El legislador de Vamos Juntos analizó las últimas medidas económicas del Gobierno Nacional y advirtió que “no podemos pensar la Argentina del futuro si seguimos confrontando con los sectores más dinámicos”.
A raíz de la crisis económica que atraviesa el país, el legislador de Vamos Juntos (VJ) y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Reyes, analizó en las redes sociales las últimas medidas económicas impulsadas por el Gobierno Nacional y cuestionó con dureza el cepo a la producción ya que consideró que es un intento por “mantener vivo a un modelo económico agotado”.
En ese sentido, el oficialista aseguró que si bien “el Gobierno dice que piensa en los consumidores de acá en vez de los de afuera” lo cierto es que desde la “Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios se advirtió que podría haber faltantes de productos por el nuevo cepo, como por ejemplo, aceite, café y papel higiénico. Consumos suntuarios de la oligarquía”.
“Sin embargo, más allá de estos faltantes, este nuevo cepo afecta a sectores clave para la economía, como los que producen bienes de capital en nuestro país y productos críticos como insumos médicos”, añadió.
Al mismo tiempo que precisó que “este cepo a la producción es un nuevo intento de mantener vivo a un modelo económico agotado, que perjudica a aquellos que pretende defender, esperando a que alguna situación fortuita lo salve. Sin embargo, ni con la Soja en récords históricos lo estarían logrando” y recordó que “para colmo, la ministra Batakis nos toma por idiotas al decir cosas como que ‘el derecho a viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo’, cuando es evidente que ni los dólares ni el trabajo escasean por el turismo”.
Es por ello que Reyes planteó que “tenemos que animarnos a plantear las reformas de fondo, y que trascienden a lo económico: una inflación bajo control, un fisco equilibrado, una economía tranquila, un estado al servicio del ciudadano y una política aburrida. La utopía de la normalidad”.
“No podemos pensar la Argentina del futuro si seguimos confrontando con los sectores más dinámicos. No debemos preguntarnos ¿cómo le podemos sacar más al campo?, como piensa la actual ministra. Sino ¿cómo podemos ayudar a sumar tecnología y capital para que el campo crezca?”, añadió y concluyó aseverando que “hay que cambiar y eso no es fácil, pero es urgente. Es con decisión y solvencia técnica. No va una sin la otra”.
Lo dijo a propósito de la aprobación en Diputados de la adhesión a la ley nacional. “Es un paso decisivo”, aseguró.
El jefe del bloque de diputados de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, celebró la adhesión que la Cámara baja bonaerense le dio a la Ley de Economía del Conocimiento nacional: “Es mirar estratégicamente al futuro”, destacó.
Este jueves, la Cámara de Diputados dio sanción definitiva a la ley, que no sólo es una adhesión a la ley nacional, sino que incluye adaptaciones y agregados para su aplicación en territorio bonaerense, entre ellas pisos mínimos de exenciones de IIBB, que la inscripción en el Registro Nacional sirva para la inscripción en el Registro Provincial, y la incorporación del fomento y promoción de los parques o distritos tecnológicos, que no figuraban en la ley nacional.
Al respecto, Abad señaló que “es un paso decisivo hacia una Provincia que pueda replantearse su esquema productivo, que pueda empezar a desarrollar otra agenda acorde con una economía que está dinamizando a muchos países del mundo, que ven al conocimiento como un factor estratégico”.
Y agregó: “Creo que tenemos que profundizar ese camino y la Legislatura ayer generó una herramienta que propicia el impulso de políticas públicas que apoyen la innovación, la creatividad, el emprendimiento y el valor agregado del conocimiento al servicio de la productividad. El resultado será más desarrollo económico, pero también social y humano”.
Cabe destacar que el sector genera 75.000 puestos de trabajo en la Provincia: 42 mil en Gran Buenos Aires y 33 mil en el interior de la provincia en ciudades como San Nicolás, Tandil, Trenque Lauquen y Mar del Plata (en donde 55.000 estudiantes están relacionados con la economía de conocimiento).
“Dimos un paso necesario si queremos involucrar a la Provincia en una senda de desarrollo, con un planteo estratégico y que mira al largo plazo. El motor económico del país debe estar a la altura de los desafíos que nos propone el mundo”, concluyó Abad.
Los senadores de Juntos presentaron un proyecto de Ley para eximir del impuesto de Ingresos Brutos a las pymes y empresas que se instalen en el Distrito Tecnológico.
“En General Pueyrredón un gran número de empresas y pymes vinculadas a la tecnología se fueron o están pensando en irse de la ciudad de Mar del Plata para instalarse en aquellas localidades donde tienen este tipo de beneficios y no podemos permitir eso”, coincidieron en señalar los senadores de Juntos Alejandro Rabinovich y Ariel Martínez Bordaisco.
Además, en el proyecto de Ley se detalla que este sector genera empleo de calidad, y “General Pueyrredón tiene entre sus principales problemáticas la falta de trabajo”, sumado a que cuenta con cinco universidades y otras tantas instituciones que es un valor agregado para la formación de recursos humanos.
La iniciativa propone la exención del impuesto sobre los Ingresos Brutos para las actividades que forman parte de la Economía del Conocimiento, en tanto el contribuyente se encuentre radicado en el Distrito Tecnológico del Conocimiento y la Innovación de la Ciudad de Mar del Plata, y se encuentren inscriptos en el “Registro de Beneficiarios Mar del Plata Ciudad del Conocimiento”.
Cabe recordar que, en febrero del 2021, el Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredón aprobó la Ordenanza Municipal Nº 25.028, que creó el “Distrito Tecnológico del Conocimiento y la Innovación” en el polígono conformado por las calles San Martín, Guido, 3 de Febrero y Chile, conjuntamente con las parcelas frentistas a las mismas.
El 29 de abril del mismo año, también aprobó por unanimidad la Ordenanza Municipal Nº 25.093 que establece la creación del Plan de Desarrollo de la Economía del Conocimiento de General Pueyrredón, denominado “Mar del Plata Ciudad del Conocimiento”, en el ámbito del Partido de General Pueyrredón y en el marco del Plan Estratégico Mar del Plata 2013/2030.
Su objeto declarado es contribuir a la transformación económica, social y cultural del Partido de General Pueyrredón, promoviendo el desarrollo del conocimiento y la innovación como fuerza impulsora de la economía.
En este sentido, se busca promover el desarrollo de las actividades que se enmarcan en la Economía del Conocimiento, fortaleciendo las industrias del sector y consolidando las micro, pequeñas y medianas empresas, e impulsar un ecosistema de la economía del conocimiento.
Asimismo, se busca alcanzar un modelo productivo sustentable y sostenible en el tiempo que sea adoptado por la sociedad, desarrollando e implementando una serie de programas y acciones donde confluyan los sectores público, privado, académico, científico y tecnológico.
El Plan incluye la creación del “Registro de Beneficiarios Mar del Plata Ciudad del Conocimiento”, y la exención de una serie de tasas municipales para aquellas empresas que desarrollasen actividades relacionadas a la Economía del Conocimiento, que cumpliesen los requisitos estipulados en la ordenanza, se radicasen en el Distrito Tecnológico y se inscribiesen en el Registro.
Entre los argumentos del proyecto también se señala que Mar del Plata presenta condiciones únicas para el desarrollo de la industria de la Economía del Conocimiento. La ciudad cuenta con un entorno urbano y natural favorable para la radicación de empresas, al igual que a una variada oferta educativa, contando con cinco universidades y con prestigiosas instituciones de ciencia y tecnología de larga trayectoria, que garantizan una constante generación local de recursos humanos.
A su vez, la ciudad posee una alta conciencia asociativa y una masa crítica de empresas y emprendedores, contando ya con más de 120 empresas y 450 microemprendimientos en las áreas de software, electrónica, bio y nanotecnología, robótica, audiovisual, y otros rubros del sector de la Economía del Conocimiento, y el potencial de atraer y generar aún más si están dadas las condiciones.
A nivel nacional, en 2019 se creó el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento a través de la Ley Nº 27.506, que luego fue modificada y ampliada por la Ley Nº 27.570 en 2020.
Este régimen crea un registro nacional de beneficiarios y otorga una serie de beneficios a las empresas inscriptas que realizan las actividades productivas enmarcadas en el sector, que incluyen un descuento de hasta un 60% en el Impuesto a las Ganancias, una reducción a 0% de los derechos de exportación de servicios y un bono mensual para pagar impuestos nacionales.
En tanto, el gobierno provincial adhirió a la Ley de Promoción de la Industria del Software a través de la Ley Provincial 13.649 y su modificatoria la Ley Provincial Nº 14.915, la cual se mantuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2019 pero no tuvo continuidad.
La diputada radical impulsa reestablecer en la norma un incentivo fiscal para promover la inversión en el sector.
La diputada nacional Karina Banfi (UCR) presentó un proyecto de ley, acompañada por cuarenta de sus pares del interbloque de Juntos por el Cambio, para modificar el Régimen de Economía del Conocimiento y devolverle a la ley un punto esencial: conseguir que los beneficiarios puedan hacer transferible el bono de crédito fiscal de las contribuciones patronales.
“Esta ley fue aplaudida en el recinto cuando la votamos en el 2019, fue un verdadero avance hacia el desarrollo del sector. Pero los cambios que se le hicieron la convirtieron en una legislación que en lugar de impulsar la inversión y el empleo genera trabas burocráticas a los beneficiarios. Modificar esto es una deuda que debemos subsanar de manera urgente”, manifestó la vicepresidenta del bloque UCR.
La bonaerense remarcó que “desde que la Ley de Emergencia Económica dejó trunca la implementación de la Ley de Economía del Conocimiento en diciembre de 2019, se vieron diferentes enfrentamientos en el Congreso de la Nación para recuperar los derechos ganados en aquella ley sancionada durante el gobierno de (Mauricio) Macri“.
En esta oportunidad, la iniciativa de Banfi se trabajó con las cámaras del software, las cámaras de economías del conocimiento y desarrolladores. El texto apunta a que el bono vuelva a ser útil para las empresas que se encuentran bajo este régimen, de manera que puedan transferirlo por única vez a otras empresas que sí tienen contra qué aplicarlo.
Según datos de Argencon, la entidad que reúne a empresas de la economía del conocimiento en Argentina, el empleo en este sector bajó hacia mediados de 2020 un 4,2% respecto de 2019.
“¿Cuántos puestos de trabajo más vamos a perder por tener una ley que está mal implementada? Nuestro país se encuentra en un contexto económico muy difícil, pero tiene el capital humano para transformar esta situación. Necesitamos estimular y apoyar a los jóvenes emprendedores que piensan y diseñan el futuro utilizando la economía del conocimiento para que quieran quedarse e invertir en Argentina”, agregó Banfi.
El proyecto fue acompañado por las firmas de Facundo Manes, Fabio Quetglas, Lidia Ascárate, Gabriela Lena, Manuel Aguirre, Martín Arjol, Hugo Romero, Miguel Bazze, Jimena Latorre, Roberto Sánchez, Pamela Verasay, Marcos Carasso, Mario Barletta, Ana Clara Romero, Marcela Campagnoli, Alejandro Finocchiaro, Danya Tavela, Soher El Sukaria, Maximiliano Ferraro, Gerardo Cipolini, Laura Rodríguez Machado, Pablo Torello, Graciela Ocaña, Matías Taccetta, Victoria Morales Gorleri, Alfredo Schiavoni, Alberto Asseff, Aníbal Tortoriello, Victoria Borrego, Paula Oliveto Lago, María de las Mercedes Joury, Susana Laciar, Héctor Stefani, Mónica Frade, Dolores Martínez, Camila Crescimbeni, Sabrina Ajmechet, María Sotolano y Virginia Cornejo.
Referente e impulsora de la Economía del Conocimiento en la Ciudad, Verónica Tenaglia inauguró junto con Ignacio Lonzieme, secretario general de la Unión Informática, un espacio llamado “Ciudad 4.0”.
Ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios, donde Verónica Tenaglia es comunera, la inauguración contó con amplios referentes de la Economía del Conocimiento a nivel nacional.
“La inauguración de este espacio busca fortalecer el vínculo entre el sector científico-tecnológico y la comunidad”, la Economía del Conocimiento es la tercera economía más importante de la Argentina y resultado de la revolución tecnológica se volvió una importante fuente de generación de nuevos empleos.
Fernando Peirano, presidente de la Agencia I+D+i; Clara Miravelle, de la Cámara de Telecomunicaciones; Guillermo Gómez Galicia, presidente de CADIME; Emilio Sbrocco de Innovación Abierta; Emiliano Zapata de Argentina Programa, entre otros, coincidieron en trabajar, construir y fortalecer una agenda común que dé respuesta a la demanda de miles de jóvenes que necesitan ingresar al nuevo mundo laboral.
“Generemos ecosistemas productivos que otorguen empleo de calidad, con oportunidades para el desarrollo humano y el cuidado del medioambiente. Los grandes centros urbanos deben ocupar un lugar trascendente en la redefinición de la matriz productiva de un país, a partir de la inserción de la tecnología en toda nuestra economía, miremos sino lo que sucede en otras grandes ciudades del mundo”, sostuvo Tenaglia.
“La Ciudad debe convertirse en el motor de la Argentina, con la industria del conocimiento como eje central del desarrollo, Buenos Aires debe ser un polo productivo, científico y tecnológico. Seamos parte de una comunidad con las herramientas del nuevo mundo. Construyamos un espacio donde los trabajadores, los vecinos y las empresas formen parte de la inserción definitiva de nuestro país a la era digital”, afirmó la empresaria.
