Debido a que el aislamiento social ya se extendió por más de siete meses y a causa de la crisis económica que se vio profundizada a raíz de la pandemia, la Legislatura porteña comenzará a debatir en los próximos días un conjunto de proyectos vinculados a asistir a los emprendimientos de la economía social y popular, entre ellos, el de la legisladora Laura Velasco y el presentado la semana pasada por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires.

Es así que Velasco explicó que una ley de asistencia a la economía social y popular debería incluir, cinco puntos básicos: la creación de un Fondo de Emergencia con recursos públicos y privados; el acceso al crédito para el desarrollo productivo; prioridad para estos emprendimientos en la provisión de bienes y servicios para la Ciudad; espacios físicos y subsidios en las tarifas de servicios públicos para el fomento de la producción; capacitación técnica para los trabajadores; y un Consejo Asesor conformado por representantes de las organizaciones que realice un seguimiento de la implementación de la ley.

Asimismo manifestó que “la acuciante situación que se vive en nuestros barrios, donde surgen y se desarrollan la mayoría de estos emprendimientos productivos frente a la imperiosa necesidad de ganarse el mango para sobrevivir, precisa una respuesta urgente” y remarcó que “por eso celebramos que el Ejecutivo porteño haya escuchado los reclamos y decidido avanzar en la sanción de una ley para la Economía Social y Popular”.

Al mismo tiempo que rememoró que bajo la consigna “Somos Esenciales”, las organizaciones sociales sostuvieron un reclamo de asistencia para el sector de la economía que menos resto tiene para sobrellevar la pandemia. “Fue a partir de estas demandas que nos pusimos a trabajar, desde la Legislatura porteña y junto a las organizaciones, en una propuesta que permita sostener estas fuentes de trabajo, que representan el único ingreso para miles de familias en la Ciudad de Buenos Aires”, aseguró Velasco.

“Nos referimos, en la mayoría de los casos, a las formas en que los sectores más vulnerados de la sociedad organizan el trabajo; cooperativas textiles, gastronómicas, y todo tipo de emprendimientos productivos y comerciales que también requieren asistencia financiera, económica, técnica y profesional para poder buscar alternativas y sortear de la mejor manera esta pandemia”, detalló y concluyó señalando que “vamos a seguir trabajando dentro de la Legislatura, en los barrios y en la calle, junto a las organizaciones sociales, para que este año el Fondo para la Economía Social y Popular sea ley”.

Debido a la crisis económica que atraviesa la Ciudad a raíz de la pandemia del Covid 19, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad  impulsó un proyecto de ley en la Legislatura porteña, a través del cual buscaran “potenciar el valor productivo de los barrios populares, organizar las bases de su actividad a través de la generación, el desarrollo y la sostenibilidad de miles de puestos de trabajo”.

Según precisaron desde esa cartera, el texto presentado “surge de la identificación de los sectores de la Economía Social y Popular con mayor potencial para crecer e integrarse a las cadenas de valor de la Ciudad, pero que hoy se encuentran funcionando por debajo de su potencial, en la informalidad o con barreras sistémicas que limitan su crecimiento: el acceso al financiamiento, el desarrollo de su capacidad productiva y pocos canales de comercialización”.

Es por ello que prevé la creación del Registro de Unidades Productivas de la Economía Popular y Social, que contempla a sectores como la actividad textil, elaboración de alimentos, logística, cuidados, construcción, comercio y de la economía verde, que tienen la capacidad de crecer y desarrollarse en el mediano plazo.

El mismo le permitirá a los inscriptos participar de los procesos de compras públicas del Estado a partir de la introducción de incentivos, buscando fortalecer las capacidades para su desarrollo autónomo luego del estímulo inicial. Podrán acceder a financiamiento mediante un programa que será lanzado a través del Banco Ciudad, el cual otorga líneas de crédito que les permitirá aumentar su capacidad productiva.

Además, se dispone la creación de un fondo público-privado a través de la constitución de un fideicomiso en el Banco Ciudad para financiar proyectos productivos, tendiendo un puente entre ambos sectores y otorgando la posibilidad a individuos y a Unidades Productivas de la Economía Social y Popular la posibilidad de acceder a nuevas formas de financiamiento. La iniciativa también plantea beneficios impositivos para facilitar la formalización laboral y propone una exención de ingresos brutos por un plazo de hasta tres años.

Al respecto de la medida, la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, María Migliore, explicó que “para nosotros la mejor política social es el trabajo, por eso buscamos fortalecer el desarrollo productivo de la economía popular, que involucra hoy a cientos de miles de personas en la Ciudad” e indicó que “esta ley otorgará herramientas para que este sector pueda crecer e integrarse a las cadenas de valor y así generar trabajo de manera sostenida”.

Asimismo precisó que “este proyecto de ley es una primera iniciativa para reconocer el valor de la Economía Social y Popular, derribar algunas de las barreras estructurales que enfrenta, potenciar su valor productivo, organizar las bases de su actividad e incorporarlas al ecosistema económico de la Ciudad” y aseveró que “estamos planteando un cambio de paradigma focalizado en impulsar el desarrollo productivo. Es necesario construir un marco normativo que acompañe a las trabajadoras y a los trabajadores populares que permita reconocer el valor que producen, achicar las brechas de desigualdad y generar desarrollo de abajo hacia arriba”.

En tanto el jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, remarcó que están “convencidos que el trabajo es la principal herramienta para el progreso. Y en la Ciudad hay miles de familias con energía y voluntad para emprender un negocio, abrir un local o comenzar un emprendimiento” y destacó que “cuando promovemos el desarrollo productivo de un barrio, contribuimos a que crezca la Ciudad”.

“Los vecinos necesitan y quieren trabajar y nosotros queremos acompañarlos y garantizar que haya más oportunidades. La Ley de Economía Social y Popular es un paso más hacia una Ciudad igualitaria”, concluyó.