Varios legisladores del oficialismo utilizaron el espacio de las cuestiones de privilegio en la sesión de este martes para rechazar las declaraciones de Javier Milei durante el primer debate presidencial, el pasado 1ro. de octubre, cuando negó la cifra de los 30 mil desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar y dijo que en los años ‘70 hubo una guerra. 

Luego del relato en primera persona de Daniel Gollan, el diputado Juan Marino comparó que al decir que “en esa guerra se cometieron excesos”, Milei lo que hizo fue repetir “literalmente las palabras del genocida (Emilio) Massera en el Juicio a las Juntas”. 

Al mencionar que junto a otros de sus compañeros de bloque presentó un proyecto de repudio por los dichos del candidato presidencial de La Libertad Avanza, el oficialista consideró: “Nos tendríamos que poner de acuerdo todos los bloques para hacer un repudio explícito y contundente, dejando en claro que no fue una guerra, fue genocidio; no fueron excesos, fue un plan sistemático ejecutado a través del Estado”. 

Al desafiar a Milei, a quien “tanto que le gustan discutir los números”, Marino comenzó a mostrar carteles mientras recordaba que hubo “814 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio” y “solamente en el centro clandestino de la exESMA hubo por lo menos 5.000 detenidos desaparecidos”. 

Además de “500 bebés apropiados, según calculan las Abuelas de Plaza de Mayo y la Campaña Internacional por el Derecho a la Identidad”. “Según documentos desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional de Georgetown University, hubo 22.000 personas asesinadas o desaparecidas hasta 1978”, apuntó.

“Es una deshonra para este Congreso que un integrante de este cuerpo diga lo dice Javier Milei, y es de extrema gravedad que además lo diga una persona que en las PASO sacó el 30%”, enfatizó y advirtió que “no lo dice para ganar un voto más, o por una cuestión ideológica, sino porque es acorde a su plan político: lo dice porque quieren reconstruir el partido militar, porque pretenden un gobierno de alianza cívico-militar, porque quieren restablecer la primacía y el protagonismo de las fuerzas militares en la vida política de nuestro país. No es un salto a lo desconocido Milei, Milei es un (Jair) Bolsonaro”. 

En su discurso, Marino afirmó que “la grieta ya no es más entre peronistas y antiperonistas, la grieta es entre quienes defienden a milicos genocidas y quienes defendemos el Nunca Más”. 

Finalmente, le pidió a los ciudadanos que “antes de ir a votar” vayan a visitar los lugares donde funcionaron centros clandestinos. “Vayamos a votar con plena conciencia lo que está en juego y en riesgo en nuestro país, que es básicamente la democracia”, cerró.

Otro que la emprendió contra Milei, pero sumó también a su compañera de fórmula y de bancada Victoria Villarruel, fue el santafesino Eduardo Toniolli, quien salió al cruce de su cuestionamiento a la cifra de 30 mil desaparecidos. Toniolli aclaró que “más de 300 procesos judiciales y casi 1.200 condenas en los tribunales federales desmienten esas aseveraciones. Acá hubo un plan sistemático de exterminio convalidado desde el Estado. Mataron, violaron, desaparecieron y torturaron para llevar adelante una profunda reestructuración de nuestra economía y sociedad. Para escarmentar al pueblo y disciplinar a la clase trabajadora”.

El legislador del FdT expresó que no le extrañaba que “los nostálgicos del terrorismo de Estado se unan con los nostálgicos de las recetas de José Alfredo Martínez de Hoz, y la nueva receta que encontraron y quieren llevar adelante para desacreditar la lucha por la memoria, verdad y justicia, es la de cuestionar un número, el que las organizaciones populares y los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado han construido por la imposibilidad de contar con datos fehacientes sobre el alcance de la última dictadura”.

Habló a continuación de “los amigos de la diputada Villarruel, a los que visitaba y sigue visitando donde están condenados”, y le pidió a los libertarios que “si como dicen quieren hacer un aporte a la verdad, que vayan por otro lado”. Y le pidió a la candidata a vice que “si quiere hacer un aporte a la verdad histórica, ¿por qué no le pregunta a sus amigos los genocidas donde están los cuerpos de nuestros compañeros? ¡Dónde están los cuerpos de nuestros seres queridos!”.

