En el marco de la Tercera Expo Cannabis Argentina, que se desarrolló los días 4, 5 y 6 de noviembre en el predio de La Rural, la diputada nacional Carolina Gaillard (FdT-Entre Ríos) planteó la necesidad de debatir la despenalización del consumo de drogas en el Congreso.

“Creemos que es urgente dar este debate en el Congreso, para pasar de un paradigma represivo y prohibicionista que ha fracasado en todo el mundo, a un paradigma de salud pública, con un Estado presente que acompañe y no criminalice el consumo de sustancias”, explicó Gaillard.

“En este sentido, es necesario capacitar a las fuerzas de seguridad y al Poder Judicial, para redireccionar la persecución hacia el narcotráfico y el crimen organizado, y no hacia los usuarios y consumidores”, agregó.

Gaillard presentó este año el proyecto de ley que modifica la ley 23.737, conocida como “ley de drogas”, para eliminar la figura de “tenencia simple” y despenalizar el consumo personal de todas las sustancias, aplicando la doctrina del fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Desde nuestra perspectiva, despenalizar el consumo personal y adulto de droga no es alentar el consumo: es legislar sobre una problemática que existe en todo nuestro territorio”, advirtió la diputada entrerriana. Y consideró que “debemos enfocar los recursos en combatir el narcotráfico y el delito complejo, y brindar atención de salud a los usuarios que así lo requieran, evitando causas, procesos judiciales y condenas a usuarios -con consumos problemáticos o no- y pequeños vendedores”.

“Hoy las cárceles están llenas de personas detenidas por tenencia para consumo, o por venta en pequeña escala, principalmente mujeres jóvenes de bajos recursos, mientras la producción y la comercialización ilegal de droga continúa en aumento”, remarcó. Y recordó que “está probado que penalizar a consumidores aleja del acceso al sistema de salud a aquellos que lo necesitan”.

Gaillard se comprometió a seguir trabajando en el Congreso Nacional para lograr que la despenalización sea ley y propuso armar una mesa de diálogo entre legisladores de todos los partidos, organizaciones de la sociedad civil y miembros del Poder Judicial para avanzar en este sentido.

En el marco de los 11 años de la sanción de la Ley de Salud Mental, el diputado nacional y titular del interbloque Provincias Unidas, Luis Di Giacomo, presentó este viernes un proyecto de ley para la “prevención y atención de la dependencia con y de drogas”.

“Finalmente y luego de muchos meses de trabajo con un equipo multidisciplinario y el aporte de profesionales y académicos de larga trayectoria en el tema, presentamos la ‘Ley para la Prevención y Atención de la Dependencia Con y De Drogas”, celebró el diputado del bloque Juntos Somos Rio Negro.

Y sumó: “Esto es sólo el comienzo de un debate que pretendemos que pueda permitir aportes, críticas, correcciones y agregados que la mejoran y conviertan en una ley que represente ese reclamo sobre ‘La ley que falta’ para mejorar la atención y disminuir el sufrimiento de tantas familias y personas”.

El diputado nacional y presidente del bloque UCR en la Cámara baja, el cordobés Mario Negri, se refirió a los polémicos folletos que repartió el municipio de Morón en los que avalaban el consumo de drogas con distintos tipos de recomendaciones, respecto lo cual cuestionó: “Han terminado legitimando que la droga termine siendo un medio para vivir, en vez de buscarle trabajo a la gente”.

En conversación con Radio Mitre, Negri apuntó contra el intendente de Morón, Lucas Ghi: “Yo le diría al intendente y al gobernador por qué no llaman por teléfono a las madres que luchan contra el paco, que les comenten que los chicos salgan de joda, pero que consuman poquito nada más. Que llamen a las madres de los chicos que han muerto, que ofrecen tener cocina para ver si pueden vivir”.

