Con la intención de garantizar los derechos de los niños, la diputada de la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) Manuela Thourte presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley que busca extender la obligatoriedad escolar desde los tres años en todo el territorio, en el marco de lo dispuesto por la Ley de Educación Nacional Nº 26.206.

Con la extensión de la obligatoriedad escolar se buscará “promover la educación, la alfabetización inicial y el desarrollo de las habilidades de los niños y niñas a partir del juego, como estrategia pedagógica para alcanzar los aprendizajes”; “desarrollar la capacidad de expresión y comunicación a través de los distintos lenguajes, verbales y no verbales, como el movimiento, la música, la expresión plástica y la literatura”; y “compartir con las familias el cuidado, la tarea educativa y la socialización a través de la comunicación y el respeto mutuo desde un enfoque integral del desarrollo infantil”.

En los fundamentos de la iniciativa, Thourte explicó que “la primera infancia es una etapa crucial en la experiencia educativa de los niños y niñas. Así lo demuestra la evidencia más reciente sobre el impacto de la educación inicial en el desarrollo cognitivo, emocional y social y particularmente en la trayectoria educativa (e incluso laboral)” e indicó que “por ello, garantizar educación temprana a todos los niños y niñas, resulta esencial para paliar la desigualdad social de origen y construir una sociedad más justa y equitativa que garantice el bienestar social de todos los habitantes de la Ciudad”.

“En la actualidad, la sala de 4 y 5 años está universalizada y la sala de 3 años ya cubre el 87% de la demanda de las familias. Si bien los datos son alentadores ya que evidencian una mayor democratización en el acceso, es necesario recalcar que el avance de la cobertura no necesariamente implicó equidad y calidad. Los análisis disponibles sobre la oferta y el acceso al nivel inicial muestran un escenario atravesado por fuertes desigualdades que perjudican a quienes tienen menor nivel de ingresos”, continuó la radical.

Al mismo tiempo que detalló que “el sistema presenta una gran fragmentación institucional. Estudios recientes realizados por Furman pusieron el foco en cómo se distribuye la cobertura del nivel inicial en función del nivel socioeconómico y el resultado es que existe una universalización en el acceso de los niños y niñas de las familias de mayores ingresos, pero no para los de hogares más pobres. En otras palabras, los sectores más aventajados ya tienen acceso a las salas de tres años, pero no los sectores que se verían más beneficiados por acceder”.

“Al extender la obligatoriedad se generan mayores condiciones para apostar por la calidad del nivel a través del fortalecimiento de la cohesión de la formación continua con una hoja de ruta clara, la mejora de la situación de las instituciones no oficiales que operan con escasa regulación, y la actualización de lineamientos curriculares para los más chicos en articulación con otros espacios de crianza, enseñanza y cuidado”, sentenció la legisladora.

En la sesión informativa de la Cámara de Diputados de este miércoles, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, alertó que “los resultados de las pruebas PISA nos demuestran que somos un país que ha caído en niveles educativos y tenemos que recuperarlo”.

El funcionario recordó que el pasado 4 de julio el presidente, Javier Milei, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunciaron el Plan Nacional de Alfabetización “una política prioritaria y transversal que busca que todos los estudiantes del país puedan leer, comprender y escribir textos de acuerdo a su edad”.

“Es increíble que en Argentina todavía hoy debatamos sobre un plan de alfabetización. Los resultados de las pruebas PISA nos demuestran que somos un país que ha caído en niveles educativos y tenemos que recuperarlo”, lamentó.

Francos detalló que “el 35% de los alumnos de tercer grado no sabe leer ni escribir ni es capaz de realizar las operaciones matemáticas básicas. Alrededor del 50% de los alumnos no es capaz de comprender un texto de complejidad básica al finalizar la escuela primaria”.

“El Plan Nacional de Alfabetización es una deuda histórica de nuestro país, que no ha podido garantizar hasta el momento un sistema educativo que le permita a los jóvenes desarrollar su vida en libertad”, criticó.

En tanto, destacó la declaración, junto a otros bloques, de la educación como servicio esencial, que ya tiene media sanción en la Cámara. “Con esta iniciativa, aseguramos que las escuelas se mantengan abiertas pese a cualquier intento de paro gremial y garantizamos 180 días de clases en todo el país”, resaltó y apuntó: “En una Argentina donde los chicos no saben leer y escribir, no podemos permitir que algunos usen a los estudiantes como rehenes para negociar paritarias”.

Se reunió este jueves la Comisión de Educación de la Cámara alta, que quedó constituida con el senador de UP Eduardo “Wado” de Pedro al frente de la misma, en tanto que la vicepresidencia quedó reservada para la UCR, que ya decidirá próximamente quién ocupará ese lugar.

Durante el encuentro se resolvió tratar el proyecto de Financiamiento Educativo que viene con media sanción de la Cámara baja el próximo martes en un plenario con Presupuesto y Hacienda, como así también se anticipó que hay un compromiso con las autoridades de la Cámara para que ese proyecto se incluya en el temario de la sesión del jueves que viene.

Tras asumir en la presidencia, De Pedro resaltó que esa es “una comisión que requiere de mucho trabajo. En este nuevo escenario creo que tenemos que pensar buenas reformas del modelo educativos, ser creativos; tenemos que trabajar en los consensos, los acuerdos”.

Recordó que como ministro tuvo la posibilidad de trabajar y gestionar con todas las provincias. “Hemos generado reformas electorales en una época muy dura como era la pandemia. Hemos caminado la Argentina con un plan de desarrollo federal, pensando una Nación en base a la identidad y la cultura de los argentinos”, señaló, prometiendo que pondrá todo para que esa gestión pueda tener resultados.

De cara a la coyuntura, contó que acababa de hablar con el senador Ezequiel Atauche, para organizar una reunión conjunta con Presupuesto y Hacienda, comisión que preside el jujeño, para tratar el proyecto de Financiamiento Educativo proveniente de Diputados. Dijo que Atauche se comprometió a realizar ese plenario para tratar el proyecto universitario el martes que viene a las 17. “Charlamos también con el secretario Parlamentario para que en la sesión del jueves figure el tema que vamos a tratar el martes, y se comprometió para acordar con los presidentes de bloques cómo hacerlo”, informó, remarcando el compromiso para que el jueves 5 de septiembre se pueda tratar la media sanción de Diputados.

En el transcurso de la reunión, la senadora rionegrina Mónica Silva coincidió con su par Flavio Fama respecto de que se realice una reunión de asesores para realizar un punteo de proyectos para fijar una agenda con prioridades, y en ese sentido ella sumó el pedido de tratamiento de otro tema que avanzó en Diputados, el proyecto de la esencialidad educativa. “Me parece que es muy importante que esa ley entre en debate aquí, y quisiera aportar que otra de las problemáticas es la temática de la formación docente en nuestro país. Tal vez podamos en este ámbito tan federal analizar y debatir qué oportunidades de analizar la formación docente con federalismo”.

A su turno, la senadora Juliana di Tullio insistió con el proyecto de Financiamiento Educativo, señalando que “estamos comprometidos en darle sanción definitiva a ese proyecto”, pero sumó la cuestión de las industrias culturales “y la grave situación que está viviendo el mundo de la cultura y sobre todo las industrias culturales en nuestro país. Me parece que también eso es objeto de urgencia. La Argentina está sometida a muchas urgencias”.

A continuación, la cordobesa Carmen Alvarez Rivero puso como ejemplo la experiencia de enseñar matemáticas que se ha puesto en marcha en Chubut, y habló de “la necesidad de formar en matemáticas a nuestros jóvenes”, y cerró brindándole su “aplauso a (el gobernador de Chubut) Nacho Torres que se animó a impulsar un programa nuevo”.

La comisión acordó los miércoles a las 16 como fecha y horario de trabajo.

Pasadas las 3 de la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de ley que declara a la educación como servicio estratégico esencial en todos los niveles y modalidades comprendidos en la obligatoriedad escolar de todo el territorio nacional, con el objetivo de garantizar las clases en los días de paro docente. Fue una sola votación, en general y en particular, y resultó con 131 votos afirmativos, 95 negativos y 2 abstenciones, correspondientes a Fernando Carbajal y Mónica Frade. 

La iniciativa fue impulsada fuertemente por el Pro desde la post-pandemia, bajo la crítica del tiempo en que las escuelas permanecieron cerradas durante esa época. En tanto, a través del DNU 70/23, el Gobierno había declarado a la educación servicio esencial, pero el capítulo de la reforma laboral fue frenado por la Justicia. Durante el debate, algunos legisladores que se manifestaron en contra recordaron que la Corte Suprema en 2001 ya declaró inconstitucional una resolución del Ministerio de Trabajo, por entonces a cargo de Patricia Bullrich, que intentó avanzar en este sentido.

A favor del proyecto votaron La Libertad Avanza, el Pro y otras bancadas dialoguistas como la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica e Innovación Federal. También votaron a favor dos diputados de Unión por la Patria: la mendocina Liliana Paponet y el jujeño Guillermo Snopek.

Por su parte, el rechazo lo encabezaron Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. En tanto, el bloque Encuentro Federal votó dividido, pues votaron en contra la cordobesa Natalia de la Sota, los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón, y Margarita Stolbizer. También votaron en contra los radicales Pablo Juliano, Facundo Manes, Marcela Coli y Roxana Reyes.

De acuerdo con la iniciativa, que ahora deberá discutirse en la Cámara alta, se establece que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán garantizar el ejercicio del derecho a la educación en todo el ciclo lectivo escolar durante días de clases afectados por medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente que afecten al normal desarrollo de la actividad curricular.

Uno de los artículos estipula un sistema de guardias mínimas educativas obligatorias que garantice un 30% de presencialidad del personal docente y no docente cuando las medidas de paro o huelga fuesen entre uno y dos días continuos o discontinuos; mientras que deberá ser de un 50% cuando las medidas superen los tres días; y a su vez exige el cumplimiento de la cantidad mínima de días de clase.

El texto delega en las autoridades de cada establecimiento a que en el inicio del ciclo lectivo se realicen las previsiones organizacionales en el marco del proyecto institucional, estableciendo a la autoridad competente la nómina anual del personal docente y no docente que estará afectado al cumplimiento de las guardias en días de huelga.

Además, establece que el incumplimiento de lo previsto será considerado como falta y no obstará la plena operatividad del sistema de guardias establecido; e impone que se reputará injustificada la ausencia del personal docente y no docente afectado a la guardia establecida.

Por último, propone la apertura de todos los establecimientos de educación obligatoria, en su correspondiente horario de apertura y cierre, todos los días del calendario escolar; y la garantía del servicio de alimentación escolar de cada establecimiento educativo.

Las voces a favor y en contra 

Impulsor de la ley, el presidente de la Comisión de Educación, el diputado del Pro Alejandro Finocchiaro, confirmó: “Vamos a regular el derecho de huelga, que es materia federal”. Y, a continuación, habló de una colisión entre el derecho a huelga -avalado por la Constitución Nacional- y el derecho de los niños a educarse. 

“Esta ley dará el marco para que buenos gobiernos puedan revertir la tragedia educativa argentina”, consideró el miembro informante del dictamen de mayoría y precisó alarmantes datos sobre la poca resolución de cálculos matemáticos y la falta de comprensión de textos en jóvenes y adolescentes.

En relación al proyecto, el exministro de Educación expresó: “Acá están representados los padres que se dieron cuenta que sus hijos no sabían leer o escribir en pandemia, porque acá proponemos escuelas abiertas”. Fue allí cuando apuntó contra los gremios y, sin nombrarlo, contra Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA. “Los sindicatos tercerizaron la educación”, dijo.

Cerca del fin de su enfática intervención, Finocchiaro señaló que desde 1983 a la actualidad “hemos perdido más de 1.000 días de clases, que son seis ciclos lectivos enteros”. “Pensemos en grande, porque hoy es el día que vamos a volver a la civilización y exportar cultura, conocimiento y educación”, concluyó. 

Al defender el dictamen de minoría (de rechazo), la diputada de Unión por la Patria Blanca Osuna mencionó un informe de UNICEF que arrojó que en Argentina “un millón de niños se va a dormir sin cenar”, y apuntó contra el oficialismo: “Están mirando hacia otro lado porque el hambre se ha agravado de manera extrema y vemos chicos de 12 que parecen de seis”.

“No es cierto que la Argentina venía transitando una tragedia educativa”, aseveró la entrerriana y cuestionó que en el proyecto “no hay ni un renglón de esencialidad”. “¿Qué es lo esencial acá? Regular el paro”, denunció. Luego, sumó que “hay un recorte vergonzoso de la inversión que tiene como obligación el Estado nacional, con una retracción del 80% del gasto. Hablan de derecho a la alimentación, pero Sandra Pettovello le esconde el alimento a los chicos”.

En el cierre, la legisladora recordó que “los docentes han sido despojados del FONID y, desde marzo, cobran el 20% menos”. “Faltan remedios y vacunas para los chicos y eso es esencial. Faltan inversión, docentes y alumnos con libros, computadoras y buenas escuelas”, sentenció.

Desde el Frente de Izquierda, el diputado Christian Castillo aseguró que “esta es una ley que es una gran estafa, porque se le presenta a la población como que esta ley va a mejorar las condiciones del sistema educativo, y no es así”, sino que se trata de “impedir el derecho a huelga de la docencia, pero no obliga a ningún Gobierno a poner ni un peso más en educación”. “¿Y sabe por qué hay huelgas? Porque los salarios son bajísimos. Hoy la canasta familiar es de 1.362.029 pesos, ¿sabe cuánto cobra una maestra en la provincia de Buenos Aires? 470 mil pesos”, resaltó y detalló que “en Mendoza 425 mil pesos, en Chubut 422 mil, en Santa Fe 540 mil, en Neuquén 610 mil”. 

También en contra de la iniciativa, el diputado de Unión por la Patria Hugo Yasky dijo que iba a hablar “como diputado y como orgulloso maestro de la escuela pública”. “Hoy las provincias tienen presupuestos desparejos. No podemos hacer un debate prescindiendo de una realidad. No hay calidad sin inclusión”, sostuvo y -al hacer hincapié en la inversión- criticó que “en el gobierno (de Cambiemos) en el que el diputado Finocchiaro fue ministro no se construyó un solo jardín de infantes, pese a que se terminó con Fútbol para Todos”. 

El opositor advirtió que de aprobarse esta ley, los días de paro “70 chicos van a estar a cargo de una maestra, ¿quieren que los pobres estén amontonados?”. “Si no hay inversión educativa, no hay solución”, subrayó y afirmó: “A ninguno de los que está acá me los imagino trabajando en las condiciones que están las maestras que trabajan doble turno”. 

Por el bloque de La Libertad Avanza, el diputado José Luis Espert opinó que se trata de un proyecto “histórico para el futuro de la Argentina, de nuestros hijos y nuestros nietos”. Y enumeró tres ejes de la ley: “establece una política de Estado coherente con el espíritu de nuestra Constitución; defiende y prioriza el derecho de los chicos a estudiar; e imprime un carácter de prioridad de la educación para igualar oportunidades”. 

En su discurso, manifestó que quien vote en contra “está en contra del proyecto de progreso de Argentina”. “Las huelgas docentes en la provincia de Buenos Aires se llevaron un año lectivo entero en poco más de una década. ¿A dónde nos llevó el modelo de Baradel? A esa pérdida”, lanzó y aclaró que “no se está limitando a los trabajadores de la educación a que se expresen a través de huelgas docentes, sí se está limitando el abuso, el privilegio de esos gremios, a no darle clases a los chicos”. 

La diputada del Pro María Eugenia Vidal afirmó que “sin duda hoy estamos dando un paso adelante”. “Aunque para algunos hubo avances en la educación pública argentina, para mí no”, observó y señaló que a pesar de las leyes sancionadas a lo largo de los años, “hoy de cada 100 chicos que arranca primer grado, solamente 13 terminan en tiempo y forma”. Tras hablar de un “fracaso del sistema educativo”, subrayó que “no es verdad que esta es una ley en contra de los docentes, en todo caso será una ley en contra de los sindicatos que quieren extorsionar”. 

En esa línea, la exgobernadora bonaerense recordó que durante su gestión hubo “62 paros docentes”, de los cuales 30 fueron en 2018; mientras que “en los últimos cuatro años no hubo paro”, pese a que “los salarios durante la gestión de Axel Kicillof estuvieron por debajo de la inflación”. Así, consideró que las huelgas durante su gobierno “fueron un mecanismo de extorsión de los Baradel de la vida”. 

Por la UCR, el mendocino Julio Cobos mencionó que presentó hace cinco años un proyecto en este sentido y reconoció que “esta ley no es la panacea ni va a solucionar todos los problemas”. “Podemos tener el mejor plan educativo, los mejores docentes e infraestructura escolar, Pero a la hora de dar clases quedan los alumnos y el docente, y debemos hacer todos los esfuerzos posibles para que esa relación se mantenga en la cantidad de días establecidos para cumplir con el calendario académico, de 180 o 190 días”, argumentó. 

En su discurso, el exvicepresidente dijo que “hay un conflicto de intereses y de derechos, y debemos priorizar el derecho de los niños a poder recibir educación”. En la misma sintonía, su par Carla Carrizo enfatizó que “los niños no son objetos de nadie. Ni de los sindicatos, ni de los gobiernos, ni de los padres. Los derechos de la infancia en Argentina no tienen por qué seguir esperando”. “Esta no es una ley en contra de nadie. No estamos castigando el derecho a huelga. Estamos invitando a los sindicatos a hacer una buena escuela”, añadió la porteña.

Al adelantar que su bloque no iba a tener una postura uniforme, la diputada Margarita Stolbizer opinó que “este proyecto busca culpabilizar a alguien de los déficit que todos conocemos” y “es una solución demasiado facilista para decir que no somos responsables nosotros los políticos, sino los docentes”. También sostuvo que todos los allí presentes “saben que este tipo de decisiones no va a resolver los problemas graves” en la educación. 

Luego, la legisladora de Encuentro Federal advirtió que “no es posible limitar el derecho de huelga” y se refirió a normativa de la Organización Internacional del Trabajo, para afirmar que “estamos frente a una imposibilidad en términos jurídicos de llevar adelante una declaración como pretende este proyecto”. “Esto tiene vicios de inconstitucionalidad severísimos”, sumó.

Maximiliano Ferraro dijo a su turno que “en la educación es donde se juega la libertad y la posibilidad de elegir qué tipo de posibilidad de desarrollo tenemos para adelante”. Recordó que este no se trata de “un capricho”, sino que trabajaron sobre este tema durante mucho tiempo en los partidos que conformaban Juntos por el Cambio. “No podemos obviar, con 57% de pobreza, último informe de UNICEF, que una gran cantidad de chicos no entienden lo que leen, lo que habla del fracaso, la tragedia y el colapso que ha vivido la educación por responsabilidad de todos nosotros”.

“No es esta la única solución, pero sí algo que viene a poner un parate en algo donde lo tenemos que poner”, afirmó.

Sobre el final del debate, la diputada del Pro Silvia Lospennato sostuvo que “Argentinos por la Educación publicó un informe que dice que en 35 años escolares los estudiantes argentinos habían perdido 2,3 años escolares. Es decir que antes de la pandemia, porque esto fue antes de la pandemia, los argentinos ya habían perdido ‘dos pandemias’”. Y a propósito de eso, advirtió que “con el Covid toda la sociedad argentina se despertó sobre lo que significa la pérdida de clases para los chicos”.

Cuando la pandemia, agregó, la sociedad “se dividió claramente en dos grupos: entre aquellos que entendíamos que las escuelas debían ser las últimas en cerrarse y lo primero en abrirse, como sucedió en el distrito donde gobierna mi partido; y quienes habilitaban una línea telefónica para que denunciaran a las escuelas que dieran clases”.

Por último, el diputado oficialista Santiago Santurio señaló que “esta ley tiene un alcance que no es solo para los sindicatos; tiene primero una función pedagógica”. Cargó contra el peronismo al señalar que “Argentina retrocedió en alfabetismo; mientras todos los países de la región mejoraron, nosotros retrocedimos. ¿De quién fue la culpa? Del Estado nacional, de los gobernadores, del presupuesto… Toda de ustedes: la mayoría de los gobernadores eran de ustedes. Veinte años de gobierno, 16 años gobernaron ustedes. Si ustedes no son responsables, ¿quién lo es?”.