“Si quiere hacer un aporte a la verdad histórica, ¿dónde están los 400 niños hoy adultos que caminan por las calles sin saber su identidad? Y si no quieren, y no son capaces de ese gesto, les pedimos que se callen”, completó. 

Puntualmente al criticarlo a Milei por su recomendación a los ahorristas, el cordobés Eduardo Fernández advirtió que el libertario “pretende infundir temor público, pero no es la primera vez que Milei se expresa en este sentido”, en referencia a que “promueve la desvalorización de la moneda nacional”. 

“Ataca sistemáticamente los acuerdos de convivencia que los argentinos recuperamos hace 40 años. Detrás de cada provocación contra los derechos humanos, contra la soberanía, contra nuestra moneda, contra el medioambiente, contra la justicia social, principios consagrados todos en la Constitución Nacional, hay un anhelo de retorno dictatorial al que ya le hemos dicho nunca más”, enfatizó y añadió que “estas expresiones de desestabilización económica con un fin de solo conseguir un voto más, pero a partir del temor y la especulación, no puede ser admitido por un diputado de la Nación”.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto que propone el Plan de refinanciación de deudas de provincias, municipios, comunas y entes prestadores de servicios públicos respecto a Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).

El texto obtuvo 119 votos afirmativos, 11 negativos y 25 abstenciones correspondientes al Pro y la Coalición Cívica y algunos diputados radicales. Desde la oposición propusieron dos pequeñas modificaciones a los artículos, que en aras de mantener el consenso y lograr la aprobación fueron aceptados por el oficialismo.

Autor del proyecto, el diputado cordobés Eduardo Fernández recordó que esos créditos se otorgaron en tiempos de la convertibilidad, e hizo especial hincapié en ello en tiempos en que algunos vuelven a hablar de ese sistema, señaló, recordando que el problema que tuvieron los endeudados fue que no se contemplara la pesificación de sus deudas.

Recordó también el largo peregrinar que tuvo este tema en el Congreso, a través de numerosas iniciativas que buscaron encontrarle una solución al tema. “En el año 2004, 44 diputados presentaron iniciativas para resolver esta problemática”, ejemplificó, destacando que eran de 14 partidos políticos. Llegó a tener media sanción, pero no se convirtió en ley.

En 2014 ENOHSA comenzó a hacer intimaciones, sobre todo en la provincia de Córdoba, y en 2015, diputados nacionales lograron sacar un dictamen que establecía la necesidad de pesificar las deudas, pero la iniciativa “chocó con problemas administrativos”.

“Este problema no es de los municipios, sino de los ciudadanos, porque sobre ellos recae deuda y los municipios, entes y provincias que han servido de garantes tienen esta deuda en dólares y la imposibilidad de adquirir nuevos préstamos”, agregó el legislador oficialista.

Al 30 de junio, la deuda total que tienen las provincias es de 85.607.746 dólares, de los cuales más de 40 millones son intereses, detalló Fernández, quien destacó que “lo que vamos a hacer esta noche, si hay consenso, es condonar los intereses y recargos que han surgido a partir del atraso de los municipios en mora para posibilitar afrontar esta deuda con un plan de pago”.

Su comprovinciano Carlos Gutiérrez, de Córdoba Federal, destacó que “lo único novedoso de este proyecto que atiende una situación absolutamente inequitativa para los municipios de 13 provincias es que estas deudas, debido al contexto de la convertibilidad, fueron los únicos que quedaron sin pesificar”.

Recordó que los intendentes les pidieron a todos los diputados de Córdoba buscar una solución para una deuda “impagable”. “Nos pusimos de acuerdo, nos pusimos a trabajar, fuimos al ENOHSA, recibimos una propuesta que ha sido rediscutida y hoy llegamos a esta conclusión. Me parece que estamos ante un acto de reparación de algo que viene desde el año 1991”, apuntó.

Sobre el final, el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, valoró que a este tema, como al de los créditos UVA, productos orgánicos, acompañamiento terapéutico, se les había encontrado solución después de tanto tiempo, “aun con todas las dificultades, quizá parcialmente”.  

