A través de un comunicado, la bancada radical advirtió por el recorte presupuestario al nivel superior y señaló que “dañar al sistema solo va a generar más problemas de los que ya tenemos”.
El bloque de diputados nacionales de la UCR ratificó este martes su “compromiso con la educación pública” y expresó su acompañamiento a las universidades nacionales en su reclamo por la falta de presupuesto, motivo por el cual la comunidad educativa convocó a una marcha a Plaza de Mayo el próximo 23 de abril.
“Las universidades públicas son pilares fundamentales para el desarrollo de nuestro país y brindan a miles de estudiantes acceso a una educación de calidad. Sin embargo, la decisión del Gobierno de llevar adelante uno de los más grandes ajustes presupuestarios de la historia amenaza el normal funcionamiento de las instituciones”, advirtieron los radicales.
En ese sentido, apuntaron que “esta situación tiene un impacto directo en la calidad de la enseñanza, la investigación y la extensión universitaria y no sólo limita las oportunidades de formación académica, sino que pone en peligro el avance científico, tecnológico y cultural del país”.
Desde la bancada que conduce Rodrigo De Loredo, que había pedido anteriormente sumar la educación pública al Pacto de Mayo convocado por el Gobierno, recordaron: “Siempre manifestamos la importancia de lograr el equilibrio fiscal y convocamos a trabajar por un Estado más eficaz. Pero es importante remarcar que la inversión en educación superior es esencial para alcanzar el crecimiento sostenible que el país tanto necesita. Dañar al sistema solo va a generar más problemas de los que ya tenemos”.
“En este contexto, acompañamos a las universidades en su reclamo y reafirmamos nuestro compromiso histórico con la educación pública y en defensa de nuestro sistema universitario”, concluyeron.
El jefe de Gobierno porteño explicó que se trata de una medida que busca asistir a las familias de clase media y evitar el cierre de colegios. El beneficio ayudará a cubrir parte de la cuota de los alumnos.
A raíz de la delicada situación económica que atraviesa el país, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, anunció este martes que el distrito capitalino entregará una ayuda económica a las familias de chicos que van a escuelas privadas subvencionadas, a fin de ayudarlos a cubrir parte de la cuota educativa.
El anuncio fue realizado en una conferencia de prensa en la que también estuvo presente la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio; el jefe de Gabinete, Néstor Grindetti; y la ministra de Educación, Mercedes Miguel, por representantes del Consejo Consultivo de la Dirección General de Gestión Privada y legisladores del Interbloque de la comisión de educación.
El beneficio, llamado “Ayuda cuota escolar”, se extenderá durante tres meses (a partir de mayo) y alcanzará hasta el 50% de la cuota programática con un tope mensual por cada hijo de 30 mil pesos.
La medida abarca a 212 mil alumnos de los tres niveles (36 mil de inicial, 99 mil de primaria y 77 mil de secundaria) de 854 escuelas subvencionadas. Además, busca evitar el cierre de más colegios, teniendo en cuenta que en 2023 dejaron de funcionar un total de seis establecimientos educativos (tres jardines de infantes y tres colegios primarios y secundarios).
En ese contexto, Macri explicó que “estamos en un momento crítico de la clase media. Vamos a asistir a las familias, pero también a las escuelas. Y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que ninguna cierre. Cada escuela que cierra es una herida que queda en el barrio, en la historia, en los niños y las familias que se educaron”.
“Nuestra tarea no es describir el momento, es tomar decisiones en función de lo que va ocurriendo. Y sabemos que hoy hay muchas familias que no pueden pagar la escuela que eligieron para sus hijos. Nuestra mirada es que nos importan todos los chicos que estudian en la Ciudad de Buenos Aires. Aquellos que van al sistema de gestión público-público, pero también aquellos que asisten al sistema de educación público de gestión privada”, completó.
Para solicitar o aplicar el beneficio hay tiempo hasta el 20 de mayo; los beneficiarios deberán ingresar a https://buenosaires.gob.ar/educacion/ayudacuotaescolar y completar un formulario con los datos del o los estudiantes y del Colegio o escuela a la que asisten.
El vocero presidencial respaldó la respuesta que dio la ministra Pettovello a los dichos del diputado de La Libertad Avanza.
Durante la conferencia de prensa de este lunes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, fue consultado por los dichos del diputado oficialista Alberto “Bertie” Benegas Lynch sobre la educación obligatoria y afirmó que su opinión no coincide con la postura del Gobierno.
“Para nosotros la educación, el conocimiento, es un recurso fundamental. Lo que dice el diputado Benegas Lynch corre por cuenta del diputado Benegas Lynch”, sostuvo el funcionario.
Y agregó: “Tal vez la política argentina está acostumbrada a moverse en bloque, o en manada, nosotros no y la opinión del diputado Benegas Lynch no tiene por qué coincidir con la postura del Gobierno nacional”.
Adorni respaldó además el descargo al respecto que hizo la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con quien “cada vez que hablamos de los más chicos, los más vulnerables, siempre hacemos foco en que la batalla contra la pobreza, el aniquilamiento de la pobreza, es detrás tener la oportunidad de capacitarse, educarse y tener un futuro”, expresó.
Sobre el posteo en redes sociales de Pettovello, con la frase “hombres trabajando, niños estudiando”, el vocero la definió como “la mejor frase de los últimos tiempos”. “Los niños que hoy estudien son los que nos van a garantizar una Argentina el día de mañana, así que para nosotros la educación es fundamental”, cerró.
Entrevistado en Radio Milenium por Romina Manguel, “Bertie” Benegas Lynch opinó: “Yo no creo en la obligatoriedad de la educación. Es una responsabilidad de los padres. Vos a tu hijo le querés dar lo mejor”.
“Muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, que no te podés dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller junto al padre trabajando y no lo puede mandar a la universidad”, expresó el libertario y desató una gran polémica, con el rechazo por parte de todo el arco político.
La ministra de Capital Humano habló de “hombres trabajando, niños estudiando” y recordó que la obligatoriedad de la educación surgió del “pensamiento humanista liberal”.
A la fuerte polémica desatada por el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch, quien cuestionó la obligatoriedad de la educación, lo que le valió una catarata de críticas desde todo el arco político, se sumó el rechazo desde el propio Gobierno en voz de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
A través de un posteo en su cuenta de Instagram, ilustrado con una imagen que reza “hombres trabajando, niños estudiando”, la funcionaria recordó que “la educación obligatoria fue propuesta en el contexto del pensamiento humanista liberal, justamente para promover la libertad de los menores tutelados por adultos”.
En su explicación, la ministra subrayó que eso “permite que los niños puedan educarse, ampliando horizontes para desarrollar un proyecto de vida propio en el contexto de culturas cada vez más completas, lo que vuelve imprescindible una alfabetización integral”.
“La libertad de enseñanza, hija de la libertad de conciencia, promueve que los padres sean los primeros en naturales educadores, pero esto no conlleva a un dominio ilimitado sobre sus hijos. El Estado y la sociedad civil también forman parte de la tutela de la educación”, aclaró.
En ese sentido, Pettovello indicó que “ningún agente educativo puede obstaculizar su dominio formativo sobre los menores de edad. Es cierto que la educación obligatoria ha derivado muchas veces en el adoctrinamiento o el monopolio ideológico. Pero de esto no deben seguirse falsas soluciones que caen en otros absolutismos, como el de los padres sobre los hijos”.
Si un padre necesita al hijo en el taller, no se puede dar el lujo de mandarlo al colegio, explicó el legislador. “Con los chicos no”, replicó un legislador de la CC.
El diputado nacional libertario Alberto “Bertie” Benegas Lynch volvió a dar la nota al admitir que no está a favor de que la educación sea obligatoria. Disruptivo, dijo que él no cree en la obligatoriedad de la educación, sino que se trata de “una responsabilidad de los padres”.
“Vos a tu hijo le querés dar lo mejor”, aclaró el diputado de La Libertad Avanza en una entrevista con FM Milenium, donde argumentó su razonamiento diciendo que a pesar de ese deseo, a veces no se puede: el padre necesita que el hijo trabaje, y el Estado no debe meterse.
Según Benegas Lynch, “sobre todo en Argentina” puede pasar en una familia que “no te podés dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller junto al padre trabajando y no lo puede mandar a la universidad”.
Así las cosas, se preguntó: “¿Cómo va a ser el Estado el que decide sobre el chico? A mí ni se me ocurre una cosa más invasiva”.
En definitiva, “la libertad también es que si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller, puedas hacerlo”.
Si bien admitió que “la educación es el eje de la civilización”, se preguntó por qué darle a “un comité de burócratas la decisión de la educación”.
“¿Al Estado? ¿Al Ministerio de Educación?”, se preguntó el diputado por la provincia de Buenos Aires.
"Bertie":
Por las declaraciones de Alberto Benegas Lynch sobre la educación obligatoria pic.twitter.com/wzmITGe5jV— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 7, 2024
“Con los chicos no”
Desde la Coalición Cívica, su presidente, Maximiliano Ferraro, salió a cruzar a Benegas Lynch, recordándole que “la Ley 26.390 prohíbe el trabajo infantil en Argentina”.
“La Constitución Nacional ha incorporado diversas convenciones internacionales que protegen los derechos de los niños, incluyendo el derecho a no ser explotados y el derecho a la educación”, advirtió el diputado del bloque Hacemos Coalición Federal.
En un posteo titulado “Con los chicos no”, agregó Ferraro: “Su postura atrasa 140 años, ya que la Ley 1420 fue sancionada en 1884. Nicolás Avellaneda, Julio Argentino Roca y Domingo Faustino Sarmiento estarían consternados por su enfoque liberal”.
Y concluyó resaltando que “es importante recordar que la educación es obligatoria y que la protección de los derechos de los niños es fundamental si queremos una sociedad libre, justa, igualitaria y equitativa”.
No es la excentricidad de un snob marginal, sino el pensamiento intimo de un Diputado estrechamente vinculado al Presidente.Tambien negacionistas y antivacunas. Terraplanistas medioevales! El Cambio q procuran es X una Argentina elitista y privilegiada
https://t.co/btc6TnYhPr— Juan Pedro Tunessi (@Tunessi) April 7, 2024
El exministro de Cultura de Cambiemos, Pablo Avelluto, salió a cruzar al diputado libertario comentando que su papá “tuvo que empezar a trabajar a los 8 años. Nacido en 1938 e hijo único de madre soltera, en su casa no hubo alternativa. Lamentablemente, falleció hace muchos años. De estar vivo, iría a trompear al diputado ignorante para contarle de qué se trata el trabajo infantil”.
