Lidia Ascárate y Roberto Sánchez solicitan saber sobre políticas implementadas para combatir el narcotráfico.
Luego de lo sucedido con la cocaína adulterada que dejó un saldo de 24 personas fallecidas y más de 80 intoxicados que tuvieron que ser internados, los diputados nacionales Lidia Ascárate y Roberto Sánchez, ambos de la UCR, presentaron un proyecto para solicitarle al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, detalles de las políticas implementadas por el Gobierno para combatir el narcotráfico y el narcomenudeo.
En el texto, los legisladores tucumanos piden que se responda a los interrogantes sobre qué políticas se están implementando para reducir la comercialización y distribución de drogas; qué propuestas se abordaron para quienes son víctimas de este flagelo; y cómo se articulan estas medidas con otras instituciones del Estado.
En tanto, advirtieron: “Tucumán está sitiada por los narcos, junto a toda la región NOA del país, es una de las rutas de ingreso más importantes del narcotráfico en el país. En ese sentido, es que pedimos urgente al ministro que nos facilite los informes específicos relativos a las Fuerzas de Seguridad Nacionales apostadas en nuestra provincia, y todas las estadísticas relacionadas al consumo, la distribución y el delito vinculado al narcotráfico”.
El presidente del bloque Pro en Diputados afirmó que “el negocio del narcotráfico no tiene patria y el Gobierno mira para otro lado”. También cuestionó al oficialismo.
En el marco de la causa de droga adulterada que sacudió la semana pasada, que dejó un saldo de 24 fallecidos y más de 80 personas internadas, y fuertes acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición, este lunes se conocieron nuevos casos en Rosario. El diputado nacional y jefe de la bancada Pro en Diputados, Cristian Ritondo, se refirió al tema y apuntó contra el rol del Estado.
En declaraciones a Radio Rivadavia, Ritondo habló sobre la cocaína envenenada encontrada en el asentamiento Puerta 8 ubicado en Loma Hermosa y afirmó que “acá hay una responsabilidad de los tres poderes del Estado”. Además, denunció que “el negocio del narcotráfico no tiene patria, la cocaína perfora nuestra frontera y el Gobierno mira para otro lado”. En ese sentido, consideró que “una persona adicta no está en sus plenas facultades mentales”.
Asimismo, apuntó contra las internas dentro del Frente de Todos y aseguró que “las peleas no les sirven a ellos y mucho menos a la sociedad”, y criticó: “Uno no tiene que anular lo que hizo otro gobierno”. Por último, el presidente del Pro en la Cámara de Diputados ratificó que “hay una irresponsabilidad del conjunto del Gobierno”.
La iniciativa se da en el marco de la causa de droga adulterada que dejó un saldo de 23 fallecidos hasta el momento, y propone modificar la Ley del Régimen Penal de Estupefacientes.
Tras la conmoción y las acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición por la causa de droga adulterada que causó la muerte de 23 personas -hasta el momento- un grupo de diputados del Frente de Todos, encabezados por Ana Carolina Gaillard, presentaron un proyecto de ley para modificar la Ley 23.737 del Régimen Penal de Estupefacientes con el fin de despenalizar el consumo personal.
La iniciativa propone “una reforma de la Ley 23.737, que prevé el Régimen Penal de Estupefacientes, con el objeto de despenalizar el consumo personal de estupefacientes, aplicando la doctrina del fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que retoma la ya fijada por la misma Corte, en el histórico fallo, Bazterrica y Capalvo que declaró inconstitucional la persecución de personas usuarias de todas las sustancias”.
También, buscar modificar el artículo 5 de la vigente Ley por el siguiente: “Será reprimido con prisión de tres a 15 años y multa de 45 a 900 unidades fijas el que sin autorización o con destino ilegítimo siembre o cultive plantas o guarde semillas, precursores químicos o cualquier otra materia prima para producir o fabricar estupefacientes con fines de comercialización ilegal”.
