El municipio sigue adelante con la implementación de la separación en origen en instituciones, organismos gubernamentales y dependencias municipales.
Con el objetivo de avanzar en la disminución del volumen de los residuos generados en el distrito, destinar lo recolectado a una instancia de reciclaje y así fomentar la economía circular y generar fuentes de trabajo, el municipio de Escobar avanza con el programa “Empezamos por casa”.
En ese marco, el equipo ambiental recorrió y capacitó a las empleadas y empleados de la Dirección de Licencias de Conducir, de PAMI Escobar y a chicos del Centro de Día Dr. René Favaloro.
También colocaron cestos de residuos reciclables, composteras para los residuos orgánicos, kit de semillas y huerteros. Con estos trabajos finalizó la primera parte del programa de la cual formaron parte el Centro de Atención al Vecino, el palacio Municipal, el Centro Cívico y Centro de Monitoreo de Garín, las oficinas de Anses Garín y Escobar, la Secretaría de Cultura y el Teatro Seminari Cine Italia.
Con esta nueva medida, el municipio continúa promoviendo la educación ambiental en las dependencias municipales y la recolección de materiales reciclables que son reinsertados en la economía circular.
En una segunda etapa -según informó el municipio- se avanzará con más capacitaciones en la Agencia Municipal de Ingresos Públicos (AMIP), el Colegio Preuniversitario Ramón A. Cereijo, la Secretaría de Infraestructura y la de Contravencional, el Centro Odontológico de Belén de Escobar y el Hospital de Salud Mental y Adicciones Papa Francisco.
La norma fue promulgada este lunes en el marco de un acto encabezado por el presidente de la Nación y los ministros de Ambiente y de Educación.
El diputado nacional y presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, Leonardo Grosso, celebró la promulgación de la Ley de Educación Ambiental porque “es una herramienta clave que nos permite construir un futuro más sano”.
En este sentido, afirmó que “es una ley construida con organizaciones ambientales, sociales y educativas y que se logró porque hay una decisión política de avanzar en reglamentar derechos ambientales”.
“Estamos construyendo un cambio de paradigma y es una carrera contra el tiempo para consolidar otra manera de desarrollarse y de crecer porque hay un sistema productivo acostumbrado a destruir el ambiente”, aseguró Grosso.
La pampeana Norma Durango trajo a colación el tema durante el debate de la ley de Educación Ambiental, y la mendocina Anabel Fernández Sagasti le respondió.
El viejo conflicto por el caudal del río Atuel llegó este miércoles al Senado de la mano de dos senadoras del Frente de Todos, la pampeana Norma Durango y la mendocina Anabel Fernández Sagasti, quienes tuvieron un contrapunto durante una reunión virtual de comisiones.
El intercambio se produjo cuando se debatía la ley de Educación Ambiental en las comisiones de Educación y Cultura, Ambiente y Desarrollo Sustentable, y Presupuesto y Hacienda del Senado, con la presencia del ministro de Educación, Nicolás Trotta, y una subsecretaria de la cartera de Ambiente.
“Sin ánimo de generar controversia, quiero dejar sentado que ojalá que esta ley sirva para concientizar a otra provincia que desde hace décadas comete una gran injusticia con nuestra provincia”, arrancó la pampeana Durango, tras la exposición de los funcionarios.
La legisladora advirtió que La Pampa sufrió “una gran desertificación y una gran emigración forzada desde hace años”. “Hasta la Corte Suprema de Justicia nos está dando la razón”, acotó.
Por eso, manifestó: “Esperemos que esta concientización a los niños, niñas y adolescentes sirva también a los gobernantes de otras provincias para que se cumplan las leyes que ya fueron votadas, como la 25.688, de creación de los comités de cuencas”.
Más adelante, Fernández Sagasti pidió la palabra: “Lamentablemente le tengo que responder a una compañera de bancada que acaba de decir algo que está totalmente fuera de lugar, que es mandarnos a estudiar leyes de medioambiente a los mendocinos”.
