Piden informes al Gobierno sobre la estación espacial China en Neuquén

A instancias del senador Julio Martínez envió un proyecto de comunicación para solicitar precisiones sobre el acuerdo alcanzado con el país asiático.

El senador nacional Julio Martínez (UCR – La Rioja) presentó un proyecto de comunicación para solicitarle al Poder Ejecutivo Nacional información respecto a qué consiste el acuerdo firmado con la República Popular China sobre “la construcción, el establecimiento y la operación de una Estación de Espacio Lejano de China en la provincia de Neuquén”.

“Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de los organismos que correspondan, informe lo que a continuación se solicita acerca del Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Popular China sobre la construcción, el establecimiento y la operación de una Estación de Espacio Lejano de China en la Provincia de Neuquén, Argentina, en el marco del Programa Chino de Exploración de la Luna”, comienza el texto que lleva la firma del riojano.

En la iniciativa, el legislador enumera seis puntos sobre los que le exige al Gobierno más detalles del acuerdo:

  • Cuál es la evaluación del Poder Ejecutivo Nacional acerca de las implicancias geopolíticas a nivel internacional que genera el citado Acuerdo de Cooperación, y los beneficios de carácter geopolítico, científicos, tecnológicos y/o económicos que genera este acuerdo para la República Argentina.
  • Qué certezas y/o garantías tiene el Poder Ejecutivo Nacional acerca de que la tecnología utilizada (red de telemetría, seguimiento y control) es o no de uso dual (civil y militar), y si desde la antena a instalar pueden realizarse o no tareas de seguimiento de misiles.
  • Si la Cancillería argentina ha intentado establecer alguna adenda al Acuerdo estableciendo mecanismos de supervisión constatar el uso civil y pacífico de la tecnología utilizada en la Estación.
  • Qué cantidad total de personal emplea la Estación, detallando en cada caso si es argentino o chino, y si es militar o civil.
  • Si entre las cuestiones migratorias a facilitar mediante el Artículo 40 de dicho Acuerdo se consideran incluido personal militar, cuyo ingreso al país debe estar sujeto al régimen especial establecido en la ley 25.580 de ingreso y egreso de tropas.
  • Detalle el uso realizado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) del mínimo de 10% del tiempo de uso de la antena de la Estación, indicando quienes son los científicos intervinientes, cantidad de horas utilizadas por cada uno y proyectos a los que se reportan dichas observaciones.

Solicitan al Ejecutivo la recuperación de la Ruta Nacional 151

Diputados radicales, encabezados por la pampeana Marcela Coli, presentaron un proyecto de ley para que se incluyan, a la recuperación de la Ruta, un tramo de aproximadamente 6 kilómetros.

Un grupo de diputados radicales, encabezados por la pampeana Marcela Coli, presentaron un proyecto de ley en el que le solicitan al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Obras Públicas, se instruya a Vialidad Nacional a la recuperación de la Ruta Nacional N° 151.

Además, para que se incluyan como adicionales la recuperación de un tramo de aproximadamente 6 kilómetros entre las progresivas 151,00 y 157,00 y sendos accesos a la localidad de Puelén, todo dentro del territorio de la provincia de La Pampa.

Acompañan la iniciativa Pedro Galimberti, Lidia Ascárate, Roberto Sánchez, Fernando Carabajal, Marcos Carasso, Gerardo Cipolini, Colo Rizzotti, Gabriela Lena, Juan Carlos, Gustavo Bacha, Soledad Carrizo, Miguel Ángel Bazze, Manuel Ignacio Aguirre y Martín Berhongaray.

La CC pide información a cuatro organismos del Estado acerca del otorgamiento y el control de los planes sociales

“Tenemos que terminar con los funcionarios que están de los dos lados del mostrador”, afirmaron desde el bloque.

La Coalición Cívica le requiere información a la Unidad de Información Financiera (UIF); al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); al Ministerio de Desarrollo Social de Nación y a la Oficina Anticorrupción, acerca del otorgamiento y el control de los planes sociales.

