La diputada nacional Romina Del Plá y Vanina Biasi, diputada electa por la Ciudad de Buenos Aires, ambas del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad y dirigentes del Plenario de Trabajadoras, participaron este fin de semana de los talleres, movilizaciones y actividades del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades en San Luis.

Romina Del Plá expresó: “Este Encuentro se desenvuelve en el escenario de una crisis que no solamente es económica y social sino también en el marco de una crisis política muy grande. Esta crisis deja en evidencia que el gobierno del Frente de Todos está devastado por las internas, pero unido por un ajuste brutal contra los trabajadores y las trabajadoras. En este Encuentro se vio claramente en el testimonio de quienes participaron de los diferentes talleres el ajuste y el empeoramiento de las condiciones de vida de mujeres y disidencias. La gestión de la ministra Gómez Alcorta fue una gestión al servicio del ajuste y las iglesias contra las necesidades de las trabajadoras y que su renuncia no puede ocultar”.

La diputada y dirigente participó del taller referido a la Ley de Humedales y dijo: “El Gobierno ya dejó en claro que su política pro minera no es compatible con una Ley de Humedales que responda a las necesidades ambientales del pueblo. Lo vimos claramente en la Cámara de diputados dónde la Ley de Humedales sigue siendo cajoneada y es el propio gobierno nacional el que no habilita su tratamiento. La lucha popular es la única que puede poner un freno a esta avanzada contra los recursos naturales y actividades contaminantes contra el ambiente y en favor de los negocios del gobierno para cumplir con el acuerdo con el FMI, como lo viene haciendo en múltiples pueblos”.

Vanina Biasi señaló: “Se hizo escuchar fuertemente y fue un gran protagonista de estas jornadas el grito de libertad para las mujeres mapuches detenidas en Villa Mascardi por las fuerzas represivas del gobierno nacional. También en todos los talleres de este Encuentro se expresó como las mujeres y diversidades están colmadas de necesidades empezando por las económicas. Son las mujeres quienes representan la mayoría absoluta de quienes están bajo la línea de la pobreza y la indigencia en nuestro país además de ser la mayoría condenadas a la precariedad laboral. El gobierno y su feminismo son incapaces de dar ninguna respuesta a esta situación por su fuerte compromiso con las políticas de ajuste contra los y las trabajadoras”.

Además Biasi destacó: “Además este Encuentro dejó demostrado que el movimiento de mujeres sigue peleando profundamente para que se concrete la separación de la Iglesia del Estado, por la aplicación efectiva de la Educación Sexual Integral que sea científica y laica en todos los colegios. Reclamo que se hizo visible en talleres y movilizaciones, al igual que el grito contra el ajuste del gobierno y el FMI”.

Por José Angel Di Mauro

La semana de Juntos por el Cambio arrancó con mucho ruido interno; transcurrió así varios días y concluyó del mismo modo. Comenzó el domingo Facundo Manes lanzando ácido sobre la presidencia de Mauricio Macri y concluyó de manera más sutil, pero exhibiendo igual discrepancias internas, en este caso entre la Coalición Cívica y los socios mayoritarios de la principal oposición.

En este último caso fue por el comunicado que pretendían redactar sobre la posición argentina en la ONU en materia de derechos humanos. El gobierno del Frente de Todos dispuso abstenerse respecto de China primero y después sobre Venezuela, pero mientras el partido de Elisa Carrió quería redactar un comunicado citando ambos casos, el PRO, la UCR y el espacio de Miguel Pichetto querían limitarlo al régimen de Maduro. Conclusión: no hubo comunicado.

“Sorprende cómo algunos omiten condenar la vergonzosa abstención argentina con respecto al informe Bachelet sobre China. La plena vigencia de los derechos humanos se defiende siempre, no podemos hacernos los distraídos y tener una posición sesgada, ambigua y oportunista”, se quejó el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, sin hacer nombres, pero sin dejar dudas de a quiénes se refería.

El caso Manes tuvo previsiblemente mayor difusión. Fue una carga de profundidad del neurocientífico que dejó pasmado a más de uno, incluso dentro del propio radicalismo. Allí hasta hubo bastante enojo por tener que soportar durante varios días una presión del Pro, que llevó al Comité Nacional a emitir un comunicado crítico de la actitud del empático diputado y precandidato presidencial.

Distinta fue la posición del radicalismo bonaerense, que sí se alineó y bancó a Manes, a través de un comunicado que lleva incluso firmas de quienes han estado siempre muy alineados con los socios del Pro.

Se le reprocha al mediático Manes haber cruzado un límite que va más allá de mostrarse crítico respecto de lo que fue la gestión macrista, como habitualmente él ha hecho y que le ha valido el enojo perpetuo del fundador del Pro. En este caso ante el periodista Luis Majul, Manes criticó a Macri con argumentos que utiliza el kirchnerismo, como es la supuesta participación de operadores judiciales en los tribunales y el espionaje interno.

Si bien la situación planteada sirvió para que Facundo Manes repitiera una y otra vez su compromiso con Juntos por el Cambio, siempre ha sido un secreto a voces que él no se siente cómodo con el Pro y que cuando habla de agrandar la coalición va a contramano del pensamiento del propio expresidente, que viene alertando puertas adentro sobre los “peligros” de no ser más estrictos con la selectividad.

La verdad sea dicha, si por Manes fuera estaría muy feliz de encabezar la tradicional Lista 3 del radicalismo. También es cierto que suele arrancar sus campañas tirando del mantel, como cuando al enfrentar a Diego Santilli en 2021 le tiró con munición gruesa a Rodríguez Larreta, afirmando en una radio K que “la Ciudad parece acéfala hoy”, en referencia a la participación del jefe porteño en la campaña bonaerense.

La realidad también indica que si bien el neurocientífico cuenta con un nivel de conocimiento elevado que ya traía desde antes de su desembarco en la política, las encuestas todavía no lo contemplan como un presidenciable con aspiraciones; razón por la cual habría decidido romper el techo de cristal de sus posibilidades dándole pelea al rival de mayor fuste.

Si bien Mauricio Macri aún no ha confirmado cuál será su destino en 2023, él es quien más posibilidades tendría de imponerse en una interna de JxC, de ahí que Manes haya resuelto elegirlo como contrafigura, para potenciar así sus posibilidades. Una estrategia que a priori no lo deja bien parado puertas adentro, donde en los votantes de Juntos por el Cambio no han caído para nada bien sus dichos, pero quienes lo asesoran entienden que solo polarizando así podrá invisibilizar al resto de los precandidatos más taquilleros.