“Siempre tratamos de tratar el tema del conflicto del río Atuel en un marco de respeto, cada uno defendiendo la posición que entiende más justa desde la perspectiva de su provincia”, se defendió la mendocina, y agregó: “Yo nunca le pediría a un senador que deje atrás los intereses de su provincia, pero sí que discutamos los conflictos o los contrapuntos que podamos tener en un marco de respeto”.
Finalmente, la vicejefa del bloque oficialista sentenció: “El comentario fue totalmente desubicado, y no tiende al diálogo que debemos tener para resolver un conflicto que tenemos desde hace décadas por el río Atuel”.
La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo. Qué prevé la iniciativa.
Por 215 votos positivos, 7 negativos y 18 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado un proyecto de ley para implementar la Educación Ambiental Integral (EAI) en todo el país.
La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, busca establecer la EAI como un derecho, conforme a la Constitución y un conjunto de leyes y tratados internacionales.
Los votos en contra fueron los del radical Gonzalo Del Cerro y los diputados del Pro Alicia Fregonese, Martín Grande, Gustavo Hein, José Luis Patiño, Francisco Sánchez y Pablo Torello.
Con la presencia del ministro de Ambiente, Juan Cabandié, en el recinto, la diputada Blanca Osuna sostuvo que “la responsabilidad que tenemos ahora es que con esta ley, además de establecer el derecho a la educación ambiental, aportemos a algo complejo, que es que las herramientas en materia de gestión pública contribuyan a la coordinación que necesariamente tiene que darse entre los responsables de las políticas educativas y quienes lo están en materia de políticas ambientales: estamos hablando del Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Sustentable y sus equipos”.
La diputada del Frente de Todos por Entre Ríos señaló que “quienes tenemos trabajo en gestión, sabemos lo complejo que es la articulación, la vinculación y la coordinación. La ley pone el acento en estos temas y al mismo tiempo describe formas de gestión. ¿Cuáles? Desarrolla instrumentos como la estrategia nacional de educación ambiental integral y la estrategia jurisdiccional y el método de trabajo con las universidades”.
“Una sociedad no solo se define por lo que crea o por sus leyes, sino por las grandes definiciones; cuando se decide qué cosas cuidar. Lo que está en juego es nuestra propia dignidad; el Papa diría qué mundo dejarles a quienes nos sucedan, y seguramente esta ley será un aporte sustancial para que esto suceda”, concluyó la diputada Osuna.
La rionegrina Ayelén Spósito habló a continuación afirmando que “con esta ley pensamos generar conciencia ambiental. Lograr este gran paso, nos va a convertir en una sociedad más saludable, porque con esta ley buscamos vivir en un ambiente sano, digno, respetando las diversidades culturales. Con esta ley vamos a lograr que las nuevas generaciones crezcan con conciencia ambiental”.
En su mensaje repudió también las declaraciones de funcionarios que sindicaron a los mapuches como autores de los incendios que está sufriendo la Patagonia, y puso como prueba que la primera víctima fue una persona de esa comunidad. También liberó de responsabilidades a las personas pobres, principales víctimas de los incendios, agregó.
“Aviso que les patagónicos estamos más fuertes que nunca; nos seguimos formando y les patagónicos vamos a defender nuestros recursos naturales, porque hay muchos malintencionados que quieren venir por la Patagonia y no lo vamos a permitir”, advirtió.
El diputado Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos – La Pampa) se refirió a la ley para implementar la educación integral en la República Argentina y consideró que “venimos perdiendo la batalla en la defensa del ambiente”. Recalcó que “el tema de la educación ambiental integral es una piedra basal en el mundo que se viene” porque “la preservación del ambiente es una cuestión de responsabilidad social de todos y de todas con las futuras generaciones”, a la vez que reclamó que no sirve quedarse en “lo declamativo”. Aprovechó la ocasión para referirse al conflicto con Mendoza por el Río Atuel, al respecto del cual sostuvo que “el Gobierno de la provincia de Mendoza nos ha extirpado, nos ha robado el río Atuel desde hace 60 años” y se dirigió a las autoridades mendocinas para exigir: “Basta, devuélvannos el río”.
