Un planteo jurídico-político cuestiona la exigencia de mayorías agravadas para habilitar la interpelación del jefe de Gabinete. El argumento sostiene que imponer dos tercios para iniciar el debate desnaturaliza el espíritu de la reforma constitucional de 1994, que buscó fortalecer el control parlamentario y acercar el sistema a prácticas propias del parlamentarismo.
La incorporación de la moción de censura y la posibilidad de remoción del jefe de Gabinete en la reforma constitucional de 1994, tuvo un objetivo muy concreto: atenuar el hiperpresidencialismo argentino.
Antes, el Congreso podía citar a los ministros del Poder Ejecutivo, requerir informes o - eventualmente- iniciarles juicio político, pero no contaba con una herramienta específica para exigir responsabilidades políticas rutinarias al Poder Ejecutivo.
Para eso, en la nueva Constitución el artículo 101 estableció que el jefe de Gabinete debe concurrir al Congreso mensualmente, puede ser interpelado por cualquiera de las cámaras y ser objeto de una moción de censura. También le cabe la remoción, aprobada por mayoría absoluta de ambas cámaras.
Los convencionales constituyentes de 1994 discutieron expresamente que se trataba de incorporar un componente de “parlamentarización”, dentro de un sistema que seguiría siendo presidencialista.
Ahora, si la Convención Constituyente creó la interpelación, la moción de censura y la remoción para fortalecer el control parlamentario sobre el Ejecutivo, resulta difícil sostener interpretaciones reglamentarias que vuelvan impracticable o excesivamente gravoso el ejercicio de esas facultades, porque ello iría en sentido contrario al propósito que motivó su incorporación a la Constitución en 1994.
En los sistemas parlamentarios clásicos, la moción de censura es una facultad propia del Parlamento y normalmente se tramita directamente en el recinto, sin necesidad de un dictamen previo de comisión.
En España, la moción de censura debe ser presentada por al menos una décima parte de los diputados y debe incluir un candidato alternativo a presidente del Gobierno. No requiere dictamen de comisión; se debate y procede a votarse directamente en el Pleno del Congreso.
En Alemania, el “voto de censura constructivo” tampoco pasa por una comisión dictaminadora. El Bundestag debate y vota directamente la propuesta.
En Italia, la moción de censura se presenta, se incorpora al orden del día y se vota en la cámara correspondiente, sin dictamen previo de comisión.
En el Reino Unido, las mociones de confianza o censura se debaten directamente en la Cámara de los Comunes.
En Argentina, la moción de censura y la eventual remoción del Jefe de Gabinete no se aprueban mediante una ley que requiera estudio técnico o despacho de comisión. Al contrario, se trata de una decisión política que la Constitución o los reglamentos atribuyen al Congreso.
De hecho, el argumento comparado suele ir en sentido contrario al de exigir más requisitos procedimentales: si una mayoría parlamentaria está habilitada para remover a un primer ministro o hacer caer un gobierno, resulta extraño que una comisión pueda bloquear o condicionar previamente el tratamiento de la cuestión.
Por lo tanto, el inicio de una sesión que apruebe la interpelación al jefe de Gabinete, en el marco del tratamiento de una moción de censura, no requiere dictamen ni dos tercios de los legisladores presentes. Se inicia sin prólogos, con la mitad más uno de los miembros en cualquiera de las dos cámaras.
Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal
Fueron 150 voluntades a favor, entre los que estuvieron la UCR y otros aliados provinciales del oficialismo. Un número clave de cara a una eventual decisión del Gobierno.
Tal como lo hizo el año pasado, el Gobierno ya adelantó que vetará cualquier ley que altere el equilibrio fiscal y estimó los costos que tendrían tres iniciativas que obtuvieron media sanción de la Cámara de Diputados en la última sesión, por impulso de la oposición.
Ahora bien, las declaraciones suelen dirigirse principalmente a la cuestión jubilados. En este caso, el proyecto que busca un aumento y recomposición estuvo a 10 votos de obtener los dos tercios de los presentes, mientras que el que propone restituir la moratoria previsional quedó mucho más lejos de juntar tantas voluntades.
Pero, en el caso de la emergencia en discapacidad, para la cual el equipo económico del Gobierno estimó un costo de 0,3% del PBI, el texto reunió los votos a favor de los dos tercios de los presentes. Un número clave que el Poder Ejecutivo deberá tener en cuenta ante una eventual decisión.
En el tema de jubilaciones un puñado de aliados provinciales ya se habían diferenciado del oficialismo, pero en este caso fueron, además de esos, los integrantes de la Unión Cívica Radical quienes se inclinaron también por la afirmativa. Justamente, el presidente de esa bancada, Rodrigo de Loredo, manifestó su voto a viva voz.
