La Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, presidida por Martín Doñate (FdT – Río Negro) mantuvo una “última” reunión de forma virtual que tuvo picos de tensión por momentos, puntualmente con el expediente ante el pedido de respuestas al procurador general interino, Eduardo Casal, sobre las medidas disciplinarias a los fiscales Stornelli, Marijuan y Rívolo por las reuniones que mantuvieron con la exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. También aprobaron el informe anual 2021.

Ni bien iniciada la reunión, el aire se tornó caliente luego de leer la primera respuesta de Casal con fecha 2 de junio “sobre medidas disciplinarias a los fiscales Carlos Stornelli, Guillermo Marijuan, Carlos Rívolo por reuniones mantenidas con la exministra de Seguridad Patricia Bullrich en 2017 y 2018, dadas a conocer a través de una investigación periodística”, en la cual contestó que “este despacho no tenía conocimiento sobre la realización de esas reuniones y no se tienen registros de las mismas por lo que se dio inicio a un seguimiento”.

En ese momento interrumpió la diputada Vanesa Siley (FdT – Buenos Aires), quien pidió que “al haber transcurrido 5 meses de la respuesta se podría ver si hay alguna actualización o movimiento en esas actuaciones disciplinarias, si alguno de los fiscales hizo uso de informar en ese marco y que se debería tener una copia de esas actuaciones para dar continuidad a los trámites esta respondido, pero falta el acompañamiento de las actuaciones y deberíamos pedir actualizaciones de los expedientes”.

A sus dichos se sumó Rodolfo Tailhade (FdT – Buenos Aires) quien enfatizó: “Me parece que hay que pedirle al procurador que nos envíe todas las actuaciones, haga o no uso de la posibilidad de hacer un descargo; tenemos que contar con toda la información”. Y acotó: “No debemos olvidar que el doctor Casal reprochó a un grupo de fiscales que se habían reunido con (el ministro de Justicia, Martín) Soria y alegó que la representación institucional la tenía él y, si bien no inició una actuación administrativa, se asemejó mucho”, ante lo que cuestionó: “Acá hay un tratamiento distinto y no tiene la misma actitud. Me parece tiene que salir el pedido a Casal para que remita la totalidad de las actuaciones del tema”.

Por el contrario, el diputado del Pro Jorge Enríquez (Ciudad de Buenos Aires) acotó que “los expedientes disciplinarios son reservados y la comisión no tiene facultades para interiorizase en eso. La reunión de las fiscalas no se puede hacer por esa vía sino de poder a poder”, y agregó: “Estamos traspasando el rol que tenemos”.

En tanto, la diputada Siley retomó la palabra y leyó: “Se dio inicio a las actuaciones en cuyo marco se incorporó las copias y se puso en conocimiento”, y criticó que “esto sucedió hace 5 meses y no se conoce el curso y solicitó una actualización y bien puede el procurador enviar copias que se pueden mantener reservadas o informar el estado de situación actualizada. Las dos cosas son legales y legítimas”.

Recogió el guante Enríquez, para responderle: “Me parece que se puede pedir información del grado de avance, pero no ir sobre el contenido”.

Por consiguiente, Tailhade cuestionó al referente del Pro porque “se contradijo y dijo algo distinto”, y enfatizó: “Tenemos altas facultades porque controlamos el Ministerio Público, así de sencillo tenemos acceso a esa información. ¿Quién va a tener acceso? ¿Ellos? ¿El Pro? Veo que el diputado Enríquez sabe mucho del trámite interno que tuvo el expediente. No tenemos que dejar que nos tomen el pelo, en todas las notas nos toman el pelo. Debería darse en un marco mínimo de respeto”.

Por su parte, la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR – Tucumán) ironizó: “Parece que una y otra vez hay que recordarles que somos una comisión de seguimiento”, y aclaró: “Nosotros somos los responsables de leerles las notas, no podemos caerle al procurador por eso. Preguntar cómo va el trámite nadie se opone, pero querer meterse en que manden todo de una cuestión privada y disciplinaria no estamos de acuerdo”.

En el medio, Enríquez explicó a Tailhade: “Se rechazó lo de las fiscales, adhiriendo a Silvia Elías de Pérez de que existe una denuncia por mal funcionamiento cualquiera sea su entidad de un miembro debe remitirse a los antecedentes a la Comisión de Juicio Político sin involucrar al procurador general”.

Brevemente Mara Brawer (FdT – CABA) aclaró que “lo que está en juego es si los pedidos de informes o llamados de atención va de acuerdo de quién se trata”.

Por su parte, el radical porteño Emiliano Yacobitti explicó: “La diferencia en cuanto al tratamiento tenía que ver en que el doctor Casal respondió a una nota sobre qué opinaba de una reunión. En el momento que tenían reuniones los fiscales anteriores nadie le pidió explicaciones. Respondió una nota que Bullrich le mando”, y solicitó “seguir con el tratamiento de la reunión”.

“El único hostigamiento que hubo fue a las fiscalas, no al procurador. Hagamos uso de las facultades de esta Bicameral, queda claro que hubo una clara persecución a la actitud a las fiscalas mujeres que tuvieron una reunión con el ministro de justicia, y no tuvo la misma conducta respecto a la otra reunión que no se había enterado”, cuestionó la senadora María de los Ángeles Sacnun (FdT – Santa Fe).

Otra de las notas que despertó el enojo de Tailhade fue sobre el uso de licencias del fiscal Marcelo Martín Retes que estuvo en Estados Unidos de viaje por más de un mes, y del fiscal Raúl Pleé, que mantuvo reuniones con el expresidente Mauricio Macri, ante lo cual Casal respondió que “el despacho no tenía conocimiento, no solicitó licencia y que conforme a la reglamentación si el viaje es menor a 30 días le corresponde al fiscal general que ejerce la Superintendencia, y que no existe relación alguna con el hecho de inseguridad”.

En ese contexto, Tailhade reprochó: “Hay falta de colaboración porque si el doctor Casal contesta que él no estaba al tanto de la licencia y dice que la da el fiscal general, me parece que lo que debería haber hecho es informar”.

El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, defendió el proyecto que reforma la Ley del Ministerio Público asegurando que no se trata de “una ley que tenga nombre propio”, sino que tiene que ver con el funcionamiento de ese organismo.

“Hace unos días obtuvimos el dictamen de la Comisión de Justicia y de Asuntos Institucionales y que contempla muchos de los acuerdos y consensos que logramos conseguir. Ahora lo que estamos buscando es que el Congreso apruebe el proyecto”, expresó el funcionario.

En diálogo con Radio 10, Soria cargó la oposición señalando que “los que ahora dicen que quieren votar a (Daniel) Rafecas son los que el año pasado bloquearon su pliego. Y son los mismos que ahora critican esta reforma y que antes habían presentado un proyecto similar”.

“Esta ley es necesaria más allá de quién sea el próximo procurador. Necesitamos un procurador con un límite en su mandato, necesitamos cambiar las mayorías. No nos puede volver a pasar lo mismo con un interinato que tanto daño le ha hecho al Ministerio Público Fiscal”. Aclaró además que “no es una ley que tenga nombre propio, es una ley que tiene que ver con el funcionamiento del Ministerio”.

En ese sentido apuntó que “se mezclan muchas cosas. Es una posibilidad que haya una cláusula que determine que se empiece a aplicar después del siguiente procurador, es una posibilidad, pero yo no creo que esta reforma esté trabada por un nombre”.

Tras apuntar que “nunca ha quedado tan expuesto como ahora la falta de imparcialidad de algunos jueces”, Soria afirmó que “en el 2017 (el ministro de Justiciai Germán) Garavano propuso una reforma que era prácticamente idéntica a la que estamos proponiendo nosotros y no sé qué pasó ahora que se oponen. Creo que tiene que ver con mantener la impunidad de esa mesa judicial macrista”.

Soria cree que “cortaron camino con la creación de la mesa judicial y lo que pretenden es que el Ministerio Público Fiscal siga paralizado institucionalmente con interino que sienten como propio y que fue funcional a esa mesa judicial. (El procurador Eduardo) Casal llevó a cabo todo tipo de maniobras para encubrir las acciones de Macri y sus funcionarios. Está claro que él fue parte de esa Mesa Judicial, junto a Macri, sus funcionarios y algunos medios de comunicación”.

Consultado sobre el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia impulsada desde sectores kirchneristas, el ministro de Justicia señaló que “todos los pedidos de juicio político tendrán que estar bien fundamentados. A mí no me preocupa solo el fallo que sacaron de las clases, sobre el que tengo mi opinión, me preocupa mucho más que haya miembros de la Corte que todavía no expliquen qué hacían hablando con un prófugo de la justicia”.

“Es un proyecto que lleva mucho tiempo en discusión y que es similar al que se aplica en muchas provincias. Alterar la forma de elección de un procurador no creo que sea darle una herramienta a un eventual gobierno (opositor), todo lo contrario”, puntualizó el ministro.

La última semana el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara baja, Rodolfo Tailhade, embistió duramente contra el procurador general provisorio, Eduardo Casal. No es la primera vez que él en particular y el kirchnerismo en general arremeten contra el jefe de los fiscales, pero en esta oportunidad el legislador de La Cámpora se despachó con una denuncia contra Casal por “enriquecimiento ilícito”.

La reacción del funcionario judicial fue inmediata: al día siguiente se autodenunció para que lo investiguen, argumentando que tiene todos sus papeles en regla.

Consultado sobre el tema, el legislador kirchnerista relativizó el accionar del procurador, calificándolo de “maniobra”.

“Debió decirle a la Bicameral que le fijen una fecha para dar las explicaciones”, expresó el legislador al ser consultado por radio Cooperativa.

Tailhade señaló que a él le parece lo que hizo Casal “más una maniobra que una respuesta genuina”. Por el contrario, para él lo que Casal debió hacer fue “decirle a la Bicameral: ‘Señores fíjenme una fecha para explicar esto que dice el diputado que está muy equivocado’”.

Como sea, afirmó que el procurador general deberá dar las explicaciones correspondientes ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público”.

Aclaró no obstante que él no lo denunció a Casal, ni dijo que hubiera sido algo delictivo su enriquecimiento. “Dije en la reunión que había recibido las declaraciones juradas y que me sorprendió su última declaración” patrimonial.

En ese sentido reiteró que el funcionario judicial “tenía tres propiedades, 700 mil pesos de ahorro, 130 mil dólares de ahorro” en una anterior declaración y tres años después acumulaba “once propiedades, 1 millón y medio de pesos y 440 mil dólares”.

Tailhade admitió que Casal “cobra bien, estamos hablado que como mínimo está cobrando 800 mil pesos por mes, pero es una compra de 8.300 dólares por mes. Parece medio difícil de justificar aun con esos sueldos altos”.

“Lo grave es la situación del Procurador, que en el fondo es lo que se está discutiendo” y dijo que se trata de “una crisis de autoridad, todo se debe a un interinato que es perpetuo”, señaló.

La Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público volvió a abordar este jueves la situación de la doctora Adriana Donato, expresidenta del Consejo de la Magistratura, quien es actualmente vocal del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público, pero además se desempeña en el cuerpo de asesores de la Fiscalía Federal de la Ciudad, algo que el oficialismo entiende como una incompatibilidad.

En el encuentro pasado, a instancias del Frente de Todos, se habían cursado notas reclamando explicaciones. Una de ellas fue enviada al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, desde donde respondieron que “desconocen cualquier relación” de Donato con la Fiscalía General de la Ciudad de Buenos Aires.

Tras la lectura de la nota, el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade tildó de “insuficiente” la contestación. “Por ahí puede no constarle a las autoridades de esa institución que la doctora Donato esté en relación de dependencia con la Fiscalía General de la Ciudad y dependa directamente del fiscal (Juan Bautista) Mahiques, podrían haberlo tranquilamente chequeado”, expresó.

“Yo creo que la comisión debería remitirle al Colegio todos los antecedentes que tenemos, básicamente la respuesta y la información que nos suministró el propio Mahiques en relación a la situación de la doctora Donato, su contratación, etcétera”, continuó el legislador del oficialismo.

Además, señaló que “esa alusión a que no está previsto que el Colegio pueda remover a sus representantes es un poco pobre desde el punto de vista de los argumentos jurídicos”.

Tailhade concluyó que “en definitiva, el Colegio tiene que abocarse al análisis de la situación. ¿Es compatible la situación de la doctora Donato con el ejercicio profesional? Y, en ese caso, si no lo es, me parece que es de plena lógica que tenga que ser removida del cargo”.

Desde la oposición, el diputado Emiliano Yacobitti (UCR) aseguró que “para la Procuración no es incompatible el cargo que tiene”. “No vamos a ser nosotros los que decidamos” sobre el destino de Donato, dijo, sino que “el Colegio de Abogados la reemplazará si hay que reemplazarla”. Por eso, pidió “no insistir con funciones que la bicameral no tiene”.

En el mismo sentido, la senadora radical Silvia Elías de Pérez remarcó que “no es competencia de la bicameral” esta cuestión y criticó: “¿Qué es lo que queremos, insistir hasta que nos digan lo que queremos que nos digan?”. “Tenemos que tener cuidado de no extralimitarnos”, dijo.

Aunque no forma parte de la comisión, el diputado porteño Jorge Enríquez (Pro) participó de la discusión y enfatizó que a la doctora Donato “no la pueden remover, no es el ámbito, ella es representante de los abogados y no del Senado”. “Me parece ocioso volver a pedirle al procurador algo sobre lo cual ya se expidió”, agregó.

Pero desde el Frente de Todos, la diputada Vanesa Siley insistió que “está pendiente de respuesta el tema de la incompatibilidad sobreviniente de la doctora”. “El procurador no se pronunció; dijo que al momento de tomarle juramento cumplía con los requisitos legales”, explicó, y resaltó que eso puede ser “correcto”, pero sin embargo “dejó de cumplirlos luego”.

La legisladora oficialista subrayó, además, que la bicameral “tiene facultades para requerir información”, de acuerdo al artículo cinco del reglamento de la comisión. “Tenemos facultades legales para hacerlo”, reiteró.

Finalmente, el presidente de la bicameral, el senador Martín Doñate (FdT), apuntó “lo simple que es esto de resolver”, y aclaró que “ni siquiera tiene que ver con la persona de la doctora Donato; hay que conseguir los elementos para confirmar que, a nuestro criterio, hay incompatibilidad”.

“El procurador debe informarnos si eso sucedió”, aseveró y puntualizó que en ese caso, se trata de “cambiar al integrante o que asuma el suplente” por el Colegio de Abogados. “No es que el Colegio se va a ver afectado en su representatividad en el Tribunal”, continuó.

El rionegrino negó que exista, por este tema, un “ataque al procurador”, sino que le reclaman “que se aclare la situación rápidamente”. “En la próxima reunión esperamos tener la respuesta del doctor Casal, vamos a insistir”, anunció, y al finalizar adelantó que también cursarán otra nota al Colegio para que envíe una nueva respuesta “de lo que puntualmente se le consultó”.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, arrancó su exposición de este lunes ante diputados refiriéndose a la situación que se generó entre el procurador interino, Eduardo Casal, y un grupo de fiscalas que se reunieron con él.

El titular de la cartera judicial recordó que en su primer mes como ministro tuvo “la oportunidad de recibir a un grupo de fiscalas, fiscales mujeres de distintos puntos del país, pero todas atravesadas con una misma preocupación, que es obviamente las cuestiones de género” dentro del Ministerio Público Fiscal.

El rionegrino criticó entonces “una actitud que es claramente demostrativa de la falta de legitimidad” que, a su entender, tiene la Procuración y es “lo que sucedió en las últimas horas y que ha tomado estado público. Un verdadero papelón diría yo“.

“El reproche, el reto del procurador general interino a ese grupo de mujeres fiscales, a las fiscalas que solicitaron una reunión oficial, una audiencia pública para dialogar con este ministro de Justicia sobre cuestiones de género que necesariamente debemos tener en cuenta en esta reforma de la ley”, señaló.

Soria calificó a la situación como “verdaderamente una actitud bochornosa, canallesca” y disparó: “Sobre todo proviniendo de un procurador interino que nunca dijo nada de aquellos fiscales que entraban y salían a escondidas de la Casa Rosada y Olivos”. “Una situación insólita y reprochable”, agregó.

