Se realizó este miércoles una prolífica reunión de senadores en la que se avanzó con los dictámenes correspondientes a la Ley Nicolás y un proyecto que incorpora la atrofia muscular espinal al régimen para la detección y posterior tratamiento de determinadas  patologías en el recién nacido.

En el inicio se desarrolló un breve plenario de las comisiones de Salud y de Legislación General, en el que sin discursos se resolvió avanzar con la firma del dictamen del proyecto de ley sobre calidad y seguridad de la atención sanitaria, también conocido como Ley Nicolás, que ya cuenta con media sanción del Senado y quedó habilitado finalmente así para llegar al recinto.

Recordemos que días pasados ya se había realizado una primera reunión sobre el tema -en este caso informativa- oportunidad en la cual Gabriela Covelli hizo una conmovedora exposición en la que contó con crudos detalles el calvario de su hijo, Nicolás Deanna, que terminó falleciendo y se convirtió en el caso testigo que dio lugar a este proyecto.

“Todos tuvimos la oportunidad de escuchar a la mamá de este joven, pudimos entender de qué se trataba la ley y la idea es poder escuchar la opinión de cada senador y luego tratar de sacar dictamen”, señaló la presidenta de la comisión, la catamarqueña Lucía Corpacci. Además, aclaró que no se trata de un proyecto que tienda a ser “punitivo para el personal de salud”, sino que “le da un marco normativo para unificar criterios ante determinadas situaciones. No tiene nada que ver con mala praxis, nada contra el personal de salud. Se busca con el proyecto proteger con recursos de formación y protocolo al paciente y los trabajadores”.

Concluido el plenario con Legislación General, continuó reunida la Comisión de Salud, que escuchó con atención a una delegación de médicos del Hospital Garrahan que detallaron la grave situación que viven los trabajadores de ese nosocomio.

Luego se pasó a analizar una serie de proyectos de comunicación y declaración, entre ellos un pedido de informes sobre la Ley 27.351, sobre Derechos de las Personas Electrodependientes. Al respecto, la senadora santacruceña Alicia Kirchner expresó su preocupación por las prioridades sobre las políticas públicas, y en el caso puntual de los electrodependientes, explicó que esos pacientes “se juegan la vida”, por ser ellos “hipervulnerables”. “Me da mucha tristeza esto”, confesó, detallando que a números de 2024, la cifra de electrodependientes asciende a 10.946, y resaltó que “es necesario darle apoyo a estos proyectos, porque es fundamental defender a quienes por distintas circunstancias necesitan subsiidios especiales y además que no se corte la luz”.

Previamente la senadora tucumana de UP Sandra Mendoza preguntó por el tema ludopatía, a lo que Lucía Corpacci explicó que con ese tema y tantos otros está sucediendo que los proyectos van a varias comisiones, ante lo cual “estamos tratando de aunar las comisiones para  poder tratarlo”. Expresó así su “compromiso y deseo” de tratarlo a la brevedad.

Por último, se firmó dictamen a un proyecto presentado por la senadora chubutense Edith Terenzi, por el cual se modifica el artículo 1° de su similar 26.279 (Régimen para la detección y posterior tratamiento de determinadas patologías en el recién nacido), respecto de incorporar la atrofia muscular espinal.

En su artículo 1°, este proyecto establece que “a todo niño/a al nacer en la República Argentina se le practicarán las determinaciones para la detección y posterior tratamiento de fenilcetonuria, hipotiroidismo neonatal, fibrosis quística, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita, deficiencia de biotinidasa, retinopatía del prematuro, chagas, sífilis y atrofia muscular espinal; siendo obligatoria su realización y seguimiento en todos los establecimientos públicos de gestión estatal o de la seguridad social y privados de la República en los que se atiendan partos y/o a recién nacidos/as. Toda persona diagnosticada con anterioridad a la vigencia de la presente ley queda incluida automáticamente dentro de la población sujeta de tratamiento y seguimiento”.

Al explicar su iniciativa, Terenzi contó que la atrofia muscular espinal, también conocida como AME, es una enfermedad hereditaria degenerativa y discapacitante. Se trata de una mutación de u n gen, poco frecuente y es la principal causa de muerte de origen genética en la infancia.

“El gen defectuoso que causa esta enfermedad es portado por una de cada 50 personas. Es asintomático. Cuando dos personas que lo tienen procrean, la posibilidad de que tenga ANE es una certeza”, explicó la senadora de Despertar Chubut. Agregó que “esta neurona hace funcionar el cuerpo, produce una proteína que controla los nervios para darle fortaleza a los músculos del cuerpo”.

Explicó la senadora que hay cuatro tipos de AME. El tipo 1 es el más frecuente. Afecta a 3 de cada 4 nacimientos con AME; los síntomas se manifiestan antes de los 6 meses de vida. Genera problemas en los bebés para succionar. Con el paso de los meses, el deterioro va provocando un acortamiento crónico de los músculos y tendones, y el niño no puede estar sentado sin ayuda. La expectativa de vida para esos casos es de dos años de vida, si no tienen asistencia.