La Comisión de Comercio trató la iniciativa presentada por el diputado Néstor Loggio. Por otro lado, la Comisión de Trabajo abordó distintos proyectos orientados a la promoción de empleo y a la regulación de condiciones laborales.
La Comisión de Comercio, Industria y Producción de la Cámara baja de Entre Ríos trató la iniciativa presentada por el diputado Néstor Loggio que adhiere a la Ley Nacional 27.506 de creación del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, texto modificado por la Ley Nacional 27.570. Representantes del Polo Tecnológico de Paraná y de la Cámara de la Industria del Software de Concepción del Uruguay participaron del encuentro. Por otro lado, la Comisión de Trabajo abordó distintos proyectos de ley orientados a la promoción de empleo y a la regulación de condiciones laborales.
La iniciativa de Loggio establece la creación del Régimen Provincial de Promoción de la Economía del Conocimiento, y para las empresas beneficiarias la exención total en el Impuesto a los Ingresos Brutos, Impuesto a los Sellos, Impuesto Inmobiliario y la Ley 4.035 por las actividades promovidas por el Régimen. Además, propone que las mismas tengan derecho al mismo tratamiento tarifario sobre el consumo eléctrico que detentan actualmente los usuarios identificados como Industrias.
“Nuestra provincia tiene un techo altísimo para crecer en cuanto a economía del conocimiento”, expresó al respecto el diputado.
En representación del Polo Tecnológico de Paraná, Matías Ruiz destacó la importancia de la sanción de la Ley Nacional y afirmó que “debemos pensar cómo promover localmente el crecimiento de las empresas existentes y la aparición de otras nuevas, considerando además los proyectos y experiencias que se vienen desarrollando junto a los Estados municipales”.
El presidente de la Cámara del Software de Concepción del Uruguay, Marcelo Ceballos, dijo que “a pesar del desarrollo óptimo que tenemos, aún no somos considerados por la industria regional, en contraste con la importación de software que existe”, y expresó su apoyo a la Ley Nacional y al proyecto provincial en tratamiento.
En la reunión de la Comisión participó el presidente Loggio y los diputados Uriel Brupbacher, Gustavo Cusinato, Juan Manuel Huss, Mariano Rebord, Leonardo Silva y Juan Domingo Zacarías.
En la reunión de la Comisión de Trabajo, presidida por el diputado Manuel Troncoso (Bloque PRO), se trató el proyecto de ley que establece que toda manipulación o desplazamiento en obras o lugares de construcción de bolsas de cemento cuyo peso sea superior a 25 kg. sea realizada con asistencia de medios mecánicos.
“La Organización Internacional del Trabajo ha dado a conocer la relación entre la manipulación de pesos excesivos y los problemas de salud a largo plazo, por lo cual el empleador debe hacerse cargo de garantizar los medios mecánicos necesarios”, expresó el diputado Troncoso, autor del proyecto.
También se le dio tratamiento al proyecto de ley, autoría del diputado José Cáceres (bloque Frente Justicialista Creer), que busca adherir a la Ley Nacional 26.940 de promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral, Título I “Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales”, Capítulo I a III.
“En estos años hemos visto muchas situaciones que bien pueden entenderse como trabajo esclavo. Deben hacerse supervisiones más constantes y atender las denuncias de manera eficaz”, afirmó el diputado Cáceres.
Por otra parte, analizaron la iniciativa presentada por la diputada Ayelén Acosta (bloque Pro) que pretende implementar el teletrabajo en el ámbito de la administración pública como una modalidad laboral alternativa.
“Resulta fundamental que los gobiernos trabajen sobre las nuevas tecnologías y que se consideren las nuevas modalidades de trabajo”.
En ese sentido, también se trató su proyecto de ley que busca promover y difundir el teletrabajo en el ámbito laboral privado a través de la utilización de tecnologías de la información y de la comunicación.
Además, diputadas y diputados abordaron el proyecto que crea el Régimen Provincial de Promoción del Primer Empleo, autoría del diputado Esteban Vitor (bloque Pro).
“La demanda de empleo es una de las principales de la sociedad, siendo los jóvenes una franja muy afectada”, afirmó el diputado Vitor.
De la Comisión de Trabajo participaron el presidente Troncoso, las diputadas Ayelén Acosta y Mariana Farfán, y los diputados Martín Anguiano, José Cáceres y José María Kramer.
La norma, que prevé una serie de beneficios fiscales para las empresas del sector, fue publicada este lunes en el Boletín Oficial.
El Gobierno promulgó este lunes la Ley 27.570 de Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, sancionada semanas atrás en la Cámara de Diputados, que prevé una serie de beneficios fiscales para empresas de software, servicios informáticos y digitales, biotecnología, nanotecnología, entre otros.
La norma establece un régimen al que podrán acceder las personas jurídicas dedicadas a estos rubros que estén cumpliendo debidamente sus obligaciones fiscales, laborales, gremiales y previsionales. Será condición que el 70% de su facturación total del último año se genere a partir de las actividades promovidas.
Adicionalmente, las empresas que deseen acceder al régimen deberán cumplir al menos dos de los siguientes requisitos: inversión en mejoras de la calidad de sus productos y servicios; capacitación del personal o tareas de investigación y desarrollo; o bien la realización de exportaciones. En este último caso, el mínimo a acreditar será del 4% de la facturación anual para las micro empresas, del 10% para pequeñas y medianas, y del 13% para las grandes.
En el caso de las micro empresas con menos de tres años de antigüedad, solo deberán acreditar, para acceder al régimen, que desarrollan en el país -por cuenta propia y como actividad principal- al menos una de las actividades promovidas.
Todas las empresas que ingresen al régimen gozarán de la estabilidad de los beneficios contemplados.
Para mantener su inscripción, las empresas -cualquiera sea su tamaño- deberán acreditar cada dos años que cumplen sus obligaciones fiscales, laborales, gremiales y previsionales; que mantienen o incrementan su nómina de personal; y que los requisitos adicionales fueron incrementados.
Las empresas podrán convertir en un bono de crédito fiscal intransferible hasta el 70% las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado. El carácter de “intransferible” fue una modificación que introdujo el Senado.
Los bonos podrán ser utilizados por el término de dos años -prorrogables por uno más- para cancelar tributos nacionales, a excepción del impuesto a las Ganancias. Solo los beneficiarios que acrediten exportaciones podrán utilizar el bono a cuenta de Ganancias, “en un porcentaje no mayor al porcentaje de exportaciones informado durante su inscripción”.
Como incentivo adicional, el bono podrá ascender al valor del 80% de las contribuciones patronales si la empresa incorpora a su nómina de personal a mujeres, travestis, transexuales y transgénero; profesionales con estudios de posgrado en ingeniería, ciencias exactas o naturales; personas con discapacidad; personas residentes en “zonas desfavorables o provincias con menor desarrollo relativo”; y personas que, previo a su contratación, hayan recibido planes sociales.
Otro de los beneficios de la Ley es la reducción del impuesto a las Ganancias, que será del 60% para las micro y pequeñas empresas; del 40% para las medianas, y del 20% para las grandes. El proyecto original establecía el 60% para todas las empresas sin distinción de tamaño, pero el Senado estableció una diferenciación.
Entre otros puntos, la norma también prevé la creación de un Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento (FONPEC).
De acuerdo al decreto 818/20, el Poder Ejecutivo observó uno de los artículos: se eliminó la palabra “aun” del inciso b del artículo 4° de la Ley 27.506, sustituido por el artículo 2° de la nueva Ley.
El cambio es para que “el acceso y la permanencia de estas empresas en el régimen de promoción puedan hacerse efectivos sin la exigencia de facturación durante la vigencia del mismo”, explicó el Gobierno en los fundamentos y aseguró que “la medida no altera el espíritu ni la unidad del proyecto de ley sancionado por el Honorable Congreso de la Nación”.
El proyecto establece un régimen de promoción para numerosas actividades que gozarán de beneficios fiscales. Las micro, pequeñas y medianas empresas tendrán un trato diferenciado.
La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de promoción de la economía del conocimiento, ratificando los cambios introducidos por el Senado el último viernes.
El régimen tendrá una duración desde el 1ro. de enero de este año hasta el 31 de diciembre de 2029 y supone un esfuerzo de 18.000 millones de pesos por parte del Estado para fomentar el sector.
A continuación, parlamentario.com repasa los puntos salientes:
Pasadas las 2.30 de la madrugada del jueves, la Cámara baja ratificó los cambios que el Senado le introdujo al proyecto. Habrá un tratamiento diferenciado para las empresas según su tamaño. Juntos por el Cambio se abstuvo.
Tras varias idas y vueltas, el régimen de promoción de la economía del conocimiento es ley. La Cámara de Diputados aceptó los cambios introducidos por el Senado y aprobó el proyecto con los votos del oficialismo, Unidad Federal para el Desarrollo y el Interbloque Federal, mientras que Juntos por el Cambio se abstuvo.
La votación se produjo a las 2.34 y resultó con 133 adhesiones, 5 rechazos y 88 abstenciones, del interbloque presidido por Mario Negri, que denunció que las modificaciones empeoraron el texto y que habrá menos beneficios para las grandes empresas del sector.
Es que el corazón de los cambios realizados en la Cámara alta apunta a establecer una diferenciación en la ayuda estatal: las grandes compañías solo podrán acceder a la reducción del 20% del impuesto a las Ganancias, mientras que para las medianas esa reducción será del 40% y para las micro y pequeñas, del 60%.
Además, las personas jurídicas inscriptas en el régimen no podrán utilizar el bono de crédito fiscal equivalente al 70% de las contribuciones patronales pagadas para cancelar el impuesto a las Ganancias, cuando el proyecto original establecía que podía aplicarse a cualquier tributo nacional.
Los votos negativos correspondieron a Graciela Camaño (Consenso Federal), los diputados del Pro José Carlos Núñez y María Carla Piccolomini, y los de la izquierda Nicolás Del Caño y Romina Del Plá.
A la hora de preguntarle el presidente de la Cámara baja uno por uno a quienes no habían registrado el sentido de su voto, se hizo notar el diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias, pues era el único de los que estaban presentes que no registró su determinación. “No voto a favor, ni en contra… La sesión del Senado no fue legal, compútelo como quiera”, fue la respuesta de Iglesias. Cuando por protocolo debió repasar todos los nombres, Sergio Massa volvió a insistirle e Iglesias le respondió: “Me niego a votar; la sesión del Senado fue ilegal”. Por eso el titular del cuerpo se dirigió entonces al presidente del bloque Pro, Cristian Ritondo, para preguntarle cómo debía interpretar el voto de su diputado, a lo que el legislador bonaerense respondió que lo tomara como una abstención.
Para conocer los puntos principales del proyecto de economía del conocimiento aprobado, haga click aquí.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, consideró que “está muy bien que haya políticas de fomento para que crezcan este tipo de empresas, y al mismo tiempo es necesario tener políticas cuidadosas respecto de la utilización de los recursos fiscales”.
Ante las críticas de la oposición respecto de un intento de perjudicar a las grandes empresas, Heller aclaró que “no es ese el espíritu: lo que estamos modificando son los parámetros para que las empresas tengan beneficios según su dimensión”.
“No se trata de una cuestión discriminatoria, sino de administrar recursos escasos, tratando de que ese apoyo vaya a quienes más lo necesitan y no a aquellos que por su volumen son generadores, ya de por sí, de grandes utilidades”, insistió el diputado del Frente de Todos.
Pablo Carro, titular de la Comisión de Comunicaciones e Informática, opinó que este es “un proyecto superador, que mejora notablemente” la redacción original, porque “especifica con claridad cuáles son los servicios profesionales que pueden ingresar a la promoción, establece un escalonamiento en los beneficios, y la revalidación bienal si se mantienen o aumentan los puestos de trabajo y si no hay prácticas fraudulentas”.
El cordobés destacó que nuestro país tiene ventajas como “la solidez del sistema científico universitario” y “la capacidad, la creatividad y la formación de nuestros profesionales”, y habló de un “triángulo virtuoso entre el conocimiento, la ciencia y la tecnología”, que se verá plasmado en “una política de Estado para los próximos diez años”.
Informó que el año pasado, con la Ley de Software, “de las 521 empresas beneficiarias, el 37,1% eran micro, el 46,8% eran pequeñas, el 13,8% eran medianas y el 2,3% eran grandes”, y “el 50% de los beneficios se concentró en diez empresas -seis de las grandes y cuatro de las medianas-”, de los cuales “el 71% están ubicados en la Ciudad de Buenos Aires”.
Carro también mencionó que el 75% de los trabajadores del sector en áreas técnicas son hombres, mientras que en el personal de maestranza es al revés: el 75% son mujeres.
Respecto del proyecto, manifestó que para 2030 esperan lograr “más de 1 millón de puestos de trabajo de calidad”, “llegar al 15% de exportaciones” y “duplicar los 6.000 millones de dólares generados por este sector de la economía”.
Desde Juntos por el Cambio, Karina Banfi (UCR) sostuvo que “esta industria, junto con el agro, son la llave del éxito para salir adelante”, y la gestión de Cambiemos entendió que la Ley de Software “tenía que ser parte de una política de Estado” y por eso hubo reuniones “con más de 11.000 empresas para ampliar el alcance de esa norma”.
Banfi criticó en duros términos los cambios introducidos por el Senado y advirtió que “el sector no fue recibido por ningún senador oficialista”. Pero además, advirtió que debido a que “esta ley está dando vueltas, en el segundo trimestre de este año cayeron las exportaciones del sector en un 11,4%”.
