En un extenso discurso, la senadora neuquina Nadia Márquez (LLA) sostuvo que la Ley Penal Juvenil actual es “es arcaica, vetusta y vieja. No sirve. No permite solucionar los problemas”, y apuntó contra el kirchnerismo: “Me muero si alguien dice que un chico de 14 o 15 años no entiende o no sabe que robar está mal”.

En su alocución durante la sesión del Senado de este viernes, la neuquina aseguró que se trata de un tema que “nos conmueve a todos y que lleva un largo debate” no solo dentro del recinto, sino de la sociedad. “La sociedad últimamente está más de forma más vehemente y convencida nos lo están pidiendo que modifiquemos la Ley Penal Juvenil que es arcaica, vetusta y vieja. Ya no sirve. No nos permite solucionar los problemas que estamos afrontando en la Argentina”, manifestó.

“Entiendo que hay muchas aristas y cada senador tendrá su postura sobre el tema, pero algunos son dignos de poder mencionar. Estoy sorprendida con las declaraciones del senador Capitanich”, apuntó y agregó: “Dice que la postura está basada en la doctrina social de la iglesia”. Esa línea, ironizó: “Yo creo que el Papa estos días resucitó y se murió varias veces cuando lo escuchaba porque decía que era ‘en la dignidad intrínseca del ser humano’”, y recordó que “lo dice quien forma parte de un gobierno que ha aprobado la Ley del Aborto que justamente no reconoce la realidad intrínseca del ser humano. Hoy parece que la nueva forma de matar, en este caso, a las personas por nacer es a través del aborto una nueva categoría es si sos deseado o no, si viniste en el momento indicado o no”.

Márquez consideró que “educar es poner límites. No estamos diciendo que un adolescente de 14 o 15 años es adulto. No, no lo es. Pero si comprende la criminalidad del hecho”. Así, cuestionó: “Algunos senadores daban estadísticas y comparaban la relación de la edad de imputabilidad en otros países que, dicho sea de paso, tenemos la edad más alta en comparación a Paraguay, Chile, Bolivia, pero comparaban los índices de homicidios y delitos”.

Al respecto, sostuvo que “no se trata de índices, así nosotros tuviéramos el más bajo, lo que se sanciona no es la cantidad de delitos que tengamos, lo que se sanciona es lo que está mal. Lo que se sanciona es si la persona ha cometido un delito”.

“Y lo primero que nos preguntamos es si la persona tiene consciencia de la criminalidad del hecho. ¿Sabe que la conducta está mal? Por favor, me muero si alguien hoy dice que un chico de 14 o 15 años no entiende o no sabe que robar está mal. Si en pleno uso de sus facultades ¿no sabe que robar está mal? Sí que sabe. ¿También sabe que pegarle al compañero y molerlo a palos en una casita ahí al costado cerca de donde está la escuela no es un delito? Por supuesto que saben que es un delito. ¿Saben que dispararle a alguien está mal? Si lo sabe”, planteó Márquez.

A su vez, aclaró: “No estamos centrados en el índice de delitos que tienen el resto de los países. Lo que nosotros nos centramos es que si la persona adolescente de 14 años, de 15 años, tiene comprensión de la criminalidad. Y sí, la tiene”, y comparó: “Así como también tienen esa consciencia de lo que está bien y lo que está mal en la religión católica del Estado argentino, se pueden confesar a partir de los 8 años, porque si el chico no tuviera consciencia de lo que está bien o mal, no necesita confesarse. Si tiene actitud para tener la consciencia de ir a confesarse es que sabe que eso está mal”.

“Hay cosas que están mal, que no son delitos penales, y otras situaciones y hechos que están mal y son delitos penales y a eso nos estamos abocando. Lo que sí tenemos que afirmar es que tienen consciencia de la criminalidad del hecho. De que hay una víctima del otro lado. Se les puede explicar y entienden el proceso penal. Entonces son imputables. ¿Por qué no bajar la edad a 12 o 13 años? Hagamos el mismo debate. Entonces nosotros tenemos que educar con límites que sean responsables de las consecuencias de tus actos”, ratificó.

Márquez puso como ejemplo un caso ocurrido en la provincia de Rio Negro en septiembre del 2022 cuando un adulto junto con un menor ingresó a la vivienda de un matrimonio y ejecutan a Lucas Valentini. “En octubre estaba declarada la imputabilidad y el sobreseimiento del chico de 15 años. Ese chico que no se castigó enseguida el delito sintió que no había peligro en cometer delitos por lo que siguió robando hasta que, lamentablemente, dos años después murió en su propia ley por un disparo”, relató.