“Todas las votaciones están siendo con buenos niveles de acuerdo, que sea un aliciente también para poder después comunicarlo, porque después comunicamos a los medios las diferencias y no hacemos alusión a los temas en los que nos ponemos de acuerdo”, concluyó.

A la hora de proponer modificaciones, Alejandro “Topo” Rodríguez intervino para proponer “dos pequeñas modificaciones” en el artículo 4°, en aras de agregar precisiones. En el primer párrafo, donde se consignaba que “el plan de refinanciación contemplará plazos no inferiores a 10 años, ni superiores a 20 años, con un año de gracia”, se agrega “de capital e intereses”.

Y en el tercer párrafo del artículo 4°, que señala: “Dicho capital adeudado devengará una tasa equivalente al 25% de la tasa Badlar”, solicitó eliminar esa frase por la siguiente: “que fijará la autoridad de aplicación en la reglamentación de la presente ley y que no podrá ser superior al 20% de la tasa Badlar”.

Eduardo Fernández aceptó la modificación. “Queremos que salga, queremos llevarle a las provincias y a nuestros intendentes una solución, y en ese ánimo vamos a aceptar las modificaciones propuestas”, concedió.

Los puntos centrales del proyecto

El plan de refinanciación incluirá exclusivamente créditos otorgados en el marco de programas de financiamiento por organismos multilaterales de créditos BID a cargo de provincias, municipios, comunas y entes prestadores de servicios públicos y comprenderá las garantías por deudas asumidas en convenios complementarios celebrados con el ENOHSA, que no hayan sido cancelados al momento de la publicación de la ley en el Boletín Oficial.

Además, propone que se condonen las deudas en concepto de intereses compensatorios, moratorias y punitorios generadas por obligaciones contraídas. En tanto, detalla que el plan de refinanciación contemplará plazos no inferiores a diez (10) años ni superiores a veinte (20) años, con un (1) año de gracia.

También propone que el capital adeudado se calculará a la cotización dólar estadounidense tipo de cambio vendedor que fija el Banco de la Nación Argentina, correspondiente al día anterior al de la fecha de la suscripción de los instrumentos de refinanciación respectivos, que será efectivizado en cuotas mensuales y consecutivas. Dicho capital adeudado devengará una tasa que fijará la autoridad de aplicación en la reglamentación de la presente ley y que no podrá ser superior al 20% de la tasa Badlar (o la que la reemplace en el futuro) y se amortizará mensualmente según el método que elija la autoridad de aplicación de esta ley.

Las cuotas de amortización que surjan de la aplicación de las nuevas condiciones financieras que se implementen no podrán superar en los casos en que la deuda se encuentre en cabeza del municipio, o actúe en calidad de garante, el tope de erogación del 5 % de la coparticipación mensual que recibe en su caso, o el 4 % del total de los ingresos originados en recursos mensuales de jurisdicción municipal. En caso de superar ambos topes, el municipio erogará aquel que resulte menor. El saldo que haya superado los topes mencionados, será refinanciado en cuotas.

Se trata de deudas contraídas en los 90’, en dólares, de créditos BID que el Estado tomó y los pasó a las provincias y las provincias a las cooperativas. Esas deudas no fueron pesificadas y, tras la devaluación del 2002, las cifras originales se triplicaron. El monto total de la deuda vencida y a vencer al 31 de marzo de 2023 asciende a USD 85.756.662.58, correspondiendo a deuda vencida el 76,52%.

El diputado nacional Eduardo Fernández (FdT – Córdoba) habló este miércoles sobre la deuda de su provincia, de la cual el 98 por ciento fue tomado en moneda extranjera (dólares, euros y dinares kuwaitíes), y expresó que “se duplicó con el gobierno macrista cuando se dolarizó”.

Además, Fernández responsabilizó al gobernador cordobés Juan Schiaretti y expresó: “Nosotros habíamos marcado que Córdoba fue la que peor renegoció la deuda en el 2020 respecto a plazos e intereses”. Así también, enfatizó que esta gestión “le deja al próximo gobierno provincial una situación gravosa”.

