La iniciativa es impulsada por la diputada Dolores Martínez a raíz de la denuncia que el titular de la Juventud Radical hizo a través de sus redes sociales al recibir mensajes amenazantes hacia su persona.
La diputada nacional Dolores Martínez (Evolución Radical) presentó un proyecto de declaración para repudiar las amenazas e intimidaciones que recibió el titular de la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires, Agustín Rombolá, a través de sus redes sociales.
“Estamos convencidos que en una sociedad civilizada existen infinidad de canales y formas respetuosas de los derechos y libertades para defender nuestras creencias, ideologías y proyectos”, expresó Martínez.
A su vez, recordó que “estas prácticas violentas e intolerantes que atentan contra el pacto cívico establecido en 1983 no pueden naturalizarse, pasar inadvertidas ni quedar impunes”.
El proyecto lleva las firmas de Rodrigo de Loredo, Mario Negri, Emiliano Yacobitti, Graciela Ocaña, Juan Manuel López, Álvaro González, Martín Tetaz, Danya Tavela, Soledad Carrizo, Maximiliano Ferraro, Natalia Sarapura, Alejandro Cacace, Carla Carrizo, Gabriela Brouwer de Koning, Marcela Antola, Victoria Tejeda, Roxana Reyes, Lidia Ascárate, Carlos Polini, Fernando Carbajal, Juan Martín, Gabriela Lena y Jorge Rizzotti.
4591-D-2023Desde la principal oposición trabajan sobre la agenda verde del Congreso con una nueva propuesta de un tema que es impulsado sobre todo por sectores del oficialismo y que encontró rechazos opositores en cuanto a la inclusión de nuevos impuestos.
Cerca estuvo el oficialismo de llegar al recinto con el proyecto de ley de envases. Allá por noviembre de 2021, luego de un amplio debate se estuvo a punto de debatir en el recinto de la Cámara baja la iniciativa, pero esa sesión terminó suspendiéndose y el proyecto perdió estado parlamentario.
En el camino quedaron expuestas posiciones muy encontradas en determinados puntos y denuncias de parte del oficialismo referidas a la presión de lobbies interesados en frenar la norma. En un seminario organizado por el diputado Luciano Laspina (Pro-Santa Fe) en diciembre de ese mismo año, integrantes de varias cámaras empresarias del sector reiteraron sus críticas al proyecto de gestión de envases que acababa de recibir dictamen y rechazaron la inclusión de una tasa ambiental en el texto del Poder Ejecutivo, advirtiendo que de sancionarse habría aumento de precios, y que el fin de la iniciativa era “recaudatorio”.
En ese encuentro, el titular del interbloque de Juntos por el Cambio Mario Negri adelantó el rechazo de ese espacio a la creación de una tasa ambiental, al afirmar que “no” van a “acompañar un impuesto más”, y enfatizó: “Que quede claro que no vamos a meter impuestos disfrazados de tasas cuando no es tasa ni se presta servicio de ninguna naturaleza”.
Especialista en temas ambientales, la entonces diputada radical cordobesa Brenda Austin advertía que “el camino más fácil es pagar la tasa, trasladar al consumidor y seguir obrando como hasta acá. En este entramado, la protección del ambiente y el fomento de la economía circular son los grandes perdedores”.
Por esos días, el entonces diputado radical Gustavo Menna impulsaba un sistema de responsabilidad extendida del productor que promueva la articulación público-privada y habilite la posibilidad de proponer alternativas para contribuir al principio preventivo y generar incentivos reales de transformar las prácticas, lo que alienta la concientización sobre la producción y el consumo sostenibles.
Este año desde el oficialismo volvieron a impulsar el proyecto. Fue a través de la oficialista Natalia Zaracho, que el 14 de junio recordó que en la materia se presentaron más de 48 proyectos en los últimos años, sin que ningún lograra avanzar.
Ahora es desde la principal oposición que agitan el tema. La diputada de Evolución Radical por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Dolores Martínez acaba de presentar un plan legislativo que registra la importancia de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), uno de los puntos en común con el proyecto que fue impulsado por el oficialismo en materia de envases con inclusión social.
Entre los puntos principales está promover el compromiso de todos los actores involucrados en la gestión de los envases y de los envases post consumo; también la formalización laboral de los trabajadores recicladores que participen en la cadena de valor de recuperación y reciclado de envases post consumo. Entre otros de los ítems, la separación en origen y la disposición inicial selectiva por parte de los usuarios y consumidores de envases, como así también la recolección diferenciada de los envases post consumo, según el sistema de gestión aprobado.
En el proyecto, su autora define en los primeros artículos el rol de productor responsable como aquel que inserta por primera vez en el mercado local un producto envasado, aun cuando la venta fuere a realizarse a uno o varios intermediarios previos al consumidor final; lo que es la gestión ambiental de envases y envases post consumo, actividades interdependientes y complementarias entre sí, que conforman un proceso de acciones para el manejo de envases y de envases post consumo, con el objeto de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población, atendiendo a los objetivos, metas y jerarquía de opciones de la presente ley.
Este proyecto de Dolores Martínez lleva también las firmas de los diputados Martín Berhongaray, Maximiliano Ferraro, Ximena García, Camila Crescimbeni, Mariana Zuvic, Emiliano Yacobitti, Soledad Carrizo, Marilú Quiroz, Lisandro Nieri, Jimena Latorre, Ana Clara Romero, Margarita Stolbizer, Pablo Torello y Martín Maquieyra, lo que muestra el amplio abanico de apoyo con que cuenta la iniciativa en JxC.
Comprende las etapas de producción, generación, almacenamiento transitorio, transporte, tratamiento, disposición final o utilización como insumo de otro proceso productivo.
También describe el concepto de Mejor Práctica Gestión Disponible (MPGD): es la alternativa más eficaz y avanzada de gestión ambiental de envases y de envases post consumo frente a determinado contexto, que incluya las particularidades de la jurisdicción correspondiente, el tipo de envase y su composición, entre otros. La misma, deberá demostrar la capacidad práctica económica, social y ambiental de sus técnicas de gestión para cumplir con los objetivos y la jerarquía de opciones establecida en este proyecto legislativo.
El deber de todo productor responsable será establecer y organizar a su costo uno o varios sistemas de gestión ambiental de envases y envases post consumo a los fines de dar cumplimiento a los objetivos y metas de esta ley y en el marco del Principio de responsabilidad extendida del productor (REP), debiendo justificar la opción elegida bajo la jerarquía de opciones establecida en el artículo 4 del plan impulsado por Juntos por el Cambio.
Los Productores Responsables implementarán y/o integrarán uno o varios de los sistemas de gestión siguientes: Sistema Integrado de Gestión Ambiental de Envases, que podrá ser público, privado o mixto, individual o colectivo. También deberán suscribir acuerdos con las autoridades competentes a fin de especificar las obligaciones de cada una de las partes; Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (DDR) a fin de recuperar los envases post consumo puestos por ellos en el mercado.
En el primer sistema, cada Productor Responsable deberá realizar un aporte dinerario por cada envase sujeto al SIG puesto por primera vez en el mercado nacional. El SIG establecerá montos diferenciales en función de la aptitud y diseño del envase para ser reciclado y del contenido de material reciclado, de acuerdo a las normas reglamentarias. Por lo que el monto de dicho aporte dinerario será determinado por el propio SIG, debiendo acreditar a las Autoridades Competentes ser suficiente para cubrir la gestión del envase y envase post consumo.
Esta cantidad no tendrá la consideración de precio ni estará sujeta, por tanto, a tributación; así es como una vez realizado dicho aporte dinerario, se entenderá delegada la gestión del envase o envase post consumo al SIG. Éste deberá devolverlos a sus Productores Responsables miembros o, en su defecto, el valor de comercialización, a prorrata.
Tanto en el Sistema Público de Gestión Ambiental de Envases como en el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno, los Productores Responsables deberán determinar y percibir un valor monetario en carácter de depósito por cada envase comprendido en la transacción, el que será devuelto al momento del retorno del mismo. Dicho monto debe ser fehacientemente comunicado y resultar suficiente para estimular su devolución. Esta cantidad tampoco tendrá la consideración de precio ni estará sujeta, por tanto, a tributación alguna.
Los distribuidores estarán obligados a recibir gratuitamente del consumidor una cantidad de envases post consumo al menos equivalente a aquella que hayan introducido en el mercado local. En ese sentido se tendrá en cuenta la factibilidad física y económica de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs).
Quien habló al respecto fue uno de los firmantes del proyecto, Martín Maquieyra del Pro: “Nosotros no estamos de acuerdo con crear otro impuesto, sino por supuesto incentivar a que las empresas puedan reducir la cantidad de plásticos, dándoles un beneficio fiscal, que sea un beneficio no un castigo, y esto entendiendo la situación económica de todas las PyMEs y empresas del país que como todos los ciudadanos están con la soga al cuello por la gran emisión impositiva que hay”, afirmó el diputado pampeano.
Por último, la autoridad de aplicación debe ocuparse de formular la política en materia de gestión de envases y envases post consumo, consensuada en el seno del COFEMA; también el Plan Nacional de Gestión Ambiental de Envases y Envases Post Consumo, en cumplimiento con los presupuestos mínimos establecidos en la presente. Deberá además, colaborar con las jurisdicciones en la realización de campañas de difusión y concientización de los consumidores, a fin de impulsar la separación en origen y con respecto al funcionamiento de la gestión ambiental de envases y envases post consumo promover la regulación de incentivos fiscales que contribuyan al desarrollo de los sistemas de gestión de envases.
Queda pendiente el debate y tratamiento en la comisión de primera competencia, Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano; luego enriquecer el proyecto de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de Envases y Envases Post Consumo en la comisión de Presupuesto y Hacienda.
2936-D-2023La iniciativa fue presentada por la diputada Dolores Martínez tras conocerse que el Ministerio de Economía y la Secretaría de Comercio acordaron el control del programa “Precios Justos” de la mano del gremio de Camioneros.
Tras darse a conocer que el Ministerio de Economía y la Secretaría de Comercio delegaron en el gremio de Camioneros el control del programa “Precios Justos”, la diputada nacional Dolores Martínez (Evolución Radical) presentó un proyecto para pedir a ambos organismos un informe respecto de la participación sindical en la fiscalización del programa y monitoreo de abastecimiento.
En la iniciativa, solicita saber que se exprese y publique el marco legal que guiará la conducta de los sindicatos y de cualquier otro actor que participe en las tareas de control; que sindicatos participarán en las acciones de control de stock y precios; si las personas que se desempeñen como fiscalizadores cuentan con alguna credencial o documento acreditativo de su identidad y que certifique su potestad; para realizar las acciones derivadas de su rol de control.
“Disponga las facultades con las que cuentan los gremios frente a la detección de irregularidades y establezca los mecanismos de rendición de cuentas que se implementarán para evaluar su desempeño”, agrega en otro punto y plantea: “A excepción respecto a quien ejerce el poder de policía requiere una norma que delegue tal potestad y debe ser fundada y proporcional al fin que persigue, estableciendo todos los mecanismos necesarios para evitar abusos y arbitrariedades”.
También, el proyecto solicita que se informe la dotación que se desempeña en la Secretaría de Comercio y las subsecretarías dependientes a fin de evaluar si se justifica la delegación de la facultad de inspección y monitoreo de los actores económicos a controlar. Asimismo, se solicita se indique cuáles serán las tareas que los actores estatales realizarán a partir de la información que se derive del control y monitoreo, así como el mecanismo que se implementará para procesar dicho insumo.