Facundo Manes se autopercibe protagonista de un momento histórico, similar a 1983, y con su discurso se ve capaz de acumular a ambos lados de la grieta. Además, en tiempos de enojo con la política siente que también puede ser la contrafigura de otro outsider como es Javier Milei.

A la misma hora que Manes agitaba el avispero de Juntos por el Cambio, desde Brasil llegaban noticias no esperadas por el oficialismo, que se había preparado para celebrar un triunfo rotundo de Lula en primera vuelta que se convirtiera en un punto de inflexión a partir del cual construir hacia 2023. Sobrevaloraron la precisión de las encuestas y así le fue a un kirchnerismo que sueña con un realineamiento de planetas que pueda recrear parte de la mística de fines de los 2000, cuando la conjugación de una serie de gobiernos “progresistas” les hizo vivir sus mejores años.

Pasan por alto que la economía argentina era mucho más sólida entonces, situación que hoy nuestro país no vive ni por asomo.

Como sea, el oficialismo en pleno se preparó para vivir una epopeya que no fue, organizando una cobertura del aparato oficial y paraoficial en Brasil capaz de darle magnitud al esperado “triunfo holgado” de Lula, con un despliegue que no se condice con las estrecheces que sufrimos por la carencia de dólares.

En efecto, el “dólar soja” rindió los beneficios esperados, pero terminó. Ahora el equipo económico lanzó el “dólar tecno”: facilidades para las empresas de servicios básicos del conocimiento que, a diferencia del beneficio para los productores agropecuarios, no tiene fecha de caducidad. El ministro Sergio Massa espera que el sector exporte el próximo año unos 10 mil millones de dólares, consolidándose como el tercer complejo exportador de la Argentina. Pero la realidad es que para lo que resta del año el sector no proveerá una cantidad de dólares equiparable a lo que dejó la soja.

En el caso del campo, las noticias no son buenas, si se tiene en cuenta la sequía que no da tregua. Datos a tener en cuenta para lo que no va a poder cobrarse el próximo año: el 10% del trigo sembrado en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe ya se perdió como consecuencia de la falta de lluvias en la región, según anticipó un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario conocido el viernes. Además, restan 400.000 hectáreas, un 34% del total sembrado en muy malas condiciones que podrían augurar el mismo destino.

La falta de lluvias es tal que solo un 30% de la región superó los 5 milímetros en los últimos meses.

Precisamente es la sequía la que ha mantenido a raya el precio de la carne, que no ha aumentado su valor los últimos meses. Por la falta de pasturas, los ganaderos han estado vendiendo más de lo previsto, con lo que se ha mantenido el precio estable. Ahora bien: si el tiempo mejora para esta última parte del año, esa tendencia se revertiría y el incremento de la carne podría ser del 30 o 40%. Serían malas noticias para Massa, que espera una inflación de septiembre no menor al 6,5%. Se conocerá este miércoles.

La gente no tiene mejores expectativas: un relevamiento de D’Alessio Irol/Berensztein señala que se mantiene el panorama negativo de la evaluación económica actual del país. El 67% espera que la situación económica esté aún peor dentro de un año. El dato llamativo es que entre los votantes del Frente de Todos la visión optimista disminuye 5 puntos.

Previsiblemente, el 93% de los encuestados considera a la inflación como la principal preocupación. Y un dato más, digno de resaltar: el 70% de los encuestados coincide en que no es el momento para eliminar las PASO. Aun entre los votantes del Frente de Todos, esa opinión alcanza al 47%.

Son elementos que sirven para verificar la desconexión entre las preocupaciones de los ciudadanos y sus dirigentes. Atento a ello, alguien desaconsejó al presidente ir al Cine Gaumont cuando el estreno de la película “Argentina, 1985”. Se esgrimieron “razones de seguridad”, pero prevaleció la recomendación de evitar mostrar al presidente en una situación que pudiera ser considerada irritante. Duró poco: el jueves Alberto Fernández fue a ver la película que evoca el histórico juicio a las Juntas Militares. Fue en el Cine Italia de Escobar, y compartió la proyección especial con alumnos de colegios secundarios de la zona.

Fernández venía de recorrer la 59° edición de la Fiesta Nacional de la Flor, en esa localidad. Una agenda demasiado distendida para el presidente de un país en crisis. Justo en un día en el que le renunció la ministra de la Mujer, con duros cargos contra su gobierno por el operativo contra mapuches en Río Negro. Elizabeth Gómez Alcorta fue abogada de Facundo Jones Huala, y este gobierno ha llegado a un punto en el que son muchos los que están pensando en el día después más que en el destino de la administración que integran.

Se prevé que haya próximamente otras dimisiones en un gabinete en el que curiosamente muchos preferirían irse.

Este miércoles se llevó a cabo en el Senado la jornada “Hacia una ley nacional de gestión menstrual en la Argentina” que contó con la participación de la ministra de mujeres, género y diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta. también expusieron representantes de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, funcionarias y ex funcionarias del poder ejecutivo nacional. senadoras y diputadas expusieron sobre distintos proyectos de ley presentados en ambas cámaras.

En el marco del 28M, Día de la gestión menstrual saludable, la senadora por San Luis y presidenta de la comisión Banca de la Mujer, María Eugenia Catalfamo (Unidad Ciudadana), organizó la jornada “Hacia una ley nacional de gestión menstrual en la Argentina”.

“Una jornada de trabajo que nos va a permitir entender más sobre el tema para poder alcanzar una ley nacional de gestión menstrual”, adelantó la senadora y destacó que la iniciativa apunta a “eliminar brechas de género, pero también brechas sociales, para ir hacia el camino de eliminar desigualdades que atravesamos las mujeres desde que somos muy pequeñas”.

Además, precisó que “son unas diez provincias, además de municipios, los que llevan adelante esta ardua tarea de poder implementar en sus territorios diferentes acciones que les permitan, sobre todo a los sectores más vulnerables, gestionar de manera saludable y sostenible la menstruación y esto es lo que queremos trasladar a todo el ámbito nacional”.

A continuación, Gómez Alcorta detalló que “doce millones de niñas, adolescentes, mujeres, varones trans, personas no binarias, menstrúan todos los meses en nuestro país” y que “cuando decimos que tiene que salir de la responsabilidad exclusivamente privada, tiene que ver con el impacto que tiene en la vida de millones poder llevar adelante su vida cotidiana en distintos ámbitos”.

