Familiares y allegados de personas con consumos problemáticos y adicciones se autoconvocaron frente al Sanatorio Otamendi, donde se encuentra internado Santiago “Chano” Charpentier. Bregan por una iniciativa distinta a la ley de Salud Mental N° 26.657.
Cientos de personas se congrearon este viernes frente al Sanatorio Otamendi para expresar su acompañamiento al cantante Santiago “Chano” Charpentier y a su madre y reclamar la sanción de una ley nacional que, dijeron, “atienda las especificidades” de la problemática de salud mental.
Stella Maurig, la convocante de la marcha, aseguró que, si bien los familiares que dice representar “no están en desacuerdo” con la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, esta norma sancionada en 2010 “no contempla algunos puntos importantes en relación a los chicos adictos”.
“En general, lo único que se hace cuando una persona adicta va al hospital es ponerle un suero, desintoxicarla y mandarla a la casa. Eso no sirve”, opinó Maurig.
La mujer, quien perdió a su hijo David en 2019, cuando el muchacho tenía 30 años, manifestó que las familias están “atadas de pies y manos”. “Es una situación desbordante y los pibes se nos mueren”, remarcó.
Por tal razón, Maurig señaló que los manifestantes decidieron “acompañar a Marina (Charpentier), que hace años trabaja con la adicción” de su hijo.
El caso de Chano fue “el puntapié para que se visibilice esta problemática, que afecta a muchas personas en el país y que se mantiene silenciada por el estigma”, aseguró.
En su artículo 4, la Ley Nacional de Salud Mental establece que “las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud”.
Además, el artículo 43 de esa norma modifica el artículo 482 del Código Civil, al ordenar: “Las autoridades públicas deberán disponer el traslado a un establecimiento de salud para su evaluación a las personas que por padecer enfermedades mentales o adicciones se encuentren en riesgo cierto e inminente para sí o para terceros.”
Para Maurig, las adicciones “tocan a todos los estratos sociales, desde los que menos tienen hasta los que más”.
Por su parte, María Dolores Pedemonte, de la organización Madres Territoriales contra las Drogas, advirtió que durantela pandemia “todo esto empeoró” y que hay que entender que “consumir drogas pesadas es suicidarse por goteo”, por lo que “hay que intervenir desde el principio, porque no hay marcha atrás”.
Pedemonte es trabajadora social y perito judicial y, al igual que Maurig, se capacitaron y ellas mismas brindan entrenamientos para poder abordar la problemática de la adicción.
“Somos madres que tenemos hijos adictos, que estamos peleándola desde la calle, buscando a los pibes para rescatarlos”, aseguró Pedemonte, pero agregó que “es una lucha despareja de las madres contra el narcotráfico, no podemos solas”.
Por último, concluyó que se debe trabajar en una ley “que proponga un tratamiento especial” ya que se trata de “un problema muy complejo”, que “a las familias, que se ven envueltas en una angustia profunda y situaciones de mucha violencia, las destroza”.
Si bien resaltó el apoyo al espíritu de la Ley de Salud Mental, sostuvo que, a pesar de que no guste, “en la mayoría de estos casos la única solución es el tratamiento y la internación”.
La Coalición Cívica pide investigar investigue el paso por el país del mayor cargamento de cocaína incautado en Europa
Diputados nacionales de la CC ampliaron este martes la denuncia ante la Procuraduría de Narcocriminalidad para que se investigue el paso por el país del mayor cargamento de cocaína incautado en Europa. Los legisladores solicitaron la ampliación para el caso Coirón Nº 1487/2021, con el objetivo de investigar los hechos relacionados con la incautación de once toneladas de cocaína por parte de la aduana belga el 2 de abril pasado.
La ampliación de la denuncia fue firmada por los diputados Mariana Zuvic, Juan Manuel López, Paula Oliveto y Maximiliano Ferraro.
“Mientras confinan a los ciudadanos, el crimen organizado se consolida en la región con nada menos que el PCC como cabecera de las operaciones”, sostuvo Zuvic. “Ciudadanos encerrados para garantizar la zona liberada al Narcotráfico”, agregó.
