Las comisiones de Comunicaciones e Informática y de Educación de la Cámara de Diputados pasaron a un cuarto intermedio, luego que el oficialismo pidiera esperar el aval del ENACOM.
Con el objetivo de garantizar el acceso y la navegación gratuita por servicios de Internet para plataformas educativas y sitios web con finalidad pedagógica, diputados del oficialismo y la oposición consensuaron un proyecto que se debatió este martes en las comisiones de Comunicaciones e Informática y Educación de la Cámara de Diputados.
Si bien parecía acordado que se iba a firmar el dictamen, un pedido del ENACOM, que espera el guiño del Poder Ejecutivo, obligó a un cuarto intermedio a la espera de acordar detalles.
Juntos por el Cambio reclamó que ya se habían llevado a cabo reuniones informativas con representantes del organismo, pero el Frente de Todos insistió en aguardar la respuesta.
El titular de la Comisión de Comunicaciones e Informática, Pablo Carro, reveló hacia el final, cuando se encaminaba a la votación, que durante la reunión había conversado con el presidente del ENACOM, Claudio Ambrosini, quien le transmitió que "les gustaría antes de dictaminar poder revisar el proyecto".
"Para que esto pueda avanzar necesitamos tener un acuerdo amplio. No tiene sentido que dictaminemos y luego el proyecto no avance", agregó el diputado, que afirmó que la próxima reunión podría ser también con la otra comisión a la que tiene giro la iniciativa, la de Presupuesto y Hacienda.
Al comienzo del encuentro, el cordobés Pablo Carro (FdT) sostuvo que "garantizar la gratuidad del tráfico de información de estos sitios es un aspecto clave para poder garantizar el acceso al conocimiento y a todos derechos básicos que están establecidos por nuestra Constitución y los tratados internacionales, como son los derechos a la educación y a la comunicación".
En tanto, la entrerriana Blanca Osuna (FdT) señaló que la pandemia trajo aparejado un "impacto negativo" en varios alumnos, en relación a "las dificultades en materia de conectividad".
En ese sentido, la oficialista aseguró que según "diferentes estudios y encuestas" el problema en el acceso a la conectividad traerá "consecuencias" en "las condiciones personales y futuras de los alumnos".
Además, celebró que "se deje plasmada la prioridad educativa" a través de una ley.
Por su parte, la diputada Victoria Morales Gorleri (Pro) remarcó que la iniciativa tiene "una mirada puesta en intentar eliminar la brecha educativa que quedó en evidencia en esta pandemia, respecto a los temas que tienen que ver con la conectividad y acceso a los dispositivos".
La macrista destacó que en este debate "no importan las banderas partidarias" y repasó datos del Ministerio de Educación y UNICEF sobre esta realidad. "Hoy, menos de la mitad de los chicos cuenta con acceso fijo de buena calidad a una señal de Internet. Tres de cada diez hogares no tienen acceso fijo a Internet y más de la mitad no cuenta con una computadora liberada para uso educativo", enumeró.
"Es una responsabilidad del Poder Ejecutivo garantizar el acceso", agregó Morales Gorleri, al tiempo que subrayó que "estas herramientas vinieron para quedarse".
A su turno, la radical Karina Banfi resaltó la necesidad de abogar por que los programas estimados en el Presupuesto, relacionados a conectividad, "tengan foco en materia educativa", ya que es una "responsabilidad que tiene que asumir el Estado".
También exhortó al oficialismo a "pedirle al ENACOM que reglamente el DNU" que declaró a Internet como servicio esencial. "Están en un debate con las empresas, todavía estamos en veremos con esa situación", apuntó y consideró que las empresas necesitan tener "seguridad jurídica" para poder "contar con ellas en este aporte".
Durante el debate, el oficialista Itaí Hagman expresó que "la pandemia no hizo otra cosa que visibilizar y profundizar la desigualdad" educativa, por eso "el Estado tiene la obligación de intervenir". "El acceso a Internet y educación a distancia requiere de políticas públicas", añadió.
Desde el Frente de Izquierda, Romina Del Plá reconoció la "preocupación común" por la problemática, pero manifestó: "Estamos discutiendo un tema tardíamente. Para respuesta estatal, un poquito demorada como mínimo".
Además, la legisladora opinó que el acceso gratuito debería facilitar "la conexión entre las partes", en referencia a docentes y alumnos, algo que "muchas veces no se puede dar a través de las plataformas" y, en su mayoría, durante la pandemia se realizó mediante Whatsapp. Y pidió que la aplicación de esta ley se realice "sin ningún tipo de subsidios ni resarcimiento a las empresas".
Qué prevé la iniciativa
El proyecto tiene como objetivo garantizar "el acceso y la navegación gratuita por servicios de Internet, a través de dispositivos móviles, para plataformas educativas y sitios web con fines pedagógicos del Sistema Educativo Nacional, en todos los niveles y modalidades, como política de promoción de la igualdad educativa".
El Poder Ejecutivo, que será la autoridad de aplicación, será el encargado de confeccionar el listado anual de las plataformas y sitios web "en condiciones de igualdad y sin admitir discriminaciones de ningún tipo". Asimismo, "en consulta con los proveedores de servicios TIC, precisará un protocolo que establezca las condiciones técnicas y de ciberseguridad para una efectiva implementación".
La iniciativa indica que "en situaciones excepcionales de emergencia nacional sanitaria, o cuando la escolaridad presencial -total o parcial- sea inviable, por razones de fuerza mayor", el Poder Ejecutivo "establecerá programas específicos y concertados con el Ministerio de Educación que garanticen recursos tecnológicos y capacidades de conectividad para estudiantes y docentes que coadyuven a la igualdad educativa con condiciones de calidad".
Además, se incorpora el artículo 25 bis a la Ley 27.078 (Argentina Digital), estableciendo que "en la aplicación del Fondo Fiduciario de Servicio Universal se priorizará la implementación de programas de desarrollo de infraestructura que tengan como finalidad asegurar la conexión de las instituciones educativas y las organizaciones sociales o comunitarias, que cuenten con convenios con el Ministerio de Educación de la Nación y/o jurisdiccionales, en especial aquellas que se encuentren en zonas rurales o áreas relevadas en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP)".
"La autoridad de aplicación (aquí se refiere al ENACOM) fortalecerá el despliegue de puntos de conectividad y recarga de energía para dispositivos móviles, de acceso gratuito, que funcionarán en establecimientos educativos, oficinas públicas, organizaciones sociales o comunitarias, que cuenten con convenios con el Ministerio de Educación de la Nación y/o jurisdiccionales, y/o los lugares de interés público a determinar en cada ciudad o localidad del país, privilegiando su financiamiento a través de Programas que utilicen el Fondo Fiduciario de Servicio Universal”, agrega.
A través de un comunicado, remarcan la necesidad de implementar algún plan alternativo de retorno progresivo a la educación presencial.
Desde Juntos por el Cambio reclaman la implementación de algún plan alternativo de retorno progresivo a la educación presencial, y advirtieron que desde el Gobierno Nacional “no pueden negar la autonomía que cada jurisdicción educativa tiene que tener”.
Recordaron que el 15 de marzo de este año el PEN resolvió la suspensión de las clases presenciales en virtud de la emergencia sanitaria, y que “desde esa fecha, la suspensión se ha prorrogado sin ofrecer ninguna certeza, ni plan alternativo de retorno progresivo a la presencialidad. Son más de seis meses de incertidumbre para los estudiantes y sus familias”, comienza el comunicado titulado “Necesitamos recuperar los espacios de encuentro educativo”.
En este sentido, sostienen que “la coordinación nacional no puede negar la autonomía que cada jurisdicción educativa tiene que tener para pensar cómo atender la situación”, y exhortaron a “encontrar respuestas flexibles y dinámicas permitan, poniendo a la escuela en el centro de la escena, diseñar el camino para la reapertura de las escuelas”.