“Hasta acá llegamos con este proyecto. No vamos a acompañarlo. Estoy convencida de que no entienden lo que se está votando”, lanzó, al anunciar la decisión de su interbloque de abstenerse en la votación. “Están sacando una ley para zafar, para que no les digan que han matado a la economía del conocimiento que promovió su mentor Néstor Kirchner”, remató.
Silvia Lospennato (Pro) enfatizó que “trabajar con el sector privado no es mala palabra. Es lo que hace cualquier país que busca desarrollarse y crecer: se alía con el sector privado para crear empleo, la única vacuna posible contra la pobreza”.
La diputada afirmó que este proyecto “se hizo a espaldas del sector porque detrás de esta ley hay una mirada anti-empresa, digan lo que digan”. En ese sentido, habló de una “demonización de las grandes empresas” y sentenció que “una actitud anti-empresa es una actitud anti-empleo”.
“Con la que mandamos al Senado teníamos una oportunidad, pero con las modificaciones que le hicieron, empeoraron la ley”, lamentó, y graficó: “Debemos ser el único país del mundo que ataca a sus unicornios”.
El diputado José Luis Ramón justificó las modificaciones del Senado y afirmando que “lo que está permitiendo esta ley no es anti empresa, es que las empresas más grandes puedan tener un incentivo que les permita ser muy grandes que les permita competir en los mercados externos”. Tras aclarar que las empresas “no se van a ir”, señaló que “las medianas pueden tener un beneficio del 40%, pero las leyes y el chorro del Estado a estos señores muy grandes hay que dárselos a estos emprendedores más chicos, porque es a los que hay que levantar para que se hagan grandes y en algún momento puedan exportar”.
“Lo que está haciendo esta ley es poner el fiel de la balanza en su equilibrio -agregó-. Eso es sano, porque el emprendedor de verdad es al que hay que levantarle el estándar de calidad para que produzca su ejercicio intelectual para hacer economía del conocimiento”.
Por su parte, la neuquina Alma Sapag cuestionó las modificaciones implementadas por el Senado, aunque adelantó que igual votaría a favor, solo porque no se puede seguir sin ley. “Me preocupa mucho tanto empecinamiento en romper los consensos logrados”, se quejó. “Pasó en esta Cámara con la ley de paraísos fiscales, y ahora pasa con la ley de economía del conocimiento… ¿Tanto nos cuesta respetarnos? ¿Qué seguridad jurídica pude observar un potencial inversor si un proyecto de ley que salió por unanimidad de una Cámara, a los cuatro meses es cambiado por el mismo sector que lo impulsó?”, se preguntó.
“No se entiende tanta obstinación y prejuicios con las grandes empresas y sus empresarios… Me preocupa”, insistió, cuestionando que “los beneficios en la reducción del impuesto a las Ganancias, que de acuerdo con lo establecido por esta Cámara eran iguales para todas, ahora son escalonados de acuerdo al tamaño de cada empresa. Ser empresario es un pecado… Ser un gran empresario es un pecado; ser un buen empresario es un pecado… y no se entienden las razones por las cuales se estableció la inmovilidad del bono de crédito fiscal al hacerlo intransferible”.
Uno de los beneficios que contempla el proyecto es la posibilidad, para las empresas, de convertir en un bono de crédito fiscal hasta el 70% las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado. La redacción original establecía que ese bono fuera transferible por única vez, pero el Senado dispuso que sea intransferible.
Los bonos podrán ser utilizados por el término de dos años -prorrogables por uno más- para cancelar tributos nacionales, a excepción del impuesto a las Ganancias. “Esto tiene lógica. Si las empresas pagan Ganancias, no necesitan subsidios”, razonó Heller.
Solo los beneficiarios que acrediten exportaciones podrán utilizar el bono a cuenta de Ganancias, “en un porcentaje no mayor al porcentaje de exportaciones informado durante su inscripción”.
Como incentivo adicional, el bono podrá ascender al 80% de las contribuciones patronales si la empresa incorpora a su nómina de personal a mujeres, travestis, transexuales y transgénero; profesionales con estudios de posgrado en ingeniería, ciencias exactas o naturales; personas con discapacidad; personas residentes en “zonas desfavorables o provincias con menor desarrollo relativo”; y personas que, previo a su contratación, hayan recibido planes sociales.
En cuanto al impuesto a las Ganancias, el proyecto aprobado en Diputados establecía una reducción del 60% para todas las empresas sin distinción de tamaño, pero el Senado estableció una diferenciación: será del 60% para las micro y pequeñas empresas; del 40% para las medianas, y del 20% para las grandes.
“Esta modificación permite redistribuir el alto esfuerzo fiscal, escalonándolo y orientándolo a quienes más lo necesitan”, sostuvo Heller, y destacó que ese esfuerzo será de aproximadamente 18.000 millones de pesos anuales.
Por otra parte, se estableció en la Cámara alta que cada vez que la empresa -cualquiera sea su tamaño- revalide su inscripción en el régimen, deberá demostrar que ha incrementado la inversión en alguno de los requisitos adicionales, y además mantener o incrementar su nómina de personal.
Esos requisitos adicionales son inversión en mejoras de la calidad de sus productos y servicios; capacitación del personal o tareas de investigación y desarrollo; o bien la realización de exportaciones. En este último caso, el mínimo a acreditar será del 4% de la facturación anual para las micro empresas, del 10% para pequeñas y medianas, y del 13% para las grandes.
Por último, caerán los beneficios de la ley si se registra una reducción de la plantilla de personal, si se detectan trabajadores no registrados, o si se verifican prácticas fraudulentas para la obtención de la ayuda estatal.
A partir de las 15.44 la Cámara de Diputados realiza su décima sesión de este período ordinario, en una reunión en la que se le busca poner un punto final al escándalo del exdiputado Juan Ameri.
La Cámara de Diputados desarrolla una nueva sesión virtual para tratar los proyectos de ley de economía del conocimiento, de contratos para la compra de vacunas contra el Covid-19 y de regulación del ejercicio profesional de la fonoaudiología.
La Cámara baja trata este miércoles el proyecto de economía del conocimiento, que el último viernes fue aprobado con cambios en el Senado, y que este martes recibirá dictamen en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Comunicaciones e Informática de Diputados.
Los diputados deberán definir si insisten en la redacción original o si aceptan las modificaciones del Senado -entre otras cosas, se ampliaron los sujetos alcanzados, se incorporaron incentivos para un bono de crédito fiscal y se modificó la reducción de Ganancias en detrimento de las grandes empresas-.
El segundo de los proyectos del temario de la sesión busca habilitar una serie de cláusulas en los futuros contratos entre el Estado nacional y la industria farmacéutica para la adquisición de vacunas contra el Covid-19.
La iniciativa, solicitada desde el Ministerio de Salud, declara de “interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19 en el marco de la emergencia sanitaria”.
En ese marco, se habilitan cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero; cláusulas de indemnidad patrimonial; y cláusulas de confidencialidad.
El proyecto también establece que las vacunas contra el Covid-19 no estarán gravadas con IVA ni impuestos aduaneros, y deberán ser previamente registradas por la ANMAT y analizadas por la Comisión Nacional de Inmunización (CoNaIn).
Por último, Diputados tratará la iniciativa que regula el ejercicio profesional de la fonoaudiología, que sería convertida en ley.
En un plenario de comisiones, el oficialismo y aliados firmaron dictamen para ratificar las modificaciones que el Senado realizó al proyecto. Sería convertido en ley este miércoles.
Con el acompañamiento parcial de bloques provinciales y el rechazo de Juntos por el Cambio, el oficialismo firmó dictamen favorable sobre el proyecto de ley de promoción de la economía del conocimiento, ratificando los cambios que le introdujo el Senado el último viernes.
El proyecto avanzó en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Comunicaciones e Informática, y quedó en condiciones de ser convertido en ley en la sesión virtual convocada para este miércoles a las 15.
El oficialismo destacó que la nueva redacción establece, entre otras cosas, una diferenciación en la reducción del impuesto a las Ganancias, que ya no será del 60% para todas las empresas, sino del 60% para las micro y pequeñas empresas, del 40% para las medianas y del 20% para las grandes.
Carlos Heller, titular de la Comisión de Presupuesto, confesó que originalmente “no lo convencía” la ley “porque no diferenciaba a las pequeñas y medianas empresas de las grandes, unificaba demasiado los beneficios, que tenían que tener un escalonamiento”.
“Los cambios que incorporó el Senado vienen en la dirección de lo que a mi me dejaba insatisfecho en el planteamiento original”, expresó, y celebró que ahora “los recursos estén orientados a las empresas que más lo necesitan”.
Uno de los beneficios que contempla el proyecto es la posibilidad, para las empresas, de convertir en un bono de crédito fiscal hasta el 70% las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado. La redacción original establecía que ese bono fuera transferible por única vez, pero el Senado dispuso que sea intransferible.
Los bonos podrán ser utilizados por el término de dos años -prorrogables por uno más- para cancelar tributos nacionales, a excepción del impuesto a las Ganancias. Solo los beneficiarios que acrediten exportaciones podrán utilizar el bono a cuenta de Ganancias, “en un porcentaje no mayor al porcentaje de exportaciones informado durante su inscripción”.
Como incentivo adicional, el bono podrá ascender al 80% de las contribuciones patronales si la empresa incorpora a su nómina de personal a mujeres, travestis, transexuales y transgénero; profesionales con estudios de posgrado en ingeniería, ciencias exactas o naturales; personas con discapacidad; personas residentes en “zonas desfavorables o provincias con menor desarrollo relativo”; y personas que, previo a su contratación, hayan recibido planes sociales.
Otro punto destacado de la ley es la reducción del impuesto a las Ganancias, que será del 60% para las micro y pequeñas empresas; del 40% para las medianas, y del 20% para las grandes. El proyecto aprobado en Diputados establecía el 60% para todas las empresas sin distinción de tamaño, pero el Senado estableció una diferenciación.
Por otra parte, se estableció en la Cámara alta que cada vez que la empresa -cualquiera sea su tamaño- revalide su inscripción en el régimen, deberá demostrar que ha incrementado la inversión en alguno de los requisitos adicionales, y además mantener o incrementar su nómina de personal.
Por el oficialismo, Claudia Bernazza destacó la “sensatez” de los cambios, en cuanto a la “federalización de los beneficios” y el apoyo a las pequeñas empresas, y a pesar de que pasaron más de tres meses desde la aprobación en Diputados, elogió “la celeridad con la que los senadores trataron el caso y perfeccionaron la letra de la ley con el mismo espíritu”.
Por el contrario, la radical Karina Banfi advirtió que mientras los legisladores “van y vienen” con esta ley, ahora en tratamiento por tercera vez, “el sector sigue desamparado”. “Ojalá hubiesen manifestado sus observaciones a la ley mientras llevábamos adelante los acuerdos, que además lograron unanimidad hace tres o cuatro meses”, recordó.
Al referirse a los cambios, advirtió que “para tener una autoridad de aplicación con la discrecionalidad que le dan, no tiene sentido hacer una ley”, y por otra parte señaló que “no tiene mayor sentido” que el bono de crédito fiscal sea intransferible. “No se está entendiendo cómo funciona y lo que necesita este sector”, cuestionó.
En tanto, criticó la “incoherencia en la cual se apoya toda la política productiva de este gobierno”, y se preguntó “qué seguridad jurídica le estamos dando a los inversores” con la revisión de la ley.
Banfi advirtió que la redacción del Senado “no beneficia al mercado exportador” y “los que van a crecer van a tener menos beneficios”. “Queremos apostar a que haya muchos microemprendedores que puedan usar esta ley sin tener que acarrear todos los costos que eso significa, pero no paramos de ponerle palos en la rueda a todo el sector productivo”, remató.
Luis Pastori, también del radicalismo, habló de una “grosera mora en el tratamiento hasta que los senadores finalmente se dignaron a tratar la ley, introduciendo una serie de modificaciones con las cuales, en su mayoría, no estamos de acuerdo”.
Al igual que Banfi, opinó que “no hay justificativo” para que el bono de crédito fiscal sea intransferible, algo que “le daba mayor poder de movilidad al bono”. También dijo que ahora se podrá convertir en ese bono “hasta el 70%” de las contribuciones patronales pagadas, lo que tiene “olor a discrecionalidad en el manejo por parte de la autoridad de aplicación” en la reglamentación.
Pastori criticó, a su vez, que las empresas no puedan cancelar el pago de Ganancias con el bono, lo cual “le quita un gran atractivo” a la ley.
El jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, celebró “este tercer round donde el Senado paró la pelota y logró corregir una inequidad muy grande en el anterior proyecto”, relacionada a la rebaja del 60% de Ganancias para todas las empresas por igual.
“Los que más ganan tienen que pagar más impuestos; a los que están en el medio hay que ayudarlos para que crezcan; y a los que recién arrancan hay que potenciarlos. Eso se llama escalonamiento”, sostuvo el mendocino, y agregó: “No se puede garantizar a todos el mismo beneficio, porque sino va a seguir ocurriendo que cada vez son menos los que se apoderan de determinadas actividades económicas”.
Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) consideró que “por una cuestión de soberanía del conocimiento y de entender por dónde va la economía capitalista, nos guste o nos guste, Argentina tiene que convencerse de que a las empresas chicas hay que hacerlas grandes, y a las grandes hay que convertirlas en multinacionales”.
El santafesino opinó que algunos cambios son positivos y otros negativos, y anunció que el Interbloque Federal, al cual pertenece, decidirá su postura final en las próximas horas.
