presentado por el bloque de la CC que busca declarar “nulo de nulidad absoluta e insanable” al decreto publicado en el Boletín Oficial el pasado lunes 23 de julio.

También fue agregada la iniciativa de Margarita Stolbizer por el que rechaza al DNU 656 en su totalidad y donde había advertido que “Argentina debe retomar el camino de una legalidad que está marcada por la vigencia del sistema consagrado en todos los principios de la Constitución Nacional”. El proyecto tiene el acompañamiento de otros seis integrantes de EF.

Cabe recordar que el DNU ingresó por mesa de entradas el pasado 1ero. de agosto y el oficialismo evitó tratarlo en la reunión de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que se realizó una semana después. El miércoles 14 venció el plazo establecido por la Ley 26.122 para la elevación de un dictamen y por ende, desde el 15 ambas cámaras quedaron habilitadas al expreso e inmediato tratamiento del decreto en el recinto.

La petición de sesión tiene el aval, con su rúbrica, de cuatro diputados nacionales de la Unión Cívica Radical: Facundo Manes, Fernando Carbajal, Marcela Coli y Pablo Juliano. Si se contabilizan los 16 de EF, los 6 de la CC, los 5 del Frente de Izquierda y los 99 integrantes de Unión por la Patria, el quórum no debería ser un obstáculo. Sin embargo hasta última hora del martes nadie se animaba a garantizar que pudiera alcanzarse el número necesario para sesionar, en medio de una creciente presión del Gobierno nacional a través de los gobernadores.

En el radicalismo hacían cuentas que daban que podrían participar de la reunión unos 18 diputados de ese sector.

Vale aclarar que para que un decreto sea derogado, debe contar con el rechazo de ambas cámaras. En marzo pasado, el Senado puso contra las cuerdas al oficialismo cuando rechazó por 42 votos en contra, 25 a favor y 4 abstenciones al DNU 70/2023 de desregulación de la economía, el cual sigue vigente ya que nunca fue tratado en Diputados. Hasta ahora, nunca un DNU fue anulado por el Congreso.

En la antesala de la sesión que la oposición pidió este miércoles en la Cámara de Diputados para rechazar el DNU 656/24 sobre los 100 mil millones de pesos para fondos reservados de la SIDE, el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, expresó: "Espero que el Gobierno no opere sobre el bloque radical u otros bloques para bajar diputados, porque el número tendría que estar ya consolidado".

"Deberíamos tener quórum", afirmó este lunes, al recordar la votación durante la última sesión para que el decreto se incorpore al temario. Si bien no se logró porque se requerían los dos tercios para ello, sí se reunieron 135 votos, "que son seis más de los que necesitamos para tener quórum y después rechazar el DNU", señaló.

Entrevistado en CNN Radio, el legislador aseguró que no les "incomoda" votar junto a Unión por la Patria en contra del DNU, y mencionó que también están por el rechazo "el bloque de Miguel Pichetto" y "un grupo de radicales que no se van a mover".

Sin embargo, "el miedo es que hayan negociado dinero por las universidades, que hayan llamado a los gobernadores para bajar a sus diputados", advirtió. Y, en ese sentido, no se refirió solo a gobernadores de la UCR, sino también de Unión por la Patria, como el catamarqueño Raúl Jalil.

"El Gobierno tendría que entender que si tiene 100 mil millones de pesos para fondos reservados, cuando al mismo tiempo dice que no hay plata para jubilados o universidades, debe explicarlo muy bien en el Congreso y debe salir por ley", resaltó.

El diputado apuntó que ese dinero "supuestamente" lo controla la bicameral, pero "en los años que yo llevo en el Congreso nunca vi controlar nada. Desde hace décadas, los fondos reservados no tienen ningún tipo de control en Argentina", aseguró.

También dijo que estos fondos "siempre se asignaron por Ley de Presupuesto y nunca crecieron tanto los reservados, es decir, los que nadie sabe nada cómo se gastan", como con este DNU.

"No se entiende porque el Gobierno quiere tanta plata que no tenga que rendirle a nadie, cuando supuestamente es un Gobierno tan austero", cuestionó. "Vamos a poner un límite en el Congreso. Si hay cuestiones de prevención del terrorismo y crimen organizado pueden venir los ministros a charlar con los miembros de las comisiones", recomendó, en alusión a lo que argumenta el oficialismo sobre el destino de estos recursos.

López añadió que "el estratega de comunicación del Gobierno, Santiago Caputo, es quien ha puesto al nuevo titular de los servicios de inteligencia (Sergio Neiffert), que es una persona absolutamente desconocida, sin antecedentes en materia de inteligencia, lo que nos hace absolutamente vulnerables".

El diputado nacional y presidente de la CC-ARI, Maximiliano Ferraro, embistió contra el Gobierno Nacional por los gastos reservados destinados a la SIDE: “Cuando dicen no hay plata, nos están gastando”.

A través de un posteo en su red social “X”, Ferraro apuntó: “El gobierno miente al afirmar que no se ejecutaron gastos reservados de la SIDE”, y brindó cifras precisas de los montos ejecutados en la última semana.

“El miércoles 14 difundimos las colosales cifras que se están destinando a tareas de inteligencia: el gobierno ya había desembolsado $9.960 millones y comprometido otros $70.100 millones. El viernes 16 de agosto, esos $70.100 millones fueron ejecutados de manera obscena, espuria y sin ningún tipo de control. En menos de un mes, se gastaron un total de $80.060 millones en gastos reservados, lo que representa el 77.57% del presupuesto ampliado”, precisó Ferraro.

En esa línea, el diputado de la CC preguntó: “¿En qué gasta la nueva casta, con tanto apuro, cuando no hay plata para los jubilados, las universidades o la infraestructura para el desarrollo de nuestro país?”.

“Los argentinos merecemos conocer la verdad”, planteó y ratificó el pedido de sesión realizada por el bloque Encuentro Federal para este miércoles 21 de agosto: “A pesar de las presiones y amenazas de espionaje, para exigir la nulidad absoluta e insanable del DNU que aumentó el presupuesto anual para gastos reservados en más de un 3100%, y no conformarnos con un simple rechazo. Además, debemos exigir el reintegro de todos los gastos realizados hasta la fecha”.

CUANDO DICEN NO HAY PLATA, NOS ESTÁN GASTANDO.

El gobierno miente al afirmar que no se ejecutaron gastos reservados de la SIDE.

El miércoles 14 difundimos las colosales cifras que se están destinando a tareas de inteligencia: el gobierno ya había desembolsado $9.960 millones y… pic.twitter.com/2I1FM2385a

— maxi ferraro (@maxiferraro) August 19, 2024

La guerra de sesiones instalada en la Cámara baja para esta semana sigue sin resolución. Así llegan los diputados a este miércoles, donde hay dos sesiones oficializadas, una para las 11 y otra para las 16, y una convicción: solo una de las dos puede efectivizarse. O ninguna.

El resultado que tendrá este juego de tira y afloje se podrá vislumbrar a partir de las 9.30, cuando se inicie la reunión de Labor Parlamentaria. Allí llegarán las partes con dos posturas contrapuestas, a ver si alguno afloja (difícil): el radicalismo, que ha pedido la sesión de las 16, para tratar el presupuesto universitario, insistirá para que el tema se incluya en el debate de la sesión de las 11, esa que pidieron diputados de La Libertad Avanza y el Pro, para abordar el mismo temario que el miércoles pasado, más esencialidad educativa.

Si el oficialismo da el brazo a torcer y acepta, contará con la presencia de los radicales a partir de las 11 para dar quórum y llevar adelante la sesión. Si LLA mantiene la postura emanada desde la Casa de Gobierno de no aceptar ese debate, porque contribuye al déficit fiscal, la ausencia de los radicales será clave para el fracaso de la sesión de las 11. Recordar tan solo que la semana pasada el bloque radical asistió casi en su totalidad (le faltaron solo 3 diputados) y la sesión se cayó, por la ausencia de Encuentro Federal.

A propósito, ¿qué plantean los del bloque de Miguel Pichetto? A priori, hay cierta predisposición a colaborar esta vez, pero sí y solo si se da una serie de condiciones, a saber: acortar el temario; ordenar el debate, con acuerdos y ejercicios militares primero, luego Banco de Datos Genéticos y armas, y dejar esencialidad educativa para el final. Con una novedad: cuarto intermedio a las 22, para poder garantizar que el jueves se pueda sesionar para tratar el DNU 646/24, de los fondos reservados. Recordar que ellos son los que motorizan esa sesión.

Si fracasa la sesión de las 11, será un gran dolor de cabeza para el titular de la Cámara baja, Martín Menem, que sufriría un segundo traspié con el quórum apenas una semana después de haber bebido esa medicina. Por eso hay línea abierta con la Casa Rosada para ver hasta dónde se puede negociar.

Como sea, si esa sesión se cae, toda la atención estará puesta en la cita de las 16, esa que pidieron los radicales a través de una nota encabezada por Danya Tavela. Saben que para esa reunión cuentan con la anuencia de Unión por la Patria y la izquierda. Con ellos solos no alcanza, hay que sumar más y por eso estarían dispuestos a incorporar la declaración de la educación obligatoria como servicio esencial.

“Nosotros encantados de la vida de incluir esencialidad a la tarde”, confió una fuente del bloque radical, que fue aún más lejos al aclarar que “lo vamos a hacer de hecho, independientemente de lo que hagan ellos… Pero ellos no quieren dar quórum para universidades”.

Ese anzuelo es para el Pro, que igual podría privilegiar su alianza con LLA y no sumarse a la tarde, aunque eso está por verse. Los que no se tientan en cambio por esencialidad son obviamente UP y la izquierda, que votarán en contra con las dos manos.

¿Y qué pasará el jueves, cuando está convocada la tercera sesión, para rechazar el DNU de los fondos reservados? Algunas fuentes opositoras se entusiasman en asegurar que contarían con 140 votos. Considerando a Encuentro Federal (16), los 7 radicales firmantes del pedido de sesión (que algunos aseguran podrían ser una veintena), la Coalición Cívica (6), UP (99) y la izquierda (5), estaría asegurado el quórum.