Y agrega: “Produzca, fabrique, extraiga o prepare estupefacientes con el fin de su comercialización ilegal; comercie con plantas utilizables para producir estupefacientes, estupefacientes, precursores químicos o materia prima para su producción o fabricación o los tenga con fines de comercialización ilegal, los distribuya, los dé en pago, los almacene o los transporte; entregue, suministre, aplique o facilite a otros estupefacientes a título oneroso”.
“La pena será de 2 a 8 años y multa de veinte (20) a seiscientas (600) unidades fijas, si la entrega, suministro, aplicación o facilitación de estupefacientes se hiciera a título gratuito a una persona menor de edad, por parte de una persona mayor de edad”, señala.
En tanto, también aplica cambios al artículo 9 para que sea reprimido con prisión de dos a seis años y una multa de 20 a 300 unidades fijas e inhabilitación de uno a cinco años, el médico o profesional autorizado para recetar, que prescribiera o entregue estupefacientes en dosis mayores a la necesaria. En caso de que sea con destino ilegítimo la pena se eleva de cuatro a 15 años.
Asimismo, el artículo 10 también presenta modificaciones: “Será reprimido con reclusión o prisión de tres a doce años y multa de 30 a 300 unidades fijas al que facilitare, aunque sea a título gratuito, un lugar o elementos, para que se lleve a cabo alguno de los hechos previstos”.
El artículo 12 plantea una presión de dos a seis años y una multa entre 20 a 400 unidades quien difunda públicamente el uso de estupefacientes o indujere a otro a consumirlos. Por último, el artículo 28 quedará redactado: “El que públicamente imparta instrucciones acerca de la producción, fabricación, elaboración o uso de estupefacientes, será reprimido con prisión de dos a ocho años. En la misma pena incurrirá quien por medios masivos de comunicación social explique en detalle el modo de emplear como estupefaciente cualquier elemento de uso o venta libre”.
El proyecto especifica una reforma del Régimen Penal de Estupefacientes con el objeto de:
Acompañan la iniciativa con su firma los diputados Mónica Macha, Blanca Osuna, Verónica Caliva, María Rosa Martínez, Carolina Yutrovic, Jimena López, Itaí Hagman, Mabel Caparrós, Lucila Masin y Mara Brawer.
5167-D-2021
“Es urgente una reforma de la ley de estupefacientes para lograr armonizarla con la protección de la salud pública y en particular con nuestra ley de Salud Mental. Esto va a permitir, además, implementar otras formas de cuidado de la salud en línea con las políticas de reducción de daños. Para lograrlo, el proyecto hace foco en que la persecución penal se oriente a la narcocriminalidad y el negocio ilegal de estupefacientes, y no a conductas privadas de usuarios y usuarias que no significan un daño a la salud pública y cuya persecución, en cambio, significan sistemáticas afectaciones a derechos fundamentales”, remarcó Gaillard.
Y agregó: “Tenemos que priorizar un abordaje desde el derecho a la salud de los usuarios y usuarias, no su penalización, porque ese paradigma ya demostró su fracaso en todo el mundo: los consumos aumentan y también los riesgos asociados a la clandestinidad -con el problema de salud pública que eso implica, como vimos estos días en nuestro país-, obstaculizando el acceso al sistema de salud por temor a ser criminalizado. El proceso penal contra personas que consumen y pequeños eslabones de la cadena de comercialización no es efectivo para erradicar el narcotráfico y sí para castigar grupos sociales vulnerables como mujeres y personas trans en situación de extrema vulnerabilidad que, ni se llevan las principales ganancias, ni son quienes producen el daño en la salud pública a gran escala”.
Según Gaillard: "El actual abordaje del modelo prohibicionista-abstencionista, que criminaliza a usuarios y usuarias por consumo y posesión de drogas para uso personal, obstaculiza la efectividad de las políticas de salud. La ley 23.737 no comprende el universo real de la problemática e instala la prohibición y la abstinencia desde un abordaje represivo y compulsivo que ha demostrado su ineficacia en todo el mundo”.