“Con esta ley hoy saldamos una deuda constitucional que va a permitir generar una estrategia de educación ambiental en la Argentina”, apuntó a su turno la diputada del Pro Gisela Scaglia, quien precisó que “es un aporte el que hoy estamos haciendo para ponerle freno a la crisis ecológica y mitigar el cambio climático. Vamos a incorporar hoy una norma que apuesta a cambiar la cultura, que busca ver al ambiente no como un objeto a nuestro servicio, sino como parte constituyente de nuestra vida, de nuestras experiencias, de nuestro presente, pero sobre todo de nuestro futuro”.
Por su parte, el diputado de la CC – ARI Maximiliano Ferraro sostuvo que “esta ley era necesaria, prioritaria y una de las grandes deudas pendientes que teníamos en este parlamento. Vamos a acompañar el proyecto en general porque destacamos la importancia de legislar en materia de Educación Ambiental y de crear instrumentos de política pública para la consecución de los objetivos de la Agenda 2030”.
“Esta ley nos va a permitir abordar los graves problemas ambientales del presente y construir nuevos saberes y poner en jaque los viejos paradigmas con los nuevos paradigmas en favor de una sociedad más ecológica, justa y equitativa que cuide y proteja nuestros bienes comunes”, agregó el legislador de Juntos por el Cambio.
La diputada Beatriz Avila señaló por su parte que “los efectos de la degradación ambiental no solo son catastróficos para la salud del ser humano, sino también para nuestra flora y nuestra fauna, pero también hay efectos económicos que pueden ser desastrosos y que nosotros en la Argentina no escapamos. Según el Banco Mundial, las estimaciones más conservadoras colocan al costo de la degradación ambiental enn Argentina en el 8,11% del PBI. Realmente es un tema no menor y que es fundamental que lo estemos tratando en esta sesión”.
“La clave para que esta ley constituya una herramienta estratégica y que se genere una verdadera política pública educativa ambiental es que tenga una proyección y una visión federal, que integre a la Nación con todas las provincias”, concluyó la legisladora tucumana.
Sobre el final del debate, la radical Brenda Austin celebró que “después de tanto camino recorrido la Cámara se apreste finalmente a sancionar este proyecto que incorpora la educación ambiental en los contenidos curriculares”. La diputada cordobesa aprovechó la presencia del ministro Cabandié para pedirle que concurra a la comisión.
“Cuando hablamos de desarrollo sostenible, hablamos de una triple dimensión -agregó-. Una dimensión que tiene que ver con el desarrollo social, esto es las condiciones en las que viven las personas; la sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, la conciencia de que los recursos de la naturaleza no son infinitos, y que cuando pensamos en modos de explotación, tienen que ser sostenibles. Lo tercero, el desarrollo económico”, y pidió entonces que “superemos los dogmatismos en los que nos paramos. El mundo al que algunos con añoranza quieren volver, es prácticamente imposible hacerlo”.
Luego fue el turno de la diputada de La Cámpora Daniela Vilar, quien agradeció “a dos grandes militantes, nuestro querido Pino Solanas, y a nuestra compañera pedagoga Adriana Puiggrós”. Para la legisladora se trata de “una ley absolutamente completa, fundamental, y coincidimos todos y todas en que la educación es trascendental para nuestro pueblo. Tal vez en lo que no coincidamos es en la perspectiva”.
Vilar planteó que “la educación es absolutamente necesaria para construir el sentido contra hegemónico que muchas veces se quiere imponer cuando la pedagogía no es la pedagogía de la educación”. En su discurso, Vilar habló de una “concentración de la riqueza escandalosa”, y advirtió que “no hay forma de lograr sustentabilidad de nuestro planeta, de nuestro desarrollo, con un esquema tan desigual”.
“Por eso tenemos que disputar la construcción del sentido de este modelo –agregó-. Porque hoy sigue siendo un modelo injusto”.
En otro pasaje pidió asumir que “esta crisis global que es de origen zoonótico, no nos puede permitir aceptar tímidamente y livianamente que entonces las vacunas nos van a llegar cuando a las grandes potencias y a un par de laboratorios se les ocurra. Eso tiene que ver con la construcción de sentido respecto de lo ambiental también”.