Los radicales no han tomado una definición sobre esa sesión, aunque critican el DNU. Fuentes del partido centenario consultadas aclararon que están esperando también si se constituye la Bicameral de Inteligencia, que es donde deben controlarse los gastos reservados. Pero esa es otra cuestión. O no…

Con otras dos sesiones primero por delante, convocadas para el miércoles, se oficializó la tercera sesión pedida en la Cámara de Diputados esta semana. Se trata de la reunión solicitada por los bloques de Encuentro Federal y Coalición Cívica, para el jueves a las 11, con la intención de tratar el DNU 656/24 por el cual el Gobierno nacional le otorgó 100 mil millones de pesos para fondos reservados a la nueva SIDE.

El panorama en torno al futuro del decreto sobre el presupuesto de la nueva Secretaría de Inteligencia aparece sombrío para el oficialismo: en la oposición confían en alcanzar el quórum y una mayoría para rechazarlo y dejarlo, así, a un paso de ser declarado inválido. Cabe resaltar que, para que eso pase, también debe rechazarse en el Senado, según establece la Ley 26.122.

Los números tampoco son los mejores para La Libertad Avanza en la Cámara alta, donde ya cuenta con el antecedente del rechazo al mega DNU 70/23, el cual sigue vigente, pues en ese caso nunca se reunió una mayoría en Diputados para voltearlo.

Desde que se publicó en el Boletín Oficial, el pasado 23 de julio, el DNU 656/24 fue cuestionado por la oposición más dura, pero también por la dialoguista. Mientras desde Unión por la Patria y la izquierda presentaron sendos proyectos para anular además el DNU 614 -por el que primero se disolvió la AFI y se creó la nueva SIDE-, desde el bloque que preside Miguel Pichetto, la diputada Margarita Stolbizer presentó una iniciativa para rechazarlo. Por su parte, la CC-ARI propuso declararlo “nulo de nulidad absoluta e insanable”.

En la última reunión de la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, el radicalismo, junto a La Libertad Avanza y el Pro, impidió que el cuestionado DNU sea incorporado al temario, reclamo que encabezó Unión por la Patria, acompañado por el diputado Nicolás Massot, de Encuentro Federal.

Según pudo saber parlamentario.com, en el bloque radical de la Cámara baja hay "una minoría" que no quiere bajar a la sesión del jueves para dar quórum. Sin embargo, fuentes del espacio aseguran que una veintena sí estaría dispuesta a asistir y votar en contra del decreto.

Si hubiera asistencia perfecta y se sumaran los 99 integrantes de Unión por la Patria, los 16 de Encuentro Federal, los 6 de la Coalición Cívica, los 5 del Frente de Izquierda y una mayoría de la Unión Cívica Radical (son el total 34), los números rondan por encima de los 140. Para el quórum se requieren 129, mismo número de la mayoría simple que se necesita para aprobar o rechazar el DNU.

Caída la sesión especial pedida por el oficialismo el miércoles 7 de agosto, era de manual que el oficialismo insistiría más temprano que tarde con el mismo temario. Pero antes de que lo hiciera, un sector de la oposición ¿todavía amigable? se adelantó para pedir una sesión especial para tratar tan solo el DNU 656/24 que dispuso el otorgamiento de 100 mil millones de pesos en concepto de gastos reservados para la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado.

Esa sesión fue pedida para el jueves que viene, el 15 de agosto. En rigor, desde Encuentro Federal (ex Hacemos Coalición Federal) habían adelantado el mismo día de la sesión especial caída que analizaban convocar a una sesión especial para el martes venidero, incluyendo el temario frustrado del 7 de agosto, sumándole el tratamiento del DNU. Eso dijeron en caliente quienes con su ausencia habían abortado sorpresivamente la sesión del miércoles pasado; pero ya más fríos y transcurrida la reunión de la Bicameral de Trámite Legislativo en la que no se pudo forzar el tratamiento del DNU de la discordia, hicieron una jugada más adecuada: convocar a sesionar ni bien se agotaran los plazos legales que tiene un decreto de necesidad y urgencia para ser tratado. Esto es, al día siguiente en el que se cumplieran los diez días de plazo para el tratamiento en la Bicameral de DNU. Ergo, el 15 de agosto.

De ahí la fecha pedida para sesionar, el próximo jueves, a partir de las 10 de la mañana. Algo que extraoficialmente habían sugerido desde Unión por la Patria. Atentos a su condición de “mancha venenosa” para la oposición dialoguista, sugirieron que desde allí pidieran una sesión para tratar el DNU, y cumplido ese trámite ellos colaborarían luego con el quórum. Se verá cuántos terminan sumando, habida cuenta de que esa sesión ha sido pedida por diputados de Encuentro Federal (16 voluntades), la Coalición Cívica (6 diputados) y siete radicales.  Sumando los 99 de UP, con asistencia perfecta, estarían sumando 128 diputados. Y si está la izquierda, se asegura el quórum (¿y los votos?) con creces.

Primereados por Encuentro Federal, el oficialismo y sus aliados del Pro pidieron una sesión especial para el miércoles 14, con el mismo temario del 7 de agosto, más el proyecto que declara a la educación servicio esencial. Una fuente del bloque de Miguel Angel Pichetto confió a parlamentario.com que este martes en la reunión de bloque que tendrán definirán si dan quórum al día siguiente, cosa que no hicieron, como hemos dicho, el miércoles pasado. Y si bien aclaró que no habían hablado aún como bloque, particularmente era de la idea de dar esta vez quórum “ordenando bien la sesión”.

Más allá de eso, el radicalismo, que sí estuvo presente el miércoles pasado -salvo tres excepciones por razones de salud- sorprendió el viernes convocando a una sesión para este mismo miércoles, a las 14, para tratar el tema del presupuesto universitario. Esa es una cuestión que fue muy meneada en la primera parte del año, hasta que el Gobierno se avino a reforzar partidas. En principio, la cuestión quedó pendiente para llevar al recinto, pero el radicalismo aclaraba por lo bajo que el tema sería resuelto definitivamente con el Presupuesto 2025. Como el tema se ha complicado y ya se especula con una nueva marcha universitaria, el bloque UCR resolvió pedir llevar el tema al recinto este miércoles.

El pedido es bien específico: es para las 14 del miércoles 14, “o al término de la sesión especial solicitada por el diputado Alejandro Finocchiaro y otros diputados, en caso de que esta última se extendiera más allá de las 14.00 hs.”.

Fuentes del bloque radical recordaron que ya hicieron saber al oficialismo la necesidad de que se funcione “con sesiones de tablas con todos los temas dictaminados por las comisiones”. “Funcionar en base a sesiones especiales es una irregularidad reglamentaria”, aseguraron.

El tema del financiamiento universitario se trató en comisiones en mayo pasado y hubo cuatro despachos. Anteriormente, cuando todavía no contaban los proyectos con dictamen, el 24 de abril -un día después de la marcha federal a favor de la universidad pública- fracasó por falta de quórum una sesión que había pedido Unión por la Patria para tratar este asunto y la restitución del FONID. Luego hubo otra sesión, el 21 de mayo, pedida por la UCR, donde se aprobó el emplazamiento a las comisiones para discutir los temas educativos.

El radicalismo había solicitado una sesión en julio, pero luego la pasó para agosto. Y ahora efectivamente volvió a pedirla, aunque solo por el tema universidades y no FONID.

Recordemos que el Gobierno acordó en mayo pasado un aumento del 270% en los gastos de funcionamiento para las universidades. Pero actualmente las universidades se encuentran con paros y ante la posibilidad de no volver a clases en el segundo semestre, producto del atraso salarial del personal docente y no docente. “Hay una crisis profunda por lo salarial que tendrá que ser abordada”, resaltan desde el bloque de la UCR, que al mismo tiempo admiten deberán abrir el diálogo con el resto de los bloques para “alcanzar una mayoría”, dado los distintos dictámenes (el de mayoría es el de UP).

Las mismas fuentes aclararon que el pedido formulado al presidente del Cuerpo, Martín Menem, cubre la posibilidad de que “haya argucias reglamentarias sobre que se superpone y no se puede hacer”. Recordemos que en el pasado reciente, UP había convocado a una sesión especial para el martes 30 de abril, para tratar movilidad jubilatoria, cuando se preveía realizar la sesión de la Ley de Bases el día anterior, con la certeza de que se extendería al día siguiente. Así las cosas, el presidente de la Cámara nunca oficializó la sesión pedida para el martes.

Ahora los radicales piensan que no hay elementos para que las autoridades de la Cámara baja denieguen esa solicitud. Se verá, pero lo cierto es que para la sesión especial que se cayó se hacía un cálculo preliminar de entre 21 y 24 horas de duración. Y ahora a esa sesión se le ha sumado el tema de la esencialidad para las clases, un tema que amerita un debate intenso. Planteadas estas tres sesiones, tal vez el oficialismo juegue al cansancio, estirando lo máximo posible la sesión que ellos convocan.

Se verá.

Tal cual suele suceder en los tiempos que corren, el diputado nacional de Encuentro Federal Nicolás Massot fue víctima de los trolles que pueblan las redes sociales, luego de su participación en la reunión de la Comisión Bicameral de DNU en la que junto a diputados y senadores de UP impulsó sin éxito el rechazo del decreto de necesidad y urgencia que dispone 100.000 millones de pesos como fondos reservados para la SIDE.

Los famosos “tanques” que desde lo más alto del oficialismo suelen lanzar en estas circunstancias se ensañaron con el legislador de Encuentro Federal, que respondió por la misma vía: “Me atacan trolls de la Casa Rosada por votar en contra de los $100 mil millones para financiar a los espías de la AFI. Después dicen que ‘no hay plata’…”.

“Ah, y nunca fui ni seré kirchnerista, a diferencia de Francos y Scioli, que están en la primera línea de este Gobierno”, completó Massot, que a algunos les contestó directamente, como al famoso “Gordo Dan”. “Mamarracho, venite al Congreso si te animás  salir de lo virtual y tenés la capacidad de sostener un argumento. Me encontrás fácil si querés, o como le dije al presidente que también se fue al mazo, elegí día y hora y discutamos como se debe. Seguí militando con Scioli”.

Mamarracho @GordoDan_ venite al congreso si te animas a salir de lo virtual y tenés la capacidad de sostener un argumento. Me encontrás fácil si querés, o como le dije al presidente que también se fue al mazo, elegí día y hora y discutamos como se debe. Seguí militando con Scioli https://t.co/oZ26pUUict

— Nicolás Massot (@Nicolas_Massot) August 8, 2024

🚨AHORA🚨

SE FILTRARON FOTOGRAFÍAS DE LA REUNIÓN QUE MANTUVO AYER EL DEGENERADO DE NICOLAS MASSOT CON SERGIO MASSA.