En otro tuit, dijo que recordaremos en el futuro este tiempo con “vergüenza”.
En el futuro vamos a recordar esta época con vergüenza por no haber hecho más para impedir que sucediera. https://t.co/kpZHPXcUf3
— Pablo Avelluto (@pabloavelluto) April 7, 2024
B. Lynch explica porque están contra de la educación obligatoria y a favor del trabajo infantil:”No se pueden dar el lujo de ir a la escuela porque tienen que estar en el taller con el padre" ¿Sabrá que fue J. A.Roca quien impuso la 1420? vía @eldestapeweb https://t.co/pN70BlWb21
— Daniel Filmus (@FilmusDaniel) April 7, 2024
Esto es la Sociedad de Mercado que quiere Milei. Y este pelotudo es Diputado, supongo que sabe todos los derechos de los niños pero obviamente no le importa ,lo único que vale es el Mercado. pic.twitter.com/OjMsNkAcbM
— Facundo Del Gaiso (@FacundoDelGaiso) April 7, 2024
A su vez, la diputada radical Carla Carrizo le dijo a Benegas Lynch que “ningún padre o madre sin recursos económicos suficientes elegiría dejar sin escuela a sus hijos. Saben sobre futuro, derechos y obligaciones. Que enorme subestimación, desconocimiento y falta de respeto. Todos, grandes y chicos, esperan disculpas. Necesitamos que aprenda y garantice el cumplimiento de la ley, no que interprete la pobreza, según su parecer. Lamentable”.
El liberalismo al que adscribo cree fuertemente en la educación pública.
Cree en educar a los ciudadanos y a un Estado haciéndose cargo de eso. Porque la educación es el mayor y mejor proveedor de oportunidades y tras la educación hay valores esenciales para el liberalismo como… pic.twitter.com/VuxBzIO647
— Sabrina Ajmechet (@ajmechet) April 7, 2024
En un texto presentado por el bloque radical, además de modificar la Ley 24.251, proponen la incorporación de un examen obligatorio al terminar la secundaria y la implementación de la modalidad a distancia o híbrida como alternativa a la presencial.
El bloque de senadores nacionales de la Unión Cívica Radical presentó un proyecto de ley para declarar a la educación como “servicio esencial” en el marco de lo establecido en los artículos 14 y 75 incisos 18, 19 y 22 de la Constitución Nacional.
En un comunicado, explicaron que “nuestro país vive un proceso de cambios. La educación es y debe ser, de manera inexorable, parte de esa discusión pública y del debate legislativo”. El proyecto propone distintas propuestas y aportes tanto del Poder Ejecutivo como de legisladores nacionales, a los que suma aspectos como el referido a la incorporación de la educación emocional.
Esta iniciativa propuso: Garantizar la cobertura de servicios educativos mínimos de al menos un 75% de su prestación normal; Añadir lineamientos para la evaluación de la carrera docente; Fomentar el uso de bibliotecas escolares digitales o físicas; Incorporar al finalizar el secundario de un examen censal obligatorio; y la implementación de la educación a distancia o híbrida como alternativa a la presencial.
Con respecto a la Educación Superior Universitaria, se propone la modificación de la Ley 24.251, estableciendo que los estudios de grado en las instituciones de gestión estatal serán gratuitos, permitiendo que se establezcan aranceles para no residentes extranjeros; se propone la aplicación universal de mecanismos de nivelación para el ingreso; la obligatoriedad de evaluaciones externas para las instituciones; y que el aporte del Estado Nacional se distribuirá en función de los criterios que se acuerden con el Consejo Interuniversitario Nacional.
“Entre los cambios que la Argentina necesita, la educación juega un rol fundamental, formando a niños y los jóvenes como personas y preparándolos para los empleos del futuro, en una comunidad global que presenta desafíos cada vez más grandes y que avanza cada vez a una mayor velocidad, pero que también ofrece enormes oportunidades de desarrollo”, añadieron desde el bloque radical.
La deficiencia del Estado populista, como así también del conservador liberal, nos ha llevado en gran parte a esta triste situación actual.
En una parte del mundo donde despóticamente se gobierna tras la máscara de la “democracia” y en donde esta considera despreciable a gran parte de la humanidad por creerla una plaga descontrolada sin posibilidades de desaparecer, allí viven seres perturbadores situados en una economía globalizada, donde los Estados bajo la dominación de las corporaciones se han convertido en meros municipios, y en donde la vida de las personas carece de valor absoluto.
A pesar de esto y la pobreza a la que los distintos gobiernos los arrastraron, todavía la sociedad sigue esperanzada. En gran parte, muchos de ellos continúan pensando que pueden colocar en venta su fuerza de trabajo (que es volver al punto de partida de los países subdesarrollados). Antaño las personas aprendían a conservar y enorgullecerse de su labor. Ahora en este mundo deshumanizado obligan a la muchedumbre a que se resigne a no tener un puesto laboral, o en su defecto aceptar sin reticencia alguna lo que el sistema le imponga. Así, la gran mayoría de los hombres y mujeres de este nuevo escenario horrendo hecho a imagen y semejanza de aquellos que lo conducen no tienen ninguna inspiración de valor racionalizada que los estimule a seguir viviendo en un cosmos donde, sin haberlo pedido, se encuentran afligidamente coexistiendo. La sociedad siembra su esperanza en ser favorecida y con ello conserva su ilusión. Las exenciones impositivas, desgravaciones, subsidios, asistencia crediticia y las posibilidades de crecimiento verdaderas estarán vedadas para las grandes mayorías, siendo solo las ruines y criminales corporaciones las que el poder real resuelva que deben ser asistidas y sus ganancias sacralizadas. De esta manera, millones de personas quedan libradas a su suerte, y así el slogan “el trabajo es un derecho” es reemplazado por “el desempleo es una obligación” por parte de los gobernantes que vuelven a responsabilizar a las personas del saqueo y el quebranto al que los distintos actores políticos nos han llevado hasta el presente. El efecto de infravaloración al que son inducidas las personas tiene el fin encubierto de hacerlas sentir que ya no sirven para nada, porque les han robado hasta la dignidad. La consigna es: no dejen que las almas traten de buscar otras opciones que le permitan superarse o contentarse; traten en lo posible de que estas repitan de manera reiterada todo aquello que la condujo al fracaso. Es sabido que la frustración es la réplica emocional común que advertimos cuando ostentamos un deseo, una necesidad, un objetivo y no logramos compensarlo. Acto seguido sentimos ira, disgusto y decepción, un estado no saciado donde la persona se percibe completamente vacía. En fin, cuanto mayor sea la pared o muro que ponga escollos a nuestras aspiraciones, mayor será el desengaño y la frustración.
En el escenario precedentemente descripto, una parte importante de la población que tiene representaciones suicidas está recorriendo una situación de ambivalencia. En sí, anhelaría morir si su vida se perpetúa de la misma manera esperando las mejoras del “estado de bienestar” que siempre se anuncia pero que nunca llega, y desecharía tal idea si se produjeran cambios significativos en ella.
El Ministerio de Salud de la Nación advierte que en nuestro país hay 1 suicidio cada 3 horas.
En la Argentina actual hay gatillos que disparan balas que agudizan y llevan a la depresión. Esas causas pueden ser factores socioeconómicos, la falta de trabajo, pobreza, inseguridad, problemas de salud mental no tratados ni seguidos por el Estado, falta de vivienda, el narcotráfico, falta de acceso a la atención médica, la falta de apoyo social o aislamiento. Todas estas generan un ambiente en una parte importante de la población que abona las conductas suicidas, conforme lo aseveran destacados y reconocidos profesionales en esta materia.
Hoy nos encontramos con una sociedad entre el abandono y el fracaso del sanitarismo populista.
La deficiencia del Estado populista, como así también del conservador liberal, nos ha llevado en gran parte a esta triste situación actual. En sí, podemos ver la adaptación social de un nuevo y readaptado “apartheid” planificado para conservar el poder de la minoría elitista que no quiere perder su lugar de privilegio frente a las mayorías excluidas. Esta minoría se escuda falsamente bajo el principio del llamado “hombre libre”, pero lo real y concreto es que todos los modelos políticos conocidos hasta el presente profundizaron la miseria, instalando un nuevo y reajustado esquema de esclavitud. Este eyecta a los individuos de su dignidad y del conocimiento, encadenando los sueños, instalando la degradación mental, la miseria social, penalizando las ideas, el progreso, el bienestar, la solidaridad, la educación, fomentando la individualidad y desintegrando la familia. En si hasta hoy, el destino de la humanidad del que no escapamos recayó siempre en manos de los mayores sinvergüenzas que han puesto en evidencia que el delito no es individual sino social. Siempre cometido por aquellos que se han garantizado ser gobierno para frustrar y quebrar la voluntad de los pueblos sometidos por estos.
La educación es la verdadera revolución de los pueblos. Mientras como sociedad le sigamos dando la espalda a esta, seguirán rechinando los grilletes que nos esclavizan y nos alejan cada vez más de alcanzar una sociedad donde reine la igualdad y el bienestar general para todos.
*Pirillo es secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López y escritor
Para el legislador porteño, el presidente no quiere mejorar la UBA ni la educación, sino Busca quedarse con los fondos destinados a financiarla.
El presidente está hablando en un país con una deserción escolar que en algunas provincias supera el 30% y un creciente discurso que pone en crisis la educación contra las oportunidades mágicas que ofrecen las cripto, cursos clandestinos, inofensivas pirámides y el juego en línea.
Tenemos que entender el contexto en el que estamos. Más quienes somos funcionarios públicos. Podemos hacer mucho para mejorar la educación, hay que trabajar en esa línea.
El problema es que el presidente no quiere mejorar la UBA ni la educación. No propone eso. Busca quedarse con los fondos destinados a financiarla. ¿Quién va a pagar la plata que se queda el Estado Nacional y no le manda a la UBA o a las provincias con el fondo educativo para las escuelas?