Por su parte, Marcelo Casaretto (Frente de Todos) destacó que el Senado “pulió” el proyecto “haciendo un equilibrio en la inversión que va a hacer el Estado nacional para promover un sector de la actividad económica” con beneficios impositivos.
Casaretto aclaró que el régimen tendrá vigencia desde el 1ro. de enero de este año, por lo cual “la demora de un mes más o un mes menos” en la sanción de la ley no influirá en “las 469 empresas que estaban inscriptas hasta este momento”, mientras que “para las nuevas que quieran adherir, los beneficios van a ser desde la publicación de la ley”.
“No venimos al Congreso como lobbystas de un sector o de una empresa. Venimos a disponer de los recursos de todos los argentinos”, enfatizó el entrerriano.
El proyecto aprobado con modificaciones el viernes en el Senado recibiría dictamen este martes, para ser convertido en ley en la sesión de este miércoles en Diputados.
Los diputados analizarán este martes el proyecto de ley por el que se modifica la Ley 27.506, denominada Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, que vuelve con modificaciones del Senado.
El debate será a partir de las 15 en las comisiones de Comunicaciones e Informática, que preside el cordobés Pablo Carro, y de Presupuesto y Hacienda, que encabeza el también kirchnerista Carlos Heller.
El proyecto fue aprobado el viernes pasado ya pasada la medianoche, con modificaciones importantes aplicadas al texto proveniente de Diputados. Durante el debate, Juntos por el Cambio pidió avanzar sin cambios para no retrasar más la sanción de la norma, aunque a la hora de votar se retiró.
La idea es emitir dictamen este martes, para llevarlo al recinto al día siguiente. En eso están todos de acuerdo. La pregunta del millón es si Diputados, y fundamentalmente el oficialismo, aceptarán las modificaciones o rechazarán lo dispuesto en el Senado. La postura que vaya a adoptarse en el recinto se vislumbrará este martes.
La iniciativa establece un régimen de promoción desde el 1ro. de enero de este año hasta el 31 de diciembre de 2029, que incluye beneficios fiscales e impositivos para pequeñas, medianas y grandes empresas donde el 70% de la facturación esté vinculada a las actividades promovidas.
Según se explicó durante el debate del viernes, los cambios tienen que ver con “ampliar el universo de beneficiarios, prestando especial atención a las micro, pequeñas y medianas empresas; y brindar un carácter más federal a los beneficios otorgados, haciendo hincapié en las zonas favorables y en las provincias con menor desarrollo relativo”.
Las empresas que ingresen al régimen podrán convertir en un bono de crédito fiscal hasta el 70% las contribuciones patronales abonadas. En el nuevo texto se aclaró que el bono será intransferible, “para evitar maniobras poco claras de esta operatoria”.
El tiempo máximo para utilizar este bono fiscal es de 24 meses, prorrogables por otros 12, y servirá para cancelar tributos nacionales, a excepción del impuesto a las Ganancias. Solo los beneficiarios que acrediten exportaciones podrán utilizar el bono a cuenta de Ganancias, pero “en un porcentaje no mayor al porcentaje de exportaciones informado durante su inscripción”.
El bono será del 80% de las contribuciones patronales si la empresa incorpora a su nómina de personal a mujeres y personas trans; profesionales con estudios de posgrado en ingeniería, ciencias exactas o naturales; personas con discapacidad; personas residentes en “zonas desfavorables o provincias con menor desarrollo relativo”; y personas que, previo a su contratación, hayan recibido planes sociales.
En cuanto a la reducción del impuesto a las Ganancias, “se incorporaron escalas a fin de segmentar la percepción de este incentivo”: será del 60% para las micro y pequeñas empresas; del 40% para las medianas, y del 20% para las grandes.
Otro de los cambios fue eliminar el consejo consultivo que establecía el proyecto y en cambio, establecer un “esquema más estricto de controles” a través de universidades y organismos nacionales respecto del cumplimiento del régimen.
El costo fiscal de la ley será de 9.500 millones de pesos este año.
También se votará un proyecto de declaración sobre el caso del exdiputado Juan Ameri y asumirá su reemplazante. La sesión será el miércoles a las 15.
La Cámara de Diputados tendrá este miércoles una nueva sesión virtual para tratar los proyectos de ley de economía del conocimiento, de contratos para la compra de vacunas contra el Covid-19 y de regulación del ejercicio profesional de la fonoaudiología.
Además, se votará un proyecto de declaración acerca del caso del exdiputado salteño Juan Ameri, quien renunció hace dos semanas tras haber protagonizado una conducta inapropiada frente a la cámara de video en plena sesión.
El texto es un pronunciamiento ético y fue el fruto de una reunión que mantuvieron el jueves pasado los integrantes de la comisión que se creó para el caso: Cristina Álvarez Rodríguez y Cecilia Moreau por el Frente de Todos; Silvia Lospennato y Miguel Bazze por Juntos por el Cambio; y Graciela Camaño por Consenso Federal.
Además de tratarse la declaración, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, le tomará juramento en forma presencial a Alcira Figueroa, la reemplazante de Ameri, quien completará su mandato hasta 2021.
En efecto, la semana pasada el titular del Juzgado Federal Nro. 1 de Salta, Julio Leonardo Bavio, le confirmó por nota al secretario parlamentario, Eduardo Cergnul, que será Figueroa quien ocupe el lugar de Ameri.
A continuación, la Cámara baja se abocará al tratamiento del proyecto de economía del conocimiento, que el último viernes fue aprobado con cambios en el Senado, y que este martes recibirá dictamen en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Comunicaciones e Informática de Diputados.
Los diputados deberán definir si insisten en la redacción original o si aceptan las modificaciones del Senado -entre otras cosas, se ampliaron los sujetos alcanzados, se incorporaron incentivos para un bono de crédito fiscal y se modificó la reducción de Ganancias en detrimento de las grandes empresas-.
El segundo de los proyectos del temario de la sesión busca habilitar una serie de cláusulas en los futuros contratos entre el Estado nacional y la industria farmacéutica para la adquisición de vacunas contra el Covid-19.
La iniciativa, solicitada desde el Ministerio de Salud, declara de “interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19 en el marco de la emergencia sanitaria”.
En ese marco, se habilitan cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero; cláusulas de indemnidad patrimonial; y cláusulas de confidencialidad.
El proyecto también establece que las vacunas contra el Covid-19 no estarán gravadas con IVA ni impuestos aduaneros, y deberán ser previamente registradas por la ANMAT y analizadas por la Comisión Nacional de Inmunización (CoNaIn).
Por último, Diputados tratará la iniciativa que regula el ejercicio profesional de la fonoaudiología, que sería convertida en ley.
Los detalles y la mecánica de la sesión se definirán en una reunión de Labor Parlamentaria convocada para las 14 en el Salón Delia Parodi.
“La falta de esta ley ha generado la pérdida de 11.000 puestos de trabajo y de 95.000 millones de dólares en exportación”, alertó el riojano. Pidió que el proyecto se apruebe sin modificaciones.
El senador por la UCR Julio Martínez lamentó que el Gobierno haya suspendido a principios de año la ley de economía del conocimiento y pidió que el Senado apruebe el proyecto sin modificaciones, al considerar que en la Cámara de Diputados “no va a salir rápido”.
Martínez destacó que se trata de beneficiar a “un sector que está en crecimiento, con mucha potencialidad”, y recordó que la Ley de Software “fue una de las pocas leyes de promoción que dio sus frutos”.
El legislador de Juntos por el Cambio precisó que “entre el 95% y el 96% del empleo que se genera” en este sector “es de calidad”, y además los ingresos están “un 40% por encima del promedio”.
A su vez, dijo que “cada diez puestos de trabajo que se generan, cinco se generan indirectamente”.
“Duele que esta ley se haya frenado por nueve meses innecesariamente. La falta de esta ley ha generado la pérdida de 11.000 puestos de trabajo y de 95.000 millones de dólares en exportación”, alertó el riojano.
También advirtió que “el 98% de las empresas que más han perdido en estos nueve meses son las pymes, y muchas se han ido del país”.
El miembro informante del dictamen mayoritario detalló las modificaciones que sufrió el proyecto. “Tienen que ver con aquellos que más necesitan por parte del Estado”, dijo.
Alfredo Luenzo, titular de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, resaltó este viernes que los cambios a la ley de economía del conocimiento introducidos en el Senado tienen “una lógica equitativa, federal y solidaria”, y “tienen que ver con aquellos que más necesitan por parte del Estado”.
El senador del Frente de Todos señaló que la redacción final fue el fruto de dos meses de trabajo donde se consultó a los actores involucrados.
Explicó que los cambios tienen que ver con “ampliar el universo de beneficiarios, prestando especial atención a las micro, pequeñas y medianas empresas; y brindar un carácter más federal a los beneficios otorgados, haciendo hincapié en las zonas favorables y en las provincias con menor desarrollo relativo”.
Al ir al detalle, el chubutense señaló que las empresas que ingresen al régimen podrán convertir en un bono de crédito fiscal hasta el 70% las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado.
En el nuevo texto se aclaró que ese bono será intransferible, “para evitar maniobras poco claras de esta operatoria”, especificó Luenzo.
El tiempo máximo para utilizar este bono fiscal será de 24 meses, prorrogables por otros 12, y servirá para cancelar tributos nacionales, a excepción del impuesto a las Ganancias.
Solo los beneficiarios que acrediten exportaciones podrán utilizar el bono a cuenta de Ganancias, pero “en un porcentaje no mayor al porcentaje de exportaciones informado durante su inscripción”, según se estableció.
El bono ascenderá al 80% de las contribuciones patronales si la empresa incorpora a su nómina de personal a mujeres y personas trans; profesionales con estudios de posgrado en ingeniería, ciencias exactas o naturales; personas con discapacidad; personas residentes en “zonas desfavorables o provincias con menor desarrollo relativo”; y personas que, previo a su contratación, hayan recibido planes sociales.
En cuanto a la reducción del impuesto a las Ganancias, “se incorporaron escalas a fin de segmentar la percepción de este incentivo”: será del 60% para las micro y pequeñas empresas; del 40% para las medianas, y del 20% para las grandes.
Otro de los cambios, apuntó Luenzo, fue eliminar el consejo consultivo que establecía el proyecto y en cambio, establecer un “esquema más estricto de controles” respecto del cumplimiento del régimen, a través de universidades y organismos nacionales.
El legislador precisó que el costo fiscal de la ley será de 9.500 millones de pesos este año. “Por cada dólar de costo fiscal se esperan exportar 33 dólares”, destacó, y por otra parte ejemplificó: “En un sueldo de 80.000 pesos, el beneficio sería de 10.424 pesos en reducción de aportes patronales, mientras que el retorno al Estado a través de gravámenes sería de 39.600 pesos”.
Por unanimidad, la Cámara alta aprobó la iniciativa que busca impulsar al sector con beneficios fiscales e impositivos. Juntos por el Cambio pidió no introducir modificaciones y a la hora de la votación se ausentó.
Pasada la medianoche, el Senado aprobó el proyecto de ley de promoción de la economía del conocimiento, que volverá a la Cámara de Diputados porque sufrió una serie de modificaciones, a pesar de que Juntos por el Cambio pidió avanzar sin cambios para no retrasar más la sanción.
El nuevo texto recibió 41 votos afirmativos, del Frente de Todos y los senadores Magdalena Solari Quintana y Alberto Weretilneck. Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal se desconectaron del recinto virtual, como lo hicieron horas antes al votarse el proyecto sobre quita de fondos para la CABA.
La iniciativa establece un régimen de promoción desde el 1ro. de enero de este año hasta el 31 de diciembre de 2029, que incluye beneficios fiscales e impositivos para pequeñas, medianas y grandes empresas donde el 70% de la facturación esté vinculada a las actividades promovidas.
Alfredo Luenzo, titular de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, resaltó que los cambios formulados al texto tienen “una lógica equitativa, federal y solidaria”, y “tienen que ver con aquellos que más necesitan por parte del Estado”.
El senador del Frente de Todos señaló que la redacción final fue el fruto de dos meses de trabajo donde se consultó a los actores involucrados.
Explicó que los cambios tienen que ver con “ampliar el universo de beneficiarios, prestando especial atención a las micro, pequeñas y medianas empresas; y brindar un carácter más federal a los beneficios otorgados, haciendo hincapié en las zonas favorables y en las provincias con menor desarrollo relativo”.
Lea también: Los puntos principales del proyecto de ley de economía del conocimiento
Al ir al detalle, el chubutense señaló que las empresas que ingresen al régimen podrán convertir en un bono de crédito fiscal hasta el 70% las contribuciones patronales abonadas. En el nuevo texto se aclaró que el bono será intransferible, “para evitar maniobras poco claras de esta operatoria”.
El tiempo máximo para utilizar este bono fiscal es de 24 meses, prorrogables por otros 12, y servirá para cancelar tributos nacionales, a excepción del impuesto a las Ganancias. Solo los beneficiarios que acrediten exportaciones podrán utilizar el bono a cuenta de Ganancias, pero “en un porcentaje no mayor al porcentaje de exportaciones informado durante su inscripción”.
El bono será del 80% de las contribuciones patronales si la empresa incorpora a su nómina de personal a mujeres y personas trans; profesionales con estudios de posgrado en ingeniería, ciencias exactas o naturales; personas con discapacidad; personas residentes en “zonas desfavorables o provincias con menor desarrollo relativo”; y personas que, previo a su contratación, hayan recibido planes sociales.
En cuanto a la reducción del impuesto a las Ganancias, “se incorporaron escalas a fin de segmentar la percepción de este incentivo”: será del 60% para las micro y pequeñas empresas; del 40% para las medianas, y del 20% para las grandes.