“Lo que tenemos que debatir es cuál es el mensaje que queremos darle a los adolescentes. Sos responsable de tus actos porque también hay consecuencias en las familias que sufrieron el dolor, la pérdida del ser querido, el trauma, el momento vivido que deja marcas que difícilmente puedan borrarse”, afirmó la libertaria.

En tanto, apuntó: “Escuché a senadores kirchneristas que combatamos el narcotráfico, entonces empecemos por lo más mínimo y dejemos de hablar de consumo responsable. ¿Consumo responsable? Drogate y matate, pero de a poquito, dale. Parece que ese es el mensaje. Dejemos de hablar y de promover como si fuera algo bueno el consumo de drogas social o el consumo de marihuana medicinal”.

La libertaria recordó los casos de Lara Fernández de 17 años asesinada de un disparo en la cabeza por robarle “un miserable celular” en 2022 por un menor de 15 años; Jeremías Monzón también asesinado y torturado en el 2025 con 22 puntazos que le llegaron al corazón mientras lo filmaban y se burlaban en el 2025: “Los asesinos de 14 y 15 años. Ah no, pero son inimputables. El de 14 no entendía. Capaz al puntazo 20 quizás no se dio cuenta. ¿No se dio cuenta?”.

También recordó el caso de Joaquín Speroni de 13 años quien recibió en el 2023 un total de 18 golpes en su cabeza por parte de “un compañero de 13 años, el asesino”; Roberto Sabo de 45 años asesinado en 2021 en su kiosco que le dispararon para robarle, uno de ellos tenía 15 años; Isaías Mendoza de 15 años quien recibió una “terrible golpiza” en el 2025 que le produjo un daño neurológico severo; Uma Aguilera de 9 años asesinada en un intento de robo, “miserables. Falleció al recibir un tiro en la nuca por un menor de 17 años”; Kim de 7 años arrastrada en el auto por 15 cuadras por dos menores de 14 y 17 años que “prefirieron velar por su vida antes que por la menor”.

“No necesitamos conocer todas las historias que pasan para tener la entereza moral de sentarnos a venir a decir que vamos a acompañar este proyecto porque estamos convencidos que la conducta debe corregirse, queremos una sociedad mejor donde se promueva la educación y el trabajo. Hacemos esto por cada familia que llora a un ser querido que nunca va a recuperar y la justicia nunca va a poder sanar ese dolor. Nada llena el vacío de haber perdido a un ser querido. Que sea justicia y que sea ley”, cerró.

Con relatos desgarradores y lágrimas en los ojos de los familiares de víctimas de menores de edad, el Senado de la Nación dictaminó en la tarde de este jueves el proyecto que propone un nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.

La iniciativa fue debatida en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda. La misma logró la media sanción el pasado 12 de febrero en la Cámara de Diputados, por lo que el oficialismo pretende llevarla al recinto de la Cámara alta la próxima semana en una sesión que aún no fue convocada de manera oficial.

El flamante titular de la Comisión de Justicia, Gonzalo Guzmán Coraita, resaltó que la iniciativa tiene un “intenso recorrido en el Congreso”, y recordó que fue tratado en la Cámara baja en cuatro comisiones, entre julio de 2024 y mayo del 2025 se realizaron nueve reuniones formales de comisiones con la participación de 28 expositores especializados de múltiples disciplinas.

“El debate incorporó perspectivas jurídicas, médicas, criminológicas, neuro científicas e institucionales. Este recorrido robusto es el que da sustento al dictamen”, enumeró y sostuvo que “el Congreso de la Nación está pagando una de las deudas históricas que tenemos con el Régimen Penal Juvenil porque venimos de una ley de 1980 y han sido diversos los intentos legislativos para derogar este régimen por una ley que respete los estándares constitucionales que es el proyecto que tenemos en la mesa de trabajo”.

El salteño remarcó que el proyecto “respeta” los estándares internacionales en la materia y “establece de manera expresa los principios rectores que van a gobernar el sistema penal juvenil como el principio de legalidad, la proporcionalidad e idoneidad de las medidas restrictivas de la libertad, debido proceso legal, derecho de defensa técnica, plazos razonables, entre otros”.