El contenedor mencionado se habría cargado inicialmente en una barcaza en la localidad paraguaya de Villeta, el 12 de febrero y habría llegado 14 días después al Puerto de Buenos Aires. Entre el 26 y 28 de febrero el cargamento habría sido depositado como mercadería ‘en tránsito’ y luego transbordado al buque portacontenedores de bandera danesa Cap San Antonio, que partió hacia Europa el mismo 28 de febrero y llegó al puerto de Amberes el 2 de abril.
“Esto significa que el cargamento ilícito habría estado en la terminal porteña sin que nadie lo advirtiera, ni que se hubieran realizado inspecciones aduaneras argentinas sobre esa mercadería en tránsito”, advirtieron los diputados de la CC ARI.
“Es por ello que solicitamos al juez competente que se tomen las medidas cautelares u otras que considere necesarias para investigar estos hechos, particularmente respecto a la existencia de irregularidades, infracciones, faltas o delitos por acción u omisión por parte de la empresa concesionaria Hidrovía S.A., con relación a la navegación de las embarcaciones involucradas en los hechos denunciados”, indicaron.
Hace unas semanas atrás, la CC ARI presentó una denuncia ante la Procunar, encabezada por el fiscal Diego Iglesias, para motorizar una investigación judicial sobre la incautación de cocaína más grande de Europa, conocida como Operación Atlántico Norte. Se trató de 23 toneladas de droga secuestrados en dos operativos en Alemania y Bélgica, luego de un tránsito que comenzó en Paraguay y tuvo una escala de 13 días en el puerto de Buenos Aires. El valor de ese cargamento asciende a 1.400 millones de euros.
En ese contexto, la CC ARI volvió a insistir hoy en que resultaría esclarecedor determinar la distribución de los efectivos de las Fuerzas de Seguridad nacionales con el objetivo de prevenir y reprimir el desarrollo de actividades de narcotráfico, especialmente sobre la Hidrovía Paraguay-Paraná. Adicionalmente, qué acciones llevó adelante la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), qué información se encuentra disponible acerca de la trazabilidad de la navegación de la embarcación involucrada en los hechos denunciados y el registro documental del buque CAP SAN ANTONIO.
Se solicita investigar la posible comisión de delitos Contra la Administración Pública, Delitos de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de Funcionario Público, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas, Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados; Encubrimiento (artículo 277 del Código Penal); Falsedad Ideológica en Documento Público (artículo 286 del Código Penal) y, además, por la violación de la Ley 22415 (Código Aduanero) y sus normas reglamentarias, de la Ley 24093 (Ley de Puertos), de la Ley 27126 (Agencia Federal de Inteligencia) y de la Ley 23.737 (Narcotráfico), como así también por los eventuales actos ilícitos que V.S. en su caso determine, en particular aquellos de carácter federal, favorecidos por acción u omisión de funcionarios públicos.
Otros aspectos que serían de especial relevancia esclarecer se encuentran relacionados con la nómina de funcionarios intervinientes en las operaciones de comercio exterior donde el buque CAP SAN ANTONIO haya tenido participación, así como el registro documental y audiovisual del Puerto de Buenos Aires para esas fechas. También los roles de tripulación del buque y el procedimiento de control y monitoreo de cargas en la terminal portuaria de Buenos Aires.
Por último, el equipamiento en el Puerto de Buenos Aires destinado a prevenir contrabando, narcotráfico y demás delitos complejos, la existencia de contactos a través de los representantes de las fuerzas de seguridad argentinas que cumplen funciones diplomáticas en Paraguay, con autoridades o funcionarios públicos del gobierno paraguayo, a los efectos de conocer detalles de dichos procedimientos por posibles ramificaciones en argentina, así como la recepción de información o contacto provenientes de representantes diplomáticos o autoridades extranjeras, dirigidos al gobierno argentino o alguno de sus organismos dependientes, en particular del gobierno de Paraguay.
Legisladores de la oposición reclaman que el intendente de José C. Paz dé un paso al costado y que el oficialismo exprese su parecer ante los dichos del intendente apañando a vendedores de droga.
Diputados nacionales de la oposición reaccionaron ante las afirmaciones de Mario Ishii, a quien en un video se lo ve y escucha admitiendo que encubre a vendedores de droga. Reclamaron la renuncia del intendente de José C. Paz y pronunciamiento y acciones de parte del gobierno provincial, nacional y del Frente de Todos.