Los dirigentes presentarán cuatro pedidos de acceso a la información pública a los cuatro organismos, y el bloque de diputados nacionales elaborará un proyecto de resolución, todos con el objetivo de reclamar precisiones acerca de la administración de la política social. “Tenemos que terminar con los funcionarios que están de los dos lados del mostrador, con los que se otorgan planes a ellos mismos”, afirmaron.

Las presentaciones fueron realizadas por el presidente de la CC Maximiliano Ferraro; la diputada provincial Maricel Etchecoin; el diputado porteño Hernán Reyes; el concejal por La Matanza Héctor Toty Flores y la dirigente Fernanda Reyes, además del proyecto presentado por el bloque de diputados que conduce Juan Manuel López.

En cuanto al plan Potenciar Trabajo, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, y teniendo en cuenta que la manera en la que se gestionan los recursos asignados es discrecional y a través de intermediarios, los dirigentes de la CC reclaman que se informe cuántos titulares del programa participan en proyectos según el tipo: socio-laborales, socio-productivos y de capacitación; cuáles son los mecanismos de acceso al programa para las personas físicas, y cuáles para constituirse como Unidad de Gestión No Gubernamental; cuántas y cuáles son las cooperativas y organizaciones sociales constituidas como Unidades de Gestión No Gubernamental, y cuántos titulares asociados hay a cada una de ellas; qué mecanismos de auditoría existen acerca del uso y direccionamiento de los fondos públicos gestionados a través de la intermediación de las Unidades de Gestión No Gubernamental, y qué resultados está teniendo el programa en términos de egreso de quienes hubieran participado en procesos de capacitación o que hubieran ingresado a empleos formales.

Al INAES, que tiene a cargo el registro de las cooperativas y mutuales, el control de cumplimiento de los requisitos formales y de actividad, y la distribución de apoyos financieros (subsidios o préstamos), los dirigentes de la CC le solicitan que indique la cantidad de cooperativas conformadas al solo efecto de percibir planes sociales del programa Potenciar Trabajo, y la distribución territorial de dichas cooperativas. También la cantidad de subsidios y de préstamos otorgados por el INAES a través de su directorio y la fluctuación de ambas operaciones entre 2015 y 2022. Además, se le pide que informe la cantidad de subsidios entregados a las cooperativas de trabajo vinculadas a los planes sociales durante 2020 y 2021, e identifique cada cooperativa que recibió este tipo de apoyos.

Los dirigentes de la CC sospechan que “la cantidad de reportes durante el 2020-2022 ha sido mucho menor que las realizadas durante la gestión anterior. Esto es relevante porque muchas cooperativas y mutuales realizan operaciones financieras por fuera del ámbito regulatorio del BCRA, por lo que el sistema de controles es más bajo. Por lo tanto, se le solicita que indique la cantidad de reportes de operación sospechosa recibió por parte del INAES en el período 2015-2022; la profesionalidad con la que la UIF analiza y sistematiza los reportes de operación sospechosa, identificando aquellos que conlleva un mayor riesgo y aquellos que no. Por eso queremos conocer si utilizan una matriz de riesgo y si tienen mecanismos de inteligencia artificial destinados a facilitar la identificación de reportes que requieren un mayor análisis”.

En ese sentido, apuntaron: “Desde la asunción del nuevo Gobierno que preside Alberto Fernández, funcionarios pertenecientes a organizaciones sociales que nuclean a cooperativas de trabajo creadas a los efectos de percibir planes sociales del Potenciar Trabajo, se encuentran a cargo de organismos estatales destinados al control de las cooperativas, el destino de subsidios y la distribución del Potenciar Trabajo. Esto ha provocado que, en una gran cantidad de casos, funcionarios deriven recursos públicos a sus propias organizaciones políticas y fiscalicen el cumplimiento del destino supuesto de dichos recursos”.

Por lo tanto, la CC le reclama a la OA que brinde información acerca de si los funcionarios que forman parte de las organizaciones sociales han puesto de manifiesto esta situación en sus respectivas declaraciones al momento de asumir sus cargos y si la Oficina Anticorrupción ha iniciado, a pedido de parte o de oficio, investigaciones tendientes a identificar y mitigar los riesgos de estos conflictos de interés.