“Han terminado legitimando que la droga termine siendo un medio para vivir, en vez de buscarle trabajo a la gente”, opinó el radical y recordó: “Lo paradójico fue que ayer Alberto Fernández anunciaba un plan nacional de salud mental. Yo creo que en ese plan se tiene que inscribir el Gobierno, porque en realidad lo único cierto es que mientras el anunciaba eso, los folletos volaban por Morón y por la Provincia de Buenos Aires”.

La Dirección de Políticas para Juventudes de Morón lanzó una campaña donde repartieron folletos durante el festival “El Minga” que expresaban “cómo consumir estupefacientes”, la cual obtuvo el apoyo de su intendente, Lucas Hernán Ghi. “Si vas a consumir acordate de estas recomendaciones”, y “Cocaína, pastillas, tomá poquito para ver cómo reacciona tu cuerpo”.

Tal como lo había anticipado, el diputado nacional Waldo Wolff (Frente Pro) junto a y concejales de la coalición de la oposición presentaron una denuncia en la Justicia Federal contra el intendente de Morón, Lucas Ghi, por los polémicos folletos que lanzó el municipio a través de los cuales daba recomendaciones sobre el consumo de drogas durante el festival El Minga.

La presentación de Wolff en la Justicia fue en su “carácter de diputado de la Nación”, en cuya denuncia calificó como “graves hechos” que “habrían sido perpetrados por el intendente de la Municipalidad de Morón, Lucas Hernán Ghi, y demás funcionarios municipales”.

El legislador que integra el interbloque de JxC mencionó en la denuncia que “a través de distintos medios de comunicación, funcionarios de la intendencia de Morón reconocen la autoría de la campaña y no se arrepienten de su contenido ni de la forma en que se publicita el consumo de sustancias prohibidas por la ley 23.737″.

En la presentación planteó que “la campaña dirigida por el intendente Ghi no tiene el propósito de prevenir el consumo de estupefacientes, sino de difundir públicamente su uso”.

En los folletos que se repartieron y que fueron publicados en la cuenta de Instagram de la Dirección de Políticas para Juventudes de Morón recomendaban: “Cocaína, pastillas, tomá poquito para ver cómo reacciona tu cuerpo”, entre otras sugerencias.

 “Si vas a consumir, acordate de estos consejos”, y entre las recomendaciones indicaron: “Porro, conseguilo de fuentes confiables”, la palabra “prensado” tachada, y luego: “Mejor flores”.

Por Melisa Jofré

“Acá lo que tiene que cambiar son las leyes. En vez de abrir cárceles, hay que abrir más centros de rehabilitación para los jóvenes”. Con esas palabras reclama ayuda en la puerta del Hospital Municipal de Hurlingham San Bernardino la madre de una de las personas que consumió cocaína adulterada, encontrada en el asentamiento Puerta 8 ubicado en Loma Hermosa y que provocó 20 fallecidos y más de 70 internados.

Con el tema instalado en la agenda mediática, el consumo problemático de drogas, especialmente en los barrios vulnerables, vuelve a ponerse sobre la mesa. Pese a lo delicado del asunto, los intereses políticos se cruzan y desde el oficialismo y la oposición se cargan responsabilidades de un lado y del otro sobre el avance del narcotráfico.

En tanto, en lo que respecta a la atención de las adicciones tampoco ha habido en los últimos años consensos o voluntad de avanzar en leyes que den una mejor respuesta desde el Estado. Proyectos en el Congreso ha habido varios y se presentan y representan año tras año.

Cercana estuvo de tratarse en el recinto una iniciativa en el año 2017, cuando en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, presidida entonces por la entrerriana Carolina Gaillard -que era oposición- se alcanzó un dictamen de un proyecto de ley de emergencia en adicciones en todo el país.

Esa iniciativa, motorizada por la exdiputada santafesina del Frente para la Victoria Silvina Frana, proponía declarar la emergencia por el plazo de tres años; crear un Programa Nacional de Prevención y Tratamiento de Consumos Problemáticos; asistencia profesional gratuita e inclusión laboral; y abordaje de la problemática en las escuelas. Finalmente no prosperó.