Asimismo, indican que “las instituciones, alumnos, docentes y familias vienen sosteniendo el vínculo escolar y la continuidad pedagógica con innumerables esfuerzos. Pero, aun así, la realidad actual, con sobrada evidencia, nos demuestra que la salud emocional e incluso física de nuestros alumnos y alumnas se está deteriorando fuertemente”. Y añaden que perciben “retraso o disminución en los procesos de contenidos cognitivos y habilidades adquiridas en términos de calidad educativa, que en un mediano plazo afectará a la gran mayoría de los estudiantes”.
“Nos vemos hoy en la urgente premisa de manifestar, haciéndonos eco de las voces de muchas familias, estudiantes y docentes, que más que nunca necesitan volver a la escuela. Que recuperen la presencialidad para volver al vínculo y tenerlos cerca. La escuela, con un protocolo estricto, está capacitada para sostener a los alumnos y alumnas que lo necesitan de manera urgente”, continúa el comunicado.
“Apelamos a la coherencia de las autoridades nacionales, a la reflexión de los sectores sindicales y a la sociedad toda para recuperar espacios de encuentro educativo, cuidadosos y respetuosos de las medidas de salud y de estrictos protocolos. Es posible y es urgente. ¡A la educación todo! #VolverALaEscuela”, concluye la misiva.
Por Lorena Pokoik. La diputada porteña critica duramente al gobierno de la Ciudad por su intención de retomar las clases para los alumnos sin acceso a internet suficiente.
Señor jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, señora ministra Soledad Acuña, ustedes durante 6 meses dejaron a la deriva a miles de pibas y pibes que no tuvieron la posibilidad de seguir las clases por falta de computadoras y acceso a internet. Y 6 meses después salen a escena autoproclamándose paladines y defensores de la educación pública. Una postura muy poco creíble si hacemos un repaso breve de los últimos 10 años donde redujeron en 10 puntos el presupuesto de educación: pasó de 27% a 17,3%, una vergüenza garrafal. Hay algo que las y los funcionarios del gobierno porteño no entienden. No se puede hablar de un retorno a las aulas mientras el coronavirus esté presente, sobre todo en CABA y AMBA. Varios países que implementaron una vuelta a las Escuelas, tuvieron que retroceder
Estamos hablando de países del primer mundo como Alemania, Israel, Corea del Sur, entre otros, que recularon cuando miles de estudiantes y docentes se contagiaron y provocaron un rebrote en las ciudades más importantes de esos países ¿De qué retorno están hablando?
El gobierno porteño quiere instalar su realidad, una realidad imposible de creer. Se victimiza y culpa al Gobierno nacional por querer cuidar la salud de miles de pibas y pibes, las de sus familias y las de los docentes, en definitiva, la de todos las y los argentinos
Esta postura de Larreta y su ministra Acuña es apoyada por los medios amigos, que tratan de desgastar a un Gobierno nacional que, durante estos casi 6 meses de pandemia, hizo lo imposible para resguardar la salud de todos y todas y sostener la economía. Mientras ustedes siguen sosteniendo esa postura lamentable, el Gobierno nacional entregó 39.645 netbooks en 7 provincias del Norte Grande y 20 distritos del Conurbano y 14.289 tablets. En la semana llegarán 23.203 netbooks y 4.564 tablets a Chaco, Corrientes, Misiones y Tucumán
También entregó 10.000 licencias, a estudiantes y docentes de escuelas técnicas de todo el país para que realicen prácticas de forma virtual en laboratorios de física, química, matemática, ingeniería, y mecánica. Siguió subiendo a la plataforma Seguimos Educando, nuevos contenidos destinados a chicas y chicos de 6° y 7° grado, ciclo básico y ciclo orientado de educación secundaria.
Este programa ya cuenta con 7 horas diarias de televisión en medios públicos, 7 horas de radio para todos los niveles educativos producidos especialmente y 9 cuadernos de estudiantes para todos los niveles. En medio de la pandemia, el Gobierno nacional lanzó la plataforma educativa federal Juana Manso que permite vincular a alumnas, alumnos y docentes mediante aulas virtuales gratuitas con contenidos abiertos y multimedia para los niveles primario y secundario. Acá en la Ciudad de Buenos Aires, las maestras y maestros, tienen que dar clases vía zoom porque ustedes, después de 13 años de gobierno, no pudieron crear una plataforma virtual para que los estudiantes se conecten. Y después hablan de Secundaria del Futuro. Señora ministra Soledad Acuña ¿usted que el año pasado quiso cerrar escuelas secundarias, ahora dice estar preocupada porque no están abiertas? ¿No se da cuenta que estamos en medio de una pandemia?
Le recuerdo, Soledad Acuña: Que los casos en CABA sigan estables se debe a que hay millones de personas que aún respetan la cuarentena, si las y los estudiantes salen a circular, ya sean 5 mil, 6 mil o 10 mil, el virus va a circular con ellos y las y los docentes.
Toda la comunidad educativa busca que los chicos se revinculen con la escuela, pero eso no significa que vamos a permitir que se expongan, que perjudique su salud, la de sus familias, las de los docentes y, por ende, la de las y los vecinos. Dejen de jugar con la vida de las y los vecinos, con la vida de nuestras alumnas y alumnos y docentes, y con la integridad de toda la comunidad educativa. Dejen de hacer campaña con esta desgracia, que hace 6 meses las y los argentinos venimos luchando para salir adelante.
El diputado del FdT Santiago Roberto presentó un proyecto de ley en la Legislatura porteña, a fin de garantizar la entrega de dispositivos electrónicos para que los alumnos puedan continuar con la educación a distancia.
Preocupado por la intención del Gobierno de la Ciudad de que los chicos sin conectividad regresen a las aulas, el legislador del Frente de Todos (FdT) Santiago Roberto impulsó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para que se le entregue a los alumnos de escuelas públicas, que no dispongan de computadoras, el equipamiento necesario para poder continuar con la educación a distancia, en el marco de la pandemia.
En este sentido el peronista propuso que para financiar la compra de los dispositivos tecnológicos se utilicen los recursos que el Ejecutivo porteño tenía previsto erogar este año por 379 millones de pesos en concepto de pagos de intereses por títulos propios y que no fueron usados.
Al respecto de la medida, Roberto señaló que “en este contexto, la denominada brecha digital se ha ensanchado y ha dejado al descubierto la falta de equipos y de conectividad que afecta a muchos alumnos y alumnas, principalmente a quienes viven en los barrios vulnerables” y remarcó que “la propuesta de Larreta de abrir las escuelas para los que no tienen computadoras y conexión implica lisa y llanamente exponer a los alumnos más vulnerables al contagio del coronavirus”.
“Por eso, proponemos que en lugar de abrir los espacios digitales como ellos los denominan, sería mejor que brinden las herramientas necesarias para cerrar la brecha digital que cada día es más grande”, manifestó.
El texto recientemente presentado en la Legislatura porteña también lleva la firma de Matías Barroetaveña y María Rosa Muiños (FdT).
Cabe destacar que hace algunos meses Roberto había presentado otro proyecto que buscaba saldar la brecha digital, el mismo proponía crear el programa “Reconectar para la Educación a Distancia (RED)”, para poder garantizar el acceso gratuito a internet a los alumnos de todos los niveles y modalidades de educación pública de la Ciudad, a través de la entrega de una tarjeta SIM de telefonía celular con tecnología 4G, precargada con 5Gb de capacidad de transmisión/recepción de datos por mes.
El peronista Santiago Roberto (FdT) presentó el proyecto de ley para garantizar el acceso a la red de internet de todos los alumnos de la Ciudad.
En medio de un ciclo escolar signado por la virtualidad a causa de la pandemia del Covid 19, el diputado del Frente de Todos (FdT) Santiago Roberto impulsó un proyecto de ley en la Legislatura porteña para crear el programa “Reconectar para la Educación a Distancia (RED)”, que consiste en garantizar el acceso gratuito a internet a los alumnos de todos los niveles y modalidades de educación pública de la Ciudad de Buenos Aires para que sigan estudiando a distancia mientras dure el aislamiento.
De esta manera, la iniciativa plantea que a través del Ministerio de Educación e Innovación, el programa RED le entregará a cada alumno una tarjeta SIM de telefonía celular con tecnología 4G, precargada con 5Gb de capacidad de transmisión/recepción de datos por mes hasta que vuelvan las clases de manera presencial. Las mismas serán recargables sin costo cada 30 días, a través de los sistemas automáticos de las prestadoras de telefonía.