“Hay que entender que los sindicatos no representan a todos los docentes, son un grupo, y un grupo bastante privilegiado -agregó-. Esta ley es fundamental para mejorar la educación argentina, es suficiente, claro que no”. Pero aseguró que “esta es una herramienta que también va a empoderar a los padres”.

En el marco de una nueva edición de “La Legislatura y la escuela”, estudiantes de la escuela N° 9 “José María Torres” impulsaron en el Parlamento porteño un proyecto de ley que busca crear la materia “educación financiera”, con intención de que los más jóvenes puedan adquirir hábitos y conceptos financieros saludables para su desarrollo económico futuro.

Según sostuvieron los alumnos, la incorporación de esta materia a la curricula escolar evitará “la formación de prácticas indebidas al manejar los recursos, así como desarrollar hábitos como ahorrar, gastar de manera responsable y evitar deudas”.

El proyecto también sostiene que “la educación financiera debería abarcar los siguientes ejes: administración del dinero, métodos de pago, servicios de billeteras digitales, realizar y recibir transferencias, ahorro y el cuidado sobre todo tipo de estafas”; además, deberá ser dictada por personal del establecimiento educativo y capacitados en el área de matemática y economía. “La frecuencia será una vez por semana para las escuelas de jornada simple y dos veces por semana en las escuelas de jornada completa”, sostiene el documento.

En los fundamentos de la iniciativa, los estudiantes explicaron que “es importante que los niños aprendan desde pequeños algunos conceptos y hábitos financieros para que puedan tomar decisiones económicas inteligentes en el futuro” y remarcaron que “el dinero es un recurso indispensable para la vida, pero si este no se gestiona correctamente también puede ser una fuente de problemas. Por eso, es fundamental que los niños aprendan desde pequeños algunos conceptos y hábitos financieros que les ayuden a tener una buena relación con el dinero para que puedan tomar decisiones económicas inteligentes en el futuro”.

“La educación financiera para niños y adolescentes busca inspirar a los sujetos en edad escolar a ser ciudadanos social y económicamente habilitados y capacitados, dotándolos de los saberes, aptitudes y habilidades necesarias para convertirse en agentes de cambio y transformación social. Por eso creemos necesario la creación de una materia que apunte: A la alfabetización financiera temprana refiriéndonos a la educación financiera desde los primeros años de vida escolar”, continuaron.

Al mismo tiempo que precisaron que “es en la etapa de la infancia cuando se comienza a cultivar la forma de pensar y las actitudes que determinan, en gran medida, como una persona se relaciona con su entorno y el dinero. Para plantar futuro en las nuevas generaciones. Comenzar a inculcar hábitos financieros saludables a temprana edad permite formar a niñas y niños con una actitud consciente sobre la planificación a largo plazo”.

“Desde las escuelas se puede contribuir al aprendizaje activo y practico, los estudiantes no solo desarrollarán habilidades esenciales como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, estudios de casos y análisis de situaciones reales. Dándoles una mayor independencia, siendo quienes en el futuro tomarán las riendas del país y tendrán a su cargo el cuidado y preservación de los recursos”, sentenciaron los estudiantes.

La senadora del PRO Aldana Ahumada, le salió al cruce del titular de la cartera educativa, Alberto Sileoni, que sostuvo “el Estado bonaerense no deserta” y “demuestra que está presente”.

“¿De qué Estado presente hablan Alberto Sileoni y Axel Kicillof?”, se preguntó la legisladora opositora y apuntó: “en la provincia 5 de cada 10 chicos no alcanzan los niveles de alfabetización ni comprensión de textos, el 57% presentan un ausentismo alarmante y el 60% de los chicos del conurbano están debajo de la línea de pobreza”.

El funcionario de Kicillof había destacado que en los últimos días “fueron incorporadas 112 escuelas al programa de Incremento de la Jornada Educativa”, y que “hay 2.700 estudiantes adultos en escuelas y centros educativos” de la provincia terminando sus estudios.

Sin embargo, la senadora Ahumada le reclamó al Director General de Cultura y Educación “un plan estratégico de Educación, que sea sostenible en el tiempo y mire al mediano y largo plazo”.

“Modernizar la educación es hablar de contenidos para que los chicos tengan las herramientas necesarias para su futuro adulto”, afirmó la legisladora de Merlo.

“Seguimos sosteniendo que la educación debe ser un servicio esencial. No se puede vivir en una provincia donde los gremios tienen como rehenes a los chicos perjudicando sus trayectos formativos. Los chicos en las aulas es innegociable”, remarcó la senadora opositora.

La senadora del PRO Aldana Ahumada que salió a reclamarle al Director General de Cultura y Educación bonaerense.

A principio de año la senadora Ahumada ingresó un nuevo proyecto de ley para declarar a la educación como “servicio esencial”, con el fin de promover el cumplimiento efectivo del ciclo lectivo.

“Hoy más que nunca debemos proteger y privilegiar la educación como nuestro activo más importante para garantizar las condiciones de igualdad y equidad que impidan el incremento de la pobreza”, consideró la dirigente del PRO, en los fundamentos de texto.

“Sería bueno que dejes de hacer campaña. Queremos que los chicos tengan 100% de clases garantizadas y contenidos orientados al futuro, eso sería un Estado presente. Ya van 5 años de tu gobierno y casi 40 de peronismo en la Provincia. ¿No es hora de ponerse a gestionar?”, concluyó Ahumada.

Resignarnos reducir las soluciones a la baja de la edad de imputabilidad no es más que una admisión de nuestro fracaso colectivo. No sólo demuestra nuestra incapacidad para enfrentar los problemas de raíz, sino que también significa renunciar a nuestro deber de ofrecer soluciones auténticas y duraderas. Por el contrario, la educación es la clave para transformar la sociedad y ofrecer alternativas reales a los jóvenes.

La elección de nuestros caminos comienza con las opciones que como sociedad planteamos. Si hoy en día existe un debate sobre la delincuencia juvenil, es porque hemos permitido que la delincuencia se presente como una alternativa viable para los jóvenes. No hemos logrado generar ecosistemas que entusiasmen con un futuro prometedor dentro de los canales de la legalidad. La solución fácil suele ser la solución excluyente, abandonando a un sector de la población. En vez de pensar en herramientas que fortalezcan los lazos sociales y el sentido de comunidad, pretendemos abandonarlos y darlos por perdidos confinándolos al encierro.

El problema de la delincuencia tiene que ver con la desintegración social y el debilitamiento de los lazos comunitarios. Cuando las redes de contención moral se quiebran, los individuos se sienten desconectados y excluidos. Si la sociedad no ofrece nada a cambio de pertenecer, ¿por qué querrían los jóvenes esforzarse por formar parte de ella?

Investigaciones recientes de UNICEF, dan cuenta que los jóvenes que no tienen acceso a una educación de calidad ni a oportunidades de empleo son más propensos a caer en la delincuencia. El informe también destaca que las políticas punitivas no han demostrado ser efectivas para reducir la criminalidad juvenil. De hecho, países con sistemas de justicia juvenil enfocados en la rehabilitación y la reintegración, como los Países Bajos y Suecia, tienen tasas significativamente más bajas de reincidencia.

Bajar la edad de imputabilidad envía un mensaje devastador en este sentido: estamos notificando a los excluidos que efectivamente serán abandonados a su suerte. En lugar de buscar su inclusión y ofrecerles oportunidades, les estamos diciendo que los consideramos casos perdidos. Esta medida no solo falla en abordar las raíces del problema, sino que también contribuye a agravar la sensación de exclusión y desesperanza entre los jóvenes.

Datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) muestran que los programas de prevención del crimen que abordan factores de riesgo como la pobreza, la falta de educación y la desintegración familiar son mucho más efectivos a largo plazo. Estos programas no solo reducen la delincuencia, sino que también mejoran la cohesión social y el bienestar general de las comunidades.

Pero parece que vamos en sentido contrario, bajando los recursos destinados a educación y la edad de imputabilidad. Esta doble medida no solo agrava el problema, sino que también envía un mensaje desalentador a nuestros jóvenes: que no creemos en su capacidad de cambio ni en la posibilidad de un futuro mejor para ellos. En lugar de invertir en su desarrollo y educación, optamos por un camino punitivo que solo perpetúa el ciclo de exclusión y marginalización.

La inversión económica en educación tiene un retorno neto cuantificable, según la UNESCO, cada dólar invertido en educación genera un retorno de 10 dólares en beneficios económicos, al reducir la criminalidad y aumentar la productividad laboral. La inversión en educación y formación profesional no solo previene la delincuencia, sino que también promueve el desarrollo económico y social sostenible.

Hoy, en vez de asegurar a nuestros jóvenes, los marcamos como potenciales delincuentes. ¿Cuál es el límite? ¿13 años? ¿10 años? ¿5 años? ¿Cuándo descubrimos que ya no tienen oportunidad de ser parte de la sociedad? En vez de pensar en cómo protegerlos de las adicciones al juego online, a las redes sociales, a la depresión, a la vulnerabilidad económica, etc., estamos pensando en qué hacer con los que no puedan salvarse solos. La delincuencia y otras anomalías es un síntoma de fallos sistémicos: la falta de oportunidades educativas, la precariedad laboral, la desintegración familiar y comunitaria, entre otros. En lugar de abordar estos problemas estructurales, bajar la edad de imputabilidad se presenta como una solución simplista y punitiva, que no resuelve nada en el largo plazo.

Necesitamos un enfoque integral que incluya educación, alternativas de empleo, apoyo familiar y comunitario, programas de prevención y rehabilitación. Debemos trabajar para construir un futuro donde los jóvenes vean oportunidades más allá de la delincuencia, donde encuentren motivación y apoyo para seguir un camino dentro de la legalidad.

Como sociedad, es nuestra responsabilidad ofrecer alternativas viables y atractivas para que los jóvenes puedan elegir caminos constructivos y legales. De lo contrario, seguiremos fallando y perpetuando un ciclo de exclusión y delincuencia. Solo así podremos aspirar a una sociedad más justa y segura para todos.

Hernán Martini es director del Observatorio de la Cámara Argentina para la Formación Profesional y la Capacitación Laboral, y vicepresidente de la OIEP.

El diputado nacional Héctor “Tito” Stefani (Pro – Tierra del Fuego) presentó un proyecto de ley para fomentar la educación en emprendedurismo. “Es fundamental empoderar a los alumnos para fortalecer sus competencias y su espíritu emprendedor”, aseguraron desde el bloque.

La iniciativa del fueguino fue publicada en perfil oficial de la bancada, donde explicaron que “debemos proporcionarles herramientas que no solo faciliten su futura inserción en el mercado laboral, sino que también promuevan su autonomía y capacidad de superación en la vida”.

Es fundamental empoderar a los alumnos para fortalecer sus competencias y su espíritu emprendedor. Debemos proporcionarles herramientas que no solo faciliten su futura inserción en el mercado laboral, sino que también promuevan su autonomía y capacidad de superación en la vida. pic.twitter.com/MVXOM6etXh

— PRO Diputados (@prodiputados) July 22, 2024

En la ilustración se plantearon 4 objetivos: Fomentar la cultura emprendedora y el espíritu emprendedor; empoderar a los alumnos para fortalecer sus competencias y promover sus capacidades de emprendimiento; procurar la formación del personal docente en materia de emprendedurismo; y favorecer el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes en materia emprendedora que repercutan favorablemente en la vida laboral y personal de los alumnos.

En la presentación, señalaron que “cada vez vemos más jóvenes que se lanzan al mercado con proyectos independientes”. “Este proyecto abre puertas, facilita la difusión y genera contactos que pueden potenciar los emprendimientos”, agregaron.

Por último, informaron que “si logramos que las instituciones educativas formen a los jóvenes en esa asignatura los preparará para los desafíos que tengan por delante”.

En el marco de la última sesión ordinaria antes del receso invernal, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró “personalidad destacada en el ámbito de la Educación” al ex senador y ex ministro de esa área, Esteban Bullrich, como un reconocimiento a su labor a lo largo de todos estos años.

En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores recordaron que “Bullrich es una figura emblemática en el ámbito educativo argentino, cuya dedicación y contribuciones han dejado una marca perdurable en el sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires y de toda Argentina. Desde sus primeros pasos en la política, demostró un compromiso inquebrantable con la mejora de la educación en nuestro país, siempre a través del diálogo y el consenso, reconociendo en ella un pilar fundamental para el desarrollo individual y colectivo de la sociedad”.

Al mismo tiempo que indicaron que “durante su gestión como ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires (2010-2015), implementó políticas innovadoras y estratégicas que tuvieron un impacto significativo en la calidad y accesibilidad de la educación en la ciudad. Su gestión se destacó por su cercanía con los y las estudiantes, generando un vínculo estrecho y honesto con ellos; estableció una dinámica de trabajo que no era habitual, conocer las demandas y necesidades de las y los estudiantes de su propia voz. Incorporó a su agenda de trabajo encuentros con los y las estudiantes directamente y con los centros de estudiantes, y era común encontrarlo en las aulas. Se interesó e involucró en construir un espacio sostenido en el tiempo con las y los estudiantes”.

Asimismo, los legisladores recordaron que “Esteban se encuentra enfrentando un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), que lo llevó a renunciar a sus responsabilidades públicas. La ELA, enfermedad neurodegenerativa para la cual no existe cura en la actualidad, le fue diagnosticada el 28 de abril de 2021” y precisaron que “a pesar de las noticias desalentadoras, él ha demostrado una notable determinación para seguir adelante, afirmando que su vocación de servicio permanece intacta. Sigue construyendo espacios de encuentro con representantes de las Ciencias, la Educación, la Cultura, entre otros, y además comparte su experiencia personal en medios de comunicación local, nacionales y del exterior con el convencimiento de seguir aportando para fortalecer el diálogo y el desarrollo de la sociedad”.

“A pesar de los desafíos y obstáculos enfrentados, Esteban siempre mantuvo firme su convicción de que la educación es el camino hacia un futuro más próspero y justo para todos los argentinos, trabajando incansablemente para hacer realidad este ideal. No hay dudas que su legado en el ámbito educativo trasciende fronteras y continúa inspirando a futuras generaciones de educadores y líderes políticos a seguir su ejemplo de dedicación, compromiso y pasión por la educación”, sentenciaron.

En su primera entrevista como ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger anunció este lunes que el Gobierno buscará avanzar por ley con una reforma en educación y una modernización de la Justicia, mediante proyectos que retomen capítulos que fueron quitados de la Ley de Bases original.

Al hablar sobre la aprobación de la norma, promulgada ya en el Boletín Oficial, el funcionario señaló que “a veces hay una lectura de que, si uno presenta algo y después pierde algo en el camino, uno es un débil o un fracaso, y eso es erróneo. Es el proceso de la democracia”. Y consideró que en este momento se vive “una democracia más vibrante que nunca”.

Sturzenegger dijo que el presidente Javier Milei tiene “ideas muy fuertes, muy transformadoras” y que el DNU 70/23 y la Ley Bases son “solo el 20% de las ideas que él tenía para llevar sobre la mesa; puso sobre la mesa un montón de debates y temas para discutir”. “No quiere decir que de ese 80% restante se vaya a hacer todo, o que haya consenso absoluto en el Gobierno sobre cada una de esas cosas, o que el Congreso las acepte”, aclaró.

El ministro indicó que ahora “empieza una segunda etapa de volver al Congreso y plantear nuevos temas”. “Hay muchas cosas para hacer y me parece que la Ley Bases es en algún sentido un hito, porque por un lado requiere retomar la agenda legislativa. La relación con el Congreso que no se puso en un impasse, pero estaba focalizada en la aprobación de la ley y ahora empieza una segunda etapa de volver al Congreso”, expresó.

En ese sentido, mencionó la ya anunciada “ley hojarascas”, que será el primer proyecto que se envíe. “Te encontras con cada cosa que no podes creer. Se acumularon una serie de leyes que realmente no son muy operativas”, apuntó sobre la iniciativa que buscará terminar con una serie de normas obsoletas.

Respecto de la reforma en educación, destacó que el proyecto original de la Ley de Bases tenía entre sus artículos “la obligación de tomar un examen al finalizar el secundario”, algo que defendió diciendo que en los países en los que se aplica esta evaluación integradora, “las pruebas PISA aumentan 10%”. También incluía el arancelamiento universitario para extranjeros no residentes, recordó en declaraciones a Radio Mitre.

Puntualmente, sobre el apartado de la Justicia, Sturzenegger consideró que había tenido buena recepción, pero quedó momentáneamente en el camino: “Lo más popular era el divorcio simplificado, porque para separarse hay que hacer un juicio de divorcio. Obviamente los abogados no querían”.

“Había además un proyecto que es el de juicio por jurados, que ya existe en varias provincias, pero lo pusimos en la Ley Bases y dijeron que no”, agregó.

Por otra parte, habló de una futura reforma de la Ley de Factura Electrónica; y afirmó que una ley penal cambiaria “será algo que se abordará después de que el ministro de Economía (Luis Caputo) pueda eliminar el cepo”.

En la reunión de Comisión de Educación convocada el último jueves, el presidente de la misma definió un temario que solo incluye los proyectos que definen a la educación como servicio esencial.

El tratamiento sobre los proyectos giró en torno a que es lo esencial respecto al derecho a la educación. La legislación vigente, consensuada y discutida ya lo responde. La Constitución Nacional, la Ley de Educación Nacional definen herramientas en torno a la responsabilidad que tiene el Estado como garante de la inclusión y la calidad educativa.

La educación es esencial porque garantiza el ascenso social, permite el desarrollo de las comunidades y garantiza el aprendizaje para todos y todas a través de la educación pública. Hace falta más educación inicial, mejores salarios, más formación docente, más becas estudiantiles, más infraestructura escolar, en definitiva más recursos y presencia del estado para que esas condiciones se cumplan.

En un contexto de desfinanciamiento de la educación, y de un presidente que declara que viene a destruir el Estado, y la escuela es el Estado, el oficialismo dictaminó desde una mirada restringida de esencialidad la cual sólo impide el derecho a huelga de los docentes.

En reuniones pasadas se dictaminó sobre FONID y financiamiento universitario, esos dictámenes y reuniones fueron resultado de un emplazamiento votado en el recinto y de la movilización de la comunidad educativa, ya que la voluntad del oficialismo era y es desfinanciar y debilitar el derecho a la educación.

Lo esencial es que el Estado Nacional cumpla con su responsabilidad de garantizar el Derecho a la Educación.

Ante la solicitud del bloque de Unión por la Patria y Frente de izquierda a la presidencia de la comisión, a cargo del diputado Alejandro Finocchiaro, que pudiera expresarse la secretaria General de CTERA, Sonia Alesso, quien se encontraba presente teniendo en cuenta  que los proyectos tratados atañen expresamente los derechos que la Central representa y que no hubo reunión informativa antes. La respuesta fue negativa, contrario a los acuerdos implícitos de la Cámara de Diputados de escuchar todas voces implicadas y que democratizan el tratamiento de proyectos.

El bloque Unión por la Patria presentó dictamen propio expresando el rechazo de los proyectos tratados por ir en contra de la Constitución Nacional y de la Ley de Educación Nacional N° 26.206  que definen el Derecho a la Educación.

En este contexto de feroz ajuste en el que la educación es una variable más de un excel y no un derecho, es importante reafirmar la organización de la comunidad educativa que día a día construyen las escuelas y darles espacios de visibilización y escucha.

La pregunta es inevitable: ¿Cómo pueden definir esencial aquello que quieren destruir?

La esencialidad, tal como lo plantea el dictamen del oficialismo, restringe la posibilidad de pedir por mejoras de la calidad educativa que necesita de mejores condiciones también laborales.

Blanca Inés Osuna es diputada Nacional por Entre Ríos (UP)

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados se reunió este jueves y dictaminó el proyecto de ley que declara “servicio estratégico esencial” a la educación. El texto lleva las firmas de La Libertad Avanza, el Pro, el radicalismo, la Coalición Cívica, Innovación Federal y Hacemos Coalición Federal -en disidencia parcial-.

El dictamen fue unificado entre ocho iniciativas impulsadas por el titular de la comisión, Alejandro Finocchiaro y Martín Maquieyra, del Pro; las diputadas radicales Carla Carrizo y Danya Tavela; Maximiliano Ferraro de la CC; y los exdiputados Gustavo Hein y Victoria Morales Gorleri.