Asimismo, indicó que “el otro gran tema tiene que ver con una diferencia de clase y por eso también es hablar de justicia social: gestionar mensualmente los productos de gestión menstrual no resultan igual el impacto en la vida de cada uno y de cada una”.

Por último, informó: “Hicimos un relevamiento de los municipios del país que tienen programas vinculados a la gestión menstrual, y también pudimos diferenciar aquellos que además pueden hacer entrega de productos”.

“A algunos municipios que no tienen la posibilidad de hacer entregas de productos los vamos a estar acompañando con la entrega de productos, centralmente con copitas menstruales, desde el Ministerio”, concluyó.

A raíz de los dichos de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, sobre la violación grupal contra una joven en Palermo, unos 30 diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por la radical Carla Carrizo, presentaron un proyecto que solicita convocar a la funcionaria al Congreso.

En la iniciativa, los legisladores señalaron que la ministra “compartió un mensaje en sus redes sociales que, lejos de responder a su responsabilidad gubernamental, generó confusión, desprotección y dudas sobre la gestión del Estado ante este tipo de trágicos eventos, lo que motiva el presente pedido”.

En su Twitter, Gómez Alcorta publicó un hilo de tuits que empezaba: “Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una bestia, no es un animal, no es una manada ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural”.

A través del proyecto de resolución, los opositores piden “convocar a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, a que comparezca e informe ante esta Honorable Cámara acerca de las siguientes cuestiones vinculadas a la gestión de políticas públicas sobre abuso sexual y violencia por motivos de género”.

En ese sentido, sobre el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022 consultan: “¿Cuáles fueron las acciones desplegadas por el Ministerio en relación al eje de Prevención contemplado desde que fue iniciado el Plan?; detalle qué herramientas de detección temprana para la prevención de las violencias por motivos de género se han impulsado desde el Ministerio; conocer el estado y la evolución de dichas acciones y si se cumplieron con dichas previsiones temporales; y cómo se gestiona el uso de recursos humanos del Ministerio, detallando funciones asignadas, metas y trabajo territorial y no territorial”.

En tanto, sobre abuso sexual exigen que se informe sobre “las acciones específicas desarrolladas por el Ministerio ante estos casos” y se detallen “las modalidades de abordaje y asistencia a las víctimas, herramientas de seguimiento y monitoreo de casos, articulación con otros Ministerios Nacionales y jurisdicciones locales, y toda otra información que resulte pertinente”.

¿Mujeres vs Varones? Sabemos que no es así. El feminismo como movimiento es muchísimo más. Hay mujeres que actúan reproduciendo lógicas patriarcales de poder (violencia con mujeres y varones también; y a la inversa) (2/3)

— Carla Carrizo (@CarlaCarrizoAR) March 3, 2022

En sus redes sociales, la diputada Carla Carrizo expresó: “Lamentable el mensaje de la min. Gómez Alcorta sobre la violación grupal en Palermo. Confunde una lectura sociológica -corporativa y limitada del patriarcado estructural- con su responsabilidad gubernamental. Y en esa confusión gestiona y protege mal”.

“¿Mujeres vs. Varones? Sabemos que no es así. El feminismo como movimiento es muchísimo más. Hay mujeres que actúan reproduciendo lógicas patriarcales de poder (violencia con mujeres y varones también; y a la inversa)”, agregó la radical.

Y remarcó que “no estamos como sociedad en el mismo lugar y las movilizaciones desde 2015 nos enseñaron a mirar. La ministra debe venir al Congreso a explicar por qué está mirando y gestionando mal. Más de 30 diputados/as presentamos el proyecto para citarla”.

El proyecto fue acompañado por Danya Tavela, Gabriela Brower de Koning, Roxana Reyes, Juan Martín, Cristian Ritondo, Dolores Martínez, Gabriela Lena, María Lujan Rey, Fabio Quetlas, Sebastián García De Luca, Victoria Tejeda, Marcela Campagnoli, Ximena García, Karina Banfi, Mercedes Juri, Alfredo Schiavoni, Rubén Manzi, Alejandro Cacace, Martín Tetaz, Martín Berongharay, Sofía Brambilla, Jimena Latorre, Sabrina Ajmechet, Marcela Inés Coli, Pablo Torello, Federico Angelini, Leonor Martínez Villada y Francisco Monti.

Efusivos aplausos dirigidos a Milagro Sala se escucharon este jueves en el Salón Delia Parodi del Congreso, cuando la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, la reivindicó como una “presa política”.  

Al hacer alusión a palabras previas de la exsenadora María “Marita” Cristina Perceval, quien mencionó a las hermanas María Teresa, Patria y Minerva Mirabal Reyes “asesinadas por la dictadura trujillista (de Rafael Trujillo) en 1960”, recordó la funcionaria, agregó que “ellas también habían sido presas políticas como lo sigue siendo Milagro Sala”.  

Acto seguido, todas las legisladoras presentes dieron un largo aplauso para la líder de la Tupac Amaru y la ministra retomó: “Un 25 de noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres) no podemos no recordar a todas nuestras presas políticas”. 

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, junto a senadoras y diputadas del Frente de Todos, dio por iniciado un proceso que apunta a elaborar un proyecto de reforma de la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres. 

La funcionaria detalló que se abrirá un “proceso participativo y federal” en el que, a través de foros y mesas de trabajo con especialistas en las provincias, se llegue dentro de un año a un texto consensuado que incorpore nuevas cuestiones que requiere la actualidad a esa norma, sancionada en 2009. 

“En 10 años las compañeras que estén ocupando estos mismos espacios van a mirar para atrás para ver cuál fue nuestra responsabilidad y nuestro rol en este momento histórico”, sostuvo Gómez Alcorta en el Salón Delia Parodi de la Cámara baja, donde se llevó a cabo el acto este jueves. 

La titular de la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad llamó a “hacer todo lo que tengamos que hacer para transformar todo lo que tengamos que transformar. Y es mucho”. 

Recordó que “en el 2009 había que adecuar nuestra legislación interna a la Convención de Bélem do Pará, que increíblemente todavía no tiene rango constitucional”; y la Ley 26.485 “puso a la vanguardia a Argentina” y es una norma “que nos ha podido sostener en muchas de las luchas que hemos dado”. 

“Que tengamos que repensar una ley que hace 12 años se sancionó habla de la enorme transformación que sucedió en términos culturales, políticos e institucionales”, destacó, y resaltó que “la tenemos que cambiar porque hubo un 2015 con el Ni Una Menos, que puso en agenda” estos temas. 