Al respecto del proyecto en cuestión, Roberto explicó que “son muchas las familias que nos cuentan que se le consumen los datos de internet de sus teléfonos y no les alcanza la plata para recargarlo” e indicó que “esto genera que sus hijos no pueden seguir con la educación a distancia y por eso con este programa queremos reducir la brecha digital, teniendo en cuenta que en este contexto no tener internet es no tener acceso a la educación”.
Asimismo remarcó que “este programa viene a complementar el fallo de la Justicia que obliga al Gobierno de la Ciudad a darle una notebook con conexión a internet a cada estudiante en situación de vulnerabilidad y que aún Larreta no cumple” y precisó que a través de este texto porpone que “el programa RED se financie reasignando las partidas presupuestarias destinadas al mantenimiento de los edificios públicos que están cerrados por la cuarentena y con el dinero que se ahorra en los servicios que hoy no se usan”.
“De esta manera aseguramos la conectividad para todo el universo de alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad y terminamos con las excusas del Gobierno porteño que dice no tener presupuesto para dar cumplimiento al fallo de la Justicia”, sentenció el legislador.
La medida también lleva la firma de los diputados Matías Barroetaveña y Laura Velasco (FdT).
La norma, sancionada por el Senado semanas atrás, fue publicada este martes en el Boletín Oficial. También se oficializó la ley que habilita la educación a distancia.
El Gobierno nacional promulgó este martes la Ley de Alquileres 27.551, a través de la cual se modificó el Código Civil y Comercial de la Nación con el objetivo de regular los contratos entre inquilinos y propietarios.
Tras un largo recorrido en el Congreso, la norma fue sancionada por el Senado en sesión virtual el pasado 11 de junio.
La ley establece que la actualización del valor de los alquileres será de manera anual y no semestral, y que el ajuste se realizará según una combinación entre el índice de inflación (IPC) y el de evolución salarial (RIPTE) en partes iguales.
Según la norma, se amplía de dos a tres años el plazo mínimo de los contratos de alquiler, cualquiera sea su destino; y se regula que el pago del mes anticipado y del depósito de garantía no podrán ser mayores al equivalente a un mes de alquiler. Además, indica que el reintegro del mes de garantía deberá realizarse en efectivo al momento de la restitución del inmueble, al valor del último mes de alquiler.
El inquilino podrá proponer al menos dos alternativas de garantía, entre título de propiedad inmueble, aval bancario, seguro de caución, fianza o una garantía personal, que podría documentarse con recibo de sueldo o certificado de ingresos.
El locador no podrá requerir una garantía que supere el equivalente a cinco veces el valor mensual de la locación, salvo en los casos donde el locatario ofrezca una garantía personal, donde el máximo será de hasta diez veces el valor del alquiler.
En los contratos de inmuebles destinados a vivienda, dentro de los tres últimos meses, cualquiera de las partes podrá convocar a la otra para acordar la renovación del contrato, en un plazo no mayor a 15 días corridos. Si el locador permanece en silencio o se niega a llegar a un acuerdo, el inquilino podrá resolver el contrato de manera anticipada sin pagar indemnización.
Si el destino del inmueble es habitacional, previo a una demanda de desalojo por falta de pago, el dueño deberá intimar al inquilino otorgando un plazo no menor a diez días corridos para el cumplimiento de la deuda, contados a partir de la recepción de la intimación.
En lo que refiere a las expensas, el propietario se hará cargo de las extraordinarias, mientras que el locatario deberá cumplir con aquellas que deriven de gastos habituales, es decir, vinculados a los servicios normales y permanentes a su disposición.
La ley también establece la obligatoriedad de declarar los contratos de locación ante la AFIP.
En cuanto a la intermediación, indica que ésta solo podrá estar a cargo de un corredor profesional matriculado. Si solo interviene un corredor, tanto el locador como el locatario deberán pagar los honorarios, “excepto pacto en contrario o protesta de alguna de las partes”.
La norma señala que el Poder Ejecutivo, a través del área competente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en formar concertada con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, deberá realizar las acciones necesarias para fomentar el desarrollo de ámbitos de mediación y arbitraje, gratuitos o de bajo costo, aplicando métodos específicos para la resolución de conflictos derivados de la relación locativa.
Finalmente, crea un Programa Nacional de Alquiler Social para facilitar el acceso a una vivienda digna en alquiler, con especial consideración por las personas en situación de violencia de género y adultos mayores.
Educación a distancia
Este martes también se publicó en el Boletín Oficial la Ley 27.550, que habilita la educación a distancia de todos los niveles en casos excepcionales.
La norma modificó el artículo 109 de la Ley de Educación Nacional, que solamente permitía los estudios a distancia para mayores de 18 años y estudiantes del nivel secundario en zonas rurales.
A través de la nueva ley, se autorizó la educación a distancia para todos los niveles “cuando la escolaridad presencial -total o parcial- sea inviable” y “únicamente en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos”.
Esta excepcionalidad deberá ser declarada previamente por el Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo Federal de Educación o con la jurisdicción según corresponda. En ese marco, deberán adoptarse disposiciones para la reorganización pedagógica e institucional del régimen académico y de la capacitación docente.
Asimismo, tendrá que atenderse la provisión de recursos tecnológicos y conectividad que promuevan la igualdad educativa con condiciones de calidad y la adopción de condiciones de salud y seguridad en el trabajo.
La diputada Roxana Reyes presentó un pedido de informes al Ministerio de Educación y alertó sobre los niños con problemas de aprendizaje y aquellos que no tienen acceso a internet, entre otros aspectos.
La diputada nacional Roxana Reyes (UCR) pidió al Ministerio de Educación informes sobre la enseñanza realizada a través de la virtualidad, producto del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
“Esta pandemia logró que visualicemos las profundas asimetrías del Sistema Educativo Nacional. De un día para otro se impuso la enseñanza remota, a distancia, y virtual en el mejor de los casos", señaló la radical.
En ese sentido, resaltó que "sin ningún tipo de planificación ni tiempo para prepararse, todas las escuelas del país intentaron dar respuesta a la continuidad pedagógica, cada una con las herramientas disponibles y con el principal objetivo de no perder el vínculo con sus alumnos”.
En la iniciativa, la legisladora requirió información sobre deserción estudiantil; cantidad de alumnos que reciben educación virtual; cumplimiento de consignas educativas; asistencia de gabinetes psicopedagógicos por impactos psicológicos; garantía de conectividad, entre otros.
“Desde que se inició la cuarentena hasta que se aprobó el protocolo de clases virtuales, los alumnos con dificultades para el aprendizaje estuvieron librados a su suerte: sin atención psicopedagógica -o con la poca que los profesionales pudieron brindar online-; con poca o ninguna contemplación por parte de las escuelas; muchos sin acceso a la tecnología; y otros tantos con papás que no pueden o no saben cómo asistirlos, ‘perdieron’ casi tres meses de actividades educativas”, enfatizó.
La presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes valoró que "cada escuela administró su manera de enseñar, los docentes de una misma escuela manejaron diferentes canales para hacer llegar las actividades a los alumnos: fotocopias, cuadernillos educativos oficiales, contenidos por televisión, clases grupales por Zoom o Meet, entre otros”.
Sin embargo, apuntó que "no todos los chicos acceden a internet y en muchas casas hay pocos dispositivos tecnológicos -o ninguno-, y muchas veces se comparten para el teletrabajo del grupo familiar o el acceso a los contenidos educativos de otros miembros de la familia, descontando las actividades de tipo social, para las que ahora también es imprescindible contar con algún celular o computadora”.
La diputada advirtió que “los gabinetes psicopedagógicos de las escuelas se encuentran prácticamente sin actividad y es preocupante como se efectuará la reinserción de los jóvenes al sistema educativo, y qué medidas se tomarán para abordar las consecuencias psicológicas que implica esta pandemia”.
Por otra parte, la santacruceña subrayó que "es fundamental que los niños sigan recibiendo Educación Sexual Integral, puesto que en muchos casos los mismos viven con su agresor y sin las herramientas educativas necesarias, los abusos se vuelven una constante en diversos hogares”.