AHI ARREGLARON EL NUEVO FICHAJE DE MASSOT CON EL KIRCHNERISMO.

QUE LOCURA. pic.twitter.com/7C13gGNFlY

— Piti (@elpittttt) August 8, 2024

nadie:
absolutamente nadie:

massot llorando porque lo putean por tuiter: https://t.co/x97mbCMvKC pic.twitter.com/AezLBkM3Qj

— Piti (@elpittttt) August 8, 2024

𝐀 𝐄𝐒𝐓𝐄 𝐋𝐎 𝐓𝐄𝐍𝐈́𝐀𝐒 𝐓𝐀𝐍 𝐏𝐄𝐋𝐎𝐓𝐔𝐃𝐎 ?

Este Kirchnerista disfrazado de Radical
Nicolás Massot, misma escuela que Martín Lousteau y Facundo Manes

Sigue siendo funcional K 🤮 pic.twitter.com/1GHik9RlXB

— ✠ 𝐍𝐄𝐆𝐀𝐍 𝐸𝑙 𝐿𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 ✠ (@NeganLibertario) August 8, 2024

Entre otros, el diputado formoseño Fernando Carbajal salió a solidarizarse con su colega. “Toda mi solidaridad con vos

@Nicolas_Massot y mis felicitaciones por tu firmeza y compromiso con el sistema democrático y la república. La transparencia y los límites al poder no se negocian. El DNU de los $100 mil millones y el 614 son un ataque a la democracia”, le expresó.

Tal cual habían adelantado legisladores del ahora denominado bloque de Encuentro Federal al cabo de la frustrada sesión del miércoles, diputados de la oposición pidieron una sesión para la próxima semana para rechazar el DNU que otorgó 100.000 millones de pesos en gastos reservados a la nueva SIDE.

Con la firma de diputados de Encuentro Federal (EF), la UCR y la Coalición Cívica, la sesión fue solicitada para el próximo jueves 15 de agosto a las 10, con el objetivo de que la Cámara de Diputados rechace el DNU 656/2024 que dispuso el otorgamiento de 100 mil millones de pesos en concepto de gastos reservados para la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado.

El pedido de sesión fue firmado por Nicolás Massot (EF), Emilio Monzó (EF), Facundo Manes (UCR), Juan Manuel López (CC), Carlos Gutiérrez (EF), Fernando Carbajal (UCR), Natalia de la Sota (EF), Maximiliano Ferraro (CC), Margarita Stolbizer (EF), Marcela Coli (UCR), Mónica Fein (EF), Pablo Juliano (UCR), Alejandra Torres (EF), Pedro Galimberti (UCR), Manuel Aguirre (UCR) y Jorge Rizzotti (UCR).

Fuentes de Unión por la Patria habían adelantado también el miércoles a la prensa parlamentaria su disposición a apoyar una movida de ese tipo para rechazar el decreto de necesidad y urgencia. Solo esperaban que desde los bloques considerados “dialoguistas” lo pidieran si desde el oficialismo no se mostraba disposición para un próximo tratamiento durante la reunión de la Bicameral de Trámite Legislativo que se reunió este jueves.

Se eligió esa fecha porque el miércoles 14 se cumplen los diez días que establece la ley que rige los DNU para que la comisión se expida, pasados los cuales los legisladores tienen potestad para llevar su tratamiento al recinto.

La ley 26.122 lo establece en su artículo 19, que dice lo siguiente: “La Comisión Bicameral Permanente tiene un plazo de diez días hábiles contados desde la presentación efectuada por el jefe de Gabinete, para expedirse acerca del decreto sometido a su consideración y elevar el dictamen al plenario de cada una de las cámaras”.

El artículo 20 plantea que “vencido el plazo a que hace referencia el artículo anterior sin que la Comisión Bicameral Permanente haya elevado el correspondiente despacho, las cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate de conformidad con lo establecido en los artículos 99, inciso 3 y 82 de la Constitución Nacional”.

Con la cuestión de la SIDE de fondo, este jueves a partir de las 14 se reunirá la Bicameral de Trámite Legislativo, que analiza los decretos del Poder Ejecutivo. Tanto el DNU 614, por el cual se disolvió la AFI y se creó la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado, como el posterior 656, por el que se le otorgó al organismo 100 mil millones de pesos para fondos reservados, no están en el temario, pero la oposición, la más dura y también la dialoguista, reclamarán por su tratamiento. 

Según trascendió este miércoles, luego de caída la sesión en la Cámara de Diputados, si este jueves el presidente de la comisión, el senador libertario Juan Carlos Pagotto, no fija una fecha de debate para emitir dictamen, la próxima semana podrían pedir una sesión para discutir directamente en el recinto. 

De acuerdo a la Ley 26.122, a partir del envío del DNU al Congreso, la bicameral tiene un plazo de 10 días hábiles para dictaminar sobre su validez o invalidez. Vencido ese plazo (sería el miércoles 14), y en caso que no haya dictamen, las cámaras pueden abocarse al “expreso e inmediato tratamiento del decreto” en las cámaras. 

La postura que adopten en la reunión de este jueves cada uno de los bloques de la oposición, donde también hay quienes quieren primero que haya dictamen de comisión (una señal para el oficialismo de estirar los tiempos), será clave para vislumbrar qué podría ocurrir la semana próxima. 

Desde que se publicó en el Boletín Oficial, el pasado 23 de julio, el DNU 656/24 fue cuestionado por la oposición más dura, pero también por la dialoguista. Desde Hacemos Coalición Federal, Margarita Stolbizer presentó un proyecto que propone su rechazo, mientras que la Coalición Cívica quiere declararlo “nulo de nulidad absoluta e insanable”. En igual sentido presentó uno Vanina Biasi, del Frente de Izquierda. 

En caso de tratarse en el recinto de Diputados, el panorama para el oficialismo no parece fácil. Tampoco en el Senado, donde además está el antecedente del rechazo al mega DNU 70/23.

La Bicameral de DNU se reunió por última vez en abril, cuando dictaminó sobre un conjunto de decretos de gobiernos anteriores. Misma situación que se prevé para la convocatoria de este jueves, cuyo temario está compuesto por tres decretos de la gestión de Mauricio Macri, 31 de la de Alberto Fernández y sólo 5 de Javier Milei, firmados ni bien asumió, es decir, en diciembre de 2023. En total, el libertario ya lleva más de 30 en ocho meses.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó este lunes que el Gobierno nacional publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia 662/24 por el cual cambia los requisitos de acceso a los subsidios del INCAA para “dejar de financiar películas que sean fracasos comerciales”.

En su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada, el funcionario explicó: “De acuerdo con los datos de la auditoría en 2023, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) subsidió más de 100 películas, que tuvieron menos de 1000 espectadores cada una”.

“Entre esas películas, con baja audiencia, encontramos por ejemplo ‘Camuflaje’, que evidentemente a los espectadores les resultó difícil encontrar en una cartelera; ‘Una sola primavera’, que tuvo apenas cinco espectadores; ‘300 metros cuadrados y ocho ventanas’, que tuvo sólo cuatro espectadores, más ventanas que espectadores en este caso. Estas 100 películas con menos de 1000 espectadores representaron el 50% del total de los proyectos financiados, el año pasado”, detalló.

Así, afirmó que, a partir del decreto, las producciones deberán conseguir financiamiento propio para cubrir, por lo menos, la mitad de los fondos necesarios para sus proyectos. Además, tampoco podrán solicitar un subsidio, en los años consecutivos. También se establece un límite para que los gastos en subsidios a proyectos no superen el 20%, del total de los recursos. Así como tampoco los gastos - en estructura -, es decir en empleados.

“De esta forma, el 60% del presupuesto que queda, lo restante va a servir para organizar otras cuestiones, donde se motive la producción privada y la calidad, por supuesto, de esas producciones”, planteó.

En suma, brindó más ejemplos: “’Una sola primavera’ tuvo 5 espectadores; ‘Actitud abeja’, la tenemos con 18 espectadores; ‘Cocanis, camino al carnaval’ la tenemos con 26 espectadores; ‘Obispo de no lugar’, 28 espectadores. Estos son sólo algunos ejemplos; también está ‘Viento del este’, 32 espectadores; ‘Despierta mamá, que la fueron a ver 32 personas; ‘La sangre en el ojo’ la fueron a ver 52 personas; ‘Quémenlos’, vista por 59 personas”.

“Hubo algunas con alguna mayor afluencia de público, como ‘Las ventanas’, vista por 110 espectadores; ‘Rock de la cárcel’, 195 espectadores. También está ‘Elan, impulso vital’, 219 espectadores; ‘Lejos de los hombres, que acumuló 225 espectadores”, agregó y precisó: “Cada una de estas películas nos costó a los argentinos $50,000 dólares”.

Por otro lado, destacó la adhesión de la provincia de Salta al RIGI que ya envió el proyecto a la Legislatura “para impulsar el desembarco de grandes inversiones”. “Ya hay cinco empresas diferentes con proyectos de inversión, en Salta, en el orden de los 9.000 millones de dólares.  Así que, el camino de la Argentina hacia el mundo desarrollado es irrefrenable”, ponderó.

Por último, aseguró que “entre esta semana y la que viene” se va a estar reglamentado de la Ley Bases la parte de contratos y concesiones, el RIGI, pero sin dar fechas precisas.

Con el correr de los días aumenta la presión opositora contra el DNU 656/24, mediante el cual el Gobierno otorgó 100 mil millones de pesos a la nueva SIDE. Tras el pronunciamiento del bloque radical, un conteo provisorio vislumbra una mayoría en la Cámara de Diputados capaz de votar el rechazo de la medida. Para que el decreto quede derogado, el escenario debería repetirse en el Senado, según lo establece la Ley 26.122. Esa norma también prevé los plazos de tratamiento en el Congreso, una vez enviado el DNU, hecho que ocurrió este jueves.

A la posición en contra de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, ambos sectores más duros contra el oficialismo, que también presentaron proyectos para dejar sin efecto el DNU 614 (por el que se disolvió la AFI y se creó la nueva Secretaría de Inteligencia de Estado), se sumaron distintos actores de la oposición dialoguista.