En el comienzo de la reunión, desde Unión por la Patria acusaron al oficialismo de actuar de forma irregular y apuntaron contra la Secretaría Parlamentaria. Germán Martínez, jefe de bancada, señaló que “es insólito esto que está pasando”, en alusión a la rapidez con la que los dictámenes agilizaron los giros en otras comisiones para ser dictaminados.

En el mismo sentido, la diputada nacional Romina Del Plá, quien se despidió del Cuerpo ya que dejará su banca, denunció una maniobra “gravísima”, y apuntó que este tratamiento “tiene ánimos de venganza” por el avance del FONID. Además, planteó que “no se busca resolver problemas de fondo, sino prohibir la huelga docente”.

Hubo fuertes cruces entre los bloques Pro y Unión por la Patria. En medio de los gritos, chicanas e interrupciones de ambos lados, Finocchiaro amagó con levantar la reunión. Finalmente, el proyecto que declara servicio esencial estratégico a la educación quedó listo para ser tratado en una posterior sesión en el recinto de la Cámara de Diputados.

Fuerte debate en comisiones

El primero en exponer fue el radical Fabio Quetglas, quien defendió el proyecto impulsado por su bloque y cargó contra la actividad gremial docente: “El 90% de la pérdida de días de clases son motivadas por razones sindicales”. Asimismo, indicó que “la educación es lo único que puede garantizar la movilidad social transgeneracional”.

Luego de mencionar a los diputados heridos en los incidentes del miércoles en las afueras del Congreso durante el debate de la ley Bases en el Senado, Germán Martínez repasó los proyectos del temario y mencionó la fecha en que se presentó cada uno y los giros correspondientes de cada texto. “Están pasando cosas raras con los giros en Diputados, algunos innecesarios principalmente con los que somos opositores al Gobierno”, arrancó.

Citó, para ello, que el martes pasado se trató ludopatía y ciberapuestas -un mismo tema- en dos reuniones diferentes. “Creo que el presidente de la Cámara (Martín Menem) debería prestar atención a lo que está pasando con Secretaría Parlamentaria porque esto no puede pasar desapercibido y nosotros siempre hemos dado todos los debates”, sostuvo.

Del mismo modo, cuestionó que no se haya convocado a una reunión informativa con invitados sobre el tema. Fue allí cuando el clima se empezó a caldear tras recordar que “fui presidente de bloque oficialista y nunca avalé tratamientos así”.

No había terminado la exposición de Martínez que las diputadas del Pro, Silvia Lospennato y Sabrina Ajmechet, cargaron contra el jefe de bloque kirchnerista. En defensa del santafesino, la diputada Paula Penacca les contestó: “Fue su gobierno el que endeudó a la Argentina por 100 años”.

Impulsora de uno de los proyectos, la diputada radical Carla Carrizo aclaró que “no hay nada en contra del derecho a huelga porque queremos docentes bien pagos y chicos estudiantes”. “Este es un enfoque avalado por la Convención de los Derechos del Niño”, sumó.

Tras cruzarse en reiteradas oportunidades con UP, Lospennato señaló que “estamos reunidos acá para defender el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes y, si tenemos una mayoría que nos acompañe, estaremos dando una solución a millones de padres con un paso muy importante”.

También, autor de uno de los proyectos, Maximiliano Ferraro manifestó que “en la Argentina hoy tenemos un 57% de pobreza infantil, a su vez en los sectores más desfavorecidos las desigualdades económicas o las brechas se consagran aún más”. “Sabemos que en lengua solo alcanzan los resultados esperados 5 de cada 10 estudiantes y en matemática 4 de cada 10”, explicó.

“Hay brechas de este colapso en los tipos de gestión de la educación tanto gestión pública como privada.  En matemática en privada 7 estudiantes de cada 10 alcanzan los niveles satisfactorios, en pública 5 de cada 10, en privada 9 de cada 10 alcanzan los niveles satisfactorios en lengua y 6 de cada 10 en pública”, amplió.

A su vez, añadió que “la modificación que nosotros estamos planteando de la Ley de Educación Nacional no rompe en ningún sentido el criterio armonioso, y que siempre, en coincidencias o diferencias, tratamos de cuidar a la hora de dictaminar en acuerdo o en desacuerdo”.

A su turno, Hugo Yasky cargó contra la gestión del Gobierno Nacional y consideró que “es el mayor ajuste de la historia”. Por otro lado, se opuso al proyecto y aseveró que “le exigimos título universitario a los docentes y le pagamos como un trabajador de la categoría más baja de la construcción. Respetemos lo que es ser docente y alumno de la escuela pública”.

Por el lado del oficialismo, Santiago Santurio señaló que “se dijeron varias barbaridades”, y agregó que en los últimos 20 años “se aumentó un 35% la cantidad de empleados públicos en un Estado grande y deficitario que da servicios pésimos como la educación”.

Asimismo, cargó contra la oposición: “Nos vienen a dar clases de Constitución o reglamentos, pero yo les hablo de esta ley para cuando haya un gobierno kirchnerista no cierren las escuelas”, en relación a la cuarentena del 2020. “Me parece importante el dictamen que sale de la comisión, pero es una medida que no va a ser suficiente”, afirmó.

Brevemente, la diputada libertaria Mercedes Llano defendió el dictamen y explicó que “es para que la educación sea el eje del progreso después de años de declive”. Además, detalló que “en los últimos 35 años, se perdieron 2,3 años de escolaridad a raíz de los paros docentes”.

“Cada año resulta en deterioro de los estudiantes y menos días de clases afecta a los sectores más vulnerables”, subrayó. En el cierre, cargó contra el secretario gremial del SUTEBA: “Vamos a pasar de un modelo Baradel a un modelo ‘sarmientino’ para que la educación sea un modelo de ascenso social”.

Con el anuncio del dictamen firmado por 18 diputados del oficialismo y los bloques dialoguistas, Alejandro Finocchiaro despidió a Romina Del Plá, quien dejará su banca en los próximos días y será reemplazada por Mónica Schlotthauer.

En el debate de la Comisión de Educación que dio inicio al tratamiento de una serie de proyectos que busca declarar a la educación como servicio esencial, la diputada nacional Romina Del Plá (FIT) denunció que esta convocatoria es una maniobra “gravísima”, y aseveró: “Cualquiera de los que está acá, va tres dias a una escuela y no vuelve más”.

Del Plá, quien dejará su banca en la Cámara baja en los próximos días, llamó a este tratamiento como “ahorro de energía parlamentaria”. En esa línea, mencionó que hubo suspensiones de reunión de asesores e ironizó que los giros de los proyectos del temario “aparecieron de pronto”. “Estoy muy enojada con lo que está pasando acá”, enfatizó.

Para la diputada del FIT, quienes impulsaron los proyectos en cuestión “no están preocupados por los temas de fondo, sino que están preocupados porque los docentes no hagan huelga”. Asimismo, señaló que esta maniobra tiene “ánimos de venganza” por el avance del Fonid en la última reunión de la Comisión de Educación.

Del Plá relató vivencias trascurridas en el ámbito docente y cuestionó: “¿Dónde están los proyectos para sancionar a los funcionarios para que no se chorreen los techos, no se desborden los pozos y los docentes no estén dando clases y los pibes estén en el recreo en el medio de la mierda?”. “¿Dónde están esos proyectos? Les importa un carajo la educación, sino estarían preocupados por los fondos para que los pibes no estén acinados”, aseveró.

“Son las familias las que padecen las políticas de los gobiernos, pero si les preocupaba la educación se hubieran preocupado porque no se recorte el presupuesto de las universidades o sancionar a los funcionarios que no garantizan los fondos”, criticó Del Plá a los impulsores de los textos por tratar.

En contraposición a lo que plantean los proyectos respecto a los días de clases que se pierden por medidas gremiales, Del Plá explicó: “Veamos la cantidad de dias que se pierden por la violencia. El problema no tiene que ver con la conflictividad docente”.

Del mismo modo, mencionó una serie de fallos de la justicia en el pasado y defendió que “es anticonstitucional prohibir el derecho a huelga”. Finalmente, afirmó que “esta maniobra no va a atar de manos a los docentes”, y remarcó que “esto es antirreglamentario”.

Luego de la intervención de la diputada nacional Silvia Lospennato (Pro), Del Plá le contestó que “conozco perfectamente el reglamento”, y concluyó: “Denuncié una maniobra que me parece gravísima y la estoy desnudando”.

Con la intención de garantizar el buen desempeño académico de los alumnos, la legisladora de la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) Manuela Thourte impulsó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley que buscará crear el “Programa de Tutorías Académicas (TA)” para todas las escuelas primarias de gestión estatal.

Dicho programa buscará fortalecer los aprendizajes de los alumnos en “áreas curriculares prioritarias” como complemento a la labor docente, para garantizar la continuidad de las trayectorias escolares con niveles de desempeño esperados según cada ciclo académico.

De acuerdo al articulado del proyecto, a cada estudiante o grupo de cuatro alumnos como máximo, se les asignará un tutor que los acompañará durante el proceso de aprendizaje; además, las tutorías abarcarán “el desarrollo socioemocional y la atención a las necesidades individuales” de cada niño. .

En la primera etapa, se priorizarán objetivos contemplados en los diseños curriculares de la educación primaria para los aprendizajes considerados fundantes, es decir, el área de matemática y prácticas del lenguaje. “El objetivo de esta primera etapa consiste en garantizar alfabetización inicial y aprendizajes fundantes para alumnos que hayan finalizado el primer ciclo, con el fin de asegurar continuidad de trayectorias escolares”, sostiene el documento.

Posteriormente, el Ministerio de Educación podrá expandir los objetivos a otros espacios curriculares considerados prioritarios en función de la evaluación realizada sobre la efectividad de la implementación del programa y la disponibilidad de tutores.

Los alumnos que participarán de este programa serán seleccionados en función de varios criterios: tener un logro académico por debajo del nivel básico alcanzado en las evaluaciones jurisdiccionales o nacionales; promoción acompañada en el ciclo lectivo anterior; o estar dentro del índice de vulnerabilidad educativa.

El texto también sostiene que las tutorías deberán realizarse antes o después del horario escolar en escuelas con jornada extendida y durante el horario escolar en escuelas de jornada completa, de acuerdo a cada establecimiento educativo. Serán encuentros de dos o tres veces por semana y durarán, al menos, 30 minutos cada una.

La iniciativa también lleva las firmas de los diputados Jessica Barreto (PS), Lucio Lapeña, Francisco Loupias, María Inés Parry (UCR-Ev),  María Sol Méndez y Graciela Ocaña (CP).

En las últimas horas se conoció que el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, anunció que a partir del próximo año ya no se repetirá el año completo en la secundaria, sino que solamente se volverán a cursar las materias desaprobadas.

Desde el Congreso, varios diputados nacionales de diferentes bloques cuestionaron la medida y responsabilizaron al gobernador bonaerense Axel Kicillof de “tener una gestión educativa pobre”.

En primer lugar, la diputada radical Danya Tavela –quien supo ser secretaria de Políticas Universitarias de la Nación en 20127 y 2018- expresó que “a gestión educativa de Axel Kicillof ha sido pobre y sus políticas acrecentaron la difícil situación académica que provocó la pandemia”.

Sin embargo, advirtió que “eliminar la repitencia no es un problema en sí mismo. La metodología y la forma en que se implemente el nuevo sistema serán fundamentales para el desarrollo educativo. Y, no menos importante, la capacitación y formación de los docentes para una adecuada implementación”.

“Los cambios tienen que estar acompañados por previsibilidad para que el objetivo final, que es que los jóvenes aprendan (y hoy se está dando con graves deficiencias), sea una realidad”, cargó.

Asimismo, el diputado nacional Diego Santilli (Pro) criticó al mandatario provincial: “Kicillof, como ministro, eliminó el índice de pobreza para esconder a los pobres”, y agregó que “como gobernador, elimina la repitencia para esconder el fracaso educativo en el que sólo 13 de cada 100 chicos terminan la escuela a tiempo”.

También, el diputado macrista Alejandro Finocchiaro (Pro), quien supo ser ministro de Educación de la Nación del 2017 al 2019, afirmó que “eliminar la repitencia es una decisión política de Kicillof y apunta a acentuar la decadencia en sistema educativo argentino”.

En la última reunión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, en plenario con Presupuesto y Hacienda, avanzaron cinco dictámenes respecto de la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que el Gobierno nacional decidió dejar de pagar desde el comienzo de este año.

La oposición no cerró un consenso en torno al tema, mientras que el oficialismo -con sus aliados- rechazó que vuelva a tener vigencia, bajo el argumento del “equilibrio fiscal”, premisa del presidente Javier Milei, quien ya anticipó que le va a importar “tres carajos” vetar leyes que a su consideración atenten contra ese objetivo.

A partir de los distintos proyectos que culminaron en esos dictámenes, la Oficina de Presupuesto del Congreso realizó un informe sobre cuál sería el costo fiscal que tendría la vuelta del FONID únicamente para 2024.

Del estudio elaborado por el organismo de asistencia técnica a los legisladores se desprende que se trataría de un gasto equivalente al 0,21% del PIB, que representa $1.294.770 millones. “Si se realiza el supuesto de no considerar la inflación del último trimestre de 2023 y se aplica la inflación mensual de 2024, el gasto se estima en 0,16% del PIB”, agrega.

Esto tiene en cuenta que las iniciativas, que establecen la prórroga por diferentes plazos para el FONID, hablan de abonar de forma retroactiva los meses pasados y luego continuar con el devengamiento mensual.

La OPC recordó que el FONID fue creado para el “mejoramiento” de las remuneraciones docentes, como un complemento remunerativo y no bonificable, y fue complementado por el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, aún vigente, ambos cubiertos con partidas previstas en el Presupuesto Nacional, pero durante este año no se realizaron pagos por estos conceptos.

“En 2023 los gastos asociados al programa presupuestario Fondo Nacional de Incentivo Docente tuvieron una participación de 0,18% del PIB. En el último trimestre del año pasado los docentes percibieron un monto promedio mensual de $25.000 por este concepto, entre 5,9% y 12,3% del salario bruto de un maestro de primario con diez años de antigüedad”, detalla el informe.

En caso que se restituyera el FONID, según las proyecciones para este año, los importes individuales oscilarían entre $43.994, en enero, y $ 90.786, en diciembre. “Si se extendiera el beneficio a los jubilados, el costo fiscal adicional sería equivalente a 0,01% del PIB cada 100.000 docentes”, sumó el organismo.

La Ley 25.053, promulgada el 10 de diciembre de 1998, estableció la creación del FONID, que tenía como objetivo principal el mejoramiento de la retribución de los docentes de todo el país, tanto de gestión estatal como privada subvencionada.

El FONID fue creado inicialmente por el término de cinco años, aunque fue prorrogado sucesivamente por distintas leyes y decretos de necesidad y urgencia. La última prorroga se realizó mediante el DNU 88/2022 por el termino de dos años a partir del 1ro. de enero.

La OPC indicó que en 2023 los gastos asociados al FONID “tuvieron una participación de 0,18% del PIB”. Durante 2024, al 24 de mayo se devengaron $47.456 millones, de los cuales se pagaron $3.683 millones a las provincias de Santiago del Estero ($1.525 millones), Misiones ($1.476 millones), La Rioja ($397 millones), Catamarca ($227 millones), Corrientes ($47 millones) y Chubut ($12 millones), montos correspondientes a pagos adeudados del año 2023. “Esto implica que, en términos prácticos, durante 2024 no se realizaron pagos ni por FONID ni por el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente”, aclaró la OPC.

En lo que respecta a los beneficiarios del FONID, según los registros obrantes en la Secretaría de Educación, en el último trimestre de 2023 una media mensual de 1.147.852 docentes (1.558.341 cargos contemplados) recibieron estos fondos pertenecientes a los cuatro niveles educativos: inicial, primario, secundario y superior, cuyo monto promedio mensual por persona en concepto de FONID fue de $25.000.

Gran expectativa había este martes en torno a la realización o no de la sesión especial pedida el viernes pasado para tratar los proyectos de ley sobre actualización presupuestaria en universidades y la declaración de la emergencia educativa, los cuales llegan al recinto sin despacho de comisión.

Es que hasta último momento hubo dudas en torno a la misma, dado que el anuncio hecho antes del mediodía por el vocero presidencial, Manuel Adorni, parecía solucionar la situación.

En efecto, en busca de abortar esa sesión, el Gobierno había anunciado este martes que llegó a un acuerdo con todas las universidades nacionales, que consiste en la concesión de un aumento del 270% para todas las universidades, como sucedió con la UBA. El mismo alcanza los gastos de funcionamiento de esas casas de altos estudios, no así los salarios.

El problema es que recién el lunes se formalizaría dicho acuerdo, contra la intención de los radicales de conocer la resolución antes de decidir si bajar o no la sesión. “Ya ocurrió el viernes que el Gobierno comunicó una decisión que no se materializó. Eso es lo que genera dudas”, apuntó una fuente del radicalismo consultada por periodistas parlamentarios este martes por la mañana.

Finalmente, el radicalismo dejó de lado las dudas respecto de ir a la sesión que ellos mismos habían convocado y decidieron bajar. A las 14.22 se alcanzó el quórum, con la presencia holgada de 138 diputados.

A los diputados de la UCR, que estuvieron reunidos hasta el último minuto en las oficinas de Rodrigo De Loredo, se sumaron -como habían adelantado- los miembros de Unión por la Patria. Además, por la Coalición Cívica bajaron cinco de seis integrantes: Juan Manuel López, Paula Oliveto, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Marcela Campagnoli. 

También dieron el presente los cinco legisladores del Frente de Izquierda Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Plá, Alejandro Vilca y Christian Castillo. 

Por Hacemos Coalición Federal, sólo cuatro diputados estuvieron para el quórum -los demás, como Miguel Pichetto, bajaron luego- y fueron: los cordobeses Ignacio García Aresca y Oscar Agost Carreño; y los socialistas santafesinos Mónica Fein y Esteban Paulón. 

Además, se sentaron en sus bancas para aportar al número Agustín Domingo (Innovación Federal), Osvaldo Llancafilo (Movimiento Popular Neuquino) y Sergio Acevedo (Por Santa Cruz). 

En el marco del reclamo por las partidas presupuestarias para las universidades nacionales, la senadora nacional Beatriz Ávila (PJS – Tucumán) calificó de “injustificable la discriminación” presupuestaria para las universidades del interior del país, en relación a los aportes actualizados para la UBA.

“La decisión sólo puede entenderse en la mirada de quienes creen que el país se termina en la General Paz. Hay 60 universidades argentinas que forman, investigan y trabajan en sus territorios. Estos centros de conocimiento también están en emergencia”, planteó.

Ávila pidió al Gobierno que atienda la demanda de los rectores que integran el Consejo Interuniversitario Nacional y explicó: “La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) es la sexta con más alumnos del país, pero en términos porcentuales de reparto de fondos ha perdido en relación con el resto del sistema universitario. Es preocupante en un contexto donde la inflación baja, pero sigue siendo alta”.

La parlamentaria tucumana sostuvo que los argentinos valoran sus universidades públicas: “Los recortes no pueden afectar a lo que funciona bien y, además, deben ser equitativos y razonables. No se puede privilegiar a una sola universidad y abandonar al resto”.

El bloque de senadores nacionales de la UCR emitió un comunicado este viernes reafirmando su compromiso con las universidades nacionales y el federalismo y le hicieron un particular pedido al Gobierno nacional.

A través de un comunicado, expresaron: “La educación pública y el federalismo son luchas históricas e irrenunciables de nuestro partido y, coherente con ellas”, y pidieron al Gobierno nacional “garantizar el funcionamiento del sistema universitario de manera integral”.

“Reafirmamos ese compromiso explícito y férreo en apoyo a las universidades públicas. El entendimiento alcanzado con la administración nacional, en la figura del ministro del Interior Guillermo Francos, comprende a la totalidad de las universidades nacionales. Cualquier otra interpretación es lisa y llanamente falsa”, manifestaron.

Y cerraron: “Esa, y únicamente esa, es la posición asumida por el bloque de senadores de la Unión Cívica Radical. Siempre junto a la educación pública y de calidad. En todo el país”.

