Al inicio del debate por la reforma a la Ley de Glaciares en la sesión de este jueves en el Senado de la Nación, desde el oficialismo cuestionaron que la normativa actual “está diseñada en favor de intereses de un país vecino y no de las provincias dueñas de los recursos”, por lo que el proyecto “armoniza la norma con lo que nos manda la Constitución Nacional y la Corte Suprema”.

Como miembro informante, la senadora chubutense Edith Terenzi en su calidad de presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, hizo un repaso de cómo fue el tratamiento del proyecto en el Senado. Así, recordó que el 5 de diciembre pasado el Ejecutivo convocó a extraordinarias, pero el proyecto de Glaciares recién ingresó diez días después. El día 16 de diciembre se hizo la convocatoria a comisiones para tratar el proyecto el día 17 de diciembre en un plenario para iniciar el tratamiento, a través de una nota suscripta por presidentes de bloques dirigida a la presidencia del Senado.

“En forma conjunta con el senador Flavio Fama nos sentamos con todos los equipos de trabajo para cumplir con una convocatoria lo más amplia posible a fin de tener en tan poco tiempo todas las voces que pudiéramos tener desde funcionarios del Ejecutivo a ambientalistas y representantes de organizaciones, gobernadores, abogados, cámaras mineras”, explicó y precisó que entre los fundamentos del proyecto señala que los mandatarios provinciales son quienes solicitaron la modificación de la ley vigente. Terenzi resaltó que el dictamen tuvo 19 firmas en total, dos de ellas en disidencia. “Tenía que explicar este procedimiento que llevamos adelante entre ambas comisiones para que se entienda”, cerró.

A continuación, fue el senador libertario Agustín Coto señaló que “luego de 15 años estamos resolviendo dudas que muchos senadores se planteaban en esta Casa y esto responde a una necesidad, no a una voluntad porque tenemos ganas”, y ratificó: “Estamos respondiendo a una necesidad”.

Respecto del artículo 1ero del dictamen, aclaró que “es igual al de la ley vigente lo que quiere decir que se preserva la protección de las reservas hídricas estratégicas porque es el objeto de la norma. Es valioso decir que el primer párrafo está para mantener lo que se está protegiendo”. Al respecto, indicó que se agregó una “armonización de la norma con el artículo 41 y 124 de la Constitución Nacional”, y recordó que el exsenador José Luis Gioja se preguntó por qué el dictamen de Diputados había omitido la referencia al artículo 124: “Estamos respondiendo con 15 años de distancia y estamos viendo si lo podemos enmendar”.

Coto explicó que “es materia de discusión armonizar la norma con lo que nos manda la Constitución y la Corte Suprema. Solo estamos cumpliendo con la manda que nos pide la CN y eso responde al agregado en el artículo 1. Estamos armonizando la normativa vigente”.

Sobre el artículo 2 que discute el inventario, Coto planteó que “se discutió en comisión y muchas de las modificaciones que se introdujeron ahora están basadas en ese diálogo. El inventario sigue estando, otro de los problemas que se plantearon en el 2010, tardó 8 años en producirse. El inventario tiene 17 mil entradas e incorporamos un principio precautorio para hacerlo valer y para que ese esfuerzo tenga valor. Se constituyó por la reserva hídrica. Es un inventario científico, que vale la pena valorar y le damos un rol importante”.

“El núcleo de esta discusión es el artículo 124 de la CN los recursos a las provincias. El inventario naturalmente se conformará según lo que las provincias soliciten retirar e incorporar. Lo que planteamos es que la autoridad jurisdiccional sea la que se encargue de la actualización eventual del inventario en materia técnica. El IANIGLA va a seguir siendo un organismo técnico como lo era desde que se creó con una perspectiva federal”, planteó.

El libertario recordó que el director del organismo estuvo procesado y citó las palabras del Dr. Villalba: “El inventario tenía que tener la función hídrica como función central. ‘Un suelo que se congela de forma temporaria, no es importante desde el punto de vista de reserva hidrológica no hay que protegerlo, hay que proteger los que son permanentes’”, y manifestó: “Acá estamos convirtiendo en ley lo que el científico más calificado del país en su momento recomendaba. Si acá hay una concesión es la ciencia”.

Al referirse al artículo 3 del principio precautorio, destacó: “Estamos consagrando este inventario, todo eso sigue estando allí y protegido. No está en discusión. No deja de ser un patrimonio del Estado y de las provincias. Nos permite administrar los recursos. Es una incorporación valiosa lo del inventario y es un reconocimiento al trabajo que se hizo en la norma original”.

Coto aclaró que el IANIGLA conservará la titularidad del inventario, no se lo desmantelará ni desfinanciará. “No se lo toca y se le da el valor científico. Las provincias podrán retirar o incorporar del inventario según criterios técnicos y científicos. Me parece valioso que se reconozca que las provincias no son somos salvajes y es una reivindicación histórica para quienes se quejaban de la ley original y unitaria”, explicó el fueguino.

“Hemos incluido este principio central del 124 que se había omitido en Diputados y, en lo que respecta al inventario, la participación de las provincias que va a ser determinante y, además, va a elevar el nivel de las provincias porque van a tener que estar a la altura de lo que pide la ley. Si no cuentan con la capacidad técnica van a tener que ir por él y cumplir con los requisitos”, planteó.

Sobre las actividades prohibidas, el senador libertario precisó: “Se mantienen todas las prohibiciones. En el artículo 6 se incorpora un criterio extra que es más restrictivo que el anterior. Estamos cuidando el agua. A su vez, incorporamos un criterio extra en materia de impacto ambiental de forma estratégica por parte de las empresas. Se subsana una falla del texto original que no lo tenía”.

“Se habló de distritos donde no tenemos controversia sobre este tema como Tierra del Fuego o Santa Cruz, pero para ser gráficos las autoridades competentes ahí son Parques Nacionales.  Es lo que hace a la intervención que tenga que hacer el Estado Nacional para lograr que IANIGLA incorpore una entrada a su inventario está más que claro en el texto”, aclaró.

Por último, Coto contó que en su provincia el glaciar Alvear se redujo en un 80% y hay “muchos peri glaciares. Son reservas hídricas que estamos protegiendo en esta ley. Estamos resolviendo un asunto que nos mandó la Corte y que este Senado planteó en todos los escenarios políticos entendiendo que, la ley que estamos modificando, iba a generar problemas en retroceso en materia federal que significaba, en el inventario”.

“En una normativa que parecía diseñada en favor de intereses en un país vecino y no en los intereses de los 24 distritos del país y, más aún, de las provincias que tienen esos recursos a la mano y pueden ser la posibilidad de desarrollo que tanto necesitan, y los beneficios indirectos que trae. Esa ley tan controvertida en este Senado de la Nación, quizás porque trató ese dictamen tan poco federal, hoy está siendo modificada en el recinto y es una deuda que teníamos”, expresó y cerró: “No estamos leyes porque tenemos ganas, estamos resolviendo un cuerpo normativo que se da de bruces con la Constitución Nacional”.

La senadora nacional Edith Terenzi y el diputado nacional Esteban Paulón escribieron una carta al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al presidente de la Nación, Javier Milei, respectivamente, solicitándoles de forma urgente que sume al temario de extraordinarias los proyectos que incorpora la figura de ecocidio al Código Penal.

La nota de la chubutense Terenzi refiere puntualmente a un proyecto de su autoría que entiende la figura de ecocidio como el daño irreversible o especialmente grave provocado sobre el ambiente, en violación de los presupuestos mínimos de protección ambiental. Así, explica que la solicitud “se funda en la grave crisis ambiental que atraviesan la cordillera y el bosque andino patagónico de la provincia de Chubut, como consecuencia de los incendios forestales de gran magnitud que se vienen produciendo y que ya han ocasionado daños irreversibles en los ecosistemas, afectando de manera directa no solo a las comunidades locales, sino también a quienes apuestan por nuestro territorio a través de diversas actividades turísticas, productivas, ganaderas y agropecuarias”.

Terenzi planteó que “estos hechos ponen de manifiesto la urgente necesidad de dotar al ordenamiento jurídico de herramientas penales adecuadas que permitan la prevención, sanción y reparación de conductas dolosas que generan daños ambientales irreparables. La incorporación de la figura de ecocidio a nuestro sistema jurídico constituye una clara manifestación del compromiso del Estado en la defensa del ambiente como bien jurídico fundamental y derecho humano”.

Por su parte, Paulón le envió su carta al Presidente quien también pide que se incluya de manera urgente en el temario de sesiones extraordinarias los proyectos vinculados a la declaración de la emergencia ambiental y a la incorporación de la figura de ecocidio en el Código Penal, debido a que “la Argentina no cuenta hoy con las herramientas institucionales, presupuestarias ni penales necesarios para enfrentar este tipo de catástrofes y la intervención del Estado Nacional es clave”.

“Esta situación hace imprescindible la intervención activa del Estado nacional, mediante políticas públicas excepcionales, asignación urgente de recursos y una coordinación integral que hoy está ausente”, manifestó.

A su vez, criticó que el Gobierno nacional “lejos de fortalecer la capacidad del Estado para prevenir y combatir estos eventos extremos. El proyecto de Presupuesto Nacional para el año 2026 prevé una reducción cercana al setenta por ciento (70 %) de los recursos destinados a la prevención y combate de incendios forestales en comparación con el ejercicio anterior. Esta decisión no solo resulta irresponsable, sino que vuelve prácticamente inviable cualquier planificación seria de políticas de prevención, debilita a los equipos técnicos y limita severamente la capacidad de respuesta ante emergencias de esta magnitud”.

CARTA ABIERTA A @JMilei: ANTE LOS INCENDIOS NO MIRE PARA OTRO LADO!

Frente al drama de los incendios, le pedí al Presidente de la Nación que incorpore los proyectos de Declaración de Emergencia presentados, incluyendo el aumento de emergencia para brigadistas y la inclusión del… pic.twitter.com/Koq8mGalHk

— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) January 28, 2026

Luego de que se reactivaran los focos de incendios forestales en la Patagonia, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical emitió un comunicado dirigido al Poder Ejecutivo de la Nación para pedir por la inclusión en el temario de sesiones extraordinarias del proyecto de ley que propone tipificar el ecocidio y las formas especiales de criminalidad ambiental para su incorporación al Código Penal de la Nación.