Juan Manuel López, jefe del bloque de diputados nacionales de la CC, señaló que “con el tema planes sociales hay que ser muy serios, el oficialismo tiene que dejar de usar a los pobres y la oposición tiene que controlar que no se abuse de ellos y no se robe”.

Por su parte, Ferraro sostuvo que “está claro que los funcionarios que dan subsidios están de ambos lados del mostrador. Otorgan y reciben fondos a través de cooperativas asociadas y amigas. Encima, luego vemos cómo usan a los pobres de manera escandalosa y juegan su interna en el gobierno. El presidente debe tomar urgentes cartas en el asunto. Los funcionarios que presenten conflictos de interés deberían renunciar y elegir de qué lado del mostrador están”.

A su turno, Reyes aseguró que “tenemos que ir al fondo de la cuestión con los planes sociales. Y hay que cortar por el eslabón más fuerte, no por el más débil. El eslabón fuerte son las organizaciones sociales, los funcionarios y los intermediarios que se enriquecen a costa de un sistema perverso. Que rindan cuentas por su actividad como funcionarios y por el sistema perverso que administran”.

En suma, Toty Flores manifestó que “el Gobierno debe rendir cuentas sobre lo que está pasando. La política de planes sociales fracasó y ha sido funcional a dirigentes cobardes que utilizan a los sectores más pobres para conseguir poder y dirimir internas. La salida debe implicar un cambio de lógica y plantear un proceso de recuperación hacia el trabajo”.

Fernanda Reyes, dirigente de la CC sostuvo que “el Gobierno Nacional ha utilizado históricamente los planes sociales como política de control social y deben dar explicaciones. Crearon un sistema que no funciona porque los que quieren salir adelante no pueden, mientras unos pocos se quedan con los recursos de todos. Hay que terminar con la práctica clientelar. Es el primer paso para salir de la pobreza.”.

Por último, Etchecoin planteó que “el gobierno de Alberto Fernández y muchos referentes de organizaciones se tienen que hacer cargo de haber generado, con los planes sociales, un sistema de extorsión y control de personas pobres. Usaron a esas personas que padecen necesidades. Una actitud sumamente violenta. Por eso es urgente cambiar el sistema de planes sociales por una política para la capacitación de empleo”.

Arranca este martes el debate sobre el Consejo de la Magistratura

El Senado iniciará el análisis, en el marco de un plenario de comisiones, del proyecto enviado por el Ejecutivo para modificar ese organismo clave del Poder Judicial.

Luego de que en el fallido período de sesiones extraordinarias no se avanzara con la reforma al Consejo de la Magistratura, finalmente el Congreso de la Nación abordará a partir de la próximo martes el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo.

Superada la instancia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que acaparó toda la atención de ambas cámaras durante todo este tiempo, a contrarreloj el Senado se propone dar inicio al tratamiento de la reforma al Consejo de la Magistratura que tiene un plazo perentorio: el 15 de abril próximo. Pues si para entonces no hay una nueva ley, los actos dictados por el Consejo de la Magistratura serán nulos.

Según dispuso la Corte Suprema de Justicia en diciembre pasado a través de un fallo que dictó la inconstitucionalidad de la ley de 2006, si no hay una nueva norma para el 15 de abril, entrará en vigencia la ley anterior, que establecía una composición del Consejo de la Magistratura de 20 miembros.

El Tribunal Supremo de la Nación dispuso un plazo de 120 días corridos la resolución del tema. Esto es, si no hay nueva ley, se deben elegir 7 nuevos miembros para el Consejo de la Magistratura. Es que estableció que la composición de 13 miembros no respeta el equilibrio de los sectores que seleccionan, sancionan y eventualmente remueven magistrados y deben volver a ser 20 los integrantes.

El tratamiento comenzará el próximo martes a las 16 en el Salón Arturo Illia de la Cámara alta en el marco de un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia que se constituyeron recientemente a los efectos de tratar este tema con celeridad.

La Comisión de Asuntos Constitucionales, que será la cabecera, está presidida por el jujeño Guillermo Snopek, mientras que el kirchnerista Oscar Parrilli continúa al frente de la Comisión de Justicia, como durante los dos últimos años.