En materia de educación, el jefe de Gabinete Nicolás Posse destacó la implementación de vouchers educativos para familias del sistema medio. “Se anotaron 800 mil familias”, dijo, lo cual generó una cobertura para alrededor de un millón de chicos.

Al respecto destacó que “estaban disponibles 2 millones de vouchers para este esquema. No se solicitaron. Dentro de la mala noticia, es una buena noticia”.

“Todos están haciendo un enorme esfuerzo para acompañar este proceso de ordenamiento de la economía con una gran esperanza. Trabajamos todos los días para merecerla”, aseguró.

A la hora de las preguntas, el tema de los vouchers estuvo presente. Ante una consulta del jefe del bloque de la UCR, Eduardo Vischi, Posse respondio: “Los vouchers se adjudicaron a las 24 jurisdicciones del país, de hecho la Ciudad de Buenos Aires tiene un sistema de apoyo alternativo, con lo cual en la Ciudad la demanda fue más baja”.

Y explicó que “está orientado a colegios privados de baja cuota” y pensado para “familias de hijos hasta 18 años, en todo el territorio nacional, que asisten a instituciones públicas de gestión privada, tanto en niveles inicial, primario y secundario con al menos un 75% de aporte estatal”.

Por otro lado, Posse afirmó que para el Gobierno “la educación es una prioridad” y por ello están “estudiando la propuesta de incluirla en el Pacto de Mayo”, tal cual se propuso desde el radicalismo. Además, anticipó que “se está trabajando en un Plan Nacional de Alfabetización con las provincias”.

El jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás Posse, fue consultado en la sesión informativa del Senado de este miércoles por la situación del Fondo Nacional de Incentivo Docente y aseguró que “al quedar sin efecto la norma que lo creó, se está estudiando la mejor manera de asignar los recursos”.

Fue la rionegrina Mónica Silva (JSRN) quien manifestó: “Una política pública orientada a cubrir una situación de injusticia histórica era la de considerar el FONID que en 1998 se aseguró como un fondo que se remitía de Nación a provincias para completar los salarios docentes, teniendo en cuenta que la Nación tenía un pecado original que era que había trasladado el dominio de las escuelas primarias y secundarias de la administración nacional a las administraciones provinciales y esa situación ameritaba cierto compromiso con fondos de nivel nacional a las provincias”.

“El incentivo docente era un aporte de compromiso nacional y para reconocer que el traslado de las escuelas fue traumático”, planteó y sumó: “Se impuso como política pública a finales de los 90’ luego de una protesta de 1.003 días de todos los docentes, una carpa blanca en el Congreso obligó a repensar esta posibilidad de que Nación hiciera un aporte a salarios docentes”.

Al respecto, le preguntó: “¿Por qué consideraron sacar el FONID del Presupuesto para llegar al déficit cero?”, y recordó que el Presupuesto fue aprobado por ley y consultó en qué reasignaron esas partidas.

Posse respondió que “el Ministerio de Capital Humano indica que el FONID fue creado en 1998 por un plazo de cinco años, por ende, ese plazo ha caducado. La transferencia de las funciones educativas a las provincias se hizo en la Constitución del 94’ hace ya 30 años por lo cual entendemos que las provincias deben hacerse cargo de estos temas. Al quedar sin efecto la norma establecida del FONID se está estudiando la mejor manera de asignar estos recursos y los salarios quedan a cargo de cada jurisdicción”.

La Comisión de Educación de Diputados, presidida por el bonaerense Alejandro Finocchiaro (Pro), se reunió este jueves para comenzar a darle tratamiento a distintos proyectos relacionados con la emergencia en el financiamiento universitario.

El encuentro, que se llevó a cabo en la Sala 4 del Anexo, fue convocado a raíz de la masiva marcha en defensa de la educación pública y el funcionamiento de las universidades nacionales y luego que un grupo de diputados de la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal pidieran “con carácter urgente” analizar el tema.

A la hora de fijar una hoja de ruta, Maximiliano Ferraro en nombre del bloque HCF propuso realizar dos reuniones de carácter informativas -la primera de ellas con la presencia del subsecretario de políticas universitarias y la segunda con decanos, docentes, etc.- y una tercera reunión entre diputados para consensuar y dictaminar. Además, le solicitó al libertario Santiago Santurio que “intervenga” y le solicite al titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, un plenario.

Por su parte, por el Frente de Izquierda Romina Del Pla pidió “darle urgencia y no dilatar” el tema y planteó realizar un solo encuentro informativo y dictaminar, a fin de “tratar FONID la misma semana”.

En tanto el bloque Unión por la Patria planteó que es “necesario un cronograma porque la Confederación de trabajadores de la educación solicitaron tenerlos en cuenta para tratar el incentivo docente”, por lo que propusieron llevar a cabo dos reuniones y la última dictaminar, posiblemente el 16 de mayo.

Finocchiaro recogió las sugerencias y expresó: “Es urgente resolver lo del financiamiento universitario, pero también se proponen fórmulas para asignación de ese presupuesto. Pero no vaya a ser cosa que por apurarnos y votar algo rápido terminemos arrepintiéndonos como pasó con la Ley de alquileres”.

Así, comunicó: “Vamos a hacer una informativa el 7 de mayo, otra el 14 de mayo y ahí vemos si pasamos a una de diputados y si estamos para dictaminar. Veamos si para el 16 podemos dictaminar”, y agregó: “Sobre FONID estoy armando el temario para la próxima reunión de asesores”.

Antes de pasar a considerar el temario, la comisión se abocó a completar las autoridades que integran la misma. Para la primera secretaría fue designada la correntina Nancy Sand (UP), la segunda secretaría fue para Romina del Plá (PO/FIT-U). Para la tercera secretaría iba a ser postulada la libertaria cordobesa María Celeste Ponce, pero renunció a la integración de la comisión, por lo que el cargo sigue vacante.

Luego de que por secretaría se le diera lectura a los proyectos que se pondrán en consideración, Finocchiaro aclaró que hay dos expedientes -uno de Del Plá y otro de Mónica Litza (UP)- relacionados con el tema que “no se encuentran ene el temario debido a que no tienen giro a Educación, sino a otras comisiones y no se pueden tratar hasta que esas comisiones le den tratamiento”.

Desde el Frente de Izquierda, la diputada nacional Myriam Bregman inició su intervención al afirmar que “no podemos tratar estos expedientes como si no pasara nada”, y remarcó que desde su bloque “somos los más interesados en tratar esto”.

Recordó, además, la sesión llevada a cabo esta semana: “El martes cambió algo con la aprobación de la ley Bases y la reforma fiscal. Se decidió que el ajuste recaiga sobre los jubilados y los trabajadores”. “No queremos que el presupuesto educativo sea a costas de dejar a los pibes sin trabajo y o con trabajo, pero sin derechos”, señaló.

“Venimos de una movilización histórica (en referencia a la marcha universitaria del 23 de abril) porque la universidad no es una isla y en la Argentina desde 1918 se ha demostrado que la universidad es una gran caja de resonancia de lo que pasa”, enfatizó Bregman.

A continuación, el diputado Maximiliano Ferraro (CC-ARI) celebró la convocatoria y apuntó contra el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert: “Ojalá corriéramos con la misma suerte con respecto al presidente de la Comisión de Presupuesto, que sigue con su práctica demostrando ser que es el presidente de una comisión de un bloque parlamentario y no de todos los diputados de la nación que integramos la Cámara”.

Luego reivindicó la “magnífica marcha federal universitaria que se dio a lo largo y ancho del país. Fue una de las más importantes y significativas en estos años de democracia”.

Ferraro destacó el informe realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia que coinciden con los datos que brindó la Oficina de Presupuesto del Congreso y al respecto señaló: “La decisión del Ejecutivo de prorrogar el Presupuesto 2023 coloca al sistema de educación superior frente a una situación económica más que crítica y eso lo podemos ver con datos del primer cuatrimestre donde ya en este período vemos que el devengado que tienen la mayoría de las universidades está entre el 95 y el 123%”.

“Lo que nos quieren transmitir desde el Ministerio de Capital Humano, el propio subsecretario de políticas universitarias, está claro que se evidencia esta crisis económica que está viviendo el nivel superior en cada universidad”, cuestionó y agregó: “Estos datos estamos evidenciando que estamos en los niveles más bajos en relación a lo que fue el año 1997. Si para 2024 tomamos el Presupuesto asignado al Programa de Desarrollo de Educación Superior estamos en un 72% más bajo comparado con respecto al año anterior”.

El diputado de la CC-ARI planteó: “Si observamos que la ejecución del primer trimestre refleja una clara reducción del 34% con respecto al año anterior y la caída interanual de las partidas presupuestarias para el sistema de educación superior fue más pronunciada con respecto a lo que se ha dado en otros rubros vinculados al gasto público nacional”.

“Nosotros en esa comisión nos tenemos que dar una clara y precisa hoja de ruta en cómo vamos a trabajar cada expediente”, manifestó y destacó el proyecto de la diputada Danya Tavela que “trata de poder enfrentar la situación del contexto de urgencia actual pero una discusión más de fondo la política de educación superior. También es relevante para poder resolver los alarmantes datos el proyecto de la diputada Pamela Calletti y en el proyecto del diputado Pablo Carro y Hagman hay una buena resolución de cómo agarrar el índice de precios al consumidor con respecto a los gastos de funcionamiento”.

Al finalizar su exposición el diputado Ferraro señaló que esta situación que vive el sistema universitario público es consecuencia del acuerdo entre Sergio Massa y Javier Milei para no aprobar por ley el presupuesto 2024 y así poder prorrogar el de 2023 y licuar con la inflación esos recursos asignados. “Está la crisis y la situación en lo que tenemos devengados en el primer cuatrimestre y esto requiere urgentemente una ampliación presupuestaria para lo que es inciso 1 gasto de personal docente y no docente y gasto de funcionamiento”, cerró.

Así, propuso que en la próxima reunión se invite al subsecretario de políticas universitarias Alejandro Álvarez para que “venga a rendir cuentas y explique cuál es la política de financiamiento”. “Tenemos que volver a invitar a los rectores, la federación universitaria, gremios docentes. Hay que realizar tres o cuatro jornadas de trabajo para atender la urgencia”, propuso.

La vicepresidenta de la comisión Blanca Osuna (UP – Entre Ríos) apuntó contra la gestión presidencial de Javier Milei: “El origen de la desfinanciación de la universidad pública argentina tiene que ver con un modelo de país que apunta al enriquecimiento de un sector vinculado a las finanzas y a la especulación y un empobrecimiento de lo público y los trabajadores”.

De este modo, elaboró un pedido especial respecto al tratamiento para restablecer el Fondo de Incentivo Docente (Fonid): “Junto al Fondo de Compensación Salarial son productos de la lucha docente”.

“Estamos pidiendo que haya agilidad en el tratamiento de este tema (presupuesto universitario) para resolver cuanto antes con un dictamen”, sostuvo, y añadió: “Insistimos que resuelto este tema se incorporen los proyectos del Fonid”.

Su compañero de bancada, Daniel Arroyo coincidió en que “es clave tratar el financiamiento de las universidades públicas” porque “el Gobierno está trabajando con el presupuesto 2023 prorrogado. Un presupuesto que se presentó en 2022 y se suponía que iba a haber un 60% de inflación, hubo 211%”.

“Es imposible que una universidad pública funcione de esa manera. El presupuesto para las universidades se ha terminado porque hay un desfasaje entre lo asignado y la inflación”, alertó el bonaerense y sumó: “Hace falta un cambio estructural profundo en la educación en general, pero no va a ser posible en la práctica ir cada 15 días a discutir al Ministerio de Economía para ver cuánto les transfiere a las universidades, no es posible que funcione de esta manera el sistema”.

Arroyo afirmó que “ya hubo un recorte del 70% y las universidades ya no tienen planta. Tenemos en serio dictaminar rápidamente porque no hay mucho por debatir porque es evidente que están faltando recursos, que todo está desfasado y que un sistema no tiene forma de ir consiguiendo presupuesto”.

“Tenemos que acelerar, tenemos que dictaminar cuanto antes. Suena razonable tomar el IPC, pero no podemos estar de reunión en reunión debatiendo porque las universidades necesitan tener claridad. Va lo mismo con el FONID, y con las provincias. Todo es grave”, insistió. En el mismo sentido se pronunció Hugo Yasky de “dictaminar ya” porque “estamos frente a una situación de colapso”.

La quinta expositora fue la diputada nacional Romina Del Plá (FIT-U) quien pidió en lo posible de culminar la reunión con un dictamen y se refirió al Fonid: “Esa reducción impacta en salarios que ya son magros e impacta en la calidad educativa”.

A su turno, el neuquino Osvaldo Llancafilo (MPN) indicó que en su provincia el 85% de la educación es pública con lo cual “es de suma importancia este debate y lo que pasa en la Universidad del Comahue”, y lamentó: “Un presupuesto prorrogado lastima y hiere a la educación pública”.

Así, alarmó que “el retraso en función del proceso inflacionario hace que nuestra universidad tenga ejecutado prácticamente el presupuesto que tiene estimado para este año y va a tener un serio problema a partir del mes que viene si es que no le damos celeridad al tratamiento de actualización del presupuesto universitario y una cláusula gatillo que rápidamente produzca una actualización del mismo que genere no tener a volver el problema que tenemos”.

“Es un error del presidente no reconocer esta situación”, cuestionó y también apuntó contra la gestión anterior que “congeló el envío de recursos actualizados a las universidades. Tenemos cuantificados 120 mil millones de pesos tenemos de déficit en infraestructura escolar. Un país sin educación no tiene futuro, pero tiene que ser una educación de calidad que garantice los días de clases”.

El diputado nacional Christian Castillo (FIT-U), en sintonía con lo planteado desde su bloque, reafirmó que “es imperioso dictaminar cuanto antes”. Asimismo, manifestó que “la macha con 1.200.000 de personas puso en evidencia que no se puede seguir postergando el tratamiento del presupuesto universitario”.

Del mismo modo, recordó a la sesión fallida del miércoles 24 de abril que pretendía tratar estos proyectos y apuntó contra el presidente de bancada radical: “Muchos de los que fueron a la marcha universitaria no vinieron a sesionar. (Rodrigo) de Loredo vení y dá quórum”.

Por otro lado, se refirió a la cuestión de los salarios docentes y amplió que “la salida tiene que ser integral de la actualización salarial”. “hablan de auditoría y van a darse que falta plata, no que sobra, por eso instó a que se dictamine”, concluyó Castillo.

La diputada radical Danya Tavela fue al principio de la cuestión y recordó el acuerdo entre Sergio Massa y Milei en 2023: “Tenemos que tener en cuenta que el problema comienza por un acuerdo preelectoral entre los candidatos sobre no discutir el Presupuesto 2024”.

Asimismo, consideró que “las 60 universidades no pueden estar yendo cada mes a resolver la financiación porque la expresión de la marcha fue ‘encuentren la solución’”. Se diferenció, por otro lado, de la oposición más dura y afirmó que “instó que nos demos el espacio de diálogo y escucha sin salir corriendo”.

En su intervención, el socialista Esteban Paulon (Santa Fe) preguntó: “¿Cuál es la política educativa que pretende el gobierno?”. “Este presupuesto 2023 es parte de otra de las políticas de Estado que es la subestimación de la inflación”, cuestionó.

El santafecino se refirió a las condiciones en las que se atraviesa el proceso de educación obligatoria que “son centrales, por lo tanto, cuando discutimos presupuesto universitario, salarios, partidas para investigación, tenemos que poder garantizar un tránsito razonable y con recursos correspondientes en todos los tramos”.

“En estos cuatro meses este Gobierno ha sub ejecutado muchas partidas. Aprovechó la licuadora y motosierra”, apuntó y comparó: “Los ATN crecieron un 177% ahí la licuadora anduvo en velocidad uno, pero con la educación y en términos nominales las transferencias a las provincias en concepto de educación cayeron el 80%”.

Paulon alertó que “las Becas Progresar, váuchers educativos y el subsidio para educación privada no aparecen por ningún lado, no se otorgan y esto impacta en tramos de la educación”. “Hay dos programas nada más del Gobierno nacional en educación que han logrado superar el 10% de ejecución el de Hora Extra. Algunos se interrumpieron completamente como el de comedores escolares, el de cooperadoras, políticas edilicias”, precisó y cerró: “Vemos un desfinanciamiento parejito en la educación obligatoria que no puede tener otra contraparte que el consecuente desfinanciamiento universitaria”.

“Tenemos la responsabilidad de recuperar la potestad presupuestaria del Congreso y modificar y corregir este aspecto de la política pública que intenta impulsar por vía de la ausencia con un presupuesto Javier Milei”, y ratificó el pedido por incorporar al temario el FONID y solicitó que el plan de trabajo y debate sea “preciso”, al tiempo que solicitó que la Comisión de Presupuesto se acople a una reunión conjunta para “dar una respuesta urgente y evitar el inminente cierre de las universidades”.

La jefa de bancada de Innovación Federal, Pamela Calletti, relató que se reunió con autoridades de la Universidad de Salta y aseveró que en marzo “tuvieron presupuesto por 90 millones y la factura de luz fue de 58”. “Las universidades están sin aire porque la situación es crítica”, remarcó.

Del mismo modo, sostuvo que “Salta ha reclamado ante la Corte Suprema la reemisión del FONID. Entendemos que es importante”, y coincidió con lo propuesto por Tavela en relación a estos debates: “Que no sean más de dos reuniones informativas”.

En primera instancia, el jefe de bancada de UP, Germán Martínez, recordó que el tratamiento del Presupuesto 2024 no fue “un pacto político”, sino que explicó que se definiría a partir del resultado del balotaje entre Massa y el actual presidente. “No se hizo lo del 2015 que se aprobó un presupuesto y luego hubo otro presidente”, remarcó.

Asimismo, planteó: “La última renovación del FONID la hizo Alberto Fernández a través de un DNU porque no le habían aprobado el Presupuesto, Milei podría haber hecho lo mismo, pero no lo hizo”.

Con relación a este debate, el santafesino sostuvo que “todos estamos de acuerdo que se requiere previsibilidad en el presupuesto universitario”, pero enfatizó que “lo que hay que hacer es poner fecha de las cosas que nos permita tener un horizonte de sesión”.

En esa línea, planteó que “el jueves 16 tendríamos que estar dictaminando”, y sugirió que “la clave es que la ampliación de este presupuesto la discuta el Congreso”. En el cierre, cargó contra el titular de Presupuesto y Hacienda: “Que (José Luis) Espert no pedaleé estos temas porque son muy sensibles”.

Por el lado radical, también habló el mendocino Julio Cobos que, sin ser miembro de la comisión, presentó un proyecto sobre la restitución de FONID, destacó el consenso entre los diputados del cual “puede constituir un punto de inflexión en la relación que tenemos que tener todos para resolver los temas”.

“En los sucesivos gobiernos siempre ha sido la manera de construir los presupuestos subestimando partidas para, luego, otorgar con cierta discrecionalidad el incremento de la partida que puede poner el jefe de Gabinete, pero no contar con un presupuesto claro agrava aún más estos problemas. Se merece un gran debate esto”, expresó y pidió fijar una fecha razonable para convocar invitados.

Del lado del oficialismo, fue Santiago Santurio (Buenos Aires) quien habló y señaló que “el problema (del financiamiento educativo) es por la inflación descontrolada que tenemos en la Argentina, sobre todo en el 2023 y que recién ahora muestra signos de que esto está cambiando”.

También indicó que “las políticas tienen que tener verdadero impacto porque venimos con una crisis educativa muy grande donde decrecimos en alfabetización”, y defendió las medidas del Ministerio de Capital Humano: “Hubo aumentos del 60% y el 70% en mayo para el financiamiento educativo que desde septiembre del 2022 los fondos estaban congelados”.

La diputada nacional radical Danya Tavela se diferenció como más de una docena de miembros de su bloque el miércoles, al participar de la sesión convocada por UP, y en ese marco anticipó en esa reunión que pedirían una sesión especial para el 2 de mayo, a fin de tratar los mismos temas que querían abordar ese día.

