El proyecto, acompañado por diputados del Pro, propone un marco integral para promover los vehículos eléctricos, con beneficios impositivos, metas de expansión y exigencias para edificios, estaciones de servicio y operadores del sector.
Cristian Ritondo, junto a un grupo de diputados del Pro, presentó un proyecto de ley para establecer un régimen legal de la electromovilidad en la Argentina, con el objetivo de crear un marco regulatorio integral que impulse el desarrollo del sector y fomente la adopción de vehículos eléctricos en todo el país.
La iniciativa —que también lleva las firmas de María Florencia De Sensi, Javier Sánchez Wrba, Martín Ardohain, Antonela Giampieri, Alejandro Finocchiaro, Fernando De Andreis y Emmanuel Bianchetti— fue girada a las comisiones de Energía y Combustibles, Transportes y Presupuesto y Hacienda.
El texto establece como eje central la creación de un marco normativo nacional que abarca desde la instalación de infraestructura de carga hasta la definición de estándares técnicos y un esquema de incentivos fiscales. En ese sentido, define la electromovilidad como una política estratégica que requiere tanto inversión privada como reglas claras para su desarrollo.
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la imposición de obligaciones concretas para la instalación de puntos de carga. En los edificios nuevos, por ejemplo, se exige la preinstalación eléctrica en la totalidad de las cocheras, además de la instalación efectiva de cargadores en un porcentaje mínimo de los espacios. Para los edificios existentes no residenciales, se establece la obligación de incorporar cargadores en plazos que van hasta los 24 meses desde la promulgación de la ley.
Las estaciones de servicio también quedan alcanzadas: deberán incorporar cargadores eléctricos en función de su volumen de ventas de combustible, con exigencias que incluyen equipos de carga rápida de alta potencia.
El proyecto crea además la figura del “servicio de carga de vehículos eléctricos” como actividad comercial independiente del sistema tradicional de distribución eléctrica, habilitando a operadores a cobrar por el servicio bajo distintas modalidades, como tarifas por consumo, por tiempo o por suscripción. Este esquema busca facilitar la aparición de nuevos actores en el mercado y promover la competencia.
En materia de incentivos, la iniciativa contempla beneficios fiscales relevantes. Entre ellos, la exención del Impuesto al Valor Agregado por cinco años para la compra e instalación de cargadores y para el propio servicio de carga, así como la posibilidad de amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias para inversiones en infraestructura. También prevé créditos fiscales para usuarios particulares que instalen equipos en sus hogares.
A su vez, se promueve la reducción de Ingresos Brutos mediante la adhesión de provincias y se establecen beneficios aduaneros para la importación de equipos e insumos vinculados a la electromovilidad.
El proyecto fija metas concretas a nivel nacional, como alcanzar al menos 2.500 puntos de carga públicos o semipúblicos para 2030, lograr que los vehículos eléctricos representen el 10% de las ventas de unidades nuevas en ese año y avanzar en la electrificación del transporte público urbano.
Asimismo, se crea un Fondo Nacional de Electromovilidad destinado a financiar infraestructura, especialmente en corredores viales y zonas de menor desarrollo, y se establece a la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación.
En los fundamentos, Ritondo sostiene que la transición hacia la movilidad eléctrica “es uno de los procesos de transformación estructural más profundos” de la economía actual y advierte que el mercado por sí solo no logra desplegar la infraestructura necesaria. En esa línea, el proyecto se apoya en experiencias internacionales, como las de Noruega, la Unión Europea y Estados Unidos, para justificar la necesidad de una intervención estatal que brinde previsibilidad e incentivos.
La iniciativa también reconoce desafíos, como las limitaciones en la disponibilidad de insumos estratégicos o las dificultades del sistema energético local, pero plantea que esos obstáculos no deben frenar el avance hacia un modelo de transporte más sustentable.
De esta manera, el proyecto del bloque Pro busca posicionarse como un intento integral de regulación y promoción de la electromovilidad en la Argentina, combinando obligaciones, incentivos y metas de largo plazo para acelerar la transición energética en el sector del transporte.