En su carácter de presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, Gaillard trabajó el tema durante todo el año 2021 junto a distintas organizaciones de la sociedad civil y especialistas, pero se presentó este año para que no pierda estado parlamentario, debido al cambio de composición de la Cámara en diciembre de 2021. Según explicó la diputada, “los hechos de público conocimiento, que generaron la muerte de decenas de personas por consumo de una sustancia adulterada en el mercado ilegal, precipitaron la necesidad de legislar sobre la problemática”.
Por Daniel Bosque, director de Mining Press y EnerNews. El autor analiza el trágico episodio a raíz de la distribución de cocaína contaminada.
“El tabú no es una neurosis, sino una formación social” (Sigmund Freud, en Tótem y Tabú).
País tracción a sangre. Cada tanto, bastante seguido últimamente, una tragedia salta a las placas rojas y genera nuevos escenarios. El soldado Carrasco terminó con la colimba obligatoria, el ARA San Juan con el atado con alambre y vamos para adelante. Con los temas narcos ocurrirá otra cosa. Los intoxicados con la merca estirada del GBA, lo mismo que los muertos en la fiesta en Costa Salguero de hace cinco años serán barridos debajo de la alfombra más temprano que tarde.
Tiene su lógica. El desastre de la droga encarnado desde hace décadas y espiralado con la crisis inédita y la pandemia no merece ninguna atención posible, ni desde el Estado ni desde la sociedad. Sólo las familias tocadas por el calvario de alguien esclavizado por las drogas saben de la soledad absoluta, de romperse los nudillos golpeando a las puertas del cinismo.
Nadie va a corroer esta coraza mortal. El narco, los narcos, con su cash flow son dueños de la política. Que no salga de Sudamérica este secreto: Mandan a la policía y tienen a sueldo a jueces y políticos. El horror de hoy, que en una semana será olvidado, pareciera una historia exclusiva del enclave geográfico de los Ni-Ni, pero no sólo en el sombrío conurbano bonaerense, jóvenes y no tan jóvenes golpean las puertas de los bunkers. Esta es falopa outlet, que rara vez se muestra, pero es de consumo masivo y con muchísima causa-consecuencia con el delito de pobres contra pobres.
Pero el océano de la drogadicción argentina es extenso y profundo también en el mundo del trabajo sindicalizado. Un tema tabú del que nadie quiere hablar, pero que todos conocen. Nelson Pizarro, el chileno ex presidente de Codelco advertía diez años atrás sobre el fenómeno “wachiturro” la minería de su país que son las nuevas generaciones atrapadas por el hábito de los estupefacientes.
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Nadie lo va a decir, pero de este lado de los Andes hay muestras elocuentes de accidentes de trabajo que tienen que ver con el consumo. Y cada tanto circulan videos de asambleas de los grandes sindicatos donde se corean cantitos pro falopa y se rechaza todo intento de testear estupefacientes a los laburantes.
Unos se ríen, otros hacen como que se preocupan. La adicción es tótem y tabú. No forma parte de las políticas de salud mental, cuya ley garantista se ha transformado en un cepo para los entornos de los drogadictos. Y no forma parte de las políticas de inclusión, focalizadas en la promoción de la igualdad y el combate a la violencia de género.
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¿Y los miles y miles de argentinos destruidos por la droga? como los desaparecidos para Jorge Rafael Videla: No están, no existen, son una entelequia.
Hay un negocio subsidiario, de muchísimos ceros, de la salud privada, al servicio de la recuperación de adictos, para el que pueda pagarlo. El resto mendigará con el clamor que hoy sale en la tele: “por favor hagan algo que mi hijo se muere”. A estos efectos, no es lo mismo ser una estrella del pop que balea a un policía que Juan de los Palotes.
El gobierno argentino está diciendo hoy que cada día se venden 200.000 dosis de cocaína en el AMBA, podrían ser 400.000 o un millón, cuesta creerle en esta materia oscura a los que suelen mentir asiduamente. Dice una “estadística oficial” que la drogadicción creció del 3 al 9% en una década. ¿No será mucho? ¿No será poco?