Se puede discutir ampliar las fuentes de financiamiento con la participación de los egresados, de los profesionales colegiados y demás. Se puede pensar más estrategias de asociación pública y privada para fortalecer la autonomía financiera. Hay mucho para hacer pero en todos esos supuestos, la plata está para formar a la población y educar a los ciudadanos.
Hay muchos que quieren sacar provecho económico del desprestigio de la educación como actividad. Cuidemos lo que funciona y arreglemos lo que no. Basta de lastimar.
La iniciativa crea el Fondo Nacional para el Sostenimiento del Derecho a la Educación y asegura recursos para becas Progresar, libros, dispositivos tecnológicos y conectividad en los establecimientos.
La diputada nacional Blanca Osuna (UP – Entre Ríos) presentó un proyecto de ley de compromiso con el derecho a la educación que apunta a “una perspectiva integral, a reforzar el financiamiento y fortalecer programas educativos, cuestión imprescindible en momentos en que el gobierno de los (Javier) Milei, (Mauricio) Macri, (Luis) Caputo, accionan para la destrucción de la Educación pública”.
“En acuerdo con diputadas y diputados desde el bloque Unión por la Patria, planteamos la urgencia de establecer lineamientos concretos para que el estado nacional junto a las provincias asegure el cumplimiento del derecho reconocido por la Constitución, que hoy está en riesgo”, explicó Osuna.
Entre los puntos principales, la iniciativa crea el Fondo Nacional para el Sostenimiento del Derecho a la Educación, con aportes de sectores concentrados de la economía que han tenido enormes tasas de ganancias tales como exportadores de granos, grandes empresas de economía del conocimiento y del sector financiero. Dicho Fondo complementará las partidas regulares del presupuesto anual para educación.
El proyecto ratifica la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente y el Programa de Compensación Salarial Docente. Y al mismo tiempo referencia la Formación docente inicial y continua. Además, en el nivel obligatorio, se norma la extensión de la jornada escolar en las escuelas primarias, una meta ya acordada en el Consejo Federal de Educación “hoy en riesgo de cumplimiento”. Asimismo, se propone garantizar el boleto gratuito en el transporte público para estudiantes y docentes.
La iniciativa asegura recursos para becas Progresar, libros, dispositivos tecnológicos y conectividad en los establecimientos. Por su parte, en materia de infraestructura, la ley asegura recursos para un plan de nuevas obras, completamiento de las que están en curso y mantenimiento y mejoras edilicias.
En el capítulo sobre el nivel superior, se garantiza el pleno funcionamiento de las universidades nacionales, incluyendo las recientemente creadas, con una fórmula de actualización presupuestaria periódica para atender las exigencias de la formación de las y los profesionales de nuestro país. El proyecto propone la creación de una Comisión Bicameral de seguimiento y convenios bilaterales con las provincias.
Osuna apuntó: “El presidente destruye y achica al Estado y niega su obligación como garante del derecho a la educación y lo pone en peligro”
“La precarización de docentes con la pérdida del poder adquisitivo, y no convocar a la inscripción de las becas Progresar generan daño al sistema educativo y a las personas como un tiro artero y dañino. Ya basta de regodeo frente al dolor que está provocando este gobierno nacional. Es por eso urgente restablecer por ley el compromiso con el financiamiento al Derecho a la Educación”, remarcó la diputada entrerriana.
A través de un comunicado, la bancada que conduce Rodrigo de Loredo en la Cámara de Diputados solicitó no dejar afuera una reforma educativa y planteó 10 puntos.
El bloque de diputados nacionales de la UCR le pidió al Gobierno nacional sumar a la educación como uno de los temas del “Pacto de Mayo” propuesto por el presidente Javier Milei a todos los gobernadores, para el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba.
Los legisladores radicales consideraron que “cualquier proceso de cambio en el país no puede dejar afuera la reforma educativa” y plantearon 10 puntos en ese sentido.
El listado arranca con el pedido de “garantizar la escolaridad efectiva en sala de 3 como un objetivo para todo el país; garantizar la alfabetización 100% en primer grado e impulsar programas de terminalidad del secundario y vinculación con el mundo del trabajo -el puente de la secundaria a la inclusión laboral como prioritario-“.
Además, jerarquizar el rol de educar impulsando y promoviendo una formación docente de altísima calidad; promover estrategias y políticas activas de retención escolar para evitar el abandono; y recuperar la calidad de la estadística educativa como elemento de diagnóstico y diseño de políticas públicas”.
También, los diputados de la UCR instan a “ofrecer alternativas adecuadas a jóvenes, adultos y adultos mayores con necesidades de recalificación; y garantizar con esfuerzos mancomunados entre el Estado nacional, las Universidades Nacionales y las jurisdicciones, el acceso, permanencia y graduación de los argentinos en sus formaciones superiores”.
Finalmente, “fortalecer las políticas de calidad en el sistema de educación superior universitario y no universitario garantizando la evaluación y acreditación, la integración al mundo y la alta competitividad de nuestros técnicos científicos y profesionales; y propiciar la innovación en los modelos formativos de la educación superior”.
“El país requiere una reforma de la educación obligatoria y superior que garantice la inclusión y el acceso de todos los sectores sociales, la calidad de la misma y la innovación para los nuevos desafíos del medio socio productivo, generando el fortalecimiento de la formación y la carrera docente, la inversión en infraestructura, el financiamiento universitario, entre otras variables”, sostuvieron los radicales.
Y agregaron que “sería un error no sentar dentro de los consensos básicos que se pretenden inscribir en el llamado ‘Pacto de Mayo’ a la educación. No hay posibilidad alguna de desarrollo sostenido, sin una amplísima base de personas formadas con las capacidades necesarias frente a los retos de este tiempo. La pobreza se la combate con el trabajo, pero se la derrota con educación”.
Este 23 de marzo es el Día Mundial del Aprendizaje, vale señalar que el aprendizaje es un compromiso continuo que debe nutrirse a lo largo de toda la vida.
El Día Mundial del Aprendizaje, invita a reflexionar sobre qué significa aprender en la actualidad. En un escenario global en el que la diversidad de ideas de las sociedades democráticas debe superar los desafíos que les imponen las nuevas reglas de la etapa digital y sus condicionantes, urge la necesidad de aprender a reconocer sesgos y prejuicios. La libertad de cuestionar la realidad que nos rodea es, en esencia, aprender. Si esa libertad se condiciona ya sea por descalificación o por abuso en el ejercicio de cualquier posición de poder, lo que se restringe es la generación de conocimiento y, por ende, el aprendizaje.
En esta era de predominio digital, las redes sociales tienen el potencial de servir como plataformas para promover el desarrollo humano, la memoria histórica y el diálogo democrático. Sin embargo, también tienen la capacidad de ser utilizadas para fomentar la desigualdad, el empobrecimiento cultural y la desinformación. Ante esto, la importancia de la Educación Permanente o formación continua se hace más evidente que nunca. El aprendizaje no termina al salir de la institución educativa; es un compromiso continuo que debe nutrirse a lo largo de toda la vida, especialmente en un mundo donde la tecnología y las informaciones evolucionan a un ritmo sin precedentes.
Fomentar un uso crítico y consciente de las redes implica reconocer su valor como herramientas de aprendizaje continuo, donde el intercambio de ideas y experiencias puede enriquecer nuestra comprensión del mundo. La formación a través de plataformas digitales ofrece oportunidades ilimitadas para el desarrollo personal y profesional, permite adaptarnos a los cambios y desafíos de nuestra sociedad. Promoviendo enfoques pedagógicos que impulsen la curiosidad, el pensamiento crítico y la capacidad de aprendizaje autodirigido, asegurando que individuos de todas las edades puedan participar activamente en su educación y en un diálogo democrático.
Una cultura de Educación Permanente es esencial para contrarrestar los efectos negativos de la desinformación y contribuir al bienestar y al avance social. Al hacerlo, no solo potenciamos el uso constructivo de las redes sociales, sino que también abrimos caminos hacia una sociedad más informada, equitativa y preparada para los retos del futuro.
Entender qué es aprender implica ir más allá de la mera acumulación de datos, hacia la adquisición de herramientas para transformar nuestra comprensión del mundo. En este contexto, las redes sociales pueden jugar un rol importante al ofrecer espacios para el intercambio de ideas y el fomento de un diálogo abierto y respetuoso, siempre que se promueva la tolerancia hacia las ideas divergentes.
La rápida y constante transformación del mercado laboral refuerza la necesidad de adoptar estas miradas amplias y profundas hacia el aprendizaje. No se trata únicamente de la constante necesidad de actualización y capacitación profesional, sino también de fomentar la formación de ciudadanos críticos, creativos e interpretativos, capaces de navegar y contribuir positivamente a un mundo cada vez más complejo y exigente. Así, el proceso de aprendizaje requiere de herramientas poderosas para el desarrollo no solo individual, sino también colectivo, preparando a las personas no solo para adaptarse a los cambios, sino para ser protagonistas en la construcción de futuros más justos, inclusivos y sostenibles.
Aprender trasciende la mera memorización, tarea en la que una computadora podría superarnos. Se trata, en cambio, de adquirir herramientas que nos permiten comprender y, por ende, transformar. Aprender, entonces, es también cuestionar lo que ya está dado. Este proceso de conocimiento y transformación sobre un fenómeno altera la realidad, la condiciona.
El conocimiento se ha convertido en un activo crucial para cualquier nación, haciendo de la función educativa una inversión rentable a mediano y largo plazo que beneficia a todos los sectores de la economía. La formación profesional y laboral son hoy aspectos claves en cualquier organización.
Optar por la educación como inversión es una decisión que impacta directamente en la sociedad que deseamos construir. Nos permite cuestionar y decidir sobre nuestro futuro colectivo, equilibrando las oportunidades y, además, constituye un desarrollo sostenible y muy rentable. Elegir invertir en educación es optar por una sociedad del conocimiento en lugar de una del consumo, es democratizar las herramientas de desarrollo y construir una comunidad más igualitaria y libre. Enseñar y aprender son actos de transformación.
*Por Hernán Martini es director del Observatorio de la Cámara Argentina para la Formación Profesional y la Capacitación Laboral, y vicepresidente de la OIEP.