De los primeros proyectos presentados que proponen rechazar el DNU 656 se encuentra el de Margarita Stolbizer, que fue acompañada por seis de sus pares de Hacemos Coalición Federal: Emilio Monzó, Nicolás Massot, Esteban Paulón, Mónica Fein, Alejandra Torres y Natalia de la Sota.

Con el objetivo de declarar al DNU "nulo de nulidad absoluta e insanable", la Coalición Cívica hizo lo propio. Los firmantes fueron todos los miembros del bloque: Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Paula Oliveto, Mónica Frade, Marcela Campagnoli y Victoria Borrego.

Luego de una reunión de bloque el pasado lunes, los 33 diputados de la UCR cerraron filas en torno al tema y exigieron el tratamiento "urgente" del DNU y la conformación de la Bicameral de Inteligencia. A través de un comunicado, los radicales cuestionaron la decisión del Gobierno de dotar a la nueva SIDE en "100.000 millones de pesos más de asignación presupuestaria, multiplicando por 8 el presupuesto anterior de 15.000 millones, al mismo tiempo que aseguran que 'no hay plata', por ejemplo, para la recomposición salarial de los jubilados".

Si se sumaran los 99 integrantes de Unión por la Patria -la primera minoría en la Cámara baja-, más los 7 diputados de Hacemos Coalición Federal firmantes del proyecto encabezado por Stolbizer, los 6 de la Coalición Cívica, los 5 del Frente de Izquierda y los 33 (actualmente) de la Unión Cívica Radical, los votos superarían a la mayoría de 129 que se necesitaría para votar el rechazo del DNU.

Por su parte, el escenario para La Libertad Avanza en el Senado ya se sabe más adverso, pues allí Unión por la Patria debería buscar cuatro votos más para alcanzar una mayoría. La Cámara alta ya cuenta con el antecedente del rechazo al DNU 70/23 de desregulación de la economía, en marzo pasado. No obstante, el mismo sigue vigente, porque nunca fue rechazado en Diputados. Hasta ahora, nunca un DNU fue anulado por el Congreso.

La Bicameral de Trámite Legislativo se reúne el próximo jueves 8

Ante las medidas unilaterales del Ejecutivo relacionadas a inteligencia, los diputados Francisco Monti (UCR) y Nicolás Massot (HCF), junto al senador Carlos "Camau" Espínola (UF), le enviaron una carta al presidente de la Bicameral de Trámite Legislativo, el senador Juan Carlos Pagotto (LLA), para que convoque de manera urgente a la comisión. En la misiva le recordaron que en febrero se acordó que iba a haber reuniones todos los jueves, sin embargo la bicameral no funciona desde el pasado 25 de abril. "Se está incumpliendo lo acordado", señalaron.

En febrero, cuando por la presión en torno al DNU 70/23 el oficialismo puso en marcha la comisión que revisa los decretos del Gobierno, la Libertad Avanza y sus aliados enfatizaron que era necesario primero avanzar con todos los decretos que estuvieran pendientes de tratamiento.

Eso es algo que recordaron Monti, Massot y Espínola: "Adicionalmente al compromiso de reunir la comisión semanalmente se asumió la necesidad de llevar a cabo un plan de trabajo que persiga el avance del tratamiento de decretos pendientes de acuerdo a un criterio cronológico". Sin embargo, consideraron que ahora "dicho plan se ha tornado una idea abstracta por el constante incumplimiento por parte de la presidencia de realizar las correspondientes convocatorias, lo que deriva en la necesidad de rediseñar la dinámica de selección de instrumentos legales a tratar".

Durante dos reuniones que realizó en abril, la comisión dictaminó sobre un conjunto de decretos de gobiernos anteriores. Misma situación que se prevé para la convocatoria del próximo jueves 8 de agosto a las 14, donde el temario está compuesto por tres decretos de la gestión de Mauricio Macri, 31 de la de Alberto Fernández y sólo 5 de Javier Milei, que son los firmados ni bien asumió, es decir, en diciembre de 2023. En total, el libertario ya lleva más de 30 en ocho meses.

A partir del envío del DNU al Congreso, ocurrido este jueves, la bicameral tiene un plazo de 10 días hábiles para dictaminar sobre su validez o invalidez. Vencido ese plazo (sería el miércoles 14), y en caso que no haya dictamen, las cámaras podrán abocarse al "expreso e inmediato tratamiento del decreto", según el artículo 20 de la Ley 26.122. 

“Desde el Bloque de Diputados Nacionales de la UCR hacemos un fuerte cuestionamiento a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de asignar, vía DNU, 100.000 millones de pesos para gastos reservados de la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)”, expresaron los diputados de la UCR en el marco de una extensa reunión mantenida por el bloque que lidera el cordobés Rodrigo de Loredo.

Durante el encuentro también abordaron la cuestión de la visita de un grupo de diputados libertarios a represores en el penal de Ezeiza, como así también la posibilidad de una sesión especial por los temas de educación y la composición de la AGN.

Respecto de la visita a los militares condenados, fuentes radicales confirmaron a este medio que se expresó claramente el reproche a la visita y se consideró la manera como se hará conocer el repudio de la Cámara. No descartaron acompañar el proyecto presentado por Unión por la Patria pidiendo la conformación de una comisión especial para estudiar el tema.

Asimismo se habló de las modificaciones que pretenden introducir en la ley antimafias, que el oficialismo buscará dictaminar este miércoles. El viernes, confió una fuente del partido centenario, va a haber una reunión con los gobernadores para abordar el tema educativo y probablemente en el mes de agosto convoquen a una sesión especial por el FONID, la educación como servicio esencial y financiamiento de  universidades.

Con relación a la composición de la AGN, postularán al expresidente del bloque radical, Mario Negri.

El comunicado

Volviendo al tema de los fondos reservados, el comunicado del bloque radical expresa que “por decreto conformaron una nueva SIDE, y la primera decisión que tomó el Ejecutivo al respecto fue dotarla de 100.000 millones de pesos más de asignación presupuestaria, multiplicando por 8 el presupuesto anterior de 15.000 millones, al mismo tiempo que aseguran que ‘no hay plata’, por ejemplo, para la recomposición salarial de los jubilados. Y lo que preocupa aún más es que especifican que son fondos de carácter reservado, evitando rendir cuentas o dar información de carácter público sobre el uso de los mismos”.

Agrega el comunicado que “según establece nuestra Constitución, esa asignación presupuestaria debe realizarla el Congreso Nacional, sobre todo teniendo en cuenta que de ninguna manera se da una situación de excepcionalidad como para hacerlo vía DNU”.

En este marco, los radicales exigen que “de manera urgente tanto el DNU de reorganización del organismo de inteligencia como el de aumento presupuestario sean  tratados en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, al mismo tiempo que reclamamos la urgente conformación de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia”.

“Todo lo referido a la inteligencia es sumamente sensible para la democracia y por lo tanto requiere de un debate profundo, serio y transparente. Hacer un aumento de semejante magnitud y por la vía de DNU no hace más que sumar incertidumbre y sospechas sobre el uso de los fondos públicos”, agregan, para concluir: “La transparencia y la rendición de cuentas, y es un elemento fundamental para el fortalecimiento de la democracia y de las instituciones. Por lo tanto vemos con mucha preocupación que desde el Gobierno se busque evadir esos controles”.

La diputada nacional Vanina Biasi presentó, con el acompañamiento de las bancas del FIT-Unidad, un proyecto de ley para anular los decretos 614, 615 y 656 de creación de la nueva SIDE y asignación de 100 mil millones de pesos para gastos reservados.

Biasi declaró: “El retorno de la SIDE menemista de la mano de Milei es parte de un reforzamiento represivo del Estado y, en particular, de su capacidad para el espionaje y las conspiraciones. El gobierno de la infiltración policial en las movilizaciones, de las causas armadas contra las organizaciones sociales y piqueteras, y contra los manifestantes por la ley bases, se hace de una nueva herramienta para la represión interna, el espionaje y los carpetazos. No podemos más que rechazarlo y pugnar por su anulación”.

“El gobierno que venía a destruir el Estado, está haciendo lo contrario a lo que prometió en campaña electoral. Lo único que destruye Milei son puestos de trabajo, mientras agiganta el aparato burocrático del Estado en materia represiva y en lo que respecta a la capacidad de espionaje del Estado contra los trabajadores”, expresó.

Biasi planteó: “Junto con una infraestructura monstruosa, que crea 4 nuevos organismos y amplía la casta, vuelven los viejos personajes de los servicios. Entre ellos, Alejandro Colombo, vinculado a Antonio Stiuso; el ‘Tata”’Yofre, ex secretario de Inteligencia y férreo defensor de los genocidas; o el comisario retirado Pablo Cecati, recientemente purgado de la Policía Federal. Para las mismas tareas sucias, reciclan al viejo personal, en órganos de inteligencia poblados de ex agentes de la dictadura”.

“Hablamos del bien llamados ´sótanos oscuros´ del Estado capitalista. En dictadura fueron el instrumento del Plan Condor para diseñar planes de secuestros, tortura y genocidio. En democracia, su uso para el espionaje interno y político fue recurrente: desde las coimas al senado de la SIDE de De La Rúa para la ley Banelco, el Proyecto X con Cristina Kirchner, hasta el espionaje ilegal de Macri sobre políticos y periodistas, entre tantos. En el gobierno de Milei se ha denunciado inteligencia dentro de las fracciones del propio gobierno”, argumentó la diputada.

Biasi concluyó: “Nuestra oposición a esta nueva SIDE es un rechazo de fondo a las facultades para espiar y conspirar contra el pueblo por parte del Estado. Seguimos reclamando y luchando, junto a los organismos de Derechos Humanos, por la apertura de los archivos secretos del terrorismo de Estado de 1974 a 1983, así como la apertura de los archivos secretos en el caso Amia, que sigue impune gracias al desvío de la información por parte de los servicios de inteligencia”.

La diputada nacional Margarita Stolbizer presentó el proyecto, que había anticipado, para derogar el DNU 656/2024 por el que el Gobierno nacional dispone la asignación adicional al Presupuesto General de la Administración Nacional de la suma de 100 mil millones de pesos destinados a la Secretaría de Inteligencia del Estado.