El proyecto del Ejecutivo

El proyecto de reforma que envió el Poder Ejecutivo, unos días antes al fallo de la Corte, difiere de la composición original que la propia Magistratura sugiere de 20 miembros, sobre todo porque en este proyecto no se contempla la presencia de un miembro del Consejo presidiendo el organismo.

Dicha iniciativa amplía de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo. La iniciativa suma un juez, dos abogados y un académico o científico. Contempla también la cuestión de género, de modo tal que al menos la mitad de los cargos deberán ser ocupados por mujeres.

Por el contrario, la composición original era de un miembro de la Corte Suprema de Justicia, que era su presidente y presidía entonces el Consejo; cuatro jueces, ocho legisladores (4 por cámara: 2 por el oficialismo; 1 por la primera minoría y 1 por la segunda minoría); cuatro abogados; un representante del PEN y dos miembros del sector académico.

Por ser un tema de Justicia, no hay acuerdo entre el oficialismo y la principal bancada opositora. Incluso, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio presentarían un contraproyecto unificando las distintas iniciativas que presentaron desde el espacio político respecto al tema, en las cuales le dan participación a la Corte Suprema de Justica.

Entre los senadores que han presentado sus propios proyectos se encuentran Alfredo Cornejo y Mariana Juri, Silvia Giacoppo, Eduardo Vischi, Alberto Weretilneck y Nora del Valle Giménez.

Lewandowski solicitó la actualización del listado de estupefacientes

El proyecto que presentó el senador oficialista propone “identificar las sustancias utilizadas e incluirlas en el listado” para poder “avanzar en la investigación para determinar el origen”.

El senador nacional Marcelo Lewandowski (Frente de Todos – Santa Fe), presentó un proyecto solicitando al Poder Ejecutivo Nacional que promueva la creación de un grupo de expertos que actualice el listado de estupefacientes a los que se refiere el artículo 77 del Código Penal, incorporando uno o varios grupos químicos que identifiquen a los opioides de diseño.

“El proyecto se sustenta sobre tres patas fundamentales que tienen que ver con la salud, la investigación y la prevención”, sostuvo el senador y agregó que “al identificar las sustancias utilizadas e incluirlas en el listado se puede avanzar en la investigación para determinar el origen”. “En materia sanitaria, al tener identificadas las sustancias se pueden establecer protocolos para saber cómo tratar a la persona intoxicada de forma inmediata”, afirmó.

Actualmente y a partir de la promulgación del Decreto 560/19 el listado de estupefacientes a los que se refiere el artículo 77 del Código Penal está conformado por dos Anexos. El tradicional Anexo I, que contiene el listado individual de las sustancias, y el Anexo II, que las nomina por grupo, aplicando lo que mundialmente se conoce como sistema de genéricos.

En febrero de este año al menos 24 personas fallecieron y más de 80 resultaron hospitalizadas en las localidades de Hurlingham, San Martín, Ituzaingó, y 3 de febrero, de la provincia de Buenos Aires, por haber consumido dosis de cocaína adulterada con carfentanilo y días después se verificó una situación similar en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, que no tuvo víctimas fatales.

“Si bien es cierto que el carfentanilo se encuentra incluido en el Anexo I del listado de estupefacientes, también lo es que en el Anexo II actualmente no se encuentra descripto ningún grupo químico que contenga a los opioides de diseño”, afirma el texto del proyecto presentado por Lewandowski y remarca que “existen publicaciones que han alertado sobre los cambios en los procesos de adulteración de estupefacientes, destacando que se han detectado un creciente número de sustancias utilizadas para estirar los productos”.

En consecuencia, frente a la tendencia descripta no podría descartarse la futura detección en nuestro país de opioides de diseño no enumerados en los Anexos I y II del Decreto 560/19, ya sea solos o mezclados con otros estupefacientes de consumo tradicional.

Esta iniciativa se enmarca, asimismo, dentro del objetivo N° 3 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, donde líderes mundiales adoptaron un conjunto de metas globales para acabar con la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos.