Con media sanción del Senado tras ser aprobado por 37 votos a favor y 31 en contra el pasado 12 de mayo, la Comisión de Legislación General, que preside la oficialista Cecilia Moreau, comenzó este miércoles el tratamiento del proyecto para crear un fondo para pagarle al FMI con dólares fugados que fue impulsado por el neuquino Oscar Parrilli.

La reunión se llevó a cabo en el Anexo “C” de la Cámara alta y contó con la disertación de los especialistas Eduardo Barcesat, Noemí Brenta, Pablo Manzanelli, Horacio Rovelli, Mercedes Dalessandro, Andrés Edelstein y Guido Lorenzo.

Abrió la ronda de expositores el constitucionalista Eduardo Barcesat, quien se refrió al preámbulo de la Constitución Nacional que expresa “promover el bienestar general” porque “una Nación que ostenta, como la Argentina, una deuda externa de una magnitud equivalente al PBI evidentemente no está en condiciones materiales satisfactorias para promover el bienestar general de la Nación”.

Por otro lado, hizo alusión al artículo 75 de la norma superior que refiere a las actividades del Congreso y recordó el inciso 4 que “faculta al Poder Legislativo a contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación y más específico su inciso 7 establece el proceder a arreglar el pago de la deuda interior y exterior”.

“Recalco esto porque es menester que en la Convención Constituyente del año 94’ no es que estos incisos fueron intocados, sino que fueron revalidados. Las fuerzas políticas mayoritarias y otras apoyaron mantener en cabeza del Poder Legislativo de la Nación esas facultades”, explicó.

También señaló que dicha invocación sirve para “desmantelar algunas propuestas semánticas que expresaron en el Senado que buscaron bautizar esta norma como de ‘blanqueo’, o que es una norma penal o tributaria, creo que la norma no tiene otro nombre de la de su finalidad que es proceder el arreglo de la deuda externa aportando un criterio particular para ese arreglo y por ello la necesidad de una nueva ley”, respaldó Barcesat.

En suma, remarcó que dichas facultades “son indelegables conforme lo establece el artículo 76 de la C.N dado que la materia de administración puede provocar delegación y corresponden como tarea central a este Congreso proceder a ese arreglo de la deuda externa”.

Respecto del proyecto, cuestionó el artículo 25 que sostiene “que el ministro de Economía disponga respecto de la deuda externa, es decir contraer empréstitos”, y señaló que “esto es un error porque no esta facultado para contraer nada, los que disponen son ustedes, el Congreso  a través de la Comisión Bicameral, pero la competencia constitucional es de este Congreso de la Nación, el ministro de Economía es un empleado del Poder Ejecutivo y está sujeto a  las decisiones que tome el Congreso de la Nación”.

Sobre los fundamentos, consideró que “la mención más valiosa es la de los artículos 1 y 2 de ambos Pactos Internacionales de Naciones Unidas que tienen la particularidad de iniciar con la misma cláusula” porque “es expresión de la conciencia jurídica de la humanidad de buscar que el derecho de la auto libre determinación de la independencia económica de los estados y la titularidad de los pueblos sobre el conjunto de sus riquezas  y recursos naturales adquiera un énfasis o relieve particular, de manera que, todo aquello que provenga de la explotación de riquezas y recursos naturales, debe atender a esta designación que hace la norma del derecho internacional de los derechos humanos, que la titularidad es de los pueblos y de ahí los derechos de poder gravar, de poder exigir, el derecho de poder regular respecto de lo que resulta de esa explotación de riqueza  de titularidad de los pueblos”.

“La Argentina ha ratificado tanto a nivel nacional e internacional los protocolos facultativos de los Pactos Internacionales que son las normas de mayor jerarquía de los derechos internacionales de los derechos humanos y son vinculantes para la órbita de los 124 estados que forman Nacionales Unidas, frente a esta normativa es difícil que se pueda imponer otra norma”, agregó el constitucionalista.

Entre los protocolos facultativos de la Convención Interamericana, resaltó la resolución que “establece dos recomendaciones: una de ellas refiere a la deuda externa donde los expertos aconsejan suspender los pagos de la deuda externa en tanto la vigencia de la pandemia y buscar aliviar el peso para poder atender la crisis que provocó la pandemia y se acrecienta con un conflicto bélico que tiene impacto en la humanidad toda”.

“Cuidar el tema de los pagos de la deuda externa subordinarnos a superar la situación de excepcionalidad, primero por la pandemia que prosigue y segundo por la situación de conflicto bélico que afecta a la humanidad y lo estamos padeciendo. Esto no puede escapar de la premisa del preámbulo”, señaló Barcesat y sumó: “Poner contribuciones excepcionales que duren el tiempo de la necesidad para que pueda atenderse a estos valores supremos de la vida, la salud y la integridad personal”.

Por último, informó que hay proyectos para crear una Convención Internacional de prevención y sanción de la fuga de capitales que calificó como “crimen económico contra la humanidad de jurisdicción universal e imprescriptible. Es una iniciativa poder impulsar una Convención para prevenir esa sangría de la riqueza de los pueblos del continente en beneficio de ese capitalismo financiero que financia los peores crímenes de la humanidad”, y resaltó que el proyecto oficialista está respaldado por los Pactos Internacionales.

A su turno el contador público y especialista en finanzas, Andrés Edelstein, respecto al proyecto en general consideró que “la finalidad que tiene es evidentemente una decisión de ámbito político”, y precisó que “algunos de sus lineamientos tienen que ver con los medios elegidos de dotar de recursos a este Fondo que se pretende crear y esos medios elegidos es lo que se denomina ‘pago’ en el proyecto, ‘aporte especial’ en el proyecto original”, y opinó que “no es más que un régimen de exteriorización o de normalización a un blanqueo, más allá que el término no suene bien o tenga alguna connotación negativa, ese mecanismo genera los principales reparos”.

Además, indicó que “una medida de estas características puede tener cuestiones de oportunidad, mérito o conveniencia y tiene sentido ser analizados”. En cuanto a la oportunidad, explicó que “tratándose de un régimen de exteriorización especial, normalmente se dan estos regímenes cuando se dan circunstancias extraordinarias que se dan por un deseo de generar inversiones que no pueden realizarse por existir una masa de recursos no declarados, o la otra es cuando la percepción del riesgo de quienes tienen bienes no declarados es tan levada que tiene sentido un régimen de estas características porque va a permitir una adhesión de estas características porque va a permitir una adhesión masiva, pero no es lo que está ocurriendo en el contexto actual en cuanto a la oportunidad de estas características”.

Sobre el mérito, señaló que “si tiene en cuenta la dimensión de la deuda con el FMI a la luz de lo que se permitió exteriorizar, cualquiera de los regímenes anteriores de exteriorización ve que es una tarea titánica y por ende duda bastante de la eficacia de este mecanismo para cancelar la deuda con el Fondo”.

En cuanto a la conveniencia de la figura, Edelstein precisó que “es una relación de costo- beneficio en ese caso este régimen de exteriorización sería el quinto registro de estas características que se crea en los últimos 14 años. Es un desincentivo más para los contribuyentes cumplidores dada la recurrencia de este tipo de regímenes excepcionales”.

Sobre aspectos puntuales de la iniciativa, destacó las adecuaciones que fueron introducidas al texto que cuenta con media sanción que “dieron alguna precisión adicional”, pero “sigue siendo susceptible de mejoras porque tiene imprecisiones importantes”.

“El primer punto tiene que ver con el articulo 7 que establece el pago sobre los bienes no declarados por parte de los sujetos residentes en el país, bienes no declarados que se detecten o localicen desde la entrada en vigencia de esta ley. Es a partir de ese momento están sujetos a este pago. El tema es que, tratándose de un régimen extraordinario de exteriorización, el hecho de no tener una fecha de corte preciso, sumado a que el Fondo esta previsto que dure en tanto se mantenga la deuda con el FMI, esto le da una característica de régimen extraordinario permanente de regularización, lo cual va a en contra de todo principio básico de un régimen de estas características”, explayó el economista e hizo hincapié en que “es un desincentivo a quienes pagan sus impuestos correctamente. Es el aspecto central y más relevante”.

Además, cuestionó: “Para aquellos que no adhieran a este esquema se estima que estarán sujetos a la regla general en materia tributaria y penal, pero se agrega que además de todo eso y las sanciones van a tener que ingresar un pago que empieza con el 20%, pero dado que no esta precisada la naturaleza jurídica de este pago que es un impuesto especial, podría cuestionarse que es una doble sanción”.

“El tercer tema tiene que ver con el Tribunal Fiscal de la Nación en el artículo 15 que modifica el efecto suspensivo y se transforma en efecto devolutivo”, enumero. Por último sobre la figura del colaborador remarcó que es “novedosa” porque en el derecho tributario no está contemplada, pero si en otros países si aparece como una figura privada, informantes, con una recompensa, que colabore, aunque advirtió que “puede tener efectos colaterales y perjudiciales, porque el régimen de un colaborador que recibe recompensas necesita un marco institucional adecuado y un funcionamiento de la justicia con celeridad no estamos en condiciones de eso y los efectos pueden ser preocupantes, da pie a que la litigiosidad aumenten”.

A continuación, el licenciado en economía Horacio Rovelli resaltó que es “importante e imprescindible” que se haga ley el proyecto porque “es necesario que funcione la Bicameral de Seguimiento de contratos y pagos de la deuda”. En ese sentido, recordó que la apertura de sesiones ordinarias el presidente de la Nación le solicitó al Banco Central un informe de la deuda contraída por la gestión anterior que fue de “más de 100 mil millones de dólares que 24 mil millones se usaron para pagar deuda vieja, entre ellos los Fondos Buitres”.

“Sospechamos que los bancos no cumplieron con la Ley 25.246 de lavados y encubrimiento de activos que exige a los bancos, que cuando compran dólares, deben brindar la procedencia de los fondos y no se hizo porque hay una incoherencia entre las compras y los estados contables de las empresas. Esto hay que investigarlo. No que el pueblo pague una deuda que no lo benefició”, cerró.

La economista e investigadora del CONICET Noemi Brenta respaldó la iniciativa, aunque indicó que aún “tiene cuestiones para tocar desde el punto de vista técnico” para que sea “factible, inobjetable y aplicable y que cumpla la función para saldar la deuda con el FMI que es enorme y que nos va a condicionar muchos años porque estamos con el Fondo hasta 2036 por lo menos si es que los desembolsos y los pagos se dan todos bien”.

En ese sentido, remarcó la necesidad de que la ley sea aprobada para que “la deuda la paguen los que se beneficiaron con ella y se comportaron de una manera ilícita porque los pagos salen de los ajustes presupuestarios”. A su vez propuso darle un nombre al Fondo como “Fondo de reparación o de resarcimiento al pueblo argentino por el daño de 46 años de sobreendeudamiento”.

“Esta norma es necesaria para construir un país libre de los condicionamientos del Fondo y con una base imponible acorde a la capacidad contributiva de los argentinos y no achicada por el ocultamiento de activos fuera del país”, cerró Brenta.

En su exposición, el economista Guido Lorenzo hizo un repaso de algunos puntos en cuanto al diseño del proyecto: “La mala práctica e inequidad del proyecto, hay un montón de contribuyentes que están en regla y este proyecto plantea una alícuota diferencial muy baja que perdonaría para un montón de dinero que se pretende recaudar para el pago de la deuda. Eso es generar desincentivos y por lo general no es aconsejado y más aún hacerlo de manera sistemática”.

“Tampoco hay un incentivo de intercambio de información de países que ya existe por lo cual no hay más allá de una generosidad del blanqueo. Otro punto es la contrariedad del acuerdo con el Fondo Monetario porque en el último plan, este Congreso dijo que no se iba a hacer otra amnistía fiscal, por lo cual de la manera en que le quieren pagar al FMI es contrario a lo que se votó”, agregó.

Y continuó: “La inconsistencia entre los bienes interiores y exteriores. ¿Por qué alguien que tiene bienes en el exterior tiene que pagar una alícuota menor que el que tiene justamente bienes no declarados al interior del país? Eso incentiva llevar bienes al exterior no declararlos y pagar menos. Es ilógico”.

El proyecto carece de todo sentido. Buscarle una vuelta al tema del FMI es redundante”, apuntó Lorenzo.