Además, el partidario centenario que tiene como titular al santafesino             Leonel Chiarella, impulsó una campaña solidaria de recolección de fondos destinada a la Federación de Bomberos Voluntarios de Chubut que comenzó la semana pasada en redes sociales y que lleva recaudado “más 7 millones de pesos”.

En línea con los reclamos de la oposición, señalaron en el comunicado que “la subejecución del Plan del Manejo del Fuego está en un 25% del presupuesto y representa aproximadamente 20.000 millones de pesos que dejaron de usarse para fortalecer al sistema nacional y a las jurisdicciones provinciales”. Por ello, exigieron informes sobre los alcances de la política ambiental y la ampliación de las partidas destinadas al Fondo Nacional de Manejo del Fuego. forestales.

En los últimos días ingresaron a Mesa de Entradas del Congreso de la Nación un proyecto de modificación del artículo 186 del Código Penal de la Nación para elevar las penas a quienes causen daños ecológicos. El texto lleva la firma de Sergio Capozzi, Gisela Scaglia, Alejandra Torres, María Inés Zigaran y José Núñez de Provincias Unidas; y del diputado formoseño Atilio Basualdo que integra La Libertad Avanza.

No obstante, en la Cámara alta, la senadora chubutense Edith Terenzi presentó un proyecto de ley para “tipificar el ecocidio y las formas especiales de criminalidad ambiental para su incorporación de modo sistémico al Código Penal de la Nación”. Además, lo define como “el daño irreversible o especialmente grave provocado sobre el ambiente en violación de las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental y sus reglamentaciones nacionales y provinciales, de manera que comprometa los derechos de las generaciones actuales y futuras”.

La legisladora alineada al gobernador Ignacio Torres propone penas que van de los tres a los diez años con multas que equivalen a 30 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. En la actualidad, serían poco más de 10 millones de pesos para quienes sean considerados culpables por la destrucción del medio ambiente de forma intencionada.

“La creciente degradación de los ecosistemas a escala global, regional y nacional exige una respuesta clara, contundente y eficaz del derecho penal, como última ratio de protección de los bienes jurídicos fundamentales, como el presente”, consideró la senadora chubutense con origen en el radicalismo.

Para terminar, sostuvo que “la necesidad de incorporar esta figura penal se basa en la gravedad del daño ambiental que determinadas actividades humanas provocan sobre los ecosistemas”, y concluyó: “Frente al colapso ecológico global y a la inacción de muchos actores estatales y privados, el reconocimiento del ecocidio como delito autónomo se vuelve no solo urgente, sino imprescindible”.

A diferencia de la Cámara de Diputados, donde se registró un número elevado de sesiones para un año electoral, la Cámara alta no tuvo una cantidad importante de sesiones. Más bien fue discreta la cantidad de sesiones realizadas en el período ordinario: 10 en total.

En efecto, durante el período que va del 1° de marzo al 30 de noviembre, hubo una decena de reuniones, incluida una sesión informativa, en la que el jefe de Gabinete de entonces, Guillermo Francos, dio su informe de gestión.

Durante esas sesiones un senador de Unión por la Patria registró 4 faltas, en tanto que la gran mayoría tuvo asistencia perfecta: casi el 70% de la Cámara alta.

Un total de 23 senadores registraron al menos una ausencia en las 10 sesiones del período ordinario, siendo el chaqueño Antonio José Rodas el que más faltas registró, con 4 ausencias. Cabe aclarar que el senador de Unión por la Patria tuvo problemas de salud que justificaron sus ausencias, habiendo sido internado en el mes de junio.

Tres senadores en tanto registraron 2 ausencias, según el relevamiento efectuado por parlamentario.com. Hablamos del salteño Juan Carlos Romero y el mendocino Rodolfo Suárez, dos ex gobernadores, y la chubutense Edith Terenzi.

Del oficialismo, solo la puntana Ivanna Arrascaeta registró un faltazo.

Entre los ausentes, Juan Carlos Romero y Rodolfo Suárez figuraron de licencia en una oportunidad.

A continuación, veamos el detalle general de este boletín de asistencias.

Humo y un paisaje de color gris, teñido por las cenizas y la vegetación quemada como consecuencia del paso del fuego en la Patagonia argentina, que desde fines de diciembre del 2025 se incendia y las llamas continúan arrasando miles de hectáreas a medida que se propagan, mientras los brigadistas y los bomberos luchan a contrarreloj para poder apagarlas.

“Ley de Ecocidio”, reclamó el gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres”, al Congreso Nacional, un proyecto que tiene estado parlamentario y fue presentado por una senadora de su provincia, Edith Terenzi.

Con ella dialogó parlamentario.com en medio de la dramática situación que atraviesa el sur del país, quien adelantó que impulsará “fuertemente en estos días” la iniciativa de su autoría que presentó el año pasado para que se incorpore el delito de ecocidio como tipificación en el Código Penal Nacional.

“El proyecto lo que hace es tipificar el ecocidio y otras formas especiales de criminalidades ambientales. Hay una definición de tipología, también hay un agravante si se produce alguna muerte”, precisó y adelantó que trabajarán para que pueda ser tratado en comisiones “lo más rápidamente posible”. La iniciativa tiene giro a las comisiones de Justicia y Asuntos Penales -como cabecera- y la de Ambiente y Desarrollo Sustentable que ella misma preside.

“A fines de enero y los primeros días de febrero vamos a tratar de, incluso, ver si podemos incorporarlo en las sesiones extraordinarias que el Ejecutivo probablemente convoque para febrero”, afirmó Terenzi a este medio.

La senadora aclaró que la redacción del texto “no surgió por los incendios en la en la Cordillera chubutense, esto es algo que veníamos pensando desde hace mucho tiempo. Primero, cuando sucedió el tema de Punta Tombo y los pingüinos (N. de la R: la “masacre” o “ecocidio de Punta Tombo” ocurrió entre agosto y diciembre de 2021 en una estancia privada lindera al Área Natural Protegida Punta Tombo, en Chubut. El responsable fue Ricardo Adolfo La Regina, un productor agropecuario que utilizó maquinaria pesada para abrir caminos y colocar un alambrado sin autorización ambiental, y en ese marco murieron más de 100 pingüinos de Magallanes durante la temporada reproductiva). Después nos acercaron el tema del Canal de la Patria en donde caían tantos animales y no había ningún tipo de protección y veíamos cantidad de osos hormigueros muertos en extinción, por ejemplo, por una obra que estaba sin terminar, sin las protecciones necesarias para la fauna de esa zona”.

Por otro lado, remarcó que el tema de prevención “corre por cuenta de la provincia y los municipios, sobre todo los municipios de la Comarca Andina, que son los que se ven afectados por este tipo de siniestros. La política de prevención de los municipios y de la provincia tiene que pasar por mantener lo más limpio posible todos los lugares que tienen cercanía con los bosques, eso también es un trabajo de los intendentes y los vecinos”.

Terenzi explicó que los incendios también se deben a “un combo de situaciones que se vienen dando, como por ejemplo la crisis de deficiencia hídrica más grande que hemos tenido en los últimos 60 años”, y detalló que este invierno, el centro de esquí de La Hoya, el más cercano a la a la ciudad de Esquel, no comenzó su temporada por falta de nieve: “Todo lo que tiene que ver con los deshielos que se producen con las nevadas en las Altas Cumbres, sabíamos que iba a traer consecuencias”.

La senadora chubutense destacó la labor del gobernador de la provincia que “desde el primer día que se desató el incendio en Puerto Patriada estuvo al frente del comité de emergencia en la zona de Las Golondrinas con todo su gabinete y desplegando todos los recursos”. En esa línea, ponderó la solidaridad de las provincias linderas como el avión 737 que envió la provincia de Santiago del Estero.

Como dato aparte, Terenzi explicó: “Hay que separar los incendios concurrentes, que hay en este momento, y de los incendios intencionales como el de la zona de Puerto Patriada porque se encontraron algunos elementos como acelerantes y demás que los está investigando, incluso una división especial de la Policía Federal Argentina”.

“Es absolutamente diferente del incendio que comenzó en el Parque Nacional Los Alerces que comenzó en el núcleo duro del parque que, por supuesto, está atendido por jurisdicciones diferentes porque el parque nacional es nacional, y el resto del incendio de Puerto Patriada está atendido directamente por el gobierno de la provincia”, diferenció.

Sistema Nacional de Manejo del Fuego

En otro tramo de la entrevista, Terenzi se refirió al Sistema Nacional de Manejo del Fuego, señalando que “en los últimos años hubo una sub ejecución de las partidas presupuestarias por parte del Gobierno nacional”, y precisó que “así ha sucedido en el 2024 donde hubo una sub ejecución con respecto a las partidas de asignadas al manejo del fuego del 2023, y lo mismo sucedió en el 2025 con una sub ejecución casi por arriba de 60 casi 70% de las partidas que están definidas”.

Además, respaldó el reclamo de los brigadistas nacionales que “es realmente es legítimo, es muy valedero el reclamo de salarios y de precariedad que tienen los brigadistas del servicio nacional en el manejo del fuego”.

También, la senadora denunció que hay “algunas personas, incluso algunos grupos bastante desestabilizadores, que hablan de las quemas intencionales para la venta de los de las tierras”, y aclaró que “las tierras de parques nacionales no se pueden enajenar, son justamente parques nacionales”.

“Las tierras de la provincia con bosque nativo están protegidas por la Constitución de la provincia del Chubut. Los bosques nativos son dominio del gobierno provincial, y cualquier modificación o cualquier definición o decisión que se tome con respecto a tierras con bosque nativo, necesita mayorías especialísimas como los cuatro quintos para modificar ese estatus”, explicó.

Terenzi informó que esto quedó redactado en la reforma de la Constitución de la provincia en 1994 cuando los recursos fueron definidos a nombre de las provincias. “La provincia de Chubut hizo especial hincapié en el dominio de sus bosques nativos, por lo tanto, hablar de venta de tierras que se quemen en la provincia por incendios, ya sea intencionales o no, es una es de una irracionalidad y de una irresponsabilidad extrema”, criticó.

Así, insistió que “el artículo 105 de la Constitución de la provincia del Chubut da el dominio exclusivo del bosque nativo a la a la provincia, y modificar una ley de bosques necesita las mayorías más especiales que tiene la Constitución de la provincia, que son los cuatro quintos del cuerpo legislativo provincial”.