La legisladora del Frente Liberal Republicano (FLR) presentó una iniciativa que busca captar recursos económicos de privados para avanzar con proyectos educativos para los distintos niveles.
Con la intención de fomentar los programas educativos, la diputada del Frente Liberal Republicano (FLR) Marina Kienast impulsó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley sobre “mecenazgo educativo”.
La iniciativa en cuestión tiene como objetivo principal es captar y generar recursos económicos de privados para garantizar la concreción de propuestas inclusivas que aseguren la gratuidad, la equidad, la igualdad de oportunidades y la mejor calidad educativa en los distintos niveles de la educación.
De esta manera, el texto procura incentivar la formación de un vínculo de interacción mixta tripartita, compuesta por la Autoridad de Aplicación, los Patrocinadores (representados por aquellas personas humanas o jurídicas interesadas en ser “mecenas” y que al ejercer ese rol reciben un beneficio impositivo) y los Beneficiarios (instituciones y organizaciones).
Respecto de esta iniciativa, Kienast afirmó que su “objetivo es diseñar iniciativas que generen los incentivos apropiados para abordar los desafíos de la educación, y creemos que contar con una Ley de Mecenazgo Educativo, que le dé la opción a los contribuyentes de elegir destinar parte de sus impuestos directamente a proyectos educativos, nos ayudará a mejorar la calidad educativa en todos sus niveles”.
“En estos momentos difíciles, donde escuchamos que los recursos públicos no alcanzan, aprobar esta Ley permitiría aumentar el presupuesto educativo considerablemente, sin que esto represente una mayor presión fiscal en los porteños. Con mecenazgo educativo ganamos todos”, siguió.
Este proyecto, que cuenta con el apoyo de los legisladores Pablo Donati (FLR), Silvia Imas, Patricia Glize, Sergio Siciliano (VxM), Lucía Montenegro y Rebeca Fleitas (LLA).
Cabe recordar que actualmente en la Ciudad de Buenos Aires, ya existen leyes de mecenazgo que permiten a empresas hacer aportes directos al desarrollo de la cultura y el deporte a cambio de exenciones impositivas. Es una situación en la que ambas partes salen beneficiadas, por un lado, los ciudadanos cuentan con una mayor libertad a la hora de elegir a dónde van sus impuestos. Y por el otro, la cultura (o deporte) recibe un mayor presupuesto sin aumentar la presión fiscal de los ciudadanos.
Había sido solicitada por HCF, encabezada por Margarita Stolbizer. Esperan por la conformación de la Comisión de Educación, cabecera de varios proyectos presentados por distintos bloques.
Luego de la sesión que se frustró la semana pasada en la Cámara de Diputados, Hacemos Coalición Federal decidió desactivar otra sesión que había sido solicitada para este martes, con el objetivo de debatir sobre el futuro del Fondo Nacional de Incentivo Docente.
La solicitud había sido encabezada por la diputada Margarita Stolbizer. Fuentes del bloque presidido por Miguel Pichetto afirmaron a parlamentario.com que definieron no ir al recinto ante la inminente conformación de la Comisión de Educación, a la que debe convocar el presidente del Cuerpo, Martín Menem.
Varios proyectos sobre este tema, presentados por distintos bloques, tienen como primer giro la mencionada comisión. Además, deberán tratarse también en Presupuesto y Hacienda.
La semana pasada, antes de que la sesión para tratar la fórmula de movilidad jubilatoria se cayera por falta de quórum, Menem llamó a constituir la Comisión de Previsión y Seguridad Social ese mismo día.
El Fondo Nacional de Incentivo Docente nació producto del reclamo registrado hacia fines de los ’90, durante el menemismo, que docentes protagonizaron con la instalación de la Carpa Blanca frente al Congreso. Se creó en 1999 por la Ley 25.053, con una vigencia de 5 años.
El Fondo, por el cual las provincias recibían recursos por parte de Nación para el pago de los salarios, se incorpora en el artículo 19 de la Ley de Financiamiento Educativo en 2006 y, a partir de allí, se dieron sucesivas prórrogas en su plazo de vigencia a través de las leyes de Presupuesto o por decreto. Precisamente, por esta última vía el expresdidente Alberto Fernández había establecido su extensión hasta el 1ro. de enero de este año.
El gobierno de Javier Milei decidió no renovarlo. Sin embargo, en el Presupuesto 2023 -prorrogado este año- se destinaron $31.175 millones para el FONID.
El temario de la sesión que se había pedido para este martes incluía el proyecto presentado por Margarita Stolbizer, quien propone extender este Fondo “hasta tanto sea sancionada una nueva Ley de Coparticipación Federal o se acuerde un pacto fiscal entre la Nación, las provincias y la Ciudad, que incluya entre sus cláusulas la continuidad, financiamiento o sustitución del citado fondo”.
Desde Unión por la Patria, Máximo Kirchner presentó un proyecto que propone restablecerlo “de forma permanente”. En la misma línea lo hizo Romina Del Plá, del Frente de Izquierda.
Otras iniciativas plantean su prórroga por distintos plazos: Ariel Rauschenberger (Unión por la Patria) por 5 años; Silvana Ginocchio (Unión por la Patria) por 2 años; Julio Cobos (UCR) por 5 años; Danya Tavela (UCR) por 4 años; y Pablo Outes (Innovación Federal) pide la prórroga sin plazo.
Los interesados podrán inscribirse, con DNI en mano, de lunes a viernes em los establecimientos educativos de diferentes localidades del distrito.
En el municipio de Esteban Echeverría, los vecinos mayores de 18 años tendrán el acceso a diferentes ofertas educativas para finalizar sus estudios primarios y secundarios.
Para inscribirse o recibir indicaciones, las personas interesadas pueden acercarse con su DNI, de lunes a viernes, de 18 a 20, a las siguientes sedes:
Escuelas de Educación Primaria de Adultos (EEPA)
– EEPA N° 701 – Sofía T. de Santamarina 554 (Monte Grande)
– EEPA N° 702 – Prof. A. Marxer 1260 (Luis Guillón)
– EEPA N° 703 – Evita 764 (El Jagüel)
– EEPA N° 704 – Pinzón y Del Progreso (9 de Abril)
Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS)
– CENS N° 451 – Alvear y Cardeza (Monte Grande)
– CENS N° 452 – Independencia 1753 (Luis Guillón)
– CENS N° 453 – Pehuajó 580 (El Jagüel)
– CENS N° 454 – Laprida 1400 (El Jagüel)
– CENS N° 455 – Nuestras Malvinas 850 (Monte Grande)
Centro Especializado de Bachilleratos para Adultos con orientación en Salud Pública (CEBAS)
– CEBAS N° 41 – Sofía T. de Santamarina 542/554 (Monte Grande)
El bloque conducido por Juan Pablo Modarelli (UP) presentó en la Legislatura porteña un proyecto para que sean incluidos los estudiantes de nivel superior o universitario, trabajadores docentes y no docentes de todos los niveles y modalidades, entre otros puntos.
En medio de los aumentos en las tarifas de los distintos transportes públicos, los diputados de Unión por la Patria (UP) presentaron en la Legislatura de la Ciudad de Buenos un proyecto de ley que busca ampliar el boleto educativo, el cual actualmente solo alcanza a estudiantes del nivel inicial, primario y secundario.
A través de esta iniciativa, los peronistas buscarán incluir a los estudiantes de nivel superior o universitario, trabajadores docentes y no docentes de todos los niveles y modalidades; también pedirán que se aplique una tarifa reducida al 50% para los acompañantes de menores de 12 años; eliminar el tope de viajes diarios e incluir el uso de ese boleto para los días sábados.
Especto de esta iniciativa, el jefe del bloque, Juan Pablo Modarelli (UP), aseguró que “a los tarifazos y la pulverización del poder adquisitivo del Gobierno de Javier Milei y Jorge Macri, la ampliación del Boleto Educativo es una respuesta concreta para garantizar el acceso a la educación a más estudiantes, docentes, no docentes y trabajadores. Defender la educación es defender a los argentinos y argentinas”.
Por su parte, Delfina Velázquez (UP) planteó que “acceder a la educación es un derecho y un motor de crecimiento para nuestro pueblo. El Estado tiene el deber de garantizarlo”.
El Poder Ejecutivo decidió extender un artículo de la Ley de Financiamiento Educativo. No se trata del FONID, el cual no fue renovado.
A pocos días del comienzo de clases, el Gobierno nacional decidió extender un artículo de la Ley de Financiamiento Educativo y enviar recursos a las provincias para educación. Cabe aclarar que no se trata del Fondo Nacional de Incentivo Docente, el cual no fue renovado este año.
La medida se trata de dar vigencia en 2024 al artículo 7 de la Ley 26.075 que estableció una asignación específica de recursos coparticipables con la finalidad de garantizar condiciones equitativas y solidarias en el sistema educativo nacional y de coadyuvar a la disponibilidad de los recursos previstos en dicha ley en los presupuestos de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.
“Vencido el plazo fijado en la citada ley, se han dispuesto sucesivas prórrogas del referido artículo 7, con el fin de asegurar el financiamiento del sector, siendo la última la dispuesta por el artículo 13 de la Ley 27.701” de Presupuesto.
En los considerandos, el Poder Ejecutivo señaló que “la asignación específica de recursos coparticipables busca aumentar el nivel de inversión”, destinando dichos recursos “al pago de salarios y al mejoramiento de la calidad y la infraestructura educativa”.
“La dilación en la aplicación de las disposiciones del artículo 7 de la Ley 26.075 impide la disponibilidad de recursos para los fines antes mencionados, afectándose en forma directa la situación económica” de las provincias y la Ciudad, se agregó.
En el DNU 231/24, publicado este jueves en el Boletín Oficial, se expresó que “la situación económica y social del país requiere que se garantice la disponibilidad” de estos fondos.
En compañía de la secretaria de Educación, Silvina Gvirtz, el jefe distrital acompañó el inicio de clases de una escuela de Laferrere.
El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, estuvo presente en el comienzo de las clases en la EES N° 103 de la localidad de Laferrere y afirmó que en su distrito “el 100% de las escuelas públicas abrió sus puertas”,
Acompañado por la secretaria de Educación del distrito, Silvina Gvirtz, el jefe comunal expresó que “es un logro de ella, del equipo de educación, de los directivos y toda la comunidad educativa”.