“Hay una falta de justicia con las provincias a favor del Tesoro Nacional. ¿Por qué está subordinada la deuda de las provincias a la del Fondo Monetario? no tiene sentido”, apuntó y sumó: “Quinto punto es la deuda con privados porque puede traer contingencias a futuro, no tiene sentido práctico”.

Otra de las críticas que hizo Lorenzo fue: “Si el pago se hace en dólares, ¿qué pasa si se detectan inmuebles y no tiene los dólares para pagarlo?, ¿quién me lo va a dar si el Banco Central no tiene reservas?”. Sobre l figura del colaborador, cuestionó: “¿Qué sentido tiene que alguien residente, que delata, reciba dólares que sabemos que hay escaseo, por ese delate? A tal punto que esta mal diseñado que le quita recursos al propio fondo”.

“El proyecto tiene plazo indeterminado para el pago. ¿No estaba resuelto el tema del pago con el Fondo? tenemos previstos pagos de desembolsos. ¿Por qué insisten en que es ilegal la compra de dólares?, una cosa es la compra que lo permite el Banco Central y otra es la fuga y dinero negro no exteriorizado”, preguntó y finalizó: “El proyecto carece de todo sentido. Buscarle una vuelta al tema del FMI es redundante”.

A su turno, el investigador Pablo Manzanelli se basó en los fundamentos económicos del proyecto que busca resolver “el problema de una deuda histórica contraída por el gobierno anterior” que no fue “emitida en moneda local para financiar déficit fiscal, sino que fue emitida en moneda extranjera lo cual agrava los términos de solvencia financiera”. “Se pasó de una economía con baja deuda a una economía con deuda insostenible”, disparó Manzanelli y finalizó: “Quien plantee con artilugios técnicos que esta iniciativa no es correcta sin proponer una alternativa, pide ajuste y devaluación para solucionar el tema de la deuda y, por ende, más pobreza e indigencia en la economía argentina”.

Cerró la ronda de expositores la exfuncionaria en materia económica, Mercedes Dalessandro, que ponderó la iniciativa al sostener que “tenemos un gran problema que es una deuda más grande con el Fondo Monetario Internacional, ese crédito que se otorgó al país no fue materializado en escuelas, ni en hospitales, ni en la mejora de la calidad de vida del pueblo y eso es lo que se ha empezado a tratar de resolver”.

“Este problema no está resuelto, lo que hicimos fue comprar cuotas de tiempo para ver cómo reconstruimos una economía pujante, una calidad de producción, es decir estamos tratando de resolver en el presente un problema que viene del pasado y que nos lleva al futuro generando limitaciones en términos de lo que podemos o no hacer”, explayó.

En tanto, cuestionó el acuerdo al que se llegó con el Fondo porque “viene con metas fiscales, con metas monetarias, con metas de recebas, tenemos que seguir un rumbo para cumplir esas metas que tiene ciertas cuestiones que no van a permitir que el país se desarrolle libremente porque tenemos que ajustar el camino al cumplimiento de ciertos hitos”.

“Argentina no es el único país con problemas de endeudamiento, estamos en un contexto que venimos de dos años con una pandemia y ahora una guerra que repercute en la economía de los demás países”, indicó la economista y reiteró que “el problema del endeudamiento es un tema que atraviesa la economía mundial” y ponderó el proyecto porque “dará herramientas para buscar el dinero fugado, que se blanquee”, y opinó que se “debería buscar todos los incentivos para que el dinero no se siga fugando”.

El oficialismo logró su cometido en la sesión de este jueves en el Senado al darle media sanción al proyecto que propone crear un fondo con dólares o bienes no declarados en el extranjero para cancelar la deuda con el FMI. La iniciativa obtuvo 37 votos a favor y 31 en contra, uno de ellos fue el rionegrino Alberto Weretilneck que, si bien estaba anotado en la lista de oradores, no brindó discurso, pero fue un aliado clave para el FdT a la hora de emitir su voto. Sin embargo, hay un aspecto de la norma que propone el oficialismo que no comparte.

Pese a que votó afirmativamente, Weretilneck no dejó pasar su disconformidad con un aspecto de la iniciativa en una entrevista con la AM 690. “Fue uno de los temas más importantes. Es crear un fondo con aquellos bienes o dinero que argentinos llevaron al extranjero sin pagar los correspondientes impuestos para poder pagar las cuotas con el FMI, que van a empezar a afrontarse”, explicó el senador del bloque Juntos Somos Rio Negro.

“Es un proyecto que llevó todo el día, pero que si funciona como debería funcionar, es decir que se encuentren esos fondos que fueron sacados ilegalmente del país sin pagar impuesto, si se crea el fondo podamos quizás evitar que todo el dinero del acuerdo con el FMI del presidente (Mauricio) Macri, tenga que ser pagado por el presupuesto público, es decir restricciones”, señaló Weretilneck.

El senador rionegrino destacó la aprobación del proyecto y estimó que hay “400 mil millones de dólares” de dinero fugado al exterior porque “cualquier dinero que sirva, sea mucho o sea poco, va a ayudar a que el sacrificio de los argentinos sea el menor posible”, aseveró.

Respecto a lo que fue el debate, lo describió como “muy político, entre los dos partidos políticos más grandes”, y opinó que “no hay posibilidad de consensuar ningún proyecto entre ellos. Lo que propone el FdT, JxC lo rechaza automáticamente y así viceversa. No hay manera de encontrar algún mínimo punto de consenso sobre temas importantes que el país necesita”.

“Es tan fuerte el enfrentamiento y el negocio que tienen los dos. El negocio es pelearse y hacernos creer a los argentinos que tenemos que formar parte de los dos y así está el país también con 60% de inflación, pobreza, ningún tipo de expectativa, es un escenario donde hay que moverse”, reclamó el legislador.

En ese sentido, hizo referencia a los argumentos que esgrimió el bloque de JxC para rechazar el proyecto: “Las críticas de ayer era que el proyecto es un banqueo, una moratoria y que esto era un beneficio para lo que no habían pagado”, respecto a esto último consideró que “esto sería lo más importante”.

Cabe recordar que, durante la última reunión de comisión, Weretilneck expresó su disconformidad respecto al “beneficio” que se le otorga a quien declare de forma voluntaria, palabras que le recordó el radical Martín Lousteau durante la sesión.

 “Los alcanzados por esta norma deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares”, expresa textual el proyecto y suman: “ Para el caso en que el sujeto declare y pague en forma espontánea y voluntaria, sin la intervención de la AFIP, dentro de los 6 meses posteriores a la entrada en vigencia de la ley se le aplicarán los beneficios, eximiciones y otras liberaciones dispuestos en los artículos 11°, 12° y 13° del blanqueo previsto en la Ley de Incentivo a la Construcción Federal (N°27.613)”.

Por otro lado, el rionegrino ponderó: “Lo importante es tomar la decisión de quién paga el pésimo acuerdo del FMI, y en este caso lo pagan quienes hayan sacado ilegalmente sin pagar esos impuestos dinero en el extranjero”.

Sobre su designación como presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca expresó que es “un reconocimiento a la provincia de Rio Negro por ser agrícola, cosechamos cerezas, duraznos, manzanas; y ganadera. Nuestra provincia nació en el ceno de esto y luego se sumó la actividad pesquera. Tenemos todos los temas que esta comisión debate”.

“Tenemos muchos temas por trabajar. Lo importante es generar un ámbito de participación para poder trabajar en diálogo y darle un ritmo a la comisión para abordar los proyectos que están esperando ser tratados”, expresó Weretilneck.

La diputada nacional Natalia Zaracho (Frente de Todos – Buenos Aires) ponderó la media sanción del Senado, sin respaldo de la oposición, al proyecto de ley del oficialismo que crea un Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con dinero fugado al exterior de manera irregular.

“Es muy importante. No estamos en contra de pagar la deuda, sino en quién la va a pagar y a costa de qué. Es una forma de pensar y de buscar una alternativa”, señaló Zaracho en declaraciones a Radio Nacional.

La dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos reflexionó sobre el actual panorama político y manifestó: “La prioridad tiene que ser el pueblo y dejar la especulación política de qué va a pasar en el 2023”.

“Falta conciencia sobre la realidad que vivimos hoy, hay cosas que no pueden esperar porque siempre se termina imponiendo la agenda de los ricos y hace que crezca la brecha de desigualdad que tenemos hoy”, consideró Zaracho, al referirse a la situación de los cartoneros.

En ese sentido, agregó: “Somos fundamentales para el medioambiente y generamos un nuevo emergente en la economía popular”. Por otro lado, se refirió al otro proyecto que presentó el oficialismo de aumentar el salario básico: “Planteamos un salario básico universal para que la gente mínimamente tenga para comer”.

Tras manifestar que “el cartonero que produce no llega a fin de mes y tiene que llegar mínimamente a la canasta básica”, subrayó: “Tenemos que discutir cómo poner en primer lugar a lo que la están pasando peor”.

Por otro lado, habló de la situación económica y dijo que “a los comedores antes llegaban quienes no tenían trabajo, pero ahora llegan los compañeros que incluso tienen recibo de sueldo”. “El problema no es que no hay plata, sino en cómo se reparte la torta”, enfatizó Zaracho.

“Así como en 2019 trabajamos con unidad para sacar al macrismo, en el 2023 vamos a hacer lo mismo para que no vuelvan”, señaló.

Tras un debate de casi cinco horas, el oficialismo en el Senado logró aprobar el proyecto de ley que propone la creación de un “Fondo Nacional” para pagarle al FMI a partir de la recuperación de “dólares fugados”.

La votación resultó con 37 votos a favor, del Frente de Todos, Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Clara Vega (Hay Futuro Argentina); y 31 votos en contra, de Juntos por el Cambio y Alejandra Vigo (Córdoba Federal).

Estuvieron ausentes cuatro senadores: Roberto Basualdo (Producción y Trabajo), Luis Juez (Pro), Magdalena Solari Quintana (Misiones) y José Torello (Pro).

El debate de la iniciativa fue el “plato fuerte” de la sesión, aunque ésta atravesó por varios picos de tensión y acusaciones cruzadas en su inicio, sobre todo en torno a la situación del Consejo de la Magistratura y la “pelea” por una banca entre senadoras.

El proyecto diseñado por el kirchnerista Oscar Parrilli fue presentado días después que se sancionara la ley de refinanciamiento de la deuda con el FMI, que dividió al Frente de Todos en ambas cámaras del Congreso.

La iniciativa fue girada ahora a la Cámara de Diputados, donde los números para el oficialismo asoman siempre más complicados a la hora de las negociaciones para alcanzar una mayoría necesaria.

El texto prevé que este Fondo se conforme por lo recaudado a partir de “un pago que se aplicará sobre los bienes situados y/o radicados en el exterior que se localicen o detecten desde la entrada en vigencia de la ley y no hayan sido declarados ante la AFIP”.

Los alcanzados por esta norma deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares. En el caso de declarar los bienes pasados los 6 meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%.

El proyecto introduce la figura del “colaborador”, que será “cualquier individuo, sea persona humana o jurídica, residente en el país o en el extranjero, que actuando en forma personal o conjuntamente, proporcione información relacionada con una violación de las leyes impositivas y de lavado de activos”.

El monto a partir del cual se considerará como acreditada la información del colaborador no deberá ser inferior a U$S 500.000 en concepto de activos no declarados. Asimismo, prevé una recompensa del 30% del monto total efectivamente recaudado e ingresado a las arcas estatales.

El kirchnerismo tenía la intención de que este proyecto fuese tratado junto a otro que reforma las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal, pero que no tuvo dictamen y se encuentra trabado.

El debate

Fue el pampeano Daniel Bensusán el encargado de abrir la ronda de oradores, quien explicó los aspectos técnicos de la iniciativa, los objetivos y beneficios. Previamente apuntó contra la gestión de Cambiemos por “las desacertadas políticas económicas que nos trajeron hoy en esta situación de deuda”.

“Nuestro país atraviesa una situación crítica en lo que se refiere a deuda externa. De irresponsabilidad política y financiera se expresó en el acuerdo Stand By suscripto en el 2018 con el FMI”, advirtió y señaló que fue el “mayor crédito otorgado en la historia del organismo, en condiciones imposibles de cumplir. No fue destinado ni un solo dólar a la salud, a la educación, a la vivienda, ala inversión en industria”. En esa línea, contextualizó que tras la pandemia el Gobierno actual “tuvo que refinanciar la deuda a los fines de afrontar sus compromisos y que no sea un obstáculo en el camino de recuperación y crecimiento que necita el país”.