La legisladora de Hacemos Coalición Federal había anticipado en su red social la presentación de dicha iniciativa en la que apunta contra el Gobierno de Javier Milei que tiene “la pretensión personal de imponer una personalidad avasallante y extralimitada en el ejercicio del poder”.

El Jefe de Gabinete debe asistir al Congreso una vez x mes a dar Informe, dice la Constitución.
8 meses de gobierno y en Diputados no aparece.
Siguen gobernando x DNU, abuso de poder y violando las leyes.
Asignar fondos reservados y para inteligencia, son atribuciones exclusivas… pic.twitter.com/S6bc7AS7fX

— Margarita Stolbizer (@Stolbizer) July 24, 2024

Stolbizer alertó que “estamos frente a una degradación altamente preocupante del funcionamiento de las instituciones”, y sumó: “El abuso en el dictado de normas que se encuentran prohibidas o cuyo uso debería ser absolutamente extraordinario, instalan la idea de un estado de excepción convalidado a sola firma del Presidente de la Nación”.

Además, cita el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso que advierte: “Cabe señalar que el dictado de este Decreto de Necesidad y Urgencia (que tiene fuerza de ley) tiene origen en las disposiciones del artículo 37 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, que establece que quedan reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto, así como las partidas que refieran a gastos reservados y de inteligencia”.

En medio de la ola de críticas hacia el Gobierno nacional por destinar al presupuesto general de la administración nacional 100 mil millones de pesos d a la Secretaría de Inteligencia De Estado (SIDE) para fortalecer el sistema de inteligencia nacional, una diputada de la oposición adelantó que presentará un proyecto para derogar ese DNU.

Se trata de la diputada Margarita Stolbizer del bloque Hacemos Coalición Federal que calificó al Gobierno de “hipócrita” porque “firman DNU 656/24 que asigna 100 mil millones de pesos a la SIDE /AFI o como se llame un área de inteligencia que lo menos que tiene es eso”.

A través de un posteo en su red social “X” la titular del Partido GEN apuntó: “Además de no cumplir con la obligación de enviar al Congreso las reformas de presupuesto y asignación de recursos, se trata de FONDOS RESERVADOS, o sea gastaran eso quien sabe quién y en qué. Nada bueno seguro y menos sin información ni control”.

En esa línea, cuestionó: “Entre otras cosas, es inmoral. Los costos lo siguen pagando jubilados y trabajadores para que otros sigan de fiesta con la plata del estado”, y sostuvo que es un “doble discurso. Doble moral”.

“No cumplen normas Constitucionales para asignar partidas y se burlan de nosotros mientras alimentan castas y mafias”, criticó y adelantó: “Voy a presentar proyecto para derogar o rechazar ese DNU. Pero también se necesita reacción social para frenar esta locura”, sin dar precisiones de cuándo impulsará dicha iniciativa.

El diputado nacional Esteban Paulon (Partido Socialista – Santa Fe) hizo un balance del país tras la sanción de la Ley Bases y planteó: “A Milei se le terminaron las excusas, ahora tiene que gobernar”, al tiempo que hizo un llamado a los legisladores para derogar el DNU.

En declaraciones con diferentes medios, Paulon expresó: “Al gobierno se le terminaron las excusas. Durante estos seis meses utilizaron al Congreso como una excusa por las dificultades que iba enfrentando, que entiendo son propias de la falta de gestión, del desconocimiento y del desinterés en que el Estado funcione”.

"Estaba la idea de ‘la casta no me permite gobernar’, ‘no me dan las herramientas’. Ahora que la ley está aprobada no hay más excusas”, planteó y cuestionó: “Tiene que gobernar y ver realmente si su plan estaba en lo correcto o era adecuado para este momento de Argentina. Yo creo que no”.

Además, el santafecino hizo un llamado a los legisladores: “A nosotros también se nos terminaron las excusas para derogar el DNU 70, que me preocupa muchísimo. Está vigente desde enero y permitió los 25.000 despidos en el Estado, la reestructuración de un montón de áreas estatales, la desregulación de obras sociales, Internet, mercado de alquileres, precios y tarifas”.

“Ahora al Congreso le toca recuperar su agenda legislativa. Con la aprobación de la Ley Bases, algunas de las resistencias más soft que había para derogar el DNU 70, caen y no estábamos muy lejos de lograr los 129 que necesitamos para derogarlo”, manifestó el socialista.

Por último, adelantó: “Después del receso de invierno va a haber una primera sesión el 7 de agosto, para tratar temas de seguridad, algún tema de tenencia de armas, lo del Banco de Datos Genéticos y algunos acuerdos internacionales, temas en los que ha habido mayoritariamente acuerdo en avanzar, y creo que ahí ya se empieza a cocinar una sesión donde tenemos que eliminar el DNU”.

El Gobierno evalúa sacar por un Decreto de Necesidad y Urgencia el cobro de propinas de forma digital, idea que celebró en redes el diputado nacional Julio Cobos (UCR – Mendoza) autor de uno de los proyectos presentados en la Cámara baja.

El radical recordó en un posteo en su red social “X” que en marzo del corriente año presentó una iniciativa para facilitar el cobro de propinas a los trabajadores con tarjeta de crédito, débito, billeteras virtuales o cualquier otro medio de pago físico o electrónico; incluso que se incorpore en el mismo medio que se efectúe el pago del servicio o el producto vendido.

En marzo presentamos el proyecto #PropinaDigital para facilitar el cobro de propinas a los trabajadores. El gobierno tomó la idea y busca sacarla vía DNU, lo ideal sería darle fuerza de ley. Una muestra más de que la intervención inteligente del Estado es necesaria y bienvenida. pic.twitter.com/pWDgugJJxM

— Julio Cobos (@juliocobos) July 16, 2024

Cobos resaltó que “esto no imposibilita de ninguna forma que la propina pueda ser concretada en efectivo. La propina es de fundamental importancia para miles de trabajadores y con este proyecto facilitamos la percepción de la misma”.

A través del decreto de necesidad y urgencia 553/24, el Gobierno nacional extendió el plazo para que las sociedades o empresas con participación del Estado, cualquier sea el tipo o forma societaria adoptada, se transformen en sociedades anónimas, medida que se había dispuesto por medio del mega DNU 70/23.

La medida prorroga por 180 días el tiempo que estaba previsto en el artículo 51 del DNU 70/23, por el cual el Poder Ejecutivo modificó más de 300 leyes. Se trata del decreto que fue rechazado en el Senado, pero continúa vigente, pues no fue tratado todavía en la Cámara de Diputados.

En los considerandos del DNU 553/24, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno argumentó que durante el primer período de 180 días, "se ha tomado conocimiento del grave estado administrativo de las referidas organizaciones, las que, en su gran mayoría, no contaban con un análisis actualizado de su situación patrimonial y, en ciertos casos, con los instrumentos societarios actualizados inscriptos ante el Registro Público de Comercio correspondiente".

"Con el fin de dar un adecuado cumplimiento a lo previsto en el artículo 48 del Decreto N° 70/23, resulta necesario contar con el tiempo suficiente para concretar lo previsto en el inciso 2) del artículo 77, en el inciso 1) apartado b) del artículo 83 y en el artículo 88 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias", se agregó.

Y, al justificar el uso de DNU, se sostuvo en los fundamentos que "independientemente de los esfuerzos por adecuar las estructuras societarias, la gravedad de la situación descripta torna insuficiente el plazo previsto en el artículo 51 del Decreto N° 70/23".

Mientras el oficialismo se alzaba con la aprobación en el recinto del Senado de la ley Bases, en la madrugada de este jueves el Gobierno emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia declarando la emergencia pública ferroviaria y desde UP alertan por el “desguace” de trenes.

El DNU 525/2024 fue publicado en el Boletín Oficial y lleva las firmas del presidente de la Nación, Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la canciller, Diana Mondino; el ministro de Economía, Luis Caputo; el de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Seguridad, Patricia Bullrich; el de Salud, Mario Antonio Russo, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

La declaración de la emergencia ferroviaria se da horas después de la aprobación de la Ley Bases en el Senado que mantiene entre las empresas a concesionar al Belgrano Cargas y a la sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse).

La medida fue dispuesta por un plazo de dos años, prorrogable por única vez por el mismo período. Afecta a los servicios de transporte de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional, así como también a todas las actividades relacionadas con la administración y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y la operación de los servicios ferroviarios en la Red Ferroviaria Nacional.

Según se explica en los considerandos de la norma, luego de que la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) realizó la evaluación de desempeño del sistema ferroviario correspondiente al ejercicio anual 2023 "se evidencia la delicada situación en la que se encuentra inmerso el Sistema de Transporte Ferroviario Nacional".

En el informe de la CNRT detalla que “el mayor porcentaje de descarrilamientos se ha manifestado en el transporte ferroviario de cargas, y obedece en gran medida al estado de conservación en el que se encuentra la infraestructura”.

Además, señala que “en el transporte ferroviario de pasajeros, la degradación del mantenimiento de la infraestructura y del material rodante generan reducciones de velocidad de vía, con el consecuente aumento de tiempo de viaje, llegando en algunos casos, a determinarse la suspensión de los servicios”.

También advierte que “se ha registrado una ineficaz gestión y planificación de las contrataciones destinadas al mantenimiento del material rodante, lo cual ha conllevado, en la práctica, una sensible disminución de formaciones en servicio y por consiguiente una disminución en las frecuencias”, por consiguiente, “cualquier alteración en los planes de mantenimiento y/o inversiones, tiene implicancias directas en la prestación de los servicios ferroviarios”.

El decreto detalla que la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado “enfrenta una deuda heredada que condiciona la gestión operativa”.

A raíz de esta situación, el decreto establece que las empresas ferroviarias deberán presentarle a la Secretaría de Transporte de la Nación “una propuesta de medidas indispensables y urgentes a tomar, que resguarden la seguridad operativa de la prestación del servicio de transporte ferroviario de cargas y pasajeros”.

También “un esquema de priorización de obras, trabajos, capacitaciones y contrataciones, detallando una breve descripción de las mismas, plazo de ejecución, estimaciones presupuestarias, factibilidad de fuente de financiamiento, condiciones de mantenimiento y seguridad, como así también, en caso de ser necesario, las adecuaciones de las condiciones laborales de sus trabajadores" y "demás cuestiones que se consideren pertinentes a los efectos de revertir la situación de emergencia".