Este jueves fue una de las firmantes, junto al jefe de su bancada, Rodrigo de Loredo, de un pedido para tratar “con carácter de urgente” en la Comisión de Educación un proyecto sobre el Régimen de Financiamiento de Universidades Nacionales, que es de la propia Danya Tavela. El pedido fue acompañado por el también radical Pablo Juliano, sus pares de Hacemos Coalición Federal Miguel Pichetto y Maximiliano Ferraro, y el bloque Innovación Federal. 

El pedido tuvo rápida respuesta, pues el presidente de la Comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, convocó poco después a los miembros de la misma a reunirse el jueves 2 de mayo a las 15, en la Sala 4, piso 3° del Anexo A de Diputados, a fin de completar la designación de autoridades y posteriormente tratar el proyecto pedido.

La idea de los radicales que impulsaron la reunión era, así como hicieron con el tema previsional, buscar emitir dictamen en esa comisión para llevarlo al recinto.

El problema con el que se topan es el mismo que se encontraron con la cuestión de la movilidad jubilatoria: el proyecto debe ser tratado también por la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Recordemos que su presidente, José Luis Espert, en sintonía con el Gobierno nacional, se resistió a convocar a su comisión para tratar el tema previsional, y se espera que suceda lo mismo con este tema.

Facundo Manes, quien lidera el grupo de diputados radicales llamados “díscolos” dentro de su bloque, por la no cercanía con el oficialismo como el resto de sus pares, fue uno de los que se manifestó en minoría este miércoles en la sesión que fracasó por falta de quórum. 

Luego de la multitudinaria movilización por la universidad pública, que el neurocientífico destacó, dio un discurso en defensa de la inversión en educación y apuntó contra el presidente Javier Milei: “Usted rechaza la historia y la gente que rechaza la historia es peligrosa para el futuro”. 

“El paradigma de este siglo es la competencia entre países por el conocimiento, entre los sistemas educativos, científicos y tecnológicos. Pero muchos no quieren educar y esos son nuestros verdaderos adversarios, por eso me da lástima y pena que muchos no estén acá acompañándonos”, lanzó. 

El radical aseguró que “en una economía global, donde lo más valioso es el valor agregado y el conocimiento, la educación no es una oportunidad, es un requisito indispensable”. “Argentina invierte poco en ciencia y tecnología y no hay puentes con el sector productivo; ese es el país desarrollado que yo anhelo, que todos discutamos con un nuevo paradigma, dejémonos de chicanas, de redes sociales, de egocentrismos y empecemos a debatir un paradigma nuevo en la Argentina”, continuó. 

Para el legislador, “como fue el paradigma democrático en los ‘80, que nos unió a todos, hoy el paradigma debe ser el paradigma del conocimiento y eso se hace con ejemplaridad de los gobernantes, con instituciones fuertes, sólidas, transparentes”. 

“Tenemos que transformar el conocimiento en la gran causa nacional, como lo expresó la sociedad ayer en la calle. Esa causa puede y debe ser de todos, aún de los que no están acá, aún de los que no vinieron a apoyar esto. Hay suficiente consenso para esto, no tengamos miedo, que no nos paralice el miedo. Hay que tener esperanza. Debemos respaldar a liderazgos que nos unan, no que nos dividan. A liderazgos que nos den paradigmas de desarrollo inclusivo, no de un 20% o 30% ricos y el 70% pobres como hace dos siglos”, sostuvo. 

En su intervención, Manes resaltó: “La educación fue la mayor herramienta que tuve en mi vida para ser lo poco o mucho que soy. Hoy, esta lucha la tienen que tomar los jóvenes, como ayer, que vi a muchos. Tenemos que decirles que los jóvenes tienen que luchar, porque cuando los jóvenes lucharon, pasaron cosas inesperadas en la sociedad, en la historia de la humanidad. No tienen que conformarse”. 

“Yo quiero un país que se inspire en Canadá, donde hay libre mercado, una economía promercado, pero también hay un Estado honesto, inteligente, donde no se tolera la corrupción, un Estado que regule para que no haya desigualdad. Quiero un país como Finlandia, que hace años era un país que exportaba materias primas y ahora se desarrolló por el conocimiento. Yo no sé qué modelo de país quiere el presidente. No existe el modelo de país del presidente Milei. Y es nuestra responsabilidad encauzar esta desesperanza del pueblo argentino en ideas, no en redes sociales, no en medios oficialistas”, planteó. 

El diputado dijo a sus pares que tienen “la responsabilidad de darle prestigio a esta Cámara nuevamente, no con sueldos más altos mientras la sociedad se muere de hambre, sino con ideas, con honestidad, con ejemplos, por los próceres argentinos que hicieron que en este país, a diferencia de muchos países de Latinoamérica, haya una clase media”. En esa línea, completó: “La clase media, señor presidente, fueron por los movimientos políticos que usted rechaza. Usted rechaza la historia y la gente que rechaza la historia es peligrosa para el futuro”. 

El bloque de senadores nacionales de la UCR emitió un comunicado expresando su apoyo a la marcha convocada por la comunidad educativa para este martes en respaldo de la universidad pública con “el objetivo de exigir la actualización de los fondos necesarios para el normal desenvolvimiento del sistema universitario público”.

“Hoy las universidades viven días de incertidumbre por no contar con los recursos ni las garantías financieras para continuar funcionando, planificar su calendario académico y seguir ofreciendo servicios educativos de calidad a miles de estudiantes”, cuestionaron.

En esa línea, resaltaron que “la defensa de la educación pública es una de las banderas históricas e irrenunciables de nuestro querido partido. Esa coherencia centenaria es la que nos permite evaluar a la educación como un vector de superación por excelencia, que posibilita a los jóvenes progresar y alimenta las esperanzas de una Argentina con futuro”.

“Desde el bloque UCR en el Senado entendemos a la educación como verdadera herramienta de cambio. Una que funciona y que necesitamos como nunca. Trabajemos para mejorarla. Sigamos defendiéndola”, finalizaron el texto.

El bloque de diputados nacionales de la UCR ratificó este martes su “compromiso con la educación pública” y expresó su acompañamiento a las universidades nacionales en su reclamo por la falta de presupuesto, motivo por el cual la comunidad educativa convocó a una marcha a Plaza de Mayo el próximo 23 de abril.

“Las universidades públicas son pilares fundamentales para el desarrollo de nuestro país y brindan a miles de estudiantes acceso a una educación de calidad. Sin embargo, la decisión del Gobierno de llevar adelante uno de los más grandes ajustes presupuestarios de la historia amenaza el normal funcionamiento de las instituciones”, advirtieron los radicales.

En ese sentido, apuntaron que “esta situación tiene un impacto directo en la calidad de la enseñanza, la investigación y la extensión universitaria y no sólo limita las oportunidades de formación académica, sino que pone en peligro el avance científico, tecnológico y cultural del país”.

Desde la bancada que conduce Rodrigo De Loredo, que había pedido anteriormente sumar la educación pública al Pacto de Mayo convocado por el Gobierno, recordaron: “Siempre manifestamos la importancia de lograr el equilibrio fiscal y convocamos a trabajar por un Estado más eficaz. Pero es importante remarcar que la inversión en educación superior es esencial para alcanzar el crecimiento sostenible que el país tanto necesita. Dañar al sistema solo va a generar más problemas de los que ya tenemos”.

“En este contexto, acompañamos a las universidades en su reclamo y reafirmamos nuestro compromiso histórico con la educación pública y en defensa de nuestro sistema universitario”, concluyeron.

A raíz de la delicada situación económica que atraviesa el país, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, anunció este martes que el distrito capitalino entregará una ayuda económica a las familias de chicos que van a escuelas privadas subvencionadas, a fin de ayudarlos a cubrir parte de la cuota educativa.

El anuncio fue realizado en una conferencia de prensa en la que también estuvo presente la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio; el jefe de Gabinete, Néstor Grindetti; y la ministra de Educación, Mercedes Miguel, por representantes del Consejo Consultivo de la Dirección General de Gestión Privada y legisladores del Interbloque de la comisión de educación.

El beneficio, llamado “Ayuda cuota escolar”, se extenderá durante tres meses (a partir de mayo) y alcanzará hasta el 50% de la cuota programática con un tope mensual por cada hijo de 30 mil pesos.

La medida abarca a 212 mil alumnos de los tres niveles (36 mil de inicial, 99 mil de primaria y 77 mil de secundaria) de 854 escuelas subvencionadas. Además, busca evitar el cierre de más colegios, teniendo en cuenta que en 2023 dejaron de funcionar un total de seis establecimientos educativos (tres jardines de infantes y tres colegios primarios y secundarios).

En ese contexto, Macri explicó que “estamos en un momento crítico de la clase media. Vamos a asistir a las familias, pero también a las escuelas. Y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que ninguna cierre. Cada escuela que cierra es una herida que queda en el barrio, en la historia, en los niños y las familias que se educaron”.

“Nuestra tarea no es describir el momento, es tomar decisiones en función de lo que va ocurriendo. Y sabemos que hoy hay muchas familias que no pueden pagar la escuela que eligieron para sus hijos. Nuestra mirada es que nos importan todos los chicos que estudian en la Ciudad de Buenos Aires. Aquellos que van al sistema de gestión público-público, pero también aquellos que asisten al sistema de educación público de gestión privada”, completó.

Para solicitar o aplicar el beneficio hay tiempo hasta el 20 de mayo; los beneficiarios deberán ingresar a https://buenosaires.gob.ar/educacion/ayudacuotaescolar y completar un formulario con los datos del o los estudiantes y del Colegio o escuela a la que asisten.

Durante la conferencia de prensa de este lunes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, fue consultado por los dichos del diputado oficialista Alberto “Bertie” Benegas Lynch sobre la educación obligatoria y afirmó que su opinión no coincide con la postura del Gobierno.

“Para nosotros la educación, el conocimiento, es un recurso fundamental. Lo que dice el diputado Benegas Lynch corre por cuenta del diputado Benegas Lynch”, sostuvo el funcionario.

Y agregó: “Tal vez la política argentina está acostumbrada a moverse en bloque, o en manada, nosotros no y la opinión del diputado Benegas Lynch no tiene por qué coincidir con la postura del Gobierno nacional”.

Adorni respaldó además el descargo al respecto que hizo la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con quien “cada vez que hablamos de los más chicos, los más vulnerables, siempre hacemos foco en que la batalla contra la pobreza, el aniquilamiento de la pobreza, es detrás tener la oportunidad de capacitarse, educarse y tener un futuro”, expresó.

Sobre el posteo en redes sociales de Pettovello, con la frase “hombres trabajando, niños estudiando”, el vocero la definió como “la mejor frase de los últimos tiempos”. “Los niños que hoy estudien son los que nos van a garantizar una Argentina el día de mañana, así que para nosotros la educación es fundamental”, cerró.

Entrevistado en Radio Milenium por Romina Manguel, “Bertie” Benegas Lynch opinó: “Yo no creo en la obligatoriedad de la educación. Es una responsabilidad de los padres. Vos a tu hijo le querés dar lo mejor”.

“Muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, que no te podés dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller junto al padre trabajando y no lo puede mandar a la universidad”, expresó el libertario y desató una gran polémica, con el rechazo por parte de todo el arco político.

A la fuerte polémica desatada por el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch, quien cuestionó la obligatoriedad de la educación, lo que le valió una catarata de críticas desde todo el arco político, se sumó el rechazo desde el propio Gobierno en voz de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

A través de un posteo en su cuenta de Instagram, ilustrado con una imagen que reza “hombres trabajando, niños estudiando”, la funcionaria recordó que “la educación obligatoria fue propuesta en el contexto del pensamiento humanista liberal, justamente para promover la libertad de los menores tutelados por adultos”.

En su explicación, la ministra subrayó que eso “permite que los niños puedan educarse, ampliando horizontes para desarrollar un proyecto de vida propio en el contexto de culturas cada vez más completas, lo que vuelve imprescindible una alfabetización integral”.

“La libertad de enseñanza, hija de la libertad de conciencia, promueve que los padres sean los primeros en naturales educadores, pero esto no conlleva a un dominio ilimitado sobre sus hijos. El Estado y la sociedad civil también forman parte de la tutela de la educación”, aclaró.

En ese sentido, Pettovello indicó que “ningún agente educativo puede obstaculizar su dominio formativo sobre los menores de edad. Es cierto que la educación obligatoria ha derivado muchas veces en el adoctrinamiento o el monopolio ideológico. Pero de esto no deben seguirse falsas soluciones que caen en otros absolutismos, como el de los padres sobre los hijos”.

El diputado nacional libertario Alberto “Bertie” Benegas Lynch volvió a dar la nota al admitir que no está a favor de que la educación sea obligatoria. Disruptivo, dijo que él no cree en la obligatoriedad de la educación, sino que se trata de “una responsabilidad de los padres”.

“Vos a tu hijo le querés dar lo mejor”, aclaró el diputado de La Libertad Avanza en una entrevista con FM Milenium, donde argumentó su razonamiento diciendo que a pesar de ese deseo, a veces no se puede: el padre necesita que el hijo trabaje, y el Estado no debe meterse.

Según Benegas Lynch, “sobre todo en Argentina” puede pasar en una familia que “no te podés dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller junto al padre trabajando y no lo puede mandar a la universidad”.

Así las cosas, se preguntó: “¿Cómo va a ser el Estado el que decide sobre el chico? A mí ni se me ocurre una cosa más invasiva”.

En definitiva, “la libertad también es que si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller, puedas hacerlo”.

Si bien admitió que “la educación es el eje de la civilización”, se preguntó por qué darle a “un comité de burócratas la decisión de la educación”.

“¿Al Estado? ¿Al Ministerio de Educación?”, se preguntó el diputado por la provincia de Buenos Aires.

"Bertie":
Por las declaraciones de Alberto Benegas Lynch sobre la educación obligatoria pic.twitter.com/wzmITGe5jV

— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 7, 2024

“Con los chicos no”

Desde la Coalición Cívica, su presidente, Maximiliano Ferraro, salió a cruzar a Benegas Lynch, recordándole que “la Ley 26.390 prohíbe el trabajo infantil en Argentina”.

“La Constitución Nacional ha incorporado diversas convenciones internacionales que protegen los derechos de los niños, incluyendo el derecho a no ser explotados y el derecho a la educación”, advirtió el diputado del bloque Hacemos Coalición Federal.

En un posteo titulado “Con los chicos no”, agregó Ferraro: “Su postura atrasa 140 años, ya que la Ley 1420 fue sancionada en 1884. Nicolás Avellaneda, Julio Argentino Roca y Domingo Faustino Sarmiento estarían consternados por su enfoque liberal”.

Y concluyó resaltando que “es importante recordar que la educación es obligatoria y que la protección de los derechos de los niños es fundamental si queremos una sociedad libre, justa, igualitaria y equitativa”.

No es la excentricidad de un snob marginal, sino el pensamiento intimo de un Diputado estrechamente vinculado al Presidente.Tambien negacionistas y antivacunas. Terraplanistas medioevales! El Cambio q procuran es X una Argentina elitista y privilegiada
https://t.co/btc6TnYhPr

— Juan Pedro Tunessi (@Tunessi) April 7, 2024

El exministro de Cultura de Cambiemos, Pablo Avelluto, salió a cruzar al diputado libertario comentando que su papá “tuvo que empezar a trabajar a los 8 años. Nacido en 1938 e hijo único de madre soltera, en su casa no hubo alternativa. Lamentablemente, falleció hace muchos años. De estar vivo, iría a trompear al diputado ignorante para contarle de qué se trata el trabajo infantil”.

En otro tuit, dijo que recordaremos en el futuro este tiempo con “vergüenza”.

En el futuro vamos a recordar esta época con vergüenza por no haber hecho más para impedir que sucediera. https://t.co/kpZHPXcUf3

— Pablo Avelluto (@pabloavelluto) April 7, 2024

B. Lynch explica porque están contra de la educación obligatoria y a favor del trabajo infantil:”No se pueden dar el lujo de ir a la escuela porque tienen que estar en el taller con el padre" ¿Sabrá que fue J. A.Roca quien impuso la 1420? vía @eldestapeweb https://t.co/pN70BlWb21

— Daniel Filmus (@FilmusDaniel) April 7, 2024

Esto es la Sociedad de Mercado que quiere Milei. Y este pelotudo es Diputado, supongo que sabe todos los derechos de los niños pero obviamente no le importa ,lo único que vale es el Mercado. pic.twitter.com/OjMsNkAcbM

— Facundo Del Gaiso (@FacundoDelGaiso) April 7, 2024

A su vez, la diputada radical Carla Carrizo le dijo a Benegas Lynch que “ningún padre o madre sin recursos económicos suficientes elegiría dejar sin escuela a sus hijos. Saben sobre futuro, derechos y obligaciones. Que enorme subestimación, desconocimiento y falta de respeto. Todos, grandes y chicos, esperan disculpas. Necesitamos que aprenda y garantice el cumplimiento de la ley, no que interprete la pobreza, según su parecer. Lamentable”.

El liberalismo al que adscribo cree fuertemente en la educación pública.

Cree en educar a los ciudadanos y a un Estado haciéndose cargo de eso. Porque la educación es el mayor y mejor proveedor de oportunidades y tras la educación hay valores esenciales para el liberalismo como… pic.twitter.com/VuxBzIO647

— Sabrina Ajmechet (@ajmechet) April 7, 2024

El bloque de senadores nacionales de la Unión Cívica Radical presentó un proyecto de ley para declarar a la educación como “servicio esencial” en el marco de lo establecido en los artículos 14 y 75 incisos 18, 19 y 22 de la Constitución Nacional.

En un comunicado, explicaron que “nuestro país vive un proceso de cambios. La educación es y debe ser, de manera inexorable, parte de esa discusión pública y del debate legislativo”. El proyecto propone distintas propuestas y aportes tanto del Poder Ejecutivo como de legisladores nacionales, a los que suma aspectos como el referido a la incorporación de la educación emocional.

Esta iniciativa propuso:  Garantizar la cobertura de servicios educativos mínimos de al menos un 75% de su prestación normal; Añadir lineamientos para la evaluación de la carrera docente; Fomentar el uso de bibliotecas escolares digitales o físicas; Incorporar al finalizar el secundario de un examen censal obligatorio; y la implementación de la educación a distancia o híbrida como alternativa a la presencial.

Con respecto a la Educación Superior Universitaria, se propone la modificación de la Ley 24.251, estableciendo que los estudios de grado en las instituciones de gestión estatal serán gratuitos, permitiendo que se establezcan aranceles para no residentes extranjeros; se propone la aplicación universal de mecanismos de nivelación para el ingreso; la obligatoriedad de evaluaciones externas para las instituciones; y que el aporte del Estado Nacional se distribuirá en función de los criterios que se acuerden con el Consejo Interuniversitario Nacional.

“Entre los cambios que la Argentina necesita, la educación juega un rol fundamental, formando a niños y los jóvenes como personas y preparándolos para los empleos del futuro, en una comunidad global que presenta desafíos cada vez más grandes y que avanza cada vez a una mayor velocidad, pero que también ofrece enormes oportunidades de desarrollo”, añadieron desde el bloque radical.

En una parte del mundo donde despóticamente se gobierna tras la máscara de la “democracia” y en donde esta considera despreciable a gran parte de la humanidad por creerla una plaga descontrolada sin posibilidades de desaparecer, allí viven seres perturbadores situados en una economía globalizada, donde los Estados bajo la dominación de las corporaciones se han convertido en meros municipios, y en donde la vida de las personas carece de valor absoluto.