Abocado al proyecto, señaló que tiene como objetivo la creación de un fondo que se va a conformar con los recursos provenientes de los pagos que se aplicarán sobre bienes situados y/o radicados en el exterior de personas humanas, jurídicas todas ellas residentes en el país a la fecha de entrada en vigencia de la ley y que no hayan sido declarados ante la AFIP.

“Los sujetos obligados a esta iniciativa son los que fugaron capitales generados en el país y no los declararon”, apuntó el oficialista y aclaró que “queremos evitar que los compromisos internacionales impagos impliquen un ajuste en las condiciones de vida de trabajadores, que ya han sido duramente castigados por la crisis económica generada primero por la desacertada de las políticas económicas del gobierno anterior, y luego por la emergencia sanitaria de la pandemia”.

Retomando las palabras del doctor Eduardo Barcesat señaló: “No solamente se trata de crear riquezas, se trata también de distribuir adecuadamente dichas riquezas y de que esa distribución igualitaria una a las distintas regiones del país que componen el territorio nacional”.

Por otro lado, explicó que la administración y gestión del Fondo estará a cargo del Ministerio de Economía; el control, fiscalización y supervisión recaerán sobre la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la deuda; las alícuotas varían de acuerdo a cuándo se realiza el pago que deberá ser en dólares.

Además, informó que se realizaron modificaciones al texto original: “Los beneficios no eximen las investigaciones preexistentes por lavado de activos, contrabando, narcotráfico, trata de personas”. En tanto destacó la incorporación de la figura del colaborador porque “ayudará a detectar bienes no declarados en el exterior”.

“No vamos en dirección contraria al mundo, el contexto internacional acompaña esta medida. Argentina se encuentra en un proceso de recuperación y necesita destinar sus recursos en la generación del empleo, políticas imprescindibles para el desarrollo del país. La fuga de capitales y la creación de guaridas fiscales perjudican la creación de Argentina, es un tema de interés, somos el tercer país con más bienes en el exterior”, informó Bensusán y cerró: “El endeudamiento irresponsable perjudicó la soberanía y la independencia económica. El pago de la deuda con fondos en el extranjero es la mejor manera de afrontar los compromisos financieros sin comprometer el desarrollo futuro del país. Este proyecto busca que los contribuyentes no tengan que pagar la deuda millonaria que tiene el país, por el contrario, aquellos que se beneficiaron con la fuga tendrán que hacer los aportes”.

En el mismo sentido, se pronunció el riojano Ricardo Guerra que defendió con firmeza el Fondo para pagarle al FMI: “Es inadmisible que existan en el exterior más de 410 mil millones de dólares de residentes en el país, de los cuales 340 mil millones son fruto de la evasión de impuestos sobre resultados de actividades desarrolladas en nuestro territorio nacional”.

Luego, el legislador recalcó que se trata de “un acto de verdadera justicia, con más razón luego de observarse el esfuerzo y los condicionamientos a que se vio sometida la Nación para encaminar el excesivo, irresponsable e insostenible endeudamiento tomado con el FMI por el gobierno anterior, con el agravante de que durante el lapso en el que ingresaron los fondos del organismo multilateral salieron para la formación de activos externos cifras semejantes”.

En otro tramo de su discurso, Guerra consideró que “estos hechos delictivos no se podrían haber cometido sin la participación de especialistas que, con la conjunción de conocimientos técnicos, vínculos fluidos y la explotación desmedida de los secretos financieros y bursátiles y fiscales provocaron estos resultados”.

Además, el senador subrayó que “el proyecto busca recuperar recursos evadidos por residentes del país y ubicados en el exterior a partir de la acción coercitiva del Estado ejercida a través de la AFIP con el objetivo de constituir un Fondo con destino específico para el pago de la exagerada deuda con el FMI que dejó de herencia la gestión del gobierno anterior y de esta manera evitar que el enorme peso que significará ese pago recaiga sobre la inmensa mayoría de los argentinos que no evadieron, sino que lo haga sobre los que evadieron, fugaron y se beneficiaron”.

También planteó un interrogante: “¿Qué provocaría en nuestro sistema económico si al menos una parte de esos recursos circularan y estuvieran invertidos productivamente dentro del mismo?”. Y modo de respuesta concluyó que “seguramente el déficit fiscal no sería del nivel de persistencia que demuestra dado el incremento en la recaudación tributaria que implicaría, lo que a su vez provocaría que los recursos coparticipables fuesen superiores significando que las provincias tendrían mayores ingresos, el nivel de reservas sería importantes por lo cual no existiría restricción externa o falta de dólares, por las mismas razones la inflación sería mucho más simple de controlar, el nivel de actividad y el PBI serían muy superiores a los actuales, el desempleo sería friccional y la pobreza estaría en niveles bajos. En síntesis, nuestra realidad sería muy diferente a la que tenemos”.

Al cierre, remarcó que “no estamos frente a la creación de un nuevo impuesto, dado que lo que se pretende es recuperar una porción de los recursos no ingresados al fisco y radicados en el exterior originados en la evasión de tributos existentes”.

Y en el mismo sentido, resaltó que “tampoco es un blanqueo, puesto que no implica una convocatoria voluntaria a exteriorizar fondos o bienes no declarados a través de la efectivización de determinadas inversiones en el país o el ingreso de un porcentaje sobre lo blanqueado”.

De la vereda de enfrente, se expresó el chaqueño radical Víctor Zimmermann quien reconoció que un objetivo que comparten es “evitar la evasión y mejorar la recaudación fiscal”. También consideró que “los organismos de recaudación AFIP u otro, tienen los instrumentos vigentes como para poder hacerlo y de pronto, si no lo tuvieran, tuvimos reiterados debates para mejorar la cuestión fiscal y hacer eficiente la cuestión tributaria, nunca nos hicieron saber que les falta alguna norma”.

“Nos parece que la presencia de los funcionarios que no vinieron, era de vital importancia”, lamentó Zimmermann respecto al pedido que habían hecho en Comisión para que expongan el ministro de Economía, Martín Guzmán, el titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, y la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont. Y cuestionó que “un proyecto como este no fortalece esos objetivos, al contrario, creo que lo perjudica porque permanentemente en los últimos tiempos en argentina se posibilita una regularización impositiva que, de alguna manera, permita salvar la conducta de evasor de muchos contribuyentes fundamentalmente decepcionando a quienes pagamos impuestos”.

En ese sentido, lo calificó como “innecesario impulsar una ley con estas características”, y advirtió que “esto es un blanqueo porque aquel evasor que puede se identificado y se le haga una determinación de deuda con solo el 20% va a poder normalizar su situación fiscal”.

“Es un proyecto inequitativo fundamentalmente para aquellos consumidores que compran y pagan impuestos, para esos asalariados, para aquellos monotributistas que no pueden evadir. Además, no está claro en el proyecto si los fondos que se pueda declarar y encontrar en políticas fiscales argentinas van a comprobar si son o no lícitos”, criticó.

Respecto a la figura del colaborador, apuntó: “Si no se da en un marco institucional muy fuerte, puede convertirse en un problema. Representa un costo muy alto, esta persona podrá recibir hasta el 30% de la determinación e la deuda del evasor en dólares, si lo comparamos con el 20% que va a pagar el que está identificado, nos parece un costo muy alto y no lo aceptamos”.

“Se crea un aporte especial, un nuevo impuesto. Si es así la Cámara de Origen debe ser la de Diputados como lo establece la Constitución Nacional”, denunció el chaqueño y cerró: “La fuga de capitales se dio en gestiones anteriores y en la actual, esto sucede por las condiciones macroeconómicas del país que genera consecuencias negativas porque las ganancias o ahorros de las personas no se revierten en el país para generar trabajo genuino. Es un desafío de todos de generar las trasformaciones necesarias para que la gente pueda quedarse”.

Al inicio de su discurso, Martín Lousteau le contestó a Bensusán: “Me llama la atención que el miembro informante del oficialismo haya comenzado su alocución mencionando las desacertadas políticas económicas del gobierno anterior”, y le retrucó: “No parece un buen día para mencionar eso porque ya se ha demostrado hasta el hartazgo que el ritmo de endeudamiento de este gobierno es mayor al de cualquier otro, sino porque hoy se acaba de conocer el nuevo índice de precios de 6% de inflación mensual”.

“Cuando uno mira los últimos 12 meses es el mayor nivel de inflación anual desde hace 30 años”, resaltó el radical y chicaneó: “No parece un buen día para hablar de políticas desacertadas porque si uno mira el bimestre estamos hablando de un 110% de inflación anualizada, llama la atención que arranquen por ese lado”.

También apuntó contra Anabel Fernández Sagasti quien, al inicio de la sesión, pidió una cuestión de privilegio para denunciar que una legisladora del Pro había ocupado la banca de la riojana Clara Vega: “Me llama la atención el deslizado inicial en este contexto con este nivel de inflación estar discutiendo y debatiendo cuestiones de privilegio y 30 o 40 minutos a ver quién se sienta en qué banca, cuando se podría arreglar mucho más fácil”.

“También llama la atención, dentro de esta gravedad social, económica y política porque parte de lo que ocurre es por culpa de las diferencias internas que tiene el oficialismo, este tipo de proyectos”, criticó Lousteau y consideró que “nada tiene que ver con lo que hace falta, pero se ve que tiene un valor simbólico para los votantes más duros del FdT”.

En esa línea, ironizó que el slogan de este proyecto es que “se presenta como la creación de un fondo para pagarle al FMI con los fondos de los que la fugaron”. Y contradijo: “Claramente no es eso, esto es lisa y llanamente un blanqueo. ¿Este fondo es para buscar a los que la fugaron? La respuesta es no, se dijo esto en Comisión. No tiene que ver con la fuga, tiene que ver con aquellos que tienen fondos no declarados que evadieron en el exterior, es para aquellos que no declaran plata que tienen afuera no para la fuga porque la fuga puede ser legal. Este proyecto no tiene nada que ver con eso”.

“Si es para la fuga legal o ilegal, busquemos a todos los que fugan y expliquémosle eso hace mal. No es para eso el proyecto”, reiteró el radical y reconoció que Argentina debe resolver el problema estructural de la fuga, por lo cual sugirió que “debemos preguntarnos por qué al país le faltan recurrentemente dólares, por qué hay tanta volatilidad. Para eso tenemos que terminar con la incertidumbre, la volatilidad y tener una economía que crezca”.

A los que no pagaron sus impuestos, y los tienen acá, curiosamente esta ley no dice nada”, apuntó Lousteau

Además, señaló que la falta de dólares es algo de “todos los gobiernos”, pero remarcó que el proyecto “no va a lidiar con la fuga”. “A los que no pagaron sus impuestos, y los tienen acá, curiosamente esta ley no dice nada”, apuntó Lousteau y cerró: “Esto no le cambia en nada a la vida a los ciudadanos. Lo que están haciendo va en contra de todo lo que firmaron con el Fondo en el acuerdo. Dejen de erosionar la figura tributaria porque los que fugaron se siguen beneficiando igual y dejen de mentir con que esto es para pagarle al FMI”. Ponderó la figura del colaborador, pero sugirió que se debe debatir con más profundidad.

En representación de la provincia de Rio Negro, Silvina García Larraburu (FdT) defendió la iniciativa porque “venimos a proponer soluciones a problemas que generaron otros, un gobierno que se jactó de tener al mejor equipo económico con los mejores economistas de los últimos 50 años. La deuda ilegítima que contrajo Macri es una amenaza constante a la soberanía nacional y su pago, aún con el refinanciamiento, implica aplicar los recursos que el país necesita para crecer, para mejorar la calidad productiva, la calidad de vida de los argentinos”.

“Tenemos que trabajar en algún momento de forma ferviente en saldar la gran deuda interna que tenemos”, resaltó la rionegrina y volvió a ponderar el proyecto: “Nos vuelve a dar la posibilidad de trabajar en la equidad distributiva. Buscamos que la deuda la paguen los principales beneficiarios del endeudamiento. Los que se llevaron los 44 mil millones de dólares. Que la paguen los fugadores cereales que tenemos, fundamentalmente en la capital federal”.

