La senadora nacional Edith Terenzi y el diputado nacional Esteban Paulón escribieron una carta al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al presidente de la Nación, Javier Milei, respectivamente, solicitándoles de forma urgente que sume al temario de extraordinarias los proyectos que incorpora la figura de ecocidio al Código Penal.

La nota de la chubutense Terenzi refiere puntualmente a un proyecto de su autoría que entiende la figura de ecocidio como el daño irreversible o especialmente grave provocado sobre el ambiente, en violación de los presupuestos mínimos de protección ambiental. Así, explica que la solicitud “se funda en la grave crisis ambiental que atraviesan la cordillera y el bosque andino patagónico de la provincia de Chubut, como consecuencia de los incendios forestales de gran magnitud que se vienen produciendo y que ya han ocasionado daños irreversibles en los ecosistemas, afectando de manera directa no solo a las comunidades locales, sino también a quienes apuestan por nuestro territorio a través de diversas actividades turísticas, productivas, ganaderas y agropecuarias”.

Terenzi planteó que “estos hechos ponen de manifiesto la urgente necesidad de dotar al ordenamiento jurídico de herramientas penales adecuadas que permitan la prevención, sanción y reparación de conductas dolosas que generan daños ambientales irreparables. La incorporación de la figura de ecocidio a nuestro sistema jurídico constituye una clara manifestación del compromiso del Estado en la defensa del ambiente como bien jurídico fundamental y derecho humano”.

Por su parte, Paulón le envió su carta al Presidente quien también pide que se incluya de manera urgente en el temario de sesiones extraordinarias los proyectos vinculados a la declaración de la emergencia ambiental y a la incorporación de la figura de ecocidio en el Código Penal, debido a que “la Argentina no cuenta hoy con las herramientas institucionales, presupuestarias ni penales necesarios para enfrentar este tipo de catástrofes y la intervención del Estado Nacional es clave”.

“Esta situación hace imprescindible la intervención activa del Estado nacional, mediante políticas públicas excepcionales, asignación urgente de recursos y una coordinación integral que hoy está ausente”, manifestó.

A su vez, criticó que el Gobierno nacional “lejos de fortalecer la capacidad del Estado para prevenir y combatir estos eventos extremos. El proyecto de Presupuesto Nacional para el año 2026 prevé una reducción cercana al setenta por ciento (70 %) de los recursos destinados a la prevención y combate de incendios forestales en comparación con el ejercicio anterior. Esta decisión no solo resulta irresponsable, sino que vuelve prácticamente inviable cualquier planificación seria de políticas de prevención, debilita a los equipos técnicos y limita severamente la capacidad de respuesta ante emergencias de esta magnitud”.

CARTA ABIERTA A @JMilei: ANTE LOS INCENDIOS NO MIRE PARA OTRO LADO!

Frente al drama de los incendios, le pedí al Presidente de la Nación que incorpore los proyectos de Declaración de Emergencia presentados, incluyendo el aumento de emergencia para brigadistas y la inclusión del… pic.twitter.com/Koq8mGalHk

— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) January 28, 2026

Luego de que se reactivaran los focos de incendios forestales en la Patagonia, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical emitió un comunicado dirigido al Poder Ejecutivo de la Nación para pedir por la inclusión en el temario de sesiones extraordinarias del proyecto de ley que propone tipificar el ecocidio y las formas especiales de criminalidad ambiental para su incorporación al Código Penal de la Nación.

Además, el partidario centenario que tiene como titular al santafesino             Leonel Chiarella, impulsó una campaña solidaria de recolección de fondos destinada a la Federación de Bomberos Voluntarios de Chubut que comenzó la semana pasada en redes sociales y que lleva recaudado “más 7 millones de pesos”.

En línea con los reclamos de la oposición, señalaron en el comunicado que “la subejecución del Plan del Manejo del Fuego está en un 25% del presupuesto y representa aproximadamente 20.000 millones de pesos que dejaron de usarse para fortalecer al sistema nacional y a las jurisdicciones provinciales”. Por ello, exigieron informes sobre los alcances de la política ambiental y la ampliación de las partidas destinadas al Fondo Nacional de Manejo del Fuego. forestales.

En los últimos días ingresaron a Mesa de Entradas del Congreso de la Nación un proyecto de modificación del artículo 186 del Código Penal de la Nación para elevar las penas a quienes causen daños ecológicos. El texto lleva la firma de Sergio Capozzi, Gisela Scaglia, Alejandra Torres, María Inés Zigaran y José Núñez de Provincias Unidas; y del diputado formoseño Atilio Basualdo que integra La Libertad Avanza.