Ley Nicolás: la única que el Gobierno no vetó

A modo de balance legislativo, la senadora destacó la aprobación de la Ley Nicolás que fue la única ley que el Gobierno nacional no vetó en el 2025. “Fue algo que decidimos ponernos al hombro y por la que reclamamos muchas veces en el recinto para que se incorporara al orden del día cuando teníamos una seguidilla de sesiones especiales, en donde los temarios los hacía el Poder Ejecutivo. Pedimos preferencias, sabíamos que teníamos dictámenes unánimes y no lográbamos que llegara al recinto, pero finalmente lo logramos y fue una gran satisfacción muy importante”, expresó.

Otra de las leyes que la senadora impulsó es la de Atrofia Muscular Espinal (AME), que cuenta con media sanción del Senado y espera su tratamiento en Diputados. “Logramos que el Senado tomara conciencia de la gravedad de la situación y de la necesidad imperiosa de pesquisarme para salvar vidas”.

“No es una cuestión presupuestaria, es una cuestión de vida o muerte”, planteó. La iniciativa tiene giro en las comisiones de Salud, de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda de Diputados, por lo que la senadora pedirá una reunión conjunta para tratar el tema. “Ojalá logremos la media sanción que falta. La verdad me parece que ese es uno de los trabajos más importantes que vamos a seguir a lo largo de este año”, manifestó.

Reforma Laboral y DNU de la SIDE

Por otro lado, Terenzi brindó su punto de vista sobre la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional cuyo dictamen será debatido en el mes de febrero. Al respecto, la senadora expresó preocupación por “la caída de coparticipación”, ya que “hay una fuerte disminución de recursos a las provincias. Es algo que estamos conversando con el gobernador y, por supuesto, con todo su equipo técnico económico. Vamos a ver qué decisión tomamos en los en los próximos días o por lo menos de aquí hasta que el proyecto sea tratado en el recinto”.

Con respecto al decreto de necesidad y urgencia que reforma la Ley de la SIDE, que despertó una gran polémica, la legisladora chubutense opinó: “Un DNU que está modificando una ley eso ya desde el inicio es una irregularidad muy grave, por lo tanto, creo que lo primero que tiene que suceder, y que estamos esperando que suceda, es que los presidentes de ambas cámaras convoquen a la reunión de la Bicameral de DNU para ver la validez o no. Sino, sucederá como en otras ocasiones que llegan directamente al recinto a pedido de algún sector político”.

El Senado inició este miércoles el debate sobre el proyecto que modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y el ambiente periglacial, en un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, presidido por el senador radical Flavio Fama y la chubutense Edith Terenzi (Despierta Chubut), quienes previamente habían sido confirmados al frente de ambas comisiones.

Pasadas las 14, se dispuso un cuarto intermedio hasta este jueves a partir de las 10 de la mañana.

Durante el encuentro, funcionarios nacionales presentaron los lineamientos de la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo y respondieron preguntas de los senadores. El proyecto propone otorgar a las provincias la potestad de evaluar los emprendimientos mineros, condicionada al cumplimiento de los presupuestos mínimos ambientales para la protección de glaciares y zonas periglaciales.

Edith Terenzi y Flavio Fama, titulares de las dos comisiones. (Foto Comunicación Senado)

El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, sostuvo que la propuesta “va a contribuir al desarrollo económico nacional, entre otras áreas, a través del desarrollo de la minería”. Explicó que el proyecto persigue dos objetivos principales: clarificar el Régimen de Protección de Glaciares y precisar las competencias en materia ambiental. Señaló además que se mejora la redacción del artículo primero para definir con mayor claridad el objeto de protección, sin alterar su contenido esencial, e incorporar un segundo párrafo vinculado a los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional, sobre ambiente sano, uso racional de los recursos y dominio originario de las provincias.

Por su parte, el subsecretario de Ambiente de la Nación, Fernando Brom, defendió la necesidad de modificar la norma al afirmar que la ley vigente genera “inseguridad jurídica y parálisis de inversiones”, afectando las competencias provinciales. Durante su exposición, aseguró que la iniciativa busca “terminar con la parálisis regulatoria, ordenar el Estado, respetar la Constitución y liberar las fuerzas productivas”, y subrayó que responde a planteos de las provincias que integran la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre. “El objetivo es restaurar el federalismo”, concluyó.

El debate se retomará este jueves a las 10, cuando será el turno de las cámaras empresariales y de las organizaciones ambientalistas, invitadas a exponer sus posturas sobre el proyecto.

A la baja actividad legislativa en el Congreso, hay que sumarle la falta de quórum de algunas reuniones convocadas: este miércoles, las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y la de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta debían reunirse en un plenario para abordar iniciativas, entre otros temas, relacionados a la protección de la fauna silvestre, pero no lograron el quórum reglamentario y no fueron abordadas.

La reunión conjunta estaba citada a las 13.30, pero trascurridos los 30 minutos reglamentarios de espera, la senadora chubutense Edith Terenzi, en su rol de titular de Ambiente y Desarrollo Sustentable, comunicó la caída del plenario. Una hora antes, esta comisión tampoco logró reunir quórum para pasar a la firma la declaración de "capital nacional del Pingüino de Penacho Amarillo" a la ciudad santacruceña de Puerto Deseado y a la especie arbórea Fitzroya Cupressoides, conocida como alerce, como monumento nacional histórico.

De la Comisión de Ambiente, solamente estuvieron presentes la presidenta Terenzi, Vilma Bedia, Pablo Blanco, Natalia Gadano, Fernando Rejal, Sonia Rojas Decut, Mónica Silva y Mercedes Valenzuela. Mientras que se ausentaron a ambas reuniones Martín Goërling Lara, Ezequiel Atauche, Stefanía Cora, Lucia Corpacci, María Eugenia Duré, Silvina García Larraburu, Celeste Giménez Navarro, Nora Giménez y Carlos Linares.

Del lado de Justicia y Asuntos Penales, fueron a la reunión el presidente Juan Carlos Pagotto junto a Beatriz Ávila, Carlos Arce, Pablo Blanco, Carolina Losada, Natalia Gadano y Carolina Moisés. Y se ausentaron del plenario Luis Juez, Carlos “Camau” Espínola, Eduardo Vischi, Lucia Corpacci, Sandra Mendoza, Juan Manzur, Sergio Uñac, Martín Doñate y Florencia López.

El temario a debatir en el plenario estaba compuesto por cuatro proyectos de ley relacionados a la protección y conservación de la fauna silvestre vinculado a la actualización de penas y montos en las infracciones. Los textos fueron impulsados por Silvina García Larraburu -ausente en la reunión-, por el salteño Sergio Leavy, la misionera Sonia Rojas Decut y la tucumana Beatriz Ávila.

Sobre los ausentes en el Salón Arturo Illia, hubo senadores que se encuentran en sus provincias y optaron por no viajar hacia la Ciudad de Buenos Aires esta semana. En cambio, hubo otros que decidieron atender otros compromisos: Goërling Lara estuvo presente en la cumbre del Pro a pocas cuadras del Palacio Legislativo; y las camporistas Eugenia Duré y Stefanía Cora encabezaron la reunión de la Comisión Banca de la Mujer celebrada temprano en el Auditorio Emar Acosta, donde también estuvo Florencia López.

Si se contabiliza la reunión ordinaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, más el plenario junto a Justicia y Asuntos Penales ya son tres las reuniones que se caen por falta de quórum esta semana en el Congreso: este martes, en la Cámara de Diputados, la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios tampoco reunió la cantidad de vocales necesarios para abordar dictámenes.

El Senado de la Nación le dio media sanción este jueves a una modificación de la Ley de Régimen para la detección y posterior tratamiento de patologías den el recién nacido, incorporando la atrofia muscular espinal.

La aprobación se consiguió por 70  votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Impulsada por la senadora de Chubut Edith Terenzi, esta iniciativa modifica el artículo 1 de la ley 26.279 de Régimen para la Detección y Posterior Tratamiento de Determinadas Patologías en el Recién Nacido. Incorpora la atrofia muscular espinal en el listado de enfermedades que deben ser parte de la pesquisa neonatal realizada a todo recién nacido.

La atrofia muscular espinal (AME) es un grupo de enfermedades genéticas raras que afectan principalmente a las neuronas motoras, las células nerviosas encargadas de controlar los movimientos voluntarios del cuerpo como caminar, respirar, tragar y hablar. Estas neuronas se encuentran en la médula espinal y en la parte inferior del cerebro. Cuando estas células mueren o se deterioran, los músculos se debilitan progresivamente y se atrofian.

El proyecto tenía dictamen desde octubre del año pasado y fue reactivado antes de que perdiera estado parlamentario.

En su artículo 1°, este proyecto establece que “a todo niño/a al nacer en la República Argentina se le practicarán las determinaciones para la detección y posterior tratamiento de fenilcetonuria, hipotiroidismo neonatal, fibrosis quística, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita, deficiencia de biotinidasa, retinopatía del prematuro, chagas, sífilis y atrofia muscular espinal; siendo obligatoria su realización y seguimiento en todos los establecimientos públicos de gestión estatal o de la seguridad social y privados de la República en los que se atiendan partos y/o a recién nacidos/as. Toda persona diagnosticada con anterioridad a la vigencia de la presente ley queda incluida automáticamente dentro de la población sujeta de tratamiento y seguimiento”.

Dado que los presidentes de bancadas acordaron un debate conjunto con el tratamiento de la Ley Nicolás, no hubo otras exposiciones más que la de la senadora chubutense Edith Terenzi, quien señaló que "lograr pesquisar AME va a mejorar la vida de muchos niños y ojalá mucho sean detectados a tiempo porque necesitamos política de Estado en salud pediátrica que siempre va a ser prevenir".

Este miércoles estaba en agenda un plenario de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca; Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Justicia y Asuntos Penales del Senado para debatir el proyecto sobre trazabilidad de la pesca y acuicultura para poder dictaminar, pero el encuentro fue suspendido.

Según explicó la titular de la Comisión de Ambiente, la senadora chubutense Edith Terenzi, decidieron levantarla porque “muchos senadores nos solicitaron una nueva ronda de sugerencias. Vamos a presentar el proyecto en el Consejo Nacional Pesquero para introducirle modificaciones necesarias para que Argentina pueda colocar con excelencia sus productos en el mundo”.