En diálogo con AM 530, el diputado cordobés afirmó que el perfilamiento tiene vencimientos en 2024 y 2025 y que “más del 97 por ciento de la deuda está en moneda extranjera”. Asimismo, el Banco Centra de la República Argentina decidió restringirle al gobierno cordobés el acceso al tipo de cambio oficial.

Sin embargo, Eduardo Fernández acusó a gobierno cordobés por la toma de créditos: “Es una concepción que ha servido para el lanzamiento de Schiaretti a nivel nacional, similar a sectores de CABA”. “No es casual su amistad con Horacio Rodríguez Larreta (jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires). Cuando vayan a Córdoba van a ver obras como tener un faro donde no tenemos mar”, lanzó.

En tal sentido, agregó que “ha habido obras para agregar valor de tierra a los sectores que han hecho grandes negocios denominados desarrollistas”, y amplió: “Las obras publicas hechas solamente han beneficiado a un sector”.

Del mismo modo, Fernández defendió a la entidad bancaria nacional y explicó que “Córdoba tenía, para estos vencimientos de la semana pasada, 143 millones de dólares, y 166 millones en stock y con la resolución del BCRA solo debía usar 86 millones”.

“Este perfil de vencimiento fue el tipo de negociación que hizo el gobierno provincial con bancos privados, que estiró los vencimientos, pero también los intereses”, indicó, y añadió que “este modelo de endeudamiento y tipo de obra tiene una repercusión cuando vemos que el INDEC en Córdoba informa el índice de desocupación más grande del interior”.

Por último, afirmó que “es mentira que la deuda viene desde el gobierno de José Manuel de la Sota (gobernador en los períodos 1999-2003 y 2011-2015), pero no por defender, sino que objetivamente es así”, y les envió un mensaje a los candidatos de JxC y el schiarettismo: “El tema de la deuda ha tomado carácter de debate entre Luis Juez y Martín Llaryora”.

El diputado nacional Eduardo Fernández (FdT – Córdoba) presentará públicamente el proyecto de ley de sanción penal de negacionismo y/o apología respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad. Desde Córdoba, viaja una decena de jóvenes y referentes de organizaciones de derechos humanos y de la democracia estudiantil.

La presentación se realizará el próximo martes 14 a las 11 en el Salón Blanco de la Cámara de Diputados de la Nación. La iniciativa, formalmente ingresada bajo el expediente 4801-D-2022, es autoría del diputado oficialista y fue presentada por primera vez ante la Honorable Cámara de Diputados en el año 2021.

Este año, en el marco del cumplimiento de los 40 años de Democracia ininterrumpida en nuestro país, el diputado cordobés expresó que su proyecto de ley “tiene por objetivo incorporar al Código Penal un régimen sancionatorio del negacionismo histórico respecto al terrorismo de Estado, genocidio y delitos de lesa humanidad, así como de su apología, actualizando nuestra normativa a lo que nuestra Constitución, nuestra jurisprudencia y los tratados internacionales que nuestro país ha ratificado con rango constitucional”.

En los fundamentos del proyecto, Fernández alerta sobre el “ascenso en toda la región de las expresiones de odio, de desprecio por la vida y de denostación de las luchas históricas, de rechazo a las políticas institucionales, acuerdos sociales a los que hemos histórica y comunitariamente arribado, que no sólo deben ser protegidos, respaldados y honrados cotidiana y éticamente, sino enfáticamente promovidos y defendidos por quienes tienen a su cargo responsabilidades de gestión de lo público”.

Al respecto, el proyecto estipula la capacitación obligatoria para funcionarios y funcionarias públicas en materia de Derechos Humanos, genocidio y delitos de lesa humanidad para quienes sean sancionados por incurrir en delitos de negacionismo, a quienes se les aplicará el Artículo 248 del Código Penal, respecto a abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, para todas las jerarquías y jurisdicciones.

El proyecto ha despertado el interés de la sociedad civil y amplios sectores de la vida democrática de nuestro país, por lo que se espera un importante acompañamiento de referentes de organizaciones sociales y políticas.

Sancion-penal-del-negacionismo-SEP-22

El diputado nacional Eduardo Fernández (FdT – Córdoba) habló este lunes acerca de las sesiones extraordinarias convocadas a partir del 23 de enero y lanzó críticas contra la oposición: “Al no presentarse, demuestran ser un chantaje y una amenaza contra la sociedad”.