Frana fue también presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, que durante el 2018 se reunió en 7 oportunidades. En una de esas reuniones recibió a representantes de movimientos sociales y al cura villero José María “Pepe” Di Paola, quienes reclamaron por una ley de emergencia, y cuestionaron las declaraciones que por ese entonces realizó la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando sostuvo que “muchos movimientos sociales permitieron el narcotráfico como un mal menor”.

En 2019, la Comisión de Adicciones solo se reunió una vez, y fue en un encuentro en el que representantes de la Mesa Nacional de Adicciones reclamaron “por un mayor presupuesto y herramientas para afrontar esta problemática desde la prevención y la recuperación”, además de solicitar la prórroga en un plazo establecido en la Ley de Salud Mental (N° 26.657) en relación a las comunidades terapéuticas. Ley de Salud Mental que ante estos casos muchos diputados consideran hay que modificar, mientras otros aseguran que lo que falla es su implementación.

En el año 2020, ya bajo una nueva gestión, la Comisión de Adicciones también se reunió una sola vez. Fue para la visita de la titular de la SEDRONAR, Gabriela Torres, quien aseguró que en el marco de la cuarentena por la pandemia se había incrementado en un 30% el presupuesto destinado a las comunidades terapéuticas. Durante 2021, la comisión presidida por el diputado Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro) no tuvo reuniones.

Entre los últimos proyectos que figuran sobre el tema, las diputadas con mandato cumplido Gisela Scaglia (Pro), Elda Pértile (FdT) y Claudia Najul (UCR) presentaron iniciativas para declarar la emergencia nacional en adicciones por el plazo de dos años; crear centros de atención integral para personas drogadependientes; y crear un Hospital de Día destinado al abordaje de adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad por consumo problemático de sustancias, respectivamente.

Otra de las iniciativas presentadas más recientemente es que lleva la firma de varios diputados de la Coalición Cívica, encabezados por Mariana Stilman. En el texto se propone la creación de un Programa Nacional de Prevención y Asistencia Pública Integral de las Adicciones; unidades de desintoxicación y centros de recuperación y revinculación social; el agravamiento de las penas para la comercialización del paco; y la despenalización de la tenencia de drogas para uso personal.

“Desde el año 2012 la @ccari_ok viene presentando un proyecto para la prevención y asistencia pública integral de las adicciones. Debemos dar tratamiento urgente a ese y a otros tantos que duermen el sueño de los justos en las Comisiones presididas por el oficialismo”, reclamó en su Twitter la legisladora opositora.

La advertencia sobre el fentanilo

El fentanilo es apuntado como una de las sustancias que se encontraría en la cocaína adulterada encontrada en la provincia de Buenos Aires. Ya en octubre pasado, el senador nacional Roberto Basualdo (JxC) había presentado un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el control en la producción de este opioide sintético.

En su solicitud, el sanjuanino pidió conocer “cuántos laboratorios se encuentran habilitados para la producción y comercialización del fentanilo; si se han detectado casos de internación aguda o grave producto de mezclas de estupefacientes con la droga fentanilio; si se ha advertido un incremento en las ventas de este medicamento; y qué medidas se adoptaron o planean adoptar para la realización de políticas aplicables a la atención y acompañamiento en materia de drogas o alerta temprana de consumo”.

En los argumentos de ese proyecto de resolución, el senador enfatizó la necesidad de “evitar llegar a la situación que actualmente vive Estados Unidos, donde en 2018 murieron 72 mil personas por su mala utilización”. “Cabe señalar que se recurre al fentanilo por ser más barato y más fácil de conseguir que la cocaína o la heroína, pero incluso una pizca de fentanilo puede matar”, agregó.

Y expresó con preocupación que en 2019 “se secuestraron unas 45.000 dosis en el norte del Gran Buenos Aires y el superintendente General de la Policía de la provincia de Buenos Aires había calificado aquello como ‘algo novedoso’ y que genera una adicción cien veces mayor que cualquier otra droga común”.