Transporte deberá "elaborar un plan de acción, dentro del término de los 15 días, con las medidas indispensables y urgentes a tomar, que resguarden la seguridad operativa de la prestación del servicio de transporte ferroviario de cargas y pasajeros".

Otro de los puntos del decreto establece que tanto la Secretaría de Transporte como las empresas ferroviarias "podrán dejar sin efecto los procedimientos de contratación" que "no se encontrasen perfeccionados y las contrataciones que no tuvieran principio de ejecución, como así también disponer, por razones de emergencia, la renegociación o, en su caso, rescisión de los contratos de cualquier tipo, dentro de las pautas establecidas por el presente decreto".

A fin de mejorar las condiciones de seguridad operativa, el Gobierno se comprometió a asignar un presupuesto adicional de un billón doscientos noventa y tres mil setecientos ochenta millones de pesos ($1.293.780.000.000) para el "fortalecimiento del sistema ferroviario nacional". Asimismo, se indicó que trescientos cincuenta mil millones de pesos ($350.000.000.000) “deberán imputarse en el presupuesto 2024”.

Al respecto, los diputados del bloque Unión por la Patria, Eugenia Alianiello y Eduardo Toniolli, alertaron del DNU en sus redes sociales.

"De espaldas al pueblo, mientras en el Senado se votaba a favor de las facultades delegadas y la entrega de nuestros recursos, el presidente festejó la represión y se fue de viaje. Hoy ya está publicado el primer paso para el desguace de los trenes que tanto nos costó recuperar", escribió Alianiello.

En el mismo sentido, su par de bancada apuntó: "Ayer, mientras el Senado aprobaba la privatización de las operadoras ferroviarias, el gobierno publicaba el DNU con el que pretenden generar las condiciones para ir más allá y liquidar hasta la infraestructura. Van por un segundo y definitivo ferrocidio".

A través del DNU 511/24, el Gobierno nacional dispuso una nueva modificación en la Ley de Ministerios, al traspasar un área de Cancillería a la órbita de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei.

De acuerdo a la medida publicada este lunes en el Boletín Oficial, la hermana del presidente absorberá en su área la Fundación Argentina para la Promoción de Inversiones y Comercio Internacional, que hasta ahora dependía del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

En los considerandos, el Poder Ejecutivo alegó la decisión en "razones de gestión" y sobre el uso del decreto de necesidad y urgencia señaló que "las modificaciones a la Ley de Ministerios resultan impostergables".

Este área, anteriormente "Fundación Exportar", tiene como objetivo la promoción de las exportaciones y las inversiones en el país, “acompañando a las PyMEs en su salida al mundo y facilitando proyectos de inversión productiva a lo largo del territorio nacional”.

El último cambio a la Ley de Ministerios fue a través del DNU 484/24, cuando se eliminó el Ministerio del Interior, a raíz del ascenso de Guillermo Francos como jefe de Gabinete.

Los diputados nacionales Fernando Carbajal (UCR), Margarita Stolbizer (Hacemos Coalición Federal) y Carla Carrizo (UCR) le enviaron una nota al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, para que en la próxima reunión incluya cuatro proyectos referidos a la modificación de la Ley 26.122 de DNU.

“Hay que modificar la horrible ley aprobada por los K y poner límites al Presidente. Al actual, y los que vengan en el futuro. Necesitamos Más República”, manifestó en sus redes Carbajal.

Pedimos con @Stolbizer @CarlaCarrizoAR que la Comision de Asuntos constitucionales analice la reforma de la Ley 26122 de DNU. Hay que modificar la horrible ley aprobada por los K y poner límites al Presidente. Al actual,y los que vengan en el futuro. Necesitamos Mas República pic.twitter.com/Rn2A0VckKD

— Fernando Carbajal (@FCarbajal2021) May 30, 2024

La nota solicita en los términos del artículo 109 del reglamento interno de la Cámara baja que se incluya en el temario de la próxima reunión los proyectos referidos sobre la modificación del Régimen legal de los DNU, delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes, cuyos expedientes son uno de Stolbizer, otro de Oscar Agosto Carreño, uno de Mónica Litza (UP) y otro del radical Pablo Juliano.

Mediante el DNU 459/24, el Gobierno nacional amplió en la suma de 35 billones de pesos, o su equivalente en otras monedas, la autorización para emitir Letras del Tesoro reembolsables durante este año.

En los considerandos, el Ejecutivo señaló que la decisión es "en el marco de una estrategia de reducción de emisión monetaria vía rotación de Pases a Letras del Tesoro" por la cual "resulta necesario realizar una adecuación" del monto que había sido determinado anteriormente en el artículo 8 del decreto 280/24.

Además, se autoriza al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera a emitir instrumentos de deuda pública "hasta alcanzar un importe máximo en circulación" de 30 billones de pesos.

Esto último será "para afrontar las emisiones por renovación de vencimientos que se produzcan durante el final del ejercicio 2024 y cuyo vencimiento supere el ejercicio fiscal corriente y sea menor a los 90 días".

El DNU lleva las firmas del presidente Javier Milei y todo su Gabinete. "La naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes", justificó el Gobierno.

El Gobierno nacional traspasó este viernes el área dedicada a la protección contra la violencia de género al Ministerio de Justicia, a través del DNU 450/24 publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y todo su Gabinete.

En los considerandos se señaló que "razones de gestión tornan menester asignar la competencia relacionada con el desarrollo de las acciones en materia de prevención y erradicación de la violencia por razones de género y de asistencia integral a las víctimas del Ministerio de Capital Humano al Ministerio de Justicia".

"La medida propuesta resulta impostergable para la gestión del gobierno", se agregó y, de esta manera, se establece entre las competencias de la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona: "Entender en el desarrollo de las acciones tendientes al cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención y erradicación de la violencia por razones de género y de asistencia integral a las víctimas en todos sus ámbitos de actuación".

También, el Ministerio podrá "entender en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas orientadas al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional en materia de políticas de género, igualdad y diversidad, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y demás áreas de la Administración Pública con competencia en la materia”.

Al asumir el gobierno de Milei, el exMinisterio de Mujeres, Géneros y Diversidad, creado bajo la gestión de Alberto Fernández, fue degradado a subsecretaría -dedicada solo a la cuestión de la violencia- dentro del Ministerio de Capital Humano, a cargo actualmente de Claudia Barcia.

La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, a cargo del senador riojano Juan Carlos Pagotto (LLA), se reunió este jueves en el Salón Arturo Illia para darle tratamiento a 67 decretos de necesidad y urgencia con objeto cumplido de la gestión presidencial de Alberto Fernández y dos de Javier Milei.

En el inicio del encuentro, el titular de la comisión anunció que, desde presidencia, comunicaron la sustitución del senador formoseño Francisco Paoltroni por la puntana Ivanna Arrascaeta, luego de la polémica frase que lanzó el libertario en el encuentro anterior.

Sobre el DNU 841 que establece una asignación remunerativa por única vez a trabajadores en relación de dependencia del sector privado, el diputado Hernán Lombardi (Pro) expresó su rechazo en nombre del bloque porque “hay que dejar el antecedente que es una mala forma de generar asignación de recursos habiendo paritarias libres en el país”.

El secretario de la comisión, el chaqueño radical Víctor Zimmerman, aclaró que “cuando se norme cuestiones parecidas ej cuestiones presupuestarias, declaro validez en los dos decretaos independientemente de la gestión porque es un camino para tener lógica”. Lombardi adhirió a las palabras del senador preopinante y remarcó que “es bueno darles coherencia y consistencia a sucesivas administraciones”.

Al pedir la palabra, la diputada Vanesa Siley (UP) se refirió a los 67 DNU y afirmó que desde su bloque “mantiene la coherencia de los 20 votados en la reunión anterior” y explicó que “tienen su efecto cumplido por lo que no arrastran sus efectos en la actualidad y tienen carácter de abstractos. Vamos a emitir dictamen en ese sentido”, pero adelantó el rechazo a la modificación de la Ley de Ministerios del DNU 008/2023: “Vamos a plantear la invalidez. La actual gestión de Milei prácticamente desguazó una estructura de políticas públicas pasando de 19 ministerios a 9, pero más allá de lo ornamental, lo que nos interesa remarcar es nuestra postura respecto de esos cambios”.

“Por nuestra postura ideológica no estamos en contra de que desaparezca la política pública de educación y no es nuestro bloque nada más. Vamos a rechazar el desfinanciamiento universitario que viene de la mano de la eliminación del Ministerio de Educación, así como la eliminación del FONID, la compra nacional de libros, entre otros. El vaciamiento del Ministerio de Cultura, los despidos en la biblioteca nacional”, explayó y cerró: “Vamos a declarar la invalidez de 008/23 y el 021/23”.

Sobre los mismos decretos se refirió el diputado radical Francisco Monti (Catamarca) y expresó: “Tenemos una mirada propia de las políticas públicas, pero no implica una convalidación de la orden de prioridades que tenga el Gobierno en la aplicación de políticas públicas”.

“No es necesario para defender la educación pública la distinción de si tiene que ser ministerio o secretaría. Los problemas de fondo no radican en la denominación porque en la Argentina se han cerrado las escuelas con Ministerio de Educación”, le enrostró Monti y apuntó: “Hubo un proceso de destrucción de la educación y la escuela pública producida por los gobiernos populistas. No confundamos la función estatal con la denominación de los órganos”.

A su turno, la diputada entrerriana Carolina Gaillard (UP) apuntó contra Milei: “No nos va la hipocresía y el discurso hipócrita de un presidente que habla de la casta y no para de subir rangos de ministerios. Hoy tenemos más ministros que ministerios. Hay que empezar a hablar con la verdad y dejar de aumentar el gasto en remuneraciones y que cada vez más secretarios tengan rango de ministros”.

“Hay que fortalecer al Estado, no destruirlo y el gobierno de Milei lo único que le interesa es el superávit y el déficit cero a costa de no pagar las otras cuentas mientras la gente se está muriendo de hambre, siguen aumentando las prepagas, etc. Hay un doble discurso en el Gobierno nacional porque para algunas cosas no hay recursos y para otras si”, criticó.