No obstante, en la Cámara alta, la senadora chubutense Edith Terenzi presentó un proyecto de ley para “tipificar el ecocidio y las formas especiales de criminalidad ambiental para su incorporación de modo sistémico al Código Penal de la Nación”. Además, lo define como “el daño irreversible o especialmente grave provocado sobre el ambiente en violación de las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental y sus reglamentaciones nacionales y provinciales, de manera que comprometa los derechos de las generaciones actuales y futuras”.

La legisladora alineada al gobernador Ignacio Torres propone penas que van de los tres a los diez años con multas que equivalen a 30 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. En la actualidad, serían poco más de 10 millones de pesos para quienes sean considerados culpables por la destrucción del medio ambiente de forma intencionada.

“La creciente degradación de los ecosistemas a escala global, regional y nacional exige una respuesta clara, contundente y eficaz del derecho penal, como última ratio de protección de los bienes jurídicos fundamentales, como el presente”, consideró la senadora chubutense con origen en el radicalismo.

Para terminar, sostuvo que “la necesidad de incorporar esta figura penal se basa en la gravedad del daño ambiental que determinadas actividades humanas provocan sobre los ecosistemas”, y concluyó: “Frente al colapso ecológico global y a la inacción de muchos actores estatales y privados, el reconocimiento del ecocidio como delito autónomo se vuelve no solo urgente, sino imprescindible”.

Humo y un paisaje de color gris, teñido por las cenizas y la vegetación quemada como consecuencia del paso del fuego en la Patagonia argentina, que desde fines de diciembre del 2025 se incendia y las llamas continúan arrasando miles de hectáreas a medida que se propagan, mientras los brigadistas y los bomberos luchan a contrarreloj para poder apagarlas.

“Ley de Ecocidio”, reclamó el gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres”, al Congreso Nacional, un proyecto que tiene estado parlamentario y fue presentado por una senadora de su provincia, Edith Terenzi.

Con ella dialogó parlamentario.com en medio de la dramática situación que atraviesa el sur del país, quien adelantó que impulsará “fuertemente en estos días” la iniciativa de su autoría que presentó el año pasado para que se incorpore el delito de ecocidio como tipificación en el Código Penal Nacional.

“El proyecto lo que hace es tipificar el ecocidio y otras formas especiales de criminalidades ambientales. Hay una definición de tipología, también hay un agravante si se produce alguna muerte”, precisó y adelantó que trabajarán para que pueda ser tratado en comisiones “lo más rápidamente posible”. La iniciativa tiene giro a las comisiones de Justicia y Asuntos Penales -como cabecera- y la de Ambiente y Desarrollo Sustentable que ella misma preside.

“A fines de enero y los primeros días de febrero vamos a tratar de, incluso, ver si podemos incorporarlo en las sesiones extraordinarias que el Ejecutivo probablemente convoque para febrero”, afirmó Terenzi a este medio.

La senadora aclaró que la redacción del texto “no surgió por los incendios en la en la Cordillera chubutense, esto es algo que veníamos pensando desde hace mucho tiempo. Primero, cuando sucedió el tema de Punta Tombo y los pingüinos (N. de la R: la “masacre” o “ecocidio de Punta Tombo” ocurrió entre agosto y diciembre de 2021 en una estancia privada lindera al Área Natural Protegida Punta Tombo, en Chubut. El responsable fue Ricardo Adolfo La Regina, un productor agropecuario que utilizó maquinaria pesada para abrir caminos y colocar un alambrado sin autorización ambiental, y en ese marco murieron más de 100 pingüinos de Magallanes durante la temporada reproductiva). Después nos acercaron el tema del Canal de la Patria en donde caían tantos animales y no había ningún tipo de protección y veíamos cantidad de osos hormigueros muertos en extinción, por ejemplo, por una obra que estaba sin terminar, sin las protecciones necesarias para la fauna de esa zona”.

Por otro lado, remarcó que el tema de prevención “corre por cuenta de la provincia y los municipios, sobre todo los municipios de la Comarca Andina, que son los que se ven afectados por este tipo de siniestros. La política de prevención de los municipios y de la provincia tiene que pasar por mantener lo más limpio posible todos los lugares que tienen cercanía con los bosques, eso también es un trabajo de los intendentes y los vecinos”.