A raíz de un pedido de sanciones formulado por la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, y su asesora, la abogada Florencia Arietto, contra las fiscalas, Casal emitió una resolución en la que, si bien consideró que no habían existido faltas -ni graves, ni leves- por parte de las funcionarias, les recomendó: “A fin de evitar la reiteración de situaciones como la presente, que pueden conducir a interpretaciones equívocas acerca de la postura del Ministerio Público Fiscal sobre temas respecto de los cuales no se emitió opinión formal aún, corresponde recomendar a las señoras fiscales que, en lo sucesivo, canalicen las inquietudes de este tenor por las vías institucionales pertinentes”.

Casal formuló la recomendación “sin que esto importe abrir juicio de valor sobre la naturaleza de las propuestas que se habrían formulado ni tampoco desconocer el ejercicio del derecho a peticionar que reconoce el artículo 14 de la Constitución Nacional”.

Como respuesta, las fiscalas le enviaron una nota al procurador manifestando su “profunda preocupación por el dictado de una resolución que tiene un carácter discriminatorio contra las mujeres”, puesto que si bien otros estamentos y funcionarios se reunieron con Soria, “la reunión protagonizada por mujeres tuvo por finalidad conversar sobre una agenda de género en la justicia. Y fue la única respecto de la cual se entendió que podía resultar equívoca en términos institucionales”.

Las fiscalas que se reunieron con el ministro fueron Mariela Labozzetta, Gabriela Baigún, Laura Belloqui, Cinthia Oberlander, Mónica Cuñarro, Ana Miriam Russo, Cecilia Indiana Garzón, María Virginia Miguel Carmona, Iara Jesica Silvestre, María Cecilia Me Intosh, Josefina Minatta, María Marta Schianni y María Lía Hermida.

Diputados y senadores de la oposición rechazaron las declaraciones del flamante ministro de Justicia, Martín Soria, contra el procurador interino Eduardo Casal, y llamaron a rechazar la reforma del Ministerio Público en la Cámara de Diputados.

En declaraciones a El Destape Radio, Soria denunció que Casal “es insostenible” en el cargo ya que “hace más de tres años que no está respetando la ley”.

Respecto de la reforma del Ministerio Público, sostuvo que “es indudable que hay que buscar el consenso para sacar la ley” y que “es de imperiosa necesidad debatir este tema”.

Frente a estos dichos, el senador nacional y jefe del bloque Pro, Humberto Schiavoni, remarcó que “la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal es esencial para el respeto a los derechos humanos de los argentinos”.

“Lamento y repudio el ataque del ministro al procurador general de la Nación. Todo el arco político debe rechazar la reforma a la ley de Ministerio Público”, consideró el legislador.

A su vez, el titular del interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara baja, Mario Negri, advirtió que Soria “quiere que Diputados apruebe la ley K del Ministerio Público Fiscal que permite designar el procurador solamente con la mayoría peronista en el Senado, y modifica el jury para poner a tiro a los fiscales que no militan en el kirchnerismo”.

El cordobés sentenció que en el kirchnerismo están “obsesionados con la impunidad”.

Por su parte, el diputado del Pro Jorge Enriquez ironizó: “Debutó el ‘ministro de aprietes a la Justicia’ haciendo los deberes que le piden. Dice que la situación de Casal al frente de la Procuración es insostenible. Falso: lo sostiene la ley”.

Enriquez recordó que el pliego del candidato del Poder Ejecutivo, Daniel Rafecas, se encuentra trabado en el Senado: “La falta de designación de un nuevo procurador se debe a las feroces internas del oficialismo. Que se pongan de acuerdo entre ellos, porque un país desgobernado de esa forma sí es insostenible”.

En el mismo sentido se expresó Paula Oliveto, de la Coalición Cívica: “Lo que no entiende Soria es que Casal es un funcionario de carrera y que quien no quiere aprobar el pliego del candidato propuesto por el presidente es su vice y su bloque.  Tensionan las instituciones a lo patota, mientras los argentinos peleamos contra la pandemia y la crisis”.

Asimismo, el diputado radical Luis Petri consideró que “insostenible es la reforma al Ministerio Público Fiscal que impulsan, que no respeta la independencia con autonomía funcional que le otorga la Constitución”.

Tras exigir al oficialismo que retire el proyecto, Petri insistió: “Es clave el rechazo a la reforma de la Ley de Ministerio Público Fiscal. Esa es la trinchera de la República. Ahí se detiene la embestida del kirchnerismo contra el procurador Eduardo Casal”.

La reforma propuesta por el oficialismo, que ya cuenta con aprobación del Senado y está pendiente de tratamiento en Diputados, flexibiliza la mayoría necesaria para nombrar al procurador (de dos tercios a la mitad más uno de los votos) y fija un límite de cinco años para ocupar el cargo, hoy vitalicio.

La Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal realizó este jueves su primera reunión del año, durante la cual el kirchnerismo avanzó con pedidos de explicaciones sobre la situación de Adriana Donato, vocal del Tribunal de Enjuiciamiento, y sobre “las medidas disciplinarias” que el procurador interino, Eduardo Casal, tomó o no respecto al fiscal Carlos Stornelli.

La reunión comenzó con la lectura de notas por parte del secretario de la comisión, y entre ellas se leyó una enviada por Donato, expresidenta del Consejo de la Magistratura, quien defendió que su designación como integrante del cuerpo de asesores de la fiscalía general de la Ciudad “no resulta incompatible con el ejercicio de la matrícula federal, ni me inhabilita para ejercer la representación del Colegio de Abogados de la Capital Federal como vocal del Tribunal de Enjuiciamiento” del Ministerio Público Fiscal.

La abogada aseguró que fue “debidamente designada” y, sobre su actuación en torno al fiscal Carlos Stornelli, sostuvo: “No conozco al fiscal, jamás lo he visto personalmente, no he tenido relación alguna con el mismo y a esta altura debería saber el diputado (en respuesta a Rodolfo Tailhade) que jamás he hecho derecho penal de autor (…). No está en mi conducta, ni lo ha estado, analizar a un funcionario o magistrado por su simpatía política o su militancia”.

Al tomar la palabra, el diputado Rodolfo Tailhade apuntó que “por más buena voluntad que quiera poner”, Donato no puede “de ninguna manera conmover lo que dice una ley nacional”. “La norma que ella invoca no dice nada de lo que está diciendo ella, no la habilita a ejercer la profesión”, señaló, en alusión a la normativa que la abogada utilizó en su misiva.

El legislador K remarcó que “ella es una secretaria del cuerpo de asesores del señor fiscal general de la Ciudad (Juan Bautista Mahiques)”, por lo tanto “no es una abogada que puede ejercer libremente la profesión y, si lo está haciendo, lo está haciendo de manera irregular”.

“Si va a continuar como secretaria letrada tiene que tener la matrícula suspendida”, insistió, para luego enfatizar que existe “una evidente vinculación de la doctora Donato con lo que fue el oficialismo en 2015-2019, lo que fue el macrismo”.

Rememoró entonces que él fue consejero en el mismo tiempo que ella, y calificó a ese período como “una etapa bochornosa del cuerpo”, cuando el Consejo “fue uno de los dispositivos centrales del lawfare”. “Me acuerdo de la suspensión del doctor Freiler, con la participación delictiva de los miembros de la Corte Suprema que retuvieron a un senador en la Corte para retrasar un juramento y conseguir una mayoría artificial”, agregó y acusó que “fue con la responsabilidad directa de la doctora Donato, que era la presidenta”.

Tailhade consideró entonces que Donato “siempre fue funcional” y “nunca representó a la abogacía independiente”. Finalmente, anticipó que irá a la Justicia para “hacer las denuncias penales correspondientes” contra Donato, Mahiques y Casal.

Desde el Pro, la diputada Graciela Ocaña defendió que “no hay ningún tipo de compatibilidad en la función que está llevando de asesora”. Y se preguntó que ante la “transcendencia pública” que tomó la discusión, el Colegio de Abogados “no se haya expresado”. “Tiene vigente su matrícula, lo cual expresa que puede ejercer su rol como abogada”, aseveró.

“Me parece un despropósito dar este debate con las explicaciones que se han dado”, prosiguió la macrista, que reiteró que en su caso “no hay una incompatibilidad” como para “forzar el cambio o la renuncia de uno de los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento”.

En la misma línea, el diputado Emiliano Yacobitti manifestó que “hasta ahora los instrumentos que tenemos no nos muestran una irregularidad o incompatibilidad en la designación”. “La respuesta del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad para mí fue suficiente”, afirmó el radical, que subrayó que “no es una función nuestra pedirle al Colegio de Abogados un reemplazo”.

“No es la facultad de esta bicameral que se defina la situación de la doctora Donato (…). Me niego a que se vote la desvinculación o no”, enfatizó la senadora radical Silvia Elías de Pérez.

Por su parte, la diputada oficialista Vanesa Siley leyó los artículos del convenio de trabajo a los que hizo referencia Donato, y explicó su interpretación, para alertar que “no se puede estar de los dos lados del mostrador” y, en caso de mantener a Donato en esa condición, “sería un desastre”.

Sobre esto, la legisladora del Frente de Todos pronosticó que se podría ver “a todos los funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires yendo al Colegio de Abogados a que le habiliten la matrícula”. “Es muy preocupante la situación que se puede desencadenar”, añadió.

En el final de la discusión, Tailhade admitió que “efectivamente nosotros no tenemos ninguna facultad para sacar a la doctora Donato del Tribunal de Enjuiciamiento”, pero “sí tenemos facultad para decirle al Colegio de Abogados que revise lo que está ocurriendo, en función que no sabe esta situación”, dijo.

“No estoy planteando sacarla a la doctora Donato de los procesos que ya están iniciados”, aclaró y lamentó: “A pesar de que no me genera ninguna garantía de nada”. Por eso, el kirchnerista señaló que “de ninguna manera puede seguir en los eventuales procesos”.

Al cruce salió Elías de Pérez, que denunció que “acá lo que se busca es la mayoría en el jury para poder enjuiciar a Casal, a Stornelli, que parece ser una fijación que están teniendo. A toda costa lo que quieren es cambiar la integración del Tribunal de Enjuiciamiento. ¡No cuenta con nosotros!”. “Queremos y necesitamos una justicia que sea independiente”, exclamó la senadora, que apuntó que desde el oficialismo “lo que quieren armar es el famoso lawfare del que tanto hablan”.

Finalmente, el presidente de la comisión, el senador Martín Doñate, confirmó que se le requerirá al Colegio de Abogados de la Capital que “de manera urgente” dé cuenta de la situación de Donato, y también se le pedirán explicaciones a Casal “sobre qué tiene para decir respecto de esta situación que, a mí criterio, es irregular”.

Cuestionamientos a Stornelli

Durante el encuentro, la senadora oficialista María de los Ángeles Sacnun denunció que “es absolutamente preocupante la actitud, la conducta del fiscal Stornelli”, de quien afirmó tuvo “un nivel de connivencia y participación en torno a la construcción del lawfare”.

“No fue solamente de perseguir a opositores, sino de extorsionar a empresarios, de pedir dádivas de acuerdo a si se entregaban o no las sortijas desde su fiscalía”, expresó.

Después se refirió a la supuesta compra de objetos nazi que el fiscal habría realizado, y pidió que se coteje si un número telefónico que aparece en la causa corresponde a él; y además repudió las declaraciones de Stornelli tras el discurso del presidente Alberto fernández ante la Asamblea Legislativa.

La santafesina calificó de “declaraciones bochornosas” las expresadas por Stornelli respecto a la visita del juez Gustavo Hornos a la Casa Rosada durante el macrismo, hecho que lo que hace es “corroborar la existencia de la mesa judicial destinada a perseguir opositores, obturar el proceso electoral y disciplinar a la política”.

Sobre la frase de Stornelli de que un día le gustaría tener “una charla de hombre a hombre” con Alberto Fernández, Sacnun opinó que son una “amenaza” porque “ya está pensando cómo va a instaurar la persecución al actual presidente cuando deje de serlo”.

Desde la oposición, el jefe del bloque Pro en Diputados, Cristian Ritondo, retrucó: “A lo que se refiere Carlos Stornelli es a la cantidad de encuentros que el presidente de la Nación Alberto Fernández tenía habitualmente con él, siendo jefe de Gabinete y en los últimos cuatro años”.

Según el diputado de Juntos por el Cambio, el fiscal hizo alusión a las “decenas de veces que el presidente actual se juntaba con Stornelli” a “tomar café o almorzar”, porque existía una “relación continua y periódica”. Por otro lado, defendió que “la causa de San Martín en ninguna parte queda comprobado que haya comprado algo relacionado al nazismo”.

“A mí lo que me interesa es que Casal explique cuáles son las medidas que ha tomado”, enfatizó Sacnun, que criticó a los legisladores que “se erigen en defensores de Stornelli, de Casal” y “no están de acuerdo con que se eleven notas, se pidan explicaciones” ante “dos cuestiones que tienen una enorme gravedad institucional”.

En el comienzo de la reunión, Doñate despidió al secretario “histórico” de la comisión, Matías Arregger, quien renunció para asumir un nuevo trabajo en el Consejo de la Magistratura.

Además, se formalizó el reemplazo del santacruceño Pablo González -quien renunció como diputado para asumir la presidencia de YPF- y en su lugar pasó a conformar la comisión la diputada oficialista Mara Brawer.

También, el presidente de la bicameral dijo que se encontraban a “disposición” de los integrantes los informes anuales recibidos del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, ambos “presentados en tiempo y forma”.

El senador nacional Oscar Parrilli (Frente de Todos) presentó este lunes un nuevo pedido de juicio político ante la Procuración General de la Nación contra el fiscal federal porteño Carlos Stornelli por presunto mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.

La presentación fue enviada, tal como indica el artículo 76 de la Ley del Ministerio Público Fiscal, al Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, quien ya notificó oficialmente a Stornelli, según informó la agencia Télam.

A principios de diciembre, la Cámara Federal de Mar del Plata confirmó parcialmente el procesamiento del fiscal en la causa por supuestas maniobras de espionaje ilegal en que está detenido el falso abogado Marcelo D’Alessio.

El pedido iniciado por Parrilli, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, avanza sobre las denuncias por presunto espionaje por las que se investiga al fiscal federal.

Parrilli ya había pedido el juicio político contra Stornelli ante la Procuración por mal desempeño y por considerar que integraba un “sistema de persecución judicial” contra dirigentes opositores durante el gobierno de Mauricio Macri.

En la nueva presentación, el legislador denunció que Stornelli violó el artículo 68 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal al “incumplir en forma reiterada las tareas o funciones asignadas en el área donde se desempeña” y al “actuar con grave negligencia en los asuntos encomendados o en cumplimiento de las obligaciones asumidas”.

Parrilli recordó que los integrantes del MPF sólo pueden ser removidos de sus cargos por el Tribunal de Enjuiciamiento previsto en la legislación por mal desempeño, grave negligencia o la comisión de delitos de cualquier especie.

Según el senador, “pareciera entonces que un fiscal puede ser removido por no presentar en tiempo y forma su declaración jurada pero no por cometer un delito”.

“Mi planteo, esta vez, no se basa en la comisión de un delito sino en que imputo a Stornelli haber actuado de manera irregular en forma reiterada, incumpliendo gravemente con sus obligaciones funcionales y violando, también en forma reiterada, la misión impuesta por la Constitución y la ley al MPF”, dijo.

Por ello, requirió la conformación del Tribunal de Enjuiciamiento contra Stornelli “por faltas graves y por mal desempeño en sus funciones”.

Parrilli dIjo que Stornelli “se vinculó voluntariamente y por fuera de cualquier canal formal con Marcelo D’Alessio, a quien reconocía como persona relacionada, orgánica o inorgánicamente, con los servicios de inteligencia”.

“Ese vínculo no fue personal, sino que estuvo directamente relacionado con su trabajo como fiscal federal”, insistió el senador del Frente de Todos.

Agregó que el supuesto vínculo entre Stornelli y D’Alessio “comenzó y continuó siempre -hasta la detención de D’Alessio- fuera de todo marco legal”.

Esa relación “fue absolutamente irregular, a tal punto que Stornelli ni siquiera verificó su verdadera pertenencia a los servicios de inteligencia para los que D’Alessio alegaba trabajar ni de qué forma obtenía la información que conseguía”, señaló el senador Parrilli.