“Necesitamos recuperar la eficiencia de la acción estatal y, si bien es deseable el involucramiento de la sociedad civil y su participación, se vuelve indispensable que quienes participen estén capacitados en las tareas que realizarán, cuenten con un marco normativo que regule sus conductas y estén comprometidos con el bienestar general”, manifestó.
Acompañan con su firma los diputados Danya Tavela, Gabriela Brouwer de Koning, Victoria Tejeda, Carla Carrizo, Marcela Antola, Alejandro Cacace, Germana Figueroa Casas, Pedro Galimberti, Soher El Sukaria, Sabrina Ajmechet, Martin Tetaz, Margarita Stolbizer, Lidia Ascárate, Francisco Monti.
6926-D-2022Se trata de una discusión recurrente que por fin comienza a ser analizada en la comisión pertinente. Qué es lo que se pide. El exceso de las sesiones especiales.
No es habitual que la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara baja se reúna. Con toda lógica estuvo muy activa en 2020, cuando la pandemia obligó a buscar formas para mantener la actividad cuando la presencialidad se hacía imposible. Hubo reglamentaciones para la ocasión y se trabajó en base a protocolos que siempre tuvieron fechas de vencimiento.
La pandemia dejó lecciones y, sobre todo, herramientas que podrían servir para eficientizar la tarea legislativa. Pero el tiempo irá acomodando los tantos, aclaran legisladores que siguen priorizando la presencialidad por sobre el uso de la tecnología. Y como tampoco desechan esa última alternativa, sugieren que el tiempo y la negociación irán acomodando las cosas.
Como sea, hay reclamos continuos que volvieron a ponerse en consideración, fundamentalmente en cuanto a la necesidad de evitar esas sesiones maratónicas que se han transformado en una constante: la Cámara de Diputados sesiona de manera intermitente y la justificación de este hecho habrá que buscarla en la paridad extrema que existe entre el oficialismo y la principal oposición. Y al sesionar poco, las sesiones se extienden.
Es un reclamo permanente entonces el de buscarle una solución a una constante que quedó expuesta una vez más con la sesión del Presupuesto, que arrancó a las 13.45 y se extendió hasta las 9.12 del día siguiente. ¿Cuán frescas pueden estar las mentes de los diputados cuando una sesión se extiende casi 20 horas? Lo planteaba una diputada opositora muy puntillosa en materia de números, de esas que intervienen permanentemente en las comisiones y sesiones para hablar de los opinar sobre cuestiones inherentes a los recursos: “No me sentía para nada lúcida durante el debate en particular, cuando tirábamos cifras y había que votar sobre modificaciones que se hacían sobre la marcha”.
Sin contemplar que ese debate en particular se extendió más de cuatro horas, con votaciones sucesivas y permanentes, que obligaban a los legisladores a estar sentados en sus bancas todo ese tiempo, sin siquiera poder ir al baño. Hubo por lo menos uno que no aguantó y quedó expuesto en la votación.
Las sesiones maratónicas son una constante. No es de ahora, pero vale como ejemplo lo que ha sido la gestión encabezada por Alberto Fernández. Durante estos casi tres años hubo en la Cámara de Diputados 33 sesiones, de las cuales solo 8 terminaron antes de medianoche y 25 concluyeron al día siguiente.
El tema fue eje del debate que se dio en una reunión de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento que preside la oficialista Paula Penacca, donde comenzaron a analizar iniciativas para modificar horarios, extensión y fechas de las sesiones.
En ese marco, se analizaron proyectos de tres legisladores de Juntos por el Cambio: Silvia Lospennato (Pro), Dolores Martínez (Evolución Radical) y Emilio Monzó (Encuentro Federal).
El proyecto de Lospennato prevé modificar el artículo 173 del reglamento de la Cámara, estableciendo que “la sesión podrá ser convocada entre las 11 y las 14 horas, salvo que fuera convocada en horario distinto por mayoría de los 2/3 de los miembros del cuerpo”.
¿Qué dice el artículo 173? Horarios para convocar a sesiones: La Cámara no podrá acordar sesiones ni podrán ser solicitadas para que se celebren entre las 0 y las 9 horas, salvo que fueran convocadas por mayoría de los 2/3 de los miembros del cuerpo.
Según el proyecto, el artículo 174 del reglamento de la Cámara baja quedaría redactado de la siguiente manera: “La sesión tendrá una duración máxima de 9 horas y su desarrollo no podrá exceder el horario de las 20 horas. En el supuesto de haber quedado pendiente de tratamiento parte del orden del día, la sesión pasará a cuarto intermedio y se reanudará al día siguiente a las 11 horas, sin necesidad de conformar nuevo quórum reglamentario.
En la actualidad, el artículo 174 establece sobre la duración de la sesión que la misma “no tendrá duración determinada y será levantada por resolución de la Cámara, previa moción de orden al efecto o a indicación del presidente cuando hubiere terminado el orden del día o la hora fuese avanzada”.
En cuanto al cuarto intermedio y límite de tiempo, el artículo 174 actual precisa que “cuando la Cámara hubiere pasado a cuarto intermedio y no reanudare la sesión en el mismo día, ésta quedará levantada de hecho, salvo el caso de que se hubiese resuelto, por votación, pasar a cuarto intermedio hasta un día determinado. Sin perjuicio de ello, la Comisión de Labor Parlamentaria puede proponer límite de tiempo a la duración de las sesiones”.
Pasemos ahora al proyecto que Dolores Martínez presentó luego de la sesión del martes 26 de octubre de 2021, que terminó a las 9 de la mañana del día siguiente, luego de haberse especulado con que sería aún más larga: de 30 horas. Fue aquella sesión en la que se trató el tema del etiquetado frontal.
La iniciativa de la diputada de Evolución Radical cambia el artículo 173, estableciendo que “la Cámara no podrá acordar sesiones ni podrán ser solicitadas para que se celebren entre las 0 y las 9 horas”.
También modifica el artículo 30 del reglamento, estableciendo que las sesiones de tablas “serán las que se celebren los días y horas establecidos, y especiales las que se celebren fuera de ellos. En todos los casos las sesiones tendrán como límite horario las 0 horas”.
El proyecto de Dolores Martínez modifica el artículo 174 del reglamento estableciendo que más allá del límite horario fijado en el artículo 30 del reglamento, la sesión podrá ser prorrogada a pedido del presidente del Cuerpo o de un bloque mediante la aprobación de los 2/3 de los miembros presentes, estando la Cámara reunida con quórum legal.
Asimismo será levantada por resolución de la Cámara previa moción de orden al efecto o a indicación del presidente cuando hubiere terminado el orden del día o se cumpliera la hora prevista.
Si cumplida la hora hubiese temas pendientes de tratamiento, se pasará a un cuarto intermedio en día y horario determinado.
Cuando la Cámara hubiere pasado a cuarto intermedio, sin determinar día y horario, y no se reanudare la sesión en el mismo día, ésta quedará levantada de hecho.
El proyecto de Emilio Monzó y sus compañeros de Encuentro Federal establece límites para el uso de la palabra en las sesiones. Asimismo, modifica el artículo 30, estableciendo un límite horario de las 22 horas.
Por otra parte, reduce el tiempo de las cuestiones de privilegio de 5 a 3 minutos.
Ese último punto figura en el artículo 150 del reglamento, referido al uso de la palabra. En la actualidad se indica que “cada diputado, en la discusión en general podrá hacer uso de la palabra solo una vez, a menos que tenga que rectificar aseveraciones equivocadas que se hayan hecho sobre sus palabras, en cuyo caso dispondrá de 5 minutos”.
Monzó baja ese tiempo a 3 minutos. Asimismo establece que cada uno de los miembros informantes de los despachos de mayoría y minoría y el autor del proyecto podrán hacer uso de la palabra durante 20 minutos. Esto es, no modifica ahí la norma vigente, pero sí se ocupa de los discursos posteriores.
“El diputado que asuma la representación de un sector político de la Cámara podrá hacer uso de la palabra conforme el número de diputados que represente, por el tiempo que se establece a continuación”, indica el artículo actual y el proyecto de Monzó redue a continuación los tiempos.
– Si el bloque posee entre 1 a 3 diputados, podrá utilizar hasta 12 minutos.
Plantea Monzó: Si el bloque posee entre 1 a 3 diputados/as, podrá utilizar hasta 5 minutos.
– Si el bloque posee entre 4 a 10 diputados, podrá utilizar hasta 15 minutos.
Según Monzó: Si el bloque posee entre 4 a 10 diputados/as, podrá utilizar hasta 10 minutos.
– Si el bloque posee más de 10 diputados, podrá utilizar hasta 20 minutos.
Establece Monzó: Si el bloque posee entre 10 a 20 diputados/as, podrá utilizar hasta 15 minutos.
El proyecto de Monzó plantea que si el bloque posee más de 20 diputados/as, podrá utilizar hasta 20 minutos, algo que el reglamento no establece. Plantea en cambio que “los demás diputados deberán limitar sus exposiciones a 7 minutos. En ese caso, Monzó reduce esas exposiciones a 5 minutos.
Con relación a la extensión de las sesiones, el proyecto del expresidente de la Cámara de Diputados modifica el artículo 174, estableciendo que “la sesión comenzará en los días asignados a las 10 horas y finalizará a las 22 horas. Cuando la Cámara hubiere pasado a cuarto intermedio y no reanudara la sesión en el mismo día, pasará al día siguiente inmediato, queda estipulado que se retomará a las 10 horas.
En rigor de verdad, todo lo que se reclama para acotar las sesiones ya existe de alguna manera en el reglamento vigente. Lo expresa la diputada Dolores Martínez en los fundamentos de su propuesta: “Podemos afirmar que del análisis de las normas vigentes en el reglamento, advertimos que las mismas nos brindan hoy las herramientas para ordenar las sesiones en su conjunto y limitar el horario, evitando reuniones maratónicas que contradicen todo principio de racionalidad y transparencia; pero claramente dichas disposiciones no se cumplen”.
He ahí el problema.
El comentario guarda relación con lo prescripto en el artículo 173 del reglamento de la Cámara, que en su redacción, un tanto ambigua, sienta las bases horarias para la solicitud o convocatoria en acuerdo de las sesiones de cámara. Y si en alguna oportunidad resulta necesario continuar luego del límite previsto, a través de una nueva disposición que se incorpora al artículo 174, se autoriza a mocionar en tal sentido debiendo aprobarse tal determinación con la mayoría de dos tercios de los miembros presentes.
En rigor, el artículo 173 vigente establece que “la Cámara no podrá acordar sesiones ni podrán ser solicitadas para que se celebren entre las cero y las 9 horas, salvo que fueran convocadas por mayoría de los dos tercios de los miembros del cuerpo”.
“En general, observamos que el problema no subyace en el ‘Reglamento’, sino en la omisión de su cumplimiento. Así como reiteradamente manifestamos la necesidad de frenar el abuso de las sesiones especiales, las cuales al fijar un temario determinado anulan las reuniones de labor parlamentaria y prelabor”.
La realización casi exclusiva de sesiones especiales, acotadas estrictamente a un temario prefijado por quien las convoca guarda estrictamente relación con la paridad numérica entre las bancadas: a mayor paridad, más necesidad de los oficialismos de manejarse con sesiones especiales.
Veamos el siguiente cuadro que contempla los últimos 11 períodos legislativos:
Período 140° – 2022 – 11 sesiones especiales y cero de tablas.
Período 139° – 2021 – 7 sesiones especiales y cero de tablas.
Período 138° – 2020/2021 – 15 especiales, cero de tablas.
Período 137° – 2019/2020 – 10 sesiones especiales y 1 de tablas.