Tras participar de la votación de la ley de educación a distancia, Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal abandonaron el debate. Acusan al oficialismo de romper el acuerdo sobre las sesiones virtuales.
Por Carolina Ramos y Melisa Jofré
La tensión entre el oficialismo y la oposición en el Senado escaló este jueves cuando, tras reiteradas amenazas, Juntos por el Cambio y el Interbloque Parlamentario Federal se retiraron por segunda vez consecutiva de la sesión virtual, acusando al Frente de Todos de violar la regulación de los debates virtuales.
Las bancadas presididas por el formoseño Luis Naidenoff y el salteño Juan Carlos Romero volvieron a actuar en tándem y abandonaron la sesión virtual cuando terminó de aprobarse el proyecto de ley de educación a distancia. El único que, según advirtieron, está vinculado a la pandemia del Covid-19.
La oposición le enrostró al bloque de José Mayans y a la propia vicepresidenta Cristina Kirchner que el decreto 8/20, que reguló el funcionamiento retomo, estableció que las sesiones telemáticas serían acotadas a temas referidos a la pandemia y sus derivados.
Sin embargo, el oficialismo incluyó la semana pasada dos DNU de la gestión anterior -uno de los cuales transfería a la Corte Suprema las escuchas judiciales- y este jueves incorporó a la agenda la iniciativa sobre alquileres y otra de Oscar Parrilli para suspender la inscripción de las Sociedades de Acción Simplificada (SAS).
Fue la gota que rebalsó el vaso para la oposición, que dejó asentada su postura desde el inicio, con una cuestión de privilegio presentada por Laura Rodríguez Machado (Pro) contra Cristina y Mayans.
Los senadores fueron más allá y, a lo largo del debate sobre educación a distancia, aprovecharon la oportunidad para reforzar las críticas, en un clima de crispación que tuvo que ser controlado por la presidenta provisional, Claudia Ledesma Abdala, ante la ausencia de Cristina durante buena parte del debate.
“Nos vamos a abstener de participar de la votación (de alquileres) porque se trata de un proyecto que está fuera de lo que habíamos acordado para tratar en las sesiones remotas”, anticipó Humberto Schiavoni, jefe del bloque Pro.
En el mismo sentido, su par Pablo Blanco aclaró: “No es que uno esté en contra de estos proyectos, pero debemos respetar el marco por el cual ibamos a funcionar. Si en la casa de las leyes fijamos reglas de común acuerdo aprobadas por unanimidad, es una muy mala señal que le damos a la sociedad al no respetar los acuerdos”.
Además, advirtió que “hay más de 100 proyectos relacionados al Covid-19” presentados por Juntos por el Cambio “que ni siquiera fueron tratados en comisión”.
Tanto Blanco como Schiavoni señalaron además que los inquilinos “están protegidos” por el DNU firmado por el Poder Ejecutivo a fines de marzo que prohibió los desalojos por falta de pago y congeló el precio de los alquileres debido a la situación de emergencia sanitaria.
También muy molesta, la tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR) consideró “muy triste” que “el oficialismo haya decidido terminar” con los acuerdos, “un modo de trabajo indispensable en la democracia actual”.
También se quejó de que “a los proyectos que vienen de Diputados no se los deja revisar ni cambiar una coma”. “¿Qué quieren ahora, qué seamos nosotros la escribanía de Sergio Massa? ¡Me resisto, señora presidenta!”, exclamó, al referirse al tema de alquileres y las dudas sobre la redacción aprobada en la Cámara baja.
La tucumana le pidió al Frente de Todos “que recapacite” porque “se equivocan” al “tomar esta manera antidemocrática, porque cuando no respeto lo que acuerdo, las formas de actuar y tratar a la oposición, hiero de muerte a la democracia. ¡Y eso es lo que están haciendo! Creer que tienen los votos y que por eso tienen derecho a hacer lo que quieren”.
La riojana Clara Vega, del Interbloque Federal, también lamentó la decisión de “no respetar los acuerdos en tiempos de pandemia”, al tratar en esta sesión “dos temas que no tienen que ver con el Covid-19”, sino que “tienen que ver con un oportunismo y un sesgo ideológico”.
Reafirmó esta postura el jefe de Parlamentario Federal, Juan Carlos Romero, quien se quejó de que ambos temas "nada tienen que ver con la pandemia". Y cargó contra "un sector del oficialismo" que gobernó hasta diciembre de 2015 por expresar "día a día un revanchismo contra el campo, la prensa, los periodistas no adeptos, las empresas, los jueces. En fin, todos los que piensen distinto a ustedes están siendo castigados".
"Creemos que deben respetarse los acuerdos", enfatizó y recordó que en julio vencerá el plazo establecido para las sesiones remotas, con lo cual se podrá "discutir" sobre nuevas reglas. Pero advirtió que eso se hace con "consensos" porque "ante la imposición es más difícil, se agranda la grieta".
Finalmente, el salteño lanzó que "ganar las elecciones no es un boleto para el 'todo vale'" y "ser mayoría no es ser dueños. Ser mayoría les da una mayor responsabilidad. No es un cheque en blanco para hacer lo que se les ocurra".
También, el oficialismo buscará avanzar con un proyecto para suspender la inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas. Juntos por el Cambio insistirá con su rechazo a tratar temas que no están vinculados con la pandemia.
El Senado comenzó a las 14.37 una nueva sesión virtual para debatir las leyes de educación a distancia y de regulación de los contratos de alquiler, ambas postergadas la semana pasada por el bloqueo del grueso de la oposición, que obturó los dos tercios necesarios.
Además, durante la jornada, el oficialismo buscará avanzar con la media sanción de un proyecto del senador Oscar Parrilli (FdT) que propone suspender por 180 días la constitución e inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), contemplada en la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, sancionada durante el macrismo.
Tanto desde Juntos por el Cambio, la principal bancada opositora, como desde el Interbloque Federal, compuesto por un puñado de legisladores de fuerzas provinciales, los senadores insistirán en su rechazo a que se traten temas que no están vinculados a la pandemia por Covid-19, algo establecido por el decreto de la vicepresidenta Cristina Kirchner que habilitó las sesiones remotas.
El primer punto del temario es la iniciativa que modifica el artículo 109 de la Ley de Educación Nacional, con el fin de darle un marco a la “excepcionalidad a distancia” transitoria para todos los niveles de educación, en el marco del aislamiento obligatorio.
El proyecto, que cuenta con media sanción de Diputados, plantea que esta modalidad se usará cuando la escolaridad presencial sea inviable, en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos.
Además, dispone que tendrán que adoptarse disposiciones para la reorganización pedagógica e institucional del régimen académico y de la capacitación docente. Asimismo, deberá atenderse la provisión de recursos tecnológicos y conectividad que promuevan la igualdad educativa con condiciones de calidad y la adopción de condiciones de salud y seguridad en el trabajo.
Por otra parte, se tratará el proyecto -con media sanción de la Cámara baja- que modifica el Código Civil y Comercial de la Nación con el fin de regular los contratos de alquiler. Como puntos centrales, la iniciativa extiende la duración del plazo del alquiler de dos a tres años y establece un mecanismo de actualización anual de los montos, en base a una combinación entre el índice de inflación y el de salarios (RIPTE).
También indica que la inscripción de los contratos deberá realizarse a través de la AFIP; amplía el menú de garantías que el inquilino podrá presentar al empleador (garantía propietaria, seguro de caución, aval bancario, recibo de sueldo o certificación de ingresos); y establece que las expensas extraordinarias quedarán a cargo del propietario y que los gastos por intermediación de un corredor inmobiliario también dejarán de estar a cargo del locatario.
A partir de las 14, realizará una sesión que incluye en el temario el proyecto sobre educación a distancia. Ambas iniciativas quedaron postergadas por la polémica generada en la anterior sesión. JxC solo votaría este último proyecto.
Una semana después de que fracasara el tratamiento de los dos proyectos previstos para debatir en la última sesión del Senado, luego de que la oposición consiguiera obturar los dos tercios para habilitarlos, la Cámara alta realizará a partir de las 14 una sesión especial para este jueves para discutir esos temas pospuestos.