Terenzi explicó que los incendios también se deben a “un combo de situaciones que se vienen dando, como por ejemplo la crisis de deficiencia hídrica más grande que hemos tenido en los últimos 60 años”, y detalló que este invierno, el centro de esquí de La Hoya, el más cercano a la a la ciudad de Esquel, no comenzó su temporada por falta de nieve: “Todo lo que tiene que ver con los deshielos que se producen con las nevadas en las Altas Cumbres, sabíamos que iba a traer consecuencias”.

La senadora chubutense destacó la labor del gobernador de la provincia que “desde el primer día que se desató el incendio en Puerto Patriada estuvo al frente del comité de emergencia en la zona de Las Golondrinas con todo su gabinete y desplegando todos los recursos”. En esa línea, ponderó la solidaridad de las provincias linderas como el avión 737 que envió la provincia de Santiago del Estero.

Como dato aparte, Terenzi explicó: “Hay que separar los incendios concurrentes, que hay en este momento, y de los incendios intencionales como el de la zona de Puerto Patriada porque se encontraron algunos elementos como acelerantes y demás que los está investigando, incluso una división especial de la Policía Federal Argentina”.

“Es absolutamente diferente del incendio que comenzó en el Parque Nacional Los Alerces que comenzó en el núcleo duro del parque que, por supuesto, está atendido por jurisdicciones diferentes porque el parque nacional es nacional, y el resto del incendio de Puerto Patriada está atendido directamente por el gobierno de la provincia”, diferenció.

Sistema Nacional de Manejo del Fuego

En otro tramo de la entrevista, Terenzi se refirió al Sistema Nacional de Manejo del Fuego, señalando que “en los últimos años hubo una sub ejecución de las partidas presupuestarias por parte del Gobierno nacional”, y precisó que “así ha sucedido en el 2024 donde hubo una sub ejecución con respecto a las partidas de asignadas al manejo del fuego del 2023, y lo mismo sucedió en el 2025 con una sub ejecución casi por arriba de 60 casi 70% de las partidas que están definidas”.

Además, respaldó el reclamo de los brigadistas nacionales que “es realmente es legítimo, es muy valedero el reclamo de salarios y de precariedad que tienen los brigadistas del servicio nacional en el manejo del fuego”.

También, la senadora denunció que hay “algunas personas, incluso algunos grupos bastante desestabilizadores, que hablan de las quemas intencionales para la venta de los de las tierras”, y aclaró que “las tierras de parques nacionales no se pueden enajenar, son justamente parques nacionales”.

“Las tierras de la provincia con bosque nativo están protegidas por la Constitución de la provincia del Chubut. Los bosques nativos son dominio del gobierno provincial, y cualquier modificación o cualquier definición o decisión que se tome con respecto a tierras con bosque nativo, necesita mayorías especialísimas como los cuatro quintos para modificar ese estatus”, explicó.

Terenzi informó que esto quedó redactado en la reforma de la Constitución de la provincia en 1994 cuando los recursos fueron definidos a nombre de las provincias. “La provincia de Chubut hizo especial hincapié en el dominio de sus bosques nativos, por lo tanto, hablar de venta de tierras que se quemen en la provincia por incendios, ya sea intencionales o no, es una es de una irracionalidad y de una irresponsabilidad extrema”, criticó.

Así, insistió que “el artículo 105 de la Constitución de la provincia del Chubut da el dominio exclusivo del bosque nativo a la a la provincia, y modificar una ley de bosques necesita las mayorías más especiales que tiene la Constitución de la provincia, que son los cuatro quintos del cuerpo legislativo provincial”.

Ley Nicolás: la única que el Gobierno no vetó

A modo de balance legislativo, la senadora destacó la aprobación de la Ley Nicolás que fue la única ley que el Gobierno nacional no vetó en el 2025. “Fue algo que decidimos ponernos al hombro y por la que reclamamos muchas veces en el recinto para que se incorporara al orden del día cuando teníamos una seguidilla de sesiones especiales, en donde los temarios los hacía el Poder Ejecutivo. Pedimos preferencias, sabíamos que teníamos dictámenes unánimes y no lográbamos que llegara al recinto, pero finalmente lo logramos y fue una gran satisfacción muy importante”, expresó.

Otra de las leyes que la senadora impulsó es la de Atrofia Muscular Espinal (AME), que cuenta con media sanción del Senado y espera su tratamiento en Diputados. “Logramos que el Senado tomara conciencia de la gravedad de la situación y de la necesidad imperiosa de pesquisarme para salvar vidas”.