“Vamos a iniciar una ronda de conversaciones y de explicación nuevamente del proyecto y de aquel dictamen al que llegamos con tantas sugerencias del proyecto original. Vamos a iniciar una nueva ronda para que los funcionarios relacionados con el área de pesca de cada provincia que están en el Consejo Nacional Pesquero para abrir el proyecto y trabajarlo todos juntos”, explayó.

Por otro lado, la comisión que preside pasó a la firma tres proyectos de ley. Uno de ellos declara capital nacional del Cóndor Andino a la localidad 28 de noviembre. La autora de la iniciativa, la senadora Natalia Gadano (Por Santa Cruz) explicó: “Esta iniciativa surgió en el marco de la feria internacional donde se acercó el referente de la Asociación Somos Huellas Patagónicas y nos comentó sobre el trabajo que vienen haciendo hace años. En el Senado hubo dos presentaciones anteriores de senadoras ya mandato cumplido. Desde el año 2012 vienen trabajando con diferentes censos y el último se h izo en semana santa en 2025 y dio un 134% ejemplares en un radio de 80 kilómetros cuadrados de la localidad de 28 de noviembre que queda en el suroeste de la provincia de Santa Cruz y su paisaje es cordillerano. Es pode colaborar para impulsar el desarrollo turístico del lugar a través de este proyecto”.

Luego, se trató el proyecto que declara a la localidad de Puerto Pirámides, provincia del Chubut, "Capital nacional de la ballena franca austral", cuya autoría es de Terenzi quien detalló: “Se trata de un proyecto que venimos impulsando desde la Cámara de Diputados desde el 2018”.

“La Península de Valdés fue declarada en 1999 patrimonio de la UNESCO y tiene una riqueza ambiental y de biodiversidad importante, se suma mucha flora y fauna relacionada a la zona y se suma este ejemplar magnífico que es la ballena franca austral que visita la Península de Valdés todos los años para iniciar su ciclo reproductivo”, informó.

La chubutense contó: “Se calculan alrededor de 2000 ballenas francas en la zona del Golfo y, aproximadamente, un nacimiento anual de 400 cachalotes. La localidad de Puerto Pirámides está directamente ligada a la ballena franca austral porque es el único Puerto en la Península de Valdés habilitado para hacer los avistajes de ballena franca”.

“La verdad que es una es una iniciativa que pone en valor declarar la capital de ballena franca la localidad de Puerto Pirámides, pone en valor todo el esfuerzo y el perfil conservacionista que sostiene desde hace muchos años la provincia del Chubut y que los chubutenses, incluso, estamos muy orgullosos de tener en nuestro territorio un patrimonio de la humanidad como es la Península de Valdés”, cerró Terenzi.

Por último, se pasó a la firma un expediente de la senadora María Victoria Huala que declara monumento natural, en los términos del art. 8 de la ley 22.351, al venado de La Pampa o ciervo pampeano.

También se le dio tratamiento a un paquete de proyectos de declaración y resolución, entre ellos uno de la senadora Vilma Bedia (LLA) que expresa preocupación por la creciente cantidad de incendios forestales que afectan a la Argentina y a la región sudamericana.

“Este proyecto es poner en énfasis y seguir replicando esto. Es necesario seguir preocupados en esta área que nos invade a cada una de las provincias y tenemos que seguir cuidando nuestra naturaleza. No es posible hacer este caso omiso del resguardo, de la preocupación y negligencia y todo lo que corresponde a cada institución. Espero que podamos tomar conciencia de la importancia en esta cuestión”, explicó Bedia.

De la vereda de enfrente, el senador radical Pablo Blanco le planteó: “Coincidimos plenamente en este proyecto sobre incendios. Sería importante que, ya que los propios senadores oficialistas presentan proyectos, que convenzan al Ejecutivo Nacional que se apliquen los fondos de combate contra incendios y no los tengas a efectos de un superávit fiscal y apliquen los recursos que corresponden”.

Bedia le replicó: “Creo que cada uno desde el Gobierno tiene esa preocupación, pero la cuestión está en que las provincias sean realmente las que se hagan cargo de los gastos necesarios para esas áreas y no sean gastados para otros lados. Si los fondos van al lugar que corresponde, no estaríamos tan preocupados. Es necesario tomar conciencia de la función de cada funcionario de las provincias”.

En ese momento, la titular de la comisión le aclaró que la cuestión de incendios está bajo la órbita del Servicio Nacional del Manejo del Fuego: “Significa que está bajo la órbita del Poder Ejecutivo lo que está sucediendo es que no están bajando los fondos específicos que tienen afectaciones específicas, eso no está sucediendo”.

Como todos los miércoles, el Congreso de la Nación amanece vallado y con un despliegue policial para detener la marcha de los jubilados que se acercan hasta allí para reclamar por aumentos. Al respecto, la senadora nacional y titular de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, la chubutense Edith Terenzi, se quejó de la situación y afirmó: “No pude ni llegar a mi oficina”.

En el inicio de la reunión de la comisión que preside expresó: “Necesito decir algo que no tiene nada que ver en absoluto con la comisión y pido disculpas, pero la verdad que me molesta muchísimo y me aflige el operativo de seguridad que tenemos alrededor del Congreso”.

“El Congreso totalmente vallado por dos o tres manzanas por una manifestación de jubilados. No pude ni llegar a mi oficina. Me parece un exceso absoluto”, cerró su comentario.

La reunión plenaria entre las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado no logró reunir el quórum reglamentario y el debate por los proyectos de las obligaciones y procedimientos para el plan de cierre de minas no se llevó a cabo. Además de Unión por la Patria hubo un radical que no asistió.

Pasados los 30 minutos de las 17, hora de la cita en el Salón Arturo Illia, el titular de Minería, Flavio Fama, confirmó la caída de la reunión por no lograr la presencia de 19 senadores. Sergio Uñac, Oscar Parrilli, Lucía Corpacci, Silvia Sapag, Segio Leavy, Carlos Linares, Alicia Kirchner, Jesús Rejal, José Rodas, Silvina García Larraburu, Nora del Valle Giménez, María Giménez Navarro y Eugenia Duré fueron las ausencias del interbloque Unión por la Patria.

Por su parte, del lado de los bloques oficialistas y aliados, el ausente fue el senador radical Eduardo Galaretto. Según las palabras de Fama, el radical no llegó a tiempo al Palacio Legislativo por un “problema de tránsito”.

Los proyectos del temario de esta reunión plenaria fueron impulsados por Corpacci, Uñac, Fama y Rodas. La idea era debatir respecto a un plan de presupuestos mínimos de protección ambiental en el cierre de minas.

Al término del plenario, también se iba a reunir la Comisión de Minería, Energía y Combustibles en reunión ordinaria para tratar proyectos de ley de fomento a las inversiones de petróleo y gas convencional del santacruceño José María Carambia, y otro de regalías mineras del catamarqueño Flavio Fama.

En el marco de las cuestiones de privilegio, la senadora chubutense Edith Terenzi presentó dos, por leyes a punto de perder estado parlamentario. Primero se refirió a tres de ellas, por las que hizo su cuestión de privilegio contra el presidente de la Nación, Javier Milei y su jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Son la Ley Nicolás; la que reglamenta el ejercicio de la profesión de los acompañantes terapéuticos, y el protocolo de atención temprana del abuso sexual infantil.

Recordó habérselo pedido personalmente al jefe de Gabinete, ante quien explicó que se trataba de leyes “muy importantes, que no podíamos dejarlos caer y que los tuviera en cuenta para un eventual llamado a extraordinarias”. Durante ese encuentro, en presencia de la presidenta del Senado, y remarcó que en esa oportunidad le explicó que “eran muy importantes, no podíamos dejarlos caer y que los tuviera en cuenta para un eventual llamado a extraordinarias”.

Formalmente hizo esa solicitud más adelante por nota al jefe de Gabinete,  insistiendo con la urgencia en el tratamiento de las cuestiones que se tratan. Le indicaron que primero lo conversara con el ministro de Salud, a quien acudió entonces y que le preguntó sobre la incidencia presupuestaria de esas iniciativas.

“Seguimos haciendo los deberes; me junté con mi equipo, con la Oficina de Presupuesto del Congreso, y ninguno de los tres proyectos tiene costo”, explicó.

Mandó esos datos al Ministerio de Salud, pero finalmente los temas no fueron incluidos en el temario y están por perder estado parlamentario. “Significa que la agenda de la gente tampoco importa. Ni el tiempo y el esfuerzo de la gente que está detrás de la Ley Nicolás, que cambió el dolor por acción positiva; ni que miles de acompañantes terapéuticos van a continuar trabajando sin tener una ley que los proteja, y lo que es más grave, sus pacientes, grupo absolutamente vulnerable, se queda sin esa asistencia profesional”, expresó Terenzi.

Ella habló entonces de “silencio, desidia, desinterés”.

Luego pronunció una cuestión de privilegio contra el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche. Tras aclarar que no tenía nada personal contra él y ya se lo había aclarado, le reprochaba no haber atendido sus pedidos para armar un plenario para tratar el proyecto que crea el área protegida marina bentónica Agujero Azul. Como presidenta de la Comisión de Ambiente, ella había tratado la media sanción en reuniones informativas, con la presencia de organizaciones ambientales, y hasta representantes del Poder Ejecutivo.

Luego hicimos lo que haría cualquier senador, que era pedir un plenario de comisiones. Tres veces le preguntó a Atauche sobre el tema, sin que éste le contestara, se quejó.

“Se siente impotencia”, resumió la senadora chubutense, que como último esfuerzo pidió apelar al artículo 107 del reglamento del Senado, para hacer un requerimiento por retardo. “Parece extemporáneo, pero lo hacemos”, concluyó, a sabiendas de que los cuatro proyectos caerán este viernes.

Se realizó este miércoles una prolífica reunión de senadores en la que se avanzó con los dictámenes correspondientes a la Ley Nicolás y un proyecto que incorpora la atrofia muscular espinal al régimen para la detección y posterior tratamiento de determinadas  patologías en el recién nacido.