De manera remota, el cuerpo tratará los proyectos de ley que vienen en revisión sobre educación a distancia, por un lado, y alquileres, por el otro.
En el primero de los casos el proyecto de ley modifica el artículo 109 de la Ley 26.206, de Educación Nacional, estableciendo la posibilidad de impartir educación a distancia en una situación excepcional.
Según ha trascendido, los senadores de Juntos por el Cambio solo votarían ese tema, no así las otras cuestiones previstas en el temario, pues argumentan que trasgreden el acuerdo establecido en el decreto de la presidencia de la Cámara alta número 0008/2020 por el cual solo se tratarían de manera remota temas relacionados con la pandemia.
No es el caso del proyecto que modifica el Código Civil y Comercial de la Nación respecto de los contratos de locación, ni tampoco el otro proyecto incluido en el temario de esta sesión especial: un proyecto de ley del senador Oscar Parrilli que dispone suspender por 180 días la constitución e inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) regulado en el Título III de la Ley 27.349 (apoyo al capital emprendedor) y otras cuestiones conexas.
También incluyó en el temario el proyecto sobre educación a distancia. Ambas iniciativas quedaron postergadas por la polémica generada en la anterior sesión.
Una semana después de que fracasara el tratamiento de los dos proyectos previstos para debatir en la última sesión del Senado, luego de que la oposición consiguiera obturar los dos tercios para habilitarlos, la presidencia de la Cámara alta convocó a una sesión especial para este jueves para discutir esos temas pospuestos.
En efecto este martes por la noche la presidenta del Cuerpo, Cristina Fernández de Kirchner llamó a sesionar de manera remota para tratar los proyectos de ley que vienen en revisión sobre educación a distancia, por un lado, y alquileres, por el otro.
En el primero de los casos el proyecto de ley modifica el artículo 109 de la Ley 26.206, de Educación Nacional, estableciendo la posibilidad de impartir educación a distancia en una situación excepcional.
Asimismo se discutirá el proyecto que modifica el Código Civil y Comercial de la Nación respecto de los contratos de locación.
En ambos casos las iniciativas están en condiciones de ser ley, aunque el proyecto sobre alquileres podría sufrir modificaciones que obligarían a su vuelta a Diputados.
Pero no son esos los únicos proyectos previstos para la sesión especial de este jueves. También ha sido incluido en el temario el proyecto de ley del senador Oscar Parrilli que dispone suspender por 180 días la constitución e inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) regulado en el Título III de la Ley 27.349 (apoyo al capital emprendedor) y otras cuestiones conexas.
En esta oportunidad se descuenta que no habrá impedimentos para llevar adelante la sesión, pues son iniciativas que contaron con la anuencia en comisión de los miembros de Juntos por el Cambio. El motivo del rechazo de la semana pasada fue la intención del oficialismo de llevar al recinto el debate sobre Decretos de Necesidad y Urgencia firmados durante la gestión de Mauricio Macri, cosa que la oposición consideraba violatoria del acuerdo establecido para no debatir durante las sesiones remotas en tiempos de pandemia temas ajenos al Covid-19.
Fue porque no cedieron los dos tercios para tratar ambos proyectos sobre tablas. Para la oficialista, esa actitud “resulta muy cara para la democracia”.
Luego de que la oposición bloqueara el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley de alquileres y de educación a distancia en el Senado, la oficialista Anabel Fernández Sagasti denunció una “maniobra espuria” de Juntos por el Cambio y otros bloques y lamentó: “Me avergüenza tener colegas que, por solo oponerse por oponerse, le niegan derechos a los argentinos”.
Así se expresó la vicejefa del bloque del Frente de Todos luego de que el oficialismo no alcanzara los dos tercios necesarios para tratar las dos iniciativas consensuadas, cuyos dictámenes no contaban con los siete días de vigencia reglamentarios.
La votación resultó con 42 votos afirmativos y 29 negativos, de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal, quienes tomaron la decisión a modo de reproche al oficialismo por promover la votación conjunta de varios DNU, incluyendo dos de la gestión macrista y el que le otorgó mayores facultades al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
“Que la oposición se niegue a tratar un tema que salió por amplia mayoría en la Cámara de Diputados, y que no fue una imposición porque lo veníamos hablando, resulta muy caro para la democracia”, advirtió la mendocina.
Recordó que “hace menos de un mes, senadores y diputados lanzaban una ‘caravana por la democracia’ pidiendo que el Congreso sesione con temas importantes para la Argentina”.
“La ley de alquileres es un tema que venimos debatiendo hace mucho. Muchos argentinos esperaban alivianar su situación con los contratos de alquiler”, lamentó Fernández Sagasti, y lanzó: “Ese llamado a la democracia, a que sesionemos, a que las instituciones se abran, y todo lo que hicieron con el titular de la ‘infectadura’ es lo que quieren hacer de nuestras instituciones”.
Finalmente, la oficialista insistió: “Lamento mucho que el Senado no quiera tratar las leyes de educación y alquileres. Me avergüenza tener colegas que, por solo oponerse por oponerse, le niegan derechos a los argentinos”.
En su tercera reunión virtual, la Cámara alta debate sobre iniciativas de alquileres y educación a distancia. Además, se discutirá sobre el DNU de los "superpoderes" a Santiago Cafiero y uno firmado por Mauricio Macri sobre el manejo de las escuchas judiciales, que el oficialismo busca rechazar.
De manera virtual, el Senado sesiona desde las 14.25 para tratar dos proyectos que podrían convertirse en ley y una serie de Decretos de Necesidad y Urgencia, entre ellos dos firmados por el expresidente Mauricio Macri sobre el manejo de las escuchas judiciales, que el Frente de Todos -con mayoría- buscará rechazar.
El primer punto del temario es la iniciativa modifica el artículo 109 de la Ley de Educación Nacional, con el fin de darle un marco a la “excepcionalidad a distancia” transitoria para todos los niveles de educación, en el marco del aislamiento por la pandemia de coronavirus.
El proyecto, que cuenta con media sanción de Diputados, plantea que esta modalidad se usará cuando la escolaridad presencial sea inviable, en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos.
Además, dispone que tendrán que adoptarse disposiciones para la reorganización pedagógica e institucional del régimen académico y de la capacitación docente. Asimismo, deberá atenderse la provisión de recursos tecnológicos y conectividad que promuevan la igualdad educativa con condiciones de calidad y la adopción de condiciones de salud y seguridad en el trabajo.
Por otra parte, se tratará el proyecto -con media sanción de la Cámara baja- que modifica el Código Civil y Comercial de la Nación con el fin de regular los contratos de alquiler. Durante la reunión en comisión se plantearon algunas sugerencias de modificaciones en el texto que, de ser incorporadas, harán que la iniciativa vuelva a su cámara de origen para la aprobación definitiva.
Como puntos centrales, la iniciativa extiende la duración del plazo del alquiler de dos a tres años y establece un mecanismo de actualización anual de los montos, en base a una combinación entre el índice de inflación y el de salarios (RIPTE).
También indica que la inscripción de los contratos deberá realizarse a través de la AFIP; amplía el menú de garantías que el inquilino podrá presentar al empleador (garantía propietaria, seguro de caución, aval bancario, recibo de sueldo o certificación de ingresos); y establece que las expensas extraordinarias quedarán a cargo del propietario y que los gastos por intermediación de un corredor inmobiliario también dejarán de estar a cargo del locatario.
Decretos de Necesidad y Urgencia
Luego de esos temas, los senadores se abocarán a la discusión de doce DNU, con la particularidad de que habrá dos correspondientes a los años 2015 y 2017, suscriptos por el expresidente Mauricio Macri.
Los decretos del temario, que llevan la firma de Alberto Fernández, son el 408/20 y el 459/20 que prorrogan el aislamiento social, preventivo y obligatorio; el 409/20, referido al cierre de fronteras; el 426/20 que impide la posibilidad de suspender el servicio prepago de telefonía móvil o internet por falta de abono; y el 457/20, criticado por la oposición ya que además de modificar el Presupuesto fue a través del cual se suspendió el límite establecido en la Ley de Administración Financiaera para que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, pueda reasignar partidas libremente, en el marco de la pandemia.