A pesar de esto y la pobreza a la que los distintos gobiernos los arrastraron, todavía la sociedad sigue esperanzada. En gran parte, muchos de ellos continúan pensando que pueden colocar en venta su fuerza de trabajo (que es volver al punto de partida de los países subdesarrollados). Antaño las personas aprendían a conservar y enorgullecerse de su labor. Ahora en este mundo deshumanizado obligan a la muchedumbre a que se resigne a no tener un puesto laboral, o en su defecto aceptar sin reticencia alguna lo que el sistema le imponga. Así, la gran mayoría de los hombres y mujeres de este nuevo escenario horrendo hecho a imagen y semejanza de aquellos que lo conducen no tienen ninguna inspiración de valor racionalizada que los estimule a seguir viviendo en un cosmos donde, sin haberlo pedido, se encuentran afligidamente coexistiendo. La sociedad siembra su esperanza en ser favorecida y con ello conserva su ilusión. Las exenciones impositivas, desgravaciones, subsidios, asistencia crediticia y las posibilidades de crecimiento verdaderas estarán vedadas para las grandes mayorías, siendo solo las ruines y criminales corporaciones las que el poder real resuelva que deben ser asistidas y sus ganancias sacralizadas. De esta manera, millones de personas quedan libradas a su suerte, y así el slogan “el trabajo es un derecho” es reemplazado por “el desempleo es una obligación” por parte de los gobernantes que vuelven a responsabilizar a las personas del saqueo y el quebranto al que los distintos actores políticos nos han llevado hasta el presente. El efecto de infravaloración al que son inducidas las personas tiene el fin encubierto de hacerlas sentir que ya no sirven para nada, porque les han robado hasta la dignidad. La consigna es: no dejen que las almas traten de buscar otras opciones que le permitan superarse o contentarse; traten en lo posible de que estas repitan de manera reiterada todo aquello que la condujo al fracaso. Es sabido que la frustración es la réplica emocional común que advertimos cuando ostentamos un deseo, una necesidad, un objetivo y no logramos compensarlo. Acto seguido sentimos ira, disgusto y decepción, un estado no saciado donde la persona se percibe completamente vacía. En fin, cuanto mayor sea la pared o muro que ponga escollos a nuestras aspiraciones, mayor será el desengaño y la frustración.

En el escenario precedentemente descripto, una parte importante de la población que tiene representaciones suicidas está recorriendo una situación de ambivalencia. En sí, anhelaría morir si su vida se perpetúa de la misma manera esperando las mejoras del “estado de bienestar” que siempre se anuncia pero que nunca llega, y desecharía tal idea si se produjeran cambios significativos en ella.

El Ministerio de Salud de la Nación advierte que en nuestro país hay 1 suicidio cada 3 horas.

En la Argentina actual hay gatillos que disparan balas que agudizan y llevan a la depresión. Esas causas pueden ser factores socioeconómicos, la falta de trabajo, pobreza, inseguridad, problemas de salud mental no tratados ni seguidos por el Estado, falta de vivienda, el narcotráfico, falta de acceso a la atención médica, la falta de apoyo social o aislamiento. Todas estas generan un ambiente en una parte importante de la población que abona las conductas suicidas, conforme lo aseveran destacados y reconocidos profesionales en esta materia.

Hoy nos encontramos con una sociedad entre el abandono y el fracaso del sanitarismo populista.

La deficiencia del Estado populista, como así también del conservador liberal, nos ha llevado en gran parte a esta triste situación actual. En sí, podemos ver la adaptación social de un nuevo y readaptado “apartheid” planificado para conservar el poder de la minoría elitista que no quiere perder su lugar de privilegio frente a las mayorías excluidas. Esta minoría se escuda falsamente bajo el principio del  llamado “hombre libre”, pero lo real y concreto es que todos los modelos políticos conocidos hasta el presente profundizaron la miseria, instalando un nuevo y reajustado esquema de esclavitud. Este eyecta a los individuos de su dignidad y del conocimiento, encadenando los sueños, instalando la degradación mental, la miseria social, penalizando las ideas, el progreso, el bienestar, la solidaridad, la educación, fomentando la individualidad y desintegrando la familia. En si hasta hoy, el destino de la humanidad del que no escapamos recayó siempre en manos de los mayores sinvergüenzas que han puesto en evidencia que el delito no es individual sino social. Siempre cometido por aquellos que se han garantizado ser gobierno para frustrar y quebrar la voluntad de los pueblos sometidos por estos.

La educación es la verdadera revolución de los pueblos. Mientras como sociedad le sigamos dando la espalda a esta, seguirán rechinando los grilletes que nos esclavizan y nos alejan cada vez más de alcanzar una sociedad donde reine la igualdad y el bienestar general para todos.

*Pirillo es secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López y escritor

El presidente está hablando en un país con una deserción escolar que en algunas provincias supera el 30% y un creciente discurso que pone en crisis la educación contra las oportunidades mágicas que ofrecen las cripto, cursos clandestinos, inofensivas pirámides y el juego en línea.

Tenemos que entender el contexto en el que estamos. Más quienes somos funcionarios públicos. Podemos hacer mucho para mejorar la educación, hay que trabajar en esa línea.

El problema es que el presidente no quiere mejorar la UBA ni la educación. No propone eso. Busca quedarse con los fondos destinados a financiarla. ¿Quién va a pagar la plata que se queda el Estado Nacional y no le manda a la UBA o a las provincias con el fondo educativo para las escuelas?

Se puede discutir ampliar las fuentes de financiamiento con la participación de los egresados, de los profesionales colegiados y demás. Se puede pensar más estrategias de asociación pública y privada para fortalecer la autonomía financiera. Hay mucho para hacer pero en todos esos supuestos, la plata está para formar a la población y educar a los ciudadanos.

Hay muchos que quieren sacar provecho económico del desprestigio de la educación como actividad. Cuidemos lo que funciona y arreglemos lo que no. Basta de lastimar.

La diputada nacional Blanca Osuna (UP – Entre Ríos) presentó un proyecto de ley de compromiso con el derecho a la educación que apunta a “una perspectiva integral, a reforzar el financiamiento y fortalecer programas educativos, cuestión imprescindible en momentos en que el gobierno de los (Javier) Milei, (Mauricio) Macri, (Luis) Caputo, accionan para la destrucción de la Educación pública”.

“En acuerdo con diputadas y diputados desde el bloque Unión por la Patria, planteamos la urgencia de establecer lineamientos concretos para que el estado nacional junto a las provincias asegure el cumplimiento del derecho reconocido por la Constitución, que hoy está en riesgo”, explicó Osuna.

Entre los puntos principales, la iniciativa crea el Fondo Nacional para el Sostenimiento del Derecho a la Educación, con aportes de sectores concentrados de la economía que han tenido enormes tasas de ganancias tales como exportadores de granos, grandes empresas de economía del conocimiento y del sector financiero. Dicho Fondo complementará las partidas regulares del presupuesto anual para educación.

El proyecto ratifica la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente y el Programa de Compensación Salarial Docente. Y al mismo tiempo referencia la Formación docente inicial y continua. Además, en el nivel obligatorio, se norma la extensión de la jornada escolar en las escuelas primarias, una meta ya acordada en el Consejo Federal de Educación “hoy en riesgo de cumplimiento”. Asimismo, se propone garantizar el boleto gratuito en el transporte público para estudiantes y docentes.

La iniciativa asegura recursos para becas Progresar, libros, dispositivos tecnológicos y conectividad en los establecimientos. Por su parte, en materia de infraestructura, la ley asegura recursos para un plan de nuevas obras, completamiento de las que están en curso y mantenimiento y mejoras edilicias.

En el capítulo sobre el nivel superior, se garantiza el pleno funcionamiento de las universidades nacionales, incluyendo las recientemente creadas, con una fórmula de actualización presupuestaria periódica para atender las exigencias de la formación de las y los profesionales de nuestro país. El proyecto propone la creación de una Comisión Bicameral de seguimiento y convenios bilaterales con las provincias.

Osuna apuntó: “El presidente destruye y achica al Estado y niega su obligación como garante del derecho a la educación y lo pone en peligro”

“La precarización de docentes con la pérdida del poder adquisitivo, y no convocar a la inscripción de las becas Progresar generan daño al sistema educativo y a las personas como un tiro artero y dañino. Ya basta de regodeo frente al dolor que está provocando este gobierno nacional. Es por eso urgente restablecer por ley el compromiso con el financiamiento al Derecho a la Educación”, remarcó la diputada entrerriana.

El bloque de diputados nacionales de la UCR le pidió al Gobierno nacional sumar a la educación como uno de los temas del “Pacto de Mayo” propuesto por el presidente Javier Milei a todos los gobernadores, para el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba.

Los legisladores radicales consideraron que “cualquier proceso de cambio en el país no puede dejar afuera la reforma educativa” y plantearon 10 puntos en ese sentido.

El listado arranca con el pedido de “garantizar la escolaridad efectiva en sala de 3 como un objetivo para todo el país; garantizar la alfabetización 100% en primer grado e impulsar programas de terminalidad del secundario y vinculación con el mundo del trabajo -el puente de la secundaria a la inclusión laboral como prioritario-“.

Además, jerarquizar el rol de educar impulsando y promoviendo una formación docente de altísima calidad; promover estrategias y políticas activas de retención escolar para evitar el abandono; y recuperar la calidad de la estadística educativa como elemento de diagnóstico y diseño de políticas públicas”.

También, los diputados de la UCR instan a “ofrecer alternativas adecuadas a jóvenes, adultos y adultos mayores con necesidades de recalificación; y garantizar con esfuerzos mancomunados entre el Estado nacional, las Universidades Nacionales y las jurisdicciones, el acceso, permanencia y graduación de los argentinos en sus formaciones superiores”.

Finalmente, “fortalecer las políticas de calidad en el sistema de educación superior universitario y no universitario garantizando la evaluación y acreditación, la integración al mundo y la alta competitividad de nuestros técnicos científicos y profesionales; y propiciar la innovación en los modelos formativos de la educación superior”.

“El país requiere una reforma de la educación obligatoria y superior que garantice la inclusión y el acceso de todos los sectores sociales, la calidad de la misma y la innovación para los nuevos desafíos del medio socio productivo, generando el fortalecimiento de la formación y la carrera docente, la inversión en infraestructura, el financiamiento universitario, entre otras variables”, sostuvieron los radicales.

Y agregaron que “sería un error no sentar dentro de los consensos básicos que se pretenden inscribir en el llamado ‘Pacto de Mayo’ a la educación. No hay posibilidad alguna de desarrollo sostenido, sin una amplísima base de personas formadas con las capacidades necesarias frente a los retos de este tiempo. La pobreza se la combate con el trabajo, pero se la derrota con educación”.

El Día Mundial del Aprendizaje,  invita a reflexionar sobre qué significa aprender en la actualidad. En un escenario global en el que la diversidad de ideas de las sociedades democráticas debe superar los desafíos que les imponen las nuevas reglas de la etapa digital y sus condicionantes, urge la necesidad de aprender a reconocer sesgos y prejuicios. La libertad de cuestionar la realidad que nos rodea es, en esencia, aprender. Si esa libertad se condiciona ya sea por descalificación o por abuso en el ejercicio de cualquier posición de poder, lo que se restringe es la generación de conocimiento y, por ende, el aprendizaje.

En esta era de predominio digital, las redes sociales tienen el potencial de servir como plataformas para promover el desarrollo humano, la memoria histórica y el diálogo democrático. Sin embargo, también tienen la capacidad de ser utilizadas para fomentar la desigualdad, el empobrecimiento cultural y la desinformación. Ante esto, la importancia de la Educación Permanente o formación continua se hace más evidente que nunca. El aprendizaje no termina al salir de la institución educativa; es un compromiso continuo que debe nutrirse a lo largo de toda la vida, especialmente en un mundo donde la tecnología y las informaciones evolucionan a un ritmo sin precedentes.

Fomentar un uso crítico y consciente de las redes implica reconocer su valor como herramientas de aprendizaje continuo, donde el intercambio de ideas y experiencias puede enriquecer nuestra comprensión del mundo. La formación a través de plataformas digitales ofrece oportunidades ilimitadas para el desarrollo personal y profesional, permite adaptarnos a los cambios y desafíos de nuestra sociedad. Promoviendo enfoques pedagógicos que impulsen la curiosidad, el pensamiento crítico y la capacidad de aprendizaje autodirigido, asegurando que individuos de todas las edades puedan participar activamente en su educación y en un diálogo democrático.

Una cultura de Educación Permanente es esencial para contrarrestar los efectos negativos de la desinformación y contribuir al bienestar y al avance social. Al hacerlo, no solo potenciamos el uso constructivo de las redes sociales, sino que también abrimos caminos hacia una sociedad más informada, equitativa y preparada para los retos del futuro.

Entender qué es aprender implica ir más allá de la mera acumulación de datos, hacia la adquisición de herramientas para transformar nuestra comprensión del mundo. En este contexto, las redes sociales pueden jugar un rol importante al ofrecer espacios para el intercambio de ideas y el fomento de un diálogo abierto y respetuoso, siempre que se promueva la tolerancia hacia las ideas divergentes.

La rápida y constante transformación del mercado laboral refuerza la necesidad de adoptar estas miradas amplias y profundas hacia el aprendizaje. No se trata únicamente de la constante necesidad de actualización y capacitación profesional, sino también de fomentar la formación de ciudadanos críticos, creativos e interpretativos, capaces de navegar y contribuir positivamente a un mundo cada vez más complejo y exigente. Así, el proceso de aprendizaje requiere de herramientas poderosas para el desarrollo no solo individual, sino también colectivo, preparando a las personas no solo para adaptarse a los cambios, sino para ser protagonistas en la construcción de futuros más justos, inclusivos y sostenibles.

Aprender trasciende la mera memorización, tarea en la que una computadora podría superarnos. Se trata, en cambio, de adquirir herramientas que nos permiten comprender y, por ende, transformar. Aprender, entonces, es también cuestionar lo que ya está dado. Este proceso de conocimiento y transformación sobre un fenómeno altera la realidad, la condiciona.

El conocimiento se ha convertido en un activo crucial para cualquier nación, haciendo de la función educativa una inversión rentable a mediano y largo plazo que beneficia a todos los sectores de la economía. La formación profesional y laboral son hoy aspectos claves en cualquier organización.

Optar por la educación como inversión es una decisión que impacta directamente en la sociedad que deseamos construir. Nos permite cuestionar y decidir sobre nuestro futuro colectivo, equilibrando las oportunidades y, además, constituye un desarrollo sostenible y muy rentable. Elegir invertir en educación es optar por una sociedad del conocimiento en lugar de una del consumo, es democratizar las herramientas de desarrollo y construir una comunidad más igualitaria y libre. Enseñar y aprender son actos de transformación.

*Por Hernán Martini es director del Observatorio de la Cámara Argentina para la Formación Profesional y la Capacitación Laboral, y vicepresidente de la OIEP.

Con la intención de fomentar los programas educativos, la diputada del Frente Liberal Republicano (FLR) Marina Kienast impulsó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley sobre “mecenazgo educativo”.

La iniciativa en cuestión tiene como objetivo principal es captar y generar recursos económicos de privados para garantizar la concreción de propuestas inclusivas que aseguren la gratuidad, la equidad, la igualdad de oportunidades y la mejor calidad educativa en los distintos niveles de la educación.

De esta manera, el texto procura incentivar la formación de un vínculo de interacción mixta tripartita, compuesta por la Autoridad de Aplicación, los Patrocinadores (representados por aquellas personas humanas o jurídicas interesadas en ser “mecenas” y que al ejercer ese rol reciben un beneficio impositivo) y los Beneficiarios (instituciones y organizaciones).

Respecto de esta iniciativa, Kienast afirmó que su “objetivo es diseñar iniciativas que generen los incentivos apropiados para abordar los desafíos de la educación, y creemos que contar con una Ley de Mecenazgo Educativo, que le dé la opción a los contribuyentes de elegir destinar parte de sus impuestos directamente a proyectos educativos, nos ayudará a mejorar la calidad educativa en todos sus niveles”.

“En estos momentos difíciles, donde escuchamos que los recursos públicos no alcanzan, aprobar esta Ley permitiría aumentar el presupuesto educativo considerablemente, sin que esto represente una mayor presión fiscal en los porteños. Con mecenazgo educativo ganamos todos”, siguió.

Este proyecto, que cuenta con el apoyo de los legisladores Pablo Donati (FLR), Silvia Imas, Patricia Glize, Sergio Siciliano (VxM), Lucía Montenegro y Rebeca Fleitas (LLA).

Cabe recordar que actualmente en la Ciudad de Buenos Aires, ya existen leyes de mecenazgo que permiten a empresas hacer aportes directos al desarrollo de la cultura y el deporte a cambio de exenciones impositivas. Es una situación en la que ambas partes salen beneficiadas, por un lado, los ciudadanos cuentan con una mayor libertad a la hora de elegir a dónde van sus impuestos. Y por el otro, la cultura (o deporte) recibe un mayor presupuesto sin aumentar la presión fiscal de los ciudadanos.

Luego de la sesión que se frustró la semana pasada en la Cámara de Diputados, Hacemos Coalición Federal decidió desactivar otra sesión que había sido solicitada para este martes, con el objetivo de debatir sobre el futuro del Fondo Nacional de Incentivo Docente.

La solicitud había sido encabezada por la diputada Margarita Stolbizer. Fuentes del bloque presidido por Miguel Pichetto afirmaron a parlamentario.com que definieron no ir al recinto ante la inminente conformación de la Comisión de Educación, a la que debe convocar el presidente del Cuerpo, Martín Menem.

Varios proyectos sobre este tema, presentados por distintos bloques, tienen como primer giro la mencionada comisión. Además, deberán tratarse también en Presupuesto y Hacienda.

La semana pasada, antes de que la sesión para tratar la fórmula de movilidad jubilatoria se cayera por falta de quórum, Menem llamó a constituir la Comisión de Previsión y Seguridad Social ese mismo día.

El Fondo Nacional de Incentivo Docente nació producto del reclamo registrado hacia fines de los ’90, durante el menemismo, que docentes protagonizaron con la instalación de la Carpa Blanca frente al Congreso. Se creó en 1999 por la Ley 25.053, con una vigencia de 5 años.

El Fondo, por el cual las provincias recibían recursos por parte de Nación para el pago de los salarios, se incorpora en el artículo 19 de la Ley de Financiamiento Educativo en 2006 y, a partir de allí, se dieron sucesivas prórrogas en su plazo de vigencia a través de las leyes de Presupuesto o por decreto. Precisamente, por esta última vía el expresdidente Alberto Fernández había establecido su extensión hasta el 1ro. de enero de este año.

El gobierno de Javier Milei decidió no renovarlo. Sin embargo, en el Presupuesto 2023 -prorrogado este año- se destinaron $31.175 millones para el FONID.

El temario de la sesión que se había pedido para este martes incluía el proyecto presentado por Margarita Stolbizer, quien propone extender este Fondo “hasta tanto sea sancionada una nueva Ley de Coparticipación Federal o se acuerde un pacto fiscal entre la Nación, las provincias y la Ciudad, que incluya entre sus cláusulas la continuidad, financiamiento o sustitución del citado fondo”.

Desde Unión por la Patria, Máximo Kirchner presentó un proyecto que propone restablecerlo “de forma permanente”. En la misma línea lo hizo Romina Del Plá, del Frente de Izquierda.

Otras iniciativas plantean su prórroga por distintos plazos: Ariel Rauschenberger (Unión por la Patria) por 5 años; Silvana Ginocchio (Unión por la Patria) por 2 años; Julio Cobos (UCR) por 5 años; Danya Tavela (UCR) por 4 años; y Pablo Outes (Innovación Federal) pide la prórroga sin plazo.

En el municipio de Esteban Echeverría, los vecinos mayores de 18 años tendrán el acceso a diferentes ofertas educativas para finalizar sus estudios primarios y secundarios.

Para inscribirse o recibir indicaciones, las personas interesadas pueden acercarse con su DNI, de lunes a viernes, de 18 a 20, a las siguientes sedes:

Escuelas de Educación Primaria de Adultos (EEPA)

– EEPA N° 701 – Sofía T. de Santamarina 554 (Monte Grande)

– EEPA N° 702 – Prof. A. Marxer 1260 (Luis Guillón)

– EEPA N° 703 – Evita 764 (El Jagüel)

– EEPA N° 704 – Pinzón y Del Progreso (9 de Abril)

Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS)

– CENS N° 451 – Alvear y Cardeza (Monte Grande)

– CENS N° 452 – Independencia 1753 (Luis Guillón)

– CENS N° 453 – Pehuajó 580 (El Jagüel)

– CENS N° 454 – Laprida 1400 (El Jagüel)

– CENS N° 455 – Nuestras Malvinas 850 (Monte Grande)

Centro Especializado de Bachilleratos para Adultos con orientación en Salud Pública (CEBAS)

– CEBAS N° 41 – Sofía T. de Santamarina 542/554 (Monte Grande)

En medio de los aumentos en las tarifas de los distintos transportes públicos, los diputados de Unión por la Patria (UP) presentaron en la Legislatura de la Ciudad de Buenos un proyecto de ley que busca ampliar el boleto educativo, el cual actualmente solo alcanza a estudiantes del nivel inicial, primario y secundario.