“Stornelli le reclamaba informes a ese sujeto, consentía la realización en su propio interés de cámaras ocultas fuera de cualquier procedimiento regular, aceptaba sin ningún cuestionamiento a ‘arrepentidos’ que eran llevados y considerados ‘paquetes’ por D’Alessio y que tenían tanto miedo que habían entrado en pánico”, advirtió finalmente.

Tras un debate de más de cuatro horas, el oficialismo se alzó este viernes en el Senado con la media sanción del proyecto para reformar el Ministerio Público Fiscal, tras una votación que resultó con 42 votos a favor y 27 en contra.

A los senadores del Frente de Todos lo acompañaron los aliados Magdalena Solari Quintana (Misiones) y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), impulsor de una iniciativa que se tomó como base para el dictamen.

En tanto, con fuertes críticas en sus discursos, el proyecto fue rechazado por los legisladores del interbloque Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal, que actúan en conjunto en casi todos los temas.

La iniciativa, que fue girada a la Cámara de Diputados, modifica la mayoría necesaria para designar al procurador, pasando de los dos tercios de los votos a la mitad más uno -37 miembros- de la Cámara alta. Además, limita el mandato, actualmente vitalicio, a cinco años, pudiendo ser reelegible por otros cinco años más.

Entre otras, se dispone que los traslados de magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal deberán ser aprobados por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público.

Esta bicameral tendrá mayor poder con la nueva ley, ya que, por ejemplo, podrá designar a un procurador en caso de vacancia o licencia superior a 30 días; y tendrá mayor representación en el Tribunal de Enjuiciamiento de magistrados del Ministerio Público, con tres integrantes, uno de los cuales será su presidente.

Otro aspecto relevante es que el jefe de los fiscales deberá comparecer ante el Congreso una vez al año, en sesión especial, alternando su presentación una vez en cada Cámara, para presentar su informe de gestión, que previamente enviará a la bicameral.

El texto también establece modificaciones en las Procuradurías Especializadas; prohíbe a los fiscales requerir tareas de investigación criminal a los servicios de Inteligencia; y mantiene el procedimiento de remoción del procurador a través del juicio político, con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y de dos tercios en el Senado.

Antes de votar el dictamen, el miembro informante, Oscar Parrilli anunció una serie de modificaciones introducidas que a continuación leyó el senador Martín Doñate. Entre las mismas figura la integración del jurado de concurso, que “será presidido por el o la procuradora general de la Nación, o por un o una magistrada del Ministerio Público Fiscal de la Nación; estará integrado además por un fiscal del Ministerio Público Fiscal de la Nación; por un/una abogada de matrícula federal, quienes serán seleccionados por sorteo público, y por un/una jurista invitado/a”.

En cuanto a los traslados, los fiscales y funcionarios del Ministerio Público Fiscal no podrán ser trasladados sin su conformidad fuera de sus provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Al arrancar el debate, el senador Oscar Parrilli (Frente de Todos) acusó a la oposición de querer “tener un procurador a disposición de ellos, presionable, interino, sin estabilidad y con todas las atrocidades que está haciendo”, en alusión a Eduardo Casal.

Miembro informante del oficialismo, el kirchnerista consideró que con esta iniciativa se está “mejorando una ley que sancionamos nosotros en el 2015”. “Estamos dando certezas, dando seguridades, todos los que se ajusten a la ley no van a tener ningún problema, no van a ser perseguidos”, aseguró.

Para el neuquino “acá no se trata de Rafecas sí, Rafecas no. Se trata de Casal sí, Casal no. Porque muchos quieren que sigan Casal como interino”.

Al recordar que cuando el presidente Alberto Fernández envió la postulación de Daniel Rafecas para jefe de los fiscales, “la oposición dijo ‘ni loco lo vamos a votar’”, Parrilli opinó: “No es que no quieran a Rafecas, quieren a un interino, quieren a Casal, el que le sirvió durante estos dos años”.

A su turno, el cordobés Ernesto Martínez (Pro) resumió la idea del proyecto oficialista en esta frase: “La acusación soy yo”. Y advirtió que si es aprobado, “los fiscales van a hacer aquello que los mantenga en el cargo… hay que agradar al poder político. Algún día se van a encontrar con la peor de las retribuciones, que es la revancha de los obsecuentes”.

Por el contrario, el senador opositor aclaró que “a nosotros lo que nos interesa defender es a los funcionarios libres, que actúan con independencia e interés de la ley; a los corsarios de todos los gobiernos no los vamos a encubrir absolutamente para nada, y ustedes actúen como quieran, como puedan, pero siempre dentro de la ley”.

Luego parafraseó al exsenador Jorge Yoma al señalar que “algo le pasa al oficialismo: cuando las cosas las pueden hacer mal, las hacen inexorablemente mal”. En ese sentido, citó los problemas constitucionales que tiene “la reforma del Consejo de la Magistratura, que está desde hace años en manos de la Corte Suprema para su análisis. Algo ocurre que este tipo de cosas no les salen bien: esos niveles de análisis constitucionales no los pueden traspasar”.

Martínez enfatizó entonces: “Lo único que necesitamos son fiscales independientes; ustedes lo único que figuran son decisiones de fiscales contenidos o asustados merced esta ley”.

También en contra de la iniciativa, su par Laura Rodríguez Machado (Pro) sostuvo que “es vox populi que a (Daniel) Rafecas lo estaría poniendo Alberto Fernández, que a Cristina (Kirchner) no le gusta y que va a poner otro”.

Para la cordobesa, el proyecto “es mucho más si aprobamos los dos tercios como mayoría necesaria” para la designación del procurador, sino que se trata de “un instrumento legal para ejercer un brutal avance contra el Ministerio Público Fiscal”, el cual es “el organismo independiente, por lo menos hasta que se sancione esta ley, que tiene a su cargo a través de los fiscales investigar delitos de corrupción”.

“El objetivo es lograr la impunidad y poner a los fiscales argentinos de rodillas”, opinó la opositora, que lo vinculó a la “decisión política de este Gobierno de llevar un embate contra la Justicia”, que comenzó con la iniciativa de reforma judicial y, luego, querer “sacar de los pelos” a los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.

En otro tramo, la legisladora resaltó que al procurador interino, Eduardo Casal, criticado por el oficialismo, “no lo pusimos nosotros”, sino que su nombre “seguía en la lista” de acuerdo a la normativa vigente. “Que sea un procurador independiente les preocupa”, agregó.

Más tarde, la tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR) afirmó que “este proyecto va absolutamente en contra de la independencia que la Constitución nos exige respetar” en el Ministerio Público Fiscal y, al asegurar que desde muchos sectores han alertado sobre eso, hizo mención a palabras propias del presidente Alberto Fernández en su libro “La justicia acusada”.

Citando a Fernández, la radical leyó que sobre el Ministerio Público el mandatario sostuvo en su libro que “es clave hablar de autonomía, tiene y debe que actuar sin injerencia”, además de considerar que “será vulnerado si mantiene algún nivel de dependencia con otro poder del Estado”.

La opositora se quejó de que “este es el proyecto que pone el oficialismo” aunque quieren “hacer parecer que tiene como génesis a otros proyectos presentados por la oposición, y no es así”. La iniciativa “vulnera sin ninguna duda la figura del procurador general, pero también le quita estabilidad a todos los fiscales de la Argentina”, agregó.

“Casal ha sido propuesto por ustedes y cuando la procuradora (Alejandra) Gils Carbó renunció, la ley ha determinado que esté en el lugar que está”, subrayó y defendió que “no le han podido encontrar nada, a pesar de que le inventaron de todo”.

“Con estas modificaciones estamos precarizando el Ministerio Publico Fiscal, en contramano de lo que busca nuestra Constitución, que es la autonomía e independencia del poder de turno”, advirtió Julio Cobos, para quien “realmente no se entiende la propuesta de elegir al procurador y el defensor con mayoría absoluta, es un atajo sin sentido, que además provoca mayor inestabilidad, porque si anteriores procuradores que contaban con acuerdos de dos tercios podrían llegar a tener presiones, imaginemos un procurador que tiene que convivir con este nuevo sistema  de elección dependiente de un partido político”.

Desde la vereda contraria, la senadora María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos) enumeró todos los proyectos sobre los que se trabajó antes de llegar al dictamen, recordando el de 2017 correspondiente a Federico Pinedo y Miguel Pichetto, entre otros, establecía la elección del procurador por mayoría simple, destacando que entonces no escuchó las críticas que hoy se enarbolan desde la oposición.

“Algunos creen que (la Procuración) es un extrapoder, algunos hablan de un cuarto poder, pero eso no significa que no deba ser controlado”, dijo, enfatizando el contralor que “sin lugar a dudas se debe llevar adelante y lo ejerce esta Comisión Bicameral Permanente”, criticando a los senadores que cuestionan ese papel.

Luego la emprendió contra Casal, acusándolo de “haber utilizado ese cargo para perseguir opositores durante el gobierno de Mauricio Macri, luego de que se destituyera de facto a la procuradora (Alejandra) Gils Carbó”. Pidió entonces discutir “cuál es la política criminal que queremos llevar adelante en la República Argentina”.

“¿Creemos que son razones jurídicas las que obturan la democratización de la Justicia, o el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, o hay otras razones que tienen que ver con el poder o la distribución del poder?”, se preguntó en otro pasaje la santafesina, que continuó: “¿Por qué tanto miedo por el control que tiene que llevar adelante el Parlamento de la Nación?”.

Y añadió: “También me parece que este proyecto está planteando algunos temas que son centrales, como por ejemplo el federalismo, la igualdad de género, la autarquía financiera. Esto es parte de lo que nosotros entendemos que sirve para acercar a la sociedad el Ministerio Público”.

En otro pasaje se refirió al tema de los dos tercios: “Es necesario que se relajen esas mayorías, de lo contrario vamos a seguir permitiendo que comande la política criminal en la República Argentina un procurador interino”, disparó.

El senador nacional Martín Lousteau afirmó que “acá no hay un proyecto de modificación institucional, es el intento de nombrar a alguien, no sabemos quién, y darle al oficialismo mayor control, no a la gente como dicen, al oficialismo”, y subrayó que “solo tres expositores de 16 en la Comisión dijeron que no le daban importancia a la mayoría de dos tercios y ninguno sugirió modificar los mecanismos de remoción”.

“Me pregunto si lo que hacemos ahora es ganar poder o estamos discutiendo en serio como darle más legitimidad y más autonomía al procurador”, sostuvo Lousteau y consideró que “se gana poder pero se corroe la institucionalidad que se quiere preservar, de hecho el próximo procurador tendrá que dictaminar cuando las causas de la vicepresidenta de la Nación lleguen a la Corte Suprema. ¿Qué les gustaría: alguien al que no se le cree, o alguien que tiene la absoluta confianza ciudadana para mostrar transparencia?”, le preguntó a la bancada oficialista.

Muy crítico, el senador kirchnerista Martín Doñate aseguró que “es necesario estructurar una nueva ley para ese órgano extrapoder institucional que se adecue a esos desafíos que tiene el  pueblo argentino en la necesidad de justicia”. En ese sentido afirmó que eso forma parte de los compromisos que hizo el presidente Alberto Fernández en campaña: “el título era revertir la decadencia del Ministerio Público Fiscal”, dijo.

“Yo no tengo dudas que en esta noche estamos dando con esta ley vuelta la página más oscura de la historia del Ministerio Público Fiscal en la Argentina. Estamos poniéndole fin a casi 4 años en los que se registró la mayor decadencia y degradación de ese órgano constitucional cuya política y conducción transitó claramente a contramano de la proclamada República. Protagonistas de los hechos más graves en la institucionalidad argentina en materia judicial en la figura de algunos de sus integrantes”, enfatizó, hablando de “la más grotesca guerra judicial que haya sufrido la historia de la democracia argentina”, en referencia al supuesto armado de causas contra adversarios políticos.

En referencia a los 2/3 para investir a un procurador, lo consideró “impracticable”. “Miren, si nosotros mantenemos los 2/3, preparémonos a regular los interinatos; acá la anormalidad va a ser lo regular, como sucede ahora. Hace 20 años que no se consiguen los 2/3 para elegir un defensor del Pueblo de la Nación”, aseguró.

Luego de criticar duramente el proyecto puesto en debate, el senador Esteban Bullrich lo dio por aprobado, pero advirtió que “cuando esta mayoría cambie, vamos a modificar esta ley”.

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti afirmó que “hemos aprendido mucho que el delito evoluciona y también las instituciones que persiguen el delito tienen que evolucionar para cumplir nuestro objetivo que es el acceso a la justicia y la protección de la vida de los ciudadanos y las ciudadanas, y por lo cual hemos trabajado más de un mes para llegar a este resultado”.

“¿Por qué es fundamental que avancemos hoy en esta reforma?”, se preguntó, afirmando que “con esta iniciativa venimos a normalizar una situación que atraviesa el Ministerio Público Fiscal, donde el que preside ese órgano ha sido designado de manera interina hace tres años. Algo que es excepcional se ha vuelto permanente”.

Negó que el Gobierno quiera controlar a los jueces y fiscales y llamó en cambio a leer la Constitución, en cuanto a que “no existe la autorregulación de los jueces” y es el Congreso de la Nación “el encargado de organizar al Poder Judicial y a la Procuración General de la Nación”, destacó.

Para la senadora mendocina “este dictamen que hemos consensuado le da una herramienta a la Procuración para agilizar el sistema de justicia”, valorando la eliminación del cargo vitalicio para el cargo. Se preguntó entonces por qué los legisladores se someten al escrutinio de la gente, y los fiscales y defensores generales de la Nación no puedan venir al Congreso porque “ustedes se oponen”, en referencia a la oposición. “¿Está mal que el Congreso controle al que debe perseguir el delito?”.

Autor de uno de los proyectos que antecedieron al dictamen puesto a consideración, el senador rionegrino Alberto Weretilneck replicó a las críticas que desde la oposición se le hicieron a su iniciativa, la cual, dijo, “tiene como finalidad mejorar uno de los órganos más importantes como es el Ministerio Público Fiscal. Responsable de la situación de descrédito que tiene el Poder Judicial”, sostuvo.

“Por lo tanto defiendo a mi proyecto, acepto a regañadientes las modificaciones que ha realizado el oficialismo”, dijo, y replicó las críticas de la oposición recordándoles el proyecto que habían impulsado desde Cambiemos en 2016, que tenía muchas de las cosas que hoy cuestionan.

En sus críticas incluyó al fiscal Carlos Rívolo, por haber cuestionado los últimos días el contralor que se pretende aplicar, negando en ese sentido que se vaya a perseguir a los fiscales. “Quienes acusan son fiscales”, aclaró. “Acá no hay ninguna cuestión que tenga que ver con desnaturalizar la independencia del Poder Judicial, no hay ninguna cuestión que tenga que ver con querer influir con decisiones que tengan que ver con el incumplimiento de la ley; lo que hay es una toma de mecanismos de control por parte del Congreso de la Nación en las facultades que nos da la Constitución”, remarcó.

A la hora de los cierres, el senador salteño Juan Carlos Romero sostuvo que quienes impulsan ese proyecto “están acompañando una etapa más en la búsqueda de la impunidad, sumado a la revancha y la venganza que tan bien ejerce el oficialismo y su vocero, como el miembro informante del oficialismo”.

Consideró “deshonesto” haber tomado como base proyectos de la oposición para avanzar con el dictamen puesto a consideración, y cuestionó la eliminación de los 2/3 necesarios para votar al titular de la procuración.

“Para el oficialismo, la justicia buena es la que le da la razón; y la justicia que no es buena es la que no le da la razón, es una justicia que busca el lawfare. Ganaron las elecciones, tienen el número, son capaces de hacer cualquier cosa y esta es una muestra de lo que están dispuestos a hacer en la búsqueda de la impunidad a través de la revancha y la venganza”, enfatizó.

El presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, estimó que “hoy no estamos tratando la reforma de la ley, sino una contrarreforma constitucional”, afirmó. “Es una contrarreforma constitucional, porque a partir de 1994, el Ministerio Público Fiscal ocupó un rol central como extrapoder, y el espíritu de los constituyentes era que estuviera lejos del Poder Legislativo y el Ejecutivo”, sostuvo, afirmando que es en el tema de las mayorías calificadas donde se orienta la contrarreforma de la que hablaba.