El encuentro reunió a líderes y expertos en el ámbito de la movilidad sustentable, tanto locales como internacionales. La diputada del Pro destacó que “la electromovilidad en la Argentina tuvo un gran impulso con el gobierno del presidente Mauricio Macri”.
La diputada Silvana Giudici (Pro) participó este lunes del Foro de Movilidad Sustentable organizado por la Cámara Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos (CAVEA) donde se reunieron líderes y expertos en el ámbito de la movilidad sustentable, tanto locales como internacionales, para discutir y promover el desarrollo de la industria de vehículos eléctricos en el país.
El panel de apertura contó con la presencia de personalidades de gran relevancia, incluyendo al Embajador de la Delegación de la Unión Europea, Amador Sánchez Rico; el referente asesor de proyectos de Cooperación UE-ARG, Pablo Iglesias; la jefa de Sección Económica y Comercial, Viktoria Lovenberg; el director de la subsecretaría de Ambiente de la Nación, Augusto Paz; el Secretario General de FECOBA - CAME, Sergio Lamas; el presidente de CAVEA, Emmanuel Núñez y el Ministro de Embajada de Alemania, Peter Neven.
Durante el foro, Giudici expresó: “La electromovilidad en la Argentina tuvo un gran impulso con el gobierno del presidente Mauricio Macri, quien por primera vez incorporó los vehículos de generación eléctrica a la circulación urbana”.
La diputada del Pro destacó los logros significativos alcanzados por la industria local, incluyendo la exportación de bicicletas eléctricas a Estados Unidos y la Unión Europea. Además, señaló la diversificación de la producción local hacia vehículos de dos, tres y cuatro ruedas, el desarrollo de aviones eléctricos y embarcaciones, vehículos tácticos, tractores y motos. Estos avances posicionan a Argentina como un jugador relevante en el ámbito de la movilidad sustentable a nivel global.
El Foro de Movilidad Sustentable concluyó con un llamado a seguir trabajando conjuntamente para superar los desafíos existentes y aprovechar las oportunidades que ofrece la movilidad eléctrica, con el objetivo de alcanzar un futuro más sostenible y ecológico para Argentina y el mundo.
El presidente de la Comisión de Industria en Diputados compartió noticias que llegan desde el viejo continente. La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo hasta ahora no se trató.
El diputado nacional Marcelo Casaretto (FdT) se mostró a favor de avanzar con el debate de la ley de promoción de la electromovilidad, un proyecto que fue enviado por el Poder Ejecutivo en enero de este año pero hasta ahora no se debatió.
En su cuenta de Twitter, el entrerriano recordó que "el presidente Alberto Fernández presentó hace unos meses el proyecto de Ley de Movilidad Sustentable, promoviendo autos eléctricos o híbridos en sustitución de los motores a nafta o diésel" para "reducir las emisiones de carbono y utilizando energías renovables".
"Esta semana la Unión Europea estableció para 2035 la prohibición de producción y venta de vehículos de combustión", señaló junto a la captura de una noticia que habla del acuerdo que se alcanzó en el viejo continente para prohibir los coches de combustión a partir de esa fecha.
En ese sentido, Casaretto consideró que "en las próximas semanas debemos avanzar con una regulación similar en Argentina, en la Comisión de Industria, de la que soy presidente".
Al respecto, la radical Gabriela Lena sostuvo que “es algo en lo que tenemos que avanzar”, mientras que el oficialista Eduardo Fernández consideró que “seguir cuidando el medioambiente es fundamental”.
Legisladores nacionales de distintos bloques políticos analizaron el proyecto de ley de Promoción de la Movilidad Sustentable, presentado por el Poder Ejecutivo que ingresó al Congreso el 26 de enero con el fin de tratarse en extraordinarias, pero nunca prosperó. La iniciativa promueve incentivos y objetivos a 20 años para impulsar en Argentina la utilización de tecnologías de menor impacto ambiental para la movilidad.
Al respecto, la diputada Gabriela Lena (UCR - Entre Ríos) consideró: “En términos generales es algo en lo que tenemos que avanzar (en relación a la electromovilidad), son temas como los de nanotecnología y las nuevas tecnologías, que nos vienen llevando nuestro país para adelante”.