En el inicio se desarrolló un breve plenario de las comisiones de Salud y de Legislación General, en el que sin discursos se resolvió avanzar con la firma del dictamen del proyecto de ley sobre calidad y seguridad de la atención sanitaria, también conocido como Ley Nicolás, que ya cuenta con media sanción del Senado y quedó habilitado finalmente así para llegar al recinto.

Recordemos que días pasados ya se había realizado una primera reunión sobre el tema -en este caso informativa- oportunidad en la cual Gabriela Covelli hizo una conmovedora exposición en la que contó con crudos detalles el calvario de su hijo, Nicolás Deanna, que terminó falleciendo y se convirtió en el caso testigo que dio lugar a este proyecto.

“Todos tuvimos la oportunidad de escuchar a la mamá de este joven, pudimos entender de qué se trataba la ley y la idea es poder escuchar la opinión de cada senador y luego tratar de sacar dictamen”, señaló la presidenta de la comisión, la catamarqueña Lucía Corpacci. Además, aclaró que no se trata de un proyecto que tienda a ser “punitivo para el personal de salud”, sino que “le da un marco normativo para unificar criterios ante determinadas situaciones. No tiene nada que ver con mala praxis, nada contra el personal de salud. Se busca con el proyecto proteger con recursos de formación y protocolo al paciente y los trabajadores”.

Concluido el plenario con Legislación General, continuó reunida la Comisión de Salud, que escuchó con atención a una delegación de médicos del Hospital Garrahan que detallaron la grave situación que viven los trabajadores de ese nosocomio.

Luego se pasó a analizar una serie de proyectos de comunicación y declaración, entre ellos un pedido de informes sobre la Ley 27.351, sobre Derechos de las Personas Electrodependientes. Al respecto, la senadora santacruceña Alicia Kirchner expresó su preocupación por las prioridades sobre las políticas públicas, y en el caso puntual de los electrodependientes, explicó que esos pacientes “se juegan la vida”, por ser ellos “hipervulnerables”. “Me da mucha tristeza esto”, confesó, detallando que a números de 2024, la cifra de electrodependientes asciende a 10.946, y resaltó que “es necesario darle apoyo a estos proyectos, porque es fundamental defender a quienes por distintas circunstancias necesitan subsiidios especiales y además que no se corte la luz”.

Previamente la senadora tucumana de UP Sandra Mendoza preguntó por el tema ludopatía, a lo que Lucía Corpacci explicó que con ese tema y tantos otros está sucediendo que los proyectos van a varias comisiones, ante lo cual “estamos tratando de aunar las comisiones para  poder tratarlo”. Expresó así su “compromiso y deseo” de tratarlo a la brevedad.

Por último, se firmó dictamen a un proyecto presentado por la senadora chubutense Edith Terenzi, por el cual se modifica el artículo 1° de su similar 26.279 (Régimen para la detección y posterior tratamiento de determinadas patologías en el recién nacido), respecto de incorporar la atrofia muscular espinal.

En su artículo 1°, este proyecto establece que “a todo niño/a al nacer en la República Argentina se le practicarán las determinaciones para la detección y posterior tratamiento de fenilcetonuria, hipotiroidismo neonatal, fibrosis quística, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita, deficiencia de biotinidasa, retinopatía del prematuro, chagas, sífilis y atrofia muscular espinal; siendo obligatoria su realización y seguimiento en todos los establecimientos públicos de gestión estatal o de la seguridad social y privados de la República en los que se atiendan partos y/o a recién nacidos/as. Toda persona diagnosticada con anterioridad a la vigencia de la presente ley queda incluida automáticamente dentro de la población sujeta de tratamiento y seguimiento”.

Al explicar su iniciativa, Terenzi contó que la atrofia muscular espinal, también conocida como AME, es una enfermedad hereditaria degenerativa y discapacitante. Se trata de una mutación de u n gen, poco frecuente y es la principal causa de muerte de origen genética en la infancia.

“El gen defectuoso que causa esta enfermedad es portado por una de cada 50 personas. Es asintomático. Cuando dos personas que lo tienen procrean, la posibilidad de que tenga ANE es una certeza”, explicó la senadora de Despertar Chubut. Agregó que “esta neurona hace funcionar el cuerpo, produce una proteína que controla los nervios para darle fortaleza a los músculos del cuerpo”.

Explicó la senadora que hay cuatro tipos de AME. El tipo 1 es el más frecuente. Afecta a 3 de cada 4 nacimientos con AME; los síntomas se manifiestan antes de los 6 meses de vida. Genera problemas en los bebés para succionar. Con el paso de los meses, el deterioro va provocando un acortamiento crónico de los músculos y tendones, y el niño no puede estar sentado sin ayuda. La expectativa de vida para esos casos es de dos años de vida, si no tienen asistencia.

Contó Terenzi que el AME tipo 2 es más moderada. Se agrava si no accede al tratamiento urgente. Síntomas: los pacientes pueden sentarse con ayuda, pero a veces no logran pararse. Esos síntomas surgen entre los 6 y 18 mese de edad; suelen convivir con problemas respiratorios, y la expectativa de vida es mayor: llegan a adultos, con muchos cuidados.
La tercera es la más leve. Los que lo padecen, se pueden parar sin asistencia, pero no correr, no pueden subir escaleras. Tienen una expectativa de vida equiparable a una persona sin AME.

El AME tipo 4 es poco común, es el más leve y los síntomas aparecen a los 21 años. El que lo padece puede desarrollar una vida normal.

La senadora sostuvo que hay tratamientos que se pueden hacer y el desafío con esta enfermedad es reconocerla a tiempo para evitar que avance. “Esto es clave para poder frenarla a tiempo”, enfatizó. Y agregó que “con una gota de sangre podemos encontrar si existe AME; si hay un diagnóstico positivo hay tratamiento.

Aclaró que “también el Estado se está haciendo cargo de los tratamientos, a través del plan Surge. Estamos proponiendo algo que ya se está aplicando, pero es necesario acortar los tiempos. Que no se haga el diagnóstico a los 9 meses de vida, porque a  lo mejor llegamos tarde. Hay que buscar acotar la ventana de tiempo para acotar esa ventana de vida”. Y concluyó: “Siempre decimos que donar salva vidas, en este caso, pesquisar también salva vidas”.

Se refería a las pesquisas neonatales, y al respecto el senador Guillermo Andrada se refirió a la Ley 26.279 de pesquisa neonatal, y abogó por sumar nuevas enfermedades a los análisis en las primeras semanas de vida.

El Salón Arturo Illia del Senado fue escenario este miércoles de un plenario de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y de Presupuesto y Hacienda, que continuaron el análisis del proyecto de ley que crea el área marina protegida bentónica “Agujero Azul”, que ya cuenta con media sanción de Diputados y que este año podría perder estado parlamentario.

Fue una reunión informativa, de la que tomaron parte representantes del Poder Ejecutivo y representantes de Intercámaras (entidad que agrupa a las Cámaras Empresarias CEPA, CAPECA, CAPA, CAIPA, CAABPA, AEPC, UDIPA, CAFREXPORT Y CAPIP), todos los cuales expresaron sus fuertes reservas respecto de la implementación de esta iniciativa. Cuando no las críticas abiertas hacia una iniciativa que, sobre todo desde el sector empresarial, ven con ojos críticos.

Presidenta de la Comisión de Ambiente, la chubutense Edith Terenzi resaltó que ya hubo otras reuniones informativas, habiendo participado de la última organizaciones no gubernamentales, mientras que reservaron para esta jornada el espacio para representantes del Ejecutivo. “Pretendemos con mucha responsabilidad hacer de este debate lo más abierto y plural posible”, expresó la senadora Terenzi.

En primer lugar expuso el ministro Gabriel Herrera, coordinador de Política Oceánica y del Atlántico Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien planteó cuáles han sido las principales observaciones que Cancillería que vienen planteando desde 2022 sobre el proyecto. Consideran que el mismo requiere mayor análisis y estudio, por cuanto en principio “no hay información científica suficiente que justifique la extensión del área y que se le asigne la mayor categoría de protección”.

Señaló que se trata de un área de interés científico “enorme, de enorme riqueza, pero no se cuenta con información científica que permita determinar qué es lo que queremos proteger, para qué queremos protegerlo y de qué queremos protegerlo”.

Herrera agregó que en el área proyectada subsiste un régimen jurídico con dos normas diferenciadas. En la columna de agua, hay libertad de navegación y pesca; en la plataforma continental, se aplica el concepto según el cual la Argentina goza de derechos soberanos para la explotación sobre el lecho y subsuelo, “lo cual genera desafíos y posible colisión de normas de derecho internacional”, planteó Herrera, para quien en definitiva el tema “no resuelve la pesca en la columna de agua adyacente: solo se puede aplicar al lecho y subsuelo”.

Herrera alertó sobre los problemas para controlar y monitorear semejante área. (Foto: Comunicación Senado)

“Esto puede llegar a generar conflicto a la hora de monitorear y controlar el Área Marina Bentónica Agujero Azul”, agregó el funcionario, que precisó que “habría dificultades muy grandes a la hora de probar que terceros estados efectúan o no pesca de arrastre, por ejemplo”. Añadió que Agujero Azul es un área que tiene el tamaño de Mendoza, con profundidades que van de 100 a 200 metros en algunas partes, a otras de 4.000 y 5.000 metros. “Complica aún más las tareas de monitoreo y control para cumplir las medidas de conservación que prácticamente son totales, de acuerdo con lo que dice la ley”, señaló. Herrera contó que hay entonces “una serie de actividades que no se van a poder visualizar” y recomendó “visualizar de qué manera el Estado argentino está en condiciones de llevar adelante ese control y con qué medios”.

En otro pasaje, sugirió a los senadores convocar a Prefectura y el Ministerio de Defensa, por cuanto sería importante que fueran escuchados para ver cómo llevar adelante esos controles.

Por último, señaló el aspecto relacionado con la investigación científica marina: la creación de esa área protegida podría complicar que se efectúen actividades de investigación científica marina por parte de terceros estados.

Cuando el senador Víctor Zimmermann, le preguntó sobre el costo fiscal, confió que “no hay análisis sobre costos” y esa es otra observación que hacen al proyecto.

A continuación expuso Gabriela Navarro, directora de Planificación Pesquera de la Subsecretaría de Pesca de la Nación, quien recogió esa última referencia sobre costos para advertir que si alguna empresa argentina contara con cuotas de pesca y se prohibiera la actividad en el área en cuestión, tendría claramente un perjuicio.