Respecto del DNU 21/23 del Procurador del Tesoro de la Nación, Gaillard aclaró: “Vamos a declarar la invalidez porque no pueden legislarse para casos particulares. El Dr. Barra excedía la edad de lo que previa la ley y va en contra de la Ley de Procedimiento Administrativo y no es legal hacer una norma par aun caso determinado”.

Tras el ascenso del vocero presidencial, Manuel Adorni, el Gobierno nacional oficializó este viernes el rango de ministro del secretario de Prensa, Eduardo Serenellini.

La modificación a la Ley de Ministerios se realizó mediante el decreto de necesidad y urgencia 337/2024, publicado en el Boletín Oficial.

Al fundamentar la decisión, que tendrá impacto económico en el sueldo del funcionario, el Ejecutivo señaló que "resulta necesario adecuar el rango y jerarquía del titular de la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la Nación".

"La medida propuesta resulta impostergable para la gestión del Gobierno", se agregó en los considerandos del DNU que lleva las firmas del presidente Javier Milei y su gabinete.

En vísperas de una nueva reunión de la Comisión de Previsión Social de la Cámara baja, prevista para este martes a las 16, los diputados de Unión por la Patria insistieron este sábado en dictaminar y tratar la cuestión previsional en el recinto de manera “urgente”.

Así lo hicieron saber, al difundir a su vez la presentación de un proyecto de ley propio para mejorar las jubilaciones y pensiones.

Los legisladores de la principal oposición destacaron que mientras se estaba trabajando en la Cámara baja para construir una nueva fórmula, el Gobierno emitió un DNU que estableció una nueva fórmula para pagarles a los jubilados. “Atropellando una vez más las facultades del Congreso”, remarcaron los miembros de UP. En ese sentido sostienen que “con la nueva fórmula impuesta, el Gobierno quiere no solo ponerle un piso a las jubilaciones sino también un techo”.

Los diputados del bloque que conduce Germán Martínez advirtieron que, al ajustar las jubilaciones por inflación, “se busca mantener constante el poder adquisitivo de los haberes hasta perpetuidad en uno de los niveles más bajos de la historia”.

Al respecto resaltaron que la jubilación mínima acumula una caída del 16% desde noviembre y la jubilación media más del 20%. “Dos pesos de cada cinco de motosierra durante los primeros meses del año recayeron sobre nuestros jubilados y jubiladas”, detallaron.

A juicio de los diputados de UP, “el Gobierno quiere eternizar estas jubilaciones de miseria, dejando a nuestros abuelos y abuelas por fuera del ciclo económico: no importa si en algún momento el salario crece o la economía se recupera, ellos seguirán cobrando lo mismo de hoy”.

En ese marco es que presentaron un proyecto de ley para compensar la situación del sector previsional. A través de un comunicado, señalaron que “desde Unión por la Patria entendemos la necesidad del contexto de incluir un componente inflacionario en la fórmula para que los jubilados no sigan perdiendo poder de compra. Pero ese debe ser solo un piso”.

“A la vez, no podemos permitir que se consolide la pérdida de estos meses, ni tampoco que los jubilados queden por fuera de cualquier crecimiento posible en el futuro”, agregan.

El proyecto de UP incluye, en primer lugar, un aumento de única vez del 30% para todas las prestaciones de forma tal de compensar lo perdido en los últimos meses. La iniciativa establece que las jubilaciones se irán actualizando mensualmente por inflación a modo de adelanto de la fórmula trimestral que continuaría vigente. Es decir que en marzo, junio, septiembre y diciembre, se compararán los aumentos otorgados por inflación con lo que hubiera dado la fórmula jubilatoria (recaudación tributaria ANSeS y salarios). En caso de que la fórmula implique un aumento mayor, se otorgará la diferencia.

Según el proyecto que lleva las firmas de Germán Martínez, Ricardo Herrera, Constanza Alonso, Carlos Castagneto, Ramiro Fernández Patri, Itai Hagman, Carlos Heller, Gisela Marziotta, Cecilia Moreau, Sergio Palazzo, Paula Penacca, Ariel Rauschenberger, Julia Strada, Pablo Todero y Victoria Tolosa Paz, las asignaciones familiares también van a estar protegidas: tendrán incrementos mensuales por IPC a cuenta de la movilidad y un aumento garantizado cada 3 meses según la fórmula.

Por último, el proyecto de Unión por la Patria “prohíbe tajantemente el desdoblamiento del pago de jubilaciones”, tal como dispuso el Gobierno para el mes de abril.

En ese marco, desde UP consideran “factible y necesario que el próximo martes ya pueda dictaminarse para comenzar cuanto antes la recuperación de nuestros abuelos y abuelas”.

Tal como anticipara su intención el oficialismo cuando se puso en marcha la Bicameral de Trámite Legislativo, en medio de los cuestionamientos por el DNU 70/23 de Javier Milei, la comisión presidida por el senador libertario Juan Carlos Pagotto tratará decretos de necesidad y urgencia de gestiones pasadas.

La reunión fue convocada para este jueves, a las 15.30 en el Salón Illia del Senado, y el temario incluye una veintena de DNU "pendientes con objeto cumplido" de la gestión de Mauricio Macri (2015-2019) y de Alberto Fernández (2019-2023).

Entre los decretos de la gestión Cambiemos, figuran sobre hidrocarburos, deuda pública, modificación presupuestaria, la creación de la Agencia Nacional de Protección a Testigos -que después fue derogada por un decreto de Alberto Fernández-, y hasta el otorgamiento de un bono de 5.000 pesos a trabajadores del sector privado, firmado el 9 de octubre de 2019.

En tanto, entre los DNU del gobierno del Frente de Todos hay también sobre deuda y presupuesto; derechos de exportación y emergencia pública en materia ocupacional. El listado incluye el decreto 522/20, por el cual se dispuso la intervención de Vicentin, que después fue derogado por otro decreto.

El deseo de tratar decretos pendientes no era sólo de La Libertad Avanza, sino también del resto de los bloques de la oposición no K. Uno de los que más fuertemente pidió hacer un tratamiento "por orden cronológico" fue el diputado del Pro Hernán Lombardi.

Cuando se constituyó en febrero pasado, la Bicameral de Trámite Legislativo llevaba más de un año y medio sin reunirse y más de dos años sin dictaminar sobre ningún decreto.

Ante los aumentos desmedidos que viene haciendo la medicina prepaga luego de la aplicación del DNU 70/23 que las habilitó a llevar a cabo los incrementos en sus cuotas, el ministro de Economía, Luis Caputo, apuntó: “Le están declarando la guerra a la clase media”, y afirmó: “Nosotros desde el gobierno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media”. La oposición le salió al cruce y le enrostró que es consecuencia del decreto.

El jefe del bloque radical en Diputados, el cordobés Rodrigo de Loredo, recordó las advertencias que habían hecho a fin de año pasado. Lo hizo con un fragmento de una entrevista de diciembre último. “ministro, advertimos que no había que cambiar una corporación por otra. Les tendió la mano invisible, le contestaron con el puño cerrado del oligopolio”, señaló.

Su par de bloque el mendocino Julio Cobos expresó: “No sólo las prepagas están horadando fuertemente a la clase media, ministro: las tarifas de luz, agua y gas, la eventual restitución de ganancias a la cuarta categoría, el repelente para mosquitos con precios escandalosos”.

“Se entiende la necesidad de reordenar la macroeconomía y es meritorio la baja del riesgo país y la estabilidad en el precio del dólar, pero es difícil de entender una considerable y llamativa inflación en dólares”, agregó Cobos y cerró: “Recuperar las variables macroeconómicas es condición necesaria, pero no suficiente si no se traslada a la recuperación del poder adquisitivo. Para lo cual un Estado presente es primordial, sobre todo para evitar abusos circunstanciales y que la gente se sienta protegida”.

1º acto: el gobierno de @JMilei libera las restricciones de precios de las prepagas en el DNU 70/2023
2º acto: las prepagas aumentan todos los meses y cada vez más familias se dan de baja de los planes de medicina privada
3º acto: el gobierno se “solidariza” pero no anuncia una… https://t.co/XVPqtUXtZl

— Martín Lousteau (@GugaLusto) April 8, 2024

La diputada de UP Vanesa Siley le remarcó que “la entrega de los usuarios de medicina prepaga a la voracidad de las empresas del sector es consecuencia del DNU 70/2023 del gobierno de Javier Milei”, y precisó que el DNU derogó el art. 5 Inc. g) y eliminó dos párrafos fundamentales del Art. 17 de la ley 26.682 que limitaban los aumentos de las cuotas; el decreto 743/2022 que establecía topes a los aumentos de los aranceles y cerró: “Son las propias empresas de medicina prepaga las que comunican sus aumentos justificando sus decisiones en el DNU 70/2023”.

Si realmente queremos defender a la sociedad del abuso de precios por parte de las empresas alimenticias, prepagas, mercado inmobiliario y tarjetas de crédito, los diputados y diputadas nacionales debemos rechazar el DNU 70/2023 como ya se hizo en el Senado de la Nación. pic.twitter.com/RGgBXpGhG3

— Vanesa Siley (@Vsiley) April 8, 2024

Las habilitan en el DNU Ministro!🙈 https://t.co/XTu7ASuINB pic.twitter.com/0eAIMV2aNn

— Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) April 8, 2024

"El 20 de diciembre, por cadena nacional, liberaron las restricciones de precios de las prepagas. Ustedes, como Poder Ejecutivo Nacional, con una sola firma pueden derogar el DNU 70/2023. Deje de ser tan hipócrita", le recordó la diputada Cecilia Moreau. En tanto, su par Itaí Hagman ironizó: "¿Quién habrá sido el turro que sacó un DNU desregulando el sector?".

La entrerriana Carolina Gaillard escribió: "Ustedes habilitaron la suba indiscriminada de los precios de las prepagas cuando desregularon la actividad con el DNU70/2023 que terminó con el control que hacía el estado de los montos que las mismas podían cobrar. No sean cínicos".

"De verdad!!!! Las prepagas hacen lo que quieren gracias al DNU que usted y el presidente pusieron en vigencia. No sea Hipócrita. La forma de defender a la clase media es parar con el ajuste", expresó el mendocino Martín Aveiro.