Otro de los cambios, apuntó Luenzo, fue eliminar el consejo consultivo que establecía el proyecto y en cambio, establecer un “esquema más estricto de controles” a través de universidades y organismos nacionales respecto del cumplimiento del régimen.
El legislador precisó que el costo fiscal de la ley será de 9.500 millones de pesos este año. “Por cada dólar de costo fiscal se esperan exportar 33 dólares”, destacó.
En nombre de Juntos por el Cambio, Julio Martínez (UCR) lamentó que el Gobierno haya suspendido la ley a principios de año y pidió que el Senado apruebe el proyecto sin modificaciones, al considerar que en Diputados “no va a salir rápido”.
“Duele que esta ley se haya frenado por nueve meses innecesariamente. La falta de esta ley ha generado la pérdida de 11.000 puestos de trabajo y de 95.000 millones de dólares en exportación”, alertó el riojano, y advirtió que “el 98% de las empresas que más han perdido en estos nueve meses son las pymes, y muchas se han ido del país”.
Por el Pro, Esteban Bullrich señaló que “es bueno que haya una política de Estado” sobre el tema, pero coincidió con Martínez en que “los cambios limitan la ley”. En el mismo sentido, el radical Víctor Zimmermann sostuvo que “el proyecto proveniente de Diputados posee mayores incentivos fiscales que el modificado”.
Daniel Lovera, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, sostuvo que “este proyecto es un instrumento clave en la planificación estratégica del país que hace nuestro Gobierno”, y que “nos permitirá aumentar la productividad de nuestra economía, generando trabajo digno y de calidad y proyectándolo también hacia todo el interior”.
“Esto va a permitir apuntalar la recuperación y el crecimiento económico con una perspectiva integrada, equitativa y federal”, señaló el oficialista, en coincidencia con Luenzo.
También por el Frente de Todos, Silvina García Larraburu dijo que “esta ley es muy esperada por el sector científico y tecnológico del país” y recordó que a partir de la Ley de Software, del año 2004, “se desplegaron un conjunto de políticas que posibilitaron a estas industrias a ocupar el tercer lugar en la economía del país”.
Al cierre del debate, Anabel Fernández Sagasti manifestó: “Hemos logrado un mejor proyecto que el que vino de Diputados porque hemos tenido diálogo con el Ejecutivo Nacional, con diputados y miembros del sector, incluso el sector gremial”.
Fernández Sagasti elogió que el Senado decidiera “parar la pelota y pensar cómo hacer crecer a este sector”, y a su vez “no diezmar al Estado y no seguir haciéndolo un socio bobo de aquellos que ya no necesitan su apoyo, sino que ya pueden caminar solos”.
La vicejefa del bloque oficialista ponderó que el estado invertirá con esta ley “18.000 millones de pesos anuales para que eso se multiplique en divisas, empleo y crecimiento”.
El Frente de Todos cuenta con los números para avanzar con el proyecto que lleva el coeficiente a 1,4% y establece una fórmula para calcular los gastos en seguridad. Además, la iniciativa de economía del conocimiento recibirá modificaciones y volverá a Diputados.
En un día inhabitual, el Senado comenzó este viernes su sesión especial a las 14.22, durante la que el oficialismo buscará avanzar con el proyecto de ley enviado por el Gobierno nacional que establece una baja al 1,4% de la coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires, al reducir los recursos que son girados al distrito porteño por los gastos de la Policía Federal traspasada durante la gestión anterior.
Además, se tratará la iniciativa de economía del conocimiento, que recibirá cambios y volverá a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.
En el comienzo, el pleno tratará el decreto 16/20 firmado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por el cual se habilitó que cuatro senadores más puedan estar presentes en el recinto durante las sesiones remotas -dos por el Frente de Todos y dos por Juntos por el Cambio-.
Dicho decreto modifica el 14/20, ratificado hace dos semanas atrás por el voto de la mayoría, pero con el rechazo de la oposición -salvo Alberto Weretilneck y Magdalena Solari Quintana-, que planteó que la prórroga del funcionamiento remoto se trata de un cambio de reglamento y, por ende, requiere de los dos tercios de los votos -es decir, mayoría especial-. Por este tema, Juntos por el Cambio realizó una presentación ante la Justicia.
El temario continuará con el ingreso de un paquete de pliegos enviados por Poder Ejecutivo para cubrir cargos en el Poder Judicial. Entre ellos se encuentra el de Raúl Daniel Bejas, juez federal de Tucumán, candidato a ocupar la vacante en la Cámara Nacional Electoral.
Convenio de transferencia de la competencia de seguridad a la Ciudad
La primera iniciativa del temario propone la aprobación del convenio de traspaso de la Policía Federal desde Nación a la Ciudad de Buenos Aires, firmado en enero de 2016 por el gobierno anterior.
El proyecto trata de fijar unos 24.500 millones de pesos para atender los gastos -de acuerdo a los recursos que significó este año-, y establece que ese monto se actualizará anualmente por una fórmula compuesta en un 80% “por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal Argentina” y en un 20% “por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de dicha jurisdicción”, ambos correspondientes al año precedente.
También establece que la suma “se dividirá en cuotas mensuales que se transferirán desde el Tesoro Nacional hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su actualización se realizará en forma trimestral”.
“El Ministerio de Seguridad y el Gobierno de la Ciudad informarán a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía los indicadores establecidos en el artículo 2°, de acuerdo a sus respectivas competencias, así como también los procedimientos utilizados para su elaboración”, agrega. Y finalmente indica que los gastos presupuestarios se readecuarán una vez que esté en vigencia la ley.
Economía del conocimiento
Luego será el turno de un tema largamente reclamado por la oposición, que ya cuenta con media sanción de Diputados, y que recibió cambios durante el debate en comisiones, por lo cual volvería a la Cámara baja para su sanción definitiva.
La iniciativa implica un esfuerzo de 18.000 millones de pesos por parte del Estado para promover a las empresas que combinen tecnología y conocimiento, y que componen el cuarto sector de exportaciones del país, con el objetivo de generar divisas y empleo de calidad.
Entre otras modificaciones, se definió con mayor precisión cuáles son los servicios profesionales alcanzados, y se estableció que el bono fiscal a otorgar para la cancelación de impuestos -equivalente al 70% de las contribuciones patronales- pasará a ser intransferible.
Otro de los cambios tiene que ver con que la exención del 60% del pago de Ganancias será únicamente para las PyMEs, mientras que para las medianas empresas será del 40%, y para las grandes, del 20%.
Por otro lado, se eliminó el consejo consultivo que debía evaluar las solicitudes de empresas, según el proyecto aprobado en Diputados hace más de tres meses.
La iniciativa recibirá cambios en el Senado, por lo que deberá regresar a la Cámara de Diputados. Un repaso por los aspectos salientes.
El Senado se dispone a aprobar este viernes el proyecto de ley de promoción de la economía del conocimiento, una industria clave para la generación de divisas y de empleo de calidad. La iniciativa recibió cambios durante el debate en comisiones, por lo que deberá regresar a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.
El régimen tendrá una duración desde el 1ro. de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2029, y según se informó, supone un esfuerzo de 18.000 millones de pesos por parte del Estado para fomentar el sector.
A continuación, parlamentario.com repasa los puntos salientes:
La Cámara alta sesionará des de las 14, en un día inhabitual. También se debatirá una modificación del decreto de sesiones remotas.
El Senado sesionará este viernes desde las 14 para tratar dos proyectos de ley que prometen un intenso debate: la reducción de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires por el traspaso de la Policía durante la gestión anterior, y el régimen de promoción de la economía del conocimiento.
Además, se someterá a consideración un decreto firmado este miércoles por la vicepresidenta Cristina Kirchner (16/20) que modifica la prórroga de las sesiones remotas, habilitando la presencia de cuatro senadores en el recinto, dos por el Frente de Todos y dos por Juntos por el Cambio.
La discusión sobre la validez de las sesiones virtuales promete volver a hacerse presente, ya que Juntos por el Cambio realizó una presentación ante la Justicia y, por ende, no avala el sistema en tanto no se apruebe con una mayoría especial.
El proyecto sobre coparticipación, ampliamente rechazado por la principal bancada de la oposición, ratifica el convenio firmado entre la Nación y la Ciudad el 5 de enero de 2016.
Allí se calcula que este año la Policía de la Ciudad recibirá 24.500 millones de pesos, pero ese monto deberá ser actualizado de acuerdo a un índice compuesto en un 80% por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal y en un 20% por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
En caso de aprobarse el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, la coparticipación para la Ciudad -que ya no recibirá en forma automática los fondos para afrontar los gastos en seguridad, sino a través de este nuevo mecanismo- se verá reducida al 1,4%.
Por otra parte, el Senado buscará aprobar el proyecto de promoción de la economía del conocimiento, que recibió cambios durante el debate en comisiones, por lo cual volvería a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.
La iniciativa implica un esfuerzo de 18.000 millones de pesos por parte del Estado para promover a las empresas que combinen tecnología y conocimiento, y que componen el cuarto sector de exportaciones del país, con el objetivo de generar divisas y empleo de calidad.
Entre otras modificaciones, se definió con mayor precisión cuáles son los servicios profesionales alcanzados, y se estableció que el bono fiscal a otorgar para la cancelación de impuestos -equivalente al 70% de las contribuciones patronales- pasará a ser intransferible.
Otro de los cambios tiene que ver con que la exención del 60% del pago de Ganancias será únicamente para las pymes, mientras que para las medianas empresas será del 40%, y para las grandes, del 20%.
Por otro lado, se eliminó el consejo consultivo que debía evaluar las solicitudes de empresas, según el proyecto aprobado en Diputados hace más de tres meses.
En un plenario de comisiones, el Frente de Todos corrigió el texto aprobado en la Cámara baja en junio. Juntos por el Cambio pidió seguir revisando la redacción.
El proyecto de ley de promoción de la economía del conocimiento recibió cambios este miércoles en un plenario de comisiones del Senado, por lo que, de ser aprobado en la próxima sesión, volverá a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.
El proyecto había sido aprobado en la Cámara baja tres meses atrás, pero su debate en el Senado se demoró porque el oficialismo decidió aplicarle modificaciones, aunque sin alterar el espíritu de generación de empleo y de divisas.
La nueva redacción fue consensuada con el Ministerio de Desarrollo Productivo que encabeza Matías Kulfas y recibió dictamen favorable en las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, y de Presupuesto y Hacienda.
Juntos por el Cambio celebró que se haya destrabado el tratamiento de la iniciativa, pero pidió seguir revisando el texto y, eventualmente, hacerle más correcciones en la sesión, algo que no fue descartado por el Frente de Todos.
“Tenemos la voluntad de seguir recibiendo todas las sugerencias para poder construir la mejor ley posible”, confirmó la vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti.
El titular de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Exporesión, Alfredo Luenzo, destacó que la ley supone un esfuerzo de “18.000 millones de pesos” por parte del Estado para promover a las empresas que combinen tecnología y conocimiento, y que componen el cuarto sector de exportaciones del país.
“Las modificaciones planteadas no lesionan los ejes principales del proyecto”, aclaró el chubutense.
Explicó que, entre otras cuestiones, se buscó “brindarle un carácter más federal a los beneficios otorgados, haciendo hincapié en residentes en zonas desfavorables y en provincias con menor desarrollo relativo”, incorporando a su vez una “mirada inclusiva y de género”.
En la nueva redacción se definen “con mayor precisión” los servicios profesionales alcanzados, y se establece que las empresas deberán acreditar que el 70% de la facturación del último año esté vinculada a las actividades promovidas.
Se mantiene la “estabilidad de los beneficios”, y, por otra parte, el oficialismo dispuso que el bono fiscal a otorgar -equivalente al 70% de las contribuciones patronales- pasará a ser intransferible.
Con ese bono, las empresas podrán cancelar distintas obligaciones, a excepción del impuesto a las Ganancias.
Sobre este punto planteó dudas Martín Lousteau (UCR-Evolución), quien advirtió que “puede generar un sesgo anti-exportador, porque lo puede usar la empresa solamente para pagar impuestos, de los cuales el más importante es el IVA, y las empresas que exportan tienen un saldo técnico a favor, porque pagan el IVA durante toda la cadena, pero exportan sin IVA”.
Otro de los cambios tiene que ver con que la exención del 60% del pago de Ganancias será únicamente para las pymes, mientras que para las medianas empresas será del 40%, y para las grandes, del 20%.
Por otro lado, se elimina el consejo consultivo que debía evaluar las solicitudes de empresas, ya que el oficialismo consideró que eso podría subsanarse en la reglamentación, o bien se podría buscar otro mecanismo de asesoramiento.
La vigencia del régimen, recordó Luenzo, será del 1ro. de enero de este año al 31 de diciembre de 2029.
“Las modificaciones tienden a un principio de mayor justicia, mayor inclusión y fundamentalmente de apoyo a los sectores más vulnerables”, resaltó el senador.
Desde Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich consideró que “hay modificaciones significativas en el proyecto que demandan cierto estudio” y pidió al oficialismo abrir una ventana de negociaciones para seguir mejorándolo de cara a la sesión.
A su vez, el radical Víctor Zimmermann coincidió en que “debiéramos hacer un mayor esfuerzo” para promover el sector, y observó que con los cambios al proyecto “hay una reducción importante de los incentivos fiscales”.
Fernández Sagasti rechazó esa visión. “Las pymes y micropymes no tienen ninguna reducción de beneficios en esta propuesta del oficialismo. Creemos que son las grandes generadoras de empleo y es donde el Estado tiene que hacer un mayor esfuerzo”, sostuvo.