Período 136°- 2018/2019 – 8 sesiones especiales y 2 de tablas.
Período 135°- 2017/2018 – 13 sesiones especiales y cero de tablas.
Período 134° – 2016/2017 – 16 sesiones especiales y 4 de tablas.
Período 133° – 2015/2016 – 7 especiales y 2 de tablas.
Período 132° – 2014/2015 – 12 especiales y 3 de tablas.
Período 131° – 2013/2014 – 6 especiales y 4 de tablas.
Período 130° – 2012/2013 – 12 sesiones especiales y 7 de tablas.
En efecto, la modalidad de “sesiones especiales” es la “nueva normalidad” de la Cámara de Diputados: en 11 años legislativos del total de 140 sesiones celebradas, 117 fueron “especiales” y solo 23 “de tablas”.
Pero volvamos a las sesiones maratónicas, que son “la nueva normalidad”. Tal cual indicamos, de las 33 sesiones realizadas durante la actual gestión, solo 8 terminaron antes de medianoche y 25 concluyeron al día siguiente.
Así fue bien desde el principio: la primera sesión de la gestión Alberto Fernández fue el 19 de diciembre de 2019 y empezó a las 15.05 y terminó a las 10.19 del día siguiente.
29/12/2020: 23.29 hs.
21/05/2020: 20.21 hs.
21/12/2021: 17.38 hs.
05/05/2022: 22.14 hs.
08/06/2022: 23.32 hs.
02/08/2022: 16.41 hs.
03/09/2022: 14.34 hs.
12/10/2022: 22.37 hs.
3 terminaron entre las 0 y la 1 hs.
3 terminaron entre las 1 y las 2 hs.
2 terminó entre las 2 y las 3 hs.
5 terminaron entre las 3 y las 4 hs.
3 terminaron entre las 4 y las 5 hs.
1 terminó entre las 5 y las 6 hs.
Ninguna terminó entre las 6 y las 8 hs.
6 terminaron entre las 8 y las 9 hs.
1 terminó entre las 9 y las 10 hs.
1 terminó después de las 10 hs.: la del 16 de diciembre 2021 a las 10.21, en la que se sancionó el aborto.
| Reunión 12° | |
| Sesión Ordinaria Especial – (09/11/2022) | 0.20 del día siguiente |
| Reunión 11° | |
| Sesión Ordinaria Especial – (25/10/2022) | 9.12 del día siguiente |
| Reunión 10° | |
| Sesión Ordinaria Especial – (12/10/2022) | 22.37 horas |
| Reunión 9° | |
| Sesión Ordinaria Especial – (15/09/2022) | 3.24 del día siguiente |
| Reunión 7° | |
| Sesión Ordinaria Especial – (03/09/2022) | 14.34 horas |
| Reunión 6° | |
| Sesión Ordinaria Especial – (02/08/2022) | 16.41 horas |
| Reunión 5° | |
| Sesión Ordinaria Especial – (05/07/2022) | 3.11 del día siguiente |
| Reunión 4° | |
| Sesión Ordinaria Especial – (15/06/2022) | 3.39 del día siguiente |
| Reunión 3° | |
| Sesión Ordinaria Especial – (08/06/2022) | 23.32 horas |
| Reunión 2° | |
| Sesión Ordinaria Especial – (05/05/2022) | 22.14 horas |
| Reunión 1° | |
| Sesión Ordinaria Especial – (10/03/2022) | 3.45 del día siguiente |
| Reunión 12° | |
| De prorroga Especial – (21/12/2021) | 17.38 horas |
| Reunión 11° | |
| De prorroga Especial – (16/12/2021) | 10.21 del día siguiente |
| Reunión 9° | |
| Ordinaria Especial – (26/10/2021) | 8.56 del día siguiente |
| Reunión 6° | |
| Ordinaria Especial (Remota) – (01/07/2021) | 4.28 del día siguiente |
| Reunión 5° | |
| Ordinaria Especial (Remota) – (10/06/2021) | 4.08 del día siguiente |
| Reunión 4° | |
| Ordinaria Especial (Remota) – (19/05/2021) | 4.06 del día siguiente |
| Reunión 3° | |
| Ordinarias Especial (Remota) – (27/03/2021) | 8.46 del día siguiente |
PERIODO 138° (01/03/2020 – 28/02/2021)
| Reunión 19° | |
| Extraordinarias Especial (Remota) – (11/02/2021) | 1.09 del día siguiente |
| Reunión 18° | |
| De Prorroga Especial (Remota) – (29/12/2020) | 23.29 horas |
| Reunión 17° | |
| De Prorroga Especial (Remota) – (10/12/2020) | 8.48 del día siguiente |
| Reunión 15° | |
| Ordinarias Especial (Remota) – (30/11/2020) | 8.18 del día siguiente |
| Reunión 14° | |
| Ordinarias Especial (Remota) – (17/11/2020) | 8.21 del día siguiente |
| Reunión 13° | |
| Ordinarias Especial (Remota) – (11/11/2020) | 1.48 del día siguiente |
| Reunión 11° | |
| Ordinarias Especial (Remota) – (28/10/2020) | 8.34 del día siguiente |
| Reunión 10° | |
| Ordinarias Especial (Remota) – (07/10/2020) | 2.35 del día siguiente |
| Reunión 9° | |
| Ordinarias Especial (Remota) – (24/09/2020) | 3.43 del día siguiente |
| Reunión 8° | |
| Ordinarias Especial (Remota) – (01/09/2020) | 5.06 del día siguiente |
| Reunión 7° | |
| Ordinarias Especial (Remota) – (04/08/2020) | 2.35 del día siguiente |
| Reunión 6° | |
| Ordinarias Especial (Remota) – (31/07/2020) | 0.41 del día siguiente |
| Reunión 4° | |
| Ordinarias Especial (Remota) – (25/06/2020) | 1.59 del día siguiente |
| Reunión 2° | |
| Ordinarias Especial (Remota) – (21/05/2020) | 20.21 horas |
| Reunión 1° | |
| Ordinarias Especial (Remota) – (13/05/2020) | 0.42 del día siguiente |
Ante el incumplimiento por parte de Juan Manzur del artículo constitucional que establece la obligatoriedad de concurrir al Congreso, la diputada Dolores Martínez realizó una presentación.
La diputada nacional Dolores Martínez (Evolución Radical – CABA) presentó un proyecto de resolución para intimar al jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur, a concurrir al Congreso de la Nación en los términos del artículo 101° de la Constitución.
“El jefe de Gabinete de Ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus cámaras, para informar de la marcha del gobierno”, señala el mentado artículo 101°.
En su proyecto, la diputada Martínez recuerda que el artículo 199 del reglamento de la Cámara dice que “el JGM con una anticipación no inferior a siete días hábiles, hará llegar a los presidentes de cada uno de los bloques políticos a través del presidente de la Cámara un escrito con los temas a exponer”. Para la autora del proyecto, esta obligación de informar y rendir cuentas es indispensable en tiempos de normalidad, pero “adquiere aún mayor trascendencia en períodos de excepcionalidad y crisis como los actuales”.
Según deslizó días pasados en el Senado el presidente del interbloque Frente de Todos de esa Cámara, José Mayans, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, concurriría a la Cámara alta el próximo 2 de junio.
Lo cierto es que es muy irregular el cumplimiento por parte de los jefes de Gabinete del artículo constitucional que los obliga a concurrir al Congreso. El antecesor de Manzur, Santiago Cafiero (2020-2021) fue 5 veces, con una asistencia del 36%.
En el caso de quien ocupó ese cargo durante la gestión de Cambiemos, Marcos Peña (2016-2019), fue 20 veces, con una asistencia del 55%.
Remontándonos en el tiempo, el actual presidente de la Nación, Alberto Fernández, debió haber dado 47 informes y brindó 12; Aníbal Fernández debió haber ido 23 veces y fue 5, pero en su segunda gestión -fue el último jefe de Gabinete de Cristina Kirchner-, de 9 informes no dio ninguno.
En el caso del chaqueño Jorge Capitanich, es el de porcentaje más elevado, pues de 9 informes, brindó 8.
En el caso de Juan Manzur, asumió el 20 de septiembre de 2021 y no brindó aún ni un solo informe. Solo concurrió a la Cámara de Diputados el 7 de marzo para exponer junto a Martín Guzmán sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Una semana después lo hizo en el Senado.
Un grupo de legisladores de Juntos por el Cambio impulsa un proyecto para terminar definitivamente con las sesiones maratónicas.
Si bien todas las autoridades legislativas prometen periódicamente abordar la cuestión de las sesiones maratónicas, nadie se anima a ponerle un cascabel al gato. Sin ir más lejos, la última sesión de la Cámara de Diputados arrancó el martes 26 de octubre y terminó cerca de las 9 de la mañana siguiente. Y todos la sacaron barata, pues se había especulado con que sería una sesión de 30 horas.
Atento a este tipo de situaciones, la diputada Dolores Martínez y su par Emiliano Yacobitti, ambos de la UCR porteña, acompañados por un gran número de diputados de Juntos por el Cambio, presentaron un proyecto de resolución que propone modificar el reglamento de la Cámara de Diputados para terminar con esa mala tradición.
Puntualmente modifican el artículo 30, estableciendo que las sesiones de tablas “serán las que se celebren los días y horas establecidos, y especiales las que se celebren fuera de ellos. En todos los casos las sesiones tendrán como límite horario las cero horas”.
Se establece también que la Comisión de Labor Parlamentaria tendrá la función de “fijar los horarios de votación en función de los temas del orden del día y en atención al límite horario dispuesto en el artículo 39 de este reglamento”.
El tercero de los cuatro artículos que componen el proyecto de resolución presentado puntualiza que “la Cámara no podrá acordar sesiones ni podrán ser solicitadas para que se celebren entre las cero y las nueve horas”.
Asimismo se modifica el artículo 174 del reglamento de la HCDN estableciendo que más allá del límite horario fijado en el artículo 30 del reglamento, la sesión podrá ser prorrogada a pedido del presidente del Cuerpo o de un bloque mediante la aprobación de los dos tercios de los miembros presentes, estando la Cámara reunida con quórum legal.
“Será levantada por resolución de la Cámara previa moción de orden al efecto o a indicación del presidente cuando hubiere terminado el orden del día o se cumpliera la hora prevista”, precisa el proyecto, que aclara además que “si cumplida la hora hubiese temas pendientes de tratamiento, se pasará a un cuarto intermedio en día y horario determinado”.
Eso sí, si luego de pasado a cuarto intermedio sin determinar día y horario, no se reanuda la sesión en el mismo día, la misma quedará levantada de hecho.
Además de los diputados citados, suscriben el proyecto los diputados Carla Carrizo, Alejandro Cacace, Julieta Marcolli, Pablo Tonelli, Soledad Carrizo, Mariana Stilman, Juan Aicega, Gabriela Burgos, Carmen Polledo y Jorge Enríquez.
También firman Albor Cantard, Gabriela Lena, Ximena García, Lorena Matzen, Brenda Austin, Gerardo Cipolini, Lidia Ascárate, Jimena Latorre, Claudia Najul, Aída Ayala, Graciela Ocaña, Atilio Benedetti, Facundo Suárez Lastra, Jorge Vara, Hugo Romero, Marcela Campagnoli y Dina Rezinovsky.
El trabajo fue desarrollado por la Red de Estudios Parlamentarios y la Cámara de Diputados, quienes reflexionaron sobre los desafíos que plantea el contexto actual.