A través de esta iniciativa, los peronistas buscarán incluir a los estudiantes de nivel superior o universitario, trabajadores docentes y no docentes de todos los niveles y modalidades; también pedirán que se aplique una tarifa reducida al 50% para los acompañantes de menores de 12 años; eliminar el tope de viajes diarios e incluir el uso de ese boleto para los días sábados.

Especto de esta iniciativa, el jefe del bloque, Juan Pablo Modarelli (UP), aseguró que “a los tarifazos y la pulverización del poder adquisitivo del Gobierno de Javier Milei y Jorge Macri, la ampliación del Boleto Educativo es una respuesta concreta para garantizar el acceso a la educación a más estudiantes, docentes, no docentes y trabajadores. Defender la educación es defender a los argentinos y argentinas”.

Por su parte, Delfina Velázquez (UP) planteó que “acceder a la educación es un derecho y un motor de crecimiento para nuestro pueblo. El Estado tiene el deber de garantizarlo”.

A pocos días del comienzo de clases, el Gobierno nacional decidió extender un artículo de la Ley de Financiamiento Educativo y enviar recursos a las provincias para educación. Cabe aclarar que no se trata del Fondo Nacional de Incentivo Docente, el cual no fue renovado este año.

La medida se trata de dar vigencia en 2024 al artículo 7 de la Ley 26.075 que estableció una asignación específica de recursos coparticipables con la finalidad de garantizar condiciones equitativas y solidarias en el sistema educativo nacional y de coadyuvar a la disponibilidad de los recursos previstos en dicha ley en los presupuestos de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.

“Vencido el plazo fijado en la citada ley, se han dispuesto sucesivas prórrogas del referido artículo 7, con el fin de asegurar el financiamiento del sector, siendo la última la dispuesta por el artículo 13 de la Ley 27.701” de Presupuesto.

En los considerandos, el Poder Ejecutivo señaló que “la asignación específica de recursos coparticipables busca aumentar el nivel de inversión”, destinando dichos recursos “al pago de salarios y al mejoramiento de la calidad y la infraestructura educativa”.

“La dilación en la aplicación de las disposiciones del artículo 7 de la Ley 26.075 impide la disponibilidad de recursos para los fines antes mencionados, afectándose en forma directa la situación económica” de las provincias y la Ciudad, se agregó.

En el DNU 231/24, publicado este jueves en el Boletín Oficial, se expresó que “la situación económica y social del país requiere que se garantice la disponibilidad” de estos fondos.

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, estuvo presente en el comienzo de las clases en la EES N° 103 de la localidad de Laferrere y afirmó que en su distrito “el 100% de las escuelas públicas abrió sus puertas”,

Acompañado por la secretaria de Educación del distrito, Silvina Gvirtz, el jefe comunal expresó que “es un logro de ella, del equipo de educación, de los directivos y toda la comunidad educativa”.

Del mismo modo, agregó: “En un momento tan difícil de la Argentina, donde desde el Gobierno nacional le dicen no a la educación pública, no a la dignidad de los docentes, no a invertir o abrir las nuevas universidades, nosotros desde la provincia de Buenos Aires, con nuestro gobernador Axel (Kicillof) y con nuestra vicegobernadora Verónica (Magario)”.

“Acá en La Matanza decimos sí a mejores escuelas, sí a construir escuelas nuevas y sí a tener escuelas como ésta que no tiene nada que enviarle a la mejor escuela privada de la Argentina”, expresó el intendente.

La Escuela n° 103 de la localidad de Laferrere comenzó las clases con un edificio totalmente renovado, con nuevas aulas en planta baja y alta con aire acondicionado, preceptoría, sala de maestros, y un ascensor, para cambiar para siempre la forma de estudiar de los más de quinientas alumnos que allí asisten.

“Quiero agradecer y felicitar a nuestros docentes porque desde la escuela se cumple un muy importante rol social en un momento tan dramático para la economía de cada familia. En más de 610 escuelas de La Matanza, junto a la provincia de Buenos Aires, estamos entregando más de 230 mil cajas de alimentos para cada una de las familias de las chicas y chicos que asisten. Y lo vamos a seguir haciendo, asistiendo en lo que sea necesario porque como intendente siempre voy a estar cuidando, protegiendo y defendiendo los derechos de todas las familias de La Matanza”, resaltó Fernando Espinoza.

Para concluir, el intendente Fernando Espinoza destacó: “Nosotros desde La Matanza vamos a seguir trabajando muy fuerte por los sueños de nuestros chicos, de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Vamos a seguir haciendo realidad sus sueños y vamos a defender sus derechos. Este tiempo de la Argentina va a pasar porque nuestro país tiene futuro y la provincia tiene futuro. La Argentina siempre se vuelve a recuperar porque lo que mejor tiene la Argentina es su pueblo y es su gente”.

El Municipio de Esteban Echeverría extendió hasta el viernes 15 de marzo la inscripción al Plan FinEs 2024 para personas mayores de 18 años. Esta modalidad permite terminar los estudios secundarios o rendir materias adeudadas de forma presencial en sedes descentralizadas y en horarios flexibles.

De lunes a viernes, los interesados pueden acercarse a Sofía T. de Santamarina 566 en la localidad de Monte Grande (Escuela Primaria N° 1), de 17:30 a 20 horas.

Para realizar el trámite, las personas deberán acercarse con original y fotocopia de la siguiente documentación: Documento Nacional de Identidad, constancia de CUIL, acta o partida de nacimiento y certificado de estudios anteriores.

El diputado nacional Maximiliano Ferraro (HCF – CABA) presentó el proyecto de ley “acciones prioritarias para la equidad y calidad educativa”, la cual propone una serie de propuestas, reformas e ideas para “enfrentar la degradación educativa de los últimos años”.

“La educación es la política central que definirá el porvenir de la Argentina. Si los niños, niñas y jóvenes del presente no reciben equitativamente una educación de calidad, difícil será que sea conviertan en hombres y mujeres libres con posibilidades para enfrentar y protagonizar el mundo que viene”, expresó Ferraro en X.

Dividido en 7 puntos, el presidente de la Coalición Cívica – ARI establece “declarar la emergencia educativa y establecer acciones prioritarias para alcanzar en 2024/30”. “La grave situación que atraviesa el sistema educativo argentino es el primer paso hacia la mejora”, agregó.

También, propuso “legislar la obligatoriedad de impartir 190 días de clases en todas las instituciones educativas del país y en todos los niveles” y prevenir la deserción escolar con un Sistema de Alerta Temprana”.

INICIA EL AÑO PARLAMENTARIO, PONGAMOS A LA EDUCACION COMO PRIORIDAD.

Con la visita del Presidente de la Nación, el Congreso inauguró un nuevo año de sesiones ordinarias. No hay tiempo que perder, necesitamos establecer prioridades y trabajar en las reformas que necesita la… pic.twitter.com/4EwE7KhDHp

— maxi ferraro (@maxiferraro) March 4, 2024

Proponemos una serie de reformas que implementen la evaluación y certificación periódica de los docentes, el planeamiento estratégico y la acreditación de los Institutos de Formación Docente, entre otras medidas”, continua el proyecto.

Del mismo modo, plantea “establecer una política de evaluación, investigación e información educativa integral, a cargo de un organismo profesional e independiente del poder político de turno”, y busca la creación de un “Fondo Anticíclico para el Financiamiento Educativo”, diseñado para asegurar la disponibilidad de recursos que permitan mantener la educación como un derecho público, gratuito y de calidad incluso en momentos de crisis”.

Finalmente, el proyecto presentado por Ferraro establece “garantizar un salario digno para los docentes es fundamental para fortalecer el sistema educativo en todo el país”, modificando la Ley de Financiamiento Educativo.

Los diputados nacionales Cristian Ritondo y Alejandro Finocchiaro (Pro) presentaron este lunes un proyecto de ley para declarar a la educación como un servicio esencial, y así garantizar los 180 días de clases en todas las escuelas del país. La iniciativa fue representada luego de que perdiera estado parlamentario y que no haya sido aprobado este tema durante el tratamiento de la ley de Bases, que impulsaba el Gobierno nacional.

El proyecto propone “declarar la educación como servicio estratégico esencial en todos los niveles y modalidades comprendidos en la obligatoriedad escolar, para garantizar la protección y promoción integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el cumplimiento efectivo del ciclo lectivo completo”.

Ritondo, presidente del bloque, afirmó que “es importante volver a insistir con esta iniciativa. Es fundamental garantizar el derecho a la educación frente a la prolongación de medidas de fuerza, sobre todo en algunas provincias que han tenido conflictos docentes muy largos en los últimos años”.

Volvimos a presentar el proyecto de Educación Esencial con @alefinocchiaro, para que los chicos no pierdan ni un día de clases, garantizando una prestación de servicios mínimos y que los paros no los afecten. La educación es una de las bases que debemos garantizar para proveer a… pic.twitter.com/rbrQwU2NeM

— Cristian Ritondo (@cristianritondo) March 4, 2024

El legislador agregó que “el sistema de educación obligatoria nacional -desde nivel inicial hasta la secundaria- debe pasar a ser considerado un servicio esencial como son los hospitales y la seguridad, por ejemplo. Eso implica que se debe garantizar una prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción. No es contra nadie, sino en favor de los chicos y el sistema educativo”.

Por su parte, Finocchiaro, exministro de Educación, aseguró que “la educación debe proveer a nuestros chicos de libertad. Nuestro proyecto de declarar la educación como servicio estratégico esencial se encuentra destinado a asegurar los derechos educativos”.

“El Estado tiene la responsabilidad principal e indelegable de proveer los medios para garantizar una educación integral, permanente, gratuita y de calidad”, enfatizó.

El presidente de la Nación, Javier Milei, reafirmó ante la Asamblea Legislativa la decisión de suspender la creación de cinco universidades que habían sido aprobadas por ley el año pasado y argumentó que “la creación de universidades se ha convertido en un negocio más de la política”.

El jefe de Estado alertó que en materia educativa “hay una crisis que ya arrastra décadas, que es cada vez más profunda y que ha redundado en que hoy más de la mitad de los chicos de tercer grado no entienden que leen en Argentina y el 70% no puede resolver un problema de matemática básica. Esta es la realidad de un país con más premios nobel de la región que supo ser en su pasado un faro de calidad educativa”.

“El analfabetismo incipiente es a nuestra educación lo que la inflación es a nuestra economía”, comparó y apuntó: “En el plano de educación superior la creación de universidades se ha convertido en un negocio más de la política y en los profesorados de institutos de formación docente proliferan currícula educativa de izquierda abiertamente anticapitalistas y antiliberales en un país donde lo que más se necesita es más capitalismo y libertad”.

El mandatario destacó que “multiplicamos por cuatro la ayuda escolar para que las familias que se vieron afectadas por aumentos drásticos en este nuevo inicio de clases puedan comprar los útiles y materiales escolares que sus chicos necesitan. Esta medida va a beneficiar a las familias de 7.300.000 chicos, desde nivel inicial hasta el secundario”.

“En una Argentina donde los chicos no saben leer y escribir, no podemos permitir más que Baradel y sus amigos usen a los estudiantes como rehenes para negociar paritarias con los gobiernos provinciales”, lanzó y cerró: “Por eso, incluimos en el decreto de necesidad y urgencia a la educación como servicio esencial, lo cual le sacará el arma de la mano a los sindicatos y los obligará a prestar al menos un 70% del servicio educativo durante cualquier huelga.

En tiempos donde el ajuste fiscal se impone como directriz en la gestión de las cuentas públicas, emerge una tendencia preocupante hacia la desfinanciación de la educación, una medida que compromete gravemente tanto el presente como el futuro de nuestra nación. Afirmar que ajustar en educación es una mala idea podría parecer una obviedad, sin embargo, las políticas recientes parecen ignorar el hecho de que la educación no es un gasto, sino una de las inversiones más rentables que puede realizar un país, tanto en términos económicos como sociales.

Eliminar incentivos docentes y reducir el financiamiento destinado a la educación no solo desmerece la labor esencial de nuestros educadores, quienes indiscutiblemente merecen salarios más altos, sino que también erosiona la calidad y equidad del sistema educativo en su conjunto. La ausencia de una estrategia nacional que promueva la equidad educativa solo sirve para profundizar las desigualdades preexistentes, creando un panorama en el cual la calidad de la educación ofrecida a nuestros jóvenes depende más del código postal que de su potencial o esfuerzo. Parece una paradoja interesante en el discurso sobre la meritocracia: mientras más se enfatiza el individualismo y la importancia de las capacidades propias, siendo esta última la de menor influencia real en las oportunidades de éxito.

La depreciación del valor de la docencia, exacerbada por políticas gubernamentales adversas y una palpable falta de reconocimiento social, desalienta a potenciales educadores a seguir esta vocación, comprometiendo el futuro de la profesión. Además, este menosprecio colectivo hacia los docentes envía un mensaje desfavorable a nuestros estudiantes sobre el valor de lo que se les enseña y quién les enseña, contribuyendo a una crisis de respeto y apreciación hacia la figura docente.

Este escenario no sólo afecta la formación profesional sino también la empleabilidad de los jóvenes, al desvincular la educación continua de la educación media y obviar políticas de empleabilidad efectivas. Nuestras investigaciones sobre la educación permanente y la formación profesional subrayan la importancia de una estrategia integral que fortalezca estos pilares, esenciales para el desarrollo de un país, la mejora de su productividad y la calidad de su democracia. Según nuestro último informe del Observatorio para la educación y el trabajo, de los más de 350 mil alumnos de la educación no formal, en 2023 casi un tercio mejoró su situación de empleabilidad.

Considerando la urgente necesidad de optimizar la calidad y accesibilidad de la educación formal y no formal, así como la reinserción educativa, resulta crucial abordar la intersección entre la educación y la empleabilidad juvenil. Al potenciar la capacitación profesional y las oportunidades de inserción laboral, podemos efectivamente reducir las tasas de abandono escolar y, simultáneamente, mejorar las perspectivas económicas y profesionales de los jóvenes. La formación continua ha demostrado ser una herramienta eficaz para ofrecer oportunidades de formación y capacitación profesional a aquellos que quedan fuera del sistema educativo formal, y puede desempeñar un papel clave en la mejora de las oportunidades laborales de los jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Sin embargo, es esencial destacar que la apuesta por la educación debe extenderse más allá de las aulas, abarcando toda la industria del conocimiento, incluyendo las Universidades y los institutos de investigación del país, tanto públicos como privados. Estos centros son fundamentales para el avance científico y tecnológico, la innovación y el desarrollo sostenible. Su fortalecimiento es crucial para consolidar una sociedad basada en el conocimiento, capaz de enfrentar los desafíos del futuro con soluciones creativas y efectivas. Más de 3,5 Millones de consultas anuales en Institutos de formación continua reflejan que los argentinos apuestan a la educación.

Contrariamente a la lógica de un mercado descarnado, la educación requiere de un enfoque colaborativo y estratégico, donde el objetivo no sea competir sino ampliar colectivamente la frontera del conocimiento. La mejora de la educación beneficia a la sociedad en su conjunto y requiere de una visión estatal que promueva el crecimiento integral del sector, fortaleciendo la educación pública, apoyando la transmisión del conocimiento como industria vital, y fomentando la investigación y la innovación a través de los institutos de investigación.

A pesar de los desafíos significativos que enfrenta el sector educativo, desde mejorar los índices de escolaridad hasta la promoción de nuevos modelos pedagógicos, la creación de conocimiento y el fortalecimiento de la investigación, estos representan oportunidades invaluables para transformar la educación en un verdadero proceso de cambio positivo e inclusivo.

La educación es, sin lugar a dudas, la mejor oportunidad que tienen tanto los argentinos como Argentina para construir un futuro prometedor. Por ello, es imperativo rechazar cualquier forma de desfinanciación y trabajar unidos hacia políticas que reconozcan y potencien el valor inestimable de la educación y la investigación para nuestra sociedad.

* Por Hernán Martini, director del Observatorio de la Cámara Argentina para la Formación Profesional y la Capacitación Laboral

Mientras se conocía que el Gobierno nacional finalmente convocó a gremios docentes -la semana próxima- para discutir la actualización del salario, dirigentes de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) se reunieron este miércoles con diputados de Unión por la Patria. Además, aseguraron que iban a transmitir sus preocupaciones a otros bloques de la oposición. 

En el encuentro que se realizó en las oficinas del bloque, encabezado por los diputados Germán Martínez -jefe de la bancada-, Hugo Yasky y Blanca Osuna, los sindicalistas se refirieron a la situación educativa en la previa del comienzo de las clases, el tema de la paritaria nacional docente y los fondos que se debían mandar a las provincias, en concepto del Fondo Nacional de Incentivo Docente. 

El informe que presentaron incluye también cuestiones sobre las partidas para comedores escolares, la incertidumbre en torno a las becas Progresar y la infraestructura escolar. 

En diálogo con la prensa acreditada en el Parlamento, Sonia Alesso, secretaria general de CTERA, enfatizó: “Queremos que el Gobierno nos convoque a una paritaria nacional porque entendemos que el Gobierno es responsable en caso de que no inicie el ciclo lectivo, porque hay partidas que debían ser enviadas a las provincias y lo que nosotros estamos viendo es una situación muy compleja en la mayoría de las jurisdicciones, porque los gobiernos provinciales se tuvieron que hacer cargo”.

En ese sentido, señaló que el mes pasado hubo provincias que compensaron las partidas que nos les fueron giradas por el FONID, pero algunas advirtieron que “este mes no va a ser así”. 

Además, la dirigente gremial se refirió a la extensión de la jornada con una hora más de clases: “Si Nación no manda los fondos, esas horas no se van a poder dictar, con lo cual vamos a tener además un efecto pedagógico verdaderamente complejo en un momento donde hay un diagnóstico de que necesitamos a los chicos en las escuelas recuperar lo que se vivió en la pandemia, que es algo que en todo el mundo sucedió”. 

Respecto del FONID, sobre el cual ya hay varios proyectos presentados desde distintos bloques para prorrogarlo, Alesso defendió que “sirvió para equiparar las desigualdades salariales en la inversión educativa entre las provincias que tenían salarios más altos y provincias en las que venían con retrasos ¿Para qué? Para que no tengamos una provincia que tiene mayores recursos con un salario tres veces superior y una provincia más pobre o con menos recaudación, atrasada en el salario”.

“Lo pagaron todos los gobiernos”, dijo sobre el FONID y recordó que el presupuesto para este año “está”, porque el Presupuesto Nacional 2023 fue prorrogado. “La Secretaría de Educación devengó los fondos y el Ministerio de Economía no lo pagó”, agregó y reveló que le enviaron una carta a los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano) y Luis Caputo (Economía), y el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y “contestaron que eso se iba a liquidar”. 

Encuentro con ministros

En segundo lugar, se desarrolló un encuentro híbrido (presencial y virtual) donde participaron diferentes autoridades ministeriales de Educación, Economía y Hacienda, de diferentes provincias argentinas. Allí, expresaron unánimemente su preocupación por el retroceso que significa el incumplimiento del FONID, hecho que pretende retrotraer al sistema educativo a la década del 90 cuando estuvo fragmentado y caracterizado por profundas desigualdades originadas en la disparidad de recursos de las diferentes realidades provinciales.

Seguidamente, los ministros ponderaron como hecho positivo la firma de declaración del Consejo Federal de Educación, rubricado la semana pasada por todos los ministros de educación de todas las provincias, en el que se plantea la imperiosa necesidad de que se continúe con el financiamiento por parte del Gobierno Nacional y en el que se asegura que la educación no puede ser afectada por las políticas ajuste.

En ambos encuentros se destacó que, desde 1998, los distintos gobiernos nacionales respetaron siempre los compromisos financieros de la Nación con las provincias en materia educativa.

En tanto, desde el bloque de UP reafirmamos el compromiso de trabajar para la unificación de los proyectos referidos al FONID, como así también las diferentes iniciativas legislativas que se han planteado para el cumplimiento, continuidad y mejoramiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Del mismo modo, reafirmamos la educación como derecho humano y social que no admite desigualdad alguna en todo el territorio nacional.