Por último, el diputado Leonardo Grosso también recogió el mismo tema para advertir sobre el destino de las vacunas: “El 11% de la población mundial adquirió el 49% de las vacunas”, señaló, precisando que el 89% del resto de la población mundial recibió el resto de las dosis. “Hasta acá no aprendimos nada, parece que todo va a seguir igual, o lo que es más triste, peor aún. Por eso para nosotros hay que fortalecer el rol del Estado”, aseguró.
“Por eso para nosotros discutir una ley como esta que establezca que esta perspectiva se discuta en el conjunto del sistema educativo es fortalecer el rol del Estado. Algo de eso estuvimos haciendo también, porque lo que el Estado no regula, el mercado lo destruye o lo distribuye mal. Y estas podrían ser dos grandes enseñanzas de esta crisis”.
“Hay un antes y después de esta ley en dos problemas fundamentales: la dirigencia política del mundo tiene una ceguera epistémica, no ve la crisis ecológica y es momento que abra los ojos; y el otro es la falsa contradicción que tenemos como sociedad entre desarrollo y ecología. Para resolver estos problemas, la educación es una enorme herramienta que nos permite incluir a la población en el debate”, resaltó Grosso.
El presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente de la Cámara de Diputados apuntó nuevamente que “no hay posibilidad de desarrollar un modelo neoliberal y ser económicamente sustentable. No hay posibilidad, es una contradicción en sí misma”. Y a partir de eso la emprendió contra la oposición recordando su pasado de Gobierno. El legislador oriundo de San Martín recordó que “durante el Gobierno anterior se le sacó un terreno a la Universidad Nacional de San Martín para dárselo a una empresa privada, y ahora todos elogiamos y usamos los barbijos que hizo esa Universidad. Entonces cuando se habla educación y se la pone como ejemplo en Educación, hay que tener memoria y empezar por el ejemplo en casa”.
En el texto, se define a la EAI como “un proceso educativo permanente con contenidos temáticos específicos y transversales, que tiene como propósito general la formación de una conciencia ambiental, a la que articulan e impulsan procesos educativos integrales orientados a la construcción de una racionalidad, en la cual distintos conocimientos, saberes, valores y prácticas confluyan y aporten a la formación ciudadana y al ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso”.
El proyecto prevé una “Estrategia Nacional” como instrumento de planificación, la cual será coordinada entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Educación, con competencias y facultades diferenciadas. A su vez, se articulará con las universidades, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
También se crea la “Coordinación Ejecutiva” de dicha estrategia, con representación de distintos sectores y un Consejo Consultivo de asesores, entre los cuales podrán ser parte legisladores de las comisiones de Ambiente y Educación del Congreso.
Esa Coordinación “se convocará en un plazo no mayor de 90 días desde la entrada en vigencia de la ley y realizará una revisión y actualización de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral que refleje los consensos alcanzados y establezca el marco operativo para su implementación”.
A su vez, se incorpora al artículo 92 de la Ley 26.206 -de Educación Nacional- que formará parte de los contenidos curriculares comunes a todas las jurisdicciones: “La toma de conciencia de la importancia del ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales, su respeto, conservación, preservación y prevención de los daños”.
Entre otro de los puntos, establece que cada Día Mundial del Ambiente (5 de junio) cada provincia deberá “promover una acción comunitaria en la que se fomente el ‘Compromiso Ambiental Intergeneracional’ en el cual, en diferentes ámbitos de la sociedad, niños y niñas, jóvenes, personas adultas mayores, funcionarios y funcionarias de gobierno, atendiendo a la efectiva participación de pueblos indígenas, tengan la oportunidad de establecer un pacto de responsabilidad con el ambiente y las generaciones sucesivas”.
Tras 19 años, la Cámara baja se reúne un día sábado en una sesión que se prevé maratónica y que terminará el domingo por la mañana. Tratarán además ley de dopaje en el deporte y otra sobre educación ambiental.
En un día inusual, la Cámara de Diputados arrancó este sábado a las 11.43, con 130 legisladores, su primera sesión del año, durante la que el oficialismo buscará alzarse con la media sanción de proyectos que modifican el impuesto a las Ganancias y el régimen de monotributo, con el objetivo de llevar alivio fiscal a la clase media.
