Ante el avance del Gobierno para privatizar represas estratégicas de la Patagonia, desde el Senado vuelven a sonar las alertas. Exigen que las provincias recuperen protagonismo en la gestión de sus propios recursos.
Desde hace años venimos advirtiendo sobre las consecuencias de entregar nuestros recursos estratégicos al capital privado. Hoy, frente a la inminente licitación del paquete accionario de las represas hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, volvemos a alzar la voz en defensa del patrimonio de todos los argentinos.
Estas obras monumentales, construidas por el Estado Nacional a través de Hidronor desde la década del 60, fueron la piedra fundacional del desarrollo energético de nuestra Patagonia. Están completamente amortizadas, han generado ganancias extraordinarias y, durante décadas, fueron pilares de un modelo productivo que hoy algunos pretenden desmantelar en nombre del “mercado”.
Mediante los decretos 718/24 y 895/24, el Gobierno Nacional dispuso avanzar con la privatización de estas represas. Más recientemente, a través del Decreto 263/2025, se prorrogó por apenas 15 días el llamado a concurso, en respuesta a la solicitud de los gobernadores de Neuquén y Río Negro. Un gesto claramente insuficiente frente a una decisión que compromete la soberanía energética del país y margina a las provincias titulares de los recursos naturales.
Lejos de promover una mirada federal, se insiste en un modelo de concesión que ya ha fracasado. Las empresas beneficiadas durante los años '90 usufructuaron estos activos sin realizar las inversiones necesarias, mientras fugaban capitales al exterior. Es una historia repetida de vaciamiento, desidia y pérdida de control nacional.
Desde el Senado impulsamos en 2022 el proyecto S-3091, que proponía que, al finalizar las concesiones, las represas pasaran a ser gestionadas por Energía Argentina S.A., en articulación con las provincias y el sector privado. Esta propuesta, que defiende el interés público y una visión integral del desarrollo, fue lamentablemente desoída.
Es momento de actuar. Por eso, instamos al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, a exigir ante las autoridades nacionales:
Que solo se licite el 50% del capital accionario de las sociedades;
Que el 50% restante quede reservado a las provincias de Río Negro y Neuquén, para que puedan decidir sobre el destino de sus recursos.
Esta propuesta requiere la modificación del Artículo 6° del Decreto 718/24, reformado posteriormente por los Decretos 895/24 y 263/25.
No se trata solo de energía. Se trata de identidad, de historia, de futuro. Y el futuro no se negocia.
El Poder Ejecutivo nacional lo extendió por 15 días, tras el pedido de los gobernadores de Río Negro y Neuquén. Las represas en venta son Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.
Según el Boletín Oficial publicado, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso a través del Decreto 263/2025 -que lleva la firma del presidente Javier Milei y de funcionarios del gabinete económico- prorrogar por 15 días el inicio del concurso público nacional e internacional de la venta del paquete accionario mayoritario de las represas hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Aguila.
La medida obedece al pedido en conjunto solicitado por los gobernadores Rolando Figueroa de Neuquén y Alberto Weretilneck de Río Negro, quienes solicitaron más tiempo para que los equipos técnicos provinciales puedan analizar el proceso de privatización y formular observaciones.
Cabe resaltar que las cuatro represas involucradas en este proceso fueron transferidas a nuevas sociedades creadas por ENARSA y Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) mediante el Decreto 718/2024, que establecía un plazo inicial de 180 días para convocar el concurso de privatización. Luego, el Decreto 895/2024 modificó ese cronograma e incorporó a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas como ente coordinador del proceso, en conjunto con la Secretaría de Energía.
Con la prórroga ahora oficializada, el Gobierno ratifica su intención de avanzar con la venta de activos estratégicos, aunque busca dar espacio a la participación de las provincias involucradas y de los organismos interjurisdiccionales que gestionan los recursos hídricos del sistema energético nacional.
Las represas se ubican en la región de la cuenca del Comahue, uno de los polos hidroeléctricos más relevantes del país. El proceso de privatización genera tensión entre el Gobierno nacional y las provincias patagónicas, que buscan asegurar injerencia en la gestión futura de los recursos hídricos y energéticos.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dependiente del Ministerio de Economía, será la encargada de establecer las condiciones de la licitación, aprobar los pliegos y garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados por el plan de desestatización.