Pensemos por favor en otra cosa que la vida es bella. La pandemia les ha dado a los burgueses más comodidades cibernéticas y un efecto burbuja. Nos ha alejado de la intemperie de la calle, de la noche de los arrabales, donde los soldaditos del dealer les dan caño o confort espiritual a millones de argentinos infelices o sin rumbo. “Eso les pasa por no tomar de la buena” es el mensaje imbécil que más se escucha hoy en la política, en los medios y entre aquellos que “esnifan” contentos de la vida porque es más barato que en Europa.
Hay facturas políticas entre los que hicieron más y los que hicieron menos. En los barrios populares tienen la posta de cuando sus hijos, hermanos y padres han estado más o menos esclavos de la “frula”. Bienvenidos a Centroamérica del Sur, el desastre ya habita entre nosotros. Estamos como somos, decía el recordado Tomás Bulat.
El diputado radical se expresó en su cuenta de Twitter y señaló que “no se trata de avalar el consumo, sino de garantizar la presencia del Estado”.
El diputado nacional y neurólogo Facundo Manes (UCR – Buenos Aires) se refirió a la causa de la droga envenenada y manifestó que “las muertes por el consumo de cocaína adulterada son una tragedia porque eran evitables”. En ese sentido apuntó contra el Estado porque “debe intervenir con políticas de prevención”.
“Las muertes por el consumo de cocaína adulterada son una tragedia porque eran evitables. Negar los problemas nos aleja de las soluciones: necesitamos políticas integrales efectivas basadas en estadísticas y evidencia científica actualizada”, sostuvo el diputado radical.
En ese marco, demostró que “la evidencia de regulación en otros países nos muestra que resulta efectivo que el Estado intervenga a través de políticas de prevención y control de daños. Por el contrario, su ausencia se traduce en estas muertes evitables que hoy sufrimos”.
“No se trata de avalar el consumo sino de garantizar la presencia del Estado para evitar las peores consecuencias”, cuestionó y agregó: “Se trata de entender que necesitamos un sistema de salud preparado para poder atender a ese consumidor e intentar que ese consumo no se transforme en problemático”.
Asimismo, remarcó que “se deben multiplicar los esfuerzos para prevenir la venta y juzgar con firmeza los crímenes más complejos ligados a los negocios de las drogas”, y además “hacen falta reformas estructurales y una lucha integral contra la corrupción para lograr mayor calidad institucional”.
“Pero, sobre todo, nos hace falta un proyecto de país donde la educación y el trabajo vuelvan a ser los motores de la equidad social. Sin eso, ninguna política ni ninguna ley será realmente efectiva y seguiremos llorando muertes que se podrían haber evitado”, cerró el neurólogo.
“Lo que vemos en el conurbano es la consecuencia lógica de más de treinta años de inoperancia y complicidad”, denunciaron desde el bloque y recordaron los proyectos de ley que fueron presentados, pero que nunca avanzaron.
Desde la Coalición Cívica se manifestaron sobre el envenenamiento con drogas adulteradas en el conurbano bonaerense y sostuvieron que “la corrupción y la droga matan. Lo que vemos en el conurbano es la consecuencia lógica de más de treinta años de inoperancia y complicidad”.
“El presidente de la Nación es el responsable exclusivo y excluyente de lo que pase en esta materia por haber designado en el Ministerio de Seguridad a Aníbal Fernández”, señalaron.
En ese sentido, insistieron: “En estos más de treinta de años de administración de la Provincia de Buenos Aires por parte del mismo espacio político, hemos visto candidatos de este oficialismo que, con pasado en prisión por narcotráfico, observamos videos de intendentes explicando su complicidad con la venta de drogas y también nos enteramos de la relación privilegiada de prominentes figuras de la coalición de Gobierno con el narco delito. La consecuencia lógica de estos vínculos los encontramos hoy en la degradación de la salud, la educación y la seguridad en la Provincia”.