Tras 19 años -pues la última vez que se sesionó un fin de semana fue en 2002-, la Cámara baja se reúne en día sábado, previendo una jornada maratónica que culminará el domingo por la mañana.
Tal como establece el Protocolo de Funcionamiento Remoto, la reunión se realiza con mayoría de diputados de manera presencial en el recinto y los exceptuados lo hacen de manera remota, conectados a través de la plataforma VPN.
En el inicio de la sesión jurarán los reemplazantes de Martín Soria y Alejandro Bermejo, ambos del Frente de Todos. Luego, se abrirá el período de cuestiones de privilegio, que serán más de una veintena, y tratarán en general sobre vacunas y la situación de Formosa.
También habrá un homenaje por el 24 de marzo; y la oposición planteará apartamientos del reglamento por biocombustibles, emergencia por incendios en la Patagonia e interpelación a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
Pese a que los proyectos de Ganancias y monotributo se estimaban como los primeros temas a tratar, finalmente serán los últimos, según se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria.
Así, se debatirá sobre la reforma de la ley de dopaje, un proyecto para implementar la Educación Ambiental Integral en todo el país, la modificación en el régimen de monotributo y, finalmente, Ganancias.
Los primeros tres temas solamente serán defendidos por los miembros informantes, mientras que Ganancias tendrá alrededor de 130 oradores. La votación sería cerca de las 9 de la mañana del domingo.
El gran tema de la sesión será el proyecto que apunta a que todos los trabajadores y jubilados que ganen menos de 150 mil pesos brutos no paguen el impuesto a las Ganancias; la medida beneficiará alrededor de 1.267.000 personas.
Durante las negociaciones, de la que formaron parte representantes del sindicalismo, la iniciativa original -presentada por Sergio Massa y sus pares del FdT- sufrió una serie de modificaciones y se incorporaron mejoras, tales como que el beneficio será retroactivo al 1ro. de enero y que el aguinaldo quedará exento del pago del tributo.
Además, se agregó la deducción del concubino -actualmente se permite solo el cónyuge- y se mantiene el diferencial del 22% que perciben los trabajadores de la Patagonia en concepto de zona desfavorable.
Asimismo, se habilitó que los jubilados que perciban ingresos distintos al haber jubilatorio, como por ejemplo una renta de alquiler o intereses de un plazo fijo, podrán acceder igualmente al beneficio de la deducción de Ganancias, que pasa de seis a ocho haberes mínimos.
Otro de los cambios es que se eximirá del impuesto al reintegro por gastos de guardería para los hijos de hasta tres años, con un tope de hasta el equivalente al 40% de la ganancia no imponible -67.000 pesos al año, es decir 5.590 pesos mensuales-.
También, se aumentará la deducción por hijo con discapacidad hasta los 18 años y se prorrogará hasta el 30 de septiembre de este año la exención de las horas extras y guardias -activas o pasivas- del personal de salud, debido a la pandemia del Covid-19.
El otro tema, que durante el debate en comisiones se trató en conjunto, es el impulsado por la AFIP, que tiene como eje suavizar el traspaso de monotributistas al régimen general a través de un alivio en la carga tributaria que deben afrontar.
La iniciativa establece que para los casos de monotributistas cuya facturación haya superado el límite más alto del régimen hasta un 25%, podrán mantenerse en su actual condición durante el período fiscal 2021.
En tanto, aquellos contribuyentes con facturación excedida en más del 25% que pasaron voluntariamente al régimen general, tendrán una deducción del IVA del 50% en el primer año, 30% en el segundo y 10% en el tercero. Además, podrán computar como crédito de IVA el 17,33% de lo facturado el año anterior.
Los otros temas
La Cámara baja tratará además un proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo, que busca adaptar el Régimen de Prevención y Control del Dopaje en el Deporte al Código Mundial Antidopaje 2021, que entró en vigor el 1ro. de enero luego de distintas enmiendas realizadas en 2009, 2015 y 2018.