“Existe parte de investigación que demuestra la importancia que tiene el área, pero estamos bastante lejos de tener un concepto acabado de lo que allí sucede. Hay cuestiones innegables, como algunos cañones submarinos que han sido protegidos incluso por flotas pesqueras que operan en el área”, señalo Navarro.

Agregó que si bien ese conocimiento resulta “importantísimo” y que “estamos de acuerdo en que si se requiere protección, debe hacerse, estamos lejos de poder identificar esta situación”.

Gabriela Navarro, directora de Planificación Pesquera de la Subsecretaría de Pesca de la Nación.

Recordó la funcionaria que ya se cuenta con la Ley Nacional de Pesca, que data de 1997, y que obliga a hacer  una administración bajo un enfoque ecosistémico, teniendo en cuenta las personas que viven de ese recurso. “Siempre que se hace una explotación, o que se  permite una actividad económica pesquera, se tienen en cuenta las vulnerabilidades”.

“Hemos ejercido derechos soberanos en el área. Allí se explota la vieira, la centolla, y ya existen medidas establecidas para el caso de que las empresas deseen explotar esos recursos. En el caso de la pesca de vieira, hay espacios de protección en nuestra plataforma. La explotación de este recurso más allá, implicaría tener zonas de reserva en el marco de la política pesquera para esos casos que sean únicos”, señaló. La directora de Planificación Pesquera agregó que “se han hecho viajes exploratorios, pero depende de que las empresas encuentre rentable o no lo que se encuentra en ese lugar, por eso tenemos el interés de seguir investigando”.

En otro pasaje de su exposición, Navarro confirmó que “no tenemos evaluación del costo que esto podría implicar para el control de la pesca, pero sí sabemos que en nuestro caso tenemos claramente el control de la pesca ejercicio sobre la flota, y esto eliminaría a nuestra flota de esa área y dejaría al resto de las flotas que operan en el área fuera de nuestro alcance. Para nosotros sería un enorme retroceso para nuestra flota: tenemos que salir del área y dejarla en manos de los que podrían operar en el área”.

Puso otro ejemplo con la pesca de arrastre en esa zona, que se realiza por ejemplo con el calamar. Eso está en la columna de agua, esto es, fuera de la plataforma continental. “Y no podríamos regularlo –aclaró-. Para nosotros ería bastante más restrictivo en relación con otras flotas. Dejaría a nuestra industria pesquera en peores condiciones”.

“Desde la subsecretaría consideramos que el proyecto no nos beneficia en términos de actividad y el uso sustentable de recursos, nos pone en desfentaja con relación a otras flotas extranjeras, y si bien estamos de acuerdo en la generación de otras áreas protegidas, en este caso no hemos sido consultados, ni habíamos participado en la generación de este proyecto”, sintetizó.

Por el contrario, sugirió que este proyecto no permitiría al Estado argentino evitar que una flota extranjera pueda pescar. “La restricción que la Argentina pudiera poner sobre esta área o la flota argentina, solo beneficiaría que la flota extranjera que está en nuestra área adyacente pueda seguir haciendo lo suyo sin control”.

Luego fue el turno de Laura Tombesi, subsecretaria de Ambiente, quien detalló inicialmente la participación que su área tuvo en distintas áreas marinas protegidas. Consideró que Agujero Azul es “un área de importancia biológica y ecológica”. Ya contaban con datos de buques de investigación española que daban cuenta de la importancia de rasgos geomorfológicos importantes en la zona, como son los cañones submarinos, una zona de alta productividad y grupos marinos vulnerables a la pesca u otras cuestiones antrópicas.

Al hacer un análisis espacial del área que se pretende proteger, admitió que “es un poco extensa; tal vez no sea homogénea en toda su área. Habría que delilmitar un poco más el área”.

También contó Tombesi que hicieron referencia a la factibilidad de implementación del proyecto. “Cualquier política pública debe ser analizada en todas sus etapas: desde el diseño de un área marina protegida, hasta su implementación”, señaló y advirtió que “suele ser costosa en un área tan lejana a nuestras costas, también  pensando en el monitoreo. Si decimos que vamos a proteger a las comunidades bentónicas, deberíamos poder monitorear eso que decimos que estamos protegiendo. Eso implica campañas de investigación, financiamiento para ello”.

“Hay que analizar el costo para implementar esta área”, cerró.

Por último, inttervinieron Darío Sócrate y Sofía Wholer, en representación de las cámaras de la industria pesquera. Wholer no anduvo con vueltas al señalar que “el sector se opone al proyecto. Existe una falta de procedimiento para establecer un área marina protegida”, explicó, precisando que “no existe un proceso participativo efectivo en el momento que se elaboren este tipo de proyectos. Para nosotros, los argumentos y la evidencia científica cumplen un rol fundamental para establecer un área marina protegida”.

“Tampoco se han hecho estudios que demuestren el verdadero impacto sobre la actividad entrópica en el lecho marino”, advirtió, enfatizando que “creemos que la información científica y de monitoreo para saber qué se está protegiendo y el nivel de impacto, es fundamental, y hay que establecerlo antes de crear áreas marinas protegidas”.

Agregó que “consideramos que hay una falta de identificación y cuantificación de los beneficios que para la población va a traer el área. No se hicieron los estudios, esto muestra que el balance costo beneficio no es positivo. Como está planteado el proyecto, ese balance es negativo, porque van a dañar intereses económicos de flotas que operan o van a operar en la zona”, y planteó también el costo que representaría para el Estado. “Creemos que no se prevé un mecanismo de financiamiento adecuado para garantizar la eficiencia del control de esta área”.

“No escuchamos cuánto dinero se va a requerir, ni si el Estado puede costearlo”, sintetizó, y finalizó diciendo que el resultado será “tener un área en papeles, donde no voy a poder gestionar, no voy a poder cumplir con la ley, ni serán tangibles los beneficios de los que habla. Solo que la pesca argentina no se va a poder desarrollar en esa área”.

Por último, Darío Sócrate advirtió que “los objetivos de un área marina protegida son proteger alguna cuestión del ambiente, no ordenar y administrar la pesca. Para que podamos hacer eso, hay que contar con los estudios científicos que permitan identificar qué se va a proteger y tener un esquema de participación suficiente”.

El representante de la industria pesquera argentina contó que solo habían tenido un contacto por zoom con la entonces diputada Graciela Camaño, impulsora del proyecto, en tiempos de pandemia, y que nunca más los habían invitado a participar, por eso agradeció la oportunidad brindada por los senadores. Y contó que ya hay áreas marinas protegidas que tienen algunos inconvenientes en su implementación expresa.

Explicó que si este proyecto fuera ley, se estaría tomando una medida unilateral sobre buques extranjeros, arrastreros, que están más allá de la milla 200, sobre la cual las autoridades marítimas internacionales no estarán de acuerdo. “Los demás países no solo no lo van a cumplir, sino que se van a quejar: doble problema”, resumió.

Sobre el final, Gabriela Navarro insistió en que el término “área protegida” es demasiado estricto, pues establece que allí “no se puede realizar ninguna actividad”. Y concluyó advirtiendo que al implementarla, debería haber un beneficio. "¿Quién aprovecharía el beneficio? Las medidas de protección que estamos tomando adentro, estarían beneficiando a los que puedan explotar afuera”, pues no se los podría controlar. Solo se controlaría a las empresas pesqueras nacionales.

En el arranque de la sesión de este jueves, la presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, Edith Terenzi, presentó una cuestión de privilegio contra "el Gobierno nacional y sus funcionarios" en rechazo a "la disociación de Argentina al Pacto del Futuro de la ONU".

Al señalar que iba a hacer "énfasis en las cuestiones estrictamente ambientales" -más allá de que se abordan otros temas-, la chubutense señaló: "¿Qué significa disociarnos del Pacto del Futuro? Significa darle un mensaje al mundo y ese mensaje podría sintetizarse en decir que Argentina no está de acuerdo con los principios y valores del pacto y con la Agenda de 2030 de Naciones Unidas. Yo me niego terminantemente a que ese sea el mensaje que demos como país".

La legisladora del flamante interbloque Las Provincias Unidas, resaltó que "Argentina posee compromisos internacionales" que "están ligados al cambio climático y el desarrollo sostenible", al tiempo que "viene adhiriendo y trabajando la Agenda 2030 hace mucho tiempo".

"Y no se puede desconocer ese trabajo -continuó- porque es tanto del Estado, como de organizaciones no gubernamentales y también privados, que vienen haciendo inversiones muy importantes para reducir la huella de carbono, eliminar el uso de plásticos de un solo uso y también para crear consciencia ambiental".

Milei en su primer discurso ante la Asamblea General, con duras críticas a la misma ONU

"Estamos ante momentos de profunda transformación mundial y nos enfrentamos con crecientes riesgos catastróficos, muchos de ellos causados por nuestras propias acciones", advirtió Terenzi, quien subrayó que paralelamente "los avances de la ciencia, del conocimiento, de la tecnología y la innovación abren la puerta a un futuro mejor". En ese sentido, "los retos a los que nos enfrentamos como planeta superan con creces las capacidades de un solo Estado, por eso necesitamos la cooperación mundial", expresó y opinó que a esa cooperación desde el Gobierno la "llaman erróneamente multilateralismo".

Para la chubutense, "es falso pensar que firmar acuerdos limita nuestra libertad". "Lo mismo que ocurrió en 1945 vuelve a suceder ahora, se requieren acciones internacionales para detener la acción destructiva que amenaza la vida del planeta", insistió.

"Le pido al Gobierno nacional que no confunda colectivismo con acciones colectivas, porque están orientadas al reconocimiento y a la protección de bienes públicos", planteó y afirmó que "reivindicar la Agenda 2030 garantiza que a la Argentina lleguen fondos que puedan ser aplicados a la transición energética".

Además, en su intervención, recordó que el Pacto del Futuro fue "reafirmado por países que son y han sido aliados de Argentina"; rechazarlo "nos condena al aislamiento internacional, ¿es eso lo que desea el Gobierno nacional? Entiendo que no", completó.

Un día después de integrarse a fondo en las negociaciones internas para avanzar con la ley Bases, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, recibió al gobernador chubutense Ignacio Torres, que llegó junto a su vicegobernador, el exdiputado radical Gustavo Menna, y estuvieron reunidos junto a la senadora nacional Edith Terenzi.