“No es una cuestión presupuestaria, es una cuestión de vida o muerte”, planteó. La iniciativa tiene giro en las comisiones de Salud, de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda de Diputados, por lo que la senadora pedirá una reunión conjunta para tratar el tema. “Ojalá logremos la media sanción que falta. La verdad me parece que ese es uno de los trabajos más importantes que vamos a seguir a lo largo de este año”, manifestó.

Reforma Laboral y DNU de la SIDE

Por otro lado, Terenzi brindó su punto de vista sobre la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional cuyo dictamen será debatido en el mes de febrero. Al respecto, la senadora expresó preocupación por “la caída de coparticipación”, ya que “hay una fuerte disminución de recursos a las provincias. Es algo que estamos conversando con el gobernador y, por supuesto, con todo su equipo técnico económico. Vamos a ver qué decisión tomamos en los en los próximos días o por lo menos de aquí hasta que el proyecto sea tratado en el recinto”.

Con respecto al decreto de necesidad y urgencia que reforma la Ley de la SIDE, que despertó una gran polémica, la legisladora chubutense opinó: “Un DNU que está modificando una ley eso ya desde el inicio es una irregularidad muy grave, por lo tanto, creo que lo primero que tiene que suceder, y que estamos esperando que suceda, es que los presidentes de ambas cámaras convoquen a la reunión de la Bicameral de DNU para ver la validez o no. Sino, sucederá como en otras ocasiones que llegan directamente al recinto a pedido de algún sector político”.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó que se esperan lluvias para hoy que podrían aliviar la situación en las zonas afectadas por los incendios forestales. Además, reclamó la sanción de una ley que tipifique el “ecocidio” y establezca penas severas para quienes inicien fuegos de manera intencional.

“Los autores de incendios intencionales tienen que estar presos el mismo tiempo que tarda en recuperarse el bosque nativo”, sostuvo el mandatario, al respaldar un proyecto presentado en el Senado por Edith Terenzi, que incorpora la figura de ecocidio en el Código Penal.

Torres adelantó que entre hoy y mañana llegará a la provincia una partida de fondos para asistir a las familias que “perdieron absolutamente todo”. También destacó el operativo conjunto con el Gobierno nacional: “Hay un acompañamiento como pocas veces se vio, con aviones hidrantes y helicópteros trabajando en simultáneo. Es producto de dejar de lado cualquier mezquindad político-partidaria”.

El gobernador subrayó que en la lucha contra el fuego “no se distingue entre Nación y Provincia” y valoró la disposición del ministro del Interior, Diego Santilli, “desde el minuto uno”.

Finalmente, insistió en endurecer las penas para los responsables de incendios intencionales y recordó un caso ocurrido en 2025 en Cholila: “Encontramos a dos personas en flagrancia, con bidones en la mano. Fueron condenados y estuvieron menos de un mes presos”.

El diputado nacional y titular de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación, el oficialista Leonardo Grosso, presidió en la ciudad de Rosario una reunión donde se expusieron argumentos a favor y en contra del proyecto de Ley sobre Presupuestos Mínimos de Humedales, ante la que exigió la aprobación de la Ley.

“Elegimos hacer este encuentro en Rosario como epicentro del daño ambiental que se está produciendo en las islas del Delta y consideramos que con la Ley de Humedales no estaría sucediendo semejante ecocidio”, explicó el diputado del Frente de Todos.

En este sentido, consideró que “los malos usos de los recursos nos están dejando un daño irreparable, por eso entendemos que no hay más excusas, tenemos que aprobar la Ley de Humedales”.

En la reunión expusieron sus argumentos diversos especialistas y científicos, representantes de organizaciones ambientales, productores rurales y desarrolladores urbanos. Entre los distintos grupos destacaron los argumentos del Movimiento Regional en Defensa de los Humedales, el Taller Ecologista, Asociación Civil Comunidad Islera, Organización Mundo Aparte, Paren de Fumigarnos, Sociedad Rural, la Universidad Nacional de Rosario y El Paraná No Se Toca.

“Este proceso de participación es la impronta que tiene el proyecto, hay un espíritu de escucha que tiene por objetivo demostrar que la ley no tiene una esencia prohibicionista, sino proteccionista de los recursos naturales y eso significa que no hay una dicotomía entre producción y ambiente”, afirmó Grosso y agregó: “La contradicción está entre la depredación y el ambiente”.