Del mismo modo, agregó: “En un momento tan difícil de la Argentina, donde desde el Gobierno nacional le dicen no a la educación pública, no a la dignidad de los docentes, no a invertir o abrir las nuevas universidades, nosotros desde la provincia de Buenos Aires, con nuestro gobernador Axel (Kicillof) y con nuestra vicegobernadora Verónica (Magario)”.
“Acá en La Matanza decimos sí a mejores escuelas, sí a construir escuelas nuevas y sí a tener escuelas como ésta que no tiene nada que enviarle a la mejor escuela privada de la Argentina”, expresó el intendente.
La Escuela n° 103 de la localidad de Laferrere comenzó las clases con un edificio totalmente renovado, con nuevas aulas en planta baja y alta con aire acondicionado, preceptoría, sala de maestros, y un ascensor, para cambiar para siempre la forma de estudiar de los más de quinientas alumnos que allí asisten.
“Quiero agradecer y felicitar a nuestros docentes porque desde la escuela se cumple un muy importante rol social en un momento tan dramático para la economía de cada familia. En más de 610 escuelas de La Matanza, junto a la provincia de Buenos Aires, estamos entregando más de 230 mil cajas de alimentos para cada una de las familias de las chicas y chicos que asisten. Y lo vamos a seguir haciendo, asistiendo en lo que sea necesario porque como intendente siempre voy a estar cuidando, protegiendo y defendiendo los derechos de todas las familias de La Matanza”, resaltó Fernando Espinoza.
Para concluir, el intendente Fernando Espinoza destacó: “Nosotros desde La Matanza vamos a seguir trabajando muy fuerte por los sueños de nuestros chicos, de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Vamos a seguir haciendo realidad sus sueños y vamos a defender sus derechos. Este tiempo de la Argentina va a pasar porque nuestro país tiene futuro y la provincia tiene futuro. La Argentina siempre se vuelve a recuperar porque lo que mejor tiene la Argentina es su pueblo y es su gente”.
Las personas interesadas deberán presentarse con DNI, constancia de CUIL, acta de nacimiento y certificado de estudios cursados en la Primaria Nº 1 de Monte Grande.
El Municipio de Esteban Echeverría extendió hasta el viernes 15 de marzo la inscripción al Plan FinEs 2024 para personas mayores de 18 años. Esta modalidad permite terminar los estudios secundarios o rendir materias adeudadas de forma presencial en sedes descentralizadas y en horarios flexibles.
De lunes a viernes, los interesados pueden acercarse a Sofía T. de Santamarina 566 en la localidad de Monte Grande (Escuela Primaria N° 1), de 17:30 a 20 horas.
Para realizar el trámite, las personas deberán acercarse con original y fotocopia de la siguiente documentación: Documento Nacional de Identidad, constancia de CUIL, acta o partida de nacimiento y certificado de estudios anteriores.
El titular de la CC-ARI desarrolló los 7 puntos principales del texto a través de X. Declara la emergencia en educación, propone 190 días de clases y una modificación a la Ley de Financiamiento Educativo, entre varios puntos.
El diputado nacional Maximiliano Ferraro (HCF – CABA) presentó el proyecto de ley “acciones prioritarias para la equidad y calidad educativa”, la cual propone una serie de propuestas, reformas e ideas para “enfrentar la degradación educativa de los últimos años”.
“La educación es la política central que definirá el porvenir de la Argentina. Si los niños, niñas y jóvenes del presente no reciben equitativamente una educación de calidad, difícil será que sea conviertan en hombres y mujeres libres con posibilidades para enfrentar y protagonizar el mundo que viene”, expresó Ferraro en X.
Dividido en 7 puntos, el presidente de la Coalición Cívica – ARI establece “declarar la emergencia educativa y establecer acciones prioritarias para alcanzar en 2024/30”. “La grave situación que atraviesa el sistema educativo argentino es el primer paso hacia la mejora”, agregó.
También, propuso “legislar la obligatoriedad de impartir 190 días de clases en todas las instituciones educativas del país y en todos los niveles” y prevenir la deserción escolar con un Sistema de Alerta Temprana”.
INICIA EL AÑO PARLAMENTARIO, PONGAMOS A LA EDUCACION COMO PRIORIDAD.
Con la visita del Presidente de la Nación, el Congreso inauguró un nuevo año de sesiones ordinarias. No hay tiempo que perder, necesitamos establecer prioridades y trabajar en las reformas que necesita la… pic.twitter.com/4EwE7KhDHp
— maxi ferraro (@maxiferraro) March 4, 2024
Proponemos una serie de reformas que implementen la evaluación y certificación periódica de los docentes, el planeamiento estratégico y la acreditación de los Institutos de Formación Docente, entre otras medidas”, continua el proyecto.
Del mismo modo, plantea “establecer una política de evaluación, investigación e información educativa integral, a cargo de un organismo profesional e independiente del poder político de turno”, y busca la creación de un “Fondo Anticíclico para el Financiamiento Educativo”, diseñado para asegurar la disponibilidad de recursos que permitan mantener la educación como un derecho público, gratuito y de calidad incluso en momentos de crisis”.
Finalmente, el proyecto presentado por Ferraro establece “garantizar un salario digno para los docentes es fundamental para fortalecer el sistema educativo en todo el país”, modificando la Ley de Financiamiento Educativo.
EXPE 12-D-2024El proyecto volvió a ser presentado por Cristian Ritondo y Alejandro Finocchiaro, luego que perdiera estado parlamentario y, además, no fuera aprobado en la ley ómnibus.
Los diputados nacionales Cristian Ritondo y Alejandro Finocchiaro (Pro) presentaron este lunes un proyecto de ley para declarar a la educación como un servicio esencial, y así garantizar los 180 días de clases en todas las escuelas del país. La iniciativa fue representada luego de que perdiera estado parlamentario y que no haya sido aprobado este tema durante el tratamiento de la ley de Bases, que impulsaba el Gobierno nacional.
El proyecto propone “declarar la educación como servicio estratégico esencial en todos los niveles y modalidades comprendidos en la obligatoriedad escolar, para garantizar la protección y promoción integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el cumplimiento efectivo del ciclo lectivo completo”.
Ritondo, presidente del bloque, afirmó que “es importante volver a insistir con esta iniciativa. Es fundamental garantizar el derecho a la educación frente a la prolongación de medidas de fuerza, sobre todo en algunas provincias que han tenido conflictos docentes muy largos en los últimos años”.
Volvimos a presentar el proyecto de Educación Esencial con @alefinocchiaro, para que los chicos no pierdan ni un día de clases, garantizando una prestación de servicios mínimos y que los paros no los afecten. La educación es una de las bases que debemos garantizar para proveer a… pic.twitter.com/rbrQwU2NeM
— Cristian Ritondo (@cristianritondo) March 4, 2024
El legislador agregó que “el sistema de educación obligatoria nacional -desde nivel inicial hasta la secundaria- debe pasar a ser considerado un servicio esencial como son los hospitales y la seguridad, por ejemplo. Eso implica que se debe garantizar una prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción. No es contra nadie, sino en favor de los chicos y el sistema educativo”.
Por su parte, Finocchiaro, exministro de Educación, aseguró que “la educación debe proveer a nuestros chicos de libertad. Nuestro proyecto de declarar la educación como servicio estratégico esencial se encuentra destinado a asegurar los derechos educativos”.
“El Estado tiene la responsabilidad principal e indelegable de proveer los medios para garantizar una educación integral, permanente, gratuita y de calidad”, enfatizó.
El presidente de la Nación argumentó que “la creación de universidades se ha convertido en un negocio más de la política”, y alertó que hay una “crisis educativa que arrastra décadas y es cada vez más profunda”.
El presidente de la Nación, Javier Milei, reafirmó ante la Asamblea Legislativa la decisión de suspender la creación de cinco universidades que habían sido aprobadas por ley el año pasado y argumentó que “la creación de universidades se ha convertido en un negocio más de la política”.
El jefe de Estado alertó que en materia educativa “hay una crisis que ya arrastra décadas, que es cada vez más profunda y que ha redundado en que hoy más de la mitad de los chicos de tercer grado no entienden que leen en Argentina y el 70% no puede resolver un problema de matemática básica. Esta es la realidad de un país con más premios nobel de la región que supo ser en su pasado un faro de calidad educativa”.
“El analfabetismo incipiente es a nuestra educación lo que la inflación es a nuestra economía”, comparó y apuntó: “En el plano de educación superior la creación de universidades se ha convertido en un negocio más de la política y en los profesorados de institutos de formación docente proliferan currícula educativa de izquierda abiertamente anticapitalistas y antiliberales en un país donde lo que más se necesita es más capitalismo y libertad”.
El mandatario destacó que “multiplicamos por cuatro la ayuda escolar para que las familias que se vieron afectadas por aumentos drásticos en este nuevo inicio de clases puedan comprar los útiles y materiales escolares que sus chicos necesitan. Esta medida va a beneficiar a las familias de 7.300.000 chicos, desde nivel inicial hasta el secundario”.
“En una Argentina donde los chicos no saben leer y escribir, no podemos permitir más que Baradel y sus amigos usen a los estudiantes como rehenes para negociar paritarias con los gobiernos provinciales”, lanzó y cerró: “Por eso, incluimos en el decreto de necesidad y urgencia a la educación como servicio esencial, lo cual le sacará el arma de la mano a los sindicatos y los obligará a prestar al menos un 70% del servicio educativo durante cualquier huelga.
El autor opina sobre el “falso ahorro” en educación, y cómo la eliminación de incentivos docentes y reducción del financiamiento destinado a la educación “no sólo desmerece la labor esencial de nuestros educadores, sino que también erosiona la calidad y equidad del sistema educativo en su conjunto”.
En tiempos donde el ajuste fiscal se impone como directriz en la gestión de las cuentas públicas, emerge una tendencia preocupante hacia la desfinanciación de la educación, una medida que compromete gravemente tanto el presente como el futuro de nuestra nación. Afirmar que ajustar en educación es una mala idea podría parecer una obviedad, sin embargo, las políticas recientes parecen ignorar el hecho de que la educación no es un gasto, sino una de las inversiones más rentables que puede realizar un país, tanto en términos económicos como sociales.