Mientras la ley Bases se encuentra siendo tratada por el plenario de comisiones, la presidenta del Senado acordó con el ministro del Interior, Guillermo Francos, meterse de lleno en las negociaciones.

Tal como detalló este medio, la senadora radical Edith Terenzi (integra el bloque Cambio Federal) forma parte del grupo de legisladores que no han confirmado su apoyo -al menos de manera explícita- al proyecto de ley Bases y al paquete fiscal.

De esta manera, la presidenta del Senado realizó su primera jugada en torno al avance de los proyectos del Poder Ejecutivo, en busca de acercar posiciones y dar lugar a modificaciones para llegar al recinto -la fecha sería el 29 y 30 de mayo- con los 37 votos asegurados.

Se constituyó este jueves en el Senado la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que quedó presidida por la chubutense Edith Terenzi (Cambio Federal). En tanto, quedaron pendiente de designación la vicepresidencia y secretaría. También se fijaron los martes a las 15 como día de reunión.

"Para mí es un honor poder presidir esta comisión", dijo la senadora al tomar la conducción e informó que se hará "un listado de todos los proyectos que están pendientes de tratamiento en la comisión y tienen estado parlamentario" para que sea enviado a todos los integrantes.

En ese sentido, la legisladora señaló que "es necesario que le demos una dinámica distinta a esta comisión, porque hay temas muy relevantes e importantes que es necesario que el Senado se haga cargo de su tratamiento".

"El tema del ambiente es absolutamente transversal a todos los actores políticos, sociales y económicos", resaltó y consideró que para hablar de esta temática hay que hacerlo en "pasado, presente y futuro".

Terenzi observó que "si hablamos de pasado tenemos que ser absolutamente críticos y responsables con esa crítica para ver la situación en la que nos encontramos hoy a partir de algunos desencuentros que hemos tenido con el tratamiento medioambiental. Si hablamos de presente, me parece que tiene que ser un presente absolutamente comprometido, con un diagnóstico veraz, científico, de cuáles son las situaciones graves que estamos atravesando como planeta. Y si hablamos desde el futuro, mirarlo con la perspectiva de dejarle un mejor ambiente a nuestros hijos, nietos y generaciones posteriores".

"El hilo conductor más importante que manejan las cuestiones ambientales tienen que ver con esa línea tan fina entre la producción y el ambiente; en esa línea tenemos que escribir la palabra sustentabilidad, y tratar de que todo lo que podemos producir e invertir siempre tenga en cuenta las cuestiones ambientales", finalizó la chubutense y concluyó la reunión.

La senadora nacional chubutense Edith Terenzi contó este sábado que luego de su intervención en la sesión del jueves en el Senado, en la que presentó una cuestión de privilegio contra el presidente de la Nación, recibió todo tipo de agresiones en las redes sociales, incluso amenazas de muerte. “Cuando te crucemos por la calle te vamos a matar… Cuidate porque donde te veamos, te vamos a liquidar”, detalló que le dijeron.

El bloque que encabeza el correntino Eduardo Vischi pidió “respeto y tolerancia” en referencia a las citadas amenazas. A través de un comunicado, la bancada de la UCR expresó su “total solidaridad con la senadora nacional por Chubut Edith Terenzi ante las amenazas de muerte recibidas en las últimas horas a través de redes sociales”.

“No es un hecho aislado. Lamentablemente, este tipo de acciones se viene repitiendo en el último tiempo. Es inadmisible que, a 40 años de haber recuperado la democracia, nos encontremos ante semejantes ataques por el solo hecho de expresar una posición contraria a la de un espacio o dirigente”, expresó la bancada radical del Senado.

Por último, invitaron a la reflexión “a toda la clase política y a los responsables de estos hechos. Exigimos terminar con estos niveles de agresión y violencia, recordando la importancia del respeto por las diferencias y la tolerancia hacia quien piensa distinto, valores intrínsecos de la vida en democracia”.

También se solidarizaron los senadores de Unión por la Patria. Desde el interbloque repudiaron “de manera categórica las amenazas de muerte de las que viene siendo objeto, en las últimas horas, la senadora radical” y expresaron su solidaridad con ella.

Los integrantes del interbloque de UP consideraron “inaceptable que, tras 40 años de recuperada la democracia, una legisladora nacional deba enfrentar ataques de esta violencia política, no se trata de otra cosa, por el solo hecho de ejercer su voluntad, su derecho de expresión y las competencias que le fueron conferidas por el pueblo de su provincia, a través del voto popular”.

“De acuerdo a lo expresado por la propia senadora Terenzi, comenzó a recibir llamadas amenazantes durante la sesión del jueves, luego de que planteara una cuestión de privilegio contra el presidente de la Nación, por los ataques reiterados que el mandatario viene realizando contra todos quienes piensen distinto a él, y luego de que se difundiera por redes su número de celular. Incluso antes de que la legisladora votara el rechazo al DNU 70/2023, tras lo cual se incrementaron las amenazas, según ella misma denunció”.

El interbloque que encabeza José Mayans exhortó al Gobierno y distintos actores políticos a “frenar y terminar con estas prácticas que dañan la convivencia democrática, enturbian el clima social, entorpecen toda posibilidad de diálogo necesario en momentos tan complejos del país, y que son producto de una cobardía repudiable y están alejadas de cualquier tipo de ejercicio de la libertad que se pretenda alegar”.

De manera individual, el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro expresó en su cuenta de la red social X: “Somos un mismo pueblo, bajo la misma bandera. Las amenazas nada tienen que ver con la libertad ni con la democracia. Venimos advirtiendo que las actitudes y expresiones de

Javier Milei atentan contra la convivencia y el diálogo. Estos son los resultados”.

Y expresó a continuación su “más enérgico repudio a los violentos y mi solidaridad con la senadora Edith Terenzi”.

De origen radical, la senadora nacional Edith Terenzi (Cambio Federal – Chubut) formó parte de los 42 senadores que votaron el jueves pasado en contra del decreto de necesidad y urgencia 70/23 y lo hizo luego de dar un muy duro discurso contra el DNU en general y el presidente Javier Milei en particular.

En diálogo con Radio Splendid contó que le había dicho desde un primer momento al gobernador Ignacio “Nacho” Torres que estaba en contra de ese decreto. “Técnicamente no lo podíamos acompañar, más allá del contenido, porque se trataba de una mega medida que incluía muchísimos temas, que vulneraba sobre todo la capacidad del Congreso de legislar y me parecía un exceso en la capacidad que tiene el presidente de la Nación”, recordó.

La senadora chubutense aseguró que ella está a favor del “cambio”, pero advirtió que “la gran discusión es si lo va a hacer él en forma prepotente, a través de DNU, o va a poner en discusión esos temas en el Congreso de la Nación”. Aclaró de todas maneras que “no vamos a hacer una oposición de obstrucción”.

Durante la entrevista, Terenzi recordó que en la última sesión presentó una cuestión de privilegio contra el presidente de la Nación por “los colectivos que fueron vulnerados” durante la pelea que se dio entre Milei y el gobernador de su provincia, particularizando en las publicaciones a las que el mandatario les dio “me gusta”. “Esas cosas son inadmisibles -alertó-. Lo que está sucediendo también es la naturalización de esas cosas”, señaló en referencia a los mensajes en redes contra las personas con síndrome de Down, o con contenido pedófilo, que se dieron aludiendo particularmente al gobernador Torres.

“Me parece que no hay que naturalizarlo, porque me pasó particularmente; después de haber planteado la cuestión de privilegio, cinco o seis horas antes de rechazar el DNU, empecé a recibir amenazas en mi teléfono. Prácticamente a partir de la 1 de la tarde, empezaron a viralizar mi teléfono, mis datos personales… las barbaridades que se dicen por privado, son increíbles. Es un nivel de agresión al que no estábamos acostumbrados”, relató.

Entrevistada en el programa No la ven, la senadora radical aclaró que “estamos acostumbrados a disentir, pero no a maltratarnos de esta forma, y eso tiene que ver también con las actitudes del presidente de la Nación, que también nos agrede”.

Las amenazas

A continuación, Terenzi contó las cosas que le habían dicho. Prefirió omitir las malas palabras, pero comentó por ejemplo que “entré en la categoría de ‘vieja meada’, que es lo más natural que dicen las huestes de Milei. Pasé a ser ‘casta’; quienes me conocen saben que yo nunca pertenecí ni perteneceré a ninguna casta, por lo menos de las características que refleja Milei cuando habla de castas. Después, se acuerdan de tu madre, de alguna parte del cuerpo de tu hermana, y también te dicen: ‘Cuando te crucemos por la calle te vamos a matar… Cuidate porque donde te veamos, te vamos a liquidar’”.

“Ese es el nivel de agresión y amenazas que maneja este grupo de trolls, estas huestes que vienen de la Presidencia de la Nación -agregó-. Insisto, esto sucedió después que yo planteé una cuestión de privilegio, donde le pedí al presidente que pidiera disculpas por las aberraciones que había acompañado en redes, y todavía no había votado contra el DNU. Después, por supuesto eso se duplicó. Pero no es natural que esto nos suceda; no puede suceder esto en una democracia que tanto nos costó conseguir”.

Terenzi cerró advirtiendo que “es difícil sentarte con alguien que dice que sos una rata, que tiene tanto lenguaje escatológico hacia un gobernador… Hay que hacerlo porque la gobernabilidad de este país y de cada provincia está en juego, pero es difícil”.

Solidaridad del radicalismo

El bloque que encabeza el correntino Eduardo Vischi pidió este sábado “respeto y tolerancia” en referencia a las citadas amenazas. A través de un comunicado, la bancada de la UCR expresó su “total solidaridad con la senadora nacional por Chubut Edith Terenzi ante las amenazas de muerte recibidas en las últimas horas a través de redes sociales”.

“No es un hecho aislado. Lamentablemente, este tipo de acciones se viene repitiendo en el último tiempo. Es inadmisible que, a 40 años de haber recuperado la democracia, nos encontremos ante semejantes ataques por el solo hecho de expresar una posición contraria a la de un espacio o dirigente”, expresó la bancada radical del Senado.

Por último, invitaron a la reflexión “a toda la clase política y a los responsables de estos hechos. Exigimos terminar con estos niveles de agresión y violencia, recordando la importancia del respeto por las diferencias y la tolerancia hacia quien piensa distinto, valores intrínsecos de la vida en democracia”.