También figuran los decretos 391 y 404/20 sobre reestructuración de títulos públicos emitidos bajo legislación extranjera; el 52/19 que dispone la intervención de la AFI; el 487/20 que prohíbe los despidos; y el 488/20, que establece un valor fijo para la comercialización del petróleo crudo para refinerías locales hasta el 31 de diciembre próximo.
Los dos correspondientes a la gestión macrista son los que despertarán seguramente un encendido debate que ya se anticipó en ocasión de la discusión en comisión. Se trata del decreto 256/15, que transfirió el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones de la órbita de la Procuración General -entonces encabezada por Alejandra Gils Carbó- a la Corte Suprema de Justicia, como así también el 102/17, que puso a cargo del Poder Judicial la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, en cabeza de los camaristas Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra.
A partir de las 14 tratarán los proyectos de educación a distancia y alquileres, como así también trece DNU entre los que figuran dos firmados por Mauricio Macri a los que el oficialismo quiere derogar.
La Cámara de Senadores realizará esta tarde su tercera sesión virtual en tiempos de coronavirus, con el fin de tratar dos proyectos que podría convertir en ley dos proyectos y una serie de decretos entre los que figuran dos aprobados durante la gestión Macri, que traspasaron las escuchas telefónicas de la Procuración General de la Nación a la Corte Suprema de Justicia, a los que el oficialismo pretende derogar.
La sesión especial está prevista para este jueves a partir de las 14, y contempla el proyecto que incorpora la “excepcionalidad a distancia” transitoria para todos los niveles de educación obligatorios en el artículo 109 de la Ley de Educación Nacional.
Esta excepcionalidad deberá contar con una declaración previa del Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo Federal de Educación o con la jurisdicción según corresponda, cuando la escolaridad presencial sea inviable, en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos.
En el marco de esta excepcionalidad, deberán adoptarse disposiciones para la reorganización pedagógica e institucional del régimen académico y de la capacitación docente. Asimismo, deberá atenderse la provisión de recursos tecnológicos y conectividad que promuevan la igualdad educativa con condiciones de calidad y la adopción de condiciones de salud y seguridad en el trabajo, según establece el proyecto que se pondrá a consideración del Cuerpo, que será ley en caso de ser aprobado, pues cuenta con media sanción de Diputados desde el 21 de mayo pasado, cuando fue aprobado por amplia mayoría.
El otro proyecto de ley que será abordado este jueves es el que modifica el Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.944) respecto de los contratos de locación. En este caso también cuenta con media sanción de Diputados desde noviembre del año pasado, pero podría ser modificado, según se desprende de lo conversado este martes durante su debate en comisión.
El proyecto establece que el pago del mes anticipado y el depósito de garantía no pueden ser mayores al equivalente a un mes de alquiler, respectivamente. El reintegro del mes de garantía debe realizarse en efectivo al momento de la restitución del inmueble, al valor del último mes de alquiler.
En cuanto al plazo mínimo de los alquileres, se amplía a tres años, con las excepciones del artículo 1199 del Código Civil y Comercial de la Nación; además, quedan a cargo del locatario aquellas expensas que deriven de gastos habituales, es decir, vinculados a los servicios normales y permanentes a su disposición. Las expensas extraordinarias debe pagarlas el locador.
Los gastos a cargo del locador pueden ser compensados por el locatario con el importe de los alquileres, previa notificación fehaciente, mientras que la intermediación solo puede estar a cargo de un profesional matriculado para el corretaje inmobiliario.
El locatario debe proponer al menos dos alternativas para las garantías: entre título de propiedad inmueble, aval bancario, seguro de caución, fianza o garantía personal del locatario (recibo de sueldo, certificado de ingresos, etc.); el locador no puede requerir garantía que supere el equivalente a cinco veces el valor mensual de la locación, salvo el caso de que la garantía sea de ingresos, en cuyo caso puede elevarse a diez veces.
Solo se admite que los ajustes al valor de los alquileres sean anuales, y deben seguir un índice conformado en partes iguales por el IPC (índice de precios al consumidor) y el RIPTE (remuneración imponible promedio de los trabajadores estables).
Luego de esos temas, los senadores se abocarán a la discusión de trece DNU, con la particularidad mencionada de que habrá dos correspondientes a los años 2015 y 2017, suscriptos por Mauricio Macri.
Los decretos previstos para discutir este jueves que llevan la firma de Alberto Fernández son el 408/20 y el 459/20 que prorrogan el Aislamiento Social Preventivo y Obligatoria; el 409/20, referido al cierre de fronteras; el 426/20 que impide la posibilidad de suspender el servicio prepago de telefonía móvil o internet por falta de abono; y el 457/20 que modifica el Presupuesto General.
También figura en el temario los decretos 391 y 404/20 sobre reestructuración de títulos públicos emitidos bajo legislación extranjera; el 52/19 que dispone la intervención de la AFI; el 487/20 que prohíbe los despidos; y el 488/20, que establece un valor fijo para la comercialización del petróleo crudo para refinerías locales hasta el 31 de diciembre próximo.
Los dos correspondientes a la gestión macrista son los que despertarán seguramente un encendido debate que ya se anticipó en ocasión de la discusión en comisión. Se trata del decreto 256/15, que transfirió el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones de la órbita de la Procuración General -entonces encabezada por Alejandra Gils Carbó- a la Corte Suprema de Justicia, como así también el 102/17, también dictado por Mauricio Macri, que puso a cargo del Poder Judicial la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, en cabeza de los camaristas Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra. La acalorada discusión concluyó con la retirada masiva de los representantes de Juntos por el Cambio.
No es de esperar que el debate de este jueves sobre esa cuestión en el recinto -aunque sea virtual- vaya a ser más calmado. Más bien todo lo contrario.
Tratarán los proyectos de educación a distancia y sobre alquileres, como así también trece DNU entre los que figuran dos firmados por Mauricio Macri.
Luego de una semana de impasse, el Senado vuelve a sesionar de manera virtual, según se confirmó este martes. Y tratará dos proyectos que obtuvieron dictamen este mismo martes, como así también más de una docena de Decretos de Necesidad y Urgencia entre los que figuran dos que generarán gran polémica, pues corresponden a la gestión Macri, a los que el oficialismo pretende derogar.
La sesión especial está prevista para este jueves a partir de las 14, según el decreto emitido por la presidencia del Senado, y comprende un temario que incluye el proyecto de ley de educación a distancia para menores de 18 años en casos excepcionales.
Ese proyecto será ley si es aprobado, pues ya recibió media sanción de Diputados el pasado 21 de mayo, por amplia mayoría. Este martes obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Educación y Cultura, con lo que quedó en condiciones de ser tratado en la próxima sesión. Esta modalidad de educación a distancia, según establece el proyecto, será autorizada “cuando la escolaridad presencial -total o parcial- sea inviable” y “únicamente en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos”.
El otro proyecto de ley que será abordado este jueves es el que modifica el Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.944) respecto de los contratos de locación. En este caso también cuenta con media sanción de Diputados desde noviembre del año pasado, pero difícilmente sea ley, pues podría ser modificado, según se desprende de lo conversado este martes durante su debate en comisión. Allí desde el propio oficialismo surgieron propuestas de modificaciones. La iniciativa extiende la duración de los contratos de dos a tres años y establece un mecanismo de actualización anual en base a una combinación entre el índice de inflación (IPC) y el de salarios (RIPTE).
Luego de esos temas, los senadores se abocarán a la discusión de trece DNU, con la particularidad mencionada de que habrá dos correspondientes a los años 2015 y 2017, suscriptos por Mauricio Macri.
Los decretos previstos para discutir este jueves que llevan la firma de Alberto Fernández son el 408/20 y el 459/20 que prorrogan el Aislamiento Social Preventivo y Obligatoria; el 409/20, referido al cierre de fronteras; el 426/20 que impide la posibilidad de suspender el servicio prepago de telefonía móvil o internet por falta de abono; y el 457/20 que modifica el Presupuesto General.