Tras valorar la “decisión política” del gobierno del Frente de Todos en esta temática, la ministra explicó: “No queremos una norma que sea nacida de los escritorios, no porque no pueda ser buena, sino porque seguramente nunca puede ser tan buena como tomar las voces plurales, diversas”. 

Para Gómez Alcorta, la participación de distintos sectores hará que la nueva ley “se construya con muchísima legitimidad” y defendió que sea mediante un modo como “el que construimos las feministas, que es en redes, llegando a consensos”. Además, pidió “convocar a los varones y todas las fuerzas políticas” a la discusión. 

En sus palabras de bienvenida, la diputada Paula Penacca expresó: “Sabemos que la deuda es muy profunda con nosotras y nosotres”. La secretaria parlamentaria del bloque Frente de Todos celebró que la reforma de la ley se dé “desde el debate, los consensos y la participación” y se comprometió a “trabajar para que los otros bloques sean parte de este proceso”. Asimismo, abogó por alcanzar “buenos resultados que nos permitan tener más derechos y fortalecer a los movimientos feministas”. 

Presidenta de la Banca de la Mujer en el Senado, la pampeana Norma Durango destacó la “lucha que emprendimos hace muchos años en defensa de los derechos de las mujeres”, a través de la cual “hemos conseguido muchísimos derechos, pero todavía nos falta y mucho”. 

También ponderó que las modificaciones se hagan mediante “un proceso participativo y federal”, porque “cuántas veces la problemática que se vive en las provincias es distinta a la que se vive acá”. La senadora recordó que la ley “fue sancionada en 2009 tras un intenso debate parlamentario” y se convirtió en “un hito” pero “a 12 años de su sanción la ley amerita una reforma integral”. 

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara baja, Mónica Macha, observó que “el feminismo y el transfeminismo tienen un lugar central a la hora de poner sobre el debate político cuestiones que durante tanto tiempo las hemos sufrido, pero estaban en un lugar de lo privado”. 

“La Argentina tiene un recorrido de leyes que han sido muy participativas”, ponderó y señaló que “muchos de los temas que todavía no están en la (actual) ley no eran debates inexistentes, sino debates que todavía no tenían consensos y acuerdos políticos para que se pudieran trasladar a la ley”. 

Dentro de los cambios que deben incorporarse, la diputada oficialista mencionó “la violencia en el contexto de otras identidades de género; la violencia digital; la violencia en las vejeces y personas con discapacidad; las violencias contra mujeres y personas trans de pueblos originarios”. 

Partícipe del debate que se dio en 2009, la exsenadora María “Marita” Cristina Perceval recordó: “Nos decían, ¿para qué una ley? Si las cosas están muy bien. Tan bien que aún hoy, como hemos dicho desde los feminismos, parece que hay vidas que no merecen ser lloradas cuando son asesinadas, que hay vidas que no merecen ser asistidas, cuando son humilladas, que hay vidas que no merecen ser emancipadas, cuando son discriminadas”. 

En su intervención, reveló que previo a sancionarse la 26.485 fue llamada por senadores presidentes de los bloques de ese momento, quienes le dijeron “se va a terminar ya tu mandato, así que te vamos a regalar como prebenda tratar la ley en el recinto”. “Me estimuló convencerme que se acababan los mandatos, pero lo que no terminaba era la insistente lucha de transformar el poder”, agregó. 

También hablaron durante el encuentro, realizado en el Salón Delia Parodi, Josefina Kelly, secretaria de Políticas Contra la Violencia de Género; Alba Rueda, subsecretaria de Políticas de Diversidad; las senadoras Silvia Sapag y Eugenia Catalfamo; y las diputadas Gabriela Estévez, Alcira Figueroa, Mara Brawer, Patricia Mounier y María Rosa Martínez. 

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, este jueves la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, junto a diputadas y senadoras nacionales, anunciará este jueves una reforma integral de la Ley 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”.

Según informaron fuentes oficiales, la modificación a la norma sancionada en 2009 se hará “a través de un proceso participativo y federal” para “construir los principales lineamientos de una nueva ley”.

La propuesta busca poner en discusión nuevos tipos y modalidades de violencias de género, incorporar la perspectiva de diversidad, brindar herramientas para el abordaje de las violencias en un nuevo contexto institucional y fortalecer el rol de las provincias, municipios y organizaciones sociales territoriales, entre otras cuestiones fundamentales para consolidar un modelo integral de política de Estado hacia las violencias por motivos de género.

“La necesidad de actualizar y revisar los temas que aborda la Ley 26.485 pone en perspectiva la realidad dinámica de la sociedad en la que vivimos. La visibilización de las violencias de género, y la forma en que impactan en las trayectorias de vida de mujeres y LGBTI+, nos ofrece hoy una visión mucho más profunda de la problemática y sus diferentes dimensiones”, sostuvieron.

Además, destacaron la importancia de “contar con leyes innovadoras y sensibles a los cambios que se producen en la vida de las personas, normas que reconocen las desigualdades y cómo se actualizan en distintos ámbitos, es vital para tener herramientas legislativas efectivas, que den respuestas concretas cuando se busca resguardar y garantizar derechos tan esenciales como vivir una vida libre de violencias”.

Con este objetivo, “la iniciativa impulsa un proceso participativo, político y territorial liderado por representantes de ambas cámaras, en articulación con el MMGyD, que construya los principales lineamientos para una nueva ley”. A su vez, explicaron que “el proceso implicará la organización de foros territoriales de consulta participativa en todas las provincias del país y la creación de mesas de trabajo con especialistas que dialoguen sobre las reformas normativas necesarias en materia de violencias por motivos de género, violencia económica por motivos de género, acceso al hábitat, acceso al trabajo, entre otros. Los debates y la información reunida en estos espacios de trabajo serán el insumo fundamental para la redacción del proyecto de ley que se presentará el 25 de noviembre del próximo año”.

“Además de impulsar modificaciones en la ley actual que busquen contemplar otras identidades, incorporar la perspectiva interseccional, promover la multiagencialidad y transversalidad de las políticas de género, y afianzar el paradigma de abordaje integral de las violencias, este proceso asume nuevos desafíos. En principio, permitirá abrir el debate para confirmar o hacer cambios en la actual definición y clasificación de los tipos y modalidades de violencia y evaluar qué posibilidades brinda la ley para sustentar las políticas públicas que abordan las violencias de género. Por otro lado, se propone evaluar si existen tipos de violencia específicos ejercidos contra la población LGBTI+ en razón de su identidad de género”, concluyeron.

