Un plenario de las comisiones de Seguridad Interior, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda de Diputados se reunió este miércoles para debatir sobre el proyecto de ley enviado el pasado 15 de mayo por el Poder Ejecutivo sobre la regularización de la tenencia de armas y una nueva prórroga del Programa de Entrega Voluntaria –Ley N° 26.216–.

Al inicio del encuentro tomó la palabra el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert (LLA), quien señaló que se trata de un programa donde “las personas que entreguen las armas, registradas o no, como consecuencia recibe una gratificación de parte del Estado”.

Como invitado a exponer estuvo el director de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), Juan Pablo Allan, que explicó: “Este proyecto contiene dos partes bien diferenciadas, pero tienen que ver entre sí. Una primera parte establece un plan de regularización de armas, y la segunda establece una prórroga a la Ley 26.216, entrega voluntaria de armas un programa que viene desde el 2007 que consideramos absolutamente necesario”, y agregó: “La misma venía siendo prorrogada por dos caños y necesitamos que sea por cuatro años”.

Entre los objetivos de la iniciativa, precisó que establece por el plazo de 360 días un procedimiento de regularización de la tenencia de armas de fuego en todo el territorio nacional para aquellas personas humanas o jurídicas que posean, a la fecha de la sanción, armas de fuego de uso civil o condicional o sus repuestos principales que no se encuentren registrados en conformidad con la normativa vigente.

La segunda parte del proyecto, según detalló Allan, busca disponer de un nuevo plazo de ejecución del programa creado mediante el artículo 3 de la Ley 26.216 y aclaró: “Argentina tiene un plexo normativo que data de hace 50 años que se ha transformado en política de Estado en materia de acceso a las armas en el país”.

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“La primera ley es del año 73’ la Ley 20.429 y su decreto reglamentario en el 75’ y más acá en el tiempo la creación de la ANMaC sucesora de la RENAR como registro”, indicó y sumó: “Este plexo normativo que establece las condiciones para poder acceder a las armas en el país fue vanguardista en su momento y copiado por algunos países. Es un sistema registral robusto, exigente que establece algunas condiciones y parámetros exigentes para tener un arma”.

Allan aclaró que “ese plexo normativo nosotros no lo estamos tocando ni modificando, se mantiene esa política de Estado en cuanto a la regulación y tenencia de armas”, pero señaló: “Si creemos que ese sistema registral argentino tan robusto en su implementación y con el paso del tiempo ha perdido eficacia. Al perder eficacia el Estado argentino hoy tiene muchas dificultades para tener información que es la principal herramienta con la que cuenta para hacer política de seguridad”.

A continuación, mostró datos de la pérdida de rastros en materia de armas, vencimientos de usuarios: “Tenemos un sistema registral que es muy bueno, pero en su implementación perdió eficacia a lo largo de los años”.

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Según las estadísticas de la ANMaC de legítimos usuarios en 2022 hubo un total de 817.088 vencidos, en 2023 hubo 595.957 y en lo que va del 2024 hay 603.422 y 297.648 que las tienen vigentes. “Los legítimos usuarios tienen que pasar por ciertas condiciones como la idoneidad de tiro, aptitud física, psicológica, medio lícito de vida y no poseer antecedentes penales. Superado esas condiciones se le entrega la credencial de legítimo usuario”, explicó.

El funcionario lamentó que en la actualidad “una relación de 1 a 2 legítimos usuarios. Por cada uno que está en vigencia dentro de la ley, tenemos dos legítimos usuarios que han dejado vencer sus credenciales”, por lo que cuestionó: “En esto no tuvimos la adaptación tecnológica ni la flexibilidad ni la agilidad que este tipo de registro requiere y hemos perdido un insumo absolutamente indispensable que es saber quién tiene las armas, dónde y cómo las tiene”.

“Este registro va a ser depurado. Ya hubo una primera depuración por la gestión que me precedió que es de técnica correcta que todas las personas legítimas usuarios sin registro de armas, automáticamente vencidos se les da de baja a la credencial. Estamos cruzando con el RENAPER y nos dio el primer cruce y de 400 mil personas que cruzaron había 70 mil fallecidos. Esto nos hace suponer que los legítimos usuarios vencidos pueden ser 150 mil personas menos, pero tenemos 150 mil problemas”.