En ese marco, sostuvo que “ningún peso quedó en nuestro país. En Argentina no hay puentes, no hay escuelas, no hay hospital, no hay un solo kilómetro que se hayan financiado con ese crédito”.

Su par oficialista misionero Maurice Closs opinó que “no me parece mal que se pueda exteriorizar lo que no esta declarado. Pónganle el sustantivo que quieran. Me parece oportuno que tenga mérito y conveniencia recaudar fondos para pagar una pesada deuda contraída por un modelo que se equivocó en las finanzas públicas”.  

Es una ley que está incompleta y le falta un tratamiento para aquellos bienes exteriorizados que están en el interior del país. Hay mucho que está fuera del sistema”, cuestionó Closs

“Es un elemento que va a poder aportar recursos para poder pagar la deuda con el Fondo”, señaló. Sin embargo, criticó que “es una ley que está incompleta y le falta un tratamiento para aquellos bienes exteriorizados que están en el interior del país. Hay mucho que está fuera del sistema”.

Por la oposición, lasenadora Beatriz Ávila (Justicia Social) cuestionó que “en menos de dos meses es la segunda vez que tratamos un tema relacionado al FMI”, y aseguró que en “una mirada superficial esto podría ser para la fuga y le evasión, pero cuando leemos detenidamente en realidad es otro capítulo equivocado de relato oficialista”.

“¿Es un nuevo impuesto? ¿Es un blanqueo? ¿Estamos ante la creación de nuevos tributos? ¿Cuál es el objetivo final?”, se preguntó la tucumana y advirtió que a lo largo del texto se “cambian las denominaciones en distintos artículos”. Al igual que su par Zimmermann lamentó que no hayan expuesto en el plenario el ministro de Economía u otros funcionarios.

En suma, cuestionó: “Se pretende defender al contribuyente frente a actos confiscatorios que pueden avanzar sobre derechos a la propiedad. ¿No estamos violando la igualdad? ¿No se ve amenazada al gravar solamente en un grupo de personas?, ¿no estamos hablando de discriminación, por que a unos si y otros no? Las personas que ocultan bienes dentro del país, no podrían regularizar su situación con este proyecto porque no están contemplados dentro de la norma. Quienes tiene dólares abajo del colchón o dentro del país sin declarar, están fuera del radar. Estamos ante la presencia de un nuevo blanqueo porque beneficia evasores”.

En contraposición, el puntano Adolfo Rodríguez Saá lanzó: “Nos estamos refiriendo a todos los dólares, pesos y bienes que se llevaron de la Argentina evadiendo impuestos. Se lo llevaron en forma ilegal, casi de contrabando, con maniobras en que los poderosos son parte necesaria en esas operaciones. A eso se refiere la ley”.

“No puedo creer que defiendan a los evasores”, agregó y pidió que “por lo menos permítannos hacer el intento de cobrarles, tal vez tengamos éxito”, porque “son cifras millonarias, es más de un año del PBI y significa, según estudios, 120 mil millones más que todos los dólares que tienen invertido los capitales extranjeros. Ese dinero que se fue no generó trabajo, no aportó al desarrollo de la industria, no contribuyó a la grandeza del país”.

También, solicitó que “en vez de echarnos la culpa del pasado, miremos el futuro. Creo que deberíamos hacerlo en conjunto, poder toda la energía de la Nación en recuperar esos fondos y con eso pagar la deuda, y con el restante dinero trabajemos para lograr el desarrollo económico y social del país”.

Respecto a la acusación de la oposición de que se trata de un blanqueo, Rodríguez Saá remarcó que “esto no es voluntario, no estamos pidiendo que declaren voluntariamente, sino que cuando le descubramos lo que tienen en sus cuevas, el que lo acepte sin discutir podrá tener los beneficios de la Ley 27.603 artículo 11 porque se refiere a los que tienen dinero en efectivo, no un avión, un barco o un inmueble”.

“Lo del blanqueo es un argumento que no es cierto desde el punto de vista jurídico. No es la creación de un impuesto. Vamos a ir contra los bienes fugados, contra los que sometieron al hambre y a la miseria al pueblo argentino porque provocan inflación, devaluación de la monera. Son un grupito de millonarios que, tienen el derecho que tener dinero, pero no evadir y tener dinero no declarado”, cerró el puntano.

Me cabe pensar que este proyecto expresa una puja del rumbo de la política económica dentro del oficialismo, que debaten o pujan para imponer el criterio del rumbo económico en el país”, enfatizó Vigo.

Aliada clave a la hora de votar, la cordobesa Alejandra Vigo expresó su total disconformidad con la iniciativa. Compartió la “necesidad imperiosa de cobrarle a los evasores y a quienes se llevaron la plata afuera”, pero opinó que el proyecto “tiene intenciones contradictorias. En su artículo 1 o el principio punto del proyecto, crea un fondo con recursos para pagarle al otro Fondo un proyecto que tiene el respaldo de muchos senadores que no votaron o no apoyaron el proyecto del Ejecutivo para aprobar el programa de facilidades extendidas celebrado con el FMI para cancelar la deuda contraída en el 2018”.

El proyecto tiene intenciones contradictorias. Resulta inconsistente e inconstitucional”, consideró Vigo

Destacó la “buena intención de poder combatir, pero sobre todo traer los fondos que se han llevado afuera”, pero consideró que “de mínima, este proyecto resulta inconsistente e inconstitucional en muchos puntos esenciales. No salgo de mi asombro de hacer una ley con esta intención con este planteo de crear un fondo para pagar a otro Fondo después de haber sancionado hace 2 meses el proyecto del Ejecutivo”.

“Me cabe pensar que este proyecto expresa una puja del rumbo de la política económica dentro del oficialismo, que debaten o pujan para imponer el criterio del rumbo económico en el país”, enfatizó Vigo.

Ideólogo del proyecto, el senador Oscar Parrilli aseguró que “el objetivo nuestro es sacarnos de encima al Fondo y buscamos la plata en los evasores que la tienen afuera”. Hablándole a sus pares de la oposición, que cuestionaron la iniciativa, les advirtió que “si llegan a poder gobernar en 2023 van a tener que pagar 20 mil millones de dólares por año”. “¿Ustedes piensan que lo van a poder pagar? Si no empezamos a buscar soluciones, en 2023 puede ganar quien fuere la elección, pero el país va a explotar”, lanzó el kirchnerista.

En su intervención, la titular del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, apuntó fuerte contra la oposición: “Me cuesta mucho entender cómo volvieron a pedirle a ese acreedor después de haber recibido un país absolutamente desendeudado. Si recibieron un país en esas condiciones, nosotros recibimos el país sobreendeudado”. Y destacó que el objeto del proyecto es “decirle chau al Fondo”.

El titular del bloque radical en el Senado Luis Naidenoff apuntó contra el oficialismo apelando al tuit de la vicepresidenta sobre la legitimidad del ejercicio y de origen, en lo que señaló que “este es problema de la Argentina desde que se hicieron cargo ustedes, lo expresó muy bien la presidente del Cuerpo”.

“Ha estado ausente desde el primer día la revalidación la legitimidad del ejercicio porque sin gobierno debe mostrar un plan, un programa, hacia dónde vamos. Desde que se hicieron cargo de la gestión no existe programa, no hay plan, ni hoja de ruta. Esta crisis es mas una fractura dentro del gobierno pese a que lo quieren tapar”, lanzó el formoseño y siguió: “Lo único que el oficialismo le puede mostrar a la sociedad es el aumento de la pobreza y el hambre. Ustedes son un gobierno de filo peronista. Y ustedes vienen a discutir esto, un proyecto de relleno que va a dormir en Diputados”.

A su turno, el titular del interbloque de JxC, el mendocino Alfredo Cornejo, les preguntó al FdT “¿por qué reestructuraron una deuda que dicen que es ilegal”. Además, les pidió que se “ordenen” políticamente porque “es fundamental para la economía”. Por otro lado, los acusó de “molestar” el acuerdo que hizo Alberto Fernández y Martín Guzmán con el FMI.

Último orador del debate, el jefe del interbloque Frente de Todos en el Senado, José Mayans, lanzó numerosas críticas hacia el gobierno del expresidente Mauricio Macri y desafió a Juntos por el Cambio de cara a 2023: “Si es que llegan a ser gobierno… no creo, porque ya la gente les creyó una vez, no creo que sean tan tontos los argentinos para volver a acompañar. A ustedes no vuelven, no se equivoquen, porque los conocen y saben lo que hicieron”.

“El mensaje es quién va a pagar esto. Lo que nosotros no queremos es que paguen la deuda aquellos que no la hicieron”, afirmó el formoseño sobre el proyecto y agregó que “esta es una herramienta, puede haber otras. A lo mejor ustedes tienen una idea mejor, qué problema hay, la votamos”.

Tras poco más de un mes sin actividad en el recinto, el Senado volvió a sesionar este jueves con el proyecto de ley impulsado por el oficialismo que busca crear un “Fondo Nacional” para pagarle al FMI a partir de la recuperación de “dólares fugados” como tema principal de tratamiento.

La sesión es encabezada por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala, por cuanto la titular del Cuerpo, Cristina Fernández de Kirchner, se encuentra al frente del Ejecutivo.

La iniciativa, que recibió dictamen el pasado 20 de abril, y por la cual La Cámpora se encuentra militando en las calles, fue diseñada por el senador Oscar Parrilli.

El texto prevé que este Fondo se conforme por lo recaudado a partir de “un pago que se aplicará sobre los bienes situados y/o radicados en el exterior que se localicen o detecten desde la entrada en vigencia de la ley y no hayan sido declarados ante la AFIP”.

Los alcanzados por esta norma deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares. En el caso de declarar los bienes pasados los 6 meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%.

El proyecto introduce la figura del “colaborador”, que será “cualquier individuo, sea persona humana o jurídica, residente en el país o en el extranjero, que actuando en forma personal o conjuntamente, proporcione información relacionada con una violación de las leyes impositivas y de lavado de activos”.

El monto a partir del cual se considerará como acreditada la información del colaborador no deberá ser inferior a U$S 500.000 en concepto de activos no declarados. Asimismo, prevé una recompensa del 30% del monto total efectivamente recaudado e ingresado a las arcas estatales.

El kirchnerismo tenía la intención de que este proyecto fuese tratado junto a otro que reforma las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal, pero que no tuvo dictamen y se encuentra trabado.

Por otra parte, en la sesión se aprobará un proyecto para reconocer el Tratado Interprovincial de creación de la Región Norte Grande Argentino, que incluye a las provincias de Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Tucumán, Salta, La Rioja y Santiago del Estero.

Además, se tratarán acuerdos internacionales, la designación de cónsules honorarios y un paquete de proyectos de declaración, la mayoría de ellos vinculados a los 40 años de la Guerra de Malvinas.

Luego de un poco más de un mes, el recinto del Senado volverá a abrirse este jueves para la sesión que fue citada a las 14 y tiene como principal tema el proyecto de ley impulsado por el oficialismo que busca crear un “Fondo Nacional” para pagarle al FMI a partir de la recuperación de “dólares fugados”.

La iniciativa, que recibió dictamen el pasado 20 de abril, y por la cual La Cámpora se encuentra militando en las calles, fue diseñada por el senador Oscar Parrilli.

El texto prevé que este Fondo se conforme por lo recaudado a partir de “un pago que se aplicará sobre los bienes situados y/o radicados en el exterior que se localicen o detecten desde la entrada en vigencia de la ley y no hayan sido declarados ante la AFIP”.

Los alcanzados por esta norma deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares. En el caso de declarar los bienes pasados los 6 meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%.

El proyecto introduce la figura del “colaborador”, que será “cualquier individuo, sea persona humana o jurídica, residente en el país o en el extranjero, que actuando en forma personal o conjuntamente, proporcione información relacionada con una violación de las leyes impositivas y de lavado de activos”.

El monto a partir del cual se considerará como acreditada la información del colaborador no deberá ser inferior a U$S 500.000 en concepto de activos no declarados. Asimismo, prevé una recompensa del 30% del monto total efectivamente recaudado e ingresado a las arcas estatales.

El kirchnerismo tenía la intención de que este proyecto fuese tratado junto a otro que reforma las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal, pero que no tuvo dictamen y se encuentra trabado.