La Red de Estudios Parlamentarios, una iniciativa de la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios, compartió un encuentro con autoridades de la Cámara de Diputados con el objetivo de dialogar sobre el proceso de modernización y funcionamiento del Congreso Nacional en el marco de la pandemia de Covid-19 y reflexionar sobre los desafíos que plantea el contexto actual. Durante la actividad estuvieron presentes investigadores y miembros de la comunidad académica, funcionarios legislativos, diputados nacionales, concejales y concejalas, entre otros.
Del panel de apertura participaron la subsecretaria de Asuntos Parlamentarios, Cecilia Gómez Mirada, el director nacional de Relaciones Parlamentarias, Nicolás Tereschuk, el secretario general de la Cámara de Diputados de la Nación, Juan Manuel Cheppi, el subdirector de Asuntos Políticos con el Estado Nacional del cuerpo, Juan Manuel Moreira, y la diputada nacional Dolores Martínez. Además, la jornada contó con el apoyo de la presidenta de la Comisión Especial sobre Modernización del Funcionamiento Parlamentario, Daniela Vilar.
“Desde el primer día en la gestión, desde esta subsecretaría nos pusimos como meta conformar esta red porque creemos que es necesario que las cuestiones parlamentarias se analicen en profundidad”, sostuvo Gómez Mirada.
Además, la funcionaria destacó el trabajo que se está llevando adelante para relevar y sistematizar la información sobre la actividad legislativa y producir informes técnicos que sirvan de insumo para investigadores y analistas. “A casi 40 años de la recuperación de la democracia, es muy valioso fortalecer estos espacios de pensamiento, debate y construcción de conocimiento”, destacó.
“Nuestro interés es compartir esta iniciativa para que académicos y académicas puedan conectarse entre sí y con los poderes del Estado que participan del proceso legislativo”, señaló por su parte Tereschuk, en relación a los objetivos de la Red de Estudios Parlamentarios. “Cuanto mejor estudiemos el funcionamiento del Congreso mejores van a ser las herramientas para entender nuestras instituciones democráticas”, agregó.
A su turno, Cheppi describió el desarrollo tecnológico que se puso en marcha para garantizar la continuidad del trabajo de las comisiones y las sesiones legislativas en el marco del aislamiento que impuso la pandemia de Covid-19. En ese sentido, el secretario general de la Cámara baja consideró que “era impensado lo que se logró en términos de modernización del proceso parlamentario y es fundamental que sigamos trabajando para perfeccionar y dar continuidad a estas herramientas”.
En esta línea, la diputada Martínez subrayó que “en este camino por mejorar el funcionamiento de la Cámara es importante ver cómo está diseñada y cómo es su dinámica interna”. “Esta institución tiene una complejidad que requiere un trabajo académico y de investigación que hasta ahora no teníamos”, aseveró, remarcando la relevancia de la conformación de la Red.
Tras la apertura, la jornada contó con una instancia de intercambio con investigadores e investigadoras de universidades de todo el país que participaron de forma presencial y remota.
La Red de Estudios Parlamentarios busca generar una plataforma que promueva la producción y visibilización de repositorios de bases de datos, información y publicaciones de la actividad legislativa y crear un ámbito de coordinación entre académicos, equipos de investigación e instituciones del Estado Nacional, el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales.
Diputados radicales reclaman que el Gobierno informe sobre el tema y la estrategia geopolítica.
La diputada nacional Dolores Martínez, acompañada por Alfredo Cornejo y Jimena Latorre, entre otros, presentó un proyecto por el que pide que el Gobierno informe sobre una partida de dinero asignada en el Presupuesto enviado al Congreso, para la compra de aeronaves JF-17 Thunder Bloque III, de origen chino.
La información requerida es el resultado de estudios y análisis de proyectos, evaluaciones técnico-económicas y financieras y propuestas alcanzadas en negociaciones entabladas con los cinco oferentes de sistemas de armas y aeronaves para el control y monitoreo del espacio aéreo argentino.
“Es muy llamativo la incorporación en el proyecto del Presupuesto de productos con ‘nombre y apellido’ cuando el proceso de adquisición no se encuentra concluido, no puede dejar de interpretarse que estas negociaciones forman parte de una relación cada vez más fluida con el alineamiento sino-ruso”, señala la presentación.
Agrega el pedido de informe que “esto se ha expresado en acuerdos para el desarrollo de energía Nucleoeléctrica Argentina con la Agencia Nacional de Energía y la Corporación Nuclear china y el tratado de cooperación con esta misma nación para la construcción de una base espacial en Neuquén. A esto se puede sumar el rechazo argentino en la ONU a la iniciativa canadiense que pretendía investigar las denuncias sobre campos de concentración para la ‘reeducación’ de minorías Uigures y turcas en Xinjiang, lo cual desvía a la Argentina de su histórica tradición y rol decisivo en la defensa de los derechos humanos”.
La nota presentada recuerda que Argentina siempre se identificó con el bloque de naciones democráticas y liberales, lo que se tradujo en su designación de Argentina como Gran Aliado extra-OTAN (1997) en reconocimiento del liderazgo argentino en el “mantenimiento de la paz y seguridad internacional”. A partir de la aceptación y adquisición de dicho status, que fue el resultado de una política exterior sostenida y coherente desde principios del Siglo XX, Argentina daba señales de priorizar los vínculos comerciales, financieros, defensivos e ideológicos con naciones como Estados Unidos, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, Australia, Japón, Canadá y el resto de los países que conforman dicho tratado, sea como miembros plenos o como invitados adherentes.
“Pudimos ver que el gobierno ha afianzado su vinculación con Rusia, expresado en la adquisición de las vacunas Sputnik-V y en la transferencia tecnológica para la manufactura nacional de dicha vacuna. Pero en este acuerdo, que podría quedar acotado a una estrategia sanitaria de inmunización masiva y de despliegue de capacidades locales de manufactura biotecnológica, se destacan las declaraciones de Cecilia Nicolini”, puntualiza el mensaje.
“Transparentar el devenir de las relaciones con Rusia y los nuevos acuerdos de adquisición de material bélico chino motivan este proyecto, que pretende dilucidar la orientación de las relaciones exteriores de nuestro país y clarificar nuestro posicionamiento en el entramado internacional y sistemas de alianzas”, concluyeron los legisladores.
Acompañan esta iniciativa los diputados Alfredo Cornejo, Jimena Latorre, Federico Zamarbide, Gonzalo Del Cerro, Claudia Najul, Fabio Quetglas, Gerardo Cipolini, Ximena García, Lorena Matzen, Alejandro Cacace, Gustavo Menna, Ricardo Buryaile y Gabriela Lena.
Encabezados por la radical Dolores Martínez, legisladores de Juntos por el Cambio solicitaron la presencia de funcionarios ante la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.
Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por la radical Dolores Martínez, solicitaron que funcionarios se presenten en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados para informar sobre las estrategias para la reducción de residuos plásticos de un solo uso.
Precisamente, los legisladores quieren citar al secretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación de la Nación, Rodrigo Rodríguez Tornquist, y a la titular de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, Silvia Boni, para que expliquen también el desarrollo del entorno regulatorio para la habilitación de iniciativas innovadoras que incorporan los criterios ambientales en sus modelos de producción, envasado, expendio y comercialización.
Asimismo, a través de un proyecto, pidieron al Poder Ejecutivo que disponga la implementación de estrategias para la promoción de productos eco-sustentables y el incentivo de iniciativas productivas que favorezcan un uso eficaz y eficiente de los recursos. Además, reclamaron la adecuación y dictado de medidas complementarias referidas al control y fiscalización de productos domisanitarios, a fin de posibilitar su venta en formatos que reduzcan la utilización de envases de un solo uso.
“La actual situación ambiental es fuente de preocupación en el mundo. Las investigaciones científicas demuestran que es indispensable cambiar el vínculo de los seres humanos con la naturaleza y dar una respuesta progresiva y eficaz a la amenaza apremiante del cambio climático, reducción de la biodiversidad, destrucción del hábitat, y contaminación. El incremento del desarrollo está bajo amenaza a nivel global debido al aumento del riesgo de desastres. En algunos países, el riesgo de perder riqueza por los desastres supera la tasa de creación de riqueza. Por lo que una mala gestión ambiental no solo impacta sobre la degradación de otras especies y la calidad del aire, tierra y agua, sino que compromete el derecho humano a las condiciones dignas de vida, a la alimentación, a la salud y a la seguridad, entre otros”, señalaron los diputados.
En los fundamentos de la iniciativa, Martínez detalló que “en términos comparativos, el ritmo de crecimiento del sector del plástico ha llegado a superar el de otros materiales, como el aluminio, el cemento o el acero, y se prevé que siga haciéndolo de modo desmedido. En 2015, la producción anual mundial de plástico ascendió a unos 322 millones de toneladas, y, si se mantiene esta tendencia, es posible que esta cifra alcance los 589 millones de toneladas en 2050. El impacto de los plásticos es doblemente preocupante, si su producción no se reduce, supondrá el consumo de alrededor del 33% de la demanda mundial de petróleo hacia el año 2030, presionando sobre las reservas de combustibles fósiles, e incrementando el daño ambiental producido por esta tendencia”.
“Por eso –continuó-, frente el descomunal crecimiento del uso de plásticos ha surgido la presión sobre la necesidad de revisar todo lo relativo a la manufactura, gestión y el reciclaje de los residuos originados por este sector, para lograr controlar su generación, aminorar su impacto sobre el ambiente y revertir la cultura del usar-tirar”.
En los argumentos se resaltó que este pedido “va en la línea de la promoción de un desarrollo sostenible que profundice los compromisos asumidos por nuestra Nación y uno de esos retos es reducir la cantidad de plástico producido y consumido en nuestro país. Es indispensable que las políticas públicas se alineen y colaboren con los esfuerzos que se encuentra realizando la sociedad civil y el mercado”.
“En los últimos tiempos surgieron iniciativas desde la sociedad civil que el mercado ha implementado favorablemente, como el desincentivo y la reducción de entrega de plásticos de un solo uso. Esto se puede ver en la eliminación gradual del uso de bolsas de polietileno o la disminución de la entrega y utilización de sorbetes plásticos. También, cada vez más, florecen los locales que promueven la compra de alimentos sin envases o con embalajes biodegradables o reutilizables, como son las bolsas de papel para el delivery y el almacenaje de comida preparada en recipientes traídos del hogar”, ejemplificaron.
También mencionaron que “otra de las propuestas es reemplazar la compra de botellas o bidones de agua, a través de la implementación de filtros de agua en las canillas domésticas y así evitar ese residuo. También están quienes cargan con sus propios cubiertos metálicos o de madera para evitar el uso de cubiertos descartables”.
“Otra industria intenta sumarse a la ola de reducción de desechos y es el sector de los productores y vendedores de domisanitarios. Este mercado recepcionó la demanda de reducir la generación de desechos y trae la propuesta de realizar la compra de suavizantes, detergentes, limpia vidrios en envases reutilizables, entendiendo la reutilización como toda operación en la que el envase concebido y diseñado para realizar un número mínimo de circuitos, rotaciones o usos a lo largo de su ciclo de vida, sea rellenado o reutilizado con el mismo fin para el que fue diseñado, con o sin ayuda de productos auxiliares presentes en el mercado que permitan el rellenado del envase mismo”, agregaron.
El proyecto fue acompañado por Carla Carrizo, Emiliano Yacobitti, Camila Crescimbeni, Gabriela Lena, Federico Zamarbide, Albor Cantard, Gustavo Menna, Lorena Matzen, Diego Mestre, Claudia Najul, Gonzalo del Cerro y Gisela Scaglia.