Asistieron de forma híbrida o virtual, los ministros de Economía de provincia de Buenos Aires, Pablo López; de Educación y Hacienda de La Rioja, Ariel Martínez y Jorge Quintero respectivamente; de Hacienda y Educación de La Pampa Guido Bisterfeld y Marcela Feuerschvenger; de Educación y Economía de Tierra del Fuego,  Pablo López Silva y Francisco Devita; de Economía y Educación de Catamarca, Alejandra Nazareno y Dalmacio Mera; de Educación de Santiago del Estero, Mariela Nasif y la subsecretaria de Educación de Formosa,  Analía Heizenreder.

El diputado nacional Máximo Kirchner (UP – Buenos Aires) sumó este viernes otro proyecto de ley en defensa del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el cual quedó sin vigencia el 1ero. de enero y no fue prorrogado por el Gobierno Nacional tras 25 años.

Además, propuso que “el presupuesto de la Administración nacional incluirá anualmente en la partida presupuestaria correspondiente al Ministerio de Capital Humano, o la repartición que en el futuro lo reemplace, la suma indicada en el párrafo precedente destinada a la financiación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, con cargo a Rentas Generales”.

El texto que Kirchner presentó contó con la colaboración del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y fue acompañado por los diputados nacionales: Hugo Yasky, Cecilia Moreau, Florencia Carignano, Leila Chaher, Gabriela Estévez, Emiliano Estrada, Tomas Ledesma, Magalí Mastaler, Luciana Potenza, Vanesa Siley, Julia Strada, Rodolfo Tailhade, Luana Volnovich y Christian Zulli.

El bloque de UP señaló que “las provincias necesitan los recursos que les corresponden por leyes, decretos o acuerdos previos que surgen del Presupuesto 2023 y que les están siendo ilegalmente retenidos”. “Esto no es castigar a los gobernadores, sino perjudicar a todos los argentinos”, aseveraron.

“Las asimetrías salariales de los docentes de todo el país, sumadas a la crisis económica que atravesamos que ya era gravosa pero que fue profundizada con fiereza por parte del Gobierno Nacional”, consideraron. “Lejos está de solucionarse quitando recursos que venían a intentar resolver aquello”, agregaron en los fundamentos del texto.

Por último, afirmaron que “los recursos del FONID deben ser una política permanente, hasta tanto las asimetrías salariales de los docentes de todo el país sigan existiendo”.

En el arranque del año y antes del comienzo de las clases en todo el país, uno de los primeros recortes que el Gobierno confirmó hacia las provincias fue en materia de educación: el Ejecutivo nacional decidió no extender el Fondo de Incentivo Docente, creado hace 25 años.

Si bien las leyes que lo contemplan, la 25.053 de 1999 y la 26.075 de Financiamiento Educativo (2006) se encuentran vigentes, el plazo de aplicación de dicho Fondo está vencido desde el 1ro. de enero de este año.

El Fondo Nacional de Incentivo Docente nació producto del reclamo registrado hacia fines de los ’90, durante el menemismo, que docentes protagonizaron con la instalación de la Carpa Blanca frente al Congreso.

Desde ese entonces a la actualidad, el FONID tuvo como objetivo el aporte nacional al salario docente provincial, de modo de eliminar brechas entre las jurisdicciones, donde los recursos que se recibían por este concepto representaban entre un 10% y 20% del sueldo docente.

La Ley 25.053 creó el FONID a partir del 1ro. de enero de 1999, con una vigencia de 5 años, hasta el 31 diciembre del 2003, y para su financiamiento el Congreso creó un impuesto que gravaría con el 1% anual a las transferencias de automotores, aviones y embarcaciones.

Al presentar su proyecto de ley, un grupo de diputados de Unión por la Patria recordaron que en el año 2002, como secuela del agravamiento de la crisis de fines de 2001, el FONID no tuvo crédito y las transferencias comenzaron a realizarse con cargo a los fondos remanentes del crédito del año 2001. De 2003 a 2005, el Ministerio de Educación, a cargo entonces de Daniel Filmus, comenzó un esquema de cancelación gradual de la deuda.

El FONID se incorpora en el artículo 19 de la Ley de Financiamiento Educativo en 2006 y, a partir de allí, se dieron sucesivas prórrogas en su plazo de vigencia a través de las leyes de Presupuesto o por decreto. Precisamente, por esta última vía el expresdidente Alberto Fernández había establecido su extensión hasta el 1ro. de enero de este año.

“Pasado un mes de la fecha del vencimiento, no ha sido prorrogado, y se genera una profunda incertidumbre en las comunidades educativas de todas las jurisdicciones. La gravedad de la situación es aún mayor, ante el inminente inicio del año lectivo”, alertaron los diputados de UP encabezados por el pampeano Ariel Rauschenberger, en los argumentos de la iniciativa que propone prorrogarlo por el término de 5 años.

Por su parte, desde el Senado, el interbloque de UP también presentó un proyecto de ley que buscar extender la vigencia del FONID, en este caso por 2 años. “En Mendoza el incentivo alcanza a 40.000 maestros y significa $28.700 en el bolsillo de cada docente. Es entre el 8% y el 13% del sueldo de nuestros educadores”, resaltó la senadora Anabel Fernández Sagasti con un ejemplo sobre lo que representa para su provincia.

Este viernes, encabezados por Julio Cobos, diputados de UCR presentaron un proyecto que va en la misma línea que el de sus colegas de UP en la Cámara baja: una prórroga por 5 años. “El FONID es indispensable en este contexto de emergencia económica que el propio Ejecutivo nacional declaró como fundamento de decretos”, afirmó el exvicepresidente.

El mendocino advirtió que “la eliminación sin previo aviso genera un importante desfinanciamiento de las arcas provinciales, más aún en este contexto grave que vivimos”. Asimismo, aclaró que el Presupuesto 2023, prorrogado para este año, “contiene las partidas necesarias para el FONID”. “Sin embargo, a la fecha no se han transferido las mismas a las provincias, ni se ha dictado la decisión administrativa modificando las partidas”, subrayó.

Desde el Frente de Izquierda, la diputada Romina Del Plá presentó una iniciativa que directamente pide reestablecer “en forma permanente la vigencia” del FONID. Además, el texto propone que “los montos correspondientes al FONID pasarán a ser remunerativos y bonificables” y se deberá retribuir “las diferencias existentes entre el carácter remunerativo que el FONID tiene y el pago efectivo como suma fija que, arbitrariamente y en perjuicio de los docentes, viene liquidando el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales”.

Mediante un proyecto de comunicación, la senadora de Juntos Somos Río Negro, Mónica Silva, reclamó al Gobierno nacional la “urgencia” en sostener el FONID y advirtió que “la falta de recursos de este Fondo implica una disminución salarial significativa en un contexto de alta inflación y pone en riesgo el inicio de clases y, en general, la sostenibilidad del sistema educativo”.

En ese sentido, explicó que en su provincia “afecta seriamente a más de 23 mil educadores”. Y le recordó al Ejecutivo nacional que la Ley Provincial 4.819 establece que “la educación constituye un derecho social y un bien público que obliga al Estado Provincial con la concurrencia del Estado Nacional a garantizar su ejercicio a todos los habitantes de su territorio”.

La diputada nacional Romina Del Plá (FIT – Buenos Aires) presentó un proyecto de ley para prorrogar la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente y para establecer que los montos correspondientes pasarán a ser remunerativos y bonificables.

Del mismo modo, propone que se regularice en un plazo no mayor a 30 días luego de aprobada la presente ley, el pago a término de todas las deudas por pago diferido del FONID, y establézcase el pago en tiempo y forma a inmediato mes vencido.

También, exige que el salario mínimo del cargo docente testigo de cada jurisdicción, que surja de la paritaria nacional y/o provincial correspondiente, no puede ser menor, en ningún caso, al equivalente a la Canasta Básica Total fijada por el INDEC, donde el 70% como mínimo estará constituido por el salario básico.

El texto menciona que el salario mínimo docente será actualizado por el Índice de precios al consumidor (IPC) mensual elaborado por el INDEC trasladándose de manera proporcional a todos los cargos del sistema educativo de cada jurisdicción.

Finalmente, la iniciativa propuso que los docentes jubilados pasarán a percibir en un plazo no mayor a 30 días luego de aprobada la presente ley, el monto correspondiente al FONID como parte del reconocimiento de su carácter remunerativo y bonificable

El proyecto de ley cuenta con las firmas de los diputados nacionales Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Alejandro Vilca y Christian Castillo.

Tras la presentación del proyecto, Del Plá expresó que “se trata de dar una respuesta a esta ofensiva contra la educación que ha conmocionado al conjunto de la población, y que pone en riesgo no sólo el comienzo del ciclo lectivo, sino el normal funcionamiento de la escuela pública”.

“La doble vara del presidente (Javier) Milei es la de un gobierno que vuelca sobre la educación pública y los trabajadores el costo de una crisis que han generado los grandes representantes de la casta empresaria, a los que por el contrario les mantiene todos sus privilegios”, aseveró.

Y siguió: “Como el pago de intereses de la deuda externa , que creció en un 199% desde su asunción, y se mantienen sin tocar los miles de millones de dólares por vía de subsidios y exenciones que favorecen a capitalistas y especuladores financieros de todo color”.

Finalmente, enfatizó que “en el parlamento, pero también en las aulas y las calles, la docencia y el pueblo argentino enfrentaremos este atropello hasta derrotarlo definitivamente”.

Los diputados nacionales de Unión por la Patria presentaron un proyecto de ley para garantizar por el plazo de cinco años la continuación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) creado por la Ley Nº25.053.

La vigencia del FONID se prorrogó de forma sucesiva desde 2004 y la última prórroga se realizó a partir del 1 de enero de 2022 –por el término de dos años– en el marco del DNU 88/22 durante la presidencia de Alberto Fernández, pero ahora no fue prorrogado.

La iniciativa tiene por objeto promover “el reconocimiento a la educación como prioridad nacional y política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación”.

Del mismo modo, plantearon que busca “garantizar el ejercicio del derecho constitucional de enseñar y aprender de los estudiantes y docentes de todo el país de forma equitativa”, en línea con los establecido por la Ley de Educación Nacional.

El texto fue presentado por los diputados Ariel Rasuchenberger, Pablo Yedlin, Victoria Tolosa Paz, Aldo Leiva, Juan Manuel Pedrini, Nancy Sand, Eduardo Toniolli, Silvina Ginocchio, Ana María Ianni, Tanya Bertoldi, Carolina Yutrovic y Gustavo Bordet, entre otros.

Recientemente se conmemoró el Día Internacional de la Educación, una ocasión que nos enfrenta a una realidad crecientemente compleja y desafiante para las generaciones más jóvenes. En el contexto del desafío que presenta este 2024 y la situación de emergencia que atraviesa la educación, reflexionamos sobre la importancia crucial de abordar estos retos de manera efectiva.

Datos de la UNESCO demuestran que el número de niños sin escolarizar está aumentando.  Si bien en la República Argentina la educación es un derecho consagrado por la Constitución Nacional en su artículo 14 y mediante la Ley 26.206 de Educación Nacional sancionada en 2006, donde se jerarquiza su aporte: “la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado”.

No obstante, en la actualidad nos encontramos ante una crisis estructural en el sistema educativo argentino, observando una disminución en el acceso de los argentinos a la educación formal. Asimismo, cada ocho minutos presenciamos la deserción de un estudiante de la escuela secundaria. Incluso aquellos que logran completar sus estudios secundarios, solo 3 de cada 10 obtienen resultados satisfactorios en la materia de Matemáticas.

En la Era del Conocimiento y la Innovación, se destaca la idea de que para obtener resultados diferentes, es imperativo establecer prioridades distintas. Nos hallamos en plena Revolución del Trabajo, impulsada por la Transformación Digital, marcando una época donde se demandan habilidades y competencias más avanzadas. Esto confirma que la educación constituye el cimiento fundamental para impulsar estos cambios.

¿La Tecnología puede cooperar en esta emergencia?

La omnipresencia de la tecnología digital se manifiesta cada vez más en la vida cotidiana, extendiéndose incluso a los rincones más remotos y dando origen a nuevos universos. En ocasiones, su capacidad integradora desdibuja las fronteras entre lo real y lo imaginario.

En paralelo, su evolución se acelera a un ritmo que supera nuestra capacidad de evaluación; en promedio, los productos de tecnología educativa experimentan cambios cada 36 meses. En este contexto, la educación no puede permanecer inalterada.

Surge así un potencial transformador que abre las puertas de la educación a millones de personas. La tecnología accesible y el diseño universal proporcionan nuevas oportunidades para los estudiantes con discapacidad. De hecho, alrededor del 87% de los adultos con deficiencia visual señalan que los dispositivos de tecnología accesible están reemplazando a las herramientas de apoyo tradicionales.

Los notables avances tecnológicos, especialmente en el ámbito de la tecnología digital, están remodelando rápidamente el panorama global.

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se consagra la idea de que la educación busca el “pleno desarrollo de la personalidad humana”, el “fortalecimiento del respeto a las libertades fundamentales” y la promoción de “la comprensión, la tolerancia y la amistad”. Sin embargo, esta concepción debe evolucionar para adecuarse a la era actual.

Una interpretación más amplia del derecho a la educación podría incorporar un respaldo efectivo de la tecnología, garantizando que todos los estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial, sin importar el contexto o las circunstancias.

Argentina para resolver su emergencia en materia educativa necesita priorizar la formación en habilidades y competencias convirtiendo esta Prioridad en una Oportunidad que permita incluir a todos los argentinos a trayectos formativos en pos del desarrollo laboral y emprendedor garantizando la mayor accesibilidad mediante el uso de la tecnología.

Para abordar la emergencia educativa en Argentina, es esencial dar prioridad a la formación en habilidades y competencias, transformando esta necesidad en una oportunidad. Esto posibilitaría la inclusión de todos los argentinos en programas de desarrollo laboral y emprendedor, asegurando una accesibilidad amplia mediante la implementación efectiva de la tecnología.

* Por Mgter. Guillermo Suárez, Presidente de la OIEP, y VP de la Cámara Argentina de Formación Profesional y Capacitación Laboral.

Durante la tercera jornada de debate de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, negó este jueves que el proyecto promueva el homeschooling, aseguró que “no hay ninguna intención” de reducir las bibliotecas y defendió la propuesta de un examen final a los estudiantes del nivel secundario, al insistir en un concepto de evaluación para “información” y no desde la visión de ranking o estadísticas. 

En su exposición ante el plenario de comisiones, el funcionario se refirió a algunos artículos de la iniciativa, entre ellos la cuestión de “quienes se integran a la docencia con título de educación superior sin formación pedagógica”. “La noticia buena y mala, depende cómo se vea, es que eso ya sucede. Se busca que eso se complemente con tramos de formación pedagógica, porque una cosa es ser un buen contador y otra ser un buen profesor de economía”, dijo.  

Luego defendió los cambios en la evaluación docente porque “para poder desarrollar capacidades tenemos que ser acompañados con evaluaciones que nos provean elementos para poder mejorar”. 

En otro tramo, Torrendell aseguró que a las bibliotecas quieren “ampliarlas, fortalecerlas, no hay ninguna intención de reducirlas, todo lo contrario”. 

Además, explicó que el examen de conclusión de nivel secundario busca “proveer información para que las familias tengan elementos para tomar mejores decisiones”. Aunque “se lo evalúa desde paradigmas tradicionales, en realidad estamos ofreciendo elementos que terminan convergiendo en una mejor toma de decisiones”, insistió. 

“Al finalizar los estudios de educación secundaria el Estado Nacional tomará un examen censal obligatorio que mida los aprendizajes adquiridos y las capacidades desarrolladas por los adolescentes que egresan”, agregó. 

Sobre la educación a distancia, el secretario sostuvo que “sin ninguna duda la educación presencial es clave, pero también debe estar perfectamente integrada con el entorno tecnológico en el que vivimos y, por lo tanto, hay muchas experiencias positivas, en algunas modalidades, donde se complementan”. 

“Se ha hablado de homeschooling, cosas rarísimas que no sé cómo se derivan de la redacción del artículo y que muestran una gran capacidad de imaginación”, expresó y enfatizó: “Nosotros lo que queremos promover es el desarrollo de una educación presencial que pueda integrar instancias de virtualidad”. 

Por otra parte, apuntó que “se agrega que las provincias también desarrollen sus acuerdos salariales específicos”. Y aclaró que “la educación siempre ha sido el despliegue de una articulación de sociedad civil con Estado” ante “la sospecha de la mercantilización de la educación, de la colaboración con el sector privado; cuando todo eso ya existe”. 

En su exposición inicial, Torrendell manifestó que “el paradigma central que está detrás de esta propuesta es lo que denominamos una política participativa y federal” que consista en “consolidar normas y desarrollar instituciones y prácticas que tengan que ver con este doble pivote” de “una política no centralista y no con el Estado como único actor”, el cual  “tiene un rol por supuesto de garante, pero eso no implica que tiene que convertirse en un centralizador o monopolizador de la educación”. 

El secretario aseveró que su gestión tiene “tres principios rectores que deben encaminar la política educativa” como “caminar hacia la justicia educativa”, generar “políticas de confianza y previsibilidad” y tomar a la evaluación -para docentes y alumnos- “como información que tiene que ser útil para la retroalimentación a fin de mejorar nuestras experiencias de aprendizaje”. 

Al momento de las preguntas, el diputado de Unión por la Patria Daniel Arroyo le consultó “si de verdad van a una escuela voucher”, un sistema que consideró “es para atrás, no es para adelante, no es para el siglo XXI”, y que había sido una de las propuestas electorales del presidente Javier Milei. “Hay una contradicción total entre justicia educativa y sistema voucher”, resaltó, a lo que Torrell confirmó: “No hay ninguna política encaminada hacia un sistema de vouchers. Tampoco el esquema de financiamiento actual resulta justo y equitativo”. 

Más tarde, ante una consulta del diputado de Unión por la Patria Tomás Ledesma, el secretario admitió que el tema se dialogó entre Milei y el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, pero que “de ninguna manera hay una política local, en Santa Cruz no la hay, ni tampoco nacional, nadie me ha dado ninguna instrucción en ese sentido, de desarrollar sistemas de vouchers en Argentina”.

Por su parte, el diputado del Pro Alejandro Finocchiaro opinó que el examen de egreso del secundario es “una buena medida, pero para el final del camino” ante “la brecha educativa que tenemos”. También, el exministro de Educación dijo no estar de acuerdo “con los estudios a distancia para los niños”. Al contestar, el funcionario informó que habrá una modificación al texto para que “quede claro que lo que se habilita es una presencialidad con posibilidad de hibridez desde el segundo ciclo del nivel primario”.  

Un cruce con la izquierda

De profesión docente, la diputada del Frente de Izquierda Romina Del Plá cuestionó varios aspectos del proyecto en cuanto a la educación. En primer lugar, apuntó que “ataca a la docencia porque elimina una conquista del año 1958, que es la estabilidad en el cargo. Cuando ustedes hablan del examen cada cinco años de reválida del título, ¿eso tiene una implicancia directa sobre la carrera laboral? ¿Cómo lo tienen pensado? Va en contra de los estatutos y todas las leyes provinciales”. 

En segundo orden, habló de “un avance feroz en todo el proceso privatizador, porque el examen de egreso en la secundaria, ¿ignora que los docentes evaluamos permanentemente? Anula todo el proceso educativo que se viene desenvolviendo”. Y, por último, criticó que “las cooperadoras escolares pueden publicitar quiénes son los que hacen aportes” bajo una idea encubierta de que “la escuela se las arregle cómo pueda; si tiene que pintar, que se consiga un sponsor”. 

“Al avance privatizador con el examen de egreso de la secundaria no le encuentro relación”, respondió Torrell, quien chicaneó que “algún día tendríamos que lograr, y sería extraordinario que podamos viajar juntos a dos países -si logramos financiamiento del Partido Obrero-, a China y a Cuba, para ver qué se hace con la evaluación y los exámenes en esos países. El marxismo ha sido muy selectivo y estratificador en las lógicas de planeamiento educativo y, además, hoy en día China ha ingresado en las pruebas PISA”. 

A continuación, Del Plá pidió la palabra y le aclaró: “Nosotros somos trotskistas y por lo tanto no nos pueden asimilar a los procesos justamente que nosotros cuestionamos y que luchamos por la revolución política para que los trabajadores retomen plenamente el gobierno desplazando a la burocracia en esos países”.