Además, Fernández expresó: “No solo se trata el pedido juicio político contra la corte Suprema, hay temas sanitarios y económicos, y el más importante, es el de la reforma previsional que crea la posibilidad de anticipar a los que no estén en edad jubilatoria para que accedan a todos los beneficios”.

En diálogo con AM 530, el diputado oficialista agregó que la sociedad “debe saber que hay una Corte Suprema con fallos tendenciosos en favor de los sectores más concentrados de la economía”. Del mismo modo, consideró que el máximo tribunal “irrumpe y se entromete en las decisiones del Poder Legislativo”.

“Los ‘halcones y palomas’ de JxC salen a hablar en los medios y confunden a la sociedad. El pueblo debe saber que dejar sin funcionamiento el Congreso en un año electoral, es un mensaje confuso por parte de la oposición”, señaló Fernández en alusión a los proyectos que quedarían sin aprobación en caso de que la sesión quede trunca.

En tal sentido, manifestó que “es muy difícil avanzar” sino se logra realizar las sesiones, y añadió que “hay que aprobar un régimen previsional diferencial para los trabajadores que combatieron incendios”.

Además, explicó: “En la Comisión de Presupuesto y Hacienda lo habíamos consensuado, pero como paralizaron el Congreso durante todo diciembre no se aprobó”.

Respecto al proyecto sobre “monotributo tech”, el diputado sostuvo que “se crea a partir de que lo relacionado con informática o prestación de servicios tecnológicos”, y consideró que “será una modalidad efectiva para aquellos que reciban pagas en dólares”.

Consultado por la realización de las sesiones extraordinarias, el diputado cordobés enfatizó: “Debe haber presión social y política para que los diputados brinden los acuerdos necesarios. Hemos garantizado nuestra presencia, pero otros bloques lo usan como tribuna para quedar bien con sus votantes”.

Del mismo modo, agregó: “Se necesitan los consensos y procedimientos para acordar el temario a partir del 23 de enero. Hay algunos de los proyectos que tienen media sanción, pero hay otros que tienen que ser tratados en comisiones”.

En esa línea, criticó al gobernador cordobés Juan Schiaretti por “tener actitud pasiva en el tema”. “Él y sus diputados (en alusión a los legisladores del interbloque federal) se creen superiores por pararse por arriba de ‘la grieta’, pero muchas veces, toman partido en contra del oficialismo”, señaló.

En el final, habló acerca de las expectativas del oficialismo para llegar al 2023 con chances de reelección: “Tenemos una gran deuda con la distribución equitativa de la renta nacional, y debemos terminar con el flagelo de la inflación, la gran preocupación que tenemos en economía”.

Legisladores nacionales de distintos bloques políticos analizaron el proyecto de ley de Promoción de la Movilidad Sustentable, presentado por el Poder Ejecutivo que ingresó al Congreso el 26 de enero con el fin de tratarse en extraordinarias, pero nunca prosperó. La iniciativa promueve incentivos y objetivos a 20 años para impulsar en Argentina la utilización de tecnologías de menor impacto ambiental para la movilidad.

Al respecto, la diputada Gabriela Lena (UCR – Entre Ríos) consideró: “En términos generales es algo en lo que tenemos que avanzar (en relación a la electromovilidad), son temas como los de nanotecnología y las nuevas tecnologías, que nos vienen llevando nuestro país para adelante”.

En tanto, el oficialista Eduardo Fernández (Córdoba) expresó: “Nosotros, dentro de las potencialidades que tenemos como país, justamente es una enorme cantidad de litio a procesar, la posibilidad de seguir cuidando el medioambiente es fundamental”.

También, el diputado destacó el ámbito de la educación y la formación en dichos temas, mencionando la importancia de “aprovechar el conocimiento que surge de tener personal especializado por la promoción que se viene haciendo de carreras de ingeniería”.

De aprobarse el proyecto, a partir del año 2041 no podrán venderse más vehículos de combustión interna en todo el territorio nacional, y la nueva ley obligaría también al Estado Nacional a respetar cuotas de eléctricos en la reposición de la flota oficial y en el recambio de la flota de autotransporte de pasajeros.