Luego de que la ministra de Salud tuviera profusa actividad a su regreso de Moscú, sin hacer aislamiento, diputados presentaron un proyecto para que todos cumplan las normas.
Diputados nacionales del radicalismo, encabezados por Dolores Martínez, presentaron un proyecto a través del cual le piden al Poder Ejecutivo que elimine el privilegio conferido a los funcionarios públicos, quienes se encuentran exceptuados de cumplir con la cuarentena obligatoria cuando retornan o ingresan al país luego de haber cumplido una misión oficial.
“El Covid no distingue cargos, grados ni jerarquías, con lo cual la mera calidad de funcionario público no amerita un tratamiento diferencial respecto de la ciudadanía. Se ha exigido y se le exige un sacrificio a la sociedad haciendo foco en la prevención y el cuidado, corresponde en consecuencia que los funcionarios públicos cumplan en igualdad de condiciones, las reglas dictadas por la propia Administración para el ingreso al país”, aseguró Martínez.
La legisladora recordó que “desde el Poder Ejecutivo Nacional se ha hecho foco en la prevención como una de las principales armas con las que cuenta la sociedad para frenar el avance del Covid-19. A partir del Decreto 260/2020 se dictaron una gran cantidad de normas en tal sentido, y una de esas medidas fue establecer requisitos para autorizar el ingreso al territorio argentino, dispuestos por la Decisión Administrativa Nº 2252/2020 de fecha 24/12/2020 y sus sucesivas prórrogas”.
“Sin embargo -continuó-, se autorizó la excepción de efectuar la cuarentena a los funcionarios públicos que se encontraren realizando una misión oficial, estableciendo un privilegio incomprensible respecto del ciudadano común que, si bien podría encontrar alguna justificación desde la importancia de la función que desarrollan, no tiene asidero alguno desde el punto de vista sanitario. Asimismo, no se distinguen grados ni jerarquías de funcionarios a los que se aplica esta excepción, con lo cual todos aquellos que se encuentren ejerciendo una misión oficial se encontrarían alcanzados y, por ende, el argumento relativo a la importancia de sus funciones, se diluye”, remarcó la legisladora.
En los fundamentos del proyecto, Martínez recordó que una de las estrategias sanitarias para contener la llegada y el avance de la cepa Delta (y de las cepas ya circulantes) es el testeo a los siete días. Fuentes médicas advierten que un alto porcentaje de los casos detectados hasta el momento en el país, se descubrieron con el tercer hisopado, una semana después de la llegada al país. Ello que se ha dado en llamar el PCR del séptimo día, se ha hecho oficial, a través de la Decisión Administrativa 268/2021, modificada por Decisión Administrativa 643/2021. Dicho hisopado, que se aplica a todos los ciudadanos como condición para finalizar el aislamiento obligatorio, cuyo costo debe ser asumido por la persona que ingresa al país y que deberá efectivizarse en las condiciones que establezcan las autoridades competentes, no se aplica a los funcionarios en misión oficial, quienes quedan exceptuados de efectuar el aislamiento, una vez producido su ingreso al país luego de cumplida la función para la que viajaron.
El proyecto lleva también la firma de los diputados Carla Carrizo, Emiliano Yacobitti, Alejandro Cacace, Claudia Najul, Gonzalo del Cerro y Gerardo Cipolini.
Luis Petri y Dolores Martínez replicaron a la funcionaria que justificó el DNU sobre vacunas diciendo que los tiempos del Parlamento no se adecúan a las pandemias.
“El Congreso no está previsto para responder en épocas de pandemia”, señaló la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, el viernes al justificar que el Gobierno apelara a un Decreto de Necesidad y Urgencia para adecuar la Ley de Vacunas y poder firmar un contrato con Pfizer.
“Son los tiempos del Congreso”, agregó quien conoce muy bien al Parlamento por haber pasado por ambas cámaras.
Previsiblemente le salieron al cruce desde la oposición. El diputado nacional Luis Petri (UCR – Mendoza) replicó que “esas siempre fueron las excusas de las dictaduras y los autoritarismos, ahí nos quieren llevar! No pasarán!”, tuiteó, para concluir advirtiendo que “d la pandemia se sale con más Democracia, más República y más cumplimiento de la Constitución, sin atajos ni excusas para no acatarla. Utilizan la pandemia para concentrar poder, limitar derechos y eludir sus responsabilidades”.
A su vez, la también radical Dolores Martínez (CABA) se hizo eco también de los dichos de Vilma Ibarra para señalar que “es curioso que con la experiencia que tiene la secretaria Legal y Técnica como diputada y senadora no juzgue que el Congreso puede trabajar con celeridad si se le comparte información de forma transparente y abierta, sin tener que reclamarla de forma permanente”.
“Solo un ejemplo es nuestro pedido para que los contratos de vacunas sean publicados, aunque sea parcialmente, presentado hace 2 semanas. Cuando unos tienen toda la información y la limitan, los tiempos se dilatan”, apuntó la legisladora.
2654-D-2021Otro ejemplo, dijo, “es el proyecto de @carmenpolledo, rechazado en el recinto por el oficialismo y que hace un mes duerme en la comisión de salud. Acusar al Congreso de no responder, cuando lo hace, es una forma de discriminarlo en la toma de decisiones”.
La iniciativa de Dolores Martínez se traduce en lo que denomina como “Modelo de Gobernanza de los Datos Públicos”.
La diputada nacional Dolores Martínez (UCR – CABA) presentó un proyecto de ley para crear el Modelo de Gobernanza de los Datos Público, a fin de lograr la interacción, integración, intercambio y acceso a los datos de manera sistemática, transparente y oportuna, independientemente de la entidad que los gestione.
“¿Cuántas veces nos pasa que al querer interactuar con el Estado nos encontramos con más dudas que respuestas? Al propio Estado le sucede lo mismo. Necesitamos un Estado que funcione por eso impulsamos el proyecto Modelo de Gobernanza de los Datos Públicos”, explicó Martínez.
“Es una herramienta con impacto directo sobre la vida de las personas, mejora los servicios públicos, transparencia, participación y promueve el desarrollo. Los datos son indispensables para planificar, tomar decisiones y evaluar políticas públicas. Con un Estado que funcione, los ciudadanos viviremos mejor, dispondremos de nuestro tiempo y recibiremos servicios de calidad”, afirmó la legisladora radical.
“Construir buenos datos, manejarlos correctamente y utilizarlos sabiendo qué queremos conocer y qué impacto tiene sobre la vida de las personas. Por ejemplo, el 20% más rico de la Argentina recibió cuatro veces más subsidios que el 20% más pobre en gas y electricidad. En este caso el sistema de Big Data, con su capacidad descriptiva en tiempo real, nos permitiría redistribuir los recursos de manera inteligente y llegar efectivamente donde es necesario”, señaló la diputada radical.
En el proyecto se deja constancia de que todos los datos gestionados por los sujetos obligados en esta ley -de ser aprobada-, con excepción de los datos personales protegidos por la ley 25.326 y cuyo dominio y acceso no esté limitado por la normativa, configuran un bien de dominio público y deben constar en formato digital. La autoridad de aplicación fijará los plazos para su transición de formato papel a formato digital. Los datos personales sólo podrán tratarse en el marco de lo dispuesto por la ley 25.326 y siempre y cuando la finalidad de su disponibilidad no pudiera lograrse razonablemente por otros medios. Deben ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para los fines para los que sean tratados.
Acompañan esta iniciativa los diputados de Juntos por el Cambio Carla Carrizo, Emiliano Yacobitt, Maximiliano Ferraro, Alejandro Cacace, Soher El Sukaria, Lidia Ascárate, Jimena Latorre, Soledad Carrizo, Ximena García, Gustavo Menna, Mariana Stilman, José Luis Patiño, Lorena Matzen, Facundo Suárez Lastra, José Luis Riccardo, Victoria Morales Gorleri, Juan Martín, Víctor Hugo Romero, Mónica Frade, Federico Zamarbide, Gabriela Lena, Jorge Vara, Claudia Najul, Diego Mestre, Brenda Austin, Luis Pastori y Camila Crescimbeni y Graciela Camaño, de Consenso Federal.
La iniciativa de Dolores Martínez se encuentra abierta para recibir el apoyo ciudadano en el Portal de Leyes Abiertas de la Cámara de Diputados.
Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por la radical Dolores Martínez, impulsan un proyecto para implementar una campaña masiva de sensibilización y comunicación sobre el post Covid, para que la población esté informada sobre las consecuencias de la enfermedad y para que el Estado pueda prevenir su atención. La iniciativa se encuentra abierta para recibir el apoyo ciudadano en el Portal de Leyes Abiertas de la Cámara de Diputados.
“Se identificaron más de 50 síntomas que pueden persistir una vez transcurrido el Covid. Esto se lo denomina síndrome post-Covid. Si bien la mayoría de las personas se recupera completamente, muchos continúan con síntomas después de su recuperación inicial (1 de cada 10 según la OMS). Numerosos estudios reportan que los individuos recuperados de la Covid -19 pueden tener persistencia de síntomas, anormalidades radiológicas y compromiso en la función respiratoria incluso durante varios meses. Entre los síntomas post Covid que más destacan están la fatiga, falta de aire al respirar, tos, dolor en las articulaciones y músculos, problemas de memoria, de concentración, o para dormir, cansancio generalizado, latidos rápidos del corazón y dolor en el pecho”, explicó Martínez.
“Por lo tanto, poder contar con información pública que nos permita atender las secuelas post covid se vuelve relevante”, agregó.
En el proyecto se propone que el Ministerio de Salud tenga a su cargo diagramar y ejecutar la campaña de difusión (y llevar adelante programas de información y sensibilización), la cual tendrá por objetivos difundir y comunicar los síntomas, riesgos y molestias que puedan afectar a los pacientes tras la infección aguda por Covid-19 y estén asociados a esta; fomentar y concientizar respecto de la importancia de realizar una consulta médica de seguimiento después de haber recibido el alta epidemiológica por infección de Covid-19; informar los síntomas y patologías derivados de haber transcurrido la infección de la Covid-19 considerados de alto riesgo y que requieren consulta médica inmediata; comunicar cuales son los factores que determinan que los pacientes que superaron el Covid-19 sean considerados de riesgo bajo, moderado y alto y emitir las recomendaciones pertinentes para cada situación, entre otras cuestiones.
También se promueven acciones de cooperación con organismos de otras jurisdicciones, federaciones de especialidades médicas y grupos científicos y académicos vinculados a la investigación y tratamiento de Covid-19 con la finalidad de abordar estrategias de comunicación coordinadas y basadas en evidencia.
El proyecto lleva también la firma de los diputados Carla Carrizo, Emiliano Yacobitti, Claudia Najul, Alejandro Cacace, Graciela Ocaña, Soledad Carrizo, José Cano, Ximena Garcia, Lidia Ascarate, Josefina Mendoza, Alicia Terada, Dina Rezinovsky, Alberto Asseff, Luis Pastori, Victoria Morales Gorleri, Mario Arce, Gonzalo Del Cerro, Hernán Berisso, Martín Medina, Víctor Hugo Romero, Juan Aicega, Carla Piccolomini, Jorge Enríquez y Carolina Castets.
La radical Dolores Martínez dio positivo en un testeo y está aislada.
La pandemia sigue vigente y más legisladores van sumándose a la lista de los afectados por el coronavirus. Algunos ya ni siquiera lo anuncian; otros toman la decisión difundirlo a través de las redes para informar y tranquilizar. Es el caso ahora de la diputada de Juntos por el Cambio Dolores Martínez.