Por otra parte, en la sesión se aprobará un proyecto para reconocer el Tratado Interprovincial de creación de la Región Norte Grande Argentino, que incluye a las provincias de Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Tucumán, Salta, La Rioja y Santiago del Estero.

Además, se tratarán acuerdos internacionales, la designación de cónsules honorarios y un paquete de proyectos de declaración, la mayoría de ellos vinculados a los 40 años de la Guerra de Malvinas.

El tema del Fondo para pagar la deuda con el FMI será, seguramente, el tema que consumirá la mayor parte del debate y los principales cruces entre oficialismo y oposición.

La convocatoria a la sesión fue firmada por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala, por cuanto la titular del Cuerpo, Cristina Fernández de Kirchner, se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje del presidente Alberto Fernández a España. Como este jueves el mandatario andará por Alemania, la sesión será presidida por la senadora santiagueña entonces.

-El proyecto crea el “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional”, que tendrá por objetivo la cancelación total de la deuda -actual y/o futura- con ese organismo internacional.

-La vigencia de este Fondo será hasta que se produzca la cancelación total de la deuda con el FMI y sus recursos serán exclusivamente destinados a este fin.

-Será administrado y gestionado por el Ministerio de Economía de la Nación y el proceso de contralor, fiscalización y supervisión de su gestión será realizado por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa.

-Estarán obligados al pago las personas humanas, personas jurídicas o sucesiones indivisas, todas ellas residentes en el país a la fecha de entrada en vigencia de la ley, que posean tenencias de moneda nacional y/o extranjera; inmuebles; muebles; y demás bienes en el exterior, incluyendo inmateriales, créditos y todo tipo de derecho susceptible de valor económico, sin declarar.

-Los recursos del Fondo provendrán de lo recaudado por un pago que se aplicará sobre los bienes situados y/o radicados en el exterior que se localicen o detecten desde la entrada en vigencia de la ley y no hayan sido declarados ante la AFIP.

-Los alcanzados por esta norma deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares.

-Para el caso en que el sujeto declare y pague en forma espontánea y voluntaria, sin la intervención de la AFIP, dentro de los 6 meses posteriores a la entrada en vigencia de la ley se le aplicarán los beneficios, eximiciones y otras liberaciones dispuestos en los artículos 11°, 12° y 13° del blanqueo previsto en la Ley de Incentivo a la Construcción Federal (N°27.613).

-En el caso de declarar los bienes pasados los 6 meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%.

-Los beneficios previstos no eximen de las investigaciones por delitos preexistentes del lavado de activos, contrabando, terrorismo, narcotráfico, trata de persona u otros que puedan corresponder.

-La iniciativa contiene un capítulo referido a las “facultades” de la AFIP y la Unidad de Información Financiera, entre ellas la colaboración internacional a la que pueden recurrir para la detección de bienes sin declarar.

-El proyecto incluye un artículo que reza: “El Ministerio de Economía, antes de tomar nuevo endeudamiento en moneda extranjera, deberá solicitar opinión sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos y su viabilidad de repago” a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa.

-El Poder Ejecutivo Nacional, a través del Banco Central, la UIF, la AFIP, la Comisión Nacional de Valores y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, “deberá una vez por año, comenzando dentro del año de entrada en vigencia de la ley, emitir un informe al Congreso de la Nación” que contenga, entre otros puntos, “todos los hallazgos y determinaciones hechas en la realización de la investigación requerida en la presente ley, detallando montos y actividades involucradas, y cualquier otro dato que se estime necesario”.

-Se incorpora la figura del colaborador: cualquier individuo, sea persona humana o jurídica, residente en el país o en el extranjero, que actuando en forma personal o conjuntamente, proporcione información relacionada con una violación de las leyes impositivas y de lavado de activos.

-El objetivo del colaborador será el de cooperar con la AFIP para la detección o localización de bienes ocultos o no declarados y/o maniobras de evasión fiscal.

-El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación deberá crear un programa que defina los protocolos que garanticen el secreto, la seguridad, anonimato de los colaboradores y los correspondientes mecanismos de pago de la recompensa.

-El monto a partir del cual se considera como acreditada la información del colaborador no debe ser inferior a U$S 500.000 en concepto de activos no declarados.

-El colaborador deberá estar a disposición para declarar ante toda instancia, ya sea administrativa o judicial.

-La recompensa será del 30% del monto total efectivamente recaudado e ingresado a las arcas estatales.

-Se impondrá prisión de 1 a 6 años al colaborador que aportare información falsa; y de 6 meses a 2 años al colaborador que, de cualquier forma, difundiere, divulgare o diere a conocer información relativa al proceso de colaboración.

En sintonía con lo expresado esta semana en el Salón Azul del Senado, donde el kirchnerismo en el Senado convocó a partidos aliados para comenzar una campaña para apoyar el proyecto que propone pagarle al FMI a partir de la recuperación de “dólares fugados”, comenzaron en todo el territorio nacional diferentes actividades en simultáneo para respaldar la iniciativa.

Recordemos que el proyecto del Frente de Todos propone crear un Fondo Nacional para cancelar la deuda con el FMI.

La militancia de todo el país consiguió en solo un día más de 150.000 firmas en apoyo a la iniciativa que propone que los fondos para pagar la deuda tomada por la administración anterior “no se pague a costa de pueblo argentino, sino que sean los aportes de los que fugaron la plata al exterior los que permitan cumplir con las obligaciones con el FMI”.

Volanteadas, mesas de consulta para la firma de apoyo al proyecto, afiches y pintadas en todo el país se llevaron adelante. La consigna es que

concluyeron en un amplio respaldo a este proyecto que no es un nuevo impuesto, ni afecta a los trabajadoras y trabajadores.

Desde la organización celebraron la buena repercusión de la iniciativa que busca que “la deuda no la pague el pueblo argentino”.

Con el objetivo de mostrar respaldo político al proyecto que propone pagarle al FMI a partir de la recuperación de “dólares fugados”, el interbloque del Frente de Todos en el Senado recibió este jueves a representantes de los partidos políticos que integran la coalición gobernante.

La reunión se realizó este jueves, en el Salón Azul, luego que la iniciativa tuviera dictamen en las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda este miércoles.

El encuentro tuvo un formato similar al que se hizo el pasado 6 de abril con referentes sindicalistas.

Tras la apertura de José Mayans habló el autor del proyecto, el senador cristinista Oscar Parrilli, y se pasó a dar la palabra a los invitados.

Por el Partido Comunista habló Jorge Alberto Kreynes, quien aseguró: “Vamos a militar esta ley porque creemos que es muy importante, trata un problema central para la economía nacional, para los derechos de nuestro pueblo y también para la defensa de nuestra soberanía como país”. Y consideró que la iniciativa podría tener incluso “alcance regional y más allá de la región” ya que “la persecución de la fuga y las guaridas fiscales es un tema global”.

A su turno, Claudio Lozano, de Unidad Popular, apuntó que “los 400 mil millones de dólares que hay en el exterior son la mercancía más importante que la Argentina ha exportado en los últimos 50 años”, en el marco “de una asociación directa entre la deuda y la fuga”, deuda que tuvo tres momentos centrales durante la dictadura, el menemismo y el macrismo, señaló.

Para el exlegislador, el proyecto “pone el foco donde tiene que estar, como es en sacarnos de encima el collar que nos pone el Fondo” Monetario Internacional, que criticó le otorgó el crédito al gobierno anterior no solo “para sostener a (Mauricio) Macri, sino para controlar a Argentina y su futuro”.

Lozano, que cargó duro contra el accionar del Fondo al otorgar el préstamo, agregó que la iniciativa del oficialismo “pone la presión tributaria donde tiene que estar”; al tiempo que reclamó que esta ley tiene que ir de la mano de “la decisión de no detener todo lo que hay que investigar” sobre la fuga. Sobre este punto, insistió con “darle manija a las investigaciones judiciales, políticas, y la presentación a nivel internacional”.

En nombre del PJ asistió la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, quien sostuvo: “Nuestro Partido Justicialista tiene banderas históricas, que son las banderas indudablemente de justicia social, soberanía política, independencia económica. En esas banderas, este proyecto que se presenta es un proyecto absolutamente pertinente, oportuno y preciso en nuestra identidad histórica y en nuestro sentido de existir”.

La exdiputada cuestionó a la gestión anterior y fustigó que “tuvimos una pandemia económica que se llamó Mauricio Macri”. “Es bueno poner responsables”, opinó y celebró que el Gobierno haya presentado “la querella para que se haga la investigación que se tiene que hacer”.

Desde el Partido Solidario, Juan Carlos Junio llamó a “la unión de los parlamentarios del Gobierno nacional alrededor de iniciativas que interpelen al pueblo”, como consideró es ésta, que “va al corazón del poder económico, al corazón del poder político, al corazón del poder cultural-mediático, por lo tanto es un proyecto valioso y valiente”.

Por Compromiso Federal, Alejandro Mosquera enfatizó que “crédito y fuga fueron parte del mismo objetivo”, por lo cual este proyecto “pone el foco adecuadamente”. “La contracara es que las políticas del FMI, el endeudamiento, siempre han servido para el mismo objetivo”, observó, y mencionó la intención del FMI de “impulsar políticas de ajuste”, las cuales el Frente de Todos tiene que “estar en contra” y dar “una pelea por recuperar soberanía”.

“Las deudas se pagan, las estafas no. Esto ha sido una verdadera estafa al Estado argentino”, subrayó Elena Hanono, del Partido del Trabajo y del Pueblo, quien criticó a la “pandemia macrista” que “endeudó al pueblo en una cantidad exorbitante” y “nos ha dejado en una situación muy frágil como país”. “Hay que enfrentar esa deuda, investigarla y pagar lo que corresponde y lo que no corresponde no hay que pagarlo”, remarcó, al tiempo que se comprometió “trabajar este proyecto, vamos a apoyarlo”.

Por su parte, Pablo Mirolo, del Frente Renovador, celebró estar reunidos todos los representantes de la coalición oficialista y dijo que es “una oportunidad para que de una vez por todas el Frente de Todos se institucionalice”. “Establezcamos cuatro, cinco o diez políticas que necesita nuestro país. Una hoja de ruta que le pueda dar al presidente, a la vicepresidenta y, por supuesto, al presidente de la Cámara de Diputados, hacia dónde tiene que ir la Argentina”, propuso.

Finalmente, el intendente de Ensenada y referente del Frente Grande, Mario Secco, lanzó que “hoy estamos hablando de la deuda que nos generó Macri y su pandilla”, pero según una encuesta “la gente, la sociedad, no se da cuenta que le echaba la culpa a Alberto”. Criticó entonces “el poder mediático que tiene el liberalismo en el país” que “le hacía creer a la gente que gran parte de la deuda la había hecho Alberto”.

En su discurso, celebró que “el pueblo argentino se está poniendo de pie” y está reclamando “que la paguen los chantas que se la fugaron”. “Esta iniciativa no se va a poder guardar, no se va a poder esconder”, añadió y advirtió: “Todos tenemos sed de avanzar con posiciones muy firmes”. Al tiempo que observó que “ellos también están avanzando”, en alusión a lo ocurrido en el Consejo de la Magistratura, con la Corte “entrando por la ventana”.

Además, en la reunión expresaron sus opiniones Claudio Morresi de Kolina; Adriana Díaz del Partido Intransigente; Rubén Cuello de Nuevo Encuentro; Octavio Argüello del Partido Cultura, Educación y Trabajo; y Daniel Siciliano de Forja.

En el marco de la reunión convocada por el interbloque Frente de Todos del Senado para analizar el proyecto de ley de creación de un fondo para el pago de la deuda pública heredada con el FMI, su impulsor, Oscar Parrilli, defendió la iniciativa ante los dirigentes cercanos al kirchnerismo convocados para “apoyar y militar” el proyecto.

Así es que el senador sostuvo que necesitan de ellos porque “este es un proyecto con el que no vamos a declarar el Día del Amigo… Es un proyecto que va a tener muchos enemigos, y ya los tiene. No va a ser una fiesta de cumpleaños lo que tenemos por delante: vamos a tener adversidades, ataques, atropellos, maniobras de todo tipo, para impedir primero que se sancione y después, si se sanciona, que se pueda llevar adelante y se pueda aplicar”.