El acto se realizará en el Congreso de la Nación a partir de las 12.30:

• Se realizarán las convocatorias a través del MMGyD en conjunto con la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación y la Comisión Banca de la Mujer del Senado de la Nación.
• Se convocarán encuentros regionales en las sedes de distintas Universidades Nacionales y otros espacios de la comunidad para debatir y compartir miradas acerca de los lineamientos y ejes estratégicos que se proponen, siempre y cuando la situación sanitaria lo permita.
•  Se invitará a participar a actores institucionales, actores comunitarios, organizaciones y público en general a exponer propuestas sobre cada uno de los ejes que se aborden.
• La construcción colectiva de la propuesta de reforma integral se realizará en un tiempo no menor a seis meses. Luego se establecerá un plazo de tres meses para la redacción del proyecto de ley.
• Se convocará a expertos de diferentes áreas a debatir en torno a los distintos temas prioritarios para el proyecto de reforma de la ley.

El Poder Ejecutivo oficializó este viernes el decreto de necesidad y urgencia 744/21, que dispone el traspaso del cuerpo de abogados y abogadas para la atención gratuita a víctimas de violencia de género a la órbita del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que dirige Elizabeth Gómez Alcorta.

La medida había sido anunciada en junio pasado por la ministra y el entonces jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Hasta ese momento, el cuerpo de abogados funcionaba en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En el DNU, que deberá ser abordado por la Bicameral de Trámite Legislativo, el Poder Ejecutivo aseguró que el traspaso se realiza “para garantizar la especificidad e integralidad en la intervención, mayor dinamismo y mejores condiciones para un abordaje integral de las personas en situación de violencias por motivos de género”.

Durante una reunión presencial que se llevó a cabo en el Anexo “C” de la Cámara de Diputados, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, defendieron este lunes ante la Comisión de Legislación del Trabajo el proyecto de ley que promueve la creación de “Comités Mixtos de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo”.

En primer lugar, Moroni señaló que “Argentina tiene una larga tradición en reparación de los accidentes de trabajo”, pero “en lo que no ha habido mucho avance es en el tema de la prevención”. “La implementación de criterios que ayuden a tener un ambiente sano de trabajo no han tenido, salvo algunas excepciones, políticas muy eficaces”, continuó.

El funcionario recordó que provincias como Buenos Aires y Santa Fe tienen leyes similares a la que se presenta, “hay empresas que han avanzado y otras no tanto, hay un grado de implementación heterogénea”, por lo que consideraron desde el Gobierno la necesidad de tener “una norma general para todo el país”.

“Generar un ambiente sano de trabajo no requiere solamente las normas de prevención, sino un mecanismo dentro de la empresa”, apuntó, en referencia a la creación de los comités, y ponderó que en la tradición de la relación entre empleadores y trabajadores el país tiene “muy incorporada” la instancia paritaria.

En ese sentido, el titular de la cartera laboral resaltó que “Argentina durante el peor año de su historia económica, que fue el año pasado, mantuvo vigente las negociaciones paritarias y la verdad que el nivel de conflictividad fue bajísimo”. “Hemos tenido un muy bajo nivel de contagios de Covid en los lugares de trabajo gracias al trabajo paritario”, agregó.

Y sostuvo que los protocolos Covid “casi todos fueron realizados en modo conjunto entre sindicatos, trabajadores, y en algunos casos con participación del Estado”.

Por eso, insistió que para la política de prevención de accidentes de trabajo “el mejor método es el método con el que manejamos gran parte de las relaciones laborales en Argentina, que es la negociación paritaria”.

Además, Moroni subrayó que a través de distintos convenios y recomendaciones, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) viene “planteando la necesidad de que haya ámbitos de diálogo para la prevención de accidentes dentro de la empresa”.

El ministro admitió que la implementación de esta ley “va a requerir mucho esfuerzo, tanto de sindicatos, como de empresarios y el Estado”.

Sobre la obligatoriedad de la creación de comités en empresas que tengan más de 100 trabajadores, el funcionario calificó como “una medida razonable” ese número, aunque aclaró que en los lugares con menos trabajadores se mantendrán “los mismos criterios” para la participación de los delegados.

“Un ambiente de trabajo sano no es solo aquel que no tiene ruido, sino aquel en el que se trabaja en una comunidad con parámetros razonables de convivencia”, argumentó Moroni, en referencia a la violencia y el acoso laboral.

Finalmente, opinó que es “un momento oportuno” para tratar esta ley que “no avanza sobre ninguna competencia de los empleadores” y “no faculta ninguna intervención estatal”, enfatizó. “Es un proyecto muy razonable, muy adecuado a normas internacionales y muy necesario”, cerró.

Por su parte, Gómez Alcorta dijo que esta norma “coloca en primer lugar a la salud de los trabajadores y las trabajadoras” desde “una perspectiva integral de la salud” que contemple no solo “los factores físicos, sino también los psíquicos y emocionales”.

“Incorpora de un modo cabal la perspectiva de género dentro del mundo laboral”, celebró y remarcó que “Argentina es uno de los pocos países latinoamericanos que no cuenta a nivel nacional con comités que incluyan la participación de trabajadores y trabajadoras”.

También, la funcionaria indicó que la OIT, a través de diferentes convenios “insta a los Estados a que se establezcan mecanismos de participación a estos fines” y expresa que “la creación de estos mecanismos es una de las maneras de cumplir” con estos convenios.

“Si bien el sujeto empleador es quien tiene la responsabilidad del cuidado y la protección en el ámbito del trabajo, son los trabajadores y trabajadoras los que mejor conocen los riesgos físicos y psicosociales de cada una de las actividades”, explicó.

En esta línea, la ministra afirmó que “las mujeres trabajadoras de todo el mundo, y las argentinas claramente no son la excepción, continúan infrarepresentadas en los órganos y en los procesos de toma de decisión dentro del mundo laboral y en los espacios de trabajo, incluso en aquellos que son mayoría en la fuerza de trabajo”, lo cual “no solamente es injusto para las mujeres y las personas LGBTIQ+, es contraproducente para las empresas, la economía y la sociedad en su conjunto”.

Puntualmente, Gómez Alcorta valoró que los comités tendrán facultades para la prevención y la atención de los riesgos de trabajo vinculados a la violencia, el hostigamiento y el acoso por cuestiones de género, situaciones que generan “daños psicofísicos”.