Citó luego al senador Martín Doñate, que había dicho que “los dos tercios son impracticables”. “No, no es impracticable -aclaró-. Esto tiene que ver con lo que se siente y percibe en función de los criterios democráticos”.

El presidente del bloque JxC concluyó diciendo que “lamentablemente una vez más, como viene ocurriendo en los últimos años, lo que no resuelve la política lo resolverá la Justicia, y será la Corte la que al final del camino termine declarando esta ley, si se termina aprobando -cosa que dudo en la Cámara de Diputados-, como inconstitucional. Por lo tanto, más allá de todas las discusiones, tropiezan con la misma piedra. Les fue muy mal y no aprenden, será la Justicia la que encauce y ponga freno a un poder desenfrenado”.

En el cierre del debate de la reforma de la Ley del Ministerio Público, el presidente del bloque oficialista, José Mayans, dedicó la mayor parte de su discurso a referirse al proyecto que en 2017, durante la gestión Cambiemos, llevaba las firmas de los senadores Federico Pinedo, Miguel Pichetto y Angel Rozas, entre otros. “Esta es la inspiración que tienen estos cambios”, afirmó el senador formoseño, citando también las iniciativas presentadas por los senadores Martín Lousteau, Lucila Crexell y Alberto Weretilneck.

Se refirió luego a Alejandra Gils Carbó, a quien -sostuvo- “Macri decidió echarla”. Y agregó: “Teníamos una procuradora elegida por los dos tercios, que debía durar mientras durara su buena conducta… Pero había un plan internacional contra todos los que representaban los movimientos populares”, señaló, citando a Lula y hasta (Fernando) Lugo en Paraguay. “Era una estrategia que no estaba pensada solo para la Argentina; era muy amplia: proteger al poder económico, el esquema de usura, los fondos fuera del país, y un ataque al sistema político, al adversario”, denunció.

En su discurso, Mayans se refirió incluso a los arrepentidos, afirmando que eran obligados a acusar a Cristina Kirchner. “Eso fue lo que pasó con la Justicia argentina. Esto está dentro de ese plan de desprestigio”, agregó, asegurando que muchos legisladores de la oposición “tienen algunos periodistas que les dicen lo que tienen que decir. Yo leo el domingo lo que dicen los periodistas y sé lo que van a decir ellos el jueves… Y algunos lo repiten mal”, ironizó.

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que encabeza Oscar Parrilli (Frente de Todos) avanzó este martes con una nueva ronda de exposiciones sobre los proyectos que buscan reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, para modificar el mandato, la designación y la remoción del procurador general.

Los senadores escucharon a especialistas y pasaron a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes, cuando se realizará la última reunión informativa.

Las iniciativas que el Frente de Todos utiliza para el debate son las de Martín Lousteau (UCR-Evolución) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), y proponen acotar el mandato del jefe de los fiscales.

El oficialismo también analiza flexibilizar la mayoría con la que se designa al titular de la Procuración, cargo para el cual se propone a Daniel Rafecas.

#HOY #Senado Oscar Parrilli en la reunión de la Comisión Justicia y Asuntos Penales.
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— Oscar Parrilli (@OscarParrilli) November 10, 2020

El primero en exponer este martes fue Néstor Pedro Sagués, doctor en Derecho por las universidades de Madrid y del Litoral e investigador de la UCA, quien consideró que para analizar estos temas “hay que remitirse a la Convención Constituyente de 1994, la cual no terminó de diseñar al Ministerio Público de la Nación, sino que lo delegó en el Poder Ejecutivo”.

“Hay una enorme responsabilidad del Poder Legislativo de completar la reforma”, agregó.

Sagués sostuvo que “la misión de la Convención del ‘94, respecto del Ministerio Público, fue la de darle autonomía, terminar con la servidumbre, erigirlo como un órgano extrapoder y dotarlo de funciones de contralor”.

Asimismo, manifestó que “tener los dos tercios en el Senado es indispensable para mantener una Procuración General robusta y cúspide de uno de los órganos extrapoder fundamentales del Estado e indispensable para el fortalecimiento del Ministerio Público”.

Por su parte, José Raúl Heredia, expresidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut y exdiputado provincial, expresó que el artículo 120 de la Constitución Nacional, que habla del Ministerio Público, “tiene muchas omisiones, porque no hubo suficiente acuerdo para una norma completa”.

Heredia consideró que “la remoción debe tener un consenso político tan amplio como para la designación”. “El derecho no lo puede todo y estas son situaciones que la política debe resolver. Uno puede instaurar una práctica parlamentaria que se vuelva jurisprudencia según la cual el origen más legítimo para el procurador debe ser el mayor consenso político posible”, aseguró.

A su turno, Marcela Basterra, doctora en Derecho y magister en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, destacó que “es necesario reforzar los mecanismos de control, que son los que hacen que se pueda investigar al Poder Ejecutivo”.

“Yendo a un sistema acusatorio, es directamente proporcional la necesidad de fortalecer la independencia del Ministerio Público Fiscal. Respecto a la remoción, me parece coherente el mecanismo propuesto que requiere dos tercios de los miembros del Senado”, agregó.

Mirta López, exjueza vocal de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, consideró respecto de la política criminal que “se ha perdido mucho tiempo en la persecución del delito infraganti, un tema que no se soluciona con más cárceles sino con menos desigualdad”.

También expuso Ricardo Rafael Toranzos, fiscal federal de la Unidad Fiscal Salya y vicepresidente primero de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (AFFUN), que preside Carlos Rívolo.

Toranzos coincidió con que “el Ministerio Público Fiscal es un cuarto poder o extrapoder con una independencia propia” y afirmó que “la necesidad de los dos tercios del Senado es importante y está relacionada también a la función que va a desarrollar el procurador”.

“Mantener la independencia y autonomía del procurador general es lo que ha llevado a la gran mayoría de los fiscales que han participado en los debates en nuestra asociación a sostener que los dos tercios son fundamentales para su designación”, insistió.

Por último, Nadia Espina, vicepresidenta de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal y docente de la UBA, advirtió que “actualmente el procurador y el defensor de la Nación son los únicos funcionarios unipersonales de carácter vitalicio, siendo este último aspecto de origen infraconstitucional”.

Por eso, Espina opinó que sería “atinado” un plazo de seis años, una de las variantes que analiza el oficialismo.

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales, presidida por el oficialista Oscar Parrilli, continuará este martes con el tratamiento de los proyectos para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, el propósito que se fijó el Frente de Todos en el Senado.

En una reunión virtual convocada para las 15, la comisión volverá a analizar, con la presencia de expositores, los proyectos presentados por Martín Lousteau (UCR-Evolución) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), que el oficialismo decidió impulsar.

La reforma que se analiza consiste en acotar el mandato del procurador general, cargo que ocupa interinamente Eduardo Casal, así como también revisar las mayorías necesarias para la designación y remoción del jefe de los fiscales.

En esta oportunidad, fueron convocados a exponer Néstor Pedro Sagués, doctor en Derecho por las universidades de Madrid y del Litoral e investigador de la UCA; y José Raúl Heredia, expresidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut y exdiputado provincial.           

También fueron invitados Marcela Basterra, doctora en Derecho y magister en Derecho Constitucional y Derechos Humanos; y Mirta López, exjueza vocal de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

El listado termina con Ricardo Rafael Toranzos, fiscal federal de la Unidad Fiscal Salya y vicepresidente primero de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (AFFUN), que preside Carlos Rívolo; y Nadia Espina, vicepresidenta de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal y docente de la UBA.

Tres especialistas se expresaron este lunes a favor de limitar en el tiempo el mandato del procurador general -cuyo cargo es vitalicio-, al participar de una reunión virtual de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, presidida por Oscar Parrilli (Frente de Todos).

El oficialismo volvió a poner en debate los proyectos de dos representantes de la oposición, Martín Lousteau (UCR-Evolución) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y, entre otras modificaciones, fijar un plazo para el mandato del jefe de los fiscales.

Si bien tanto Lousteau como Crexell solicitaron retirar sus iniciativas, en la última sesión de la Cámara alta el oficialismo impuso su mayoría y votó en contra del retiro, tras lo cual insistió este lunes en el tratamiento de los proyectos, esta vez en una reunión informativa con la presencia de expertos.

El primer disertante fue Alberto Binder, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y docente de la UBA, sostuvo que “ya hay consensos muy grandes” respecto de limitar en el tiempo el mandato del procurador.

“Todos los países de América Latina que han pasado a sistemas acusatorios en los últimos veinte años abandonaron toda idea del carácter vitalicio del procurador, que es incompatible con la naturaleza institucional del Ministerio Público, que no es un órgano estrictamente judicial”, consideró.

Binder recordó que Santa Fe, Salta, Córdoba y Ciudad de Buenos Aires “ya tienen procuradores con plazos determinados” y esto se basa en “la necesidad de renovar planes de persecución penal”, porque de lo contrario se entra en un “desgaste”.

“En aquellos casos donde no existe plazo, termina consolidándose una transferencia muy nociva hacia los entornos técnico-burocráticos que rodean a esos procuradores, generando graves distorsiones en todo el sistema político por las diferencias que hay en los enfoques político-criminales respecto del plan de gobierno”, opinó.

El especialista insistió en que “ponerle un plazo al procurador sería dar un salto de calidad enorme” y en ese marco explicó que existen dos modelos: plazos de cinco o seis años, o plazos más largos como los que se aplican en Chile (ocho años) o Uruguay (diez años).

Binder puntualizó que los plazos cortos buscan “acercar” al procurador con la gestión de turno, que es la que lo elige, y consideró que el modelo más “estable” es el de seis años: “Parece un plazo bastante razonable porque le permite (al procurador) estabilizar una política de persecución penal”.

Sin embargo, advirtió que “para que este modelo funcione bien, tiene que estar claro que al terminar el gobierno se va el procurador” y “vuelve al llano”.

El experto aclaró, de todos modos, que el problema es que el procurador trasciende al gobierno que lo eligió, lo cual puede generar experiencias “traumáticas” como la de Alejandra Gils Carbó, “objetada y bombardeada” desde la gestión de Mauricio Macri.

Para Binder, si se aplica el límite de seis años “es mejor conservar los dos tercios” como mayoría requerida en el Senado, y en cambio si son cuatro años “se puede relajar la mayoría”.

“Es bueno que el primer procurador del sistema acusatorio tenga un muy fuerte respaldo del Senado”, consideró, y añadió que “además de poner en marcha el sistema acusatorio, el próximo procurador tiene que encarar una deuda enorme e importante que tiene que ver con la relación entre la Justicia Federal y las justicias provinciales”.

Ante una consulta de Parrilli respecto de la edad del procurador, el especialista respondió que “no es bueno tener procuradores muy jóvenes”.

Por su parte, Maximiliano Rusconi, exfiscal general de la Procuración General de la Nación, también remarcó la importancia del procurador en la implementación del sistema acusatorio. “Necesitamos imaginar un Ministerio Público ágil, protagónico, vinculado con la realidad. No se puede construir una política criminal sin estar vinculado con la realidad”, enfatizó el abogado.

Además, sugirió poner “menos adrenalina en remover al procurador y más adrenalina en controlar a ese procurador” en la Comisión Bicameral del Ministerio Público, y reforzó: “No hay que tenerle miedo a un Ministerio Público cercano al Poder Ejecutivo, que sea permeable a la realidad y que esté controlado”.

Sobre la cuestión del mandato, dijo que “no le parece mal” establecer un límite, y también se mostró de acuerdo en permitir una reelección, mientras que con respecto a la remoción pidió pensar en “un sistema parecido al del juicio político, en el seno del Senado”.

El último en exponer fue el ministro de la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe Daniel Erbetta, quien pidió poner el foco en la implementación “lo más rápida posible” del sistema acusatorio en lugar de hacer énfasis en la remoción o el límite del mandato del jefe de los fiscales.

“¿Quién va a pretender que una persona que maneja una estructura con tanto poder, como es el diseño del Ministerio Público Fiscal en un esquema acusatorio, pueda tener un cargo vitalicio? Es insostenible”, subrayó Erbetta.

El juez agregó que “si tenemos el límite de la periodicidad, el problema de las mayorías se relativiza”, y afirmó que “no hay nada peor que tener un procurador interino. Hay que tener un procurador legitimado, y aparte no podemos convertir una excepción en la regla”.

Erbetta coincidió con Rusconi en que “más que la mayoría, el problema es el control, y una forma de controlar es robustecer institucionalmente al Ministerio Público Fiscal, pero limitar las facultades de poder que pueda tener una sola persona” a través de la figura de “un procurador adjunto”.

En ese contexto, opinó que “cuatro años es un plazo muy corto” para el mandato, y coincidió con Binder en que “seis años es un plazo por demás adecuado”.

La pregunta incómoda de Lousteau

El senador de la UCR-Evolución le preguntó a Rusconi si comparte la opinión de Rafecas en contra de ser designado con mayoría simple.

“Como ya tenemos un caso, que es el del candidato propuesto por el presidente, si a usted lo propusieran y se elevara su pliego, ¿tendría también un reparo a la mayoría con la que fuera elegido?”, indagó Lousteau.

De inmediato, Parrilli intervino: “Debemos sacarle la incomodidad al doctor Rusconi. Lo liberamos de una respuesta tan hipotética, porque hoy hay un pliego…”.

Pero no hizo falta la aclaración, porque Rusconi ya tenía pensado no responder. “Por respeto al Poder Ejecutivo, que ya eligió un candidato a procurador, y por respeto al candidato que eligió, lo último que haría es responder esa pregunta”, dijo.

Tras haber votado la semana pasada en el recinto la negativa para retirar los proyectos de los senadores Martín Lousteau y Lucila Crexell sobre la modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, el kirchnerismo continúa a paso firme con su objetivo de avanzar sobre el procurador general interino, Eduardo Casal.

El oficialismo ratificó este lunes, a través del senador kirchnerista Martín Doñate, su intención de modificar la mayoría que se necesita para designar al jefe de los fiscales. En el marco del debate sobre la duración del cargo, el rionegrino señaló: “Si es a plazo, no posible que sea por dos tercios”.

“Hace 20 años que estamos tratando de encontrar acuerdo de los dos tercios para un Defensor del Pueblo; cada tres o cuatro años conseguir acuerdos de dos tercios para un cargo que es a plazo… ¿Sabe dónde vamos a terminar? Vamos a terminar legislando los interinatos, las vacancias, porque va a ser complejo conseguir los dos tercios”, sostuvo en diálogo con radio La Red.

El titular de la Comisión Bicameral del Ministerio Público cargó nuevamente contra Casal, al afirmar que “ha sido parte del engranaje de la persecución judicial” y “se ha transformado en un militante radicalizado de Cambiemos y de Mauricio Macri”.

Al diferenciarlo de Alejandra Gils Carbó, procuradora durante el kirchnerismo, el legislador dijo que “sufrió operaciones que fueron nefastas ella y su familia”, durante el comienzo del gobierno de Mauricio Macri, en tanto los cuestionamientos contra Casal son “una tarea de trabajo institucional que no tiene que ver con ataques personales”, expresó.

En tanto, en declaraciones a radio El Destape, Doñate remarcó que los proyectos para modificar el Ministerio Público “son de la oposición”. Asimismo, señaló que están a la espera de la propuesta que enviará el Consejo Consultivo de juristas que asesoran al Poder Ejecutivo, quienes “se pusieron como plazo el 18 de noviembre” para la presentación de un anteproyecto.

De vuelta sobre Casal, el senador recordó: “Estamos tratando varias denuncias en su contra y estamos evaluando la legalidad de sus actuaciones y su condición como procurador interino”. “Quizás dentro de algunos días tengamos una novedad”, deslizó.

Y subrayó que “antes de discutir el pliego de un posible procurador es imprescindible terminar de discutir la nueva Ley del Ministerio Público Fiscal, para luego definir el perfil del procurador”. El pliego de Daniel Rafecas, quien anticipó que renunciaría a la postulación en caso de que se lo quiera designar sin los dos tercios, todavía está congelado.

“Esperamos antes de fin de año tener media sanción de un buen proyecto”, completó Doñate.