Eliminar incentivos docentes y reducir el financiamiento destinado a la educación no solo desmerece la labor esencial de nuestros educadores, quienes indiscutiblemente merecen salarios más altos, sino que también erosiona la calidad y equidad del sistema educativo en su conjunto. La ausencia de una estrategia nacional que promueva la equidad educativa solo sirve para profundizar las desigualdades preexistentes, creando un panorama en el cual la calidad de la educación ofrecida a nuestros jóvenes depende más del código postal que de su potencial o esfuerzo. Parece una paradoja interesante en el discurso sobre la meritocracia: mientras más se enfatiza el individualismo y la importancia de las capacidades propias, siendo esta última la de menor influencia real en las oportunidades de éxito.
La depreciación del valor de la docencia, exacerbada por políticas gubernamentales adversas y una palpable falta de reconocimiento social, desalienta a potenciales educadores a seguir esta vocación, comprometiendo el futuro de la profesión. Además, este menosprecio colectivo hacia los docentes envía un mensaje desfavorable a nuestros estudiantes sobre el valor de lo que se les enseña y quién les enseña, contribuyendo a una crisis de respeto y apreciación hacia la figura docente.
Este escenario no sólo afecta la formación profesional sino también la empleabilidad de los jóvenes, al desvincular la educación continua de la educación media y obviar políticas de empleabilidad efectivas. Nuestras investigaciones sobre la educación permanente y la formación profesional subrayan la importancia de una estrategia integral que fortalezca estos pilares, esenciales para el desarrollo de un país, la mejora de su productividad y la calidad de su democracia. Según nuestro último informe del Observatorio para la educación y el trabajo, de los más de 350 mil alumnos de la educación no formal, en 2023 casi un tercio mejoró su situación de empleabilidad.
Considerando la urgente necesidad de optimizar la calidad y accesibilidad de la educación formal y no formal, así como la reinserción educativa, resulta crucial abordar la intersección entre la educación y la empleabilidad juvenil. Al potenciar la capacitación profesional y las oportunidades de inserción laboral, podemos efectivamente reducir las tasas de abandono escolar y, simultáneamente, mejorar las perspectivas económicas y profesionales de los jóvenes. La formación continua ha demostrado ser una herramienta eficaz para ofrecer oportunidades de formación y capacitación profesional a aquellos que quedan fuera del sistema educativo formal, y puede desempeñar un papel clave en la mejora de las oportunidades laborales de los jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, es esencial destacar que la apuesta por la educación debe extenderse más allá de las aulas, abarcando toda la industria del conocimiento, incluyendo las Universidades y los institutos de investigación del país, tanto públicos como privados. Estos centros son fundamentales para el avance científico y tecnológico, la innovación y el desarrollo sostenible. Su fortalecimiento es crucial para consolidar una sociedad basada en el conocimiento, capaz de enfrentar los desafíos del futuro con soluciones creativas y efectivas. Más de 3,5 Millones de consultas anuales en Institutos de formación continua reflejan que los argentinos apuestan a la educación.
Contrariamente a la lógica de un mercado descarnado, la educación requiere de un enfoque colaborativo y estratégico, donde el objetivo no sea competir sino ampliar colectivamente la frontera del conocimiento. La mejora de la educación beneficia a la sociedad en su conjunto y requiere de una visión estatal que promueva el crecimiento integral del sector, fortaleciendo la educación pública, apoyando la transmisión del conocimiento como industria vital, y fomentando la investigación y la innovación a través de los institutos de investigación.
A pesar de los desafíos significativos que enfrenta el sector educativo, desde mejorar los índices de escolaridad hasta la promoción de nuevos modelos pedagógicos, la creación de conocimiento y el fortalecimiento de la investigación, estos representan oportunidades invaluables para transformar la educación en un verdadero proceso de cambio positivo e inclusivo.
La educación es, sin lugar a dudas, la mejor oportunidad que tienen tanto los argentinos como Argentina para construir un futuro prometedor. Por ello, es imperativo rechazar cualquier forma de desfinanciación y trabajar unidos hacia políticas que reconozcan y potencien el valor inestimable de la educación y la investigación para nuestra sociedad.
* Por Hernán Martini, director del Observatorio de la Cámara Argentina para la Formación Profesional y la Capacitación Laboral
Los representantes gremiales también transmitieron sus preocupaciones a otros bloques de la oposición. La cuestión del FONID sobre la mesa.
Mientras se conocía que el Gobierno nacional finalmente convocó a gremios docentes -la semana próxima- para discutir la actualización del salario, dirigentes de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) se reunieron este miércoles con diputados de Unión por la Patria. Además, aseguraron que iban a transmitir sus preocupaciones a otros bloques de la oposición.
En el encuentro que se realizó en las oficinas del bloque, encabezado por los diputados Germán Martínez -jefe de la bancada-, Hugo Yasky y Blanca Osuna, los sindicalistas se refirieron a la situación educativa en la previa del comienzo de las clases, el tema de la paritaria nacional docente y los fondos que se debían mandar a las provincias, en concepto del Fondo Nacional de Incentivo Docente.
El informe que presentaron incluye también cuestiones sobre las partidas para comedores escolares, la incertidumbre en torno a las becas Progresar y la infraestructura escolar.
En diálogo con la prensa acreditada en el Parlamento, Sonia Alesso, secretaria general de CTERA, enfatizó: “Queremos que el Gobierno nos convoque a una paritaria nacional porque entendemos que el Gobierno es responsable en caso de que no inicie el ciclo lectivo, porque hay partidas que debían ser enviadas a las provincias y lo que nosotros estamos viendo es una situación muy compleja en la mayoría de las jurisdicciones, porque los gobiernos provinciales se tuvieron que hacer cargo”.
En ese sentido, señaló que el mes pasado hubo provincias que compensaron las partidas que nos les fueron giradas por el FONID, pero algunas advirtieron que “este mes no va a ser así”.
Además, la dirigente gremial se refirió a la extensión de la jornada con una hora más de clases: “Si Nación no manda los fondos, esas horas no se van a poder dictar, con lo cual vamos a tener además un efecto pedagógico verdaderamente complejo en un momento donde hay un diagnóstico de que necesitamos a los chicos en las escuelas recuperar lo que se vivió en la pandemia, que es algo que en todo el mundo sucedió”.
Respecto del FONID, sobre el cual ya hay varios proyectos presentados desde distintos bloques para prorrogarlo, Alesso defendió que “sirvió para equiparar las desigualdades salariales en la inversión educativa entre las provincias que tenían salarios más altos y provincias en las que venían con retrasos ¿Para qué? Para que no tengamos una provincia que tiene mayores recursos con un salario tres veces superior y una provincia más pobre o con menos recaudación, atrasada en el salario”.
“Lo pagaron todos los gobiernos”, dijo sobre el FONID y recordó que el presupuesto para este año “está”, porque el Presupuesto Nacional 2023 fue prorrogado. “La Secretaría de Educación devengó los fondos y el Ministerio de Economía no lo pagó”, agregó y reveló que le enviaron una carta a los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano) y Luis Caputo (Economía), y el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y “contestaron que eso se iba a liquidar”.
Encuentro con ministros
En segundo lugar, se desarrolló un encuentro híbrido (presencial y virtual) donde participaron diferentes autoridades ministeriales de Educación, Economía y Hacienda, de diferentes provincias argentinas. Allí, expresaron unánimemente su preocupación por el retroceso que significa el incumplimiento del FONID, hecho que pretende retrotraer al sistema educativo a la década del 90 cuando estuvo fragmentado y caracterizado por profundas desigualdades originadas en la disparidad de recursos de las diferentes realidades provinciales.
Seguidamente, los ministros ponderaron como hecho positivo la firma de declaración del Consejo Federal de Educación, rubricado la semana pasada por todos los ministros de educación de todas las provincias, en el que se plantea la imperiosa necesidad de que se continúe con el financiamiento por parte del Gobierno Nacional y en el que se asegura que la educación no puede ser afectada por las políticas ajuste.
En ambos encuentros se destacó que, desde 1998, los distintos gobiernos nacionales respetaron siempre los compromisos financieros de la Nación con las provincias en materia educativa.
En tanto, desde el bloque de UP reafirmamos el compromiso de trabajar para la unificación de los proyectos referidos al FONID, como así también las diferentes iniciativas legislativas que se han planteado para el cumplimiento, continuidad y mejoramiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Del mismo modo, reafirmamos la educación como derecho humano y social que no admite desigualdad alguna en todo el territorio nacional.
Asistieron de forma híbrida o virtual, los ministros de Economía de provincia de Buenos Aires, Pablo López; de Educación y Hacienda de La Rioja, Ariel Martínez y Jorge Quintero respectivamente; de Hacienda y Educación de La Pampa Guido Bisterfeld y Marcela Feuerschvenger; de Educación y Economía de Tierra del Fuego, Pablo López Silva y Francisco Devita; de Economía y Educación de Catamarca, Alejandra Nazareno y Dalmacio Mera; de Educación de Santiago del Estero, Mariela Nasif y la subsecretaria de Educación de Formosa, Analía Heizenreder.
El diputado de UP contó con la colaboración del gobernador Axel Kicillof. En el texto se refirió a la quita del fondo y consideró que “esto no es castigar a los gobernadores, sino perjudicar a todos los argentinos”.
El diputado nacional Máximo Kirchner (UP – Buenos Aires) sumó este viernes otro proyecto de ley en defensa del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el cual quedó sin vigencia el 1ero. de enero y no fue prorrogado por el Gobierno Nacional tras 25 años.
Además, propuso que “el presupuesto de la Administración nacional incluirá anualmente en la partida presupuestaria correspondiente al Ministerio de Capital Humano, o la repartición que en el futuro lo reemplace, la suma indicada en el párrafo precedente destinada a la financiación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, con cargo a Rentas Generales”.
El texto que Kirchner presentó contó con la colaboración del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y fue acompañado por los diputados nacionales: Hugo Yasky, Cecilia Moreau, Florencia Carignano, Leila Chaher, Gabriela Estévez, Emiliano Estrada, Tomas Ledesma, Magalí Mastaler, Luciana Potenza, Vanesa Siley, Julia Strada, Rodolfo Tailhade, Luana Volnovich y Christian Zulli.