“Este proyecto propone dar claridad, límites a las penas, respetar el principio de especialidad que debe gobernar, medidas socio educativas, sanciones alternativas. Todas medidas que permiten graduar la respuesta penal conforme a la gravedad del hecho y a la situación. Tenemos una tarea muy importante”, cerró.

Al tomar la palabra, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche, remarcó que los artículos 50 y 51 hablan de asignaciones presupuestarias para el Ministerio de Justicia y para la Defensoría General de la Nación.

En nombre del bloque de Unión por la Patria, la senadora Juliana di Tullio reclamó que la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, les había comunicado que no iba a haber oradores para el debate y que “no iban a aceptar otros oradores. Por eso no hicimos el pedido al plenario porque nos dijeron eso personalmente”, y cuestionó que “se le cercenó la palabra a quienes nos pidieron de venir a enriquecer el debate”.

"Ustedes no quieren debatir, quieren llevar de prepo un dictamen", denunció la bonaerense.

TENEMOS DICTAMEN DEL RÉGIMEN PENAL JUVENIL EN EL SENADO

La semana que viene lo vamos a convertir en Ley.

En la Argentina no puede haber más víctimas y familias destruidas ni impunidad de menores que se escudan en su edad para salir a delinquir y volver a su casa como si nada.…

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 19, 2026

El relato de los familiares de víctimas de menores de edad

El primer testimonio espeluznante fue el de Laura Fernández, mamá de Lara, quien relató que su hija a la edad de 17 años festejaba el año nuevo en Lomas de Zamora con sus amigos, cuando cuatro delincuentes los asaltaron. “Uno de ellos la agarró del cuello. Mi hija se resistió. Le pusieron una 38 en la nuca y automáticamente Martín Aguirre, de 15 años de edad, le efectuó un disparo. Lara cayó al piso inmediatamente”.

“Cuando llegué al lugar mi hija ya había fallecido hacía unos minutos. Lara estaba tibia. No me dieron la posibilidad de despedirme. No pude donar sus órganos. No le dieron la posibilidad de estudiar lo que ella quería. A ella le sacaron todas sus posibilidades, y se la sacó un menor de 15 años”, relató, y sumó que el menor se escapó de un instituto dos veces.

Fernández detalló que el asesino de su hija “está cumpliendo una condena porque se escapó con 16 años. Le dieron 5 años y en el 2029 esta persona va a estar en libertar”. Así, preguntó: “¿Se podría haber evitado? Sí, porque tenía antecedentes. Al mes de haber matado a Lara, mató a otro hombre para robarle el auto. La verdad que se podría haber evitado todo si hubiera cumplido una pena por los delitos que había cometido y tendría que haber estar detenido y no matando a Lara”.

“Está en sus manos que esta ley salga. Sabemos que no es retroactiva para nosotros, pero queremos evitar que otras familias pasen por lo que nosotros estamos pasando. Nosotros ya no tenemos cumpleaños, no tenemos navidades. A nosotros nos arruinaron la vida eternamente Estoy acá de pie porque tengo otra hija y le prometí a Lara que iba a poner mi grano de arena para que este país crezca”, planteó y pidió a los legisladores que sean empáticos y se pongan en sus lugares.

“Me encantaría que ustedes puedan entender que te arruinen la vida eternamente. A mí me mataron. Entiendo que hablen de niños y adolescentes y de la reinserción y estoy a favor de eso, pero piensen en las víctimas porque se debatió qué van a hacer con esos menores, pero nadie habla ni piensa en las víctimas. Para nosotros ya no hay justicia, eso tenemos que cambiar”, cerró.

FOTO: COMUNICACIÓN SENADO

Luego fue el turno de la mamá de Jeremías Monzón, Romina quien cuestionó: “Hablan de reinserciones, pero les exijo que me expliquen cómo hago para reinsertar a mi hijo muerto”, y les planteó a los legisladores que “esto no puede seguir pasando y eso está en sus manos”, al tiempo que aseguró: “Aquellos que se opongan a esta ley van a seguir con las manos ensuciadas con la sangre de nuestros hijos”.

A continuación, fue la intervención de Mariela Jesica Flores, mamá de Joaquín Sperani, quien recordó que el asesino de su hijo lo sacó de la escuela el 29 de junio de 2023, era compañero. “Lo llevó a cien metros a una casa abandonada y le dio muerte con un fierro. Le dio 18 golpes y siguió golpeándolo post mortem”, relató y precisó que el joven le dio a la policía “datos falsos que imposibilitó llegar al cuerpo de Joaquín. Nosotros encontramos el cuerpo tres días después”.