En un mensaje que sorprendió, la Coalición Cívica-ARI, partido referenciado en Elisa Carrió, llamó a votar a Daniel Rafecas para la Procuración General de la Nación, como “un gesto institucional exento de especulaciones políticas”.

En un comunicado de la Junta Ejecutiva Nacional, el partido sostuvo que “hoy en día es necesario un gesto institucional exento de especulaciones políticas, más en estos momentos de tanta desconfianza en la República y las instituciones”.

“Ese gesto tiene que ser salir de las pequeñeces personales y prestar los dos tercios a la designación del procurador General de la Nación propuesto por el presidente de la Nación, el doctor Rafecas”, consideró la CC-ARI.

Por último, sentenció: “En la historia se juega con nombre y apellido, como con la corrupción. A la Coalición Cívica no la va a atropellar la historia por mezquindades personales y especulación. Si no lo hacemos vamos al régimen de (Nicolás) Maduro”.

COMUNICADO DE LA JUNTA EJECUTIVA NACIONAL DE LA COALICION CIVICA

(1/3) Hoy en día es necesario un gesto institucional exento de especulaciones políticas, más en estos momentos de tanta desconfianza en la República y las instituciones. pic.twitter.com/oHXHo7b4Op

— Coalición Cívica ARI (@ccari_ok) October 27, 2020

El pliego de Rafecas se encuentra trabado en el Senado porque los interbloques Juntos por el Cambio y Parlamentario Federal se unieron para bloquear la mayoría especial necesaria para avalar la designación.

Frente a este panorama, la Comisión de Acuerdos, que preside Anabel Fernández Sagasti, no realizó aun la audiencia pública con el candidato del Ejecutivo.

Por el contrario, el oficialismo emprendió una embestida contra el actual jefe de los fiscales, Eduardo Casal, en diversas reuniones de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, encabezada por Martín Doñate.

Esa bicameral reunió distintos testimonios y pruebas contra Casal y envió material a la Comisión de Juicio Político de Diputados, poniendo en tela de juicio la gestión de Casal con el objetivo final de lograr su remoción.

Paralelamente, el último viernes, el oficialismo abrió en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales el debate sobre dos proyectos de reforma de la Ley del Ministerio Público Fiscal que buscan limitar el mandato del procurador, que actualmente es vitalicio.

La Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal, presidida por el senador Martín Doñate (Frente de Todos), analizó este lunes diferentes notas sobre el funcionamiento de la Procuración General de la Nación y su titular interino, Eduardo Casal.

La primera nota en ser tratada fue remitida por la fiscal Gabriela Boquin, quien en una anterior presentación ante la bicameral había denunciado persecución por su actuación en la causa Correo Argentino.

A pedido del diputado oficialista Rodolfo Tailhade, las copias fueron giradas a la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja.

En segundo término se evaluó una nota presentada por la senadora María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos) en la que se reproduce una nota enviada por fiscales que se presentaron en diferentes concursos y en la que subrayan que Casal “demoró un año en dictar algunas resoluciones”.

Sacnun sostuvo que “no se puede dejar a discrecionalidad, en este caso del procurador que esperó un año y medio en dictar las resoluciones, e interrumpir un acto que interpretamos que es un acto continuo, es decir, el sorteo, el acta y la resolución de la aprobación”.

Ante un pedido del diputado Emiliano Yacobitti (UCR-Evolución) para que “la bicameral funcione de manera productiva”, la diputada Vanesa Siley (Frente de Todos) propuso revisar el reglamento de funcionamiento.

En ese contexto, Doñate consideró importante “rediscutir el rol de esta bicameral con facultades aún más amplias para poder tener mayores niveles de fortaleza al momento de poder cumplir con lo que nos indica la ley”.

En la misma línea, Siley propuso trabajar “para cambiar la participación de la comisión bicameral, siempre teniendo en cuenta su limitación, que es la injerencia en la vida interna del Ministerio Público”.

También se analizó una nota de Tailhade en la que se pidió al procurador interino “su opinión sobre el funcionamiento del instituto de la ley del arrepentido”, ya que cuando se le preguntó por esta figura se limitó a reproducir opiniones formuladas por diferentes fiscales integrantes del Ministerio Público.

Se solicitó asimismo un listado de todas las causas en las que esa figura fue utilizada.

Por su parte, la diputada nacional por Confianza Pública, Graciela Ocaña, señaló que “la obsesión del Frente de Todos es avanzar contra el Procurador interino Casal, no pueden constituir la mayoría necesaria para nombrar a otro y por lo tanto quieren voltear a quien está haciendo bien su trabajo”. Asimismo, dijo que “estamos volviendo sobre cosas que ya se trataron, volver a reiterar sobre estos temas nos impide avanzar”, en referencia a la revisión de notas anteriores durante el tratamiento.

Al respecto, Ocaña presentó dos notas ante el presidente de la Comisión, senador Martín Doñate: una para que se cite a la defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, para brindar detalles acerca de la incorporación de mujeres en los cargos de alto rango dentro del Ministerio Público de la Defensa y de qué manera se garantiza la igualdad de oportunidades y la perspectiva de género dentro de la institución a su cargo. El otro escrito presentado pide citar a la Interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, y a los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide para evaluar su participación en la filtración de datos relacionados al espionaje ilegal.

En la nota, Ocaña explicó que “la evidente impericia que habría mostrado la interventora al enviar, aparentemente, la documentación secreta sin los recaudos de protección necesaria, y la decisión de los fiscales de correr traslado digital de tales instrumentos, que deberían haber quedado como prueba reservada por su carácter sensible y secreto, son conductas que han puesto en peligro la vida de los agentes y las de sus familias, como así también la seguridad interior de nuestro país”.

En una reunión signada por la polémica, se reunió este viernes la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado para debatir tres proyectos de modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal presentados por senadores de la oposición, con la particularidad de que sus autores, Martín Lousteau y Lucila Crexell, retiraron los mismos horas antes de la hora de la convocatoria. Y ese fue el espíritu que acompañó a toda la reunión, que contó con la participación de miembros de la oposición -incluidos los autores de ambos proyectos puestos a consideración-, que se dedicaron a explicar las razones para retirar los proyectos, mientras que desde el oficialismo se insistía en plantear el debate. Una situación inédita, por cierto.

Los proyectos en cuestión tienen que ver con la extensión del mandato del procurador general y la oposición planteaba la prevención de que esa cuestión fuera utilizada por el oficialismo para modificar la norma que exige dos tercios para designar o destituir al titular del Ministerio Público.

La cuestión es que al cabo de más de dos horas y media de intercambio de opiniones, el presidente de la comisión dejó claro que los proyectos serán debatidos a pesar del pedido de la oposición, y para eso se  pasó a un cuarto intermedio hasta el viernes venidero, a las 16.30, invitándose a todas las partes a sugerir nombres para exponer.

En el inicio de la reunión, el presidente de la comisión, Oscar Parrilli, aclaró que la intención era iniciar el debate de “un tema que nos parece importante”, en referencia a una situación que calificó de “anormal”, como es la del Ministerio Público Fiscal. “Tenemos un procurador interino y en este sentido, existiendo proyectos en trámite en el Senado, creí oportuno hacer esta convocatoria. Ninguno se tiene que asustar y preocupar porque se intente debatir”.

A continuación contó que el día anterior se había comunicado personalmente con los autores de los proyectos, recibiendo como respuesta su beneplácito para tratarlos y adelantando que estarían presentes para defenderlos. “En ambos casos les reiteré que no era mi intención sacar despacho en esta reunión, pero quería darles la oportunidad de exponer”, precisó el senador neuquino, que a continuación contó que al mediodía le habían comunicado el ingreso de dos notas con la intención de retirar esos proyectos de ley.

Al procederse a la lectura por parte de la secretaría de la comisión de ambos textos, quedó claro que uno de los argumentos era la creación por parte del Poder Ejecutivo de un consejo consultivo al que entre otras cosas se le encargó la realización del análisis del funcionamiento del Ministerio Público, por lo que se consideraba que habría una superposición de tareas.

Por último, Parrilli contó que el senador Edgardo Martínez había hecho un pedido para no realizar la reunión de comisión, pero él había desistido con el argumento de que esos proyectos tienen estado parlamentario.

A continuación, la senadora María de los Angeles Sacnun (Frente de Todos – Santa Fe) rechazó el retiro de los proyectos por cuestiones reglamentarias, señalando que cuando un proyecto de ley ingresa al Senado de la Nación, “asume estado parlamentario”. La senadora santafesina habló de la necesidad de evitar quedar sumidos al “arbitrio caprichoso” de un senador, y en ese marco insistió: “Una vez que un proyecto ingresa a través de la Mesa de Entrada y que toma estado parlamentario, no puede ser retirado por la simple voluntad de un legislador”.

Usó además argumentos del senador Eduardo Menem, que en su libro Derecho Procesal Parlamentario ha dicho que “una vez ingresados los proyectos, los autores pierden el poder directo sobre los mismos, pasando a depender de la Cámara su modificación o retiro”.

Desde Juntos por el Cambio el primero en exponer fue el senador cordobés Ernesto Martínez. “A mí los reglamentarismos leguleyos no me interesan, como tampoco me asustan”, arrancó, aclarando que conoce la opinión de autores que respeta, fundamentalmente a Eduardo Menem, y sostuvo que “no hay ningún ejemplo de una situación parlamentaria en donde el oficialismo se prevalga de un proyecto de la oposición para obtener determinadas cosas, y esto es lo que está sucediendo esta tarde”. Luego señaló que “quisiera saber cuál es el proyecto del oficialismo”, porque “cuando las comisiones se reúnen con proyectos, es para despacharlos, no para charlar”.

Martínez reclamó al oficialismo “no destrozar la figura  presidencial como están haciendo esta tarde”. Lo decía porque recientemente “el Poder Ejecutivo conformó su comisión consultiva precisamente para tratar este tema, entre otros. Este es el camino que corresponde aguardar, para ver qué dice, y luego el curso parlamentario que tomen esas conclusiones”. Muy por el contrario, agregó, “ustedes se adelantan porque no les interesa absolutamente nada lo que pueda decir esa comisión, y esto transforma al Gobierno en un tembladeral”.

El senador cordobés consideró al oficialismo del Senado como “el poder real” y con ironía dijo que sacaron de un canasto “dos proyectos cuyos autores no tienen voluntad de que se traten” para tratar el tema que realmente les interesaba. “Digamos que todo se va a resolver acá, y entonces terminemos con esa fantochada de la comisión consultiva”, reclamó.

Luego señaló la importancia de contar con los dos tercios para elegir al procurador general, y consideró que eso “importa una transacción por parte de las fuerzas políticas. ¿Y por qué debe ser así? Porque (el procurador) debe llevar adelante la política criminal del Estado”. Y agregó: “Se les ha planteado a ustedes un problema: el nombre que remitió el presidente no obtiene los 2/3 requeridos, pero el problema se ha profundizado porque el elegido por el presidente no aceptaría ser designado por una ley que cambie los 2/3 a mayoría simple”. Así las cosas, sugirió que “si están aspirando a eso, hacen un proyecto y en 15 días están en el recinto”, advirtiendo que en ese caso “deslegitimarán a la comisión consultiva y al presidente de la Nación”.

“Traigan cualquier nombre, para esto siempre hay, hay miles que siempre están dispuestos a hacer cualquier cosa. Pero nunca estará el acuerdo institucional que la Argentina necesita y que ustedes están degradando con esta actitud. No tiene ninguna importancia lo que haga el presidente, porque la verdad está acá, en su decisión, senador Parrilli, de sacar el conejo de la galera para que el procurador sea avalado por mayoría simple del Senado”.

Fue el turno del presidente del interbloque JxC, Luis Naidenoff, quien aclaró de entrada que no pretendían cuestionar el espíritu del artículo 137 del reglamento. “Un proyecto puede tener vigencia hasta tanto no lo trate el cuerpo”, admitió. Pero aclaró que “cuando los autores del proyecto suscriben el retiro del mismo, convengamos que ese tratamiento implica una enorme deslegitimidad política”.

Independientemente de ello, admitió que el oficialismo tiene “el derecho a tratar algo que no queremos tratar”. Coincidió con el titular de la comisión en que el Senado “está en falta con la designación del procurador”, pero aclaró que para ello se deben recorrer todas las instancias reglamentarias correspondientes. Recordó lo que al actual oficialismo le pasó con Daniel Reposo, “que no pasó el filtro”, ante lo cual “el oficialismo cambió el postulante y se logró el acuerdo”.

A continuación, el formoseño aclaró que “retiramos el proyecto porque esto no es un juego de inocentes, nadie es inocente, menos tratándose del procurador general. Y rechazó la “política de embestir” desatada por el oficialismo contra el procurador Eduardo Casal, señalando como ejemplo los doce pedidos de juicio político presentados en su contra.

Sugirió entonces que “activen el procedimiento que prevé la ley. Si cuentan con los números, tendremos procurador”, pero les recordó respecto de la posibilidad de modificar la instancia de los dos tercios que el propio Daniel Rafecas expresó que desistirá de su designación si insisten con eso.

“Nosotros queremos ser muy claritos con esto: el proyecto que fue presentado tiene como denominador común la mejora institucional. No hablamos de la mayoría calificada; si para ustedes esa se torna inmodificable, lo que hay que hacer es barajar y dar de nuevo. No hay dobles intenciones. Presentarán sus proyectos, sus ideas, y en base a eso se discute. Ahora, si se pretenden montar en proyectos de la oposición, no, nosotros retiramos. Este no es un juego de inocentes, no hay garantías institucionales”, señaló Naidenoff, advirtiendo que “si no pretenden modificar los dos tercios, presenten su prpio proyecto y bienvenida sea la sorpresa de todos nosotros. Si realmente quieren mejorar el instituto, no hay inconveniente en tanto y en cuanto no se modifiquen los dos tercios.  Pero para eso retiramos los proyectos, para saber lo que piensan sobre eso”.

“Esquizofrenia política”

El senador de La Cámpora Martín Doñate participó de la reunión a pesar de no ser integrante de la comisión. Y así expresó su sorpresa por el retiro de los  proyectos. “Todos estamos de acuerdo con que hay que discutir el Ministerio Público”, dijo.

El rionegrino recordó que el autor del proyecto hace un mes “planteaba en el recinto su propuesta y se jactaba de tener un proyecto del Ministerio Público Fiscal y lo ofrecía para que lo discutamos. Ahora, después de un mes de ese cacareo institucional, no lo quieren tratar y retiran el proyecto. Es un delirio, una esquizofrenia política que  pocas veces he visto en mi corta carrera política”.

Luego recordó argumentos de Martín Lousteau en cuanto a que “acá no hay que discutir tanto con las mayorías, hay que discutir con la razón”. Y consideró: “Esto es un delirio que es poco entendible, ni siquiera íbamos a dar dictamen”. A continuación consideró paradójico que la oposición pida esperar lo que resuelva el consejo consultivo porque “sino es una afrenta al presidente de la Nación… Y hasta ayer yo los escuchaba decir que era un consejo amañado, hablaban despectivamente de la ‘comisión Beraldi’, y la deslegitimaron permanentemente”.

Así las cosas, Doñate dijo observar “una deliberada intención de trabar, de romper todo, cuanto peor mejor”, y remarcó que más allá de lo que pueda llegar a resolver la comisión especial creada “donde se debe discutir y sancionar, y donde se va a definir el texto definitivo es en el Senado de la Nación”.

Doñate ponderó que la oposición quisiera fortalecer  la institución del Ministerio Público Fiscal, pero lo contrapuso conque “viven reivindicando y protegiendo a (Eduardo) Casal, que jamás en su vida fue votado, ni siquiera para ser fiscal raso. Nunca jamás pasó por un concurso, ni por un examen”.

Las ironías de Rodríguez Machado

“Me agarra una emoción ver cómo defiende el oficialismo proyectos de la oposición”, expresó con total ironía la senadora cordobesa Laura Rodríguez Machado. “Tenemos más de cien proyectos y no hay forma de que los traten en la mayoría de las comisiones; no los ponen en temario, de hecho tampoco nos aprueban un solo pedido de comunicación al Ejecutivo. No los quieren tratar… Y ahora ese ahínco por defender este proyecto, me da una alegría… Así que van a empezar a hacer esto en todas las comisiones, seguramente; no saben lo que le agradecemos al oficialismo, que empiecen a tratar nuestros proyectos. Así que esperemos que en las próximas órdenes del día de las comisiones empiecen a aparecer nuestros proyectos como únicos temas. Muy, muy agradecidos desde Juntos por el Cambio por ese cambio de actitud que tiene el oficialismo”, expuso la senadora del Pro.