El bloque de UP señaló que “las provincias necesitan los recursos que les corresponden por leyes, decretos o acuerdos previos que surgen del Presupuesto 2023 y que les están siendo ilegalmente retenidos”. “Esto no es castigar a los gobernadores, sino perjudicar a todos los argentinos”, aseveraron.
“Las asimetrías salariales de los docentes de todo el país, sumadas a la crisis económica que atravesamos que ya era gravosa pero que fue profundizada con fiereza por parte del Gobierno Nacional”, consideraron. “Lejos está de solucionarse quitando recursos que venían a intentar resolver aquello”, agregaron en los fundamentos del texto.
Por último, afirmaron que “los recursos del FONID deben ser una política permanente, hasta tanto las asimetrías salariales de los docentes de todo el país sigan existiendo”.
Proyecto FONIDLas leyes que lo contemplan están vigentes, pero el plazo de aplicación se encuentra vencido. En la previa del comienzo de las clases en todo el país, legisladores de UP, la UCR y la izquierda exigen al Ejecutivo que lo mantenga.
En el arranque del año y antes del comienzo de las clases en todo el país, uno de los primeros recortes que el Gobierno confirmó hacia las provincias fue en materia de educación: el Ejecutivo nacional decidió no extender el Fondo de Incentivo Docente, creado hace 25 años.
Si bien las leyes que lo contemplan, la 25.053 de 1999 y la 26.075 de Financiamiento Educativo (2006) se encuentran vigentes, el plazo de aplicación de dicho Fondo está vencido desde el 1ro. de enero de este año.
El Fondo Nacional de Incentivo Docente nació producto del reclamo registrado hacia fines de los ’90, durante el menemismo, que docentes protagonizaron con la instalación de la Carpa Blanca frente al Congreso.
Desde ese entonces a la actualidad, el FONID tuvo como objetivo el aporte nacional al salario docente provincial, de modo de eliminar brechas entre las jurisdicciones, donde los recursos que se recibían por este concepto representaban entre un 10% y 20% del sueldo docente.
La Ley 25.053 creó el FONID a partir del 1ro. de enero de 1999, con una vigencia de 5 años, hasta el 31 diciembre del 2003, y para su financiamiento el Congreso creó un impuesto que gravaría con el 1% anual a las transferencias de automotores, aviones y embarcaciones.
Al presentar su proyecto de ley, un grupo de diputados de Unión por la Patria recordaron que en el año 2002, como secuela del agravamiento de la crisis de fines de 2001, el FONID no tuvo crédito y las transferencias comenzaron a realizarse con cargo a los fondos remanentes del crédito del año 2001. De 2003 a 2005, el Ministerio de Educación, a cargo entonces de Daniel Filmus, comenzó un esquema de cancelación gradual de la deuda.
El FONID se incorpora en el artículo 19 de la Ley de Financiamiento Educativo en 2006 y, a partir de allí, se dieron sucesivas prórrogas en su plazo de vigencia a través de las leyes de Presupuesto o por decreto. Precisamente, por esta última vía el expresdidente Alberto Fernández había establecido su extensión hasta el 1ro. de enero de este año.
“Pasado un mes de la fecha del vencimiento, no ha sido prorrogado, y se genera una profunda incertidumbre en las comunidades educativas de todas las jurisdicciones. La gravedad de la situación es aún mayor, ante el inminente inicio del año lectivo”, alertaron los diputados de UP encabezados por el pampeano Ariel Rauschenberger, en los argumentos de la iniciativa que propone prorrogarlo por el término de 5 años.
Por su parte, desde el Senado, el interbloque de UP también presentó un proyecto de ley que buscar extender la vigencia del FONID, en este caso por 2 años. “En Mendoza el incentivo alcanza a 40.000 maestros y significa $28.700 en el bolsillo de cada docente. Es entre el 8% y el 13% del sueldo de nuestros educadores”, resaltó la senadora Anabel Fernández Sagasti con un ejemplo sobre lo que representa para su provincia.
Este viernes, encabezados por Julio Cobos, diputados de UCR presentaron un proyecto que va en la misma línea que el de sus colegas de UP en la Cámara baja: una prórroga por 5 años. “El FONID es indispensable en este contexto de emergencia económica que el propio Ejecutivo nacional declaró como fundamento de decretos”, afirmó el exvicepresidente.
El mendocino advirtió que “la eliminación sin previo aviso genera un importante desfinanciamiento de las arcas provinciales, más aún en este contexto grave que vivimos”. Asimismo, aclaró que el Presupuesto 2023, prorrogado para este año, “contiene las partidas necesarias para el FONID”. “Sin embargo, a la fecha no se han transferido las mismas a las provincias, ni se ha dictado la decisión administrativa modificando las partidas”, subrayó.
Desde el Frente de Izquierda, la diputada Romina Del Plá presentó una iniciativa que directamente pide reestablecer “en forma permanente la vigencia” del FONID. Además, el texto propone que “los montos correspondientes al FONID pasarán a ser remunerativos y bonificables” y se deberá retribuir “las diferencias existentes entre el carácter remunerativo que el FONID tiene y el pago efectivo como suma fija que, arbitrariamente y en perjuicio de los docentes, viene liquidando el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales”.
Mediante un proyecto de comunicación, la senadora de Juntos Somos Río Negro, Mónica Silva, reclamó al Gobierno nacional la “urgencia” en sostener el FONID y advirtió que “la falta de recursos de este Fondo implica una disminución salarial significativa en un contexto de alta inflación y pone en riesgo el inicio de clases y, en general, la sostenibilidad del sistema educativo”.
En ese sentido, explicó que en su provincia “afecta seriamente a más de 23 mil educadores”. Y le recordó al Ejecutivo nacional que la Ley Provincial 4.819 establece que “la educación constituye un derecho social y un bien público que obliga al Estado Provincial con la concurrencia del Estado Nacional a garantizar su ejercicio a todos los habitantes de su territorio”.
La diputada del FIT señaló que “la doble vara de Milei es la de un gobierno que vuelca sobre la educación pública el costo de una crisis que han generado los grandes representantes de la casta empresaria”.
La diputada nacional Romina Del Plá (FIT – Buenos Aires) presentó un proyecto de ley para prorrogar la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente y para establecer que los montos correspondientes pasarán a ser remunerativos y bonificables.
Del mismo modo, propone que se regularice en un plazo no mayor a 30 días luego de aprobada la presente ley, el pago a término de todas las deudas por pago diferido del FONID, y establézcase el pago en tiempo y forma a inmediato mes vencido.
También, exige que el salario mínimo del cargo docente testigo de cada jurisdicción, que surja de la paritaria nacional y/o provincial correspondiente, no puede ser menor, en ningún caso, al equivalente a la Canasta Básica Total fijada por el INDEC, donde el 70% como mínimo estará constituido por el salario básico.
El texto menciona que el salario mínimo docente será actualizado por el Índice de precios al consumidor (IPC) mensual elaborado por el INDEC trasladándose de manera proporcional a todos los cargos del sistema educativo de cada jurisdicción.
Finalmente, la iniciativa propuso que los docentes jubilados pasarán a percibir en un plazo no mayor a 30 días luego de aprobada la presente ley, el monto correspondiente al FONID como parte del reconocimiento de su carácter remunerativo y bonificable
El proyecto de ley cuenta con las firmas de los diputados nacionales Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Alejandro Vilca y Christian Castillo.
Tras la presentación del proyecto, Del Plá expresó que “se trata de dar una respuesta a esta ofensiva contra la educación que ha conmocionado al conjunto de la población, y que pone en riesgo no sólo el comienzo del ciclo lectivo, sino el normal funcionamiento de la escuela pública”.
“La doble vara del presidente (Javier) Milei es la de un gobierno que vuelca sobre la educación pública y los trabajadores el costo de una crisis que han generado los grandes representantes de la casta empresaria, a los que por el contrario les mantiene todos sus privilegios”, aseveró.
Y siguió: “Como el pago de intereses de la deuda externa , que creció en un 199% desde su asunción, y se mantienen sin tocar los miles de millones de dólares por vía de subsidios y exenciones que favorecen a capitalistas y especuladores financieros de todo color”.
Finalmente, enfatizó que “en el parlamento, pero también en las aulas y las calles, la docencia y el pueblo argentino enfrentaremos este atropello hasta derrotarlo definitivamente”.
Proyecto de Ley PRÓRROGA FONID Y SALARIO MÍNIMO DOCENTE.EXPTE Nº5281-D-2023A través de un proyecto de ley, un grupo de diputados reclamaron “el reconocimiento a la educación como prioridad nacional y política de Estado para construir una sociedad justa”.
Los diputados nacionales de Unión por la Patria presentaron un proyecto de ley para garantizar por el plazo de cinco años la continuación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) creado por la Ley Nº25.053.
La vigencia del FONID se prorrogó de forma sucesiva desde 2004 y la última prórroga se realizó a partir del 1 de enero de 2022 –por el término de dos años– en el marco del DNU 88/22 durante la presidencia de Alberto Fernández, pero ahora no fue prorrogado.
La iniciativa tiene por objeto promover “el reconocimiento a la educación como prioridad nacional y política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación”.
Del mismo modo, plantearon que busca “garantizar el ejercicio del derecho constitucional de enseñar y aprender de los estudiantes y docentes de todo el país de forma equitativa”, en línea con los establecido por la Ley de Educación Nacional.
El texto fue presentado por los diputados Ariel Rasuchenberger, Pablo Yedlin, Victoria Tolosa Paz, Aldo Leiva, Juan Manuel Pedrini, Nancy Sand, Eduardo Toniolli, Silvina Ginocchio, Ana María Ianni, Tanya Bertoldi, Carolina Yutrovic y Gustavo Bordet, entre otros.
5265-D-2023 FONIDRecientemente se conmemoró el Día Internacional de la Educación. Ante esto, el presidente de la OIEP, y VP de la Cámara Argentina de Formación Profesional y Capacitación Laboral analizó la situación ante una educación en emergencia.
Recientemente se conmemoró el Día Internacional de la Educación, una ocasión que nos enfrenta a una realidad crecientemente compleja y desafiante para las generaciones más jóvenes. En el contexto del desafío que presenta este 2024 y la situación de emergencia que atraviesa la educación, reflexionamos sobre la importancia crucial de abordar estos retos de manera efectiva.
