El Gobierno nacionali dio un nuevo paso en la reconfiguración del sector energético al habilitar el trámite para que Edison Trading S.A.U., firma vinculada al grupo empresarial de la familia Neuss, opere como comercializador dentro del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). La medida quedó formalizada a través de una publicación en el Boletín Oficial y activa un proceso administrativo que podría derivar en la autorización definitiva si no se presentan objeciones.

De acuerdo con el procedimiento vigente, se abrió un plazo de diez días corridos para que actores del sector —empresas, organismos o participantes del mercado— puedan plantear oposiciones fundadas al ingreso de la compañía. Cumplida esa instancia, el expediente quedará en condiciones de ser evaluado para una resolución final por parte de la Secretaría de Energía o del Ministerio de Economía.

La solicitud fue presentada formalmente por Edison Trading ante la Subsecretaría de Energía Eléctrica, que notificó la novedad a todos los agentes del MEM, en línea con los mecanismos establecidos para la incorporación de nuevos jugadores al sistema. El encuadre normativo responde a lo estipulado en el Anexo 31 de la Resolución ex Secretaría de Energía N° 137/92 y sus posteriores modificaciones, que regula los requisitos y procedimientos para la participación en el mercado.

En el expendiente también convergen otras actuaciones administrativas vinculadas a movimientos regulatorios del mismo grupo dentro del sistema eléctrico. La comunicación oficial lleva la firma de Marcelo Daniel Positino, director nacional de Regulación y Desarrollo del Sector Eléctrico, área técnica encargada de analizar este tipo de solicitudes.

Edison Trading forma parte del denominado Grupo Edison, una estructura energética que en los últimos años consolidó una expansión progresiva en distintos segmentos del negocio eléctrico, incluyendo generación, transporte y distribución. La incorporación de esta nueva sociedad apunta a profundizar esa integración vertical.

Según antecedentes societarios, la empresa surge de la continuidad de Edison Hidro S.A.U., que en 2025 modificó su denominación social tras una asamblea extraordinaria, luego inscripta ante la Inspección General de Justicia. Ese cambio se inscribe en una reorganización interna orientada a adaptar su estructura a nuevas áreas de operación.

En el esquema del MEM, la figura del comercializador cumple un rol clave: permite comprar energía en el mercado mayorista para luego venderla a grandes usuarios, distribuidores u otros agentes, además de intervenir en contratos de abastecimiento. A diferencia de los generadores, estos actores no necesitan contar con centrales propias, lo que facilita su inserción en el negocio de intermediación energética.

Para el grupo empresario, el eventual ingreso de Edison Trading representa una herramienta estratégica. La posibilidad de actuar como comercializador no solo amplía su capacidad operativa, sino que también le permite optimizar su participación en distintas etapas de la cadena eléctrica, consolidando un modelo de negocios basado en la diversificación y la articulación entre segmentos.

El movimiento se da en un contexto de cambios regulatorios y redefiniciones en la política energética, en el que el Gobierno impulsa una mayor apertura del mercado y promueve condiciones para la incorporación de nuevos actores. En ese marco, la expansión de grupos privados en actividades de comercialización aparece como una de las tendencias en consolidación.

A la espera de que venza el plazo de objeciones, el proceso administrativo seguirá su curso en los organismos competentes. Si no surgen impedimentos, la habilitación definitiva podría concretarse en las próximas etapas, sumando a Edison Trading como nuevo jugador en un mercado clave para el sistema energético nacional.

Con los números justos, el oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto que recorta los subsidios al gas, al modificar el Régimen de Zona Fría. La iniciativa, impulsada desde el Gobierno, fue votada por 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones.

Para la media sanción, La Libertad Avanza contó con el acompañamiento del Pro, la Unión Cívica Radical, los misioneros de Innovación Federal, los sanjuaninos de Producción y Trabajo, los dos del MID.

En tanto, se opusieron el bloque de Unión por la Patria; los cuatro del Frente de Izquierda; la Coalición Cívica; Natalia de la Sota de Defendamos Córdoba; y Esteban Paulón, Pablo Farías, Pablo Juliano y los cordobeses Alejandra Torres, Carolina Basualdo, Ignacio García Aresca, Juan Brügge y Carlos Gutiérrez de Provincias Unidas.

