Llegará una inversión extranjera para el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde, lo que significa 8.400 millones de dólares y más de 55 mil puestos de trabajo directos e indirectos. En efecto, en el marco de la cumbre mundial COP26, que se desarrolla en la ciudad escocesa de Glasgow, autoridades de la firma australiana Fortescue, Andrew Forrest, anunciaron una millonaria inversión en la Argentina destinada a producir hidrógeno verde, durante un encuentro que mantuvieron con el presidente Alberto Fernández y parte de la comitiva argentina que lo acompaña.

Este anuncio fue celebrado por el Frente de Todos de la Cámara baja. Al respecto, el bonaerense Leonardo Grosso señaló: “En el día mundial de la Ecología, la Argentina anuncia que va recibir la inversión internacional más grande de los últimos 20 años para el desarrollo de Hidrógeno Verde, una de las energías del futuro porque se genera en su totalidad a partir de energías renovables”.

“Este es el desarrollo y crecimiento sustentable por el que hay que apostar, que además genera más de 55.500 puestos de trabajo directos e indirectos. Esperemos que nos permita comenzar a trazar nuestro camino hacia la transición energética que necesitamos”, agregó.

Por su parte, la diputada bonaerense Daniela Vila manifestó: “La inversión internacional más importante de los últimos 20 años destinada a la energía libre de emisiones de carbono. El hidrógeno verde es clave para la transición ecológica y nuestro país se posiciona a la vanguardia de su producción”, remarcó.

Asimismo, consideró: “Argentina tiene condiciones para protagonizar el cambio global hacia una economía sustentable y estamos dando los pasos para lograrlo. Sigamos alentando la transición energética en conjunto con nuestro sistema de ciencia y técnica”.

A su turno, el sindicalista y diputado nacional Walter Correa afirmó que “esta inversión histórica permitirá generar más trabajo en el marco del cuidado ambiental. Tras el paso del presidente -Alberto Fernández- por la cumbre climática, Argentina recibirá inversión internacional más grande de los últimos 20 años para el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde, se trata de más fuentes de trabajo”, concluyó.

Luego de un debate que se extendió durante casi una hora, la Cámara alta aprobó por unanimidad con 55 votos a favor, la iniciativa de ley que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral
de los neumáticos fuera de uso (NFU), en los términos del tercer párrafo del artículo 41 de la Constitución Nacional, y en el marco de la promoción de la economía circular.

Uno de los puntos que prevé dicha ley es promover el compromiso de los consumidores con la gestión integral de los neumáticos fuera de uso y además incentivar los emprendimientos para la gestión integral del caucho, a través de mecanismos que impacten en su correcto manejo en todo su ciclo de vida.

En uno de los palcos del Senado, estuvo presente el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, quien celebró la media sanción que contó con el apoyo de todos los bloques parlamentarios.

En el debate de esta iniciativa ecológica no hubo mayores controversias entre el oficialismo y la oposición, sino todo lo contrario ya que coincidieron en que “se debe legislar más cerca de la ciencia” y que “hay que cuidar el planeta”.

La primera oradora fue la senadora rionegrina Silvina García Larraburu (Frente de Todos) que señaló que “esta iniciativa, además de solucionar una problemática ambiental concreta, traza una pauta de cómo debe actuar la política en estos tiempos”.

En ese sentido, remarcó: “Tenemos la obligación y el deber de cuidar nuestro planeta por nosotros y las futuras generaciones”.

Por su parte, la senadora bonaerense Gladys González (Juntos por el Cambio) señaló que desde los espacios políticos se debe “escuchar más a la ciencia y entender el alcance de las consecuencias de este tema”.

“Se generan 130 mil toneladas de neumáticos fuera de uso, el 80 por ciento no se recuperan y terminan en el ambiente produciendo daños en la salud pública y la economía”, precisó.

A su turno, el senador chubutense Alfredo Luenzo (Frente de Todos) manifestó que se debe “integrar la cuestión ambiental como parte de un concepto de sustentabilidad para todos los seres humanos. Este es el momento de avanzar con estos proyectos de ley, y llegamos tarde lamentablemente”, afirmó.