Luego rechazó que la situación de Eduardo Casal fuera “anormal, irregular… No es así, no es esta la situación”, sostuvo, y advirtió que el senador Doñate se  había sincerado respecto del motivo de esa reunión: “El tema es el doctor Casal, quieren poner a un representante del kirchnerismo como representante del Ministerio Público Fiscal. Por simple mayoría”.

Luego sugirió que eso les imponía un problema interno, pues el propio Daniel Rafecas anticipó que no aceptaría en ese caso,  por lo que habló de versiones de pasillo, en los que se echan a circular los nombres de Graciana Peñafort o el propio Oscar Parrilli. “Fuertes versiones que llegan y seguramente el senador Oscar Parrilli puede tener antecedentes para ese cargo y seguramente por eso ha puesto en tratamiento este proyecto”, deslizó, para observar finalmente: “Acá hay una línea del Gobierno nacional que quiere poner a Rafecas, y otra que pertenece a Cristina, que lo quiere poner a Parrilli o a Peñafort. Se quieren apurar y empiezan a sacar estos proyectos de la galera. ‘Le modificamos nada más eso de los dos tercios’, y se siguen asegurando la impunidad. En esa no nos prendemos… No somos tontos, no es esquizofrenia  política”, concluyó.

Luego de que el citado Parrilli agradeciera “la postulación” que acababa de hacer la senadora cordobesa, habló otra senadora de La Cámpora, la correntina Ana Almirón, que aclaró que “los proyectos una vez presentados pasan a ser del cuerpo”. Y tras señalar otras cuestiones reglamentarias, se preguntó “por qué no podemos tratar proyectos que son de la oposición”, negando que no lo hubieran hecho nunca. “No solamente vamos a tratar temas que tienen que ver específicamente con la pandemia -aclaró-. El Senado está funcionando normalmente y está tratando temas que tienen que ver con todo”.

A su turno, la radical Silivia Elías de Pérez aclaró que Eduardo Casal “no es ilegal, ni usurpador, está ahí de acuerdo con lo que dice la Ley de Ministerio Público. Si no están de acuerdo, refórmenla”. Y luego habló de “reglas escritas y reglas no escritas”, poniendo como ejemplo que en su condición de presidenta de la Comisión de Economía Nacional el oficialismo había presentado un proyecto con las firmas de casi todo el bloque facultando al Banco Central a reestructurar la deuda de las PyMEs en problemas. Pero luego les pidieron no tratarlo hasta tener la anuencia del Ejecutivo. “Y por supuesto que lo dejamos a un costado, porque esas son las  normas de respeto mutuo”, señaló.

Mario Pais (FdT – Chubut) advirtió que se estaban infiriendo “intenciones ocultas del oficialismo y la oposición”, ante lo cual pidió “un poco de cordura”, rechazando que el oficialismo quisiera modificar el tema de los dos tercios, en tanto que el correntino Pedro Braillard Poccard, firmante de uno de los proyectos en cuestión, y también del pedido de retiro, enfatizó que defiende por sobre todas las cosas la  importancia del reglamento. “Obviamente que conocemos el reglamento; esto se trata de oportunidad: cuando presentamos estos proyectos era otra la situación de la Argentina”.

Volvió a intervenir la senadora Sacnun para rechazar en principio los dichos de Elías de Pérez en cuanto a un acuerdo no escrito, en referencia a un pedido del oficialismo para no tratar un proyecto propio: “Si no lo han tratado es porque hay una mayoría en esa comisión que no  habilitará el quórum, con lo cual es un argumento absolutamente endeble”.

La emprendió a continuación contra la oposición enrostrándole no haber tratado “proyectos esenciales para la vida del país; se han retirado cuando tratamos leyes muy importantes”, dijo, y citó las de pesca y alquileres. Y luego reclamó discutir los tres temas puestos en consideración en el orden del día. “Sino, terminaremos aceptando que esto es un conversatorio. Quiero debatir absolutamente todos los puntos que están incluidos en estos proyectos incluidos en el orden del día”.

Lousteau detalló su proyecto

“Me llama la atención que les parezca llamativo que alguien pida que se retiren proyectos”, señaló a su turno el senador radical Martín Lousteau, poniendo como ejemplo reciente uno del oficialista Alfredo Luenzo.

Autor de uno de los  proyectos puestos a consideración, Lousteau dijo que los mismos fueron presentados en 2017 y 2019, los de Crexell, y el suyo el 14 de febrero pasado, antes de la pandemia. “Nos resulta llamativo el apuro, y no creemos que esto deba ser tratado ahora, nos genera sospechas”, admitió.

Tras poner en duda que en la historia de la Cámara se hubiera dado un hecho como el que estaban discutiendo, dijo alegrarse por escuchar al senador Pais decir que “nada de lo que vamos a discutir hoy tiene como objetivo modificar los dos tercios”.

Finalmente defendió su proyecto, señalando que el cargo de procurador general insume un “enorme poder”, razón por la cual “mantenemos esos dos tercios”. Su proyecto sugiere además que el cargo no sea más vitalicio. Esas son, dijo, “las primeras dos patas de la mesa. Las siguientes son la no reelección y el límite de edad a los 75 años. Son cuatro patas cuyo objetivo es perfeccionar la institucionalidad”.

“Me alegra mucho escuchar que ese no es el objetivo de esta comisión”, agregó, concluyendo que “cuando presentamos el proyecto, no había arrancado la pandemia, el presidente se manifestaba con acabar con la grieta, poner en la agenda un mejor sistema de justicia y sobre todo terminar con la injerencia de la política en la justicia. Y es en ese contexto que nosotros presentamos este proyecto, en un contexto donde no habían ocurrido un montón de cosas y que no existía la pandemia. Es por este motivo que presentamos una nota donde pedimos, sugerimos, que esto no se trate en este momento”.

La senadora Anabel Fernández Sagasti se quejó luego de “quienes trabajan para que las cosas no cambien. Ponen las urgencias siempre  por encima de lo importante. Siempre hay cosas más urgentes que tratar, que temas de justicia”.

Ante el  pedido de la oposición de retirar los proyectos, señaló que hoy la razón es la pandemia, “en 2013, cuando nos tocó la democratización de la justicia, no me acuerdo cual era la urgencia que planteaban, y así cuando se tratan temas de administración de la justicia siempre hay un sector político que cuando no gobierna dice que nunca es el  momento. Ahora, cuando gobiernan siempre es urgente, y a los pocos días de asumir, por un decreto pueden poner dos miembros de la Corte.

“Lo que  no me queda claro es si siguen pensando lo mismo que escribieron y firmaron, que hay que reforzar el Ministerio Público Fiscal, que el procurador tiene que ser vitalicio o no, o van a esperar a si alguna vez la población les da de nuevo la posibilidad de gobernar”, deslizó la senadora mendocina, para agregar luego: “Algunos juegan el juego de que nunca cambie nada, porque a ciertos sectores no les conviene”.

En otro pasaje retrucó una de las sugerencias de Martín Lousteau: “Si un procurador fiscal no puede durar más de cinco años, ¿qué hacemos con los demás fiscales que sí son vitalicios”. Y sugirió que así se le estaba restando poder al  procurador general.

Cerró el debate el presidente de la comisión, Oscar Parrilli, que negó que se hubiera perseguido al procurador general Eduardo Casal, y saludó que Lousteau hubiera expuesto su proyecto. “Coincido en algunas cosas, en otras no. Tenemos que discutirlo”, dijo, pero aclaró que no expresarán una decisión hasta tanto no se expida el Consejo Consultivo creado por el Ejecutivo. “Pero son temas que tenemos que discutir”, insistió, para preguntar luego cuáles son los dos únicos países que tienen Ministerio Público Fiscal vitalicio: Argentina y Cuba. Por eso digo que tenemos que discutirlo”.

Propuso entonces pasar a un cuarto intermedio para el próximo viernes a las 16.30, para seguir analizando los proyectos y comenzar a “hacer un análisis profundo de las características que tiene que tener la ley que regula el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal”.

Y nadie puso objeciones para eso.

En lo que se interpreta como una nueva avanzada del kirchnerismo que apunta al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, el presidente de Justicia y Asuntos Penales del Senado, Oscar Parrilli, convocó este jueves a una reunión de esa comisión con el objeto de tratar una serie de proyectos relacionadas con la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal. La misma será este viernes a partir d las 16.30.

Es público y notorio el interés del oficialismo por encontrar la manera de sortear el impedimento que hoy  por hoy se le plantea para elegir al procurador general, pues el pliego de Daniel Rafecas, enviado oportunamente por el presidente Alberto Fernández al Senado, está parado en el Senado ya que no están los dos tercios necesarios para habilitar su aprobación.

Precisamente por eso es que Oscar Parrilli convocó a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales para tratar una serie de proyectos que precisamente plantean analizar la ley en cuestión. En un hábil maniobra, se pondrán a consideración tres proyectos que son precisamente de legisladores que conforman esos 29 votos que impiden hoy al Frente de Todos acceder a los dos tercios. Las tres iniciativas fueron presentadas en 2019 y vienen justo para habilitar el debate que quiere  dar el Frente de Todos.

Dos son de la neuquina Lucila Crexell, quien fue reelecta el año pasado en el Senado a través de las listas de Juntos por el Cambio, pero se peleó con este sector porque quisieron bloquear su ingreso a la Cámara, aunque finalmente terminó alineándose con la principal oposición. Los dos imprimen modificaciones a la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, y uno de ellos sugiere establecer una duración específica en el cargo y modifica el mecanismo de remoción del defensor General de la Nación.

El tercero corresponde al radical Martín Lousteau y modifica también la Ley Orgánica del Ministerio Público en cuanto al tiempo de duración en el cargo. En la actualidad, el cargo es vitalicio.

El debate promete ser de sumo interés pues en el mismo se rehabilitará la discusión en torno al actual procurador, Eduardo Casal, quien está a cargo de manera provisoria desde fines de 2017, cuando renunció Alejandra Gils Carbó. Dicho sea de paso, cuando el gobierno de Mauricio Macri impulsó para el cargo a Inés Weinberg de Roca, tampoco contó con los dos tercios para nombrarla. 

Casal ha sido sometido a lo largo del año a un intenso bombardeo de denuncias en el seno de la Bicameral de Control del Ministerio Público. El kirchnerismo quiere desplazarlo para nombrar allí a reemplazante más afín.

Hoy necesita los dos tercios de los senadores presentes para aprobar a un nuevo procurador, y un sector del oficialismo sugiere cambiar la ley para llevar ese número a una mayoría simple.

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, emitió una resolución este sábado en la que sugiere a la Corte Suprema de Justicia hacer lugar al per saltum  presentado oportunamente por los jueces Leopoldo Bruglia y Eduardo Bertuzzi y revocar el fallo del 21 de agosto pasado emitido por la jueza a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 5.

En efecto, la jueza María Alejandra Biotti rechazó el amparo presentado por esos magistrados, que pedían declarar la inconstitucionalidad de la resolución del Consejo de la Magistratura que encomendó al Poder Ejecutivo y el Senado la revisión de sus designaciones en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

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En un nuevo capítulo de la ofensiva contra el procurador general interino, Eduardo Casal, el oficialismo aprobó este miércoles en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado una cuestión de privilegio contra el jefe de los fiscales, a quien acusaron de protagonizar un “alzamiento institucional inédito” contra la Cámara alta.

El planteo fue impulsado por Martín Doñate, titular de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, y se originó en la demora de Casal en tomarle juramento a César Grau, el nuevo representante del Senado ante el Tribunal de Enjuiciamiento.

Si bien Casal ya le puso fecha a la jura -este viernes 11-, el Frente de Todos impuso su mayoría para avalar la cuestión de privilegio, que fue rechazada por Juntos por el Cambio y el rionegrino Alberto Weretilneck.

Al inicio de la reunión virtual, presidida por María de los Ángeles Sacnun, Doñate afirmó que “la gravedad institucional del asunto que estamos abordando amerita el tratamiento de esta cuestión de privilegio”.

Recordó que el Senado, “en pleno ejercicio de sus facultades y de la Ley 27.148” votó en la anteúltima sesión una resolución para designar a los doctores César Grau y Heliana Magalí Gualteri como titular y suplente en el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal.

Esa designación, explicó el senador, “emerge de la ilegal designación que tuvieron los anteriores integrantes, porque no se cumplimentó lo que la ley establece, sino que fue a sola voluntad de las autoridades de la Cámara”, puntualmente la exvicepresidenta Gabriela Michetti.

Los representantes de la Cámara alta nombrados en la gestión anterior, y ahora desplazados, fueron los de Mario Laporta como vocal titular y Felipe Ricca como suplente.

“Frente a semejante desaguisado, el Senado modificó una decisión anterior y puso las cosas en su lugar” con “designaciones ajustadas a derecho”, aseguró el rionegrino.

Sin embargo, advirtió que Casal se negó a tomarle juramento a Grau en el plazo de dos días hábiles dispuesto por el Senado.

“Este fiscal se arroga facultades supraconstitucionales, viene a cuestionarnos y a observar la validez de nuestras decisiones”, cuestionó, y agregó: “Me pregunto si hizo lo mismo con las decisiones del anterior gobierno, que dispuso por decreto, de forma ilegal, a los integrantes del Senado (en el Tribunal). No, no lo hizo: no revisó la validez de esas designaciones”.

Doñate comentó que ante esta omisión, el oficialismo intimó a Casal mediante una nota, pero el jefe de los fiscales respondió “en franca rebeldía con este cuerpo”, argumentando que “los plazos fijados por el Senado” para la jura “no resultaban vinculantes”.

Finalmente, Doñate denunció un “alzamiento institucional inédito”. “Casal hace política, de la más obscena y berreta, alzándose con una irreverencia inconcebible. Está juzgando a la política, sin que nadie lo haya ungido para estar en ese cargo”, se quejó.

Debate caliente

En nombre del principal espacio de la oposición, Laura Rodríguez Machado aclaró que “el Ministerio Público se ha pronunciado para el juramento de rigor que tanto le preocupa al senador Doñate” y “se ha fijado una fecha”.

Por esa razón, la cordobesa solicitó retirar del tratamiento la cuestión de privilegio, al considerar que “devino en abstracta”, y advirtió además que “nunca se trató una cuestión de privilegio en los cuatro años anteriores ni en este período” en el Senado.

Rodríguez Machado señaló en ese sentido que “no existe un reglamento” para tratar estas presentaciones en la comisión, “salvo que pretenda ser una apretada más contra el doctor Casal”.

“Pretenden ensuciar la trayectoria de una persona que no la puso Mauricio Macri; viene de planta, viene desempeñando históricamente su función, pero parece que les molesta, porque por fin hay una persona imparcial al frente del manejo de los fiscales, que son ni más ni menos que los que investigan las causas de corrupción”, lanzó.

En tono duro, Sacnun se defendió: “El término ‘apretada’ no cabe en términos institucionales. Lo que hemos hecho no fue más que cursar una misiva absolutamente consecuente con la decisión que tomó el pleno del Senado”.

Además, la presidenta de la comisión sostuvo que “de ninguna manera es una cuestión abstracta” la cuestión de privilegio, ya que se está evaluando una denuncia penal contra el procurador “por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, por más que hoy mismo tome juramento” a Grau.

Por su parte, Silvia Elías de Pérez (UCR) enfatizó que “el Senado, por una resolución, no tiene potestad para fijar nuevos plazos que sean diferentes a los de la Ley Orgánica del Ministerio Público”. “Por un proyecto de resolución no pueden cambiarse los plazos para un órgano extrapoder a gusto y piacere de nuestro cuerpo”, insistió.

La tucumana explicó que “la asesoría legal le dijo al procurador que todo está en orden y entonces se convocó para el día 11 a que se tome juramento a los representantes elegidos por el Senado. Entonces, ¿dónde está la rebelión? ¿Dónde está la supuesta afrenta constitucional?”.