La votación en particular sucedió por capítulos: el primero, que contempla los artículos 1,2 y 3, alcanzó 131 votos afirmativos, 109 negativos y 1 abstención; el segundo, que tiene solamente al artículo 4 y 5, cosechó 136 a favor y 105 en contra; el tercero, que incluye el 6 y el 7, salió con 140 avales y 101 en contra; el cuarto se aprobó con 134 afirmativos, 105 negativos y 1 abstención; el quinto resultó con 134 votos afirmativos, 102 negativos y 3 abstenciones; y el sexto. con 137 a favor, 102 en contra y 1 abstención.

El "corazón" del proyecto consiste en reformar el esquema implementado en 2021, a través de una ley impulsada por Máximo Kirchner (N° 27.637), que había ampliado el alcance del beneficio a más provincias. Tradicionalmente, la Patagonia, Malargüe -en Mendoza- y la Puna contaban con la reducción en la tarifa de gas, pero esa norma incluyó a departamentos y localidades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.

Para garantizarse los votos, el Gobierno negoció a través del ministro Diego Santilli con gobernadores de provincias cálidas, a los que prometieron subsidios al consumo de energía eléctrica durante los meses de verano. Acotado esto a una cantidad determinada de kilovatios.

La iniciativa, denominada "Medidas Energéticas", tuvo un debate exprés en comisiones, donde fue defendida por la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti.

De lograr sanción la ley en el Senado, las áreas originarias mantendrán los subsidios al consumo residencial de gas natural y gas propano por redes. En cambio, para las zonas incorporadas por la ampliación de 2021, el beneficio quedará limitado a los hogares de menores ingresos incluidos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por decreto a fines de 2025.

“El objetivo es garantizar una adecuada segmentación no solo geográfica de los usuarios, sino también socioeconómica, conforme a principios de equidad, uso eficiente de los recursos públicos y responsabilidad fiscal”, argumentó el PEN en el proyecto.

En tal sentido, el texto establece que los hogares de las zonas ampliadas solo recibirán una bonificación adicional por zona fría si están inscriptos en el SEF, que abarca a familias con ingresos netos menores o iguales a tres canastas básicas totales, y a beneficiarios de programas específicos como el ReNaBaP o la pensión a veteranos de Malvinas.

Otra modificación clave es que el subsidio se calculará exclusivamente sobre el precio del gas, y no sobre el total de la tarifa (que incluye costos de transporte y distribución), con lo cual se estima que habrá modificaciones en lo que los usuarios beneficiados finalmente deban pagar.

El Régimen de Zona Fría seguirá financiado por el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, constituido con un recargo de hasta 7,5% sobre el precio del gas natural. Sin embargo, se faculta al PEN a aumentar o disminuir el nivel del recargo en hasta un 50%.

Por otra parte, el proyecto prevé la regularización de obligaciones en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). En esta línea, se determina que el PEN instruirá, a través de la Subsecretaría de Energía Eléctrica, a CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) a aplicar créditos a la cancelación exclusiva de las obligaciones que las distribuidoras del servicio público de electricidad tuvieran con la compañía, en caso que dichas distribuidoras estén incluidas en acuerdos de pago suscriptos en el marco de regímenes de regularización de deudas establecidos por el Gobierno Nacional y sin perjuicio de otros conceptos, sujeto a la declinación por parte de las mismas de la totalidad de reclamos judiciales o administrativos.

Otro de los capítulos deroga regímenes de promoción y beneficios para el sector de hidrocarburos. Y, finalmente, se plantea la prórroga del régimen de incentivos a energías renovables hasta 2045.

Las intervenciones fueron de la oposición

Miembro informante como presidente de la Comisión de Energía, el libertario Facundo Correa Llano sostuvo que “durante años la política argentina se construyó sobre subsidios indiscriminados, sobre distorsiones, sobre privilegios. Eso nos llevó a confundir lo que es la sensibilidad social con desorden, subsidios con privilegios, y política energética con populismo tarifario. Los resultados están a la vista: desinversión, atraso, subsidios mal asignados y millones de argentinos pagando un sistema injusto. Ese modelo fracasó, eso es lo que hoy venimos a corregir”.