Al hacer referencia al estado de situación de los usuarios indicó: “Un 30,6% estimación mínima de armas no registradas, usuarios vencidos 37,7%, vigentes 830 mil armas”, pero aclaró: “Esto es de estadística no fiable y es probable que sean más armas”.

Entre las herramientas para mejorar la registración enumeró el re empadronamiento de 1993 que está vigente y “se usa escasamente que dispensa de la tenencia ilegítima de armas por dos decretos de la dictadura, hace 31 años que tenemos ese sistema que tiene esa debilidad. Es para armas anteriores a agosto de 1993”, digitalización, eliminación de barreras burocráticas, reducción de plazos, ley de regularización de armas.

Sobre la prórroga a la entrega voluntaria de armas, afirmó que “es un programa eficaz y necesario en muchas regiones del país como política, donde también la justicia nos ha pedido reiteradamente que lo sancionemos lo más rápido posible, porque sirve en cuanto a bajar la circulación de armas ilícitas”.

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En ese sentido, especificó que solicitan cuatro años en lugar de dos porque “este es el cuarto bache que tenemos en la historia de la ley, que lleva seis meses sin funcionamiento del programa, que como vieron en los números es importante. Tiene que ser muy difundido, coordinado con la justicia y territorialmente”. “Necesitamos continuidad en el tiempo”, resaltó.

Allan explicó que las personas que entregan las armas reciben un incentivo económico, es anónimo y se dispensa de la tenencia ilegítima de armas. “Esas armas terminan en destrucción, este año nuestra expectativa es que el país destruya 50 mil armas, 11.700 ya destruimos y en julio 20 mil más”.

“El proyecto no busca más armas, busca sincerar una realidad en materia de cantidad de armas. Las armas existen, el sistema legal argentino permite que el que quiera tener un arma en su casa cumpliendo los cinco requisitos la pueda tener. Hace cincuenta años es igual, nunca se modificó y nosotros no lo estamos modificando”, detalló Allan.

Por último, resumió que “este insumo nos permitiría mejorar el registro y servir más como agencia porque son un auxiliar de la justicia, de la investigación criminal, del diseño de políticas, es un insumo indispensable”, y cerró: “Estamos lejos de controlar más de un millón de armas entre los no declarados y los vencidos”, y solicitó a las comisiones, y al cuerpo luego, su sanción que “es realmente importante para la seguridad nacional”.

Allan aclaró que establecen 4 años para la entrega voluntaria de armas, pero para la regularización proponen un año porque “leyes anteriores establecían 6 meses y la práctica ha demostrado que ha quedado insuficiente dado la cantidad de material circulante que hay en el país”. Así, afirmó que se tomó como base el proyecto original impulsado por Néstor Kirchner con la diferencia del plazo y remarcó que “hace 20 años tenemos el mismo problema y que tenemos como Estado sincerar una situación que nos permita dar un paso hacia adelante”.

El diputado bonaerense Matías Molle (UP) destacó que “es un proyecto bien recibido porque es un programa que se impulsó durante el Gobierno de Néstor Kirchner y en el 2013 la ONU lo premió como mejor política del futuro por el diseño del proceso”, y coincidió en su prórroga.

“Es un gran problema del sistema de control la cantidad de usuarios vencidos, es un problema histórico que no tiene que ver tanto con el sistema de registración, sino de control por parte del Estado de ir a buscarlas y retirarlas. Es más bien un problema integral que implica más a la justicia que a la ANMaC”, planteó.

A su turno, el jefe del bloque UP, Germán Martínez, observó que “no es positivo que en el proyecto tengamos la cesión de facultades al Ejecutivo. No hay que darle ninguna facultad y menos para prorrogar por el mismo tiempo. Es un mal invento”.

El santafecino cuestionó los plazos que plantea la iniciativa porque “el Ejecutivo debe venir a solicitar la vigencia del programa y eso obliga a una rendición de cuentas”, y propuso tener un plazo de dos años y que en un determinado tiempo antes de que venza el ejecutivo deba enviar el proyecto para que “no queden baches del sistema”.

Su par Ramiro Gutiérrez pidió trabajar en un proyecto para que la portación ilegal de armas no sea un delito excarcelable. “Habría que pulir algunas cuestiones, pero coincido con el espíritu general del proyecto”, afirmó el diputado de UP.

El pampeano Martín Ardohain (Pro) destacó: “La tecnología va a ayudar mucho para poder vivir del lado del derecho para aquellas personas que viven lejos”, y sugirió articular con las intendencias.