Asimismo, Elías de Pérez reprochó: “Están rigiendo plazos diferentes en todas partes por la pandemia y ustedes lo califican como una ‘parsimonia exacerbada’. Hay una obsesión enorme para buscar motivos de destitución contra el procurador general”.

En la misma línea, otro radical, Pablo Blanco denunció que “el oficialismo está llevando adelante una campaña de hostigamiento contra el procurador general porque no tienen los números para apartarlo y nombrar a (Daniel) Rafecas como garante de la impunidad K”.

Desde el Pro, Esteban Bullrich dijo que “hay una acción muy clara: están buscando embarrar las causas de corrupción. Este no es un hecho aislado: se enmarca en la reforma judicial, que fue un nombramiento masivo de jueces. Se busca amenazar al Poder Judicial para que se rinda ante el poder político. Se busca impunidad”.

Por el oficialismo, Guillermo Snopek recordó la “persecución sistemática” contra la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, “presionándola para que renuncie antes de que venciera su mandato”, y además llamó a mirar el caso de su provincia, Jujuy, donde “crearon el Ministerio Público de la Inquisición para perseguir a los diputados provinciales generando causas, y a nivel nacional crearon una ‘mesa judicial’ para crear causas contra quienes pensaban distinto”.

En tanto, Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) recordó que en la sesión votó a favor de los nuevos integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento, pero sobre la cuestión de privilegio de Doñate expresó: “No me siento agraviado, porque la demora de dos semanas no amerita una denuncia penal. Es un tema que ya está terminado. No vale la pena seguir invirtiendo tiempo en esto”.

Al cierre del debate, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, denunció un “no respeto del Congreso sobre un órgano extrapoder, que tiene sus plazos”. “Hay una clara invasión a la esfera de otro poder. El Ministerio Público Fiscal es autónomo y no está sujeto a instrucciones emanadas de órganos ajenos a su estructura”, puntualizó.

Naidenoff sugirió al oficialismo que ponga en tratamiento el pliego de Rafecas en lugar de intentar destituir a Casal. “Si ustedes quieren transitar el camino del republicanismo, sin atajos, reúnan los números. Y si no hay acuerdo, no hay acuerdo”, dijo.

Por último, la vicepresidenta del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, advirtió: “Se ha dicho que queremos apretar, que buscamos la impunidad, que queremos hacer zafar de la cárcel a funcionarios, cuando lo que queremos es hacer cumplir que el procurador tome juramento a los representantes del Senado”.

La mendocina aclaró que a diferencia de Casal, el Ministerio Público de la Defensa le tomó juramento “en 48 horas” a los designados por el Senado. “Esto no es un amedrentamiento: estamos cumpliendo con lo que indica la ley y la Constitución. Espero que el procurador entienda que estamos cumpliendo nuestra función”, manifestó.

Hacia el final, cuestionó a la oposición por haber judicializado la sesión en la que se aprobó la ley de asistencia al turismo, y por haber impugnado el tratamiento del proyecto contra la pesca ilegal este mismo miércoles. “Cualquier tema que el Ejecutivo establezca como prioridad, va a encontrar un ‘pero’”, lamentó.

El oficialismo redoblará este miércoles la presión contra el procurador general interino, Eduardo Casal, en una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales donde se tratará una cuestión de privilegio presentada por el senador Martín Doñate contra el jefe de los fiscales.

La reunión virtual, convocada por María de los Ángeles Sacnun, tendrá lugar a partir de las 15, y el planteo de Doñate tiene que ver con la negativa de Casal a tomarle juramento a César Grau, el nuevo representante del Senado ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal.

En la sesión del pasado 3 de septiembre, Doñate advirtió que Casal “decidió vulnerar, no hacer caso, ignorar lo que dispuso este Senado” al aprobar la designación de Grau, quien debía jurar “en el plazo de dos días hábiles”.

Si bien el Ministerio Público de la Defensa, a cargo de Stella Maris Martínez, sí le tomó juramento a la representante votada por el Senado, Mariela García Lastra, no ocurrió lo mismo con Casal, quien se negó a hacer lo propio con Grau.

Doñate, presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, intimó a Casal mediante una nota, pero según reveló, el procurador le respondió “que no puede cumplir con el resolutorio porque tiene que revisar la validez de la decisión tomada por el Senado”.

“Es decir, se arroga una especie de revisión tardía e incompetente de las decisiones de este Congreso”, denunció el senador, y agregó: “Estamos frente a una conducta que, además de ilegal, es de desprecio y de rebeldía de un fiscal para con este Senado, que es de una gravedad inusitada y que no encuentra un paralelismo en la historia, en el vínculo entre el Senado de la Nación y ese órgano extrapoder constitucional”.

Doñate sentenció que Casal “se nos ríe en la cara y nos dice que va a hacer lo que se le cante, con medidas dilatorias, obstructivas, distractivas, que merecen ser analizadas penalmente”.

Desde Juntos por el Cambio, Laura Rodríguez Machado, vicepresidenta de la comisión, adelantó el rechazo a la cuestión de privilegio.

“Estaremos presentes en la reunión para fundamentar que no corresponde, en esta oportunidad, el tratamiento de dicha cuestión de privilegio, exponiendo fundamentos legales y de procedimiento. Mañana sabremos el alcance de un nuevo embate del oficialismo contra Casal”, manifestó.

Otros proyectos

En la reunión de Asuntos Constitucionales también se tratará un proyecto de Inés Blas (Frente de Todos) para crear una nueva comisión en el Senado, la de “Cooperativas y Mutuales”.

También se debatirá una iniciativa de Roberto Basualdo (Producción y Trabajo) que solicita la reglamentación de la Ley 27.532, de Encuesta Nacional del Uso del Tiempo; y otra de Guadalupe Tagliaferri (UCR-Evolución) para reglamentar la Ley 27.064, de regulación y supervisión pedagógica de las instituciones que brindan cuidado y atención a la primera infancia, no incluidas en la enseñanza oficial.

El senador nacional Martín Doñate (Frente de Todos) apuntó en la sesión de este jueves contra el procurador interino, Eduardo Casal, por “vulnerar, no hacer caso, ignorar lo que dispuso este Senado” en relación al desplazamiento de Mario Laporta del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal.

El oficialista lo criticó por el “incumplimiento” de sus funciones, y explicó que mientras el Ministerio Público de la Defensa “cumplió acabadamente”, el jefe de los fiscales no le tomó juramento al nuevo vocal designado en un plazo de dos días hábiles, después de la aprobación de las resoluciones por parte de la Cámara alta, la semana pasada.

El titular de la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal enfatizó que la conducta de Casal es “ilegal” y “de rebeldía”, además de representar “una gravedad inusitada”. “No lo podemos tolerar. Es momento de llamar a las cosas por su nombre, lo que hace Casal es alzarse contra la autoridad de este Senado”, sostuvo.

“No es potestad de ese fiscal, bajo ningún punto de vista, someter a un test de validación la decisión del Senado”, subrayó el rionegrino y agregó que tampoco puede “formular objeciones, censura o cuestionamientos” sobre la resolución de la Cámara.

Al revelar la contestación que recibieron por parte de Casal, Doñate señaló que el procurador interino respondió que “no puede cumplir con la resolución porque tiene que revisar la validez de la decisión tomada por el Senado”. “Esto es un escándalo”, se quejó el legislador.

“Falta que le pidamos permiso a alguien para sancionar una ley”, añadió e insistió en que Laporta “fue puesto de manera ilegal” por la anterior gestión.

La Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, que preside el senador Martín Doñate (Frente de Todos), escuchó este martes nuevos testimonios en línea con la intención del oficialismo de avanzar en el desplazamiento del jefe interino de los fiscales, Eduardo Casal.

Uno de los expositores fue el fiscal Carlos Rivolo, presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (AFFUN), quien aclaró que ese organismo “no interviene de ninguna manera en los sumarios administrativos ni en la etapa disciplinaria”.

“No tomamos ningún tipo de parte y así se lo hacemos saber siempre a los colegas”, explicó Rivolo, quien fue blanco de críticas por parte del diputado oficialista Rodolfo Tailhade.

Tailhade advirtió que las organizaciones civiles que denunciaron en la bicameral un mal desempeño por parte de Casal recibieron como respuesta una “descalificación” de la oposición, siendo caratuladas como “agrupaciones K” o “militantes”.

Frente a esto, el diputado advirtió sobre “los intereses que defienden” fiscales como Rivolo, Raúl Pleé y José María Campagnoli, negando que sean “independientes”.

“Todos tienen derecho a expresarse, pero nosotros también tenemos el derecho de señalar los intereses que defienden estos sectores. Rivolo ha tomado un posicionamiento político estos años. El cuentito de la independencia déjenlo para Clarín, La Nación, Infobae o Radio Mitre”, cuestionó.

Tailhade señaló que cuando se produjo un “ataque brutal” al Ministerio Público durante el mandato de Alejandra Gils Carbó, que “incluyó maniobras extorsivas, amenazas a sus hijas e inventos de causas, no hubo ninguna defensa” por parte de AFFUN, la asociación presidida por Rivolo.

Asimismo, el legislador advirtió que “hace tres años que no sabemos nada” de la causa conocida como Paradise Papers, “pero (Rivolo) sí fue muy veloz en pedir el sobreseimiento de (Gustavo) Arribas y (Silvia) Majdalani en la causa del (Instituto) Patria, que a todas luces era fraudulento”.

“Estoy harto de la supuesta independencia judicial y de quienes se vienen a presentar como defensores del Poder Judicial independiente. Rivolo defiende los mismos intereses que Casal: los privilegios de una corporación que se resiste a los cambios”, alertó.

Por su parte, el doctor Dionisio Velasco denunció la designación supuestamente irregular de Aníbal Fabián Martínez como fiscal federal de Paso de los Libres, Corrientes.

Según Velasco, la fiscalía fue “tomada” por Marcelo Colombo y Carlos Schaefer, quienes “echaron” al doctor Benito Pont para nombrar a Martínez “cuando había salido desaprobado el examen”.

Ante esta situación, el Colegio de Abogados de Paso de los Libres realizó una denuncia administrativa ante la Procuración General contra los fiscales Schaefer, (Miriam) Benítez y Martínez, “en violación al reglamento disciplinario para magistrados”.

A eso sumaron una denuncia penal contra los fiscales por presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

El abogado Juan Carlos Coulleri respaldó la presentación de Velasco y denunció un incumplimiento de la Ley orgánica del Ministerio Público en la localidad correntina. “Nunca habíamos vivido situaciones tan deplorables respecto al manejo de los funcionarios de las fiscalías”, lamentó.

A su turno, Roberto Cipriano García y Federico Schmeigel, autoridades de la Comisión Provincial por la Memoria, informaron que presentaron una nota ante la bicameral para manifestar su preocupación sobre “los objetivos y el funcionamiento” de la SAIT (Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional), creada por orden de Casal.

García y Schmeigel puntualizaron que “el análisis de información vinculada al fenómeno terrorista se encuentra regulado por la Ley Nacional de Inteligencia, y tales objetivos excederían la naturaleza de las funciones atribuidas al Ministerio Público Fiscal”.

En función de este planteo, se mostraron insatisfechos con las explicaciones que dio el procurador al respecto.

Por último, el fiscal general de Tierra del Fuego Adrián García Lois reveló que Casal le inició un sumario administrativo “en el momento del mayor pico de contagios y muertes en el medio de una pandemia”.

García Lois comentó que se encuentra de licencia por un estrés postraumático y que la última prórroga de esa licencia fue entre el 25 de junio y el 25 de agosto.

“En el medio de una licencia por enfermedad me notifico el 29 de julio de que el procurador decide impulsar un sumario administrativo en mi contra. Eso me destrozó, no entendí el motivo de la urgencia”, expresó, y habló de un “claro acto de hostigamiento”.

La Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público, que conduce el senador kirchnerista Martín Doñate, sigue muy activa y volverá a reunirse este martes a partir de las 17 para avanzar en el proceso iniciado contra el procurador general Eduardo Casal.

Por eso han sido convocados Dionisio Velasco y Juan Carlos Coulleri, para hablar sobre designaciones anómalas en la provincia de Corrientes.

También estará el presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Carlos Rívolo, quien hablará sobre el procedimiento disciplinario.

También estarán Roberto Cipriano García, secretario de Comisión Provincial por la Memoria y Federico Schmeigel, director del Programa de Control de la Corrupción e Inteligencia Ilegal de la Comisión Provincial de la Memoria. Exposición sobre nota Ingresada a la Comisión sobre la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional.

Por último expondrá el fiscal Adrián García Lois, sobre procedimiento disciplinario.

Elisa Carrió y el bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica expresaron este lunes un fuerte respaldo al procurador general de la Nación, Eduardo Casal. A través de un comunicado, señalaron que “Casal debe resistir el acoso y la embestida de Cristina Kirchner, quien busca desestabilizarlo”.

“Casal es hoy el procurador general de la Nación porque lo decidió la ley, no lo puso ningún presidente. Casal tiene el deber de resistir la embestida personal de Kirchner y no debe renunciar, pero también los políticos que creemos en la división de poderes debemos darle nuestro respaldo”, agregaron.

“Tenemos que afirmar que no vamos a permitir que se desplace a un funcionario de carrera porque la vicepresidente de la Nación quiere impunidad y venganza”, afirmaron.

Asimismo advirtieron que “la Coalición Cívica no va a tolerar presiones y descalificaciones contra el titular del Ministerio Público, por tal motivo sostendremos el rechazo al juicio político que se le quiere realizar”.

“Defender la República es, básicamente, defender la independencia de todos los poderes del Estado, sabemos hacer ese trabajo y lo haremos siempre”, concluyeron.

La Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público, que preside el senador kirchnerista Martín Doñate, vuelve a reunirse este miércoles a partir de las 14, con el fin de continuar debatiendo las denuncias contra el procurador general de la Nación, Gabriela Boquín.

Es así que se espera entonces la presencia de la fiscal Gabriela Boquin, miembro de la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. El pedido fue realizado el lunes pasado por la diputada Vanesa Siley y el diputado Christian Ritondo.

Expondrán también como invitados Hernán Mirasole, en su calidad de Presidente de la Asociación Civil Nace un Derecho, quien también presentó un pedido de juicio político contra el procurador Casal por la creación supuestamente irregular de una secretaría dedicada al análisis de temas vinculados con el terrorismo, como así también Gastón F. Carrere y Rodolfo Parisi en calidad de Presidente y miembro de ADEJUDD, respectivamente, quien también presentó un pedido de juicio político contra el mismo funcionario judicial.

Continuará también exponiendo la doctora Natalia Salvo a los efectos de responder preguntas de los integrantes de la Comisión.

En una acalorada reunión, marcada por gritos y reclamos de la oposición, el Frente de Todos votó -a mano alzada- en la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal el giro de los 12 pedidos de juicio político contra el procurador general interino, Eduardo Casal, a la comisión competente de la Cámara de Diputados.

El traslado de las solicitudes se aprobó luego que interviniera el diputado Nicolás Rodríguez Saá (FdT), vicepresidente segundo de la Comisión de Juicio Político -presidida por la oficialista Josefina González-, quien consideró que “es de gravedad absoluta la situación del procurador interino y su falta de apoyo al Estado de Derecho”.

“Quiero anunciar que vamos a llevar adelante todas las actuaciones para iniciar el proceso como corresponde”, anticipó el legislador y, acto seguido, el titular de la bicameral, el senador Martín Doñate, realizó una rápida votación a mano alzada, que dio por aprobada “por la mayoría”.

Minutos después, el diputado Diego Mestre (UCR) se quejó de “haber votado sin habernos escuchado, sin haber contado por parte de usted (a Doñate) cuáles son los diputados y senadores por la supuesta mayoría, el traslado de estos pedidos de juicio político… bueno, dígame si eso no es persecución”.

“Previamente lo que deberíamos hacer es mínimamente escuchar al procurador Casal. ¿Por qué no darle la posibilidad?”, expresó y cuestionó avanzar de esa manera “sin escucharlo, sin darle el derecho de defensa”. También pidió volver a votar de manera nominal, algo que no tuvo éxito.