Las modificaciones tienen que ver con los sujetos alcanzados por el régimen, la prueba de presencia de sustancias prohibidas, el incumplimiento de localización de los atletas y las sanciones, entre otros temas.
El régimen actual fue aprobado a través de la Ley 26.912 y tiene como objetivos “la prevención del dopaje en el deporte, la lucha contra el dopaje en el deporte sobre la base del principio del juego limpio y la protección de la salud de los que participan en las competencias”.
También se debatirá una iniciativa para la implementación de la Educación Ambiental Integral, que prevé una estrategia nacional como instrumento de planificación, que será coordinada por el Ministerio de Ambiente y el Consejo Federal de Medio Ambiente, además de la articulación con universidades nacionales y las provincias.
Se establece la creación de una Coordinación Ejecutiva Nacional de Educación Ambiental Integral, con representación de distintos sectores, además de un Consejo Consultivo con asesores. Esta Coordinación tendrá un plazo de 90 días para establecer un marco operativo que permita la implementación de la ley.
Se incorpora a la Ley 26.206 de Educación Nacional que formará parte del contenido curricular común a todas las provincias: “La toma de conciencia de la importancia del ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales, su respeto, conservación, preservación y prevención de los daños”.
La iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo y este lunes avanzó en un plenario de comisiones con la presencia de los ministros de Ambiente, Juan Cabandié, y de Educación, Nicolás Trotta.
Con la presencia de los ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, y de Educación, Nicolás Trotta, las comisiones de Recursos Naturales y de Educación de la Cámara de Diputados dieron dictamen por unanimidad al proyecto de ley de presupuestos mínimos para la educación ambiental, enviado por el Poder Ejecutivo.
Al inicio del debate, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Leonardo Grosso, propuso bautizar la norma con el nombre de Fernando “Pino” Solanas, en homenaje a la lucha del dirigente por el medioambiente a lo largo de su trayectoria política y también a través de su obra cinematográfica.
“Pino Solanas fue un referente de la lucha en la preservación del ambiente. Me parece correcto que esta ley, que es un avance importantísimo en materia educativa y ambiental y por la que tanto peleó, lleve el nombre de él”, planteó Grosso, y sus pares aceptaron la propuesta.
Por su parte, la titular de la Comisión de Educación, Blanca Osuna, consideró que “cuanto más participativo sea este proceso que desate una ley de educación ambiental integral, creemos que más chances hay de que efectivamente sea apropiada y sea un empoderamiento que nos permita dar los pasos que no se han dado”.
El ministro Cabandié destacó que “es un verdadero hito para las políticas públicas ambientales de nuestro país estar en esta instancia en donde vamos a darle media sanción a la ley de educación ambiental”.
A su vez, Trotta sostuvo que “el tema ambiental es un asunto educativo y constituye un imperativo de esta época, una problemática educativa contemporánea que debe abordarse de manera integral”, y por eso “este proyecto de ley ubica a la educación en los desafíos de sus tiempos”.
El proyecto, que quedó en condiciones de ser tratado en el recinto, establece el derecho a la educación ambiental como una política pública nacional de acuerdo al artículo 41 de la Constitución y a las leyes y tratados internacionales vinculados a la materia.
La iniciativa fue producto de un trabajo conjunto entre los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Educación, en consenso con las provincias, a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
El texto entiende a la educación ambiental como un proceso permanente, apoyado en una serie de objetivos: un abordaje interpretativo y holístico; el respeto por la biodiversidad; los principios de equidad y de igualdad desde el enfoque de género; y el reconocimiento de la diversidad cultural, el rescate y la preservación de las culturas de los pueblos originarios.
También se establecen como fundamentos la participación y formación ciudadana; el cuidado del patrimonio natural y cultural; la problemática ambiental; la educación en valores; el pensamiento crítico e innovador; y la concientización sobre el derecho constitucional a un ambiente sano.
La iniciativa del diputado provincial de Entre Ríos Jorge Cáceres propone crear el “Programa de Reforestación en las Aulas: Crece con tu árbol” destinado a alumnos de nivel inicial y primario de instituciones educativas.