La media sanción

• Reducción de fuentes: la generación de los neumáticos fuera de uso y el descarte deberá prevenirse y minimizarse en términos de su cantidad y potencial de causar riesgos e impactos negativos o daños al ambiente o la salud humana.
• Ciclo de vida integrado: los neumáticos deberán manejarse de manera tal que se prevengan y minimicen los riesgos, impactos negativos significativos y daños al ambiente o la salud humana durante todas las actividades que se desarrollen en su ciclo de vida (producción, uso, reutilización, reciclaje, valorización, tratamiento y/o disposición final).
• Proximidad: el tratamiento de los NFU deberá realizarse en sitios cercanos al lugar de su generación.
• Trazabilidad: los procesos en materia de puesta en el mercado de neumáticos y gestión integral de NFU deberán ser transparentes y trazables, permitiendo conocer stocks, flujos de generación, trayectos y cantidades.
• Se establece la siguiente jerarquía como orden de prioridad en materia de manejo de
  neumáticos en su ciclo de vida, en particular para los neumáticos fuera de uso: 1) prevención y minimización; 2) reutilización; 3) reciclado; 4) coprocesamiento; y 5) disposición final. Solo podrá alterarse esta jerarquía cuando se justifiquen motivos de factibilidad técnica, viabilidad económica y protección ambiental, entre otros.
• Se excluyen de lo dispuesto neumáticos de dispositivos para personas con discapacidad, dispositivos menores como bicicletas, triciclos y aquellos que formen parte de juguetes, entretenimientos o servicio de personas.
• Por otra parte, se realizan las siguientes definiciones:
  Neumático: elemento constituido básicamente por caucho y materiales de refuerzo, que se monta sobre una llanta para ser utilizado en el rodamiento de todo tipo de vehículos.
  Neumático fuera de uso (NFU): aquel que se convirtió en residuo al fin de su vida útil, o al que su poseedor le dio un uso distinto a aquel para el cual fue creado.
  Productor de neumáticos: toda persona humana o jurídica, pública o privada, que fabrica o importa neumáticos para ser puestos en el mercado en el territorio nacional, incluyendo a quien importa vehículos que tienen neumáticos entre sus componentes.
  Distribuidor de neumáticos: toda persona humana o jurídica que suministre neumáticos en condiciones comerciales a otra persona o entidad, con independencia de la técnica de venta utilizada.
  Generador de NFU: toda persona humana o jurídica que genere neumáticos fuera de uso.
  Agentes económicos: fabricantes e importadores de neumáticos y vehículos que contengan neumáticos, distribuidores, recuperadores, valorizadores, transportistas y coprocesadores de neumáticos, cámaras empresarias y sindicatos.
  Gestión ambiental integral de NFU: conjunto de actividades destinadas a recuperar, recolectar, clasificar, almacenar, transportar, valorizar y dar tratamiento a los NFU.
  Recuperación: toda actividad vinculada al rescate de los NFU a efectos de su valorización.
  Valorización: toda acción o proceso que permita el aprovechamiento de los NFU y de los materiales que los conforman, siempre que no dañe el ambiente o la salud humana. Se incluyen los procesos de reutilización, reciclaje y coprocesamiento.
  Tratamiento: toda actividad de desmontaje, desarmado, desensamblado, trituración, valorización o preparación para su disposición final y cualquier otra operación que se realice con tales fines.
  Disposición final: destino último, ambientalmente seguro, de los elementos residuales que surjan como remanente del tratamiento de los NFU.
  Puesta en el mercado: momento en que se lleva a cabo por primera vez la operación comercial documentada en el país, por parte de los productores, de cada neumático.
  Coprocesamiento de NFU: operación de tratamiento de neumáticos fuera de uso en un proceso industrial en el que existe un aprovechamiento tanto de la energía como de material presente en estos residuos.
  Recauchutado: proceso que consiste en sustituir por una nueva la banda de rodamiento del neumático usado, cuya carcasa aún conserva las condiciones suficientes para permitir su utilización de acuerdo con la legislación.
• Se establece que los productores serán responsables de la gestión integral de los NFU,
  para lo cual deberán constituir asociaciones sin fines de lucro. Estas serán dirigidas por
  los productores pero podrán participar de su integración todos los agentes económicos.
• Los distribuidores de neumáticos estarán obligados a recibir en forma gratuita los NFU
  para su posterior tratamiento y serán responsables de ingresarlos al sistema integrado
  de gestión en su carácter de generador. Los generadores de NFU serán responsables de
  entregarlos al productor de neumáticos o a un sistema de gestión autorizado.
• Los sistemas integrales de gestión serán diseñados por los productores y deberán garantizar la recogida de los NFU en todo el territorio nacional y su correcta gestión. Podrán ser individuales o colectivos y deberán alcanzar a todos los eslabones de la cadena de comercialización y reutilización de los neumáticos.
• Los sistemas integrales deberán ser previamente autorizados para funcionar. Las autorizaciones se concederán por un período de 5 años y podrán ser renovadas indefinidamente por el mismo plazo. Los sistemas deben incluir la gestión integral tanto de los neumáticos que se comercializan o comercializarán en el futuro como de los neumáticos que ya estaban fuera de uso en el territorio nacional al entrar en vigencia esta ley.
• Se prohíbe la importación de neumáticos fuera de uso, el abandono y/o el desprendimiento de neumáticos en la vía pública o con los residuos domiciliarios y cualquier proceso de eliminación no previsto en esta ley. Los únicos mecanismos posibles para el desprendimiento de los NFU serán a través de los agentes económicos habilitados.
• El organismo de más alta jerarquía con competencia ambiental en el ámbito del Poder
  Ejecutivo Nacional será la autoridad nacional de aplicación de esta ley. Las provincias y
  la Ciudad Autónoma de Buenos Aires determinarán las autoridades competentes en el
  ámbito de sus jurisdicciones.