El mendocino destacó que el Gobierno encara “un camino basado en el equilibrio fiscal, en la inversión privada, en reglas claras, en un sistema energético sostenible y en subsidios focalizados”. Al referirse a los gobiernos kirchneristas, cuestionó que años atrás “las tarifas no reflejaban los costos reales” y “los subsidios eran pagados por todos los argentinos, con el peor impuesto, el inflacionario”.

El mendocino Correa Llano fue el miembro informante del proyecto del Ejecutivo.

“Cuando el subsidio deja de estar focalizado deja de ser una herramienta social y pasa a ser transformarse en una distorsión”, insistió el legislador oficialista y defendió que “focalizar no es ajustar, es garantizar a que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan”.

En su discurso, resaltó que el Régimen de Zona Fría no se elimina, sino lo que se hace es “corregir la expansión irresponsable que se dio en 2021”. Además, valoró que con esta gestión hay “una Argentina que vuelve a tener superávit energético”.

Acto seguido, Laura Rodríguez Machado sintetizó que esta reforma está “desarmando una bomba que dejó el kirchnerismo”. Desenfundó muchas críticas contra el gobierno provincial su provincia, el Frente de Izquierda -a quienes llamó zurdos en reiteradas oportunidades- y al kirchnerismo. Luego, cuestionó que el Régimen sancionado en el 2021 “hizo una línea imaginaria y dejó afuera a los sectores más pobres de Córdoba, pero como tiene pocos habitantes no rendía electoralmente”

Respecto a esta nueva iniciativa, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal apeló a la narrativa oficialista y relató que busca “darle el subsidio al que realmente lo necesita”. En tal sentido, agregó que “estamos en contra de darle subsidios a quienes no lo necesitan porque piensan que así los votaban a ustedes”, y cerró: “Nosotros cuidamos la plata de los argentinos asignándola a los recursos de quiénes realmente la necesitan, ustedes la usan política”.

La diputada fueguina Andrea Freites no se guardó nada y cargó contra La Libertad Avanza: “En un contexto de fragilidad e incertidumbre, el Gobierno recarga las facturas del gas y hace perder un beneficio de más de 25 años”. Defendió, a su vez, el Régimen vigente: “Esta Ley de Zona Fría es soberanía y federalismo real, y es conocer la temperatura real desde La Quiaca hasta el ‘Fin del Mundo -en alusión a su provincia-’”.

Contra las palabras de los miembros informantes, respondió que “no hay derecho a exigir un certificado de pobreza para vivir con algo que es necesario y es vital en donde tenemos temperaturas bajo cero y ráfagas de viento de más de 120 kilómetros”. Para terminar, expresó: “No condenen a las familias argentinas como están condenando a la clase trabajadora y a la clase media porque el pueblo argentino no puede más”.

La fueguina Andrea Freites defendió la norma sancionada por el Frente de Todos: “Esta Ley de Zona Fría es soberanía y federalismo real".

De lo más opositores que integran Provincias Unidas, Esteban Paulón consideró que “todos los días nos hablan de la restricción fiscal y de que no hay plata para el PAMI, los jubilados, las universidades, la ciencia o la discapacidad; pero sí hay plata para compensar en varios billones de pesos a las distribuidoras”.

Al cierre de su intervención, se dirigió al asesor presidencial Santiago Caputo, quien esta tarde tuiteó “Winter is coming” -frase de la serie de Game of Thrones y lema del invierno en la saga-: “El invierno efectivamente llegará en un mes, pero cargado de incrementos impagables en las facturas de gas para millones de argentinos”. “Los que la van a pasar mal son los usuarios, mientras otros la pasan muy bien al calor de los subsidios estatales y de la motosierra boba de este gobierno”, concluyó.