El titular del bloque radical, Mario Negri, se refirió al tema en un tuit, en el que se pregunta: “¿Derribar bunkers de drogas o proteger a los dealers? Parece una decisión moral muy simple. Sin embargo, hay sectores de la política que tienen naturalizada la relación promiscua con el delito. Aviso al Gobierno que si quiere luchar contra los narcos este no es el camino”.
El vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara baja, Alvaro de Lamadrid, recordó que “denuncié que la peor herencia del kirchnerismo fue la instalación definitiva del narco en la Argentina. Ishii confiesa está asociación narco. La gente en el medio frente a esta mafia que genera pobreza, inseguridad, muerte, manipulación y destrucción”.
“La venta de estupefacientes es un delito grave, el encubrimiento también. Esperamos que el gobernador Kicillof tome medidas y el intendente de José C. Paz renuncie. La justicia debe investigar a todos los implicados”, señaló la bonaerense Karina Banfi.
Paula Oliveto señaló por su parte que “esta noticia de Ishii refleja la unión asquerosa entre la política y el narco. Las consecuencias son la pobreza estructural, la inseguridad y la ausencia de valores. Estamos viendo qué le pasa a un pueblo cuando vota prontuario”.
“Mario Ishii debe renunciar y todo el arco político, incluso quienes compartieron boleta con él, como el gobernador Kicillof y el presdiente Alberto Fernández deben repudiar esto y tomar cartas en el asunto. No podemos permitir que un intendente sea cómplice del narcotráfico”, señaló Sebastián Salvador, también bonaerense y vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos.
El diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López tuiteó por su parte: “Luchar contra las mafias, tan vigente como siempre. Acá Mario Ishii, intendente de José C. Paz, del lado del narcoestado”.
“Lo de Mario Ishii es una vergüenza. En 4 años de nuestra gestión junto a @mariuvidal y @PatoBullrich nos propusimos terminar con el narcotráfico, y de repente escuchar un Intendente decir que encubre narcos nos indigna. Duele ver como el narcotráfico se va enquistando en el poder”, señaló por su parte la radical Lidia Ascárate.
“Un intendente confesó que cubre a narcos: Ishii debería renunciar y presentarse ante la Justicia para dar explicaciones. Esperemos que Axel Kicillof y Sergio Berni den la cara y tomen medidas para acabar con estas mafias, de lo contrario serán cómplices”, señaló por su parte José Cano.
Daniel Lipovetzky, diputado provincial de Juntos por el Cambio, señaló: “Significado de ‘falopa’: droga de efecto estimulante o alucinógeno. Serán estas drogas, los ‘medicamentos’ a qué se refiere Mario Ishii?? Igualmente encubrir a quien vende ‘medicamentos’ usando las ambulancias del sistema público de emergencias, también es un delito. Berni teléfono!”
“¿Cómo combatir el narcotráfico si tiene protección del poder? ¿Qué espera el Frente de Todos para repudiar a este deleznable personaje?, preguntó Ricardo Buryaile.
El diputado del Pro Hernán Berisso señaló a su vez que “los bonaerenses tenemos toda la cuarentena para escuchar sus excusas intendente, pero hoy presente la renuncia”.
Por su parte Gonzalo del Cerro se refirió a las explicaciones que dio posteriormente Ishi, donde afirma que sus declaraciones fueron sacadas de contexto: “Si seguimos la línea de fuera de contexto de Ishii, tendríamos que aceptar que todo el gobierno está fuera de contexto, por una simple regla de obediencia al ejecutivo. El contexto es estar fuera”.
“¡Encubrimiento confeso de venta de falopa en ambulancias! Así es muy difícil ganarle al narcotráfico si circula con sirenas y complicidad política. ¡Una pandemia narcotica en provincia!”, tuiteó por su parte el diputado mendocino Luis Petri.
Por su parte, la diputada provincial Carolina Píparo señaló que “mientras los ministros de Seguridad hacen shows, un intendente que responde al presidente y al gobernador confiesa que cubre a narcos. Espero que Mario Ishii esté declarando ante la justicia, que Kicillof acompañe la denuncia y no nos deje solos a los bonaerenses ante las mafias”.
Desde la izquierda, el legislador porteño Gabriel Solano razonó: “Admitamos que lo de Ishii sorprenda que lo diga, no que lo haga”.