La senadora explicó que se decidió hacerle cambios al proyecto en lugar de avanzar con el de Diputados porque no se podía corregir a través de la reglamentación. “Era imposible para el Estado controlar y hacer cumplir los requisitos de la ley”, dijo.
Por el contrario, los radicales Zimmermann y Julio Martínez reclamaron avanzar con la aprobación sin modificaciones para no retrasar más el tratamiento.
En el plenario de comisiones, Juntos por el Cambio insistió en la necesidad de volver a las sesiones presenciales a pesar de la pandemia del Covid-19. Bullrich (Pro) y Juan Carlos Marino (UCR) defendieron el amparo presentado ante la Justicia para invalidar la prórroga del protocolo virtual, que según su posición, debía ser votada por una mayoría calificada.
Ante este nuevo planteo, el misionero Maurice Closs tomó la palabra y se sinceró: “En una inmensa mayoría de las provincias, los senadores cuando volvemos vemos absolutamente alterado nuestro estilo de vida. Yo fui a seis o siete sesiones, tengo seis o siete hisopados encima y una vida totalmente alterada”.
“Cada vez que vuelvo, mis hijos no pueden ni ir al jardín… parece que es fácil, pero desde mi experiencia, esto de correr para ir al recinto, para después volver a nuestras provincias con la gente que te mira y te dice por qué fuiste a Buenos Aires, es algo que hay que dimensionarlo”, manifestó.
Marino le respondió que los trabajadores de la salud y otros esenciales “se exponen todos los días” a posibles contagios, por lo que “72 senadores tranquilamente podemos hacer el esfuerzo” de asistir al recinto.
Carlos Caserio, presidente de la Comisión de Presupuesto, recordó, al igual que Closs, que al regresar a las provincias, en muchas de ellas se exige cumplir los 14 días de cuarentena. “Un trabajador de la salud de Misiones, trabaja en Misiones, no tiene que venir a Buenos Aires”, le contestó a Marino.
Hacia el final, el jefe del bloque oficialista, José Mayans, ratificó que el oficialismo no habilitará las sesiones presenciales en este contexto, y destacó el trabajo que vienen realizando las comisiones en forma virtual, “incluso más que cuando eran presenciales”. “No es un trabajo para menospreciar”, finalizó.
Para el expresidente la iniciativa, que se enmarca en la Ley de Economía del Conocimiento, “podría ser la puerta para que la industria del software nacional se convierta en una de las principales exportadoras del país”.
El expresidente de la Nación Eduardo Duhalde manifestó su apoyo a una iniciativa que busca transformar la industria del software nacional en uno de los principales exportadores del país.
El proyecto, impulsado por las empresas desarrolladoras Unidigital e Itpatagonia, y que cuenta con el apoyo de una gran cantidad de Pymes, se enmarca se enmarca dentro de la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento; y advierte que se trata de uno de los sectores productivos de mayor crecimiento, en especial durante esta crisis, y que hay “una oportunidad para su expansión, tanto local como internacional, que se está desaprovechando por una limitación que se arrastra año tras año”.
Se trata de una iniciativa que busca fomentar el desarrollo de mano de obra calificada, evitando además que, completada su formación profesional, emigren fácilmente por la gran demanda existente a nivel internacional.
Duhalde, como presidente del “Movimiento Productivo Argentino”, manifestó su apoyo al proyecto, y aseguró que podría ser “la puerta para que la industria del software nacional se convierta en una de las principales exportadoras del país”. Y agregó que “si no se resuelve este problema radicalmente, seguiremos sufriendo este déficit indefinidamente”.
El proyecto promete:
“Que la revolución digital cambiará nuestra realidad en forma vertiginosa no es nuevo. En ese contexto, este proyecto de alcance nacional constituye una oportunidad única para convertirnos en una ‘software factory’ y seguir dando protagonismo a nuestra fuerza laboral”, concluyó el dirigente peronista.
Durante un plenario de comisiones, oficialismo y oposición acordaron evaluar las sugerencias de cambios antes de la firma del dictamen. La iniciativa había sido aprobada por Diputados en junio pasado.
Senadores del oficialismo y la oposición acordaron este viernes analizar una serie de sugerencias de modificaciones al proyecto de ley de economía del conocimiento, aprobado por la Cámara de Diputados en junio pasado.
Durante un plenario de las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Presupuesto y Hacienda, el chubutense Alfredo Luenzo anunció que “la idea es abrir el debate” y “seguir sumando inquietudes y recoger todo aquello que ustedes consideren conveniente de poder incorporar al texto de la ley, para que lo más rápido posible podamos llegar a un texto consensuado”.
El titular de la Comisión de Sistemas -cabecera de la iniciativa- ponderó que a través de esta norma se busca “ampliar el universo de beneficiarios, prestando especial atención al acceso por parte de las MicroPyMEs”, al tiempo de “brindar un carácter más federal” al hacer “hincapié fundamentalmente en residentes en zonas desfavorables y provincias con menor desarrollo relativo”.
El oficialista mencionó además “los beneficios impositivos en las contribuciones patronales, el impuesto a las Ganancias y el IVA” que contempla el proyecto, y opinó que “es un salto de calidad respecto a la ley que teníamos en vigencia hasta 2019”.
Por otra parte, reveló que “el sector audiovisual va a tener una ley especial, porque reclamó ser incluido”. “Las productoras que son grandes exportadoras de nuestros productos culturales están en una situación muy delicada y nuestro Ejecutivo está trabajando una ley aparte”, informó.
A su turno, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio, aseguró que “es una ley importante” que “merece un debate, que la analicemos, que escuchemos, es una ley que necesitamos y que seguramente, con o sin modificaciones, aprobaremos”.
En esa línea, el oficialista señaló que este es un sector “muy significativo, que aporta un ingreso al país en exportaciones muy grande”. “En Córdoba hoy está como el cuarto desarrollo económico de la provincia”, agregó y destacó que la iniciativa apunta a que “los sectores más pequeños vayan creciendo”, mientras que las grandes empresas “si quieren seguir recibiendo la promoción” deberán “ayudar incorporando no solo más exportaciones, sino generando más empleo”.
Por su parte, el radical Juan Carlos Marino enfatizó que “es una ley trascendental” y “del futuro”, porque este sector “es el primer generador de trabajo joven”. Por eso, el pampeano aseguró que “no nos tenemos que dormir en el tiempo” y destacó que “hay un consenso generalizado por la importancia de la ley y la necesidad”.
El catamarqueño Dalmacio Mera asintió en que se aborden las sugerencias porque “siempre los proyectos se pueden enriquecer, se pueden mejorar”, pero cargó contra la oposición en la Cámara de Diputados.
“Todos los días nos levantamos con alguna noticia nueva por parte de la oposición. Y uno no tiene seguridad, si vuelve a mandar un proyecto ahí, si algún día lo van a volver a tratar. No dejemos de tener presente este elemento”, manifestó el legislador del FdT.
Recogió el guante Marino, quien afirmó que “la oposición está haciendo lo que tiene que hacer” y ha “acompañado al Poder Ejecutivo” en las leyes necesarias para la pandemia y la negociación de la deuda. “Tenemos que dejar de ofendernos entre nosotros y empezar a ver cuáles son los tantos problemas que tienen los argentinos. Tanto gobierno como oposición tenemos que estar a la altura de las circunstancias”, completó.
Su par Martín Lousteau resaltó que “este es un sector muy significativo para Argentina, tiene potencial desde hace mucho tiempo; agrega valor y por la característica del trabajo se puede generar en cualquier lugar del país y eso es importante para el federalismo”. “Es el segundo generador neto de divisas”, subrayó y consideró que “es una buena iniciativa que despeja incertidumbres”.
Durante el debate, también el radical Julio Martínez expresó que el proyecto “es perfectible, es bueno” y apuntó que este “es un sector que ha crecido en las crisis, en los años y los momentos más difíciles ha seguido generando empleo”.
Finalmente, Caserio propuso que este mismo viernes se envíen a la secretaría de la Comisión de Sistemas “las propuestas de modificaciones, para ver si hay que modificarla o no, o si en la reglamentación se pueden hacer”. “Más allá de que vuelva o no (a Diputados), creo que nuestra responsabilidad es sacar la mejor ley posible”, concluyó.
Se tratará este viernes a partir de las 11. La iniciativa fue aprobada por amplia mayoría en la Cámara de Diputados a fines de junio.
Un plenario de las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Presupuesto y Hacienda, que presiden los senadores oficialistas Alfredo Luenzo y Carlos Caserio -respectivamente-, tratará este viernes el proyecto de ley de economía del conocimiento.
La iniciativa, que será debatida a partir de las 11, cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, donde el pasado 25 de junio se aprobó por 246 votos afirmativos y solo dos en contra, del Frente de Izquierda.
El proyecto tiene como objetivo la promoción y el incentivo para las empresas con servicios basados en el conocimiento y la digitalización de la información, al tiempo que establece una serie de beneficios que prevén duplicar los puestos de trabajo e incrementar las exportaciones del sector de acá a diez años.
El proyecto facilita el ingreso de las PyMEs al régimen, en tanto que podrán acceder al mismo las empresas cuyo 70% de su facturación total del último año se genere a partir de estas actividades.
En la nueva norma ya no se habla de estabilidad fiscal, sino que se refiere a la “estabilidad de los beneficios” por el período de vigencia del régimen.
Las empresas beneficiarias podrán convertir en un bono de crédito fiscal transferible, por una única vez, el 70% de las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado al sistema de seguridad social. En tanto, ese monto podrá subir al 80% en el caso que las empresas contraten mujeres, personas transexuales, personas con discapacidad, entre otras.
Los beneficiarios de la ley también tendrán una reducción del 60% en el monto total del impuesto a las Ganancias.
Por otra parte, se dispone la creación de un “Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía de Conocimiento” y de un “Consejo Consultivo del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento”.
“Será una mejor ley, más equitativa y federal y con un eje fundamental en nuestras PyMEs”, afirmó el legislador tras un encuentro que el bloque mantuvo con el ministro Kulfas.
El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo afirmó que “la nueva Ley de la Economía del Conocimiento que estamos debatiendo en el Congreso establecerá un marco jurídico más equitativo y más federal, poniendo especial atención en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”.
Así lo expresó el titular de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de la Cámara alta tras el encuentro remoto que el bloque del Frente de Todos mantuvo con el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas para analizar los lineamientos de la iniciativa que tiene media sanción de Diputados. “Será una mejor ley, más equitativa y federal y con un eje fundamental en nuestras Pymes”, añadió.
En ese sentido, el chubutense aseguró que “el sector está necesitando contar rápidamente con un nuevo esquema jurídico y por eso vamos a trabajar con premura para que haya una nueva ley” y destacó que “se trata de un sector que tiene mucha potencialidad para generar empleo genuino y de calidad” y que “genera un volumen muy alto de divisas internacionales que tanto está necesitando nuestro país”.
No obstante, afirmó que “si no se avanzaba con estas reformas propuestas por el Gobierno nacional y con mucho consenso en Diputados, se estarían quedando afuera de los beneficios muchas pymes, fomentando la concentración del sector, pese a que son actores fundamentales en las provincias argentinas y con gran potencial de crecimiento”.
Por ello, Luenzo celebró que “con esta reforma estemos cambiando el espíritu de la ley anterior ya que al flexibilizar los requisitos de acceso se podrán incorporar a muchas empresas que iban a quedarse afuera por un criterio discrecional”.
“Queremos recuperar la visión de Néstor Kirchner con la Ley del Software que fue tan importante para darle dinámica al sector y que fue ampliada por Cristina Fernández dándole un incentivo fiscal muy importante a cientos de empresas del sector para crear trabajo argentino de calidad”, completó.
Por José Luis Ramón. El diputado nacional sostiene que la ley original, así como la reforma que recientemente se votó, otorga ventajas enormes a las empresas más grandes del país.
Hace apenas un año aprobamos la ley de economía del conocimiento en la Cámara de Diputados, y hace pocos días la modificamos en muchísimos aspectos. Algo anda mal.
Si bien la reforma que aprobamos mejora la ley, todo lo que rondó su aprobación original y la modificación que votamos, es negativo para nuestra República.
El texto original fue acompañado por todos los diputados de los distintos bloques. Pasamos por un trámite en comisiones y en el recinto express. Únicamente este diputado se opuso a muchos de los puntos flojos que tenía el texto original, impulsando modificaciones en la Comisión y en la Cámara en la votación. No porque no apoyáramos la ley, sino porque era notorio que no se habían realizado los análisis necesarios y porque bajo el paraguas de apoyar a los chicos, se escondían los grandes.
Ni la bancada oficialista actual (opositora entonces), ni la bancada opositora actual (oficialista entonces), tuvieron ningún problema con el texto que se aprobó.
Sin embargo, poco más de 6 meses luego de aprobar la ley, cambio de gobierno mediante, el Ejecutivo suspendió la aplicación de la ley por una simple resolución, y no digo un DNU, ni digo un decreto, digo una simple resolución (la 30/2020 del Ministerio de Producción). Se suspendió el ingreso al registro de la ley. Unilateralmente el Ejecutivo, del partido que votó sin problema una ley, la suspendió.
Raro nuestro sistema de partidos, que, en tan pocos meses, tiene tantos reparos a lo que aprobaron por unanimidad hace tan poco tiempo.
Las ventajas de la ley, y quienes se las llevan
Cuando se aprobó la ley el año pasado (y ahora cuando se modificó) no se hizo un impacto económico de esta ley. Y no hablo únicamente del enorme costo fiscal que estas excepciones van a tener (por el simple hecho de que grandes sectores de nuestra economía van a entrar en estos incentivos), si no que ni se intentó medir efectivamente quienes se llevarían mayormente la porción de estos beneficios y quienes no.