No solo deberán elaborarse “protocolos de prevención para poder erradicar la violencia en el ámbito laboral”, sino también “canales de comunicación rápidos, expeditivos y confidenciales para que se puedan llevar a cabo las denuncias”, señaló.

En su exposición, la titular de la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad informó que estos casos perjudican “en el modo en que las trabajadoras llevan adelante las tareas”, además de ser “un obstáculo para la permanencia en los puestos laborales”.

La palabra de los “dipusindicales”

En el tramo de las intervenciones de diputados, la legisladora de extracción sindical Patricia Mounier (FdT) señaló que tiene presentado un proyecto similar, con algunas diferencias, y consideró que “la implementación de los comités mixtos es un derecho que tenemos que ampliar para todos y todas. Cuanto más ampliemos la posibilidad de participación para trabajadores y trabajadoras me parece que más justicia vamos a hacer”.

“Me parece muy atinado -en el proyecto del Ejecutivo- que cuando no se llegue al mínimo de trabajadores sean los delegados de prevención los que participen y se implemente de todos modos”, coincidió.

Por su parte, otro “dipusindical”, Walter Correa (FdT), recordó que proviene del partido bonaerense de Moreno y pidió que en la ley se tenga en cuenta “el reconocimiento a Sandra (Calamano) y Rubén (Rodríguez), dos compañeros que han fallecido víctimas de la desidia”, durante la explosión de la Escuela Primaria N°49 en 2018. “Tal vez si estos comités hubieran estado articulados, por ahí se hubiera evitado”, dijo.

Para el diputado y secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky (FdT), esta ley “nos va a permitir mejorar enormemente las condiciones de salud en los lugares de trabajo, y esto hay que resaltarlo, porque no hay dolor más grande que la muerte de un compañero o una compañera en el lugar de trabajo”.

Desde Juntos por el Cambio, la diputada Dolores Martínez (UCR) lamentó que el ministro Moroni se haya retirado tras su exposición y manifestó la solicitud de enviarle preguntas por escrito, a lo que Siley asintió. En alusión a la exposición de Gómez Alcorta, la radical apuntó que “si bien este proyecto establece canales de denuncias y capacitación, no explica claramente cuáles van a ser esas herramientas que favorezcan el acompañamiento, la asistencia y reparación a las víctimas” de violencia y acoso laboral, como establece el Convenio 190 de la OIT, al que Argentina adhirió recientemente.

“Las actuaciones y decisiones del comité mixto no desplazan las disposiciones del Convenio 190” que “están dirigidas tanto al Estado como a los privados”, respondió Gómez Alcorta; mientras que Eduardo Álvarez, asesor del Ministerio de Trabajo, reveló que se encuentra en elaboración un proyecto complementario que sea un “marco normativo” sobre el Convenio 190 y funcione como “una ley de operatividad” que tenga “coherencia con esta ley de comités mixtos”.

La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo sigue lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y prevé la creación de los comités, con facultades paritarias, para elaborar planes de formación en materia preventiva e implementar medidas para evitar los accidentes y afirmar el derecho a un ambiente laboral seguro y saludable.

Según el texto, la creación de ese comité “será obligatorio en dichos lugares de trabajo, cuando allí se desempeñen 100 o más trabajadoras y trabajadores, el cual estará formado, como mínimo, por dos representantes de las trabajadoras y los trabajadores, y por el empleador o la empleadora en igual número”.

En tanto, en las empresas en las que se desempeñen más de 500 trabajadores y/o trabajadoras se duplicará el número de integrantes.

Por otro lado, en aquellos lugares en los que se desempeñen más de 10 trabajadores y/o trabajadoras y menos de 100, “el delegado o la delegada del personal tendrá facultades para participar en todas las iniciativas de prevención, efectuar planteos concernientes a ésta y para actuar en todos los temas referidos a la seguridad y la salud en el trabajo”.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, expondrán este lunes ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados.

La reunión se realizará desde las 12 en el Anexo “C” de la Cámara baja y, en ese contexto, los funcionarios informarán sobre el proyecto de ley enviado por el Gobierno referido a la creación de “Comités Mixtos de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo”.

La iniciativa, que sigue lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), prevé la creación de estos comités, con facultades paritarias, para elaborar planes de formación en materia preventiva e implementar medidas para evitar los accidentes y afirmar el derecho a un ambiente laboral seguro y saludable.

La propuesta apunta a crear un sistema de derechos, responsabilidades y deberes bien definidos, en el que se concederá prioridad al principio de prevención, en tanto que la implementación de los comités será obligatoria para las empresas en las que se desempeñan más de cien trabajadores.

En tanto, en las unidades productivas de dimensiones inferiores se concederán facultades específicas a los delegados para participar y actuar en todos los temas relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo.
El proyecto fue elaborado por el Ministerio de Trabajo, junto con la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad, y la participación de la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.

“Lo que le molesta a la vicepresidenta es que el presidente gobierne”, disparó este martes la diputada radical Karina Banfi en referencia a los hechos de los últimos días que tensaron en extremo las relaciones en lo más alto del poder.

Para la legisladora bonaerense, los cambios de gabinetes (tanto nacional como bonaerense) “son solamente gestuales” y advirtió que Cristina Kirchner “entendió que tenía que parar un poco la moto”.

“Todos los que habían renunciado, a excepción de (el saliente ministro de Ciencia y Tecnología Roberto) Salvarezza, siguen en sus funciones. Lo que se desató claramente es la disputa entre el presidente y la vicepresidenta”.

Entrevistada en CNN Radio, Banfi expresó que a su juicio “lo que le molesta a la vicepresidenta es que el presidente gobierne”, y agregó que “lo que ella no quiere perder es el protagonismo que da el poder en la toma de decisiones”.

“Lo que se notó la semana pasada es una gran debilidad institucional, en la que todos debemos estar alertas sin echar leña al fuego”, acotó.

Por otra parte hizo hincapié en la ausencia de mujeres no solo en el gabinete nacional, sino también en el acto de asunción de nuevos ministros. Le llamó poderosamente la atención “que la única presencia femenina en el acto fuera la de la ministra de la Mujer (Elizabeth Gómez Alcorta). Todos los ministros, junto con los invitados, eran varones, como si fuera un país en el que las mujeres no existen, siendo que el presidente de la Nación llegó al Gobierno reivindicando los derechos de las mujeres. Pero creo que él se dio cuenta, y esto es lamentable, de que eso no le trajo votos. Cuando tenés estos resultados estrepitosos a nivel nacional, estas agendas se abandonan rápidamente”.