La legisladora radical de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se hizo un hisopado y dio positivo. Así lo anunció en su cuenta de Twitter, donde señaló: “Estoy aislada con tos y mocos. Por suerte, mi familia sin síntomas”.
Y cerró su anuncio con una recomendación: “Debemos extremar las medidas de cuidado para superar la pandemia”.
La impulsora del proyecto, la porteña Dolores Martínez, sostuvo que se busca “dar mayor autonomía al votante” y “eficientizar el financiamiento de los partidos políticos”.
La diputada nacional Dolores Martínez (UCR) presentó un proyecto de ley para implementar la boleta única de papel, que toma varias características de la boleta única que ya se usa a nivel provincial y local en Córdoba, de modo de hacerlo a nivel nacional, a través de una modificación del Código Electoral. Además, se introducen cambios en la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos, la Ley de las PASO y la Ley Orgánica de Partidos Políticos.
“La boleta única busca reducir y optimizar el gasto en impresión de boletas, dar mayor autonomía al votante para decidir con una oferta electoral completa, y eficientizar el financiamiento de los partidos políticos”, sostuvo la legisladora.
La porteña resaltó que “el oficialismo parece dispuesto a discutir el sistema electoral y es por esto que nosotros proponemos expandir la discusión y tratar la herramienta con la que se vota, dando un salto de calidad con la implementación de la boleta única de papel”, que cuenta con las experiencias de la citada provincia de Córdoba, y también Salta, Santa Fe y San Luis.
“Tomamos como referencia las experiencias locales pero también las internacionales. Muchos países han tenido elecciones este año: Nueva Zelanda, Estados Unidos, Bolivia, y todos utilizan boleta única de papel. Representa menos gasto, discrecionalidades y mayor transparencia, sin dejar de lado la importancia del rol de los partidos políticos y su fortalecimiento”, destacó la radical.
El proyecto propone la creación de una boleta única permitiendo en caso de simultaneidad que los distritos subnacionales se sumen a ella, tanto para elecciones generales como para las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias; la impresión de las boletas por parte del Estado Nacional, igualando el acceso al cuarto oscuro por parte de los partidos políticos, y permite fácilmente distribución de la elección en las distintas categoría y órdenes.
“La boleta partidaria que utilizamos hoy ha sido una herramienta que ayudó a consolidar a los partidos políticos, de la mano de una rica dinámica interna. Cuando su relación con la ciudadanía se fue erosionando por la forma en las que muchos dirimían sus conflictos a espaldas de la sociedad, se produjo un distanciamiento, que se vio reflejado en una merma en la participación”, señaló Martínez.
Y completó: “Con el crecimiento económico y las PASO hemos vuelto a ver altos números de participación, pero también una crítica al instrumento. La boleta única da igual acceso al cuarto oscuro a todos los partidos, brinda transparencia y es una manera más eficaz de invertir en nuestra democracia”.
La iniciativa fue acompañada por los diputados radicales Carla Carrizo, Emiliano Yacobitti, Diego Mestre, Luis Pastori, Claudia Najul, José Luis Riccardo, Jimena Latorre, Federico Zamarbide, Ximena García, Juan Martín, Gonzalo del Cerro y Gabriela Lena.
El oficialismo no acompañó un proyecto de resolución planteado por la radical Dolores Martínez.
El Frente de Todos en la Cámara de Diputados rechazó este martes citar al ministro de Salud, Ginés González García, al no acompañar un apartamiento de reglamento para votar un proyecto de resolución planteado por una diputada radical.
La porteña Dolores Martínez pidió que el funcionario asista a informar “principalmente sobre la administración de la pandemia, y específicamente en lo que parecen aparentes compras masivas de vacunas de diversos origen y estado de desarrollo”.
También respecto a “errores en los conteos de test, homogeneización de carga” y para “conocer el impacto” que han tenido “las campañas educativas y de difusión de información”.
Martínez consideró además que González García debe una explicación sobre “los protocolos para acompañar el regreso urgente a clases presenciales”. “Queremos saber qué piensa y qué planifica al respecto”, agregó.
La radical exigió que informe “cómo se han visto afectadas por la pandemia otras áreas importantes de la salud pública como el calendario obligatorio de vacunas, la salud mental, salud sexual y otras enfermedades no trasmisibles” y “cuáles son los esfuerzos que está llevando adelante el Ministerio para su regularización”.
“Estamos a punto de cumplir un año de la pandemia de Covid-19”, expresó la legisladora, que dijo que “con aciertos y desaciertos” el Ejecutivo “pudo tomar decisiones y de hecho emitió 61 Decretos de Necesidad y Urgencia, de los cuales 44 a fueron validados por el Congreso”.
Pero “eso no quita que tenga la suma del poder y que desentienda de cómo funciona el sistema político en Argentina, que es de pesos y contrapesos”. La radical recordó entonces que el ministro asistió, durante la pandemia, “solamente dos veces y desde la ultima pasaron 231 días”.
Al destacar que Argentina está en el ranking mundial de casos positivos y “pronto estaremos en el quinto puesto de las muertes por millón” de habitantes, la opositora enfatizó: “Esto es un pedido de transparencia y rendición de cuentas. Necesitamos que el ministro venga a darle confianza a la sociedad”.
Tras el pedido de una votación nominal, la oficialista Gabriela Cerruti pidió que sea a mano alzada teniendo en cuenta que “no van a estar los 3/4” de los votos. Más adelante, la vicejefa del Frente de Todos, Cecilia Moreau, ratificó: “Nuestro bloque no acompaña este apartamiento del reglamento, con lo cual numéricamente es imposible el número que necesita”. “Avalemos la votación a mano alzada”, insistió.
El jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, dijo que ante la postura del bloque oficialista de “no querer acompañar que venga el ministro”, aceptaban la votación a mano alzada y tiró un palito: “Como un gestito de idea; tengan alguno similar ustedes alguna vez”.
Presentaron un pedido para que el ministro de Salud informe sobre la emergencia sanitaria, la vacuna y las previsiones futuras respecto de la pandemia.
La diputada nacional Dolores Martínez (UCR – CABA), junto a más de 25 diputados de Juntos por el Cambio presentaron un pedido de citación al ministro de Salud, Ginés González García, para que rinda cuentas de manera verbal en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación sobre las medidas adoptadas en el marco de la pandemia; principalmente sobre la posible adquisición de vacunas, las deficiencias en el sistema de carga de datos, y el balance que hace el Gobierno sobre la administración en general de la pandemia.
En el mismo se solicita que el ministro informe sobre el estado de situación respecto de la implementación de una vacunación masiva, su costo, las negociaciones, las dosis aseguradas y el procedimiento para su aplicación masiva. Otros aspectos son los relativos al proceso de coordinación de carga de datos de tests y relevamiento de infecciones y decesos en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA).
El pedido de interpelación está firmado también por los diputados Alfredo Cornejo, Emiliano Yacobitti, Carla Carrizo, Martín Berhongaray, Albo Cantard, Soledad Carrizo, Gonzalo del Cerro, Ximena García, Juan Martín, Diego Mestre, Claudia Najul, Estela Regidor, Hugo Romero, Federico Zamarbide, Mario Arce, Lidia Ascárate, Brenda Austin, Gerardo Cipolini, Gabriela Lena, Lorena Matzen, Fabio Quetglas, Roxana Reyes, Sebastián de Luca, Soher El Sukaria, Ruben Manzi y Alejandro Cacace.
La diputada Martínez remarcó que el eje central de esta citación es que el Ministro de Salud brinde de manera transparente respuestas sobre cómo lleva adelante la administración de esta pandemia. “Como legisladores nacionales estamos cumpliendo netamente con nuestra función, controlar al Poder Ejecutivo, con una herramienta que es la citación a los ministros para que informen formalmente sobre cómo vienen llevando las negociaciones de la vacuna y la administración de la pandemia”.
“Hace pocos días nos enteramos por los medios del viaje de la secretaria de acceso a la salud a Rusia; nos enteramos por los medios de las negociaciones, de los pre contratos y no por los canales formales”.
La legisladora recordó que por el decreto 260/20 se extendió la emergencia sanitaria ya establecida anteriormente por la Ley 27.541, y se dispusieron numerosas medidas, emitiendo a la fecha alrededor de mil cuatrocientas normas reglamentarias complementarias. “Lo que pedimos nosotros es que el tratamiento y las negociaciones respecto a la administración de todo lo que está relacionado con Covid y específicamente lo que está relacionado con las vacunas se lleve adelante en el marco de la institucionalidad”, agregó Martínez.
Asimismo, mencionó que el ministro de Salud solo se hizo presente en el Congreso Nacional en dos oportunidades en todo el año pese a la grave situación sanitaria, una para reunirse con los presidentes de bloque y otra con la comisión de salud. Sin embargo, no se hizo presente cuando se lo citó para el tratamiento del presupuesto 2021 “Cuando tratamos el presupuesto 2021, un presupuesto que no contempla nada respecto a la administración de la pandemia, observamos que es como si el gobierno tuviese la certeza de que a partir del 1 de enero no va haber Covid en la Argentina”.
“Es oportuno que el ministro de Salud se presente ante el Poder Legislativo y rinda cuentas de manera transparente sobre quienes y por qué viajaron, qué se sabe de la vacuna, con cuales laboratorios estamos trabajando, en qué estado se encuentran las distintas negociaciones etcétera”, agrega la presentación.
Otro aspecto que subrayó la diputada es la falta de transparencia. “Es fundamental cumplir con la ley de acceso a la información pública y publicitar todo tipo de acción del gobierno: donde se viajó, con quién, cuáles son los pre contratos, cuándo tienen prevista la vacunación masiva, entre otros; esa información no está publicada en la página web”. “La transparencia no solo nos brinda información sino que, y no menos importante, genera confianza en la relación entre representantes y ciudadanos. Justamente, en un tema tan sensible y urgente, se requieren no sólo de acuerdos políticos sino también de generar confianza. Esto le da no solo legalidad sino legitimidad al proceso de la administración de la pandemia”, señaló.
Al respecto se manifestó también la diputada nacional Claudia Najul, secretaria de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara baja. “Hay una constante en este Gobierno: juegan a las escondidas, le escapan a la transparencia. Piensan que administran un club de amigos y no un estado soberano. No publicitaron las compras directas de insumos que se hicieron para equipar a los hospitales y ahora entregan información a retazos sobre las posibles vacunas a aplicar en el país. Simplemente nos levantamos un día con la noticia en todos los noticieros del país, de que se había decidido comprar una vacuna que aún no completó la fase 3”, expresó la diputada mendocina.
La legisladora mendocina continuó sobre la falta de explicaciones del Gobierno nacional, refiriéndose a un proyecto que presentaron junto a la diputada Martínez: “Hace meses pedimos en el Congreso establecer una pauta estricta, transparente y eficaz en la distribución de tests e insumos. No sólo no lo hicieron, sino que usaron la pandemia para fortalecer a sus aliados y desgastar opositores, incluso dejando miles de tests sin usar que no enviaron a ciertas jurisdicciones. Gobiernos desprolijos no hacen más que convertirnos en una sociedad más injusta y con menor desarrollo humano”.
A través de un proyecto de ley, la diputada Dolores Martínez propone crear un programa nacional para instruir en la materia a ese sector de nuestra sociedad.
La diputada nacional Dolores Martínez presentó un proyecto de ley por el cual propone la creación de un Programa Nacional de Capacitación Digital para Adultos Mayores, con el objeto de propiciar la igualdad de acceso al conocimiento y la inclusión digital de los adultos mayores por medio del desarrollo de competencias tecnológicas y uso de las nuevas tecnologías.