No fue feliz el comentario del expresidente Mauricio Macri en el marco de su paso por Santa Fe. Fue un chiste, pero nunca falta el celular que está grabando y eso terminó viralizándose. Sucedió durante un almuerzo del que el exmandatario tomó parte en un bar rosarino, en el que estaba entre otros con el diputado nacional del Pro Federico Angelini. Todos habían pedido café, pero el expresidente prefirió un licuado. El problema estuvo en el comentario que deslizó al explicar que no tomaba café.

“Soy un tipo raro, no tomo café, no tomo alcohol y no fumo”, pero su remate supuestamente gracioso terminó arruinando su sana semblanza: “Lo mío es el crack y la heroína”.

Se la dejó “picando” al kirchnerismo, que reaccionó de manera previsible cuando el video se hizo viral. Hasta la titular del Sedronar, Gabriela Torres, tomó cartas en el asunto, considerando el comentario “de mal gusto” por cuanto “estigmatiza y frivoliza la problemática del consumo de sustancias”.

También reaccionó la senadora María de los Angeles Sacnun, que en tono de campaña tuiteó: “Vergonzoso el menoscabo al pueblo de la provincia de Santa Fe. Pasan sin escala de ofender y estigmatizar  a nuestros niños y niñas diciendo que sueñan con ser sicarios o narcos -como dijo (la candidata a senadora de JxC Carolina) Losada– a bromear con un tema tan sensible. Inadmisible”.

Con la participación de funcionarios, las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales del Senado realizaron este lunes una reunión informativa a 30 años de la sanción de la Ley 23.737 de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes.

Del encuentro virtual, encabezado por Dalmacio Mera (Frente de Todos), participaron la secretaria de Justicia y Derechos Humanos del ministerio homónimo, Laura Marrazzo, y el procurador penitenciario interino, Ariel Cejas Meliare.

Marrazzo informó que el 36,77% de la población total del Servicio Penitenciario Federal “se encuentra cumpliendo condena por infracciones a esta ley”, y de ese universo “solo el 38,66% tiene condena firme”. Además, la funcionaria advirtió que el 60% de las mujeres privadas de su libertad está cumpliendo pena por infracción a esta norma.

“Claramente se trata de un delito con mucho impacto en los sectores de mayor vulnerabilidad social. En el caso de las mujeres, en su mayoría son madres de muchos hijos, o mujeres solas en situación de pobreza. Son las llamadas ‘mulas’, por un tráfico menor de orden fronterizo”, precisó la secretaria.

También señaló que “el 85% de los presos no posee terminalidad educativa”, y “el 45% ni siquiera terminó los estudios primarios”.

Por otra parte, Marrazzo mencionó que la Ley 23.737 “tiene una dicotomía con el fallo Arriola” de la Corte Suprema de Justicia, que en 2009 declaró la inconstitucionalidad del artículo 14, referido a la pena por consumo personal de estupefacientes.

“La tenencia para consumo personal tiene que ver con el principio constitucional de reserva, y como tal debe estar ajena a la represión del Estado”, consideró Marrazzo.

Aseguró en ese sentido que “no todo consumo de sustancias es problemático”, y en caso de serlo, “el abordaje no debe ser desde el punto de vista punitivo, sino desde un enfoque de salud pública”.

“Este antagonismo entre el criterio del máximo tribunal en el fallo Arriola y la ley debe ser subsanado por el legislador, porque esto genera una inseguridad jurídica”, insistió la funcionaria.

Por su parte, Meliare advirtió que “las políticas de droga producen más criminalización, más encarcelamiento y mayor superpoblación” en estas instituciones.

Entre 2017 y 2019, informó el procurador penitenciario, “el 67% del universo de causas que se denuncian en Argentina fueron por delitos menores: el 54% de ellos por tenencia para uso personal, el 12% por tenencia simple y el 1,3% para tenencia o entrega atenuada de estupefacientes”.

También advirtió sobre el “impacto negativo y desproporcionado” de las políticas de droga sobre las mujeres, como así también del incremento de la persecución penal sobre las personas trans/travestis.