La Ley de Lemas se encuentra vigente en cinco provincias de la Argentina: Formosa, Santa Cruz, Misiones, San Juan y recientemente se aprobó en San Luis. Sin embargo, a esa lista se podría sumar la provincia de Chubut, ya que desde el oficialismo salieron a manifestar la idea de volver a implementarla nuevamente.

Fue el diputado nacional Santiago Igon (Frente de Todos) quien opinó en términos similares a los vertidos por el vicegobernador, Ricardo Sastre, quien aseveró que “no descarta” aplicar la Ley de Lemas para el próximo turno electoral, idea que es respaldada por el gobernador Mariano Arcioni. En una entrevista al medio ‘El Chubut’, el legislador sostuvo que “es un sistema que puede funcionar”, pero aclaró que se debe “escuchar distintas opiniones de referentes políticos”.

Además, el diputado expresó: “No la veo mal, al contrario, puede ser un mecanismo que funcione bien. Ahora, quien quiera ser gobernador o intendente, tiene que jugar en todas las canchas. Hay que prepararse en función de eso, después veremos cómo será el proceso”, y ratificó que “hay que abrir la discusión a distintos referentes políticos para garantizar seguridad sobre los comicios”.

Tras sus dichos, de la vereda de enfrente le salió al cruce a través de las redes sociales su coterránea la senadora nacional Edith Terenzi (UCR): “El diputado nacional, @igon_santiago, propone la ley de lemas. De los problemas de la educación y la salud no hablan, pero para trampas electorales tienen tiempo. Un despropósito más”, y sumó: “El gobernador confirmó que se vota en octubre de 2023, falta un año. Hay que gestionar más y buscar menos atajos que lejos están de los problemas reales”.

Pero el asunto no quedó ahí, ya que Igon le sugirió que “es importante que escuches la nota”, y le aclaró: “Lo que dije es que, si se va a discutir Ley de Lemas y se modifica el sistema electoral, sería bueno discutir la paridad en la fórmula y la representación de todas las regiones de la Pcia en la legislatura. Es para charlar, nada más”.

Terenzi le retrucó: “Te escuché. No tenemos sistema electoral en #Chubut. La ley electoral generaría previsibilidad y certidumbre, pero vamos detrás de los parches. La #BUPapel es otra deuda. Cambiar la representación significaría reformar la #ConstPcial. Es más profundo”.

Por José Angel Di Mauro

La idea de formalizar un nuevo bloque en el Senado, dentro del interbloque Juntos por el Cambio, lleva varios meses. Para eso, quienes gestaban su creación venían manteniendo discretas negociaciones con otros pares con la premisa de recrear una “agenda federal” en el seno de la principal oposición. De todos modos, se tomaron su tiempo para formalizar el anuncio, cosa que hicieron hace pocos días al presentar la nota al secretario Parlamentario de la Cámara, y el trámite acaba de culminar.

En rigor, la aparición de este nuevo bloque no afecta a los ya conformados, pues nuclea a los dos chubutenses de JxC, más el salteño Juan Carlos Romero y la neuquina María Lucila Crexell. Esto es, dos senadores de lo que hasta ahora se denominaba Integración y Desarrollo Chubutense, más dos miembros de monobloques. Lo presidirá el senador de Chubut Ignacio “Nacho” Torres, una de las revelaciones de las legislativas del año pasado, donde Juntos por el Cambio derrotó al oficialismo nacional y al oficialismo provincial.

Con él dialogó parlamentario.com, en una entrevista en la que aclaró que no estaban atomizando a la principal oposición, más bien todo lo contrario: “Nos unimos por coincidencias”, dijo, enfatizando que “no renegamos de nuestra pertenencia”.

- Hace unos días formalizaron la presentación de un bloque propio en el Senado. ¿El pedido ya fue aceptado y podemos darlo por formalizado?

- El pedido de conformación fue recientemente aceptado por Secretaría Parlamentaria y ya se encuentra formalizado. Al inicio, considerando que la conformación se da con la unificación de varios monobloques, eso dio lugar a algunas demoras, pero ya se avanzó en ese sentido.

- ¿Quiénes lo integran y cuál es su denominación? Entiendo que la presidencia la encarna usted, ¿no es así?

- El bloque se denomina “Cambio Federal”; lo integramos junto al senador Juan Carlos Romero, del Partido Justicialista 8 de Octubre de Salta; la senadora Lucila Crexell, del Movimiento Popular Neuquino; y la senadora Edith Terenzi, de la UCR Chubut.

Respecto de la presidencia, efectivamente presido el bloque, en principio lo iba a hacer Juan Carlos Romero, pero él fue quien me propuso hacerlo a mí, ya que en una lógica de llevar adelante una agenda federal y, de cara a pelear la gobernación en Chubut, tuvo el gran gesto  de proponerme a pesar de ser él quien más volumen político representa toda vez que es un ex gobernador y tiene los pergaminos por demás para serlo.

- ¿Cuál es el objetivo de este nuevo bloque?

- Retomar una agenda federal en el Senado. Como casa de las provincias, tenemos muchas temáticas pendientes de resolución, cuyo lugar de origen, por mandato Constitucional, es la Cámara de Senadores. La coparticipación federal, el reparto de subsidios económicos, la problemática del narcotráfico en las provincias, son algunos de los ejes que propiciamos desde este nuevo espacio de diálogo parlamentario.

- ¿Hubo algún contacto para sumar a Clara Vega?

- Mantuvimos conversaciones con la senadora Clara Vega. La idea es seguir impulsando la incorporación de senadores que comulguen con la idea de un país más federal, que entable un diálogo profundo sobre las consecuencias del centralismo en nuestras provincias. Además, tenemos un criterio amplio, porque queremos la mirada de las distintas regiones del país. Tenemos integrantes de la Patagonia, del norte argentino. La perspectiva es amplia.

- ¿Cómo tomaron en el interbloque de Juntos por el Cambio esta decisión?

- La conformación del bloque siempre fue una iniciativa constructiva, por la positiva. Hablamos con todos los actores, presidentes de bloques de todo el interbloque, con los mayores referentes de JxC. En mi caso, lo hablé tanto con Mauricio (Macri), Horacio (Rodríguez Larreta) y Patricia (Bullrich).

A diferencia de lo que puede ocurrir en la Cámara de Diputados, donde los bloques se dividen por diferencias, en nuestro caso nos unimos por coincidencias. Reunimos monobloques con fuerte arraigo provincial, consolidando al interbloque porque pasamos de 3 o 4 bloques aislados, a un sub bloque que aglutina estas expresiones dentro de Juntos por el Cambio. Este tinte más federal posibilita la contención de otros senadores que tiene intenciones de participar dentro del interbloque y que hoy están en discusiones entre partes y que responden a partidos provinciales.

- ¿No puede resultar pernicioso exhibir una atomización del interbloque JxC, sobre todo teniendo en cuenta lo que sucedió hace poco tiempo con la división del Frente de Todos para quedarse con un lugar en el Consejo de la Magistratura?

- No estamos dividiendo el bloque. Seguimos formando parte del interbloque Juntos por el Cambio, que reúne a diversas fuerzas políticas que defienden un modelo de país en antípodas del modelo del Frente de Todos.  Y dada la coyuntura actual, con una crisis severa de la economía nacional, tenemos que disponer todos los esfuerzos necesarios para que nuestras provincias puedan ingresar, vía sus representantes, las demandas pendientes, que encarnan la temática del Federalismo.  Por ello la designación, “Cambio Federal”. No renegamos de nuestra pertenencia, ni atomizamos el espacio que nos congrega. Nos reunimos por afinidades temáticas, y con la necesidad de impulsar agendas relegadas por el vértigo que impone el oficialismo.

- Yendo a lo que es la actividad cotidiana en la Cámara alta para la principal oposición: ¿Hay algún estado de frustración por no poder doblegar la mayoría virtual que sigue manteniendo el oficialismo en esa cámara?

- Al contrario. Nos desafía permanentemente. En la rutina parlamentaria, se entablan diálogos permanentes en búsqueda de los consensos necesarios, y se da en un marco de respeto y a la vez una tensión natural. La dinámica de la Cámara alta tiene sus picardías a la hora de contemplar las distintas mayorías según los temas, aunque es cierto que aún hay un bloque oficialista amplio, está atomizado con actores que no necesariamente se sienten parte de ese espacio. Esos actores, según la temática, son los que hay que buscar a la hora de construir consensos para impulsar iniciativas, o para ponerle el freno a otros proyectos tribuneros o revanchistas que le hacen daño a la Argentina.

La senadora nacional Gabriela González Riollo (Pro-San Luis) presentó un proyecto de ley para actualizar el sistema de protección de animales, actualmente regulado por una ley del año 1954, y argumentó que “los animales sienten, sufren, se alegran, extrañan, disfrutan de nuestra presencia, nuestros cuidados y nuestro amor, no son una cosa y son parte de nuestras familias”.

Agregó en ese sentido que “la ley que los protege tiene casi 70 años. Les estamos fallando”.

Luego de la visitar la asociación protectora de animales ASOECO, en la provincia de San Luis, González Riollo aseguró que “toda la protección que podamos darle es poca comparada con el amor y la entrega que ellos nos dan, pero estar a la altura del tiempo en que vivimos es una obligación que no podemos esquivar”.

“Por eso creo que la actualización de la Ley 14.346 de malos tratos y crueldad animal era una deuda pendiente que teníamos como sociedad. Necesitamos legislación que esté a la altura de las demandas actuales y proteger a los animales es una de ellas”, remarcó la senadora. 

La propuesta, que ya está transitando su curso en el Senado, cuenta con el apoyo de la senadora por Chubut Edith Terenzi, entre otros legisladores; y desde el despacho de la legisladora aseguraron que confían en que la aprobación se haga en este año. El proyecto plantea una elevación en las penas para que los delitos no sean excarcelables y suma, multas y capacitaciones, para quienes maltraten o abusen de animales.

“Por un lado, creemos que es indiscutible que nuestra relación con los animales no es la misma que hace 70 años y por lo tanto es necesario actualizar el sistema. Por otro lado, proteger más a los animales, es un deber que no creemos que nadie quiera esquivar”, concluyó la senadora.