“No nos entra en la cabeza que fue su compañero que lo asesinó, que se dedicó a manipularnos. Cuando fuimos a la justicia nos encontramos que no nos podíamos presentar como querellantes porque el artículo 91 del Código Procesal de Córdoba nos impedía y el juez lo tuvo que declarar inconstitucional para que podamos presentar pruebas. Ahí empezamos esta carrera de lidiar con el Estado que no nos daba derechos”, contó.

La mamá de Joaquín señaló que “en este caso no se cumplió la igualdad ante la ley. No éramos considerados como víctimas. Nos fueron atando de pies y manos. ¿Cómo íbamos a reclamar justicia si no tenemos los derechos consagrados? En la práctica, la ley nos imposibilitó todo”.

“En sus manos está esto”, reiteró y cuestionó: “Cuando los escucho decir que ‘estos menores son niños y tienen derechos’, Joaquín también era un niño como su asesino y tenía derechos. Quiero igualdad para mi hijo porque este menor entró por una puerta y salió por la otra”.

En un tono de indignación expresó: “Encontrarme que en el Congreso dormían proyectos desde antes, ¿tanto tiempo se tardaron para tratar esto que me hubiese dado un poquito de derechos como mamá?”, y reclamó que el asesino de su hijo “está liberado en la sociedad y puede volver a matar porque el Estado no tiene políticas preventivas. Nuestro hijo pagó las consecuencias de este Estado fallido. Deben re sociabilizar de verdad y no mandarlo al entorno que ya está podrido”.

Flores les habló a los senadores para que consideren a las víctimas y victimarios y “dar una mirada como corresponde para que otras familias no se encuentren con murallas para llegar a la justicia porque nosotros quedamos en la impunidad. Mi hijo no va a tener justicia. Pido un Estado presente antes de que pasen las cosas con políticas preventivas y, si pasan las cosas, que esas familias tengan los derechos consagrados”.

FOTO: COMUNICACIÓN SENADO

En tanto, Nicolás Sabo, hijo del quiosquero Roberto Sabo, recordó que su padre fue asesinado en noviembre de 2021 en Ramos Mejía por un hombre de 29 años acompañado de una menor de 15, “por 10 mil pesos. La vida de mi papá para esa gente valía 10 mil pesos nada más. Esta gente no le importa nada porque esa persona ya había estado preso y subía estados a Facebook de que iba a salir con sed de sangre. La menor vendía droga junto con él denunciada por sus propios padres. Nadie se ocupó y la muerte de mi papá era evitable”.

“El Estado abandonó todo y no le importó nada porque como escuchamos en las discusiones son solo números. Yo perdí a mi papá a los 25 años y mi hermano a los 15. En el juicio le tuvimos que ver la cara a los asesinos. Él nunca pidió perdón ni se arrepintió. Les hizo fuck you a los presentes y son personas que no les importa la vida y no piensan en reincidirse”, relató.

Sabo les reclamó a los legisladores que “el pueblo les está pidiendo esto porque ustedes se deben a nosotros. Pedimos que nos escuchen a nosotros no a los victimarios. Se habla de los derechos de los niños de 15 años, mi hermano con 15 años enfrentó un juicio y les vio la cara a los asesinos y nadie se acercó a preguntar cómo estaba él y si necesitaba ayuda. Parece que nuestros derechos no importan”.

“Al asesino lo condenaron a cadena perpetua, la misma que tenemos nosotros porque yo a mi viejo lo extraño igual todo el tiempo”, expresó entre lágrimas y agregó: “En los testimonios es algo común que estamos pidiendo todos, que nos escuchen y empaticen con nosotros y que se termine esto demasiado lugar al asesino. Un niño que agarró un arma deja de ser un niño. Que deje de haber cadena perpetua para las víctimas y que se deje de pensar tanto en los derechos de los asesinos. Aboguen por nosotros que para eso los elegimos”.

Romina Bordón, mamá de Alan, quien fue a bailar y fue atacado por una patota a la salida del boliche. “Él llegó a despedirse de su hija de 2 años. En el hospital nos dijeron que tenía un golpe muy fuerte en la cabeza, una fractura de cráneo. Estuvo agonizando 20 días. El 18 de enero, en el aniversario de Fernando Báez Sosa, él falleció. Hay un solo detenido por el caso hasta ahora. No nos mostraron las cámaras del municipio ni los domo. Pedimos justicia y necesitamos que las leyes se hagan valer”, relató.