La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de Entre Ríos trabajó, junto con la de Recursos Naturales y Ambiente, en una iniciativa del diputado Jorge Cáceres (bloque Justicialista Frente Creer). La misma propone crear el “Programa de Reforestación en las Aulas: Crece con tu árbol” destinado a alumnos de nivel inicial y primario de instituciones entrerrianas.
Participaron del encuentro la responsable del Programa de Educación Ambiental del CGE, Cristina Martínez, y Griselda Urich y Lucas Cid, coordinadores del Parque Escolar Enrique Berduc de Paraná.
Según se expresa en el texto presentado por el diputado Jorge Cáceres y acompañado por todo el bloque Justicialista Frente Creer, el programa “es un enfoque que genera en los educandos responsabilidad frente al cuidado de las especies nativas, estimulando conciencia, compromiso y solidaridad social”.
“La iniciativa impulsada por las y los trabajadores del Parque Berduc atraviesa a todos los niños del nivel inicial y primario, donde nuestras acciones se multiplican”, explicó el diputado Jorge Cáceres. Asimismo, el legislador aseguró que “esta acción va en favor de la vida, enseñándoles a cuidar la vida, acompañar su crecimiento y algún día implantarla como un árbol, lo cual también tiene que ver con nuestra salud”.
La coordinadora del Parque Escolar Enrique Berduc Griselda Urich dijo que “posiblemente la escuela sola no pueda hacerse cargo de la iniciativa, se necesitarán de otras intervenciones”. Por su parte, Lucas Cid afirmó que “trabajamos no sólo con una producción biológica, sino también con una transformación del entorno. El proyecto busca que, a partir de una experiencia de primera mano, se generen valores para futuros adultos responsables del ambiente”.
La responsable del Programa de Educación Ambiental del CGE, Cristina Martínez, quien celebró el tratamiento del proyecto, brindó detalles de cómo sería la aplicación del mismo en las instituciones educativas, y consideró necesario que “más allá de la especialidad de las materias, se interpele a toda la escuela. Poder educar a los niños con conciencia ambiental, como así también generar identidad territorial a partir de la biodiversidad autóctona, es un sueño para nosotros”, destacó Martínez.
Tanto el diputado Nicolás Mattiauda, como las diputadas Mariana Farfán, Carina Ramos y Carmen Toller acompañaron la iniciativa y sugirieron modificaciones que fueron puestas a consideración de los integrantes de las Comisiones para enriquecer el proyecto inicial.
Estuvieron presentes en la reunión conjunta de las Comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología, que preside Stefanía Cora, y Recursos Naturales y Ambiente, que preside Sergio Castrillón, las diputadas Ayelén Acosta, Sara Foletto, Carina Ramos, Carmen Toller, Lucia Varisco y los diputados Juan Pablo Cosso, Néstor Loggio, Eduardo Solari y Jorge Cáceres.
La legisladora nacional Lucila Masin presentó un proyecto que busca elevar el estatus jurídico de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental (ENEA) y definirla como política pública.
La diputada nacional Lucila Masin presentó, junto a María Rosa Martínez, un proyecto de ley que busca elevar el estatus jurídico de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental (ENEA) y definirla como política pública.
En busca de “promover una toma de conciencia acerca del impacto ambiental causado por un modelo de vida y formas de producción y consumo”, el texto enumera las diversas razones que movilizan el compromiso de las sociedades.
El proyecto de la legisladora por la provincia del Chaco, y por la provincia de Buenos Aires reconoce que “coexisten distintas maneras de concebir las relaciones entre sociedad, naturaleza y desarrollo”, por lo que promueven también “consensos que garanticen una sustentabilidad a largo plazo, que prevenga procesos de impacto ambiental depredativos e irreversibles”.
La iniciativa crea además un consejo nacional de Ambiente y Educación (Conamed) donde confluirán definiciones y la ejecución de acciones.
En la integración habrá representantes del Ministerio de Educación, de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, del Consejo Federal de Medio Ambiente, del CFE, de organizaciones indígenas, de gremios docentes y de organizaciones no gubernamentales.
Podrán conformarlo también personas de las comisiones legislativas de Educación y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente, todos ad-honorem.
