Mercedes Llano presentó un proyecto para modificar la Ley de Educación Superior con el objetivo de reinstaurar la periodicidad de las cátedras y elevar del 70 al 90% el piso de cargos cubiertos por concurso en las universidades nacionales. La iniciativa cuestiona el actual sistema de evaluaciones internas para la permanencia docente.
La diputada nacional de La Libertad Avanza Mercedes Llano presentó un proyecto de ley para reformar el artículo 51 de la Ley de Educación Superior y establecer que todos los docentes universitarios designados por concurso deban revalidar sus cargos cada cuatro años mediante nuevos concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición. Asimismo, propone elevar del 70 al 90% el porcentaje mínimo de profesores concursados que deben integrar las plantas docentes de las universidades nacionales.
La iniciativa busca modificar uno de los aspectos más sensibles de la carrera académica universitaria y se fundamenta en una fuerte reivindicación de los principios de la Reforma Universitaria de 1918. Según el texto, el actual sistema habría abandonado el concepto de “periodicidad de la cátedra”, reemplazándolo por mecanismos de evaluación interna que permiten la continuidad de los docentes sin necesidad de competir nuevamente con postulantes externos.
El proyecto establece que el ingreso a la carrera académica continuará realizándose mediante concursos públicos, pero agrega que esos concursos tendrán una vigencia de cuatro años “en todos los supuestos”. Una vez vencido ese plazo, el cargo deberá volver a concursarse, permitiendo que el profesor saliente compita nuevamente en igualdad de condiciones con otros aspirantes. Además, dispone que al menos el 90% de los docentes de cada universidad hayan accedido a sus puestos por concurso.
En los extensos fundamentos que acompañan la iniciativa, Llano sostiene que la periodicidad de las cátedras fue uno de los pilares centrales de la Reforma Universitaria y argumenta que, con el tiempo, ese principio fue desplazado por sistemas de evaluación de desempeño que privilegian la continuidad de quienes ya ocupan los cargos. La legisladora afirma que actualmente el concurso se utiliza principalmente para el ingreso inicial, mientras que la permanencia suele resolverse mediante procesos internos de evaluación.
La autora también cuestiona el Convenio Colectivo de Trabajo para los docentes universitarios homologado en 2015. Según el proyecto, ese acuerdo profundizó la sustitución de los concursos periódicos por evaluaciones de desempeño y permitió incorporar a la carrera docente a numerosos interinos con años de antigüedad sin atravesar instancias de competencia abierta.
Entre sus argumentos, Llano sostiene que el piso legal vigente del 70% de docentes concursados no se cumple en gran parte del sistema universitario y cita estudios académicos y documentos gremiales que, según señala, muestran un elevado porcentaje de profesores no regulares o interinos en distintas universidades nacionales.
La iniciativa de la diputada Llano, quien fue becaria posdoctoral del CONICET entre 2016 y 2019, incorpora además referencias a experiencias internacionales. Los fundamentos mencionan los sistemas universitarios de Uruguay y España como ejemplos de modelos que contemplan límites temporales a las designaciones o mecanismos rigurosos de acreditación para garantizar la renovación y la competencia académica. Asimismo, cita investigaciones que vinculan la endogamia académica con menores niveles de productividad científica.
Desde la perspectiva de la diputada mendocina, la reforma no vulnera la autonomía universitaria, ya que el Congreso posee facultades para establecer las bases generales de la educación superior. En esa línea, argumenta que el principio de idoneidad para el acceso al empleo público debe verificarse periódicamente mediante concursos abiertos y no quedar sujeto exclusivamente a mecanismos internos de evaluación.