El objetivo es generar un proceso educativo que, en primer lugar, rompa el ideario de obsolescencia y dependencia que se ha construido en torno a las personas mayores.
“Este proyecto pretende expandir la población adulta usuaria y beneficiaria de las TICS (Tecnologías de la Información y la Comunicación) mediante un proceso educativo que inculque un conjunto de habilidades y valores”, explicó Dolores Martínez.
La propuesta estará publicada a partir de hoy en el Portal de Leyes Abiertas de la Cámara de Diputados de la Nación (https://leyesabiertas.hcdn.gob.ar/), para que los y las ciudadanos/as puedan comentar y/o realizar sus aportes a esta iniciativa.
Por Dolores Martínez. La diputada analiza el papel de esa figura creada por la reforma constitucional del 94 y la obligación que le atribuye el artículo 101 de la Carta Magna.
Este 8 de julio se cumplieron 25 años del inicio del segundo periodo presidencial de Carlos Saúl Menem. Surgido de una reelección incorporada en la reforma constitucional de 1994, no era esta la única característica destacada de la nueva carta magna que hacía su debut ese día en el poder ejecutivo. Juraba también Eduardo Bauzá como primer jefe de gabinete de ministros.
El Jefe de Gabinete de Ministros (JGM) es una figura particular. Por un lado, es el único ministro individualizado por la constitución. Esto se debe en parte a su génesis, surgida de un espíritu de los tiempos políticos de aquellos años, de proveer en el ejecutivo una especie de administrador que atenúe el presidencialismo y la hipertrofia presidencial. En el artículo 100 se definen las tareas que le corresponden y se establece la responsabilidad que tiene ante el
Congreso Nacional, dándole a este último más presencia en el espacio público y herramientas específicas para el control de la gestión. Para esto, en el artículo 101, se especifica que debe asistir una vez por mes alternativamente a cada Cámara para informar sobre la marcha del gobierno.
Por otro lado, no cumplir con estos artículos tiene un castigo improbable. La “moción de censura”, así llamado el pedido de responsabilidad política, requiere de una mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las cámaras. Incluso en caso de avanzar, para que el JGM sea finalmente removido, se necesita una dificultosa – y casi imposible de conseguir- mayoría absoluta de ambas cámaras. Por ejemplo, Juan Pablo Cafiero, padre del actual jefe de gabinete y entonces diputado, con el proyecto 3518-D-97 fue uno de los primeros legisladores en presentar un pedido de moción de censura al entonces jefe de gabinete de Carlos Menem, Jorge Rodríguez, en relación a conflictos de interés respecto a la privatización de aeropuertos. El requerimiento de mayoría absoluta termina operando como una garantía de estabilidad del JGM, por lo que es claro que los incentivos para cumplir con uno de sus roles es baja. Ante la rigidez de este diseño institucional, que deriva en la frustración de un sistema de articulación de poderes y de frenos y contra pesos, es una buena oportunidad pensar cómo, sin generar la inestabilidad de la figura, el Congreso puede fortalecer los recursos necesarios para mejorar el cumplimiento de su función de control y coordinación, pudiendo no solo exigir la presencia del JGM, sino también acceder de una manera más ágil y eficaz a toda la información que concentra.
Del núcleo de coincidencias básicas para la reforma de la constitución se desprenden las funciones que podríamos denominar básicas del jefe de gabinete: administrar el país, coordinar el gabinete, hacer recaudar las rentas y concurrir al Congreso, tanto a los debates, pero sin poder votar, como a informar sobre la marcha del gobierno. Las tres primeras son funciones ejecutivas, aspectos que sería oportuno también discutir e innovar, y que como observan los expertos varía mucho y opera dependiendo de la dinámica que tenga con el presidente y esto demuestra algún grado de falla. Pero quiero concentrarme en su relación con el poder legislativo. En parte, también, porque siendo julio, y habiendo tenido que tener la presencia del jefe de gabinete al menos ya dos veces, lo estamos haciendo por primera vez.
En el contexto de los 25 años de la jefatura de gabinete de ministros, CIPPEC realizó una reunión entre algunos de los 15 hombres que han ocupado el cargo. Entre las muy ricas conclusiones, hay muchas respecto a las limitaciones o problemas que surgen de función ejecutiva pero pocas de su rol de trabajo con el poder legislativo. Luego de un inicio promisorio con una entrega casi perfecta de los informes y una alta asistencia para rendir cuentas, en el período 2001-2015 estos números cayeron sensiblemente, con la excepción de 2014, llegando a cero en 2015, algo que no había sucedido nunca, con Aníbal Fernández en la cartera.
Durante el gobierno de Cambiemos los números volvieron a un cauce más normal, con casi todos los informes esperados entregados y una mayor presencia del jefe de gabinete.
Ahora, ¿por qué es tan importante que esta dinámica entre legislativo y jefe de gabinete se mantenga? Si entendemos que entre los poderes hay un juego de contrapesos, el jefe de Gabinete es el brazo entre los platillos de la balanza. Una balanza de por sí inclinada, porque el brazo es electo por el ejecutivo, pero una balanza al fin.
El proceso que se lleva adelante en cada visita del jefe de gabinete involucra el envío de múltiples preguntas por parte de los legisladores. En esta ocasión han sido más de 2300, que tras un proceso de clasificación y depuración alcanzaron un total de 1651. El oficialismo no realizó ninguna. Estas preguntas fueron enviadas ya el 28 de mayo, el jefe de gabinete las recepcionó a principios de julio y recién dará su informe ahora; 30 días para recepcionar las preguntas, 30 para dar un informe. Podría considerarse que la situación de la pandemia puede haber influido, pero si la cámara se enorgullece públicamente de la cantidad de reuniones de comisión informativas que ha tenido en este tiempo, otra con el Jefe de gabinete, que tiene tiempos muy medidos por el reglamento, bien podría haberse llevado adelante.
Hay que reconocer, por otro lado, que desde el ámbito legislativo quedan pasos importantes que dar para mejorar el funcionamiento de la dinámica de preguntas como, el grado de sistematización y articulación hacia el interior de los bloques, la utilización de la tecnologías de la información y la comunicación para mejorar la estandarización, de modo tal de facilitar la interoperabilidad de los datos que produce, pudiendo operar como mecanismo de transparencia para permitir el acceso a la información por parte de la ciudadanía.
El presidente de la Nación, Alberto Fernández, fue uno de los jefe de gabinete que menos cumplió con esta faceta de su rol institucional. La posibilidad de hacerlo cumplir es limitada y descansa más que nada en la voluntad del partido de gobierno de hacerla valer. En vistas de la resignación por parte del poder ejecutivo de contar con presupuesto para el 2020, dado el contexto de emergencia que se votó en diciembre y sobre todo con el contexto de emergencia y excepcionalidad en el que vivimos desde la llegada de la pandemia, la presencia del jefe de Gabinete en el Congreso de la Nación actuaría como señal que permita generar los espacios para el tan esperado diálogo necesario para enfrentar y salir de la una de las crisis más importantes que transita la Argentina. Más aún, podría serle útil a un ejecutivo que no ha expresado o descree de los planes de gobierno. Su ausencia en estos meses frente a la Cámara que representa al pueblo de la Nación dice mucho al respecto.
Dolores Martínez es diputada nacional de la UCR-Evolución
Desde Juntos por el Cambio, sugieren la continuidad de esta medida, que ponderan, para paliar las serias consecuencias económicas del parate generado por la pandemia.
La diputada nacional Dolores Martínez (UCR CABA), acompañada por diputados de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto por el que solicita al Poder Ejecutivo Nacional que prorrogue el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y trabajadores afectados por la emergencia sanitaria (ATP) durante la vigencia de las medidas de aislamiento y distanciamiento social, y por noventa días más, una vez dispuesto el cese de las mismas.
“El aislamiento sanitario ha generado duras implicancias económicas. Para paliar dichas consecuencias, se han aprobado medidas de asistencia como es el caso del ATP, una buena medida, que aprobada con cierta rapidez, ha demostrado al principio, como tantas otras en la crisis, serios problemas en su implementación”, señaló Martínez.
Explicó que “el ATP ha constituido un gran aliciente para diversos sectores que se han visto enormemente perjudicados por la crisis económica ocasionada por la pandemia y por ello consideramos que debería extenderse su vigencia, pensando en la crisis que ya se asoma en la pos pandemia, motivo por el cual instamos su continuidad”.
“Ante el sombrío panorama que nos refleja la post-pandemia, resulta de vital importancia el mantenimiento de políticas públicas que, bien dirigidas, permitan preservar los niveles de actividad y de empleo registrado, poniendo énfasis en el control de la asignación de los recursos a fines de garantizar una eficiente distribución de los mismos, asegurando que lleguen en tiempo y forma a los destinatarios”, dijo la diputada.
“Dentro de la emergencia y los tiempos que la pandemia impone, tratar de plantear horizontes de mayores plazos, crear algo de estabilidad y previsibilidad. Hoy los beneficios se renuevan mensualmente y al límite. Con cierta temporalidad pre establecida se pueden planificar”, afirmó Martínez.
Acompañan esta iniciativa los diputados de Juntos por el Cambio Brenda Austin; Carla Carrizo; Soledad Carrizo; Alejandro Cacace; Maximiliano Ferraro; Álvaro González; Jimena Latorre; Josefina Mendoza; Diego Mestre; Claudia Najul; Luis Petri; Carmen Polledo; Hugo Romero; Emiliano Yacobitti; Gonzalo Del Cerro, Camila Crescimbeni, Fabio Quetglas, Aída Ayala, Gustavo Menna; Miguel Nanni, Roxana Reyes, Graciela Ocaña, Pablo Torello, Gabriela Burgos, Jorge Enriquez, Alicia Terada, Natalia Villa; Julio Sahad; Estela Regidor, Lidia Ascárate y Ximena García.
Desde el radicalismo quieren datos sobre el Programa de Emergencia al Trabajo y la Producción.
Diputados nacionales del radicalismo, encabezados por Dolores Martínez, presentaron dos pedidos de informes al Poder Ejecutivo referidos al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Este programa, creado en el marco de la emergencia sanitaria, incluye desde el pago por parte del Estado de parte del salario a los trabajadores en relación de dependencia hasta reducción de contribuciones patronales y créditos a tasa cero para pequeños contribuyentes. Las preguntas se refieren tanto a la campaña publicitaria realizada en vía pública como a la implementación del programa.
“Este Programa, que fue una buena medida, aprobada con cierta rapidez, ha demostrado como tantas otras en la crisis, serios problemas en su implementación, en parte debido a la ineficacia de los recursos y de las estructuras burocráticas asignadas, como la alta complejidad del trámite, duración extensa de la tramitación, caídas de servidores y modificaciones sobre la marcha”, afirmó Martínez.
Por un lado, solicita saber a cargo de qué área se encuentra el diseño de la campaña de difusión por la cual se colocaron afiches en vía pública (por ejemplo “Salarios 50% pagados por el Gobierno nacional”) respecto del Programa; el costo total de la campaña de difusión, detallando personas o empresas a cargo del diseño, impresión y colocación de los afiches, indicando asimismo procedimiento de selección para la contratación de dicho servicio; y si se efectuaron campañas de difusión al respecto por otros medios, dando precisiones sobre los mismos.
En el segundo pedido de informes, Martínez pide información sobre la cantidad de solicitudes de beneficios recibidas, la cantidad de beneficios efectivamente otorgados, la cantidad de solicitudes rechazadas y las pendientes de aprobación, discriminadas en todos los casos por tipo de beneficio; rubro o actividad de los solicitantes, distribución geográfica y erogación total discriminada por beneficio. También pide que el Gobierno detalle el tiempo promedio que insume la tramitación de la asistencia, desde el momento de la solicitud hasta el efectivo otorgamiento; y las causales más frecuentes de demora en la tramitación de las solicitudes.