Si bien el tablero marcó 148 votos positivos, aparecieron como ausentes, con un círculo en gris, De Loredo y Paula Penacca, la secretaria parlamentaria del bloque Unión por la Patria. Esto quedó registrado así también en el acta de votación, donde figuran ausentes, pero en el final se aclara que ambos se manifestaron a viva voz.
En el caso de Penacca, antes de la votación advirtió al presidente de la Cámara baja, Martín Menem.
MM: Leemos el resultado por Secretaría. Ah, ¿faltó su voto? ¿Por qué no me avisó antes diputada? (risas)
PP: Gracias presidente, para decirle que mi voto es positivo
MM: Por auditoría el voto de la diputada Penacca
Más tarde, cuando el tablero ya había marcado el resultado, De Loredo pidió la palabra: "No me habilitó el voto, mi voto es positivo".
Del total de los 150 votos a favor hubo 93 de 98 de Unión por la Patria; 13 de 14 de la UCR; 11 de 15 de Encuentro Federal; 9 de 12 de Democracia para Siempre; 6 de 6 de la Coalición Cívica; y 5 de 5 del Frente de Izquierda.
Además, votaron positivamente los tres tucumanos de Independencia Agustín Fernández, Elia Fernández y Gladys Medina; las salteñas de Innovación Federal Pamela Calletti y Yolanda Vega; los santacruceños de Por Santa Cruz Sergio Acevedo y José Luis Garrido; Héctor Baldassi, del Pro; Osvaldo Llancafilo, de Movimiento Popular Neuquino; Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo; Lourdes Arrieta, de Transformación; Mario Barletta, de Unidos y Roberto Mirabella, de Defendamos Santa Fe.
En tanto, los 71 votos en contra correspondieron: 35 de 38 de La Libertad Avanza; 29 de 35 del Pro; 4 de 6 de la Liga del Interior Eli; Paula Omodeo, de CREO; Cecilia Ibáñez del MID; y Ricardo Garramuño, de Somos Fueguinos.
Las tres abstenciones fueron de Karina Bachey, del Pro; Francisco Morchio y Alejandra Torres, de Encuentro Federal.
En cuanto a los ausentes hubo 32: 6 de Innovación Federal, 5 de Unión por la Patria, 4 del Pro, 3 de Democracia para Siempre, 3 de La Libertad Avanza, 2 de Liga del Interior, 2 del MID, 2 de Encuentro Federal, 2 Futuro y Libertad, 1 UCR, 1 Republicanos Unidos y 1 Producción y Trabajo.
Al bloquear en la sesión de este jueves el tratamiento de dos proyectos sobre tablas, dio una muestra de cara al debate sobre el nuevo procurador general.
Por primera vez en el año, las dos principales bancadas de la oposición en el Senado se unieron para bloquear el tratamiento de dos proyectos y dejaron, de esa forma, una clara señal: al oficialismo no le será fácil reunir los dos tercios de los votos necesarios para avalar el pliego del juez Daniel Rafecas, propuesto por el Poder Ejecutivo como nuevo procurador general de la Nación.
Con asistencia perfecta en la sesión virtual, los senadores de Juntos por el Cambio -presidido por Luis Naidenoff- y del Interbloque Parlamentario Federal de Juan Carlos Romero rechazaron debatir sobre tablas los proyectos de alquileres y de educación a distancia, que fueron dictaminados esta semana y no contaban con la vigencia de siete días reglamentarios.
La votación resultó con 42 votos a favor y 29 en contra, es decir, al Frente de Todos le faltaron seis votos para los dos tercios. Si bien el bloque presidido por José Mayans contó con dos apoyos extra -de la misionera Magdalena Solari Quintana y el rionegrino Alberto Weretilneck-, no fueron suficientes.
Además, el oficialismo no contó con el voto de José Alperovich, que continuará de licencia por 90 días más. La prórroga fue aprobada al inicio de la sesión, a mano alzada, e implica que el tucumano estará fuera de juego para votar el pliego, al menos por los próximos seis meses.
En la primera sesión del período ordinario, el pasado 12 de marzo, el Senado dio ingreso formal a la postulación de Rafecas, que será tratada en la Comisión de Acuerdos, presidida por Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos). Aun no hay fecha prevista para la primera reunión ni tampoco para la audiencia pública.
El candidato del Ejecutivo recibió unas 700 adhesiones, de parte de organismos judiciales y de Derechos Humanos, y tan solo tres impugnaciones, presentadas por el exministro Julio De Vido, la Fundación Apolo -cuyo titular es el macrista Yamil Santoro- y el abogado Fernando Lardies.