También figura en el temario los decretos 391 y 404/20 sobre reestructuración de títulos públicos emitidos bajo legislación extranjera; el 52/19 que dispone la intervención de la AFI; el 487/20 que prohíbe los despidos; y el 488/20, que establece un valor fijo para la comercialización del petróleo crudo para refinerías locales hasta el 31 de diciembre próximo.
Los dos correspondientes a la gestión macrista son los que despertarán seguramente un encendido debate que ya se anticipó en ocasión de la discusión en comisión. Se trata del decreto 256/15, que transfirió el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones de la órbita de la Procuración General -entonces encabezada por Alejandra Gils Carbó- a la Corte Suprema de Justicia, como así también el 102/17, también dictado por Mauricio Macri, que puso a cargo del Poder Judicial la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, en cabeza de los camaristas Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra. La acalorada discusión concluyó con la retirada masiva de los representantes de Juntos por el Cambio.
No es de esperar que el debate de este jueves sobre esa cuestión en el recinto -aunque sea virtual- vaya a ser más calmado. Más bien todo lo contrario.
La iniciativa, que ya fue aprobada en Diputados, obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Educación y Cultura y podría tratarse este jueves en sesión virtual.
El proyecto de ley que amplía la educación a distancia en casos excepcionales recibió dictamen favorable en la Comisión de Educación y Cultura del Senado y quedó en condiciones de ser tratado en la próxima sesión virtual, que sería este jueves.
La iniciativa, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, modifica la Ley 26.206 de Educación Nacional para permitir la educación a distancia en el caso de menores de 18 años, que actualmente se encuentran excluidos de este formato.
Sin embargo, la modalidad será autorizada “cuando la escolaridad presencial -total o parcial- sea inviable” y “únicamente en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos”.
Sobre este punto giró el debate en la comisión presidida por Cristina López Valverde (Frente de Todos), donde Esteban Bullrich propuso que la educación a distancia se permita “en forma permanente” y “no se limite en el tiempo”.
El senador del Pro y exministro de Educación señaló que “este proyecto lo plantea como una situación de emergencia, pero la tecnología y la educación a distancia son herramientas que deben existir en forma permanente”.
“Como ministro hemos empujado mucho el tema de Internet y la conexión en escuelas. Tenemos que entender que esto no es una amenaza al docente; trabajada correctamente, es una herramienta que acompaña al estudiante y le permite al docente una relación más concreta en momentos donde no hay escuelas”, consideró.
De todos modos, más allá de su posición, Bullrich reconoció que el proyecto “es un paso en el camino correcto” y adelantó el acompañamiento de Juntos por el Cambio.
En el mismo sentido, Julio Cobos (UCR) destacó que “la modificación es adecuada, no deja lugar a dudas, y le da intervención al Consejo Federal de Educación”.
Desde el oficialismo, la catamarqueña Inés Blas sostuvo que “este es un instrumento válido y necesario para el momento que vivimos. Se deben generar las condiciones para que, si la sociedad o una determinada jurisdicción tienen una circunstancia excepcional, puedan contar con esta herramienta”.
“No estoy muy convencida de que este modo de impartir educación sea el adecuado. Los niños, jóvenes y adolescentes necesitan la educación presencial para favorecer las relaciones presenciales”, opinó.
Además, advirtió: “La conectividad es un tema preocupante, y no me refiero solo a los sectores más vulnerables, sino también a la clase media: en nuestra provincia, a cinco kilómetros de la capital provincial, tenemos problemas de conectividad”.
En tanto, Norma Durango (Frente de Todos) también apoyó el proyecto “solo en el marco de la excepcionalidad”. “Creo en la relación docente-alumno, en la relación humana. No obstante, en este momento de gravedad, la educación a distancia ha venido a mantener la relación pedagógica con el docente”, apuntó.
El chubutense Alfredo Luenzo también remarcó el carácter “transitorio” de la educación a distancia, al sostener que “educar no es solamente transferir contenidos, es mucho más que eso. En la comunicación hay muchos lenguajes que están presentes: la palabra, lo gestual, los silencios”.
La Cámara baja se encamina a tratar los proyectos sobre educación a distancia y recetas digitales, aunque el temario será sellado previamente en Labor Parlamentaria.
La Cámara de Diputados realizará este jueves desde las 13.30 su segunda sesión virtual, con proyectos vinculados a la pandemia del Covid-19. Tras el debut de la semana pasada, los jefes de bloque se reunirán a las 12.30 para terminar de sellar el temario, que incluiría las iniciativas sobre recetas electrónicas y educación a distancia.
En la sesión del jueves pasado, cuando se aprobó el Protocolo de Funcionamiento Remoto, las comisiones quedaron habilitadas para dictaminar de manera remota, por lo que entre lunes y martes avanzaron varios proyectos por esa vía, y dos de ellos serían tratados por el pleno.
En el caso de las recetas digitales, el proyecto consensuado en la Comisión de Salud autoriza la prescripción de medicamentos de manera electrónica y también la teleasistencia, en una reforma que cobra especial relevancia en el contexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
De esta manera, cuando se sancione la ley en el Senado, la receta digital podrá utilizarse para todo tipo de medicamentos, y las farmacias de todo el país podrán dispensar los remedios prescriptos bajo esta modalidad.
El otro proyecto que obtendría media sanción este jueves consiste en incorporar la educación a distancia en todos los niveles educativos, de manera “excepcional” y “únicamente en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos”.
Se trata de una reforma de la Ley 26.206 de Educación Nacional, que actualmente permite la educación a distancia para mayores de 18 años.
Quedaría afuera del temario de la sesión, en principio, el proyecto de Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, que recibió dictamen un plenario de las comisiones de Comunicaciones e Informática y de Presupuesto, y que apunta a generar incentivos para las empresas que presten servicios de conocimiento y la digitalización de la información.
Una vez más, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, y un grupo de entre 40 y 50 diputados estarán presentes en recinto, ubicados en bancas separadas, mientras que el resto participará del debate y la votación en forma remota.
La sesión coincidirá con la del Senado, que también fue convocada para las 14, con el fin de tratar los proyectos de exención del impuesto a las Ganancias para trabajadores esenciales; la “Ley Silvio” de protección a médicos y enfermeros; y una nueva regulación para la Cruz Roja.
Luego de un intenso debate, oficialismo y oposición llegaron a un acuerdo para un dictamen único que amplía esta modalidad, pero de modo excepcional.
Por Carolina Ramos
Tras casi tres horas de un puntilloso debate, diputados de la Comisión de Educación firmaron un dictamen consensuado sobre un proyecto para modificar la Ley 26.206 incorporando de manera “excepcional” la educación a distancia en todos los niveles, mientras las clases presenciales continúan suspendidas por la medida del aislamiento social.
Juntos por el Cambio decidió acompañar la propuesta del oficialismo luego de que la presidenta de la comisión, Blanca Osuna, se comprometiera a convocar a un debate, próximamente, sobre la necesidad de garantizar la igualdad en la conectividad de alumnos de todo el país.
La principal bancada de la oposición pretendía que este tema quedara plasmado en el dictamen. “Todos sabemos que la legislación sobre educación debe poner especial atención en el cuidado de los más vulnerables. El 70% de los educandos de hogares vulnerables no tiene acceso al cuello de botella de la conectividad”, planteó el radical José Riccardo, quien pidió que ese aspecto “no quede en una expresión de deseo”.
Sin embargo, para llegar a un dictamen único, Osuna informó que “en la próxima reunión se trabajará en una selección de temas y se podrá tomar esto como una prioridad”. La respuesta dejó satisfechos a los representantes de Juntos por el Cambio y hubo dictamen de mayoría, mientras que Romina Del Plá, del Frente de Izquierda, suscribió otro en minoría. El dato de color fue la decisión de Gisela Marziotta (Frente de Todos) de no acompañar ningún despacho.
El dictamen mayoritario, que ahora quedó en condiciones de ser tratado en la próxima sesión, incorpora a los menores de 18 años a la enseñanza a distancia -a partir de esa edad, el formato remoto ya está contemplado en la ley-.