Esto no es un tema menor: esta ley viene a otorgar una flexibilización del trabajo y una reforma impositiva profunda en la Argentina.
Recién en el Senado se realizó un informe que estimó que, de máxima, los beneficios para las empresas podían implicar el 3% del PBI del país.
Las ventajas impositivas para las empresas son enormes en este régimen, que incluye desde el software (que ya contaba con el estímulo desde hace más de una década), hasta las empresas de telecomunicaciones, pasando por laboratorios médicos, empresas de servicios y tantos otros sectores más.
Se otorga estabilidad fiscal para todos los tributos nacionales, un bono anual de crédito fiscal por hasta un 1.6 veces de las contribuciones patronales efectivamente pagadas (bastante mayo al de la ley del software que era del 70%), se desgrava el 60% en el monto total del Impuesto a las Ganancias determinado en cada ejercicio y se disminuyen los aportes patronales fuertemente. Una contundente reforma impositiva general (porque alcanza a enormes sectores de la economía), encubierta en un estímulo fiscal sectorial.
Entre los pocos argumentos aportados por el Gobierno actual, estuvo el del enorme costo que tiene para el erario el texto aprobado el año pasado. Pero me pregunto ¿Dónde está el informe económico del Gobierno actual?
Nuestro interbloque Unidad Federal para el Desarrollo apoyó esta reforma, a pesar de los reparos y de todas las propuestas que hicimos que no fueron escuchadas, porque creemos que es mejor que la ley aprobada el año pasado y porque el sector del software no puede estar de rehén.
Simplemente voy a marcar lo que sigue faltando, y la falta de discusión de esto, es grave para nuestro país. Es grave porque no podemos aprobar las leyes vendiéndolas como una cosa, cuando son otra.
Yo recuerdo a las PyME que pasaron por la comisión cuando se aprobó la ley, los emprendedores, las pequeñas industrias. El problema es que esta ley va a beneficiar muchísimos más a las grandes empresas que a las pequeñas, ya que todos los beneficios carecen de segmentación. Aun cuando ahora se generaron algunos beneficios extras para los pequeños, no es lo mismo el costo presupuestario de bajar en más de la mitad el impuesto a las ganancias a un pequeño estudio que hace páginas web, que a un laboratorio médico multinacional o a una empresa de explotación petrolera o de telecomunicaciones (que no vinieron a defender el proyecto, aun cuando se beneficiarán enormemente a futuro). Los primeros invierten en el país, los segundos se llevan las ventajas. El primero le costará al fisco miles de pesos anuales, mientras que los segundos, cientos de miles de millones de pesos. Al tratar a todos como iguales, se acrecientan las desventajas. Darles estabilidad a los pequeños es una medida comprensible y que ayuda a su crecimiento, dársela a los segundos, es atar al estado nacional de manos: congela la política impositiva, en un país con índices de pobreza y desigualdad que van en aumento hace tiempo.
El proyecto que presentamos propuso excluir de los beneficios a las empresas con facturaciones brutas de aproximadamente, más de 20.000 millones de pesos anuales. Empresas gigantescas. Increíblemente, si bien nunca se las defendió públicamente, sí se rechazó esta posibilidad de plano una y otra vez. Parece que a pesar de la emergencia que declaramos en diciembre, y de la que estamos viviendo hoy en día, tenemos que darles a las empresas más grandes de la argentina estabilidad fiscal, excepciones en ganancias, disminución de aportes patronales, bonos fiscales.
Esto que estoy planteando es básico y tiene enorme implicancia en la economía nacional. Yo me pregunto, cuando escuchamos quejas por la enorme carga presupuestaria de las jubilaciones, cuando se piden nuevas fórmulas, cuándo se habla de la necesidad de bajar los costos laborales: si las empresas más grandes de la argentina no van a pagar estos sistemas, ¿quién lo va a pagar?
Esta ley, la original y la que quedará luego de esta reforma, otorga ventajas enormes a las empresas más grandes del país. No nos hagamos los tontos.
Como diputado, no vine a este Congreso a beneficiar a las grandes empresas, yo vine a controlar a las grandes, proteger a las medias e impulsar fuerte a las PyMEs, los consumidores y los trabajadores.
Esta ley, es injusta, si aporta a aumentar la concentración en la argentina. Y la reforma que votamos hace unos días, no viene a arreglar esto. No podemos seguir bancando más concentración, ni más beneficios para arriba.
El camino es al revés.
La iniciativa se aprobó por 246 votos a favor y 2 en contra. Con los beneficios que establece el régimen para las empresas del sector, se prevé duplicar los puestos de trabajo e incrementar las exportaciones de acá a diez años.
La Cámara de Diputados dio media sanción y giró al Senado el proyecto de una nueva ley de economía del conocimiento, por 246 votos a favor y 2 en contra, de los legisladores de la izquierda Nicolás Del Caño y Romina Del Plá. El oficialismo no introdujo ni aceptó cambios a la hora de la votación en particular, propuestas por Juntos por el Cambio.
A través de esta iniciativa, que tiene por objetivo la promoción y el incentivo para las empresas con servicios basados en el conocimiento y la digitalización de la información, se establecen una serie de beneficios que prevén duplicar los puestos de trabajo e incrementar las exportaciones del sector de acá a diez años.
El miembro informante del oficialismo, Pablo Carro, sostuvo que esta ley “va a definir una política de Estado para los próximos 10 años” y señaló que el sector se ubica como el tercero en lugar de exportaciones, con el 8%, lo que permite “un ingreso de 6 mil millones de dólares al año”. Además, destacó que “casi todos los dólares que ingresan al país son dólares que se quedan”.
“Lo que estamos buscando con este régimen de promoción es que en 10 años dupliquemos los puestos de trabajo. Hoy, entre empleos directos e indirectos estamos hablando de 500 mil”, indicó, con lo cual se estima “llegar a un millón” en un década, al tiempo de pasar del 8% de las exportaciones al 15%.
El presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática afirmó que el proyecto tiene “una impronta inclusiva, federal, con perspectiva de género” y es “de carácter progresista y progresivo”.
“Con este proyecto estamos diversificando la matriz productiva nacional, generando empleo de calidad, vamos a incorporar a miles de jóvenes al mercado laboral formal, vamos a generar polos de desarrollo federal y vamos a permitir que con exportaciones ingresen divisas que quedan en el país”, enfatizó.
El cordobés también ponderó que la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo se modificó “escuchando a todos los sectores involucrados, pensando un proyecto de ley que se ajuste a lo que necesita el sector específicamente, y discutiendo con todos los sectores de la oposición”.
Desde Juntos por el Cambio, la diputada Karina Banfi subrayó que “el potencial que tiene este sector es incomparable” y consideró que, en este tema, “el Gobierno tuvo una buena visión: no tenía sentido sacar esta ley solos”. Recordó entonces que el proyecto enviado en febrero pasado “era insuficiente”.
La radical destacó que desde el interbloque opositor propusieron “mantener el autodesarrollo; limitar la discrecionalidad del consejo consultivo; lograr mejoras en los beneficios tributarios, el impuesto a las Ganancias y las contribuciones patronales; flexibilizar los requisitos en el marco de la pandemia, porque es necesario que se ponga activa de manera urgente; y establecer escalonamientos del porcentaje por tamaño de empresa”.
“Necesitamos potenciar dos industrias, la del agro y la de la industria del conocimiento. Ahí está la llave de nuestro éxito para crecer”, expresó, y advirtió que en el país se necesita “un plan económico, certeza jurídica y no asustar a los inversores”.
Banfi resaltó que desde Juntos por el Cambio encontrarán predisposición para debatir sobre inversiones y productividad, pero no estarán dispuestos si la “idea” del Gobierno es ayudar a las empresas “para después quedarse con ellas, insistir con expropiaciones o usar el Congreso para legitimar irregularidaderes”. “Ahí nos van a encontrar al lado de la gente, tocando bocinas en las calles y, si no nos dejan, búsquennos en las redes sociales y los diarios”, agregó.
También desde la UCR, Luis Pastori habló de “un retroceso sobre el espíritu de la ley anterior en cuanto a los incentivos fiscales”. El misionero detalló que esta nueva propuesta no contiene la “cláusula de estabilidad fiscal”, por ende “le quita uno de los principales atractivos de la ley, que tiene que ver con la seguridad jurídica”.
El legislador cuestionó además los cambios en las contribuciones patronales y los ingresos por exportaciones, y el hecho de que la rebaja del impuesto a las Ganancias “solamente se calcule sobre las ganancias que provengan de la actividad promovida y no de las ganancias en general”, lo que “obliga a las empresas a llevar una doble contabilidad”.
Por el Interbloque Federal, Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) enfatizó: “No le tenemos que tener miedo a la iniciativa privada en nuestro país, tenemos que alejarnos de debates que atrasan, llenos de prejuicios. Necesitamos de un capitalismo nacional, progresista”.
Para el santafesino, “el desarrollo económico necesita de dos patas fundamentales: un Estado inteligente, probo, y una iniciativa privada vigorosa”. “Esta ley nos da una oportunidad de encontrar una herramienta fundamental para el desarrollo”, añadió.
Por su parte, el titular del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, consideró que la iniciativa tiene “gato encerrado” porque “los dueños de las empresas que facturan por encima de los 20 mil millones de pesos” será “muy beneficiados con esta ley”.
Sobre ese aspecto, el mendocino señaló que el “bono fiscal, el pagar un porcentaje muy chico del impuesto a las Ganancias, reducir los aportes patronales, y no pagar Ingresos Brutos en las provincias en donde se adhiera esta ley” son beneficios “que vienen pidiendo a gritos muchos empresarios” que “quieren flexibilización laboral y reforma tributaria”.
Ramón agregó que el “gato encerrado” tiene “nombre y apellido” y mencionó a empresas como Cablevisión, Pampa Argentina, Telefónica, Claro, entre otras.
Desde el Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño cuestionó que en lugar de discutir el impuesto a las grandes fortunas, se debata “cómo se le dan beneficios con la rebaja de contribuciones patronales y de las alícuotas del impuesto a las Ganancias a las grandes empresas denominadas ‘de la economía del conocimiento’”.
“Esto no es el desarrollo de la economía del conocimiento, sino la apropiación privada del conocimiento. Es falso que esto beneficia a las PyMEs”, advirtió el representante del PTS, al denunciar que la ley beneficiará a grandes firmas como Roemmers y Cargill, “empresas que además pican en punta en lo que hace a la precarización de los trabajadores”.
Última oradora del debate, la oficialista Rosana Bertone destacó: “Tenemos los argentinos un saber hacer en nuestros trabajadores que es impresionante, reconocido en el mundo. Tenemos creatividad, capacidad”. Al opinar que esta ley “viene a ratificar” eso, la fueguina señaló que “lo que queremos es favorecer a nuestra industria, a nuestros trabajadores”. “Bregamos para que tengamos un alcance mayor en el transcurso de 10 años, de más trabajadores en esta industria”, completó.
Puntos principales
El Gobierno nacional había suspendido la aplicación de la Ley de Economía del Conocimiento, sancionada durante la gestión de Mauricio Macri, y envió en el mes de febrero un nuevo proyecto a la Cámara de Diputados.
Tras negociaciones entre el oficialismo y la oposición, la iniciativa sufrió modificaciones y se dictaminó con consenso en las comisiones de Comunicaciones e Informática y Presupuesto y Hacienda, durante mayo pasado.
El proyecto facilita el ingreso de las PyMEs al régimen, en tanto que podrán acceder al mismo las empresas cuyo 70% de su facturación total del último año se genere a partir de estas actividades.
En la nueva norma ya no se habla de estabilidad fiscal, sino que se refiere a la “estabilidad de los beneficios” por el período de vigencia del régimen.
Las empresas beneficiarias podrán convertir en un bono de crédito fiscal transferible, por una única vez, el 70% de las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado al sistema de seguridad social. En tanto, ese monto podrá subir al 80% en el caso que las empresas contraten mujeres, personas transexuales, personas con discapacidad, entre otras.
Los beneficiarios de la ley también tendrán una reducción del 60% en el monto total del impuesto a las Ganancias.
Por otra parte, se dispone la creación de un “Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía de Conocimiento” y de un “Consejo Consultivo del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento”.
Tras un mes sin sesiones, la Cámara baja se reúne este jueves para aprobar proyectos consensuados. Tratará también la iniciativa de la nueva ley de Economía del Conocimiento.
Tras un mes sin sesiones, la Cámara de Diputados se reúne este jueves para debatir sobre tres proyectos que cuentan con consenso entre el oficialismo y la oposición: el proyecto para regular el teletrabajo, la creación de una campaña nacional de donación de plasma, y la iniciativa de la nueva ley de Economía del Conocimiento.
La sesión mixta, es decir, con algunos diputados presentes en el recinto y con la mayoría conectados virtualmente, comenzó a las 16:15. Previamente, el presidente del cuerpo, Sergio Massa, y los jefes de bloques mantuvieron reunión de Labor Parlamentaria.
El primer tema a tratar será el proyecto que busca regular la modalidad de teletrabajo, el cual obtuvo dictamen este miércoles luego de varias reuniones informativas con los distintos sectores. El interbloque Juntos por el Cambio firmó con disidencias parciales, mientras que el diputado Pablo Ansaloni (Unidad y Equidad Federal) presentó su propio dictamen.