El santafecino socialista Esteban Paulón posteó: "Hola Toto, los aumentos desmedidos de las prepagas, alquileres y tarifas son una casi exclusiva responsabilidad de tu gobierno encabezado por Javier Milei. En el DNU que tenemos que derogar se habilitan estos abusos Del único aumento de precio que nos defendes es del de los salarios".

La exdiputada nacional y actual legisladora porteña Graciela Ocaña apuntó: "Ministro, sus contradicciones son muy graves. ¡Parece que nos está cargando! Primero firma una cosa y luego, cuando ven el desastre que generan, se desdicen. En diciembre, cuando usted firmó el DNU 70/2023 le advertimos que, sin ninguna regulación, las cuatro empresas que controlan el mercado de salud iban aumentar desproporcionadamente, sin que esto impacte en mejoras para los profesionales de salud ni sus afiliados. El desastre kirchnerista no se resuelve tomando medidas improvisadas".

"Desde la CC-ARI denunciamos en enero a las prepagas por constituir un cartel y abusar de esa posición. Tarde, el Gobierno está tomando nota de lo que le pasa a la sociedad. Las prepagas se aprovecharon y aumentaron coordinadamente sus precios muy por encima de la inflación. Tenemos la oportunidad histórica de redimir a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y dar un mensaje claro a todo el corporativismo argentino: no hay lugar para los abusos y los carteles. Queremos cuidar a las personas. Acá se necesita revisar lo hecho y regular de forma adecuada", contó el legislador porteño Hernán Reyes.

Las empresas de medicina prepaga aumentaron sus tarifas un alarmante 153%.

Eso lo permitió el DNU 70/2023 que dictó el gobierno nacional. Dándole rienda suelta a la medicina prepaga y a todos los mercados, terminaron perjudicando a los argentinos y a las argentinas.

Ahora,… https://t.co/F5bSubeSBe pic.twitter.com/35HbGdmQFt

— Alberto Fernández (@alferdez) April 8, 2024

Aunque mucho de lo que muestra no es enteramente real, sino más bien parte de la construcción del personaje que ha forjado a través de su breve carrera hasta la presidencia de la Nación, Javier Milei es muy cristalino en muchos aspectos. Bastaría con citar la sinceridad brutal con la que se expresó en su campaña, confirmada en los hechos en el marco de la gestión, contrariando las enseñanzas de su admirado Carlos Menem -“si hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaba nadie”-, pero la verdad es que el presidente es bastante gráfico por ejemplo en sus preferencias.

Lejos está de ser Milei un “todoterreno” en materia política. Durante su paso por el Congreso, quedó claro que la actividad legislativa no es de su interés. En la gestión, los temas que le interesan realmente y a los que les pone el cuerpo son economía y seguridad. Por eso su diálogo permanente es con Luis “Toto” Caputo y Patricia Bullrich.

No quiere decir que no hable con otros; con Sandra Pettovello su relación es muy estrecha, más no se mete en su cartera. La rosca política se la deja a Guillermo Francos. No hay nada que abura más al presidente.

Obviamente el expertise de Milei pasa por la economía; ahí opina e interviene, si cabe. También escucha. En materia de seguridad es más lo que escucha que lo que ordena, pero se involucra especialmente. Tiene sentido en alguien tan dependiente de la opinión pública: todas las encuestas ubican a la economía y la seguridad en los primeros lugares de la preocupación ciudadana.

El resto de los temas le son bastante ajenos. Y de hecho, su administración prefiere no hacerse cargo de cuestiones tales como la salud y la educación. Les compete a las provincias, dice para desligarse de esos temas. Pasó esta última semana con el dengue, cuando por fin se le conoció la voz al ministro Mario Russo, quien en lugar de calzarse el traje de sanitarista, se puso el de libertario, emprendiéndola contra los laboratorios, los medios y la casta… Su principal sugerencia en la materia terminó siendo evitar los pantalones cortos como método de prevención.

Para explicar qué hacer ante esta emergencia, los medios seguirán convocando a Fernán Quirós.

De más está decir que otra característica saliente de esta gestión es desligarse de las culpas. Incluso cuando no cumple una promesa, como la de dolarizar, cosa que endilgó a los políticos que -aseguró esta semana a la agencia Bloomberg- en caso de haberlo hecho lo hubieran acusado de “negocio turbio” y él terminaba en la cárcel. Eso sí, de haberlo hecho, garantizó que “la estrategia hubiera funcionado a la perfección”.

La entrevista de Javier Milei con Bloomberg.

En esa misma entrevista reconoció que “los salarios son miserables”. Pero no es culpa de su gobierno, afirmó, sino de los “20 años de populismo”.

Pero volvamos a sus preferencias; citamos dos, vale sumar otra: las relaciones exteriores. Milei no ha participado aún de cumbres internacionales y ha salido poco del país, pero el alineamiento que quiere para la Argentina está muy claro y, sobre todo, lo obsesiona su proyección internacional. Dejando de lado la economía, pocas cosas lo entusiasman más que el atractivo que su figura genera en el exterior. Incluso en sus detractores; el rechazo lo retroalimenta.

Por eso su cierre de esta semana corta, con dos encuentros con la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson. Incluida la sobreactuación del jueves, cuando decidió viajar a Ushuaia para reparar el desplante del gobernador Gustavo Melella que no solo no recibió a su encumbrada visitante, sino que la calificó como “persona no grata”.

Más allá de eso, Milei dejó claro en su discurso que quiere convertirse fronteras afuera en un adalid de “las ideas de la libertad”. Ya había arrancado con eso en Davos.

Defensa tampoco es lo suyo. De hecho, en tiempos de campaña delegó ese área en su compañera de fórmula, aunque al llegar al poder cambió de parecer. Así y todo ve allí a un electorado que considera propio y hace lo necesario para mantenerlo. Al encabezar los actos por Malvinas, el presidente arrancó la semana ponderando a los militares, incluso por sobre la política, todo un signo de los nuevos vientos que corren. “La política los hostigó y humilló”, dijo, de ahí que le pidiera a la sociedad “reconciliarse” con los uniformados. Y terminó la semana calzándose el uniforme para confirmar su fuerte alineamiento internacional con Estados Unidos -más allá de los riesgos que pueda tener en la relación con China-.

El Pacto de Mayo 

Faltando menos de 50 días para suscribir en la Docta el acuerdo sobre 10 políticas de Estado, pareciera que todo está aún por hacerse. La condición sine qua non que Milei estableció para que exista el Pacto de Mayo es la aprobación de la ley de Bases y el paquete fiscal. El debate sobre ambos temas aún no se ha reiniciado oficialmente, aunque sí han avanzado las negociaciones a puertas cerradas para garantizar que no pase lo del verano.

En la agenda de comisiones conocida para esta semana hay 17 reuniones previstas, pero ninguna de ellas para reanudar ese debate. La explicación que algunas fuentes dan es que ahora solo se necesita asegurar los votos en el recinto, y para eso toda la atención está en la confección del texto. No quieren reiniciar el debate en comisiones sin eso definido, de ahí que se tomen todo el tiempo posible y eso implicaría que la búsqueda del dictamen quede para la semana siguiente, cuestión de ir al recinto entre el 22 y el 26 de abril.

Pero los mismos que hacen esa interpretación no descartan otra intención que preocupa. Conocedora del paño, una fuente equidistante de las partes, advirtió que lo que más le importa al Gobierno es el DNU 70/23. Mientras el mismo esté vigente, “no necesitan más”. Salvo algunos sectores, que esperan la nueva ley de hidrocarburos, la realidad es que “no hay ninguna ley que este año sea de vida o muerte para Milei”. Así las cosas, una interpretación que muchos se hacen es la de que el presidente juega un juego extraño, pero curiosamente “eficaz” para sus intereses: si le aprueban la ley, bien; si eso no sucede, contribuirá para instalar la idea de que Milei es un outsider al que la casta no le aprueba ninguna iniciativa. Razón de más para votarlo en las próximas legislativas, cuestión de “echar del Congreso a aquellos parásitos que complican la gestión y darle las herramientas que necesita para gobernar”, tal la jerga libertaria.

Esa estrategia se desmoronaría si Diputados le voltea el DNU. Cosa difícil, por cuanto un sector del bloque de Pichetto y la mayoría del radicalismo se resisten a hacerlo, para no quedar como “conspiradores”. Pero tampoco es que falten tantos votos para llegar al número necesario, y dependerá de que el humor social no cambie.

¿Y la Corte Suprema? Los dirigentes consultados por este medio descartaron que el Tribunal Superior vaya a expedirse sobre el mega decreto, pues siguen pensando que ese es un tema que debe resolver la política. “Si el Senado ya resolvió la mitad, ¿para qué se van a meter?”, razonó una fuente consultada.

En este marco, el Gobierno da la sensación de garantizar sus objetivos con muy poquito. “Con un litro de nafta”, graficó un experimentado exdiputado nacional. Que agregó, como dato clave: “Asentado en el fracaso del resto de la política”.

Atentos a esa posibilidad de que el Gobierno solo esté esperando una excusa para patear el tablero, los gobernadores que siguen autopercibiéndose de Juntos por el Cambio y fueron el jueves a la Casa Rosada, manifestaron su intención de acompañar el proyecto de ley de Bases. Como eso se dijo de entrada, sirvió para distender el ambiente de una charla que no se extendió demasiado. Uno de los temas más ríspidos está en el paquete fiscal y es la vuelta del impuesto a las Ganancias. Muy resistido por los gobernadores patagónicos, más los de Santa Fe y Córdoba. La llave de la solución estaría en la elevación del mínimo no imponible, que el Gobierno quiere llevar a $1.200.000. El resto de la solución pasaría por la continuidad de la obra pública. El Gobierno estaría dispuesto a rever su postura de frenar todo, dándole luz verde a aquellas que cuenten con financiamiento y aun algunas que no lo tienen, pero están muy avanzadas.

Mientras tanto, desde la oposición siguen dándole señales a un gobierno que así no debería romper puentes con la oposición amigable. Los senadores radicales -aquella mayoría que no siguió al presidente de su partido que votó en contra del DNU- presentaron esta última semana un proyecto para declarar a la educación como servicio público esencial. La iniciativa va en línea precisamente con lo que establecía el mega DNU (en su artículo 97) y que la Cámara del Trabajo declaró inconstitucional a instancias de un amparo cegetista, y muestra la disposición que existe de una parte de la oposición dialoguista para garantizar su aprobación en el recinto.