La Cámara de Senadores sesionaría el próximo jueves con un temario acotado, pero que no estará exento de debate que además estará signado por la cercanía de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo 12 de septiembre.

A menos de un mes de las PASO, el temario de la sesión de la Cámara alta incluiría, según fuentes parlamentarias, los pliegos de los judiciales y se definirá si se incluyen dos proyectos de ley del senador neuquino Oscar Parilli (FdT) que ya tienen dictamen.

Los proyectos de Parrilli

Se trata de dos proyectos de ley que buscan limitar la tasa de interés por mora en el pago de servicios públicos y privados que avalaron los del Frente de Todos mientras que los legisladores de Juntos por el Cambio no acompañaron el despacho y anunciaron que estudiarán los textos.

Al explicar los cambios a las iniciativas durante el debate en comisión, Parrilli aclaró que se incorporará “la tasa de interés para personas humanas, porque creo que eso le da mayor claridad” y señaló que “no queremos intervenir en la política del Banco Central”, sino que estos proyectos buscan la coherencia “con el artículo 42 de la Constitución Nacional”.

Luego, leyó los dictámenes, comenzando por el referido a los servicios privados, del cual se excluyó a las instituciones de educación privada.

De acuerdo con el texto, “la tasa de interés moratorio y punitorio deberá aplicarse: a las tarjetas de crédito emitidas por entidades bancarias, por empresas de crédito o por proveedores no financieros de crédito; a las facturas de servicio por medicina prepaga y a las empresas de seguros de cualquier rubro en relación a usuarios y consumidores particulares, en ningún caso podrá exceder la tasa pasiva de personas humanas para depósitos a 30 días del Banco de la Nación Argentina, correspondiente al último día del mes anterior a la efectivización del pago, no pudiéndose cobrar ningún tipo de cargos extras por gastos administrativos o por cualquier otro concepto”.

Asimismo, “la fecha del primer vencimiento de las facturas de todos los servicios enunciados en el párrafo precedente no podrá ser anterior al día 10 de cada mes”.

“El Poder Ejecutivo Nacional determinará las autoridades de aplicación que deben dictar, en el ámbito de sus competencias, las reglamentaciones y/o resoluciones correspondientes”, establece, e indica que las empresas que en el plazo de 30 días desde la publicación de la ley no adecuen sus facturas a la tasa de interés correspondiente “serán sancionadas con multas de 4 a 48 Salarios Mínimo, Vital y Móvil”.

También, en todos los casos, las empresas prestadoras de estos servicios deberán otorgar a sus usuarios particulares “planes de facilidades de pago para cancelar las deudas, conforme las pautas que establezcan las autoridades de aplicación de los marcos jurídicos relativos a los servicios involucrados”.

Por otra parte, en lo que respecta a los servicios públicos, se modifica el artículo 31 de la Ley de Defensa del Consumidor (24.240), incorporando que “la tasa de interés moratoria y/o punitoria por mora que podrán aplicar las empresas prestadoras de servicios públicos esenciales, así como las de servicios públicos esenciales de televisión por cable, servicio de internet y servicio de telefonía móvil y fija, a todas las categorías de usuarios residenciales, organizaciones no empresariales, clubes de barrio y de pueblo, iglesias, entidades de bien público y colectivos de trabajo en ningún caso podrá exceder la tasa pasiva de personas humanas para depósitos a 30 días del Banco de la Nación Argentina”.

Eco

De común acuerdo, el oficialismo y la oposición avanzaron con el dictamen favorable de un proyecto de ley que establece presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los neumáticos fuera de uso (NFU).

El proyecto contempla la prevención, la reutilización, el reciclado, el coprocesamiento y la disposición final. “Los productores de neumáticos deberán constituir asociaciones que tengan un alcance nacional”, se informó, al tiempo que “las autoridades jurisdiccionales competentes van a establecer convenios con las asociaciones y productores”.