“Las finalidades que persigue la adopción de una buena medida, como es el caso de esta asistencia, pueden verse desvirtuadas, cuando deficiencias en la implementación dificultan, que los beneficios lleguen a los destinatarios en tiempo y forma o directamente lo impiden”, remarcó la legisladora.
“Asimismo, en tiempos de crisis como la presente -agrega la diputada-, se debe poner énfasis en el control de la asignación de los recursos públicos a efectos de garantizar una eficiente distribución de los mismos. Al mismo tiempo deben evitarse mensajes distorsivos de la realidad, más aún en publicidad oficial, que debe estar destinada a difundir acciones o informaciones de interés público”.
“Ello cobra aún más importancia, si se atienden las recientes declaraciones de diputados y diputadas oficialistas y funcionarios y funcionarias de Gobierno, quienes se manifestaron respecto de cierto interés por parte del Estado de tener participación de capital sobre las empresas a las que se le otorga la asistencia, con recursos provenientes de los impuestos que esas mismas empresas aportan. Todo ello en un marco de angustia e incertidumbre de muchas personas que luchan a diario para mantener en pie su empresa, ante una crisis sin precedentes”, finalizó. Además de Dolores Martínez acompañan los proyectos los diputados Karina Banfi, José Cano, Albor Cantar, Carla Carrizo, Soledad Carrizo, Gerardo Cippolini, Ximena García, Juan Martín, Claudia Najul, Lorena Matzen, Gustavo Menna, Roxana Reyes, Hugo Romero y Emiliano Yacobitti, Luis Petri, Lidia Ascárate, Alejandro Cacace, Gabriela Lena, Jimena Latorre, Josefina Mendoza, Estela Regidor, José Riccardo, José Rizzotti y Federico Zamarbide.
Si bien coincidieron en la necesidad de sesionar, Carrizo, Yacobitti y Martínez sostuvieron que para hacerlo por videoconferencia, debe votarse presencialmente una reforma del reglamento.
Tras haber firmado el pedido de sesión especial de distintos bloques de la oposición para realizar una sesión especial esta semana, los representantes de la UCR-Evolución Carla Carrizo, Emiliano Yacobitti y Dolores Martínez se diferenciaron de los fundamentos que acompañaron la solicitud.
Los diputados referenciados en el senador Martín Lousteau enviaron este lunes una nota al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, para aclarar que “no coinciden” con la justificación planteada y que “ciertamente no la comparten”.
“Reafirmamos nuestra posición de que el Congreso sesione en forma urgente en este contexto de emergencia sanitaria y económica que atraviesa el país. También que la protección a todo el personal del sistema de salud en el país sea una prioridad en la primera sesión que realice este cuerpo. No coincidimos en los fundamentos que acompañan al pedido de sesión especial que fuera presentado, los que ciertamente no avalamos”, indicaron los diputados en la nota.
En el pedido de sesión realizado este domingo, encabezado por Eduardo “Bali” Bucca (Interbloque Federal), se indica que en relación al formato de la sesión en el contexto de la pandemia, y en función de la respuesta de la Corte Suprema de Justicia al planteo de la vicepresidenta Cristina Kirchner, “se encuentran dadas las condiciones para que este Congreso y esta Cámara funcionen de forma telemática o bien combinada la presencia reducida de legisladores con votación electrónica remota asegurando que se cumplan los recaudos y el procedimiento de deliberación y sanción de leyes impuestos por la Constitución Nacional”.
Sin embargo, Carrizo, Yacobitti y Martínez sostuvieron que “es fundamental y urgente acordar, en una sesión presencial, las reglas que garanticen certeza en los procedimientos para avanzar en el funcionamiento virtual de esta Cámara”.
En ese sentido, Carrizo insistió a través de Twitter: “Los diputados de Evolución Radical siempre pedimos sesionar. Ayer y hoy exigimos reglas que den certeza. No puede haber sesión virtual sin votarlas primero en forma presencial”.
El cuerpo se constituyó este jueves y designó como presidenta a la oficialista Daniela Vilar. Citarán a expertos en la materia.
La Comisión de Modernización del Funcionamiento Parlamentario de la Cámara de Diputados se constituyó este jueves y acordó avanzar en un protocolo de sesión virtual para poner en práctica en el contexto de la pandemia, con la colaboración de un comité de expertos.
En una reunión por videoconferencia -que no fue transmitida por los canales de la Cámara-, la comisión quedó a cargo de la bonaerense Daniela Vilar (Frente de Todos). Como vicepresidentas fueron nombradas Silvia Lospennato (Pro) y Graciela Camaño (Consenso Federal), mientras que Dolores Martínez (UCR-Evolución) fue electa secretaria.
“Acordamos en la necesidad de avanzar hacia una eventual sesión online y trabajaremos en conjunto para darle al Congreso las herramientas que garanticen un ejercicio seguro y confiable. Coincidimos en la importancia de avanzar hacia un Congreso abierto, moderno y participativo, que incorpore la tecnología para desarrollar políticas públicas, y vamos a trabajar en ese sentido”, expresó Vilar.
Durante la reunión, oficialismo y oposición coincidieron en la necesidad de “generar confianza entre todos los bloques políticos” de cara a la realización de una sesión virtual. En ese sentido, los representantes de Juntos por el Cambio plantearon numerosas dudas técnicas sobre el modelo de sesión remota que esta semana difundió el presidente de la Cámara, Sergio Massa.
Ese prototipo -elaborado por técnicos de Diputados- consiste en una aplicación en la cual los diputados podrán acceder con un usuario y una contraseña, a través de una conexión segura (VPN), para luego proceder a la verificación de identidad mediante un chequeo biométrico instantáneo provisto por el RENAPER. Una vez registrados, los legisladores tendrán acceso al “recinto virtual” -un gráfico del hemiciclo con los rostros de cada uno- y a la Orden del Día a tratar, y desde allí podrían votar.
Dolores Martínez, quien fue directora de Modernización Parlamentaria durante la gestión de Emilio Monzó, planteó que “no hay que mirar solo la función de la sesión, sino que hay que tener una mirada más sistémica del funcionamiento de la Cámara que incluya todas las instancias que componen el trámite legislativo”, desde la presentación de los proyectos hasta su tratamiento en comisiones, la sesión en sí misma y otros aspectos como las sesiones informativas.
Otro planteo de la oposición fue que al momento de sesionar “todos los diputados tengan el mismo dispositivo”, como por ejemplo las notebooks que utilizan en el recinto.
Por otra parte, los integrantes de la comisión acordaron convocar a expertos de distintos ámbitos y a la Red de Parlamento Abierto para que colaboren en el diseño del protocolo.
Se buscaría reglamentar así dos artículos del reglamento, el 14 y el 106, aunque desde la oposición sostuvieron que más allá de las consideraciones técnicas de la Comisión de Modernización, la discusión debe darse en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, y luego, eventualmente, aprobar esas reformas en una sesión.
El artículo 14 establece que “los diputados no constituirán Cámara fuera de la sala de sesiones, salvo en casos de fuerza mayor”.
En tanto, el 106 indica que “las comisiones se reúnen y dictaminan sus asuntos en dependencias de la Cámara de Diputados de la Nación. Sin perjuicio de ello, cuando circunstancias especiales lo aconsejen, las reuniones podrán realizarse en cualquier otro lugar que se considere más conveniente para la consecución de los fines perseguidos, con previa autorización de la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación”.
Por Dolores Martínez. La diputada de la UCR explica las razones que llevaron a un sistema previsional fragmentado y desigual, y se mete en la discusión sobre las jubilaciones de privilegio.
El sistema previsional argentino históricamente muestra una acumulación de malas decisiones. A principios de siglo XX, las cajas previsionales surgieron como una demanda de protección frente a la incertidumbre de la vejez y, en principio, se pensaron únicamente para los empleados públicos. Si bien esta situación se revertiría mediante la expansión gradual a nuevas ramas de actividad, muestra el nacimiento de un germen aún presente: la fragmentación del sistema previsional y la desigualdad en las condiciones de acceso, niveles de beneficios y mecanismos de financiamiento.
A mediados de siglo XX, y con el comienzo de nuestros vaivenes económicos, sumamos un segundo vicio recurrente: la tendencia a utilizar los fondos previsionales como mecanismo de financiamiento de un Estado deficitario. Desde ese entonces que siempre se les pide a los jubilados realizar el esfuerzo que permita mitigar los desequilibrios fiscales.
Ya caminando el siglo XXI, para no salirnos de nuestra (mala) tradición, y en el marco de un contexto de solidaridad, requerimos nuevamente de los fondos de los jubilados: ese oasis de activos financieros al que se le demanda que compre letras del tesoro (deuda estatal) y realice préstamos. La situación se agrava cuando tantos desmanejos impiden que esos fondos cumplan su razón de ser.
Alberto Fernández, a pocos días de asumir la presidencia, envió al Congreso Nacional la suspensión del índice de movilidad jubilatoria, aprobado hace apenas dos años; lo que generó nuevamente incertidumbre para los adultos mayores.
Con este congelamiento de actualización de haberes, el gobierno apeló a la solidaridad de aquellos jubilados que perciben un poco más de la mínima y excluyó aquellos que se rigen por sistemas diferenciales, como son el de funcionarios judiciales y el del Servicio Exterior. Inevitablemente, esto nos dirige a un debate y nos lleva a preguntarnos, ¿Por qué las jubilaciones se rigen por cálculos que los sujeta a los embates de una economía en permanente crisis? ¿Por qué nuestro sistema acepta jubilaciones de privilegio? ¿Por qué no tenemos un sistema jubilatorio equitativo?
Esto no es nuevo. Vale recordar que, apenas estalló la crisis del 2001, el Congreso Nacional aprobó la Ley 25.688, en la cual se dejaba sin efecto no sólo los regímenes jubilatorios especiales del sector político, sino también aquellos que beneficiaban a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, a los Obispos y a los funcionarios del Servicio Exterior. No obstante, en el 2002, el presidente Eduardo Duhalde vetó, casi en su totalidad, la eliminación de esas jubilaciones mediante el decreto 2322 y restituyó la vigencia de los privilegios para los Obispos de la Iglesia Católica, los Jueces de la Corte Suprema de Justicia, los Magistrados, los funcionarios del Poder Judicial y los diplomáticos.
Como consecuencia, hoy existe un 3% que recibe el 9,7% del gasto destinado a jubilaciones. Hablamos de 8.000 jubilados que, en promedio, reciben entre $235.000 y $335.000 en concepto de haberes, de los cuales aproximadamente $100.000 son aportados por el Estado. En paralelo, hay 5.271.323 jubilados que forman parte del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), para quienes el ingreso promedio ronda los $21.000, según los últimos datos del ANSES.
Cuando nos referimos a debatir privilegios, hablamos de cuestionar las medidas que excluyeron a los privilegiados de ser solidarios. Pero también, de abordar el origen de esa desigualdad que nos aleja del espíritu del Art. 16 de nuestra Constitución Nacional.
Por eso, proponemos debatir una Ley que establezca en forma precisa y transparente la universalidad de requisitos y beneficios en las jubilaciones de los tres poderes del Estado, procurando que se garanticen las mismas condiciones que en el régimen general jubilatorio y así perfilarnos hacia un horizonte que nos permita construir una sociedad moderna y de iguales.
*Diputada nacional por CABA (UCR-Evolución)