“Más allá de las responsabilidades provinciales porque, aunque el narcomenudeo sea un delito local, el narcotráfico es el crimen federal que el ministro Aníbal Fernández no quiso, no quiere y no puede combatir”, aseguraron desde la CC.
En ese marco, recordaron que desde “la Coalición Cívica pidió su Juicio político en el año 2010, cuando era jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, por su relación con el triple crimen narco General Rodríguez, lo denunció penalmente después, y cuando asumió como ministro de Seguridad de Alberto Fernández también pidió su juicio político”.
En tanto, destacaron que “desde el Congreso de la Nación podemos hacer algunas cosas para que las autoridades federales no tengan excusas de no hacerse cargo. Derogar completamente la ley de desfederalización de delitos narcotráfico, crear el programa nacional de prevención y asistencia pública integral de las adicciones. Organizar unidades de desintoxicación, centro de recuperación de las adicciones y revinculación social. Agravar las penas para la comercialización del paco y otras drogas altamente peligrosas. También las penas para las organizaciones del narcotráfico. Establecer medidas curativas eficientes con internación, para facilitar la intervención judicial, y modificar el régimen de precursores químicos”.
Y enfatizaron que “en el año 2016, cuando una sentencia de la Justicia Federal de San Isidro envió al Congreso una escandalosa resolución en el expediente que investiga el Crimen narco ocurrido en el año 2008 en el Shopping Unicenter, Elisa Carrió presentó un proyecto que pretendía retrotraer la desfederalización de los delitos de narcomenudeo. El tiempo ha demostrado que la norma en cuestión, lejos de ser instrumento para mejorar la lucha contra el narcotráfico, la ha entorpecido e incluso ha facilitado el avance del crimen organizado, lo que se observa en este tiempo en el recrudecimiento de los delitos conexos, como los homicidios por encargo o por venganza”, señalaron.
“Se pretende con este proyecto de ley retrotraer a la situación anterior al 2005, año en el que se sancionó la ley 26.052, oportunidad en la que nuestro bloque advirtió sobre las graves consecuencias que aparejaba su sanción en relación a la política criminal”, dijo Carrió y explicó: “Señalamos que su implementación no lograría más que fraccionar o seccionar las investigaciones, atentando contra el éxito de la pesquisa en cuanto a los delitos de mayor gravedad y de las cabezas del crimen organizado. Se produciría un fraccionamiento de las investigaciones, puesto que la ley 23.737 no establece un parámetro para determinar a partir de qué cantidad de estupefacientes el magistrado debe considerar que se está frente a un caso de comercialización o de tenencia”.
Por consiguiente, desde el bloque narraron: “Nuestro partido ha denunciado también a los magistrados provinciales que fueron parte del delito. Por ejemplo, el titular de la Fiscalía de Investigaciones Complejas del Departamento Judicial de San Isidro, Claudio Scapolán, por la comisión de delitos y mal desempeño en el cargo. Carrió ha señalada en la Justicia y en los pedidos de destitución, que en el Poder Judicial existía un perverso e ilícito esquema de ejercicio de la acción penal diseñado por el fiscal general de San Isidro, Julio Novo, procesado por encubrimiento de narcotráfico, en el que Scapolán habría sido un operador fundamental a la hora de ejecutarlo”.
“Por otro lado, desde el año 2012, Carrió con el bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica, viene presentando un proyecto para desarrollar un sistema público de asistencia universal y gratuita para el abordaje de la problemática de las adicciones a estupefacientes en todo el territorio nacional”, destacaron.
Asimismo, afirmaron: “Pero pensar en políticas destinadas a la prevención del consumo problemático, también es pensar en la reducción de daños. Acciones que promuevan la reducción de riesgos para la salud individual y colectiva y que tengan por objeto mejorar la calidad de vida de las personas que padecen adicciones, disminuir la incidencia de enfermedades transmisibles y prevenir todo otro daño asociado, incluyendo muertes por sobredosis y accidentes”.