El diputado de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto recordó que “allá por el 2000, el gobierno de Fernando De La Rúa tomó una medida igual con el subsidio del combustible”, y agregó que “la Patagonia es merecedora de este beneficio porque vivir ahí es de alto sacrificio con climas duros en el invierno y que tienen que tener subsidios plenos”. También, señaló que “las provincias patagónicas son generadoras del gas y el combustible de todo el país y merecen un beneficio diferenciado”.

También de Tierra del Fuego, el diputado nacional Jorge Araujo Hernández (Unión por la Patria) criticó el proyecto de ley del Poder Ejecutivo y cargó: “Van a tener el beneficio los que cumplen ciertos requisitos y los que no puedan cumplir van a pagar el 100%”. Después trató a los discursos del oficialismo de ser “irreales” y criticó que “en el contexto social que tenemos, los representantes de La Libertad Avanza están más preocupados en ver qué cargos en las intendencias van a ocupar y eso es una falta de respeto a la sociedad fueguina”.

Al cierre, la cordobesa Gabriela Estévez Unión por la Patria cuestionó: “Esto se trata de generarle un nuevo problema a las familias argentinas que van a tener que decidir si comen o pagan el gas”, y precisó que 9 de cada 10 familias tomaron deuda en los últimos dos años para poder complementar el salario.

Estévez indicó que en su provincia se verán afectadas unas 688 mil familias con la modificación de la ley de zonas frías. “Esta ley tiene un fondo fiduciario que pagamos entre todos y permite que se financie… lo que quieren hacer es apropiarse de este fondo para agarrar esa plata porque no saben cómo seguir tapando los agujeros que ustedes mismos generan”, apuntó y remató: “Me llama la atención que la bancada oficialista que impulsa esta ley casi ni la defienden”.

El jefe de la bancada peronista, Germán Martínez, respaldó el dictamen de su espacio que “reivindica el artículo 75 de la vieja Ley de Presupuesto nacida en el 2002. Venimos a reivindicar la ampliación de las zonas frías que impulsamos nosotros”, y planteó que el norte argentino “necesita una tarifa diferencial para la energía eléctrica y las zonas cálidas merecen un tratamiento especial”.

“Nos expresamos a favor que las provincias, municipios y cooperativas puedan renegociar sus deudas con CAMESA. Estamos a favor de una prórroga del régimen de energía renovables por 10 años con el claro compromiso de poder alcanzar el 30% de contribución al sistema energético”, expresó.

Martínez planteó que se necesita un plan federal de infraestructura vinculado a la energía y completar las redes de gasoducto para que “se pueda tener gas natural desde el norte y todo el NEA”.

Por el oficialismo, el cierre estuvo a cargo de Silvana Giudici criticó que la Ley 25.565 del 2002 creó un conjunto de zonas climáticas de frías a muy frías cuyos beneficiarios eran 974 mil, pero en el 2021 “llevaron una ampliación de las zonas de forma caprichosa a las zonas frías-templadas aumentando en 3 millones los beneficiarios sin diferenciarlos y tomaron la decisión más inequitativa e injusta de subsidios”.

“Desde hace años venimos subsidiando a las zonas más ricas de la Argentina como los barrios cerrados, countries. Atender a esos usuarios insume el 50% del Fondo Fiduciario, pero de eso no hablan y cada argentino paga un 5% más de impuestos para pagar esas zonas”, apuntó.

La libertaria sostuvo que un régimen de subsidio es eficiente cuando “ajusta donde puede y subsidia donde debe”, y cuestionó que “la mayoría de las provincias que se llenaron la boca hablando la población no tiene gas natural y en eso tiene que ver que los gobernadores si se ocuparon de hacer las obras”.

“La primera parte de la ley, las zonas frías se redefinen, pero el consumo de gas en la Patagonia y zonas originarias sigue igual con la misma cobertura. La zona fría ampliada los sectores vulnerables que ganan menos de 4 millones van a tener el mismo beneficio más un 20% de bonificación y un 25% de resolución 11/26.  El 95% del subsidio está compensado. Basta de mitos”, explicó.

Respecto del segundo punto del texto sobre la reformulación de deudas con las empresas provinciales, precisó que “tratar de regularizar el mercado energético mayorista es algo que no se hace desde décadas y es necesario porque la ineficiencia que se provocó hizo que se acumulara hasta 18 mil millones de dólares de deuda en el gobierno de Alberto Fernández. Esta gente no sabe cómo funciona una matriz productiva del país”.