FOTO: COMUNICACIÓN SENADO

Karina Albarenga, mamá de Lautaro Padín, asesinado por una patota en pandemia tras una fiesta clandestina: “Mi hijo corrió por su vida ese día, pero no pudo lograrlo. Le dieron un piedrazo y le hicieron rotura de cráneo. Cuando cae se le abalanzan y lo empiezan a golpear. Le rompieron una costilla y le perforaron un pulmón. Recibió patadas en todo el cuerpo de entre 8 a 10 personas, mayores y menores. Hubo tres detenidos, uno era menor de edad. La familia de ese chico son todos delincuentes y se drogan”.

“Los asesinos de mi hijo recibieron 4 y 6 años, ya están libres. Pero no quiero que otra familia pase por lo mismo. Estamos atadas sin poder darles un descanso a nuestros hijos como corresponde. Ya deja de ser un niño de 15 años cuando salen a matar porque a mi hijo lo esperaron y sabían lo que iban a hacer. A mi hijo hasta le robaron todas las pertenencias y luego subieron todo a redes porque para ellos eso es un trofeo. También subieron el video de mi hijo corriendo. Mi hijo lamentablemente no tuvo justicia, pero no estuvo de mi lado”, precisó con angustia.

Con un nudo en la garganta y lágrimas en los ojos, Evelyn Mendoza -mamá de Isaías- expresó: “Nunca imaginé estar acá”, y comenzó su relato de lo que sucedió con su hijo. Un 24 de septiembre de 2025 recibió un mensaje de su hija diciéndole que le habían pegado a su hermano porque “no quiso entregar su asiento”.

“Isaías recibió ocho piñas letales en el estómago. Su profesora lo agarró de los brazos y él no pudo defenderse. Entró en un paro cardíaco, empezó a largar espuma por la boca y sangre por la nariz. Cuando entré al colegio, unos 20 minutos de que pasó, me encontré a mi hijo de 15 años tirado muerto. Le abrí los ojos y tenía sus pupilas chiquitas. No me ayudó nadie. Arrastré a mi hijo por las escaleras. Pedía que lo llevemos al hospital porque estaba sin vida. Apreció un patrullero y alcé como pude a mi hijo. En el hospital lo reanimaron 20 minutos”, detalló.

Y siguió: “Mi hijo tuvo una hipoxia aguda. Yo a mi hijo hoy lo tengo vivo porque le salvé la vida. Pero hace 135 días que no escucho su voz. Que no me puede abrazar. Que le hablo y solo me mira. Hace 135 días que nadie se acercó a preguntarme qué necesita mi hijo. Necesitamos 33 millones de pesos para acceder a un tratamiento de células madre para regenerarle el 70% del cerebro. El colegio se lavó las manos. A Isaías le faltaba dos semanas para recibirse de barbero y tenía un contrato con AFA. Mi hijo está en un estado vegetativo persistente, perdió el 70% de sus neuronas. No sé si me escucha. Está en una terapia intensiva. A mí me abandonaron y a mi hijo también”.

“No son menores, son monstruos. Basta, tienen que pagar y la sociedad no va a cambiar porque se siguen reproduciendo y son ustedes los que pueden parar con esto”, expresó.

Al cierre, habló María Eugenia Rodríguez Álvarez -mamá de Uma Aguilera-, quien recordó el espeluznante asesinato de su pequeña hija: “Nos cruzaron un auto. Efectuaron dos disparos y uno le dio en la cabeza a Uma. Me fusilaron a la nena. Vivimos la ausencia perpetua de Uma. No la vemos reír, no hay navidad, no hay cumpleaños. Todo se arruinó para nuestra familia”.

“Somos personal policial y vivimos con la constante culpa de no haber podido salvar la vida de nuestra hija. No quiero seguir teniendo un país así. Es muy difícil como familia poder enfrentar todo. Estamos acá porque necesitamos un cambio y pedimos por favor que piensen en todas las familias porque este sistema y leyes velan la seguridad del victimario. Queremos que los menores paguen por lo que hacen. No está bueno que entren y salgan porque cuando toman un arma saben y hoy más que nada por las redes y la tecnología están más avanzados que nosotros. Un nene de 10 años sabe que un arma mata”, insistió y concluyó: “Uma también era una niña. No vamos a poder bailar el vals con ella en sus 15. Vamos a tener que llevarle un ramo de flores a su tumba”, sostuvo.