En tanto, el oficialista Eduardo Fernández (Córdoba) expresó: “Nosotros, dentro de las potencialidades que tenemos como país, justamente es una enorme cantidad de litio a procesar, la posibilidad de seguir cuidando el medioambiente es fundamental”.
También, el diputado destacó el ámbito de la educación y la formación en dichos temas, mencionando la importancia de “aprovechar el conocimiento que surge de tener personal especializado por la promoción que se viene haciendo de carreras de ingeniería”.
De aprobarse el proyecto, a partir del año 2041 no podrán venderse más vehículos de combustión interna en todo el territorio nacional, y la nueva ley obligaría también al Estado Nacional a respetar cuotas de eléctricos en la reposición de la flota oficial y en el recambio de la flota de autotransporte de pasajeros.
Del lado de la demanda, establece la creación de un Bono Verde en forma de descuento directo sobre el precio de un vehículo y el equipo de recarga, además, los vehículos eléctricos no sumarán en la base imponible para el cálculo del impuesto a los bienes personales.
La senadora nacional por Jujuy resaltó la mención de AF de la movilidad sustentable en la apertura de sesiones ordinarias y recordó que “el año pasado he presentado el primer proyecto sobre el tema”.
La senadora Silvia Giacoppo (UCR-Jujuy) destacó que el presidente mencionara en la apertura de sesiones ordinarias -como parte de los proyectos que desea que el Congreso trate este año- el tema de la electromovilidad y recordó que “el año pasado he presentado el primer proyecto sobre el tema, ya que lo venía trabajando como miembro, además, del Parlamento Latinoamericano (Parlatino)”.
“Como jujeña -señaló la legisladora radical en declaraciones radiales- debo destacar que nuestra provincia tiene como una de sus producciones destacadas -al igual que Salta y Catamarca, que integran el triángulo del litio- y con un desarrollo exponencial sobre la explotación del litio y la fabricación de baterías de litio. Por ello, para nosotros, la construcción de buses eléctricos -fabricados en Jujuy- es parte del proyecto que presenté en agosto del año pasado y en el que me acompañaron varios compañeros de mi bloque”.
“Este es el camino hacia donde va el mundo y una forma de cumplir, no sólo con el Acuerdo de París sino también con la transformación de la matriz energética de nuestro país. La implementación de este proyecto traerá mejoras en la calidad del aire, reducción del ruido en las ciudades, mejoras en la salud de la población por la reducción de afecciones respiratorias (con menor mortalidad asociada) y mejor servicio público de transporte para los usuarios”, agregó la senadora.
“La demanda creciente de electrificación funcionará como importante tractora de la demanda de baterías y minerales como el litio, que tiene a la Argentina como uno de sus principales exportadores mundiales, generando divisas para el país y desarrollo regional especialmente en el NOA. En Jujuy, el impulso al desarrollo de esta industria ha sido uno de los pilares del gobernador Gerardo Morales”, indicó.
En la entrevista del programa “Agenda Semanal”, Giacoppo se refirió al discurso de Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa al señalar que “me sorprendió el nivel de agresividad, el presidente perdió una gran oportunidad de reconocer errores y de que el manejo de la pandemia fue un fracaso demostrado por las estadísticas que nos muestran una alta cantidad de muertos y, además, una economía en caída libre. Todo ello me produce una inmensa tristeza”.
“La realidad es que el presidente le habló a la vicepresidenta, no le habló al pueblo argentino. Parecía dirigirse a un grupo de aplaudidores que buscaban más agresividad y más grieta, como si estuviese lanzando la campaña electoral. No se vio al presidente que se dice conciliador sino, más bien, a un presidente vestido de CFK”, admitió la jujeña.
Para finalizar, Giacoppo indicó que “es de una gravedad inusitada que el presidente, que se dice profesor de derecho, le pida al Congreso que controle a los jueces, intervenir en el accionar de los jueces desechando cualquier idea sobre la independencia de los poderes”.