Giudici le enrostró al kirchnerismo que el mayor deudor del país es el gobernador bonaerense “inútil de Axel Kicillof que le debe al sistema eléctrico el 33% de todas las deudas de las provincias”, y remató: “Este gobierno impulsa la readecuación energética para no trasladarle a los ciudadanos la ineficiencia de algunos gobernantes que nos llevaron a la quiebra”.

El Gobierno nacional avanzó este lunes en la privatización de la principal empresa de transporte de energía eléctrica del país al confirmar la precalificación técnica de las tres compañías interesadas en adquirir el paquete accionario que el Estado posee en CITELEC S.A., holding que controla a Transener.

La decisión fue formalizada a través de la Resolución 540/2026, publicada en el Boletín Oficial, y habilita la apertura de los sobres con las ofertas económicas, prevista para este martes 28 de abril a las 10, en lo que será la instancia definitoria del proceso

La operación se inscribe dentro del programa de privatización de activos de Energía Argentina S.A. (ENARSA) y tiene como activo central a Transener, la compañía que opera la red de transporte de energía en alta tensión del país, un eslabón clave del sistema eléctrico.

Según lo informado oficialmente, superaron la evaluación del Sobre N° 1 —abierto el pasado 14 de abril a través de la plataforma CONTRAT.AR— las propuestas presentadas por Genneia y Grupo Edison en forma conjunta, Central Puerto S.A. y Edenor, tras cumplir con todos los requisitos técnicos y administrativos previstos en el pliego.

La oferta conjunta de Genneia y Grupo Edison reúne a empresarios de peso del sector energético y financiero. Detrás de la iniciativa se encuentra Jorge Brito, presidente del Banco Macro y accionista de Genneia, junto a los hermanos Patricio y Juan Neuss, vinculados al Grupo Edison y de estrecha relación con el asesor presidencial Santiago Caputo.

El consorcio se completa con socios del fondo Inverlat  -Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai, dueño de Havanna y Aspro- y con los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, propietarios de Newsan.

En los últimos meses, este conglomerado aceleró su expansión en el mercado energético local con la adquisición del control de varias compañías del sector, entre ellas la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET), la Empresa Jujeña de Energía (EJESA), Líneas de Transmisión del Litoral (LITSA) y la generadora hidroeléctrica CEMPSA, en Mendoza.

Otra de las firmas precalificadas es Edenor, la distribuidora eléctrica que presta servicio en el norte de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, controlada por los empresarios José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti.

La tercera oferta habilitada corresponde a Central Puerto, la mayor compañía privada de generación eléctrica del país, cuyos principales accionistas están encabezados por Guillermo Reca.

En la normativa oficial se detalló que la Agencia de Transformación de Empresas Públicas supervisó todo el proceso, descartó impugnaciones y validó la solvencia económica y técnica de los interesados para avanzar a la etapa final.

CITELEC controla el 52,65% del capital accionario de Transener y posee la totalidad de las acciones clase A, que otorgan el control de la compañía. Quien resulte ganador también pasará a gestionar Transener Internacional Ltda., con operaciones en Brasil, y Transba S.A., clave en el sistema de transmisión provincial bonaerense.

Con la precalificación aprobada, el cronograma entra en su fase decisiva. La apertura del Sobre N° 2 permitirá conocer las ofertas económicas, en un proceso seguido de cerca por el mercado, ya que el valor asignado a la red de alta tensión será determinante para el esquema tarifario y las inversiones en infraestructura energética de la próxima década.

El precio base de la compulsa fue fijado en 206 millones de dólares, y el resultado se publicará automáticamente a través del sistema CONTRAT.AR y en el portal del Banco Mundial.

“Hoy en el primer día de año solicitamos que la provincia informe el incremento de tarifas del servicio eléctrico autorizado que fue publicado esta semana”, remarcó Leguizamón en sus redes sociales.