Contó Terenzi que el AME tipo 2 es más moderada. Se agrava si no accede al tratamiento urgente. Síntomas: los pacientes pueden sentarse con ayuda, pero a veces no logran pararse. Esos síntomas surgen entre los 6 y 18 mese de edad; suelen convivir con problemas respiratorios, y la expectativa de vida es mayor: llegan a adultos, con muchos cuidados.
La tercera es la más leve. Los que lo padecen, se pueden parar sin asistencia, pero no correr, no pueden subir escaleras. Tienen una expectativa de vida equiparable a una persona sin AME.

El AME tipo 4 es poco común, es el más leve y los síntomas aparecen a los 21 años. El que lo padece puede desarrollar una vida normal.

La senadora sostuvo que hay tratamientos que se pueden hacer y el desafío con esta enfermedad es reconocerla a tiempo para evitar que avance. “Esto es clave para poder frenarla a tiempo”, enfatizó. Y agregó que “con una gota de sangre podemos encontrar si existe AME; si hay un diagnóstico positivo hay tratamiento.

Aclaró que “también el Estado se está haciendo cargo de los tratamientos, a través del plan Surge. Estamos proponiendo algo que ya se está aplicando, pero es necesario acortar los tiempos. Que no se haga el diagnóstico a los 9 meses de vida, porque a  lo mejor llegamos tarde. Hay que buscar acotar la ventana de tiempo para acotar esa ventana de vida”. Y concluyó: “Siempre decimos que donar salva vidas, en este caso, pesquisar también salva vidas”.

Se refería a las pesquisas neonatales, y al respecto el senador Guillermo Andrada se refirió a la Ley 26.279 de pesquisa neonatal, y abogó por sumar nuevas enfermedades a los análisis en las primeras semanas de vida.

El Salón Arturo Illia del Senado fue escenario este miércoles de un plenario de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y de Presupuesto y Hacienda, que continuaron el análisis del proyecto de ley que crea el área marina protegida bentónica “Agujero Azul”, que ya cuenta con media sanción de Diputados y que este año podría perder estado parlamentario.

Fue una reunión informativa, de la que tomaron parte representantes del Poder Ejecutivo y representantes de Intercámaras (entidad que agrupa a las Cámaras Empresarias CEPA, CAPECA, CAPA, CAIPA, CAABPA, AEPC, UDIPA, CAFREXPORT Y CAPIP), todos los cuales expresaron sus fuertes reservas respecto de la implementación de esta iniciativa. Cuando no las críticas abiertas hacia una iniciativa que, sobre todo desde el sector empresarial, ven con ojos críticos.

Presidenta de la Comisión de Ambiente, la chubutense Edith Terenzi resaltó que ya hubo otras reuniones informativas, habiendo participado de la última organizaciones no gubernamentales, mientras que reservaron para esta jornada el espacio para representantes del Ejecutivo. “Pretendemos con mucha responsabilidad hacer de este debate lo más abierto y plural posible”, expresó la senadora Terenzi.

En primer lugar expuso el ministro Gabriel Herrera, coordinador de Política Oceánica y del Atlántico Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien planteó cuáles han sido las principales observaciones que Cancillería que vienen planteando desde 2022 sobre el proyecto. Consideran que el mismo requiere mayor análisis y estudio, por cuanto en principio “no hay información científica suficiente que justifique la extensión del área y que se le asigne la mayor categoría de protección”.

Señaló que se trata de un área de interés científico “enorme, de enorme riqueza, pero no se cuenta con información científica que permita determinar qué es lo que queremos proteger, para qué queremos protegerlo y de qué queremos protegerlo”.

Herrera agregó que en el área proyectada subsiste un régimen jurídico con dos normas diferenciadas. En la columna de agua, hay libertad de navegación y pesca; en la plataforma continental, se aplica el concepto según el cual la Argentina goza de derechos soberanos para la explotación sobre el lecho y subsuelo, “lo cual genera desafíos y posible colisión de normas de derecho internacional”, planteó Herrera, para quien en definitiva el tema “no resuelve la pesca en la columna de agua adyacente: solo se puede aplicar al lecho y subsuelo”.

“Esto puede llegar a generar conflicto a la hora de monitorear y controlar el Área Marina Bentónica Agujero Azul”, agregó el funcionario, que precisó que “habría dificultades muy grandes a la hora de probar que terceros estados efectúan o no pesca de arrastre, por ejemplo”. Añadió que Agujero Azul es un área que tiene el tamaño de Mendoza, con profundidades que van de 100 a 200 metros en algunas partes, a otras de 4.000 y 5.000 metros. “Complica aún más las tareas de monitoreo y control para cumplir las medidas de conservación que prácticamente son totales, de acuerdo con lo que dice la ley”, señaló. Herrera contó que hay entonces “una serie de actividades que no se van a poder visualizar” y recomendó “visualizar de qué manera el Estado argentino está en condiciones de llevar adelante ese control y con qué medios”.

En otro pasaje, sugirió a los senadores convocar a Prefectura y el Ministerio de Defensa, por cuanto sería importante que fueran escuchados para ver cómo llevar adelante esos controles.

Por último, señaló el aspecto relacionado con la investigación científica marina: la creación de esa área protegida podría complicar que se efectúen actividades de investigación científica marina por parte de terceros estados.

Cuando el senador Víctor Zimmermann, le preguntó sobre el costo fiscal, confió que “no hay análisis sobre costos” y esa es otra observación que hacen al proyecto.