Por eso dijo que quieren contar con los partidos políticos convocados “no solamente para difundirlo, sino militarlo. Para llevar adelante este tipo de sanciones se necesita un fuerte poder político y un fuerte acompañamiento de las grandes mayorías y los sectores populares de la Argentina”.

Luego contó Parrilli que ese proyecto estuvo inspirado en las palabras de Néstor Kirchner al cancelar en 2005 la deuda con el FMI, en las que sostuvo que ese organismo actuó como “promotor de pobreza en el pueblo argentino”. Y también las palabras de Cristina Fernández de Kirchner en el acto en Plaza de Mayo del 10 de diciembre de 2021, cuando dijo que “el FMI vivió condicionando la democracia argentina”, y pidió al Fondo “que nos ayude a recuperar los miles de millones de dólares que se fugaron al exterior. A la Argentina no le faltan dólares, están afuera”, afirmó esa vez.

“Estas son las ideas y principios que nos inspiraron para elaborar este proyecto de ley”, reiteró Parrilli, apoyándose también en que en el mundo están buscando también el dinero fugado, en ese caso proveniente del narcotráfico, el terrorismo, la venta de armas. “Es algo que pasa en todo el mundo”, aseguró, cuantificando -según dichos de David Lipton- que un 8% del PBI mundial está en guaridas fiscales y fuera del control de los estados y gobiernos.

“Así que no es un problema solo de la Argentina, sino internacional, y los países lo están empezando a resolver”, aseguró, enfatizando que contaba todo eso para que todos tuvieran elementos para defender el proyecto sabiendo que “no es una cuestión alocada, dogmática, caprichosa. Esto es algo que está haciendo el mundo”.

Parrilli recordó que el objetivo de esa ley es “evitar que sean dólares de la producción argentina con los que se pague al Fondo. Los dólares deben provenir del exterior, se deben repatriar del exterior. No estaba claro en el proyecto original y lo aclaramos. Repatriamos lo fugado al exterior y que no ha sido declarado”, dijo, recordando que “no es un nuevo impuesto, ni un blanqueo y aclaró que “no es una ley par aun año, es para varios años, hasta terminar de pagarle al FMI”.

Sin invitados para exponer, el oficialismo logró emitir dictamen favorable a la iniciativa kirchnerista para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional con dólares de argentinos en el exterior no declarados. Fue en un plenario de las comisiones de Legislación General, que preside el pampeano Daniel Bensusán, y de Presupuesto y Hacienda, a manos del riojano Ricardo Guerra, que se llevó a cabo en el Salón Azul de la Cámara de Senadores y duró tan solo una hora.

El proyecto que pasó a la firma prevé la creación de un fideicomiso formado por el aporte del 20% de los bienes de argentinos en el exterior no declarados, mientras que la otra iniciativa que reforma la Ley de Entidades Financieras para actualizar y modificar las excepciones en materia de secreto bancario, bursátil y fiscal, cuya idea es que el Estado pueda detectar las cuentas radicadas por argentinos en el extranjero que no están declaradas en el fisco, seguirá siendo debatido.

Al abrir la ronda de oradores, el neuquino Oscar Parrilli anticipó: “Tratamos un solo proyecto el del Fondo Nacional y el otro que incluía el secreto bursátil lo vamos a seguir trabajando y analizando porque nos volvamos todos a un proyecto y el otro no tuvo el debate suficiente, pedimos que se siga tratando con otros invitados y con la misma mecánica”, y manifestó que “han escuchado atentamente a los expositores para enriquecer el proyecto”.

En ese momento, tuvo un cruce con Martín Lousteau (UCR) a quien chicaneó:“Le voy a ir mencionando, no sé si le interna ¿le interesa? Ayer lo explicamos y usted no estaba, se ve que tenía ocupaciones más importantes que tratar este proyecto, ayer lo tratamos, solo le estoy contando”, y le recordó: “Cuando hablé estaban Zimmerman y Giacoppo, el resto de las sillas estaban todas vacías, se los voy a explicar ahora como son muy inteligentes lo van a poder entender”, y procedió a enumerar las modificaciones que se realizaron al texto en cuanto a los artículos y algunas terminologías.

“Estamos dispuestos a escuchar para continuar aplicando modificaciones para mejorarla”, expresó Parrilli y agradeció el tratamiento que se dio en las comisiones porque “se dio una discusión interesante porque es un tema que los legisladores no pueden dejar pasar que es el de la deuda externa y la fuga. El problema de la fuga y de los bienes y recursos que están fuera del ámbito legal el 8% del PBI fiscal están en guaridas y fuera del alcance de los gobiernos, lo dijo uno de los expositores. Puede haber leyes mejores, tiene que haber decisiones políticas de senadores y diputados tendientes a investigar, a detectar, a cobrar y a evitar que se siga fugando dinero de forma ilegal”.

A su turno, el radical Julio Martínez (La Rioja) hizo uso de la palabra para manifestar: “Veo que el proyecto es innecesario, si algo quedó claro es que lo novedoso, lo que podría ser discutible es lo del colaborador, lo demás es innecesario”.

En ese sentido, calificó al proyecto como “el más benévolo” y expresó: “Me hubiese gustado que vengan los invitados que propusimos del Banco Central, del equipo económico, de AFIP, para decirnos si son las herramientas que necesitan o cuáles son las que necesitan para aplicar lo que ellos ya tienen a mano y resolver este problema de quienes hayan evadido, lavado o tengan bienes no declarados y paguen por eso”.

“Tenemos y creemos que es innecesario, hay inconsistencias en las modificaciones, hay muchas cosas que no están claros. El proyecto es absolutamente innecesario porque con la legislación que tenemos y las herramientas que el Estado y al AFIP tienen es suficiente. No voy a acompañar con la firma y el bloque tampoco”, reiteró Martínez.

Y ratificó: “Me hubiese gustado que vengan las personas preopinantes a decirnos si esta herramienta les sirve o no. Esto es un impuesto y un blanqueo, en todos sus términos. Me gustaría que digan cuál es el incentivo para quienes cumplen y pagan como corresponde. ¿Cuáles son las condiciones para que este blanqueo tenga éxito?, en 2016 tuvo éxito porque había credibilidad”, y cerró: “Esto va ser un fracaso”.

En el mismo sentido, el radical Lousteau cuestionó: “Estuve leyendo los cambios, perdón siguiendo los cambios que ni siquiera pudimos leer, así que nos cuentan cuál es el espíritu de los cambios, no sé si hay otros, pero quiero decir que si no hay otros cambios esto sigue siendo un blanqueo porque si vamos a tratar a aquel que tiene bienes no declarados en el exterior mejor que lo que nuestra legislación vigente le haría pagar y penar mucho mejor. Ayer lo dijeron varios de los expositores 38% de ganancias, más las multas, más el IVA , más bienes personales y si tiene actividad comercial”, y preguntó: “¿Sigue siendo 20% para los que tienen bienes no declarados en el exterior? ¿Sigue siendo ese el espíritu del proyecto? ¿Siguen pudiendo entrar al blanqueo inclusive los que fueron funcionarios antes del 2010? ¿Sigue siendo un blanqueo abierto para los que pueden entrar?”.

Fue la senadora oficialista Juliana Di Tullio la encargada de contestarle: “Vamos a discutir siempre lo mismo, lo que planteamos ayer durante toda la reunión fue que estamos armonizando los considerandos con el articulado”, y subrayó: “No es un blanqueo lo vamos a seguir diciendo mil veces, lo podemos seguir discutiendo. No hay ninguna necesidad de restringir a nadie, vamos a buscar a todo el mundo, no podes blanquear, no existe la posibilidad”.

“¿Qué quiere decir que no existe la posibilidad del blanqueo?”, repreguntó de la vereda de enfrente Lousteau y expresó: “Hoy podes ir a buscar a todos los que tienen bienes no declarados en el exterior gracias a los de más de 100 convenios de intercambio de información automática. Tenes los instrumentos para ir a buscarlos y cobrarles todo lo que describís ayer en lugar de eso alguien puede pagar el 20% y quedar eximido”. “Si tenemos una legislación que castiga más a quienes no tiene bienes declarados y ahora le permitís pagar la cuarta parte de eso, ¿qué de todo eso no es un blanqueo?”, retrucó.

En su interrupción, el rionegrino Alberto Weretilneck manifestó su postura en contra: “Como toda ley que sanciona el Estado que se sale de una ley tributaria normal y habitual, es polémica e injusta. Uno lo que busca es que la mayor cantidad de contribuyentes paguen las tasas, impuestos”.

“Cualquier ley que el de un beneficio a quienes no cumplieron es un tema polémico e incluso injusto porque da un mal ejemplo para aquellos que con esfuerzo mes a mes cumplieron con sus obligaciones. Cualquier acción por parte del Estado que beneficie a alguien que incumplió la propia normativa del Estado, es una cuestión polémica y conflictiva. No ha habido ningún gobierno de ningún signo que no haya utilizado esta herramienta”, criticó el senador por Rio Negro.

En tanto, remarcó: “Nadie puede hoy ni nadie tiene autoridad moral suficiente de decir que estamos en presencia de algo que nunca se hizo en la Argentina. Hay un tema que estamos soslayando y no comparto el énfasis y pasión que le da Parrilli, la discusión no es fuga si o no, sino quién paga la deuda con el FMI. Acá la discusión es que la pagan o el pueblo con menos salud, educación, seguridad, república, con menos trabajo o los jubilados, o aquellos que evadieron el pago de los impuestos de sus distintas actividades ilegales que tiene fondos en el extranjero. Estamos de acuerdo o no con la creación del fondo, esa es la discusión”.

El radical Víctor Zimmermann (Chaco) retomó las palabras de los expositores y ratificó su pedido de que el proyecto debía haber ingresado por Diputados porque “es un impuesto”, y criticó que “también se hace un esfuerzo de tratar de explicar de que no es un blanqueo, por eso creemos que había que fortalecer instrumentos de recaudación por eso queríamos la presencia del ministro de economía y de al titular de AFIP”.

“El otro tema que me preocupa es que es un proyecto inequitativo porque para los que cumplimos este comportamiento no es bueno, no está claro cómo se van a determinar el origen de los fondos. Se trató de explicar la fuga de capitales de la gestión anterior y de las otras, es evidente que en Argentina hay fugas, más allá de que el proyecto parece inoportuno el gran desafío que tenemos todos es ver cómo hacemos para que la fuga que existió lo tomamos como algo no resuelto y generamos políticas de previsibilidad y de certezas para que las ganancias se inventan en el país. Es el motivo central”, sostuvo.

Por otro lado, el jefe del bloque Nacional y Popular, José Mayans, precisó: “Varias de las propuestas por algunos de los expositores de la oposición fueron plasmados en el proyecto, poder escuchar otras opiniones, ver la posibilidad de mejorar el proyecto incluso antes de la sesión. El problema central y, aunque algunos no les caiga bien, es que cuando nos fuimos del gobierno había un 40% deuda PBI y cuando volvimos 100 mil millones de dólares en cuatro años y una base monetaria del 84% del Banco Central demostrando el fracaso de esas políticas públicas. Dejando el 40% de pobreza, una indigencia impresionante. La magia no existe, la mayor transferencia la hizo el gobierno anterior”.

“Acá tenemos una emergencia de carácter mundial, primero desatado por la pandemia y el contexto de la guerra porque todos los argumentos que damos no son válidos para la oposición, estamos sin presupuesto por una decisión de la Cámara de Diputados, acá hay pobreza, indigencia y la pregunta que le hice a Marcos Peña fue ¿quién le parece que va a pagar esto? Porque a otra estrategia mediática del déficit 0 fue otro verso, otra gran mentira, porque se derrumbó la economía porque defaultearon en pesos. El esquema de deuda que recibimos con los intereses esto no se puede desconocer”.

Retomando la idea del proyecto, reconoció que “no va a resolver el problema” pero que “es una herramienta más para decirles a aquellos que evadieron y tiene cuentas en paraísos fiscales, porque los Estados tiene que dar respuestas”.

En otro tramo de su interrupción y con un tono elevado, el formoseño apuntó contra JxC porque “le buscan el pelo a la sopa, y por qué esto y esto, la máquina de impedir”, y les exigió que “traigan otra idea para pagar el desastre que dejaron para que no lo paguen los médicos, el trabajador, que la paguen los que nos jodieron que nos destruyó la economía del país y vamos a sostener este proyecto, traigan su proyecto entonces”.