Fue aún más lejos al sostener que la ministra Gómez Alcorta debería haber renunciado ante la inclusión de Juan Manzur como jefe de Gabinete, siendo que ella lo ha denunciado en su momento por prohibir el aborto de una niña. “Su gestión debe ser mirada como un ministerio que no ha generado políticas de relación con la Justicia” frente a la violencia de género, ejemplificó.

“El Partido Justicialista ha hecho una bandera de la ampliación de derechos. Nunca una ampliación de derechos ha generado pérdida de votos. Si están diciendo eso es una vergüenza. El aborto ya es ley, no es un tema de campaña. El problema con Manzur es, por ejemplo, cuando hablamos de esa nena de 11 años a quien él no le permitió en Tucumán que se realizara un aborto. Estamos hablando de una ILE de una chica que fue violada por su abuelastro. Todos recordamos esa frase tan terrible: Por favor, sáquenme lo que me metió el viejo. Cuando hablamos de eso, hablamos de falta de humanidad”.

“La desesperación de Cristina Kirchner se debe a que lo que teme, principalmente, es que al perder poder lo que puede llegar a perder también es la libertad. Recordemos que es una persona que tiene procesamientos judiciales”, sostuvo Karina Banfi.

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, visitó la capital cordobesa, donde desarrolló una nutrida agenda política acompañada por la diputada nacional Gabriela Estévez, junto a las candidaturas feministas y disidentes del Frente de Todos.

En ese marco, la diputada Estévez afirmó que “somos parte del proyecto nacional, popular, democrático y feminista del Frente de Todos, Todas y Todes. Cristina demostró que las mujeres sabemos ejercer el poder, pero no en cualquier sentido, sino para las mayorías, empezando por quienes más lo necesitan”.

“Hemos avanzando muchísimo durante los gobiernos kirchneristas en materia de participación y representación política de las mujeres”, enfatizó la diputada camporista, aunque advirtió que “todavía falta mucho. Queremos paridad de género en el Poder Ejecutivo y en todos los espacios de toma de decisión. Queremos sentarnos en la mesa chica de la política. Queremos transformar la política, para transformar la sociedad, por las más jóvenes y por las generaciones que vienen”, agregó.

Entre otros actos, la ministra concluyó la jornada encabezando uno en la sede de Adiuc junto a las precandidatas del Frente de Todos Gabriela Estévez, Olga Riutort e Ilda Bustos con más de 800 mujeres en el marco de la conmemoración por el 21° aniversario de la ley de equidad de género de la Provincia de Córdoba. También estuvieron presentes los precandidatos Carlos Caserio y Martín Gill.

El presidente Alberto Fernández afirmó que “cada vez que en la Argentina ampliamos derechos somos una mejor sociedad, somos una mejor comunidad”, al encabezar este mediodía en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada el acto de firma del decreto de promulgación de la Ley 27.636 de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero “Diana Sacayán-Lohana Berkins”.

La norma contempla, entre otras reivindicaciones, que los tres poderes del Estado nacional, los ministerios públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales y las empresas y sociedades del Estado deben ocupar una proporción no inferior al 1% de su personal con personas de ese colectivo.

El jefe de Estado reafirmó  “la necesidad de una democracia donde la diversidad exista inexorablemente”, pero dentro la cual “tiene que haber puntos de encuentro que nos unan. Uno de esos puntos de encuentro es dejar de marginar al otro; uno de esos puntos de encuentro es terminar con la cultura del descarte; uno de esos puntos de encuentro es entender que las minorías tienen derechos y que las mayorías deben reconocerles esos derechos”.

“Estamos decididos a que se termine cualquier tipo de discriminación en la Argentina”, dijo Fernández, quien estuvo acompañado por la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la subsecretaria de Políticas de Diversidad, Alba Rueda.

Asimismo, invitó a los empresarios a que también se sumen y aseveró que “desde el Estado vamos a promover que lo hagan, que sumen personas trans a sus cuerpos de trabajo, a su fuerza laboral”.

En tanto, la ministra Gómez Alcorta señaló que “esta ley viene a reparar dolores, a pagar una deuda que teníamos como sociedad, y viene a reconocer y ampliar derechos”, ya que “era imprescindible una agenda prioritaria que incorporara la perspectiva de diversidad a las políticas públicas”.

Señaló también que la norma “expresa altos niveles de consenso social” y afirmó que “eso lleva a la Argentina a estar a la vanguardia mundial, y es un motivo de orgullo de todos, todas y todes los que integramos esta sociedad”.

Por su parte, Alba Rueda afirmó que “es un día histórico para el movimiento travesti-trans” ya que “esta ley tiene que ver con la reivindicación de este movimiento como un sujeto político de derechos que ha sabido construir democracia hoy en la Argentina”.

“Tiene que ver con la comprensión de nuestras condiciones de desigualdad estructural y con poder reivindicar nuestra identidad como parte fundamental de la democracia”, enfatizó la subsecretaria.

Participaron también autoridades y miembros de las cámaras de Diputados y Senadores de la Nación e integrantes de organizaciones de derechos de la diversidad.

La normativa votada en el Congreso convirtió en ley una política pública implementada por el presidente Alberto Fernández, quien a través del decreto 721/20 ya había establecido el Cupo Laboral Travesti-Trans en el Sector Público Nacional.

La misma lleva el nombre de “Diana Sacayán-Lohana Berkins” en conmemoración de sus impulsoras junto con las organizaciones LGBTI+ y defensoras de los derechos humanos, y constituye un paso fundamental en la reparación de las desigualdades históricas y estructurales que existen en la sociedad respecto a la población travesti-trans.

Para que una proporción no inferior al 1 % de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero forme parte de la planta del Estado, los organismos públicos deberán establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por personas de ese colectivo, y promover acciones de concientización y sensibilización en los ámbitos laborales.

La normativa prevé a su vez incentivos para que también el sector privado que cumpla con esta normativa y promueve líneas de acceso al crédito desde el Banco de la Nación de la República Argentina para esta población.

Además, determina que el requisito de terminalidad educativa no puede resultar obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo, y que si las personas aspirantes a los puestos de trabajo no completaron su educación, se permitirá su ingreso con la condición de cursar el o los niveles educativos requeridos y finalizarlos.

 Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGYD), celebró en el recinto del Senado de la Nación la sanción de la Ley Diana Sacayán-Lohana Berkins, que establece un cupo del 1% dentro del Estado Nacional para la contratación de personas travestis, transexuales y transgénero, y que fue aprobada por 55 votos a favor, 1 voto en contra y 6 abstenciones.