También participaron los diputados nacionales Eduardo Toniolli, Mónica Fein, Graciela Camaño, Federico Fagioli, Florencia Lampreabe, Cristina Brítez, Magalí Mastaler, Alejandra Obeid y Enrique Estévez; los diputados provinciales Lucila De Ponti, Matilde Bruera, Mónica Peralta, Esteban Lenci, Joaquín Blanco y Paola Bravo; las concejalas Norma López, Silvana Teisa, Julia Irigoitia, Luz Ferradas, Martín Cerdera,  Marina Magnani, Fernanda Gigliani, Verónica Irizar, Susana Rueda, Lisandro Cavatorta, Jessica Pellegrini, Mauro Ferrero, Ciro Seisas y Nadia Amalevi.

Con penas de hasta 20 años de prisión para las personas físicas y de suspensión de actividades para las empresas, la Asociación de Investigadores de Derecho Penal Ambiental y Climático (AIDPAC), fundada por Dino Bellorio Clabot, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Belgrano y liderada por el profesor de dicha facultad, Miguel Ángel Asturias, propone incorporar el delito de ecocidio al Código Penal de la Nación.

Esta propuesta sigue el ejemplo de la decisión que ya tomaron varios países del mundo. Es el caso de Bielorrusia, Francia, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Ucrania y Vietnam. Incluso, el Parlamento Europeo resaltó recientemente la necesidad de legislar el ecocidio en las normas internas, y países como Bélgica y España están trabajando en ello. Incluso en nuestra región, algunos estados mexicanos como Jalisco ya sumaron esta figura a su legislación. Y existen varias propuestas al respecto en Brasil, Chile y Ecuador.

En concreto, para la legislación de nuestro país, la propuesta consiste en reprimir con prisión de 3 años y 6 meses a 10 años a quien cometa cualquier acto ilícito o arbitrario que pueda causar daño grave, extenso o duradero al ambiente, y de 8 a 20 años si dicho daño efectivamente tiene lugar.

Además, agrava dichas penas si interviene en la ejecución del delito un funcionario público o existe una conexión con una organización criminal internacional; si el delito se comete en una zona protegida o una reserva natural; si resulta en la muerte o lesiones graves o gravísimas de personas, o afecta bienes de organizaciones públicas o privadas, entre otras consideraciones.

Finalmente, si en el delito interviene, o se beneficia, una persona jurídica (empresa), le impone multa de dos a diez veces el valor del posible daño junto con la obligación de restablecer la afectación del ambiente; la suspensión total o parcial de actividades o de participar en concursos o licitaciones estatales; la cancelación de la personería, y la pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviera, entre otras sanciones.

“Como ejemplos de crimen ambiental, podemos citar los incendios forestales intencionales en nuestro país y en el Amazonas; la destrucción de los humedales, impulsadas por la tala ilegal, la expansión agrícola y sus modos de cultivo, así como por la ganadería industrial; la extracción indiscriminada de recursos naturales, especialmente con la obtención de petróleo y la minería; el tráfico ilícito de flora y fauna; la contaminación del agua, la tierra y el aire; la pesca ilegal y sus desperdicios volcados al mar; el comercio y la eliminación de residuos, entre ellos de plásticos y materiales peligrosos, radiactivos y atómicos; el tráfico de recursos naturales como metales y piedras preciosas, y el uso de armamento y químicos en los conflictos bélicos y el flagelo del bioterrorismo”, detalla el profesor Miguel Ángel Asturias, impulsor de la iniciativa.

“El grave daño y la destrucción masiva de los ecosistemas, es decir, el ecocidio, cometido durante décadas y sin una ley que lo sancione, es una de las causas de la actual crisis ambiental y climática, así como del colapso de la biodiversidad. Si bien la incorporación del ecocidio como crimen no es la única solución para combatir los delitos ambientales, resulta la piedra angular para proteger la vida en nuestro planeta”, continúa el experto.

Con ese propósito, sostiene que “es fundamental contemplar estos delitos como delitos de peligro o de resultado, para zanjar una vieja disputa doctrinaria que, jugando a favor del interés de poderosos grupos económicos, impide que se legislen los delitos ambientales en el ámbito nacional”. Del mismo modo, considera necesario “aplicar a estas figuras agravantes que se correspondan con la realidad nacional e internacional, así como la responsabilidad de la persona jurídica, principal responsable de los delitos de ecocidio, muchas veces en connivencia con funcionarios públicos”.

Para completar, Asturias destaca que “la propuesta es aplicable al proyecto de Reforma del Código Penal (Comisión dec. 103/2017), sin desconocer que los delitos ambientales también pueden ser considerados como crímenes de lesa humanidad”.