Esta semana, se conoció que a partir de enero habrá un incremento en la boleta de luz del 2.10 % al 4.40 %, dependiendo de la categoría de los usuarios.

En ese sentido, el nivel de altos ingresos pasará de un cargo fijo de $4.609,59 a $4.706,61, ingresos medios de $3.659,23 a $3.766,40 y bajos ingresos de $3.375,48 a $3.484,35.

Por eso, el senador opositor pidió conocer la fecha de aplicación, porcentaje promedio y composición del último incremento tarifario aprobado para cada empresa distribuidora.

También, Marcelo Leguizamón exigió que el Ejecutivo provincial comunique los cuadros tarifarios actualmente vigentes para usuarios residenciales, comerciales e industriales, de forma discriminada por categoría.

Asimismo, el legislador del bloque Hechos-UCRI quiere saber las proyecciones oficiales de nuevas actualizaciones tarifarias para 2026, en donde se indique un cronograma tentativo y un mecanismo de actualización aplicado.

Por otra parte, el autor del pedido de informes pone la lupa sobre el Valor Agregado de Distribución (VAD) que perciben las empresas prestadoras, al exigir su monto actualizado, la metodología tarifaria utilizada para medirlo y los parámetros de reconocimiento de costos.

Asimismo, se requirió datos como la situación de cumplimiento de metas de calidad del servicio y del Plan de Inversiones comprometido por cada distribuidora como condición para la autorización de ajustes tarifarios, e información acerca de audiencias públicas previstas para 2026.

Cabe consignar que Leguizamón viene deslizando varias críticas a EDELAP y ABSA por los cortes de luz y agua en La Plata durante la reciente ola de calor.

El legislador platense exige al Poder Ejecutivo provincial la revocación de la concesión de EDELAP y acusa al organismo de control OCEBA de inacción, denunciando un escenario de "desidia y abandono" que afecta a miles de vecinos.

En el marco de las audiencias públicas convocadas por la Secretaría de Energía de la Nación, los diputados del bloque Encuentro Federal (JxC) elevaron una presentación al secretario de esa cartera, Darío Martínez, en la que proponen reformular los subsidios de las tarifas de gas y electricidad con el fin de favorecer a los sectores de menores ingresos. Al mismo tiempo, alertaron sobre la falta de información brindada por el Ejecutivo para que los usuarios opinen sobre los nuevos cuadros tarifarios durante dichas audiencias.

La nota fue presentada por Margarita Stolbizer, presidenta del bloque, y lleva las firmas de Emilio Monzó, Sebastián García de Luca y Domingo Amaya. Los legisladores plantean en ella que “resulta prioritario establecer un esquema de subsidios energéticos que auxilie a quienes menos tienen ya que el esquema actual, que asigna beneficios de manera generalizada a los usuarios, termina favoreciendo a los sectores de mayores ingresos en la medida en que los subsidios que estos reciben son financiados -en parte- por emisión monetaria”.

"El esquema actual profundiza los desequilibrios macroeconómicos que más afectan a los sectores de menores ingresos. Según la información proporcionada por Energía para las audiencias públicas más del 70% de los subsidios en energía eléctrica y en gas natural se destinan a los deciles de población en los cuales menos impacto proporcional tienen los gastos en estos dos servicios", argumentaron.

En suma, sostuvieron: “Nunca es una buena idea destinar subsidios a quienes no lo necesitan, siempre deberían focalizarse en quienes sí los necesitan. Pero además esta ineficiente asignación de fondos públicos se realiza en el contexto de una fuerte restricción fiscal. Ordenar las cuentas públicas beneficiará a toda la población, pero muy especialmente a los sectores con menor ingreso disponible”.

Por último, llamaron la atención sobre la falta de precisiones respecto a los criterios de segmentación que se utilizarán para establecer el nuevo esquema de subsidios. Si bien en los informes que se brindaron para las audiencias públicas se establece que se aplicarán variables socioeconómicas y espaciales, “los cruces de datos para precisar los alcances en cada región de los criterios de segmentación propuestos por el Estado, aún están sujetos a cruces adicionales de bases de datos y confección de padrones que a esta altura ya deberían estar resueltos”, señalaron los legisladores.

