La Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, presidida por el tucumano Domingo Amaya (Pro), acordó este viernes citar en una próxima reunión a la ministra de Vivienda y Hábitat, María Eugenia Bielsa.

Durante el encuentro virtual, Amaya propuso “establecer una agenda de trabajo” y abogó por alcanzar consensos para, a través de distintos proyectos, “podamos apoyar al Ejecutivo desde nuestro lugar” y “facilitemos las herramientas necesarias”.

Los legisladores también coincidieron en convocar a representantes de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) y de cámaras empresarias del sector.

Durante la reunión, la legisladora Camila Crescimbeni consideró que “en este contexto más que nunca cobra relevancia que sigamos trabajando” sobre la ley de regularización dominial de villas, sancionada en octubre de 2018 y mediante la cual se creó el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana).

En tanto, el diputado Federico Fagioli (Frente de Todos) celebró la reciente sanción de la Ley de Alquileres -aprobada este jueves en el Senado- y afirmó que “es la voluntad del Ministerio poder juntarse con nosotros”. “Espero que en breve estemos discutiendo proyectos tan necesarios para empezar a avanzar en resolver los problemas estructurales que tenemos en el país”, agregó.

A su turno, el entrerriano Marcelo Casaretto (Frente de Todos) advirtió que en la actualidad hay viviendas en un 80%, 60% y hasta 40% en proceso de construcción. Por eso, consideró: “Hay que plantearse una política de cómo terminar las viviendas que están en ejecución a través de los distintos programas, ya sean anteriores a 2019 y anteriores a 2015”. “Decimos que hay tres millones de viviendas que se necesitan y, por ahí, no terminamos las que están en ejecución”, señaló.

También por el oficialismo habló la diputada Magdalena Sierra, quien enfatizó que en los procesos de urbanización de barrios populares “hace falta la decisión política fuerte de un Estado presente en sus tres niveles de gobierno, trabajando con la sociedad, con los vecinos”.

“A partir de 2015 solo con recursos del municipio pudimos continuar las viviendas”, resaltó la legisladora en referencia al partido de Avellaneda, gestionado por su marido Jorge Ferraresi.

En ese sentido hizo alusión a Villa Azul, conocida en los últimos días por el aislamiento focalizado que se tuvo que hacer allí a raíz de los casos de coronavirus, y destacó que en la parte del asentamiento del lado de Avellaneda “fue más fácil” porque el 85% de la población “tenían agua, cloaca, gas, luz”. “Nos falta el 15%. La gente quiere vivie bien y nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo”, agregó.

Por su parte, el radical Fabio Quetglas sostuvo que la ley de RENABAP demanda “un esfuerzo que va a llevar cuatro o cinco mandatos presidenciales para poder regularizar el volumen de suelo no regularizado”.

Además, propuso que se trate un proyecto de su autoría sobre “generación de suelo urbano con servicios” para municipios de menos de 300 mil habitantes. “Esto disminuye la pulsión migratoria del interior hacia Buenos Aires y generaría una urbanización de calidad”, sostuvo y afirmó que “puede ser un instrumento que le puede servir al Ejecutivo Nacional en su relación con los gobiernos locales”.