“Son especiales en romper las reglas de juego, después van a la televisión a quejarse de que somos nosotros los que no cumplimos, ustedes no cumplen ni con la palabra de labor parlamentaria”, cerró el jefe del bloque oficialista.

Acto seguido, Lousteau recogió el guante y agradeció a Weretilneck que previamente reconoció que es un blanqueo el proyecto y explicó: “Generamos deuda cada vez que los gastos exceden a los recursos y no son solo de los que no lo tienen declarados afuera, sino también los que no tienen declarados acá en el país”.

“Vayamos a buscar a los que fugaron adentro y afuera, es fuga no declarada, este es un proyecto que no solo beneficia al que no tiene el ingreso declarado, sino que permite que entren a ese beneficio individuos que no deberían entrar como funcionarios”, volvió a cuestionar.  

En paralelo Parrilli le retrucó: “Le gusta hacer acotaciones. Si no buscamos los dólares que se fueron hay que buscan acá adentro y va a ser de quienes cumplen”, e invitó a la reflexión: “Este proyecto necesita el apoyo político, no estamos dictando una ley del amigo, sino contra muchos poderosos y contra los bancos”.

LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO

En la jornada de este martes, quedó al descubierto que el proyecto presenta una gran cantidad de errores en su redacción lo cual fue reconocido por los propios senadores oficialistas, puntualmente el autor de la iniciativa Oscar Parrilli, quien anticipó previo a finalizar la reunión las modificaciones que le harían al texto.

Fue la abogada especialista en impuestos y consejera electa en el Consejo de la Magistratura, Jimena de La Torre, quien detectó y enumeró los errores en el proyecto porque había “contradicciones entre los fundamentos y el texto porque, así como está redactado, es un blanqueo”. Además, advirtió: “Hay que barajar y dar de nuevo, atender los fundamentos porque la ley, así como esta, no sirve para nada, pero porque son muchos los artículos que hay que retocar, son demasiados. Tal vez lo que se necesita es crear un fondo de asignación específica”.

Parrilli procedió a detallar los cambios en la redacción del proyecto: “Este proyecto o Fondo o es para cancelar la deuda actual con el FMI la presente y la futura sin prórrogas, es decir se suprime la facultad del Ejecutivo de derogarla; ampliamos las facultades de la AFIP para dictar los procedimientos que necesita para aplicar la ley sobre la documentación respaldatoria de las investigaciones que lleven adelante; establecemos que el monto que se deba pagar que la AFIP lo cobre en efectivo y aplique un plazo de 12 meses en cuotas mensuales para facilitar la percepción; si no hay allanamiento y se tienen que cobrar todos los impuestos evadidos, se cobra además el 20% establecido en el proyecto; nada se contempla con respecto a lavado de dinero, contrabando, terrorismo, nada de eso”.

Respecto a la figura del colaborador, el senador neuquino señaló que “debe dar una información veraz, confiable, contundente y sincera, no irá a la AFIP a denunciar, sino que pretendemos crear un nuevo programa dentro del Ministerio de Justicia para garantizar el anonimato. Si da información falsa comete un delito o quiere difamar nada más, no tendrá cabida en esto. El monto mínimo que tiene que denunciar el colaborador es de u$s 500.000 dólares”.

En el plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda del Senado, la abogada especialista en impuestos y consejera electa en el Consejo de la Magistratura, Jimena de La Torre, enumeró los graves errores en el proyecto oficialista que propone crear un Fondo para la cancelación e la deuda con el FMI y consideró que “la ley, así como esta, no sirve para nada, pero porque son muchos los artículos que hay que retocar”.

En su intervención, La Torre manifestó que la confusión está en tratar de identificar los fundamentos respecto del texto y el articulado porque “hay contradicción sobre si es o no blanqueo, o una sobre tasa en donde en realidad perseguimos al evasor con todo el peso de la ley”.

“Tal vez hay un desfasaje entre los fundamentos y el texto, se puede adecuar el texto a los fundamentos”, remarcó y procedió a leer textualmente: “Se propone un aporte del 20% por cada bien o activo sin declarar detectado en el exterior y en consecuencia se abre la posibilidad a que el fisco determine y exija en su justa medida los tributos evadidos de otros impuestos nacionales por los periodos no prescriptos aplicando todos los mecanismos de la Ley Fiscal. Los evasores deberán abonar el aporte especial para el Fondo Nacional creado en moneda extranjera y eso será trasferido para el pago con el FMI además de hacerse cargo del resto de los impuestos evadidos”.

Y señaló: “Encuentro al evasor a través de la figura del soplón fiscal o intercambios que hoy existen como el AFIP, que no tiene mucho sentido igual, que miren con especial atención la información que reciben que persigan al evasor y que le cobran una sobretasa, además de todo lo que debe, pero cuando vamos al texto de la ley dice todo lo contrario y es evidente que dice todo lo contrario”.

En tanto, sugirió retocar los fundamentos o el texto, pero precisó que “el texto de la ley dice en su artículo 13 que los sujetos comprendidos y que no ingresen el aporte deben cumplir con todas las obligaciones tributarias emitidas y evadidas y serán pasibles de ser denunciados en la ley penal y será aplicable el decomiso definitivo de bienes”, y aclaró que ese artículo está en “franca contracción con los argumentos”.

“Hay contradicciones entre los fundamentos y lo que dice la ley, también en su artículo 11. Estamos convirtiendo al Estado nacional en un vehículo de lavados de activos y creo que ese no es el objetivo y nadie quiere eso”, advirtió.

“En AFIP estuve entre 2018 y 2019, puedo hablar qué pasó en ese tiempo donde de los 116 mil millones dólares declarados en el sinceramiento fiscal que fue el blanqueo más exitoso del mundo y no fue porque lo redacte yo, sino que estaban las condiciones de confianza dadas a nivel mundial. Un 80% de bienes en el exterior fueron blanqueados”, explicó la abogada especialista en política fiscal.

A su vez, precisó que si “la intención real es lo que lo dice en los fundamentos se traduce a la ley deben eliminar el artículo 16 que genera beneficios a quien paga la tasa, hay que incorporar un artículo que podría ser un equivalente al artículo 14 de la ley de blanqueo”.

“Esto es un impuesto porque tiene una base imponible, un hecho imponible, una alícuota determinada y tiene un sujeto pasivo y activo, esto es un impuesto”, remarcó La Torre.

También sugirió modificar la forma en que se va a definir porque “si tiene características de una multa, hay que ver cómo se redacta de modo tal que saltee los escollos constitucionales. Si es sobretasa y le damos naturaleza de impuesto obligatorio, hay que sortear el escollo de la confiscatoriedad”.

“Hay que barajar y dar de nuevo, atender los fundamentos porque la ley, así como esta, no sirve para nada, pero porque son muchos los artículos que hay que retocar, son demasiados. Tal vez lo que se necesita es crear un fondo de asignación específica”, cuestionó La Torre.

En el plenario de las comisiones de Legislación General, que preside el pampeano Daniel Bensusán, y de Presupuesto y Hacienda, del riojano Ricardo Guerra, quedó al descubierto que la iniciativa kirchnerista para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional con dólares de argentinos en el exterior no declarados, presenta una gran cantidad de errores en su redacción lo cual fue reconocido por los propios senadores oficialistas quienes anunciaron que harán modificaciones al respecto. El debate se retomará este miércoles a las 14.

La reunión se llevó a cabo en el Salón Azul de la Cámara de Senadores con la participación de Pablo Manzanelli, doctor en Ciencias Sociales; Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista; Jimena de La Torre, abogada especialista en impuestos y consejera electa en el Consejo de la Magistratura; y Andrés Edelstein, contador público y vicepresidente de la Comisión de Estudios Tributarios del Consejo de Ciencias Económicas de CABA.

Dos son los proyectos kirchneristas analizados, de los cuales uno prevé la creación de un fideicomiso formado por el aporte del 20% de los bienes de argentinos en el exterior no declarados, y el otro es una iniciativa que reforma la Ley de Entidades Financieras para actualizar y modificar las excepciones en materia de secreto bancario, bursátil y fiscal. La idea es que el Estado pueda detectar las cuentas radicadas por argentinos en el extranjero que no están declaradas en el fisco.

El primero en exponer fue Pablo Manzanelli quien puso el foco en los aspectos “macroeconómicos del proyecto” que remiten a “indagar sobre la crisis de la deuda que se heredó del gobierno anterior” y aclaró que “calificarla como la crisis de la deuda no remite a un juicio personal, sino que es algo que se decretó en dos oportunidades durante el gobierno anterior”.

“Cuando tuvo que apelar al prestamista en última instancia a mediados del 2018, es decir al FMI, y la segunda cuando en agosto de 2019 declaró desierta la licitación de dólares”, enumeró y siguió: “Entre diciembre del 2015, donde teníamos una economía desendeudada desde el punto de vista del crédito en moneda extranjera, y diciembre del 2019, en el que solo mediaron 4 años, se produjo un ciclo de endeudamiento inédito que dinamitaron a la economía argentina y la solvencia financiera”.

En es sentido, continuó: “Fue un endeudamiento basado en deuda en moneda extranjera, la más difícil y compleja desde el punto de vista de solvencia financiera sabiendo el problema de escasez de dólares en el país”.

Respecto al proyecto sostuvo que “busca dar respuesta a un problema viejo”, y apuntó contra la gestión de Mauricio Macri que “aumentó la deuda pública anual de 25 mil millones de dólares, el momento más elevado de la historia de la argentina”. “Esta montaña de deuda que incubó el gobierno anterior, bajo ningún aspecto puede ser refinanciada por una economía como la argentina y más aún si nos atenemos a los vencimientos que dejó el gobierno de Macri”, cuestionó Manzanelli y añadió: “Esto es impagable”.

Por el contrario, ponderó al Gobierno oficialista que “hizo una reestructuración con los privados” para “dar pelea a este problema grave de la crisis de la deuda que recibió”, pero consideró que “debió ser más agresiva”. También destacó la postergación de los vencimientos de los próximos tres años que “eran impagables”, aunque remarcó que “el problema sigue vigente y latente hasta el 2030 con vencimientos superiores a 20 mil millones de dólares, por lo cual se vuelve imprescindible si lo que uno busca es no hacer una devaluación y un ajuste recesivo para resolver por esa vía la crisis de la deuda, desplegar iniciativas que buscan resolver este gran problema que se heredó del gobierno anterior”.

“Este proyecto se podría construir en ese sentido, no necesariamente lo va a resolver, pero es absolutamente imprescindible en ese plano si no se quiere caer en otra deuda. El proyecto también vincula dos aspectos como la deuda y la fuga, aunque hasta acá solo una porción de la fuga de capitales”, destacó Manzanelli y definió: “La fuga de capitales conceptualmente es excedente económico que se extrae del circuito y sistema económico, que no se consume ni se invierte y tampoco se deposita en el sistema financiero local”. En ese sentido, precisó que “este proyecto abarca una parte de eso, agarra solo o busca captar fuga de capitales ilegal radicada en el exterior”.

A su turno, Andrés Edelstein se refirió a la finalidad para la que se constituye el Fondo a la que consideró “válida” porque “tiene que ver con una decisión política que puede ser que tenga racionalidad financiera y económica en la mediad que sea posible para cancelar deuda”.

Pero, preguntó: “¿Cuáles son los medios que se eligen para dar pie al objetivo?”, y respondió que tiene que ver con “un régimen de regularización especial para lo cual se crea un aporte extraordinario especial que va a permitir financiar la cancelación de la deuda”. Sin embargo, cuestionó que no se dan razones de “oportunidad, mérito y de conveniencia”.

“En cuanto a la oportunidad, entendido como que es un aporte de regularización excepcional, un blanqueo, entendiendo que es así porque al leer los fundamentos no queda del todo claro porque sostienen que demás de los aportes especiales correspondería ingresos de los impuestos omitidos, no es oportuno un régimen de estas características porque en los últimos 14 años han existido 4 regímenes de estas características, es decir un blanqueo cada 3 años, algo insólito y de récord absoluto”, criticó Edelstein.