No obstante, será “únicamente en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos”. Riccardo pidió incorporar como causal el aislamiento geográfico, pero el Frente de Todos rechazó la propuesta. “El aislamiento es natural en pueblos que viven aislados”, justificó Mara Brawer.
Actualmente, el artículo 109 de la ley indica que “los estudios a distancia como alternativa para jóvenes y adultos sólo pueden impartirse a partir de los 18 años de edad” y que “para la modalidad rural y conforme a las decisiones jurisdiccionales, los estudios a distancia podrán ser implementados a partir del ciclo orientado del nivel secundario”.
El proyecto que obtuvo dictamen incorpora un agregado a ese artículo, que indica que “excepcionalmente, previa declaración fundada del Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, o con la jurisdicción según corresponda, cuando la escolaridad presencial -total o parcial- sea inviable, y únicamente en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos”.
Así, se establece que “solo en esos casos será permitido transitoriamente el desarrollo de trayectorias educativas a distancia para los niveles y las modalidades de la educación obligatoria para menores de 18 años de edad”.
“En tal excepcionalidad deberán adoptarse disposiciones para la reorganización pedagógica e institucional, del régimen académico y de la capacitación docente. Del mismo modo deberá atenderse la provisión de recursos tecnológicos que promuevan la igualdad educativa con condiciones de calidad (…) y la adopción de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo que se requieran conforme lo establezcan las negociaciones colectivas correspondientes”, se agrega.
La diputada Osuna, titular de la comisión, aclaró que esta modalidad será excepcional para evitar “supuestos negocios que puede traer aparejado el uso de plataformas de educación a distancia”.
A su vez, Flavia Morales (Frente de la Concordia Misionero) aclaró que “nadie habla de reemplazar la educación presencial por la educación a distancia”. “La tecnología es un medio, lo que importa es la innovación pedagógica”, consideró.
Alicia Fregonese (Pro) explicó que la educación remota es “una opción pedagógica y didáctica aplicable a todos los niveles del sistema educativo nacional”, que “puede integrarse a la educación formal e informal”. “Este no es un intento de reemplazar la presencialidad (sic), sino de complementarla”, sostuvo.
A su turno, Brawer remarcó que debe quedar claro que la educación a distancia debe ser “excepcional” y habló de la necesidad de capacitar a docentes sobre esta modalidad en caso de que continúe el aislamiento por la pandemia del Covid-19.
Por su parte, Del Plá advirtió que actualmente “no estamos frente a educación a distancia” sino ante “un acompañamiento pedagógico”, y resaltó el trabajo de docentes, familias y alumnos para darle continuidad al ciclo lectivo de forma remota. “Hoy no hay condiciones materiales laborales ni pedagógicas para un proceso de educación a distancia”, sentenció.
La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados se reunirá de manera virtual este martes, desde las 18. Hay cuatro iniciativas de distintos bloques sobre el tema.
La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que conduce la entrerriana Blanca Osuna (Frente de Todos), buscará dictaminar un proyecto consensuado que habilite la educación a distancia para todos los niveles.
Esta modalidad se viene implementando desde el comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio, a raíz de la suspensión de clases presenciales por la pandemia de coronavirus. De hecho, la reapertura de las aulas se daría recién en el mes agosto.
El temario del encuentro remoto incluye cuatro iniciativas que presentaron los legisladores José Luis Riccardo (UCR), Flavia Morales (Frente de la Concordia Misionero), Alicia Fregonese (Pro) y Mara Brawer (Frente de Todos).
Mientras que el de Riccardo propone la suspensión por dos años del artículo 109 de la Ley de Educación Nacional (26.206) y que el Consejo Federal de Educación elabore una regularización sobre el tema, los proyectos de las diputadas plantean una modificación a dicho artículo, para incorporar que por situaciones de excepcionalidad se pueda implementar esta modalidad.
Actualmente, el artículo 109 indica que "los estudios a distancia como alternativa para jóvenes y adultos sólo pueden impartirse a partir de los 18 años de edad" y que "para la modalidad rural y conforme a las decisiones jurisdiccionales, los estudios a distancia podrán ser implementados a partir del Ciclo Orientado del Nivel Secundario".
Los diputados de ese espacio impulsaron una iniciativa que, además, busca garantizar el acceso a dispositivos tecnológicos para los estudiantes que no hayan recibido ese material proveniente del Plan Sarmiento.
Buscando garantizar el acceso a la educación en tiempos de pandemia, los legisladores del Frente de Todos (FdT) impulsaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley a través del cual buscarán que el Ministerio de Educación garantice la libre navegación en las diversas herramientas educativas para permitir el acceso de docentes y estudiantes en el marco de la educación a distancia que rige desde mediados de marzo.
Asimismo, propusieron que se entreguen dispositivos tecnológicos para aquellos estudiantes que no hayan recibido en el marco del Plan Sarmiento, al igual que la facilitación del desbloqueo en forma remota para evitar la circulación de las y los estudiantes.
La iniciativa lleva la firma de Juan Manuel Valdés, María Bielli, Lorena Pokoik, Lucía Cámpora, Ofelia Fernández, Claudio Ferreño, Santiago Roberto, Laura Velasco, Manuel Socías y Cecilia Segura (FdT), quienes en los fundamentos de la misma señalaron que “en función de lo dispuesto por el Ministerio de Educación de la Ciudad, los docentes de cada institución educativa han generado contenidos que son enviados por medio de mensajería instantánea, vía correo electrónico o bien son cargados en plataformas educativas, manteniendo así la vinculación entre estudiantes y docentes. Sin embargo ello no garantiza que los estudiantes puedan acceder a los contenido debido a la necesidad de contar con conexión a internet para hacerlo”.
Al mismo tiempo que insistieron en que “para garantizar el proceso educativo durante el tiempo en el cual se extienda la suspensión de clases en el marco de la pandemia Covid 19, resulta necesario que el Gobierno de la Ciudad celebre acuerdos con las empresas que brinden servicios de telefonía móvil y/o telecomunicaciones a fin de garantizar la libre navegación tanto para docentes como para estudiantes, para todas las plataformas, blogs, sistemas de mensajería y cualquier otra herramienta que el Ministerio de Educación haya relevado que estén utilizando actualmente los y las docentes de las escuelas para permitir la continuidad escolar”.
“Es imprescindible que se realice en este marco la entrega de dispositivos tecnológicos. Incluso, en algunos casos, los estudiantes que recibieron netbooks en el marco del Plan Sarmiento o del Programa Conectar Igualdad han encontrado dificultades para su uso debido a que en las mismas se encuentran bloqueadas”, manifestaron y remarcaron que “teniendo en cuenta que las netbooks se constituyen como una herramienta fundamental para garantizar la continuidad pedagógica, resulta de suma importancia que, durante el tiempo que se prolongue la suspensión de clases, se faciliten los medios que permitan su desbloqueo”.
Ante la emergencia, el legislador nacional puntano José Riccardo presentó un proyecto para reformar la Ley de Educación, y dejar expresamente habilitada la educación a distancia.
El diputado nacional por San Luis José Riccardo presentó un proyecto de reforma de la Ley de Educación 26.206, que plantea dejar expresamente habilitada la educación a distancia, para todas las edades, en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional.
Riccardo, autor del proyecto, expresidente de la Comisión de Educación y actual presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara baja propone en el proyecto que “atento a las circunstancias lo permitan, el Ministerio de Educación de la Nación convoque al Consejo Federal de Educación, para que elabore en el plazo de un año, una regulación en reemplazo de las disposiciones de la norma suspendida – ‘el artículo 109 de la LEN, limita los estudios a distancia sólo’ …a partir de los dieciocho (18) años de edad, con excepción de la modalidad rural donde podrán ser implementados a partir del Ciclo Orientado del Nivel Secundario”.
Para ello se tendrá especialmente en cuenta las recomendaciones técnicas que formule cada jurisdicción, y la experiencia y los resultados recogidos durante el período en que se implemente la educación a distancia.
Asimismo, se pondrá inmediatamente en marcha un proceso colaborativo para que la modalidad pueda ser utilizada en todas las jurisdicciones, dando el apoyo necesario.
El autor del proyecto José Riccardo, fue acompañado por más de 35 diputados de distintos espacios políticos.