“Como sostuvo históricamente la CC, y aún sostiene, el Estado debe coordinar acciones intersectoriales con los Ministerios de Desarrollo Social y de Educación y las Secretarías de Cultura, Derechos Humanos y Medios de Comunicación y otras áreas relevantes, y con sus similares de las jurisdicciones que adhieran al Programa Nacional, a fin de desarrollar programas y pautas para un abordaje intersectorial de las adicciones, que puedan ser implementadas por cada una de las provincias, incorporando mecanismos claros y eficientes de participación comunitaria, en particular de organizaciones de usuarios y familiares”, plantearon desde la CC;
Y concluyeron: “El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social debe coordinar planes de prevención en el trabajo y de inserción socio-laboral para las personas con adicciones, entre los que deberán incluirse la implementación de convenios con empresas nacionales, para que las mismas incorporen personas en proceso de reinserción social”.
Diputados de JxC presentaron un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo brinde datos sobre la droga denominada Fentanilo.
En el marco de la causa de droga adulterada que dejó un saldo hasta el momento de 20 víctimas y más de 70 internados, sumado a los dichos inapropiados de distintos funcionarios, desde la oposición un grupo de diputados, encabezados por Gerardo Milman (Pro), presentaron un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo a través Ministerio de Seguridad resuelva informar acerca de ocho puntos sobre el tema en cuestión.
La iniciativa solicita que se responda sobre: “Si existen estadísticas sobre el uso de la droga denominada Fentanilo, y sus derivados en el territorio nacional; qué cantidad de Fentanilo fue importada y utilizada desde 2011 a la fecha; cuáles son los países productores y a cuáles se les compra”.
“Informe y detalle: droguerías y/o personas físicas y/o jurídicas autorizadas para el uso de Fentanilo desde el 2011 hasta la fecha; detalle de los productos en los que se utiliza; qué programas y/o acciones elabora y/o ejecuta RENPRE (Registro Nacional de Precursores Químicos) para la regulación y control de la importación/exportación/uso del Fentanilo”, agregaron.
Y cerraron con dos puntos más: “Si existe algún tipo de alerta emitida para los aeropuertos del país a fin de controlar el ingreso ilegal de dicha droga y qué control y prevención realiza en zonas limítrofes de nuestro país y cuáles son sus resultados”.
Acompañaron el proyecto con su firma los diputados María Eugenia Vidal, Graciela Ocaña, Laura Rodríguez Machado, Karina Bachey, Héctor Stefani, Federico Angellini, Marilú Quiroz, Mercedes Joury, Camila Crescimbeni, Ana Clara Romero, María Sotolano, Gabriela Besanaa y Germana Figueroa Casas.
El jefe del bloque Pro en Diputados criticó la visión el gobernador bonaerense sobre la causa de droga adulterada quien había afirmado que “el consumo es una forma de vivir”.
Tras los graves acontecimientos en torno a la cocaína envenenada, que sumó 20 muertos y cientos de internados, el presidente del bloque Pro en la Cámara de Diputados y exministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo criticó el discurso del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tras afirmar que “el consumo de drogas es una forma de vivir”.
Ritondo sostuvo que Kicillof mantuvo un discurso de “tolerancia a la ingesta y tráfico de estupefacientes”, y resaltó: “Yo no tengo la culpa que Kicillof diga que la droga es una forma de vivir”.
En declaraciones a Radio Mitre, el diputado nacional comentó: “La política criminal en torno al narcotráfico se desprende de un pensamiento estructural que tienen muchos dirigentes del Frente de Todos, con resultados que se ven en la calle. Después de dos años y medio de gestión, tienen que hacerse responsables”.
“Es un tema que ellos están obligados a trabajar juntos. La provincia de Buenos Aires requiere del trabajo de Nación y de los municipios. Se requiere de una pelea en forma conjunta, las chicanas no contribuyen”, agregó y remarcó lo sucedido durante la gestión de María Eugenia Vidal, tiempo donde se realizaron más de 144 mil procedimientos anti droga.
Previamente, en su cuenta oficial de Twitter Ritondo escribió: “En estos últimos años no se vio al Gobierno derribando ningún búnker. Con ese tipo de políticas termina sucediendo lo que hoy todos vimos. Mientras ellos se llenan la boca hablando de Estado presente, lo único que observamos es un Estado completamente ausente”.