Del lado de la demanda, establece la creación de un Bono Verde en forma de descuento directo sobre el precio de un vehículo y el equipo de recarga, además, los vehículos eléctricos no sumarán en la base imponible para el cálculo del impuesto a los bienes personales.

El presidente de la Nación Alberto Fernández recibió este jueves al mediodía en la Quinta Presidencial de Olivos al senador Carlos Caserio, a la diputada nacional Gabriela Estévez y a los diputados nacionales Eduardo Fernández y Pablo Carro, representantes por la provincia de Córdoba del Frente de Todos en el Congreso.

En la reunión, que duró algo más de una hora, los legisladores cordobeses manifestaron su alegría por ser recibidos por el presidente y ratificaron su respaldo al Gobierno Nacional, así como su compromiso en acompañar desde el Congreso todas las iniciativas del Poder Ejecutivo para poner a la Argentina de pie, especialmente aquellas destinadas a proteger a las familias, a los trabajadores y a las empresas en el contexto de la pandemia por el Covid-19.

Durante el encuentro, el presidente se interiorizó sobre la situación social y económica de la Provincia y convocó a los legisladores a consolidar el Frente de Todos en la Provincia de Córdoba, el segundo distrito más importante del país en población y, fundamentalmente, por su enorme aporte a la economía nacional, en particular, en sectores tales como la industria, el agro y el turismo.

Todos los participantes coincidieron en la necesidad de profundizar el proyecto “nacional, popular, democrático y feminista” para hacer frente a los desafíos del siglo XXI, tanto a nivel provincial como nacional.

Legisladores oficialistas de la provincia de Córdoba manifestaron su apoyo a las nuevas restricciones anunciadas por Alberto Fernández en la noche del miércoles. Aseguraron que el presidente “decide poniendo en primer lugar la vida y la salud de los argentinos y las argentinas”. En el mismo sentido, pidieron que el gobierno provincial cordobés también evalúe tomar nuevas medidas “para disminuir los contagios, atendiendo al preocupante avance de la segunda ola en la capital y otras regiones de nuestra querida provincia”.

“Momentos difíciles como el que estamos atravesando, requieren de liderazgos con la entereza para tomar las decisiones que hay que tomar”, argumentaron los legisladores del Frente de Todos. El comunicado lleva la firma de el senador nacional Carlos Caserio y los diputados nacionales Gabriela Estévez, Eduardo Fernández y Pablo Carro.

Los legisladores cordobeses sostuvieron que “cuando lo que está en juego es la vida y la salud de la gente, no puede ni debe haber ningún tipo de especulación”. Paralelamente, denunciaron una “ampaña deliberada de un sector de la oposición que, con la asistencia de algunos medios de comunicación, promueve la desinformación y el caos”.

“La situación es crítica”, remarcaron, para agregar luego que “frente a este complejo escenario el Gobierno Nacional dispuso algunas medidas puntuales para el AMBA, con el objetivo de disminuir los contagios, evitar el colapso del sistema sanitario y salvar vidas”, consideraron el senador y los diputados.

En cuanto a la provincia de Córdoba, aseguraron que “durante el año pasado, los aportes del Gobierno nacional por habitante fueron mayores que los de la provincia de Buenos Aires y prácticamente los mismos que los de Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. “El Gobierno nacional está presente para Córdoba en las buenas y en las malas, cuidando y acompañando a todos los cordobeses y las cordobesas”, agregaron.

“Respecto a la situación sanitaria, en Córdoba estamos en el mismo lugar que el AMBA hace 2 semanas atrás”. “Lamentablemente, la segunda ola es un hecho también en nuestra querida provincia, donde ya tenemos pintados de rojo con un nivel de transmisión alto a 7 departamentos, incluyendo la capital”, expresaron los legisladores del Frente de Todos.

En el mismo sentido, pidieron que el Gobierno provincial “evalúe tomar nuevas medidas para disminuir los contagios, atendiendo al preocupante avance de la segunda ola en la capital y otras regiones de nuestra querida provincia”.

“Siempre será mejor prevenir que curar, sobre todo, cuando los riesgos para la vida y la salud de los cordobeses y las cordobesas son tan altos”, concluyeron.