A continuación expuso Gabriela Navarro, directora de Planificación Pesquera de la Subsecretaría de Pesca de la Nación, quien recogió esa última referencia sobre costos para advertir que si alguna empresa argentina contara con cuotas de pesca y se prohibiera la actividad en el área en cuestión, tendría claramente un perjuicio.

“Existe parte de investigación que demuestra la importancia que tiene el área, pero estamos bastante lejos de tener un concepto acabado de lo que allí sucede. Hay cuestiones innegables, como algunos cañones submarinos que han sido protegidos incluso por flotas pesqueras que operan en el área”, señalo Navarro.

Agregó que si bien ese conocimiento resulta “importantísimo” y que “estamos de acuerdo en que si se requiere protección, debe hacerse, estamos lejos de poder identificar esta situación”.

Recordó la funcionaria que ya se cuenta con la Ley Nacional de Pesca, que data de 1997, y que obliga a hacer  una administración bajo un enfoque ecosistémico, teniendo en cuenta las personas que viven de ese recurso. “Siempre que se hace una explotación, o que se  permite una actividad económica pesquera, se tienen en cuenta las vulnerabilidades”.

“Hemos ejercido derechos soberanos en el área. Allí se explota la vieira, la centolla, y ya existen medidas establecidas para el caso de que las empresas deseen explotar esos recursos. En el caso de la pesca de vieira, hay espacios de protección en nuestra plataforma. La explotación de este recurso más allá, implicaría tener zonas de reserva en el marco de la política pesquera para esos casos que sean únicos”, señaló. La directora de Planificación Pesquera agregó que “se han hecho viajes exploratorios, pero depende de que las empresas encuentre rentable o no lo que se encuentra en ese lugar, por eso tenemos el interés de seguir investigando”.

En otro pasaje de su exposición, Navarro confirmó que “no tenemos evaluación del costo que esto podría implicar para el control de la pesca, pero sí sabemos que en nuestro caso tenemos claramente el control de la pesca ejercicio sobre la flota, y esto eliminaría a nuestra flota de esa área y dejaría al resto de las flotas que operan en el área fuera de nuestro alcance. Para nosotros sería un enorme retroceso para nuestra flota: tenemos que salir del área y dejarla en manos de los que podrían operar en el área”.

Puso otro ejemplo con la pesca de arrastre en esa zona, que se realiza por ejemplo con el calamar. Eso está en la columna de agua, esto es, fuera de la plataforma continental. “Y no podríamos regularlo –aclaró-. Para nosotros ería bastante más restrictivo en relación con otras flotas. Dejaría a nuestra industria pesquera en peores condiciones”.

“Desde la subsecretaría consideramos que el proyecto no nos beneficia en términos de actividad y el uso sustentable de recursos, nos pone en desfentaja con relación a otras flotas extranjeras, y si bien estamos de acuerdo en la generación de otras áreas protegidas, en este caso no hemos sido consultados, ni habíamos participado en la generación de este proyecto”, sintetizó.

Por el contrario, sugirió que este proyecto no permitiría al Estado argentino evitar que una flota extranjera pueda pescar. “La restricción que la Argentina pudiera poner sobre esta área o la flota argentina, solo beneficiaría que la flota extranjera que está en nuestra área adyacente pueda seguir haciendo lo suyo sin control”.

Luego fue el turno de Laura Tombesi, subsecretaria de Ambiente, quien detalló inicialmente la participación que su área tuvo en distintas áreas marinas protegidas. Consideró que Agujero Azul es “un área de importancia biológica y ecológica”. Ya contaban con datos de buques de investigación española que daban cuenta de la importancia de rasgos geomorfológicos importantes en la zona, como son los cañones submarinos, una zona de alta productividad y grupos marinos vulnerables a la pesca u otras cuestiones antrópicas.

Al hacer un análisis espacial del área que se pretende proteger, admitió que “es un poco extensa; tal vez no sea homogénea en toda su área. Habría que delilmitar un poco más el área”.

También contó Tombesi que hicieron referencia a la factibilidad de implementación del proyecto. “Cualquier política pública debe ser analizada en todas sus etapas: desde el diseño de un área marina protegida, hasta su implementación”, señaló y advirtió que “suele ser costosa en un área tan lejana a nuestras costas, también  pensando en el monitoreo. Si decimos que vamos a proteger a las comunidades bentónicas, deberíamos poder monitorear eso que decimos que estamos protegiendo. Eso implica campañas de investigación, financiamiento para ello”.

“Hay que analizar el costo para implementar esta área”, cerró.

Por último, inttervinieron Darío Sócrate y Sofía Wholer, en representación de las cámaras de la industria pesquera. Wholer no anduvo con vueltas al señalar que “el sector se opone al proyecto. Existe una falta de procedimiento para establecer un área marina protegida”, explicó, precisando que “no existe un proceso participativo efectivo en el momento que se elaboren este tipo de proyectos. Para nosotros, los argumentos y la evidencia científica cumplen un rol fundamental para establecer un área marina protegida”.

“Tampoco se han hecho estudios que demuestren el verdadero impacto sobre la actividad entrópica en el lecho marino”, advirtió, enfatizando que “creemos que la información científica y de monitoreo para saber qué se está protegiendo y el nivel de impacto, es fundamental, y hay que establecerlo antes de crear áreas marinas protegidas”.