En tanto señaló que se debe corregir el artículo 7 porque “hay una imprecisión elocuente en el que habla de bienes no declarados en el exterior porque no da fechas precisas ni de corte; la segunda cuestión tiene que ver con el artículo 8 que habla de bienes a la fecha de detección”. Momento en el cual los senadores Oscar Parrilli y Juliana Di Tullio consultaron sobre cuál sería la fecha que debe especificar dicho artículo, a lo que el contador especificó que “debe ir una fecha de corte”.

A su vez, el chaqueño Víctor Zimmerman consultó por los regímenes de regularización del pasado vigente, ante lo cual Edelstein precisó: “En cuanto a los otros regímenes en el 2008 la Ley 26.476 el monto exteriorizado 4.600 millones de dólares donde el impuesto especial era progresivo de un 8%, el segundo fue la Ley 26.860 no había impuesto especial se condonaba y lo exteriorizado fue alrededor de 2.500 millones de fondos declarados, la Ley 27.260 con 116.800 millones de dólares, la Ley 27.603 el año pasado no fue relevante lo que se puede decir”.

“¿Qué pasa si una persona es detectada con bienes no declarados con la legislación actual? Si un sujeto argentino tiene bienes no declarados en el exterior debe abonar el impuesto a las ganancias del monto detectado más un 10% de renta. Además, debe pagar intereses resarcitorios, multas por omisión que van del 100 al 200%, por defraudación son dos veces, bienes personales a la alícuota vigente, si realiza alguna actividad comercial el impuesto agregado, cuando haces la sumatoria encontrar una recaudación importante”, explicó.

En su exposición, el abogado Eduardo Barcesat abordó los aspectos jurídicos del proyecto fundamentalmente buscando los soportes constitucionales y convencionales sobre los cuales “puede apoyarse”.

“Corresponde nombrar al preámbulo cuando dice ‘promover al bienestar general’ creo que la idea es resolver la deuda y la fuga de capitales, son dos objetivos que están enlazados y cuanto se haga en pro de ello debe meritar nuestros consensos”, destacó.

En suma, sostuvo que el artículo 75 inciso 7 que define las potestades del Congreso “habla de arreglar el pago de la deuda exterior e interior de la Nación y se sostuvo como incumbencia ese artículo”. Asimismo, pidió a los senadores que “piensen” la posibilidad de que el proyecto sea entendido y se corresponda con el arreglo de la deuda externa de la Argentina y “no buscar calificativos o vocablos que excedan la semántica constitucional”.

Además, precisó que los incisos 18 y 19 del artículo 75 de la Constitución Nacional “desarrollan el concepto de la cláusula del progreso enriquecida con la formula del derecho al desarrollo social y humano sustentable, no solamente se trata de crear riquezas sino también de distribuir dicha riqueza de forma igualitaria que una a las distintas regiones que componen el territorio”.

En suma, apeló a los tratados internacionales para fundamentar que son “la base de lo que propone el proyecto” porque “tienen el mismo texto, pero es el énfasis que pusieron los expertos de Naciones Unidas en afirmar el derecho de autodeterminación de los pueblos, derecho de independencia económica y la titularidad de los pueblos sobre el conjunto de sus riquezas”.

“Todo aquello que tienda a que se recupere lo que ha sido explotación de recursos en el territorio de la Nación es una forma de cumplimentar y de respetar estas normas que gozan de jerarquía sino que son normas de más alto rango de derecho internacional de derecho humano, su invocación tiene espalda ancha para proteger cuanto se haga en beneficio de estos dispositivos que son la conciencia elevada”, explayó Barcesat y cerró: “Hay que reducir el peso de la deuda externa que agobian a los países del continente americano”.

Por su parte, fue la abogada Jimena de La Torre quien detectó los errores en el proyecto ya que manifestó que “la confusión está en tratar de identificar los fundamentos respecto del texto y el articulado porque hay contradicción sobre si es o no blanqueo, o una sobre tasa en donde en realidad perseguimos al evasor con todo el peso de la ley”.

“Hay contradicciones entre los fundamentos y lo que dice la ley, también en su artículo 11. Estamos convirtiendo al Estado nacional en un vehículo de lavados de activos y creo que ese no es el objetivo y nadie quiere eso”, advirtió. “Esto es un impuesto porque tiene una base imponible, un hecho imponible, una alícuota determinada y tiene un sujeto pasivo y activo, esto es un impuesto”, remarcó La Torre.

También sugirió modificar la forma en que se va a definir “esto que se crea porque si tiene características de una multa hay que ver cómo se redacta de modo tal que saltee los escollos constitucionales. Si es sobretasa y le damos naturaleza de impuesto obligatorio hay que sortear el escollo de la confiscatoriedad”.

“Hay que barajar y dar de nuevo, atender los fundamentos porque la ley, así como esta, no sirve para nada, pero porque son muchos los artículos que hay que retocar, son demasiados. Tal vez lo que se necesita es crear un fondo de asignación específica”, cuestionó La Torre.

Fue el puntano Adolfo Rodríguez Saá el primero reconocer los errores de la iniciativa y sostuvo: “¿Qué queremos hacer? La mejor ley y vamos a corregir las cosas que han señalado y que están mal. Los fundamentos están bien, entonces vamos a corregir la redacción para que el espíritu sea el de los fundamentos y vamos a ponerlo correctamente”.

En tanto, pidió colaboración y que “no nos enojemos, estamos aceptando los errores, busquemos el consenso. No tenemos la intención que sea un blanqueo de los evasores”. Asimismo, destacó la presencia de Jimena La Torre porque “nos ha servido estas presentaciones para encontrar el camino y debemos nosotros encontrar la precisión de la redacción en un tema de trascendencia enorme para aliviar al pueblo de la carga de la deuda con este camino creativo”.

“Estamos en presencia de un drama argentino y ante la presencia de un proyecto creativo para crear nuevo fondo para pagar la deuda de quienes han llevado sus capitales fuera del país evadiendo impuestos en contra de las leyes argentinas. Vamos a ir contra los pícaros, contra los que siempre en perjuicio del pueblo han lucrado”, cerró el puntano.

En el mismo sentido se pronuncio el chaqueño Antonio Rodas quien expresó: “Desde el 1800 somos los campeones mundiales de la evasión, de ocultar los bienes, de preocuparnos por cualquier cosa menos por lo que le interesa al pueblo argentino, ya no se trata de buscar responsables y acusarnos entre gobiernos, hay una realidad de que este país necesita un aporte llámese como se llame para poder salir de esta situación, no necesitamos bienes materiales, necesitamos dólares, que no lo podemos fabricar”.

“Esta oportunidad para poder morigerar el efecto de los compromisos que tuvimos que hacer con el Fondo Monetario. No culpo a nadie, pero debe haber un sinceramiento porque si no siempre dicen que los culpables somos los políticos. Los que estamos acá tenemos la responsabilidad, la política va a resolver el nombre adecuado. La voluntad política es sacar una ley que beneficie el pueblo argentino”, cerró Rodas.

Por último, Parrilli mencionó los temas en los que se esta trabajando para perfeccionar el proyecto, tras escuchar la exposición de los invitados y en colaboración con algunos senadores de la oposición: “Este proyecto o Fondo o es para cancelar al deuda actual con el FMI la presente y la futura sin prórrogas; ampliamos las facultades de la AFIP para dictar los procedimientos que necesita para aplicar la ley sobre la documentación respaldatoria de las investigaicnes que lleven adelante; establecemos que el monto que se deba pagar que la AFIP lo cobre en efectivo y aplique un plazo de 12 meses en cuotas mensuales para facilitar la percepción; nada se contempla con respecto a la vado de dinero, contrabando, terrorismo, nada de eso”.

Respecto a la figura del colaborador, el senador neuquino señaló que “debe dar una información veraz, confiable, contundente y sincera, no irá a la AFIP a denunciar, sino que pretendemos crear un nuevo programa dentro del Ministerio de Justicia para garantizar el anonimato. Si da información falsa comete un delito o quiere difamar nada más, no tendrá cabida en esto”.

El presidente de la Comisión de Legislación General del Senado, Daniel Bensusán (FdT), se refirió este lunes al proyecto del oficialismo para crear un fondo para pagar la deuda al FMI a partir de la recuperación de dólares fugados y adelantó que se realizarán “dos o tres reuniones más y después veremos de sacar dictamen a un proyecto que está abierto a cualquier tipo de modificación”.

Esos próximos encuentros contarán con la presencia de diferentes economistas y especialistas, incluso algunos propuestos por Juntos por el Cambio, luego que la semana pasada se iniciara el debate solo con referentes invitados por el Frente de Todos.

“Lo que escuchamos en la comisión de la semana pasada fueron todas chicanas, de discutir qué es fuga, qué no es fuga. Dejémonos de joder, hay que salir a buscar los fondos. ¿Qué quieren, que lo paguen el trabajador, el comerciante, el industrial, el que apuesta por la Argentina, el que genera fuentes de trabajo? No, que lo paguen los que hicieron negocio en esos cuatro años”, enfatizó el pampeano.

Además, el legislador, encargado de conducir el plenario que incluye también a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, señaló: “Nosotros damos la posibilidad de que puedan introducir cambios para que después no digan que salen los proyectos inconsultos, como lo dijeron la semana pasada con el Consejo de la Magistratura”.

“La situación económica del país, la inflación, no da para que siga habiendo intereses sectoriales y personales de un lado o del otro”, añadió el oficialista en declaraciones a Radio 10, e insistió que este proyecto busca “dar una herramienta al Gobierno nacional para pagar la deuda con el FMI, deuda que este Gobierno no contrajo, pero que se hizo cargo”.

Bensusán recordó que los propios informes del FMI y del Banco Central indican que, de los 45 mil millones de dólares, “se fugaron un gran porcentaje”. “Vayamos a buscar a los que hicieron el negocio y no lo declararon”, pidió.

Y aclaró que “no es que estamos yendo a buscar a los que ganaron plata porque ganaron plata y estuvieron dentro de las reglas impositivas y las reglas de mercado que había en ese momento, y bueno, hicieron negocio”.

A partir de las 15 arrancará este miércoles en el Salón Azul un plenario de comisiones en el que se debatirá el proyecto presentado días pasados por el oficialismo para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional con dólares de argentinos en el exterior no declarados.

Será en el marco de un plenario de las comisiones de Legislación General, que preside el pampeano Daniel Bensusán, y de Presupuesto y Hacienda, del riojano Ricardo Guerra, que comenzarán a debatir sendos proyectos de senadores kirchneristas que prevén la creación de un fideicomiso formado por el aporte del 20% de los bienes de argentinos en el exterior no declarados, como así también una iniciativa que reforma la Ley de Entidades Financieras.

En el primero de los casos, se trata de un proyecto de un grupo de senadores encabezados por Oscar Parrilli, que crea el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional, a través del cual se busca que quienes tengan bienes en el exterior que fueron fugados y no están declarados ante el fisco, realicen un aporte especial de emergencia”.

“Este aporte no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos y argentinas, ya que sólo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior, estén evadiendo impuestos o lavando dinero. Los alcanzados por este aporte deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares”, fundamenta el proyecto, que anticipa que en el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley la alícuota subirá al 35%. Por otro lado, indica que quienes no se allanen al pago de este aporte corren el riesgo de tener una pena en prisión, tal como lo estipula la ley vigente.

La ley también alcanzará a quienes hayan hecho un cambio de residencia fiscal a otro país “cuando el verdadero centro vital de intereses continúe siendo la República Argentina”.

Los senadores proponen también usar la figura del colaborador, que se aplicará a quienes faciliten el hallazgo de bienes no declarados. Podrán colaborar tanto las personas físicas como también las entidades bancarias, que serán liberadas de cualquier acuerdo de confidencialidad con el evasor. Los que ayuden a este fin serán premiados con hasta el 30% de lo que se obtenga por la información aportada.

El otro proyecto también es de Parrilli y compañía, que prevé la modificación de la Ley 21.526 de Entidades Financieras, para actualizar y modificar las excepciones en materia de secreto bancario, bursátil y fiscal.

La idea es que el Estado pueda detectar las cuentas radicadas por argentinos en el extranjero que no están declaradas en el fisco. Se busca con ello que los fiscales a cargo de la investigación de la causa por evasión no estén obligados a esperar la autorización de un juez para acceder a la información sobre las cuentas no declaradas en el extranjero.