La iniciativa presentada por el diputado Ramiro Gutiérrez busca tipificar el mercenarismo, sancionar la creación y financiamiento de estructuras armadas ilícitas y preservar el monopolio estatal de la fuerza ante la proliferación de conflictos híbridos y redes transnacionales.
El diputado nacional Ramiro Gutiérrez presentó un proyecto de reforma al Código Penal destinado a tipificar el mercenarismo y las organizaciones armadas privadas ilícitas, en respuesta a las nuevas formas de violencia y a la “privatización de la guerra” que caracterizan a los conflictos bélicos actuales.
La iniciativa del legislador del Frente Renovador define como mercenario a quien, a cambio de una remuneración, presta servicios de naturaleza militar fuera de los supuestos autorizados por el Derecho Internacional o la legislación nacional, y penaliza tanto la conducta individual como la constitución, financiamiento, organización e integración de estas estructuras.
Según los fundamentos del proyecto presentado por el diputado del massismo, la norma busca preservar el monopolio estatal del uso legítimo de la fuerza y proteger bienes jurídicos esenciales como la seguridad nacional, la soberanía, la integridad territorial y el orden constitucional.
Asimismo, la propuesta prevé un agravamiento de las penas cuando estas organizaciones afecten la defensa del país, utilicen a menores de edad o faciliten la comisión de crímenes de guerra, genocidio, delitos de lesa humanidad o terrorismo. De forma complementaria, el texto excluye explícitamente de su alcance a las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y policiales en funciones oficiales, a las misiones autorizadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a las empresas de seguridad privada que operan conforme a la ley y al personal humanitario y sanitario.
La iniciativa incorpora una perspectiva adaptada a los conflictos híbridos contemporáneos, al reconocer las modalidades transnacionales de reclutamiento, financiamiento y operación. En tal sentido, busca anticipar la tutela penal frente a estructuras que se despliegan con logística, inteligencia y financiamiento privados. Según argumenta Gutiérrez, la legislación argentina vigente no dispone de herramientas específicas para enfrentar estas amenazas, por lo que la reforma resulta imprescindible para fortalecer la capacidad preventiva del Estado.
“Detrás del negocio de la guerra privada están las mafias que reclutan jóvenes a cambio de dinero. Muchos son extorsionados y mueren sin poder volver en un frente de batalla olvidado”, expresa el autor del proyecto al referirse a la problemática.
La necesidad de fortalecer la regulación interna sobre el mercenarismo y las organizaciones militares privadas responde a advertencias reiteradas por parte de organismos internacionales. Tanto el Comité Internacional de la Cruz Roja (a través del Documento de Montreux) como el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la materia y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa han alertado sobre la expansión de estas estructuras, los riesgos que representan para el Derecho Internacional Humanitario y la urgencia de que los Estados adopten marcos regulatorios eficaces.
En este marco, el legislador concluyó: “Mientras la justicia argentina investiga redes de reclutamiento de ciudadanos para combatir en guerras extranjeras, nuestro Código Penal todavía carece de una regulación específica sobre el mercenarismo y las organizaciones armadas privadas. Esta reforma viene a cubrir ese vacío legal”.