Agregó que “consideramos que hay una falta de identificación y cuantificación de los beneficios que para la población va a traer el área. No se hicieron los estudios, esto muestra que el balance costo beneficio no es positivo. Como está planteado el proyecto, ese balance es negativo, porque van a dañar intereses económicos de flotas que operan o van a operar en la zona”, y planteó también el costo que representaría para el Estado. “Creemos que no se prevé un mecanismo de financiamiento adecuado para garantizar la eficiencia del control de esta área”.

“No escuchamos cuánto dinero se va a requerir, ni si el Estado puede costearlo”, sintetizó, y finalizó diciendo que el resultado será “tener un área en papeles, donde no voy a poder gestionar, no voy a poder cumplir con la ley, ni serán tangibles los beneficios de los que habla. Solo que la pesca argentina no se va a poder desarrollar en esa área”.

Por último, Darío Sócrate advirtió que “los objetivos de un área marina protegida son proteger alguna cuestión del ambiente, no ordenar y administrar la pesca. Para que podamos hacer eso, hay que contar con los estudios científicos que permitan identificar qué se va a proteger y tener un esquema de participación suficiente”.

El representante de la industria pesquera argentina contó que solo habían tenido un contacto por zoom con la entonces diputada Graciela Camaño, impulsora del proyecto, en tiempos de pandemia, y que nunca más los habían invitado a participar, por eso agradeció la oportunidad brindada por los senadores. Y contó que ya hay áreas marinas protegidas que tienen algunos inconvenientes en su implementación expresa.

Explicó que si este proyecto fuera ley, se estaría tomando una medida unilateral sobre buques extranjeros, arrastreros, que están más allá de la milla 200, sobre la cual las autoridades marítimas internacionales no estarán de acuerdo. “Los demás países no solo no lo van a cumplir, sino que se van a quejar: doble problema”, resumió.

Sobre el final, Gabriela Navarro insistió en que el término “área protegida” es demasiado estricto, pues establece que allí “no se puede realizar ninguna actividad”. Y concluyó advirtiendo que al implementarla, debería haber un beneficio. "¿Quién aprovecharía el beneficio? Las medidas de protección que estamos tomando adentro, estarían beneficiando a los que puedan explotar afuera”, pues no se los podría controlar. Solo se controlaría a las empresas pesqueras nacionales.

En el arranque de la sesión de este jueves, la presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, Edith Terenzi, presentó una cuestión de privilegio contra "el Gobierno nacional y sus funcionarios" en rechazo a "la disociación de Argentina al Pacto del Futuro de la ONU".

Al señalar que iba a hacer "énfasis en las cuestiones estrictamente ambientales" -más allá de que se abordan otros temas-, la chubutense señaló: "¿Qué significa disociarnos del Pacto del Futuro? Significa darle un mensaje al mundo y ese mensaje podría sintetizarse en decir que Argentina no está de acuerdo con los principios y valores del pacto y con la Agenda de 2030 de Naciones Unidas. Yo me niego terminantemente a que ese sea el mensaje que demos como país".

La legisladora del flamante interbloque Las Provincias Unidas, resaltó que "Argentina posee compromisos internacionales" que "están ligados al cambio climático y el desarrollo sostenible", al tiempo que "viene adhiriendo y trabajando la Agenda 2030 hace mucho tiempo".

"Y no se puede desconocer ese trabajo -continuó- porque es tanto del Estado, como de organizaciones no gubernamentales y también privados, que vienen haciendo inversiones muy importantes para reducir la huella de carbono, eliminar el uso de plásticos de un solo uso y también para crear consciencia ambiental".

Milei en su primer discurso ante la Asamblea General, con duras críticas a la misma ONU

"Estamos ante momentos de profunda transformación mundial y nos enfrentamos con crecientes riesgos catastróficos, muchos de ellos causados por nuestras propias acciones", advirtió Terenzi, quien subrayó que paralelamente "los avances de la ciencia, del conocimiento, de la tecnología y la innovación abren la puerta a un futuro mejor". En ese sentido, "los retos a los que nos enfrentamos como planeta superan con creces las capacidades de un solo Estado, por eso necesitamos la cooperación mundial", expresó y opinó que a esa cooperación desde el Gobierno la "llaman erróneamente multilateralismo".

Para la chubutense, "es falso pensar que firmar acuerdos limita nuestra libertad". "Lo mismo que ocurrió en 1945 vuelve a suceder ahora, se requieren acciones internacionales para detener la acción destructiva que amenaza la vida del planeta", insistió.

"Le pido al Gobierno nacional que no confunda colectivismo con acciones colectivas, porque están orientadas al reconocimiento y a la protección de bienes públicos", planteó y afirmó que "reivindicar la Agenda 2030 garantiza que a la Argentina lleguen fondos que puedan ser aplicados a la transición energética".

Además, en su intervención, recordó que el Pacto del Futuro fue "reafirmado por países que son y han sido aliados de Argentina"; rechazarlo "nos condena al aislamiento internacional, ¿es eso lo que desea el Gobierno nacional? Entiendo que no", completó.

Un día después de integrarse a fondo en las negociaciones internas para avanzar con la ley Bases, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, recibió al gobernador chubutense Ignacio Torres, que llegó junto a su vicegobernador, el exdiputado radical Gustavo Menna, y estuvieron reunidos junto a la senadora nacional Edith Terenzi.

Mientras la ley Bases se encuentra siendo tratada por el plenario de comisiones, la presidenta del Senado acordó con el ministro del Interior, Guillermo Francos, meterse de lleno en las negociaciones.

Tal como detalló este medio, la senadora radical Edith Terenzi (integra el bloque Cambio Federal) forma parte del grupo de legisladores que no han confirmado su apoyo -al menos de manera explícita- al proyecto de ley Bases y al paquete fiscal.

De esta manera, la presidenta del Senado realizó su primera jugada en torno al avance de los proyectos del Poder Ejecutivo, en busca de acercar posiciones y dar lugar a modificaciones para llegar al recinto -la fecha sería el 29 y 30 de mayo- con los 37 votos asegurados.

 

 

Se constituyó este jueves en el Senado la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que quedó presidida por la chubutense Edith Terenzi (Cambio Federal). En tanto, quedaron pendiente de designación la vicepresidencia y secretaría. También se fijaron los martes a las 15 como día de reunión.

"Para mí es un honor poder presidir esta comisión", dijo la senadora al tomar la conducción e informó que se hará "un listado de todos los proyectos que están pendientes de tratamiento en la comisión y tienen estado parlamentario" para que sea enviado a todos los integrantes.

En ese sentido, la legisladora señaló que "es necesario que le demos una dinámica distinta a esta comisión, porque hay temas muy relevantes e importantes que es necesario que el Senado se haga cargo de su tratamiento".

"El tema del ambiente es absolutamente transversal a todos los actores políticos, sociales y económicos", resaltó y consideró que para hablar de esta temática hay que hacerlo en "pasado, presente y futuro".

Terenzi observó que "si hablamos de pasado tenemos que ser absolutamente críticos y responsables con esa crítica para ver la situación en la que nos encontramos hoy a partir de algunos desencuentros que hemos tenido con el tratamiento medioambiental. Si hablamos de presente, me parece que tiene que ser un presente absolutamente comprometido, con un diagnóstico veraz, científico, de cuáles son las situaciones graves que estamos atravesando como planeta. Y si hablamos desde el futuro, mirarlo con la perspectiva de dejarle un mejor ambiente a nuestros hijos, nietos y generaciones posteriores".

"El hilo conductor más importante que manejan las cuestiones ambientales tienen que ver con esa línea tan fina entre la producción y el ambiente; en esa línea tenemos que escribir la palabra sustentabilidad, y tratar de que todo lo que podemos producir e invertir siempre tenga en cuenta las cuestiones ambientales", finalizó la chubutense y concluyó la reunión.

La senadora nacional chubutense Edith Terenzi contó este sábado que luego de su intervención en la sesión del jueves en el Senado, en la que presentó una cuestión de privilegio contra el presidente de la Nación, recibió todo tipo de agresiones en las redes sociales, incluso amenazas de muerte. “Cuando te crucemos por la calle te vamos a matar… Cuidate porque donde te veamos, te vamos a liquidar”, detalló que le dijeron.

El bloque que encabeza el correntino Eduardo Vischi pidió “respeto y tolerancia” en referencia a las citadas amenazas. A través de un comunicado, la bancada de la UCR expresó su “total solidaridad con la senadora nacional por Chubut Edith Terenzi ante las amenazas de muerte recibidas en las últimas horas a través de redes sociales”.

“No es un hecho aislado. Lamentablemente, este tipo de acciones se viene repitiendo en el último tiempo. Es inadmisible que, a 40 años de haber recuperado la democracia, nos encontremos ante semejantes ataques por el solo hecho de expresar una posición contraria a la de un espacio o dirigente”, expresó la bancada radical del Senado.

Por último, invitaron a la reflexión “a toda la clase política y a los responsables de estos hechos. Exigimos terminar con estos niveles de agresión y violencia, recordando la importancia del respeto por las diferencias y la tolerancia hacia quien piensa distinto, valores intrínsecos de la vida en democracia”.

También se solidarizaron los senadores de Unión por la Patria. Desde el interbloque repudiaron “de manera categórica las amenazas de muerte de las que viene siendo objeto, en las últimas horas, la senadora radical” y expresaron su solidaridad con ella.

Los integrantes del interbloque de UP consideraron “inaceptable que, tras 40 años de recuperada la democracia, una legisladora nacional deba enfrentar ataques de esta violencia política, no se trata de otra cosa, por el solo hecho de ejercer su voluntad, su derecho de expresión y las competencias que le fueron conferidas por el pueblo de su provincia, a través del voto popular”.

“De acuerdo a lo expresado por la propia senadora Terenzi, comenzó a recibir llamadas amenazantes durante la sesión del jueves, luego de que planteara una cuestión de privilegio contra el presidente de la Nación, por los ataques reiterados que el mandatario viene realizando contra todos quienes piensen distinto a él, y luego de que se difundiera por redes su número de celular. Incluso antes de que la legisladora votara el rechazo al DNU 70/2023, tras lo cual se incrementaron las amenazas, según ella misma denunció”.