La senadora Silvia Elías de Pérez (UCR) estalló: “Cuando ustedes hablan parece ya una hoguera pública. ¡No hemos escuchado a una sola persona, no hemos leído un solo renglón de lo que nos han respondido y ustedes ya votan para pasarlo a la Comisión de Juicio Político!“. “Así no ha trabajado nunca esta comisión; se ha escuchado a todos, se ha tenido un debido proceso y se han hecho las cosas que se tienen que hacer”, añadió.

Esto no parece una Comisión de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal, sino una comisión de persecución.
Un diputado usó descalificaciones, hay que tener cuidado, porque si uno califica al Procurador como mafioso hay que tener las pruebas y llevarlas a la Justicia. pic.twitter.com/H33hJyDv4p

— Silvia Elías de Pérez (@SilviaEdePerez) August 3, 2020

Al comienzo del encuentro, el diputado Rodolfo Tailhade (FdT) cargó contra el funcionario por la “demora absolutamente inexplicable, además de inadmisible” de su respuesta sobre el desplazamiento del fiscal Juan Pedro Zoni en la causa de Correo Argentino, “donde como todos sabemos se encuentra mencionado el expresidente de la Nación (Mauricio Macri)”.

El kirchnerista además remarcó que el procurador “está ocupando un lugar que la verdad es bastante dudoso”. “No sé por qué hoy el doctor Casal es el procurador interino, no conozco ningún papel donde se haya establecido que sea el reemplazante natural”, cuestionó.

Y recordó que en la gestión anterior, “el bloque oficialista tuvo una muy marcada actitud de cuestionamiento, para no hablar de persecución, contra la exprocuradora (Alejandra Gils Carbó), en una posición mucho más compleja que la que tiene Casal”.

En referencia al sumario que se le abrió en su contra Gabriela Boquin, quien encabezó las denuncias en la causa de Correo Argentino, la diputada Vanesa Siley (FdT) alertó que la fiscal “viene recibiendo un claro hostigamiento que data desde abril de 2018: inconsistencias en su custodia, llamadas, robos en su auto. Y este hostigamiento termina con un sumario”.

“El Congreso no puede permitir esa persecución y le manifestamos a la víctima nuestra preocupación. Debemos citar a la fiscal Boquin de manera urgente. Nuestro sistema de normas para la protección a las mujeres se ha robustecido en estos años: apliquémoslas”, agregó.

A su turno, la senadora María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos) resaltó que trabajadores judiciales “están denunciando” que las acusaciones contra Boquin “fueron guionadas”. Y consideró que en el sumario contra la fiscal “se quiso construir, estigmatizando y con una violencia machista inusitada” a una “mujer autoritaria, diría ‘loca’, como se adjetiva comúnmente a las mujeres de carácter”.

Al cuestionar el desempeño de Casal, la santafesina criticó que el procurador interino le haya aplicado “un apercibimiento” al fiscal Carlos Stornelli, “cuando escuchamos los audios explicándole al falso abogado (Marcelo) D’Alessio cómo iban a armar causas”.

Y agregó: “¿El procurador interirno espera que nosotros le pidamos informes, o no los tiene elaborados? ¡La tendría que tener preparada a la información!”.

Desde la oposición, el diputado Cristian Ritondo (Pro) advirtió que “habría que ver el informe sobre lo que hizo Zoni en la causa y no preocuparnos tanto”. Respecto a Boquin, dijo: “Me extraña que se hable así cuando fueron siete trabajadores que denunciaron, y seis son mujeres y una de ellas discapacitada”.

“Está denunciada por cuestiones de maltrato laboral; tenemos que tener cuidado”, señaló el jefe del bloque macrista en la Cámara baja y coincidió en citarla a la comisión para que brinde explicaciones sobre “la relación con el personal”.

En otro tramo, la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR) se quejó de que la bicameral “ya no parece una comisión de control y seguimiento, sino una comisión de persecución”. “Lo que quiero es que acá triunfe la verdad. Pero veo lisa y llanamente una persecución y esto me preocupa”, siguió.

La tucumana defendió que el funcionario no haya remitido a tiempo la información: “¿Dónde viven los que creen que es una burla, que no saben lo que está pasando en el país?”. Y afirmó, ante las críticas del oficialismo, que Casal es el procurador interino “por imperio de la ley, eso no un invento de nadie”.

En tanto, la diputada Graciela Ocaña (Pro) cuestionó que se quiera “poner un manto de duda a una actividad que está llevando adelante la Procuración”, y mencionó que el mecanismo para iniciar sumarios a los fiscales se realiza a sugerencia del Consejo Evaluador, procedimiento en el que actuó Casal. En cambio, “(la exprocuradora Alejandra Gils Carbó) era ella la que decidía a qué fiscal se le abría un sumario y a qué fiscal no”, reclamó.

Hacia el final de la reunión, expuso la abogada Natalia Salvo -respecto a un pedido de juicio político contra Casal-, pero por falta de tiempo los legisladores no pudieron hacer preguntas. Doñate informó que el próximo miércoles, a las 14, volverán a convocar para escuchar a los invitados que no expusieron y, además, asistirá la fiscal Gabriela Boquin.

Hoy a partir de las 14 vuelve a reunirse en el Congreso la Comisión Bicameral que se ocupa del Control y Seguimiento del Ministerio Público y Fiscal a fin de evaluar la conducta procurador general de la Nación, Eduardo Casal, y los pedidos de juicio político que están impulsándose en su contra.

La movida es motorizada por el kirchnerismo, que cuestionó que Casal se amparara en las restricciones que impone el aislamiento social preventivo y obligatorio para demorar su respuesta a los pedidos de informes que la comisión le requirió en su último encuentro.

Por su lado, la defensora oficial Stella Maris Martinez envió toda la información requerida en tiempo y forma, lo que es utilizado por el kirchnerismo para hablar de una “maniobra dilatoria” de Casal.

Desde el oficialismo se denunció que, paralelamente, Eduardo Casal -quien quedó a cargo de manera interina al renunciar en 2017 Alejandra Gils Carbó, vacante que el gobierno de Cambiemos no pudo cubrir por falta de acuerdo con la oposición en el Senado- realizó “llamados intimidantes” a la fiscal Gabriela Boquín. En los mismos le habría advertido que impulsaría un sumario contra ella, quien la semana anterior había adoptado resoluciones relacionadas con la deuda que mantiene Correo Argentino con el Estado nacional.

En ese sentido la agrupación Justicia Legítima publicó el viernes un comunicado en el que se solidarizó con la fiscal y pidió “el cese de esas prácticas persecutorias”.

A propósito de ello, el presidente de la Comisión Bicameral, senador Martín Doñate, expresó que “no vamos a permitir que Casal atropelle a la Republica burlándose de Congreso de la Nación. Argumenta que la pandemia vigente le impide brindar la información que le solicitáramos cuando, hasta el momento, lleva realizadas 367 resoluciones, dispuso subrogancias, interinatos, designaciones de magistrados coadyudantes, habilitó auxiliares fiscales, oficializó ascensos. La tarea de la procuración es esencial y hay muchísimos fiscales trabajando de manera presencial y/o remota. No existe ninguna excusa para no presentar la información que le pedimos desde la Comisión Bicameral”.

La comisión impulsó, en su última reunión, una serie de pedidos de informes a Casal vinculadas con las actuaciones del procurador interino. El pedido se funda en una gran cantidad de solicitudes de juicio político al procurador interino por parte de agrupaciones y profesionales. Todas ellas fueron enviadas en los últimos meses a la comisión que debe controlar el buen funcionamiento del organismo, argumentando en su mayoría que Casal habría incumplido con sus deberes de funcionario público y/o cometido abuso de poder.

En este sentido, Doñate expresó que “Eduardo Casal ocupa el interinato más largo de la historia de la procuración. Llegó a su cargo de manera irregular tras una enorme presión del gobierno de Mauricio Macri y de los medios de comunicación para desplazar a su predecesora. Ha sido fundamental en el modelo de persecución judicial y en el armado de causas; en la presentación de testigos ‘truchos’ y en la protección de fiscales que desempeñaron sus funciones con actuaciones delictivas. Con esa misma habitual impunidad, hoy desconoce y se burla del Congreso de la Nación y de los representantes del pueblo y las provincias negándose a brindar la información que le solicitáramos desde la Comisión Bicameral que presido. No lo vamos a permitir”.

Ya se sabe que el kirchnerismo ha desatado una fuerte embestida contra el procurador general de la Nación, Eduardo Casal. Lo hizo en la Bicameral de Control del Ministerio Público, donde dio entrada a una serie de pedidos de informes que incluyen un pedido de juicio político contra el mismo, pero que en definitiva buscarían su renuncia.

La agrupación Justicia Legítima sumó este viernes su aporte, a través de un comunicado en el que expresó su preocupación ante “las actitudes de tinte persecutorio, desarrolladas por el procurador interino Casal contra la fiscal Gabriela Boquín quien, en ejercicio de sus funciones de defensa de los intereses públicos, se ha opuesto con valentía republicana que honra a su cargo, a la concreción de negociados de empresas vinculadas con el ex presidente Mauricio Macri en el ámbito de la justicia comercial”.

El comunicado señala que “la notificación de la formación de un sumario en horas de la madrugada, constituye una práctica inquisitoria, oscura, impropia de las instituciones de una democracia, y una expresión clara de violencia de género”.

“Por ello, a más de expresar nuestra solidaridad con la fiscal Boquín y exigir el cese de esas prácticas persecutorias, reclamamos del Congreso Nacional que de curso a los procedimientos que resulten necesarios para posibilitar que, con la mayor celeridad posible, el cargo que hoy detenta el señor Casal sea ocupado por un/a Procurador/a con la legitimidad que esa función exige”.

El diputado nacional Jorge Enríquez advirtió por una embestida oficialista contra Eduardo Casal, y salió en defensa del procurador general interino, al señalar que el funcionario “se ha caracterizado por su idoneidad jurídica y su independencia”.

Para el legislador, a raíz que en el oficialismo “no consiguen los votos en el Senado para designar a un procurador militante como (Daniel) Rafecas, buscan el atajo del juicio político para sacar de la cancha a Casal”.

“En su constante lucha en favor de la impunidad de sus dirigentes y de la sumisión de jueces y fiscales a sus dictados, el kirchnerismo quiere ahora promover el juicio político del procurador general, Eduardo Casal, cuestionando y poniendo bajo sospecha la Resolución 70/2018 por la cual se creó la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT). Ni hace falta aclarar que son acusaciones que carecen de todo fundamento”, sostuvo.

Mediante un comunicado, el porteño señaló que “dicha secretaría es un área administrativa, no operativa, creada mediante reasignación de funciones concretas en el marco de la Procuración General, para atender de una manera ordenada a los requerimientos a nuestro país en materia de terrorismo internacional”.

Además, “no se la dotó de personal extra, pues se dieron más funciones a funcionarios existentes sin promoción ni recompensa salarial, ni estructura física -oficinas, computadoras, etc.- o económica. Además, carece de facultades para realizar seguimiento de personas físicas o instituciones no vinculadas al terrorismo internacional y/o para realizar actuaciones propias de una fiscalía o procuraduría”, explicó.

El diputado de Juntos por el Cambio aseguró que “el doctor Casal es un funcionario de carrera de la Procuración General que se ha caracterizado por su idoneidad jurídica y su independencia”.

“Es, además, un hombre probo y un excelente profesor, muy querido por sus alumnos de la Facultad de Derecho de la UBA y del Colegio Nacional de Buenos Aires, aunque no se saca fotos en las aulas porque las usa para enseñar, no para hacer marketing”, continuó, haciendo referencia indirecta a la actividad como profesor del presidente Alberto Fernández.

Para Enríquez, “son esas virtudes las que resultan intolerables para una fuerza política que concibe al Poder Judicial y al Ministerio Público como meros apéndices del presidente o, en este caso, de la vicepresidente”.

“Dado que no consiguen los votos en el Senado para designar a un procurador militante como (Daniel) Rafecas, buscan el atajo del juicio político para sacar de la cancha a Casal. Pero tampoco lo van a lograr. La sociedad está harta de la impunidad y el autoritarismo”, completó.

La semana pasada, la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público, presidida por el senador oficialista Martín Doñate, decidió convocar a una audiencia con representantes de organizaciones civiles que solicitaron el juicio político contra Casal.

Un nuevo round entre la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y la Corte Suprema de Justicia, a la que días pasados presentó un pedido de certeza para que estableciera si las leyes surgidas de una sesión virtual de la Cámara alta tendrán respaldo legal. Luego de que el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, se pronunciara en contra del pedido -aunque su dictamen no es vinculante-, la titular del Senado emitió una serie de tuits para ponerle presión al Tribunal Supremo.

Lo hizo adjuntando lo que definió como un “imperdible hilo de tuits” de la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort -quien fue la que hizo la semana pasada la presentación en cuestión-, en el que “explica que cuando la Corte suprema de Justicia de la Nación quiere tratar y resolver un asunto, lo hace… independientemente de cualquier legislación y jurisprudencia…”.

Imperdible hilo de twits en el que Graciana Peñafort, Directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación, explica que cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación quiere tratar y resolver un asunto, lo hace… independientemente de cualquier legislación y jurisprudencia… https://t.co/1eNshHWTEg

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 22, 2020

En su serie de tuits, Peñafort sostiene que “las leyes son lo que los jueces dicen que son”, porque “son los jueces los que tienen la última palabra respecto a si una ley o una decisión es constitucional. Y si no lo es entonces esa ley o esa decisión no será válida”.

Tras poner una serie de ejemplos los cuales la Corte Suprema de otros tiempos no hizo caso a los procuradores. “Casal, con un nivel de actualización jurisprudencial nada envidiable, te cita -y mal, encima- casos de 1865. Como dice mi amigo @domingorondina, esos son los que hacen autopsias del derecho”, precisa Peñafort, que agrega: “Pero por muy forenses que sean, no pueden parar la evolución del derecho. Como no pudieron parar la acción de amparo que tanto usamos hoy. Dice Casal que no hay caso. Me acuerdo otro caso en el que no  había caso. También es bastante conocido. Porque es el caso Fayt”.

Recuerda en ese sentido que en 1994, cuando se modificó la Constitución, Carlos Fayt tenía entonces 76 años y la nueva Carta Magna establecía que los jueces podían serlo hasta los 75. “¿Alguien le pidió la renuncia a Fayt? -se pregunta la directora de Asuntos Jurídicos del Senado-. Nadie. Pero Fayt pidió una declaración de certeza y el Poder Judicial vio caso”.

“Tanto vio caso el Poder Judicial, que terminaron declarando inconstitucional la Constitución!”, afirma, y vuelve al procurador general actual, señalando que “quiere decirnos que no hay caso. Como si la pandemia no existiera y como si sesionar no fuese un riesgo cierto para un montón de personas”.

Para Peñafort, “caso hay”, pero Casal está “intentando proteger las 12 mil fortunas que deberán pagar el impuesto a las riquezas. Poniendo obstáculos”, señala en referencia al proyecto de ley que impulsa Máximo Kirchner en Diputados y por el cual está claro que Cristina Kirchner quiere que el Congreso sesione. Irónica, Peñafort señala que Casal ya protegió al fiscal Carlos Stornelli, e ironiza: “Picarón, ya te conocemos las mañas!”.

1. Hace 197 años hubo en EEUU el caso mas citado del historia del derecho. Se se llama "Marbury contra Madison" (1803). Lo he contado en mil notas porque entre otras cosas es el puntapie del partido en lo que llamamos el control de constitucionalidad.

— Graciana Peñafort (@gracepenafort) April 21, 2020

Tras hablar de un “ring imaginario del debate jurídico están Casal, tomando el te con Macri, Stornelli y los 12 mil millonarios. En la otra esquina están los millones de argentinos que necesitan que el Estado los asista”.

La funcionaria del Senado concluye diciendo que “es la Corte Suprema quien tiene que escribir la historia con sangre o con razones. Porque la vamos a escribir igual. Como cantan los Redondos: ‘Fijate de qué lado de la mecha te encontrás’”.

Concluido el hilo de Peñafort, Cristina pone como ejemplo los casos Fayt y Bussi, para concluir: “Cuando la Corte Suprema tiene la voluntad de ‘proteger y garantizar derechos’… hay caso. Claro que siempre es bueno analizar qué derechos son los que quieren proteger y garantizar”.