La Legislatura de la provincia de Entre Ríos aprobó por unanimidad la ley 10.746 que establece el juicio por jurados para aquellos delitos graves cuya pena supera los 20 años, proyecto este fuere enviado por el ejecutivo provincial, dicha ley emanada del Congreso provincial fue aprobada por unanimidad, y -según se informó- por consenso de todos los bloques. Sin embargo y pese a que con ello se dice que se le da participación al ciudadano, la sociedad tomó conocimiento de la misma cuando ya el proyecto se había convertido en ley.

Si bien la Constitución Nacional en su artículo 24 determina que el Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus tramos, y el establecimiento del juicio por jurados.

El articulo 75 en su inciso 12 establece lo siguiente: “Dictar los códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería y del Trabajo y de la Seguridad Social”, y al final del mismo dice: “Y las que requiera el establecimiento de juicio por jurados”; o sea que no cabe ninguna duda de que la Constitución Nacional habilita el establecimiento de juicios por jurados.

Al respecto conviene realizar un análisis en relación a la implementación de esta institución.

En la Facultad de Derecho hay dos asignaturas en las que se analiza  la Constitución Nacional; ellas son “Derecho Constitucional”, en donde se estudia todo lo relacionado con las normativas que emanan de la Carta Magna, e “Historia Constitucional”, en la que se estudian los antecedentes constitucionales, como así también el pensamiento de los constituyentes del año 1853, en relación al fundamento y al espíritu del articulado del texto constitucional, en otras palabras, todo el pensamiento que llevó al dictado de la Constitución.

Se desprende del espíritu de los constituyentes que cuando incluyeron que el Congreso promoverá al establecimiento de juicios por jurado, el entorno social en que ellos se desenvolvían estaba compuesto por personas de una cultura a la que la población en general no había podido acceder y por ello pensaron que quienes compondrían el jurado, aunque no fueran idóneos en derecho, sí poseían una instrucción superior, o sea, que su pensamiento en relación a esto era elitista; por otro lado, los medios de comunicación eran conocidos por un núcleo no muy numeroso de la población; en otras palabras, no tenían el poder que hoy en día tienen.

En los debates preconstitucionales los constituyentes polemizaron arduamente sobre la conveniencia o no del establecimiento de juicios por jurado. Es por eso que lo dejan librado a criterio del Congreso Nacional, es así que en cumplimiento de lo que establece el artículo 75 en un inciso 12, el Congreso Nacional dictó los códigos como lo establece en el principio el mencionado inciso 12 del artículo 75; sin embargo, en los más de 150 años de vigencia de la Constitución Nacional, y pese a todas las reformas habidas, en ningún momento se estableció el juicio por jurados dado que ello tendría que haberse incluido dentro de los artículos a reformar o agregar en ellos el proyecto de establecimiento de juicios por jurado. No se hizo y por lo tanto los reformadores de la Constitución Nacional no lo debatieron, es decir que en los distintos proyectos no se veía la conveniencia del establecimiento del mismo.

Hoy vemos, a través de los medios, cómo se manipula a la opinión publica de manera que ante la presencia de un hecho delictivo grave se condena o se absuelve al imputado sin ni siquiera, que este haya sido indagado como establece el proceso judicial y, por supuesto, la opinión publica termina creyendo lo que los medios dan por cierto. Por lo tanto entiendo que no es garantía el juzgamiento que puedan hacer las personas llamadas a componer el jurado, sin poner dudas sobre la integridad moral ni la probidad de los mismos dado que los jurados estarán integrados por personas de bien, pero sí existe la duda de que ya los componentes puedan estar influenciados por los distintos medios. Tengamos en cuenta que un diestro abogado del fuero penal que se ha especializado en oratoria puede volcar la opinión de los jurados en favor de su defendido, más allá de que existe un fiscal que presentará el cúmulo de pruebas en contra del acusado ante el jurado, y que el abogado defensor tratará de destruir mediante sus argumentos o pruebas que presente, y la labor del juez será el de escuchar el debate, leer lo que dictaminó el jurado y pronunciar la sentencia.

Sin embargo, cuando quien juzga es el juez, que trabaja en la investigación conjuntamente con el fiscal, las autoridades policiales que investigan el hecho, los peritos y testigos, llega a la conclusión de la investigación donde dicta procesamientos o falta de méritos basado en las contundentes pruebas que tiene en sus manos y que ha analizado minuciosamente lo que los jurados no hacen. De ahí que los jurados pueden condenar a un inocente o declarar la inocencia de un culpable. Esto de acuerdo con la habilidad de fiscales o abogados defensores.

Para un abogado penalista resulta más sencillo convencer a un jurado que solo ha escuchado oralmente a testigos, como así también oralmente a las pruebas presentadas en el juicio; en cambio resulta más difícil que el letrado pueda confundir a un juez que ha estado en pleno contacto en forma individual con cada uno de los testigos, como así también, minuciosamente con las pruebas que han surgido de su investigación más las presentadas por el fiscal y el abogado defensor.

Quiero dejar aclarado que mi opinión contraria al juicio por jurados no cuestiona en absoluto la idoneidad y probidad de quienes fueron autores del proyecto presentado al Ejecutivo provincial; mi cuestionamiento es al instituto de juicios por jurado basado en mi experiencia de más de 25 años de ejercicio en la profesión dedicando 10 años de la misma exclusivamente al derecho penal, complementada con mis casi 11 años de ejercicio de la magistratura como juez de instrucción penal. Como así también por lo analizado en aquellos países donde hace muchos años se han aplicado los juicios por jurados, con groseros errores en el resultado de los procesos llevándose a imputados inocentes a cumplir larguísimas condenas, inclusive en aquellos estados donde está establecida la pena de muerte que muchas veces fue aplicada.

Si bien a pesar de todos los elementos de juicio los jueces se equivocan al juzgar, esa probabilidad es muy inferior a lo que puede darse a través de los juicios por jurado, dado que los jueces no están sometidos a la influencia de los medios de comunicación, como lo están los potenciales componentes de los jurados.

Entiendo que un buen Poder Judicial con incuestionable idoneidad, como ha sido reconocido por la Asociación de Magistrados Nacionales, al Poder Judicial de Entre Ríos, e incluso, haberse pronunciado como el de mayor probidad, entiendo que es suficiente como para garantizar la transparencia y el fortalecimiento de las instituciones democráticas como lo menciona el Ejecutivo Provincial. Téngase en cuenta salvo contados casos de corrupción proveniente de los propios jueces, en la mayoría de los casos ha sido el poder político que mediante acciones antidemocráticas y anti republicanas, ha presionado y corrompido a miembros del Poder Judicial, por ello la correcta fiscalización de la conducta de los jueces, como así también un Jurado de Enjuiciamiento, que sea designado con total imparcialidad, serán la garantía de tener una justicia independiente, idónea y de probidad garantizada.

Por ello entiendo que un juicio por jurados donde el juez fundamentalmente es un espectador que se limita a dictar la sentencia, no es garantía de un mejor funcionamiento de la justicia, y que por lo tanto pueda reemplazar a actividad judicial precedente.

Por otra parte, si realmente se le hubiera querido dar participación a los ciudadanos, ¿por qué no se le informó a través de los medios el proyecto de la ley? ¿Por qué no se abrieron debates, públicos, y por qué junto con la elecciones para las autoridades legislativas y ejecutiva, no se votó también por el sí o por el no a la ley, aunque la misma no fuera vinculante? Todo ello provoca en muchos ciudadanos, jueces y abogados, dudas sobre la bondad del juicio por jurados.

Edgardo R. Redruello es exjuez de Instrucción Penal