El interbloque que encabeza José Mayans exhortó al Gobierno y distintos actores políticos a “frenar y terminar con estas prácticas que dañan la convivencia democrática, enturbian el clima social, entorpecen toda posibilidad de diálogo necesario en momentos tan complejos del país, y que son producto de una cobardía repudiable y están alejadas de cualquier tipo de ejercicio de la libertad que se pretenda alegar”.

De manera individual, el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro expresó en su cuenta de la red social X: “Somos un mismo pueblo, bajo la misma bandera. Las amenazas nada tienen que ver con la libertad ni con la democracia. Venimos advirtiendo que las actitudes y expresiones de

Javier Milei atentan contra la convivencia y el diálogo. Estos son los resultados”.

Y expresó a continuación su “más enérgico repudio a los violentos y mi solidaridad con la senadora Edith Terenzi”.

De origen radical, la senadora nacional Edith Terenzi (Cambio Federal – Chubut) formó parte de los 42 senadores que votaron el jueves pasado en contra del decreto de necesidad y urgencia 70/23 y lo hizo luego de dar un muy duro discurso contra el DNU en general y el presidente Javier Milei en particular.

En diálogo con Radio Splendid contó que le había dicho desde un primer momento al gobernador Ignacio “Nacho” Torres que estaba en contra de ese decreto. “Técnicamente no lo podíamos acompañar, más allá del contenido, porque se trataba de una mega medida que incluía muchísimos temas, que vulneraba sobre todo la capacidad del Congreso de legislar y me parecía un exceso en la capacidad que tiene el presidente de la Nación”, recordó.

La senadora chubutense aseguró que ella está a favor del “cambio”, pero advirtió que “la gran discusión es si lo va a hacer él en forma prepotente, a través de DNU, o va a poner en discusión esos temas en el Congreso de la Nación”. Aclaró de todas maneras que “no vamos a hacer una oposición de obstrucción”.

Durante la entrevista, Terenzi recordó que en la última sesión presentó una cuestión de privilegio contra el presidente de la Nación por “los colectivos que fueron vulnerados” durante la pelea que se dio entre Milei y el gobernador de su provincia, particularizando en las publicaciones a las que el mandatario les dio “me gusta”. “Esas cosas son inadmisibles -alertó-. Lo que está sucediendo también es la naturalización de esas cosas”, señaló en referencia a los mensajes en redes contra las personas con síndrome de Down, o con contenido pedófilo, que se dieron aludiendo particularmente al gobernador Torres.

“Me parece que no hay que naturalizarlo, porque me pasó particularmente; después de haber planteado la cuestión de privilegio, cinco o seis horas antes de rechazar el DNU, empecé a recibir amenazas en mi teléfono. Prácticamente a partir de la 1 de la tarde, empezaron a viralizar mi teléfono, mis datos personales… las barbaridades que se dicen por privado, son increíbles. Es un nivel de agresión al que no estábamos acostumbrados”, relató.

Entrevistada en el programa No la ven, la senadora radical aclaró que “estamos acostumbrados a disentir, pero no a maltratarnos de esta forma, y eso tiene que ver también con las actitudes del presidente de la Nación, que también nos agrede”.

Las amenazas

A continuación, Terenzi contó las cosas que le habían dicho. Prefirió omitir las malas palabras, pero comentó por ejemplo que “entré en la categoría de ‘vieja meada’, que es lo más natural que dicen las huestes de Milei. Pasé a ser ‘casta’; quienes me conocen saben que yo nunca pertenecí ni perteneceré a ninguna casta, por lo menos de las características que refleja Milei cuando habla de castas. Después, se acuerdan de tu madre, de alguna parte del cuerpo de tu hermana, y también te dicen: ‘Cuando te crucemos por la calle te vamos a matar… Cuidate porque donde te veamos, te vamos a liquidar’”.

“Ese es el nivel de agresión y amenazas que maneja este grupo de trolls, estas huestes que vienen de la Presidencia de la Nación -agregó-. Insisto, esto sucedió después que yo planteé una cuestión de privilegio, donde le pedí al presidente que pidiera disculpas por las aberraciones que había acompañado en redes, y todavía no había votado contra el DNU. Después, por supuesto eso se duplicó. Pero no es natural que esto nos suceda; no puede suceder esto en una democracia que tanto nos costó conseguir”.

Terenzi cerró advirtiendo que “es difícil sentarte con alguien que dice que sos una rata, que tiene tanto lenguaje escatológico hacia un gobernador… Hay que hacerlo porque la gobernabilidad de este país y de cada provincia está en juego, pero es difícil”.

Solidaridad del radicalismo

El bloque que encabeza el correntino Eduardo Vischi pidió este sábado “respeto y tolerancia” en referencia a las citadas amenazas. A través de un comunicado, la bancada de la UCR expresó su “total solidaridad con la senadora nacional por Chubut Edith Terenzi ante las amenazas de muerte recibidas en las últimas horas a través de redes sociales”.

“No es un hecho aislado. Lamentablemente, este tipo de acciones se viene repitiendo en el último tiempo. Es inadmisible que, a 40 años de haber recuperado la democracia, nos encontremos ante semejantes ataques por el solo hecho de expresar una posición contraria a la de un espacio o dirigente”, expresó la bancada radical del Senado.