Con el objetivo de establecer un régimen tarifario diferenciado para el consumo de la energía eléctrica a todas las provincias del Norte Grande de Argentina, la legisladora correntina Sofia Brambilla (Pro) presentó proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Nación. 

“Venimos trabajando junto al gobernador Gustavo Valdés y diputados del interbloque de las provincias involucradas para avanzar  con esta reparación más que justa, como tienen las provincias del sur del país con el gas”, afirmó Brambilla.

La finalidad propuesta en el proyecto es reducir el costo de la electricidad que deben afrontar los hogares beneficiando también a las Entidades de Bien Público y a las Pymes, ubicadas en la región del Norte Grande comprendidas por las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán durante los meses de más altas temperaturas del año. El porcentaje de descuentos deberá definirlo la Autoridad de Aplicación a través del Ejecutivo nacional. Los beneficios varían entre el 15% al 50% del cuadro tarifario total de consumo de energía eléctrica durante los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo.

La propuesta incluye crear un Fondo Fiduciario para Subsidios - como el que existe para el del gas en las provincias de la zona fría - por 10 años para financiar las compensaciones tarifarias que las distribuidoras o subdistribuidoras zonales de energía eléctrica deberán recibir por aplicar tarifas diferenciales en localidades cálidas.

Entre los argumentos, Brambilla manifestó: "En las provincias del norte del país la energía para climatizar el hogar es una condición indispensable para vivir, y es el Estado el que debe garantizar la continuidad de los servicios públicos y tarifas razonables ya que la temperatura máxima promedio entre los meses de noviembre a  marzo es de 30°C o más”.

“Necesitamos que haya una corrección, las tarifas son tremendas en nuestras provincias. Durante esos meses, el consumo hogareño promedio de energía eléctrica se incrementa considerablemente, superando en muchos casos los 600 kwh/mes. El aumento del consumo impacta directamente en la economía de las familias, que deben afrontar el pago de tarifas más altas en épocas de temperaturas extremas”, finalizó la correntina Sofia Brambilla.

El presidente del bloque de diputados bonaerenses de Juntos por el Cambio, Maximiliano Abad, presentó un proyecto en la Legislatura provincial para que las prestadoras de energía eléctrica que operan en la Provincia les facturen a las empresas el costo de la electricidad efectivamente consumida y no el de la potencia contratada.

Según explicó Abad, “esto funciona de manera análoga al paquete de la telefonía celular: se contrata un plan, y consumas o no la totalidad de los segundos que incluye ese plan, en la factura pagás la totalidad del valor contratado; acá ocurre lo mismo, las empresas tienen contratada una potencia, pero con la producción frenada por la pandemia el consumo es sensiblemente menor, por eso creo que es necesario ayudarlas y propiciar un ahorro económico muy importante”.

El proyecto con la firma de Abad le pide al Poder Ejecutivo que “arbitre las medidas necesarias y gestione ante las empresas prestadoras de provisión de energía eléctrica que operan en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires (EDELAP, EDEA, EDEN, EDES, 199 cooperativas y la Usina de Tandil) que, por el plazo de 180 días, sólo perciban el valor de energía eléctrica efectivamente consumido, cuando este sea menor a la potencia contratada”.

“Hoy es imperioso que el Estado salga en auxilio de esos sectores de la economía formal. Una de las opciones es intentar bajar los costos fijos que operan sobre esas actividades, y más todavía cuando se encuentran en un virtual estado de paralización industrial, productiva y/o comercial”, sostuvo Abad.

Y resaltó: “el costo de la energía eléctrica es significativo, y lograr una proporcionalidad entre su uso efectivo y su facturación final aparece como una buena medida para bajar, aunque sea parcialmente, la presión de las obligaciones económicas a afrontar mientras dure la situación de parate económico”.

“De acuerdo con el relevamiento que hicimos, la mayoría de los establecimientos consume efectivamente menos energía eléctrica que la que tiene contratada y ese menor consumo debe implicar una reducción proporcional en el coso final del servicio. De esta manera logramos un aporte concreto, necesario y de alivio real a quienes producen y generan empleo”, concluyó Abad.