Datos de la UNESCO demuestran que el número de niños sin escolarizar está aumentando. Si bien en la República Argentina la educación es un derecho consagrado por la Constitución Nacional en su artículo 14 y mediante la Ley 26.206 de Educación Nacional sancionada en 2006, donde se jerarquiza su aporte: “la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado”.
No obstante, en la actualidad nos encontramos ante una crisis estructural en el sistema educativo argentino, observando una disminución en el acceso de los argentinos a la educación formal. Asimismo, cada ocho minutos presenciamos la deserción de un estudiante de la escuela secundaria. Incluso aquellos que logran completar sus estudios secundarios, solo 3 de cada 10 obtienen resultados satisfactorios en la materia de Matemáticas.
En la Era del Conocimiento y la Innovación, se destaca la idea de que para obtener resultados diferentes, es imperativo establecer prioridades distintas. Nos hallamos en plena Revolución del Trabajo, impulsada por la Transformación Digital, marcando una época donde se demandan habilidades y competencias más avanzadas. Esto confirma que la educación constituye el cimiento fundamental para impulsar estos cambios.
¿La Tecnología puede cooperar en esta emergencia?
La omnipresencia de la tecnología digital se manifiesta cada vez más en la vida cotidiana, extendiéndose incluso a los rincones más remotos y dando origen a nuevos universos. En ocasiones, su capacidad integradora desdibuja las fronteras entre lo real y lo imaginario.
En paralelo, su evolución se acelera a un ritmo que supera nuestra capacidad de evaluación; en promedio, los productos de tecnología educativa experimentan cambios cada 36 meses. En este contexto, la educación no puede permanecer inalterada.
Surge así un potencial transformador que abre las puertas de la educación a millones de personas. La tecnología accesible y el diseño universal proporcionan nuevas oportunidades para los estudiantes con discapacidad. De hecho, alrededor del 87% de los adultos con deficiencia visual señalan que los dispositivos de tecnología accesible están reemplazando a las herramientas de apoyo tradicionales.
Los notables avances tecnológicos, especialmente en el ámbito de la tecnología digital, están remodelando rápidamente el panorama global.
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se consagra la idea de que la educación busca el “pleno desarrollo de la personalidad humana”, el “fortalecimiento del respeto a las libertades fundamentales” y la promoción de “la comprensión, la tolerancia y la amistad”. Sin embargo, esta concepción debe evolucionar para adecuarse a la era actual.
Una interpretación más amplia del derecho a la educación podría incorporar un respaldo efectivo de la tecnología, garantizando que todos los estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial, sin importar el contexto o las circunstancias.
Argentina para resolver su emergencia en materia educativa necesita priorizar la formación en habilidades y competencias convirtiendo esta Prioridad en una Oportunidad que permita incluir a todos los argentinos a trayectos formativos en pos del desarrollo laboral y emprendedor garantizando la mayor accesibilidad mediante el uso de la tecnología.
Para abordar la emergencia educativa en Argentina, es esencial dar prioridad a la formación en habilidades y competencias, transformando esta necesidad en una oportunidad. Esto posibilitaría la inclusión de todos los argentinos en programas de desarrollo laboral y emprendedor, asegurando una accesibilidad amplia mediante la implementación efectiva de la tecnología.
* Por Mgter. Guillermo Suárez, Presidente de la OIEP, y VP de la Cámara Argentina de Formación Profesional y Capacitación Laboral.
En su presentación ante diputados, Carlos Torrendell expresó además que “no hay ninguna intención” de reducir las bibliotecas y defendió la propuesta de evaluación de conclusión del nivel secundario.
Carlos Torrendell (Foto: HCDN)
Durante la tercera jornada de debate de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, negó este jueves que el proyecto promueva el homeschooling, aseguró que “no hay ninguna intención” de reducir las bibliotecas y defendió la propuesta de un examen final a los estudiantes del nivel secundario, al insistir en un concepto de evaluación para “información” y no desde la visión de ranking o estadísticas.
En su exposición ante el plenario de comisiones, el funcionario se refirió a algunos artículos de la iniciativa, entre ellos la cuestión de “quienes se integran a la docencia con título de educación superior sin formación pedagógica”. “La noticia buena y mala, depende cómo se vea, es que eso ya sucede. Se busca que eso se complemente con tramos de formación pedagógica, porque una cosa es ser un buen contador y otra ser un buen profesor de economía”, dijo.
Luego defendió los cambios en la evaluación docente porque “para poder desarrollar capacidades tenemos que ser acompañados con evaluaciones que nos provean elementos para poder mejorar”.
En otro tramo, Torrendell aseguró que a las bibliotecas quieren “ampliarlas, fortalecerlas, no hay ninguna intención de reducirlas, todo lo contrario”.
Además, explicó que el examen de conclusión de nivel secundario busca “proveer información para que las familias tengan elementos para tomar mejores decisiones”. Aunque “se lo evalúa desde paradigmas tradicionales, en realidad estamos ofreciendo elementos que terminan convergiendo en una mejor toma de decisiones”, insistió.
“Al finalizar los estudios de educación secundaria el Estado Nacional tomará un examen censal obligatorio que mida los aprendizajes adquiridos y las capacidades desarrolladas por los adolescentes que egresan”, agregó.
Sobre la educación a distancia, el secretario sostuvo que “sin ninguna duda la educación presencial es clave, pero también debe estar perfectamente integrada con el entorno tecnológico en el que vivimos y, por lo tanto, hay muchas experiencias positivas, en algunas modalidades, donde se complementan”.
“Se ha hablado de homeschooling, cosas rarísimas que no sé cómo se derivan de la redacción del artículo y que muestran una gran capacidad de imaginación”, expresó y enfatizó: “Nosotros lo que queremos promover es el desarrollo de una educación presencial que pueda integrar instancias de virtualidad”.
Por otra parte, apuntó que “se agrega que las provincias también desarrollen sus acuerdos salariales específicos”. Y aclaró que “la educación siempre ha sido el despliegue de una articulación de sociedad civil con Estado” ante “la sospecha de la mercantilización de la educación, de la colaboración con el sector privado; cuando todo eso ya existe”.
En su exposición inicial, Torrendell manifestó que “el paradigma central que está detrás de esta propuesta es lo que denominamos una política participativa y federal” que consista en “consolidar normas y desarrollar instituciones y prácticas que tengan que ver con este doble pivote” de “una política no centralista y no con el Estado como único actor”, el cual “tiene un rol por supuesto de garante, pero eso no implica que tiene que convertirse en un centralizador o monopolizador de la educación”.
El secretario aseveró que su gestión tiene “tres principios rectores que deben encaminar la política educativa” como “caminar hacia la justicia educativa”, generar “políticas de confianza y previsibilidad” y tomar a la evaluación -para docentes y alumnos- “como información que tiene que ser útil para la retroalimentación a fin de mejorar nuestras experiencias de aprendizaje”.
Al momento de las preguntas, el diputado de Unión por la Patria Daniel Arroyo le consultó “si de verdad van a una escuela voucher”, un sistema que consideró “es para atrás, no es para adelante, no es para el siglo XXI”, y que había sido una de las propuestas electorales del presidente Javier Milei. “Hay una contradicción total entre justicia educativa y sistema voucher”, resaltó, a lo que Torrell confirmó: “No hay ninguna política encaminada hacia un sistema de vouchers. Tampoco el esquema de financiamiento actual resulta justo y equitativo”.
Más tarde, ante una consulta del diputado de Unión por la Patria Tomás Ledesma, el secretario admitió que el tema se dialogó entre Milei y el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, pero que “de ninguna manera hay una política local, en Santa Cruz no la hay, ni tampoco nacional, nadie me ha dado ninguna instrucción en ese sentido, de desarrollar sistemas de vouchers en Argentina”.
Por su parte, el diputado del Pro Alejandro Finocchiaro opinó que el examen de egreso del secundario es “una buena medida, pero para el final del camino” ante “la brecha educativa que tenemos”. También, el exministro de Educación dijo no estar de acuerdo “con los estudios a distancia para los niños”. Al contestar, el funcionario informó que habrá una modificación al texto para que “quede claro que lo que se habilita es una presencialidad con posibilidad de hibridez desde el segundo ciclo del nivel primario”.
Un cruce con la izquierda
De profesión docente, la diputada del Frente de Izquierda Romina Del Plá cuestionó varios aspectos del proyecto en cuanto a la educación. En primer lugar, apuntó que “ataca a la docencia porque elimina una conquista del año 1958, que es la estabilidad en el cargo. Cuando ustedes hablan del examen cada cinco años de reválida del título, ¿eso tiene una implicancia directa sobre la carrera laboral? ¿Cómo lo tienen pensado? Va en contra de los estatutos y todas las leyes provinciales”.
En segundo orden, habló de “un avance feroz en todo el proceso privatizador, porque el examen de egreso en la secundaria, ¿ignora que los docentes evaluamos permanentemente? Anula todo el proceso educativo que se viene desenvolviendo”. Y, por último, criticó que “las cooperadoras escolares pueden publicitar quiénes son los que hacen aportes” bajo una idea encubierta de que “la escuela se las arregle cómo pueda; si tiene que pintar, que se consiga un sponsor”.
“Al avance privatizador con el examen de egreso de la secundaria no le encuentro relación”, respondió Torrell, quien chicaneó que “algún día tendríamos que lograr, y sería extraordinario que podamos viajar juntos a dos países -si logramos financiamiento del Partido Obrero-, a China y a Cuba, para ver qué se hace con la evaluación y los exámenes en esos países. El marxismo ha sido muy selectivo y estratificador en las lógicas de planeamiento educativo y, además, hoy en día China ha ingresado en las pruebas PISA”.
A continuación, Del Plá pidió la palabra y le aclaró: “Nosotros somos trotskistas y por lo tanto no nos pueden asimilar a los procesos justamente que nosotros cuestionamos y que luchamos por la revolución política para que los trabajadores retomen plenamente el gobierno desplazando a la burocracia en esos países”.
Son cinco los proyectos devenidos de Diputados para la aprobación de 5 universidades: tres en la provincia de Buenos Aires, una en la provincia de Córdoba y otra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