Por último, invitaron a la reflexión “a toda la clase política y a los responsables de estos hechos. Exigimos terminar con estos niveles de agresión y violencia, recordando la importancia del respeto por las diferencias y la tolerancia hacia quien piensa distinto, valores intrínsecos de la vida en democracia”.

La Ley de Lemas se encuentra vigente en cinco provincias de la Argentina: Formosa, Santa Cruz, Misiones, San Juan y recientemente se aprobó en San Luis. Sin embargo, a esa lista se podría sumar la provincia de Chubut, ya que desde el oficialismo salieron a manifestar la idea de volver a implementarla nuevamente.

Fue el diputado nacional Santiago Igon (Frente de Todos) quien opinó en términos similares a los vertidos por el vicegobernador, Ricardo Sastre, quien aseveró que “no descarta” aplicar la Ley de Lemas para el próximo turno electoral, idea que es respaldada por el gobernador Mariano Arcioni. En una entrevista al medio ‘El Chubut’, el legislador sostuvo que “es un sistema que puede funcionar”, pero aclaró que se debe “escuchar distintas opiniones de referentes políticos”.

Además, el diputado expresó: “No la veo mal, al contrario, puede ser un mecanismo que funcione bien. Ahora, quien quiera ser gobernador o intendente, tiene que jugar en todas las canchas. Hay que prepararse en función de eso, después veremos cómo será el proceso”, y ratificó que “hay que abrir la discusión a distintos referentes políticos para garantizar seguridad sobre los comicios”.

Tras sus dichos, de la vereda de enfrente le salió al cruce a través de las redes sociales su coterránea la senadora nacional Edith Terenzi (UCR): “El diputado nacional, @igon_santiago, propone la ley de lemas. De los problemas de la educación y la salud no hablan, pero para trampas electorales tienen tiempo. Un despropósito más”, y sumó: “El gobernador confirmó que se vota en octubre de 2023, falta un año. Hay que gestionar más y buscar menos atajos que lejos están de los problemas reales”.

Pero el asunto no quedó ahí, ya que Igon le sugirió que “es importante que escuches la nota”, y le aclaró: “Lo que dije es que, si se va a discutir Ley de Lemas y se modifica el sistema electoral, sería bueno discutir la paridad en la fórmula y la representación de todas las regiones de la Pcia en la legislatura. Es para charlar, nada más”.

Terenzi le retrucó: “Te escuché. No tenemos sistema electoral en #Chubut. La ley electoral generaría previsibilidad y certidumbre, pero vamos detrás de los parches. La #BUPapel es otra deuda. Cambiar la representación significaría reformar la #ConstPcial. Es más profundo”.

Por José Angel Di Mauro

La idea de formalizar un nuevo bloque en el Senado, dentro del interbloque Juntos por el Cambio, lleva varios meses. Para eso, quienes gestaban su creación venían manteniendo discretas negociaciones con otros pares con la premisa de recrear una “agenda federal” en el seno de la principal oposición. De todos modos, se tomaron su tiempo para formalizar el anuncio, cosa que hicieron hace pocos días al presentar la nota al secretario Parlamentario de la Cámara, y el trámite acaba de culminar.

En rigor, la aparición de este nuevo bloque no afecta a los ya conformados, pues nuclea a los dos chubutenses de JxC, más el salteño Juan Carlos Romero y la neuquina María Lucila Crexell. Esto es, dos senadores de lo que hasta ahora se denominaba Integración y Desarrollo Chubutense, más dos miembros de monobloques. Lo presidirá el senador de Chubut Ignacio “Nacho” Torres, una de las revelaciones de las legislativas del año pasado, donde Juntos por el Cambio derrotó al oficialismo nacional y al oficialismo provincial.

Con él dialogó parlamentario.com, en una entrevista en la que aclaró que no estaban atomizando a la principal oposición, más bien todo lo contrario: “Nos unimos por coincidencias”, dijo, enfatizando que “no renegamos de nuestra pertenencia”.

- Hace unos días formalizaron la presentación de un bloque propio en el Senado. ¿El pedido ya fue aceptado y podemos darlo por formalizado?

- El pedido de conformación fue recientemente aceptado por Secretaría Parlamentaria y ya se encuentra formalizado. Al inicio, considerando que la conformación se da con la unificación de varios monobloques, eso dio lugar a algunas demoras, pero ya se avanzó en ese sentido.

- ¿Quiénes lo integran y cuál es su denominación? Entiendo que la presidencia la encarna usted, ¿no es así?

- El bloque se denomina “Cambio Federal”; lo integramos junto al senador Juan Carlos Romero, del Partido Justicialista 8 de Octubre de Salta; la senadora Lucila Crexell, del Movimiento Popular Neuquino; y la senadora Edith Terenzi, de la UCR Chubut.

Respecto de la presidencia, efectivamente presido el bloque, en principio lo iba a hacer Juan Carlos Romero, pero él fue quien me propuso hacerlo a mí, ya que en una lógica de llevar adelante una agenda federal y, de cara a pelear la gobernación en Chubut, tuvo el gran gesto  de proponerme a pesar de ser él quien más volumen político representa toda vez que es un ex gobernador y tiene los pergaminos por demás para serlo.

- ¿Cuál es el objetivo de este nuevo bloque?

