Luego del episodio que tuvo lugar el fin de semana con un aparato que cayó sobre el Congreso y tres rusos que lo reclamaron, se conoció otro episodio intimidante.
El jefe de despacho de Silvana Giudici denunció que hace un tiempo vieron un dron tomando imágenes frente a las ventanas de esas oficinas.
El último fin de semana el Congreso fue noticia no por leyes o debates, sino por el hallazgo de un dron en una de las terrazas del Palacio Legislativo. Vale destacar que el procedimiento por el cual se consiguió dar con el aparato se llevó a cabo a partir de la denuncia de los supuestos propietarios del dron, tres ciudadanos rusos que se presentaron ante el personal de seguridad, que a partir de lo dispuesto por la titular del Senado, Victoria Villarruel, dispuso el inicio de un operativo en cuyo marco dieron con el aparato.
El tema quedó a cargo del juez federal Sebastián Ramos, que abrió una causa caratulada “intimidación pública”, en la cual serán interrogados las personas que participaron del operativo de búsqueda, como así también los rusos que denunciaron la pérdida.
Lo cierto es que el aparato tiene capacidad para filmar videos, como así también grabar audios. Y los que tomaron nota de lo sucedido el fin de semana y no quisieron dejar pasar desapercibido el hecho fueron del equipo de la secretaria Parlamentaria del Pro, Silvana Giudici.
Así lo hizo saber el jefe despacho de la diputada, Sebastián Aurucci, quien a través de su cuenta de X advirtió que el pasado 25 de octubre recibieron en las oficinas de Giudici al embajador de Ucrania, Yurii Klymenko. Días después de la reunión notaron la presencia de un pequeño dron blanco filmando frente a las ventanas de ese despacho y siguió sobrevolando el Anexo de Diputados por varios días.
Claramente el tema amerita una investigación, ya que dadas las circunstancias no puede ser un tema que se tome a la ligera.
Su pérdida había sido reportada por tres ciudadanos rusos y se abrió una investigación a cargo del juez Sebastián Ramos. El aparato fue encontrado en horas de la noche.
Un episodio absolutamente fuera de lo común se registró este fin de semana en el Congreso. Si algo faltaba que pasara en el Parlamento este año tan especial, apareció un dron en las terrazas del Palacio Legislativo. El aparato, de uso corriente en el país, podía registrar imágenes y grabar sonido.
Antes de que se arme una novela de espionaje, vale aclarar que el hallazgo se produjo a partir de la denuncia de sus propios dueños, tres ciudadanos rusos que dieron aviso al personal de seguridad del Congreso, precisamente para recuperarlo.
Todo sucedió el sábado por la noche, cuando quienes reportaron la pérdida del dron se presentaron por la entrada del Senado, en la calle Hipólito Yrigoyen. De ahí que el encargado de seguridad reportó el caso a la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, quien a su vez dio curso a la Policía Federal, la División Explosivos y la División Video y Comunicaciones Aeronáuticas, que de inmediato se abocaron a la búsqueda en un operativo absolutamente infrecuente que se extendió hasta pasada la medianoche, cuando fue hallado el aparato.
Según trascendió, el aparato era de pequeñas dimensiones, marca DJI MAVIC Mini PRO4. Tenía una memoria Samsung de 128 GB.
Los rusos que habían reportado la pérdida se presentaron este domingo, para recuperar el dron. Dos de ellos tenían pasaportes y el tercero, identificado como Pavel Bandurin, DNI emitido en Argentina. Trascendió que ingresó al país en mayo pasado y cinco meses después ya tenía residencia permanente.
Los otros dos ciudadanos rusos fueron identificados como Igor Lomakin y Vitaly Kharlabo, que reportan como turistas y venían de Brasil, el primero, y Etiopía Kharlabo.
El aparato no fue recuperado por quienes lo reclamaban, sino que ha sido secuestrado, por cuanto se abrió una investigación judicial a cargo del juez Sebastián Ramos, quien abrió la causa caratulada como “intimidación pública”.
Entre las diligencias dispuestas, será interrogado todo el personal que participó de la búsqueda, como así también los rusos que denunciaron la pérdida.
Cabe recordar que hace pocos días, en las fiestas navideñas, hubo precisamente un controvertido episodio con dos funcionarios rusos que se negaron a ser testeados por alcoholemia y se generó un conflicto diplomático con la embajada rusa en Argentina.
El proyecto es de autoría del diputado radical Manuel Aguirre y busca establecer un marco legal que prevenga el uso indebido de estas herramientas tecnológicas con penas de prisión entre 5 a 10 años.
El diputado nacional Manuel Aguirre (UCR – Corrientes), presentó un proyecto de ley que modifica el Código Penal para incluir disposiciones específicas sobre el uso delictivo de vehículos aéreos no tripulados, comúnmente conocidos como drones.
Este proyecto busca establecer un marco legal que prevenga el uso indebido de estas herramientas tecnológicas, que han proliferado en los últimos años. Además, propone la creación de un nuevo Título XIV en el Código Penal, que contempla penas de prisión de entre cinco y diez años para quienes fabriquen, adapten o utilicen drones con fines delictivos.
“Es evidente que el uso de drones, si bien trae beneficios importantes, también puede ser aprovechado para cometer delitos. Por ello, es fundamental que el Estado establezca marcos regulatorios claros”, afirmó Aguirre durante la presentación.
La iniciativa responde a la creciente preocupación por el uso malintencionado de drones en actividades delictivas, que van desde el tráfico de drogas hasta la vigilancia ilegal. “El uso indebido de estos aparatos puede tener efectos más amplios sobre la población civil, y es nuestra responsabilidad como legisladores abordar este problema con seriedad y compromiso”, agregó el diputado correntino.
El proyecto no solo establece penas específicas, sino que también introduce agravantes para aquellos delitos cometidos utilizando drones. Esto incluye acciones que generen alarma o temor en la población. Aguirre destacó que “la protección de la vida e integridad de las personas es un objetivo constitucionalmente válido, y debemos garantizar que la legislación se adapte a los avances tecnológicos”.
Además, el proyecto contempla sanciones más severas cuando los bienes afectados pertenezcan a las Fuerzas Armadas o de Seguridad Nacional. “Es crucial reconocer la importancia de la infraestructura crítica del Estado y protegerla de posibles ataques o daños”, subrayó el radical.