Además, criticó: “Las mafias tienen cada vez más poder, los narcos toman más barrios y la droga continúa haciendo destrozos. Es clara la falta de decisión del Gobierno de combatir al narcotráfico, tanto en la Provincia como en el resto del país”.
El legislador fueguino Pablo Blanco solicita la presencia del ministro de Seguridad de la Nación a la Comisión de Seguridad de la Cámara alta para que explique qué está haciendo en materia de lucha contra el narcotráfico.
Ante la causa de droga adulterada que dejó un saldo de 20 muertos -hasta el momento- y más de 70 internados, el senador nacional Pablo Daniel Blanco (UCR -Tierra del Fuego) elevó una nota solicitando la inmediata constitución de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico a fin de que allí sea convocado el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, a efectos que informe la situación del narcotráfico en Argentina y las acciones que está llevando adelante el gobierno habida cuenta de los catastróficos hechos de las últimas horas.
“Aníbal Fernández en su carácter de ministro de Seguridad de la Nación debe dar explicaciones sobre los graves sucesos ocurridos por el consumo de cocaína adulterada ya que el narcotráfico es un delito federal”, sostuvo el senador radical.
Y cuestionó: “Resulta inadmisible su actitud pasiva y burlona frente a hechos que ya han costado una veintena de vidas y más de 70 personas internadas bajo extremos cuidados de emergencia”.
“Es patético que ante una situación de semejante gravedad el ministro Nacional y el de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se hagan chicanas mutuas cuando la circunstancia es desesperante y requiere un esfuerzo conjunto”, criticó fuertemente Blanco en relación al cruce que mantuvieron los funcionarios en redes sociales tras un ‘meme’ que posteó en su red social de Twitter Fernández burlándose de Berni.
En ese contexto, el legislador fueguino sentenció: “Aníbal Fernández debe acudir al Senado a dar explicaciones y a rendir cuentas con datos de lo que está haciendo en materia de lucha contra el narcotráfico. Por lo visto no hay política contra el narcotráfico, la ministra anterior disolvió la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y el avance narco criminal parece imparable en la provincia de Buenos Aires”.
“Acá hay un dejar hacer cómplice o una ineptitud absoluta. El ministro debe brindar respuestas y soluciones en vez de actuar socarronamente burlándose de su colega provincial y de las víctimas”, finalizó el senador radical.
El requerimiento es para que expliquen e informen sobre la causa de cocaína adulterada que desencadenó en más de 20 ciudadanos fallecidos.
En medio de la conmoción por el fallecimiento de 20 personas y más de 70 internados tras haber consumido cocaína adulterada, encontrada en el asentamiento Puerta 8 ubicado en Loma Hermosa, legisladores provinciales de Juntos por el Cambio requieren la presencia en la Legislatura bonaerense del ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, y del ministro de Salud, Nicolás Kreplak, para que brinden información sobre la causa de droga adulterada.
“Muchas familias están atravesando un momento de profundo dolor e incertidumbre, debemos ser responsables en nuestras declaraciones y apreciaciones. Acompañamos con afecto y respecto a las familias de las víctimas”, expresaron en el comunicado.
Por ese motivo, adelantaron: “Desde la Legislatura vamos a citar al ministro de Salud y el titular de la cartera de Seguridad para que brinden informe sobre el modo en el que se actuó en ese caso particular y frente al flagelo de la droga en general, en estos dos años de gestión”.
“Reiteramos una vez más nuestro compromiso de ponerle un freno al flagelo del narcotráfico y todos los delitos vinculadores. Un fenómeno de semejante complejidad precisa un abordaje integral desde el campo de la salud, la educación, la seguridad y la justicia”, manifestaron.
Por último, les solicitaron a las autoridades que establezcan una comunicación “clara y permanente con la ciudadanía”, y exigieron una “investigación a fondo” para que termine con los responsables “en la cárcel”.