- Retomar una agenda federal en el Senado. Como casa de las provincias, tenemos muchas temáticas pendientes de resolución, cuyo lugar de origen, por mandato Constitucional, es la Cámara de Senadores. La coparticipación federal, el reparto de subsidios económicos, la problemática del narcotráfico en las provincias, son algunos de los ejes que propiciamos desde este nuevo espacio de diálogo parlamentario.

- ¿Hubo algún contacto para sumar a Clara Vega?

- Mantuvimos conversaciones con la senadora Clara Vega. La idea es seguir impulsando la incorporación de senadores que comulguen con la idea de un país más federal, que entable un diálogo profundo sobre las consecuencias del centralismo en nuestras provincias. Además, tenemos un criterio amplio, porque queremos la mirada de las distintas regiones del país. Tenemos integrantes de la Patagonia, del norte argentino. La perspectiva es amplia.

- ¿Cómo tomaron en el interbloque de Juntos por el Cambio esta decisión?

- La conformación del bloque siempre fue una iniciativa constructiva, por la positiva. Hablamos con todos los actores, presidentes de bloques de todo el interbloque, con los mayores referentes de JxC. En mi caso, lo hablé tanto con Mauricio (Macri), Horacio (Rodríguez Larreta) y Patricia (Bullrich).

A diferencia de lo que puede ocurrir en la Cámara de Diputados, donde los bloques se dividen por diferencias, en nuestro caso nos unimos por coincidencias. Reunimos monobloques con fuerte arraigo provincial, consolidando al interbloque porque pasamos de 3 o 4 bloques aislados, a un sub bloque que aglutina estas expresiones dentro de Juntos por el Cambio. Este tinte más federal posibilita la contención de otros senadores que tiene intenciones de participar dentro del interbloque y que hoy están en discusiones entre partes y que responden a partidos provinciales.

- ¿No puede resultar pernicioso exhibir una atomización del interbloque JxC, sobre todo teniendo en cuenta lo que sucedió hace poco tiempo con la división del Frente de Todos para quedarse con un lugar en el Consejo de la Magistratura?

- No estamos dividiendo el bloque. Seguimos formando parte del interbloque Juntos por el Cambio, que reúne a diversas fuerzas políticas que defienden un modelo de país en antípodas del modelo del Frente de Todos.  Y dada la coyuntura actual, con una crisis severa de la economía nacional, tenemos que disponer todos los esfuerzos necesarios para que nuestras provincias puedan ingresar, vía sus representantes, las demandas pendientes, que encarnan la temática del Federalismo.  Por ello la designación, “Cambio Federal”. No renegamos de nuestra pertenencia, ni atomizamos el espacio que nos congrega. Nos reunimos por afinidades temáticas, y con la necesidad de impulsar agendas relegadas por el vértigo que impone el oficialismo.

- Yendo a lo que es la actividad cotidiana en la Cámara alta para la principal oposición: ¿Hay algún estado de frustración por no poder doblegar la mayoría virtual que sigue manteniendo el oficialismo en esa cámara?

- Al contrario. Nos desafía permanentemente. En la rutina parlamentaria, se entablan diálogos permanentes en búsqueda de los consensos necesarios, y se da en un marco de respeto y a la vez una tensión natural. La dinámica de la Cámara alta tiene sus picardías a la hora de contemplar las distintas mayorías según los temas, aunque es cierto que aún hay un bloque oficialista amplio, está atomizado con actores que no necesariamente se sienten parte de ese espacio. Esos actores, según la temática, son los que hay que buscar a la hora de construir consensos para impulsar iniciativas, o para ponerle el freno a otros proyectos tribuneros o revanchistas que le hacen daño a la Argentina.

La senadora nacional Gabriela González Riollo (Pro-San Luis) presentó un proyecto de ley para actualizar el sistema de protección de animales, actualmente regulado por una ley del año 1954, y argumentó que “los animales sienten, sufren, se alegran, extrañan, disfrutan de nuestra presencia, nuestros cuidados y nuestro amor, no son una cosa y son parte de nuestras familias”.

Agregó en ese sentido que “la ley que los protege tiene casi 70 años. Les estamos fallando”.

Luego de la visitar la asociación protectora de animales ASOECO, en la provincia de San Luis, González Riollo aseguró que “toda la protección que podamos darle es poca comparada con el amor y la entrega que ellos nos dan, pero estar a la altura del tiempo en que vivimos es una obligación que no podemos esquivar”.

“Por eso creo que la actualización de la Ley 14.346 de malos tratos y crueldad animal era una deuda pendiente que teníamos como sociedad. Necesitamos legislación que esté a la altura de las demandas actuales y proteger a los animales es una de ellas”, remarcó la senadora. 

La propuesta, que ya está transitando su curso en el Senado, cuenta con el apoyo de la senadora por Chubut Edith Terenzi, entre otros legisladores; y desde el despacho de la legisladora aseguraron que confían en que la aprobación se haga en este año. El proyecto plantea una elevación en las penas para que los delitos no sean excarcelables y suma, multas y capacitaciones, para quienes maltraten o abusen de animales.

“Por un lado, creemos que es indiscutible que nuestra relación con los animales no es la misma que hace 70 años y por lo tanto es necesario actualizar el sistema. Por otro lado, proteger más a los animales, es un deber que no creemos que nadie quiera esquivar”, concluyó la senadora.