La iniciativa incorpora a la Ley de Contrato de Trabajo el artículo 102 bis, por el cual se establece que “habrá contrato de Teletrabajo cuando la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios” sea “efectuada total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja, o en lugares distintos al establecimiento o los establecimientos del empleador mediante la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones”.
El proyecto prevé además cómo deberá ser pactada la jornada laboral; introduce el derecho a la “desconexión digital”; establece la manera en que el trabajador debe realizar el consentimiento y la reversibilidad en la modalidad; contempla la representación sindical; y dispone las responsabilidades de la autoridad de aplicación, que será el Ministerio de Trabajo, entre otros puntos.
En segundo término, la Cámara baja abordará la discusión sobre un proyecto para crear una campaña nacional de donación de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de Covid-19. Varias iniciativas se habían planteado en este sentido, pero el tema tomó relevancia a partir de un texto presentado por el jefe del bloque Frente de Todos, Máximo Kirchner, junto al presidente del bloque Pro, Cristian Ritondo, y el titular del Interbloque Federal, Eduardo “Bali” Bucca, entre otros legisladores.
Finalmente, Diputados buscará avanzar con la media sanción de la nueva Ley de Economía del Conocimiento. En febrero pasado, el Poder Ejecutivo había enviado a la Cámara baja el proyecto para modificar la norma -suspendida desde el 1ro. de enero-, y tras un debate de consenso con la oposición, obtuvo dictamen en mayo pasado.
La norma tiene por objetivo la promoción y el incentivo para las empresas con servicios basados en el conocimiento y la digitalización de la información.
Tratarán teletrabajo y donación de plasma, como así también buscarán convertir en ley el proyecto sobre Economía del Conocimiento.
Finalmente hubo acuerdo en Diputados para sesionar este jueves de manera mixta, con el fin de debatir dos proyectos que obtuvieron dictamen este mismo miércoles y otro que ya cuenta con media sanción y será convertido en ley: el de Economía del Conocimiento.
Los otros dos proyectos que irán por la media sanción son el Régimen de Teletrabajo, y la Donación de Plasma de Pacientes Recuperados de Covid-19, que necesitarán de los dos tercios del cuerpo para que se habilite su tratamiento. Obviamente lo tendrán.
En rigor, se trata de todos proyectos consensuados entre el oficialismo y la oposición, quienes se reunirán este jueves a las 14 en Labor Parlamentaria, donde definirán la modalidad de la sesión especial que tendrá lugar dos horas más tarde.
Con apoyo unánime, las comisiones de Comunicaciones e Informática y de Presupuesto y Hacienda avanzaron con el dictamen. De la reunión virtual participó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y funcionarios de la cartera.
Por Melisa Jofré
Con apoyo de todos los bloques, las comisiones de Comunicaciones e Informática y de Presupuesto y Hacienda de Diputados avanzaron con el dictamen favorable de la nueva ley de Economía del Conocimiento.
La norma, que tiene por objetivo la promoción y el incentivo para las empresas con servicios basados en el conocimiento y la digitalización de la información, quedó en condiciones de ser tratada en la próxima sesión virtual que se realice en la Cámara baja.
Sobre la base del proyecto enviado por el Gobierno nacional en febrero pasado, el Frente de Todos aceptó modificaciones aportadas por la oposición en negociaciones previas al encuentro virtual de este martes.
Asimismo, la versión del texto se mejoró en diálogo con los sectores involucrados, según informó María Apólito, subsecretaria de Economía del Conocimiento del Ministerio de Desarrollo Productivo, quien explicó los puntos principales de la propuesta. También participó de la videoconferencia el ministro Matías Kulfas.
El Poder Ejecutivo había suspendido la aplicación de la norma que se aprobó durante la gestión de Mauricio Macri -la cual debía entrar en vigencia el 1ro. de enero- y envió una nueva iniciativa al Congreso en el verano. El tratamiento del proyecto se vio postergado por la parálisis legislativa inicial que se produjo con el aislamiento obligatorio, decretado en el mes de marzo cuando arrancaba el nuevo período ordinario.
Tras un largo debate, diputados del oficialismo y la oposición coincidieron en avanzar con la nueva ley de manera rápida ya que, en medio de la crisis económica mundial por la pandemia del coronavirus, este sector tiene posibilidades de crecimiento con potencial generación de empleos y exportaciones.
El presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática, Pablo Carro (FdT), destacó que se trata de una iniciativa “que ha tenido muchísima escucha de todos los sectores” y en el cual se han “contemplado las sugerencias que nos acercó la oposición”.
“Tenemos un proyecto robusto, claro, que va a ser muy útil e importante en nuestra Argentina en el momento económico que estamos pasando”, agregó el cordobés. Además lo calificó como un “proyecto puente” que “busca saltar la grieta” y en el que “vamos a definir una política de Estado para los próximos 10 años”. Parafraseando al presidente Alberto Fernández, Carro dijo: “En los temas importantes, la mayoría de los argentinos opinamos lo mismo”.
Desde Juntos por el Cambio, Karina Banfi (UCR) enfatizó que “esta ley debe ser una ley que promueva el empleo calificado y la capacidad de generar recursos humanos que puedan ser exportables también”.
“Hablamos con las empresas, con las cámaras, con los programadores y desarrolladores”, destacó la bonaerense y negó -sobre un planteo del mendocino José Luis Ramón- que sea “una ley para las grandes empresas”.
Para la radical, este sector “va a crecer exponencialmente” y es fundamental acompañarlo. “Nos corre la necesidad de todo un sector que necesita invertir en la Argentina, y ahí es donde nos van a encontrar a nosotros, a Juntos por el Cambio”, añadió.
Durante la videoconferencia, que duró casi tres horas, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, destacó el “absoluto compromiso” del Gobierno con el sector de la economía del conocimiento, el cual “es muy importante, relevante, y tiene mucho para ofrecerle a Argentina en cuanto a capacidad de desarrollo para crear empleo altamente calificado y aumentar las exportaciones”.
El funcionario señaló que, sin duda, este sector “va a ser uno de los grandes protagonistas de esta década” y que, a partir de esta ley, se busca darle “mayores certidumbres y mayor inclusión”.
Kulfas valoró el “diálogo fructífero” y “espíritu colaborativo” con las empresas y los legisladores tanto del oficialismo como de la oposición para arribar a un consenso, al tiempo que consideró “fundamental tener la ley lo antes posible”.
El ministro remarcó que aún en medio de la pandemia, este sector tiene “posibilidades de crecimiento” porque “está cada vez más dinámico y generando empleo de calidad”.
Por otra parte, aseguró que cuando se suspendió la ley votada durante el macrismo, “no fue por un capricho, fue porque encontramos muchas dificultades y problemas operativos para ponerla en marcha”.
El titular de la cartera de Producción aclaró que “sin ánimos de polemizar” no coincidía con los radicales Luis Pastori y Luis Petri en que “la estabilidad fiscal sea el corazón de este proyecto”. “El corazón del proyecto es dar señales claras para la inversión aprovechando lo que tiene Argentina, que es un recurso humano altamente calificado. Aquí esta el elemento diferenciador”.
En tanto, sobre la creación de un Consejo Consultivo, Kulfas sostuvo que se necesita “tener un equipo técnico que nos permita entender con profundidad los proyectos innovadores y dinámicos del sector”.
Encargada de explicar los principales puntos de la iniciativa, María Apólito, subsecretaria de Economía del Conocimiento, subrayó que “hay PyMEs que hacen un esfuerzo muy grande en incorporar economía del conocimeinto en sus procesos productivos”, con lo cual les pareció “importante sumarlas, más allá de que no puedan presentar una facturación enteramente vinculada a estas actividades”.
Por otra parte, la funcionaria destacó el incentivo en las contribuciones patronales a aquellas empresas que incorporen mujeres; travestis, transexuales y transgéneros; personas con discapacidad y personas residentes de “zonas desfavorables y/o provincias de menor desarrollo relativo”, entre otras.
El proyecto
La nueva versión de la ley tiene como objetivo facilitar el ingreso de las PyMEs al régimen, en tanto que podrán acceder al mismo las empresas cuyo 70% de su facturación total del último año se genere a partir de estas actividades.
En la nueva norma ya no se habla de estabilidad fiscal, sino que contiene la “estabilidad de los beneficios” por el período de duración de vigencia del régimen.
Las empresas beneficiarias podrán convertir en un bono de crédito fiscal transferible, por una única vez, el 70% de las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado al sistema de seguridad social.
En tanto, ese monto podrá subir al 80% en el caso que las empresas contraten mujeres, personas transexuales, personas con discapacidad, entre otras.
Los beneficiarios de la ley también tendrán una reducción del 60% en el monto total del impuesto a las Ganancias.
Por otra parte, se dispone la creación de un “Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía de Conocimiento” y de un “Consejo Consultivo del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento”.
El ministro de Desarrollo Productivo participará este martes de un plenario de comisiones para explicar la modificación de una ley aprobada durante la anterior gestión, suspendida por el Gobierno actual.
Los diputados integrantes de las comisiones de Comunicaciones e Informática, que preside el cordobés Pablo Carro, y de Presupuesto y Hacienda, de Carlos Heller, escucharán este martes al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien expondrá sobre el proyecto del Ejecutivo que modifica la suspendida ley de Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.
El plenario funcionará por videoconferencia a partir de las 11 de este martes, reflotando una iniciativa que tiene por objeto reemplazar la Ley 27.506, cuya aplicación fue suspendida por este Gobierno.
El Poder Ejecutivo envió el 19 febrero pasado a la Cámara de Diputados un nuevo proyecto que contiene modificaciones a la norma, la cual busca incentivar la actividad de empresas que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización de la información.
“Resulta procedente realizar ciertas modificaciones con el fin de lograr una ley más progresiva, equitativa, federal y solidaria, que acompañe los propósitos de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva”, argumentó el Ejecutivo entonces.
Entre los principales cambios, la nueva versión no contiene la cláusula de estabilidad fiscal por diez años para las empresas; por el contrario, se establece una estabilidad de los beneficios por el período de duración de vigencia del régimen.
En este sentido, “se garantiza a las empresas adherentes que se les mantendrán las condiciones de los beneficios previstos en el régimen mientras se mantengan dentro del mismo y durante su vigencia”.
A su vez, “tampoco condiciona al Estado para la imposición de nuevos tributos, lo cual podría afectar las condiciones de equidad y justicia con otros sectores sociales y productivos”.
Por otra parte, el proyecto modifica la forma de calcular el beneficio proveniente de la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias, estableciendo un porcentaje de la alícuota vigente y no una reducción de la alícuota misma.
Otro de los cambios importantes es la limitación del ingreso al régimen a aquellas empresas que prestan “servicios profesionales”, las cuales deberán cumplir con la exigencia del 70% de exportaciones, y no podrán ser empresas sin facturación.
“Con esta exigencia se trata de limitar el ingreso a las empresas de este rubro, tratando de ajustar los parámetros que se acerquen a los objetivos de las actividades promovidas en lo que se entiende Economía del Conocimiento y de fomentar solo aquellas empresas que generen divisas y empleo de calidad”, fundamenta el Ejecutivo.
En tanto, las empresas beneficiarias podrán convertir en un bono de crédito fiscal transferible, por una única vez, el 70% de las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado al sistema de seguridad social.
También se fijan requisitos de ingreso, evaluación y permanencia en el régimen más exigentes, diferenciados según el tamaño de cada empresa y el grado de madurez de cada sector productivo.
Luego de suspender la aplicación de la norma, el presidente mandó a la Cámara de Diputados una nueva versión.
Tras suspender la aplicación de la Ley 27.506 de Economía del Conocimiento a fines de enero, el Poder Ejecutivo envió este miércoles a la Cámara de Diputados un nuevo proyecto que contiene modificaciones a la norma, la cual busca incentivar la actividad de empresas que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización de la información.
“Resulta procedente realizar ciertas modificaciones con el fin de lograr una ley más progresiva, equitativa, federal y solidaria, que acompañe los propósitos de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva”, argumentó el Ejecutivo.
Entre los principales cambios, la nueva versión no contiene la cláusula de estabilidad fiscal por diez años para las empresas; por el contrario, se establece una estabilidad de los beneficios por el período de duración de vigencia del régimen.
En este sentido, “se garantiza a las empresas adherentes que se les mantendrán las condiciones de los beneficios previstos en el régimen mientras se mantengan dentro del mismo y durante su vigencia”.
A su vez, “tampoco condiciona al Estado para la imposición de nuevos tributos, lo cual podría afectar las condiciones de equidad y justicia con otros sectores sociales y productivos”.
Por otra parte, el proyecto modifica la forma de calcular el beneficio proveniente de la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias, estableciendo un porcentaje de la alícuota vigente y no una reducción de la alícuota misma.
Otro de los cambios importantes es la limitación del ingreso al régimen a aquellas empresas que prestan “servicios profesionales”, las cuales deberán cumplir con la exigencia del 70% de exportaciones, y no podrán ser empresas sin facturación.
“Con esta exigencia se trata de limitar el ingreso a las empresas de este rubro, tratando de ajustar los parámetros que se acerquen a los objetivos de las actividades promovidas en lo que se entiende Economía del Conocimiento y de fomentar solo aquellas empresas que generen divisas y empleo de calidad”, fundamenta el Ejecutivo.
En tanto, las empresas beneficiarias podrán convertir en un bono de crédito fiscal transferible, por una única vez, el 70% de las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado al sistema de seguridad social.
También se fijan requisitos de ingreso, evaluación y permanencia en el régimen más exigentes, diferenciados según el tamaño de cada empresa y el grado de madurez de cada sector productivo.