Gómez Alcorta sostuvo: “Es un día histórico. El cupo laboral travesti trans era una deuda del Estado y hoy es Ley, por la fuerza de los movimientos de la diversidad que nunca bajaron sus banderas y que siguen impulsando transformaciones imprescindibles para revertir desigualdades estructurales e injustas”.

La ministra agregó que “garantizar los derechos de travestis y trans es una prioridad del Gobierno nacional y por eso, desde septiembre de 2020 lo implementamos por Decreto en la Administración Pública Nacional, convencidos de que se trata de una medida fundamental para profundizar el camino hacia la igualdad iniciado por la Ley de Identidad de género en nuestro país”.

“Esta ley viene a reparar una cadena de exclusiones que muchas veces se inicia en la niñez. No es admisible que en Argentina haya personas cuya esperanza de vida no supere los 40 años simplemente por su deseo de vivir según su identidad autopercibida”, concluyó Alcorta.

Por su lado, la subsecretaria de Políticas de Diversidad del MMGYD, Alba Rueda, explicó que “esta ley significa el acceso a un empleo formal, a los aportes jubilatorios, obra social, vacaciones pagas, la oportunidad de acceder a la terminalidad educativa y de poder poner en valor su capacidad laboral”.

La ley

La norma tiene por objeto “establecer medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y transgénero, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en todo el territorio de la República Argentina”.

Se establece que “el Estado Nacional, comprendiendo los tres poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado, deben ocupar en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes”.

La diputada nacional Roxana Reyes (UCR – Santa Cruz) presentó un proyecto en el Congreso de la Nación para solicitar la pronta intervención de la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta ante la denuncia por abuso sexual realizada contra el comisionado de Fomento, Jorge Soloaga, en el ejercicio de sus funciones públicas, en la localidad de Cañadón Seco. El proyecto también reclama por la inacción de la Subsecretaría de Mujeres de la provincia de Santa Cruz que aseguran que dejó desprotegida a la víctima.

En la misma iniciativa se solicita a la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz la inmediata suspensión preventiva de Jorge Soloaga como Comisionado de Fomento de la localidad Cañadón Seco.

El proyecto fue acompañado por los diputados Lorena Matzen, Gustavo Menna, Claudia Najul, Josefina Mendoza, Lidia Ascarate, Gabriela Lena, Karina Banfi, Dolores Martinez, Jose Luis Ricardo, Jorge Vara, Gonzalo del Cerro, Aida Ayala, Carla Carrizo, Fabio Quetglas, Sebastian Salvador,  Monica Frade; Camila Crescimbemi, Mariana Stilman y Mercedes Joury.

La diputada Reyes exige que las autoridades nacionales intervengan y accionen ante la denuncia de abuso sexual radicada por Macarena Barrionuevo, la joven que denuncia haber sido abusada por un funcionario público en Cañadón Seco.

“Vamos a exigir que los derechos de las mujeres sean para todas porque Macarena ha sido abandonada por el sistema. Esta joven está sufriendo no solo las consecuencias de un abuso sino, además, que está siendo ella y su familia perseguida y asechada porque su denuncia afecta a un miembro del kirchnerismo y un funcionario del Poder”, sentenció Reyes.

La diputada radical denunció públicamente que la denunciante no ha recibido apoyo psicológico ni legal de la Subsecretaría de las Mujeres ni del Gobierno de Santa Cruz, y destacó que eso es inaceptable y parte de una discriminación muy grave. 

Además, remarcó que Macarena Barrionuevo fue despedida de su trabajo y que hoy tiene que vender comida para sobrevivir y poder pagar los gastos legales.

“Hoy Macarena hace locreadas para juntar fondos para costear su abogado y el perito de parte sabiendo que lucha contra el poder feudal en una provincia donde todo se tapa”, sentencio Reyes.

La causa

Macarena Barrionuevo radicó en marzo del año 2020, una denuncia por abuso sexual contra el comisionado de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga, hecho que sostiene que ocurrió durante una audiencia por la tramitación de un terreno fiscal realizada en el año 2017, en el despacho del funcionario público y mientras el mismo se encontraba en funciones.

Los hechos habrían sucedido en julio del 2017, cuando Macarena solicitó una audiencia con el comisionado de Fomento para poder acceder a un terreno para construir su vivienda.  Macarena fue citada por el funcionario a las 19, y la recibió personalmente en su respacho. En esa oportunidad relató que el mismo habría abusado de ella, según la denuncia de la joven, quien pudo escapar del despacho de la máxima autoridad local y además amigo de su padre.   

De ahí en más se sucedieron denuncias que quedaron en la nada. A Macarena la echaron de su trabajo, y nadie escuchó su reclamo de justicia.

Diputados del Frente de Todos encabezados por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y el jefe del bloque, Máximo Kirchner, se reunieron este lunes con la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, para consensuar la agenda legislativa de género, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

El encuentro tuvo lugar en las oficinas del bloque oficialista, en el tercer piso del Palacio Legislativo, y participaron entre otras las diputadas Cecilia Moreau (vicejefa de la bancada), Cristina Álvarez Rodríguez (secretaria parlamentaria), Mónica Macha (titular de la Comisión de Mujeres y Diversidad), Gabriela Cerruti y Paula Penacca.

Gómez Alcorta enumeró los hitos de la gestión del Ministerio, como el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021-2023, que busca resolver las desigualdades estructurales de género. También destacó la creación del Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios, y se refirió a la necesidad de federalizar las políticas vinculadas a las violencias a través de un trabajo conjunto con provincias y municipios.

🏛 Reunión del bloque de @Diputados_Todos para conversar con @EliGAlcorta sobre una agenda que nos permita seguir ampliando derechos de las mujeres y diversidades. Vamos por el sistema de cuidados con perspectiva de género y por la inclusión laboral travesti trans. 💜 🌈#8M2021 pic.twitter.com/liDD3B0Lwl

— Gabriela Cerruti (@gabicerru) March 8, 2021

En cuanto a la agenda legislativa, la ministra y los diputados oficialistas acordaron impulsar la ley de inclusión laboral travesti/trans, que establece un cupo del 1% en los tres poderes del Estado. El proyecto, consensuado entre distintos bloques, ya cuenta con dictamen favorable y está listo para ser tratado en el recinto.

Paralelamente, la bancada del Frente de Todos se comprometió a trabajar en una ley sobre sistema integral de cuidados y a introducir perspectiva de género en una eventual reforma judicial, algo que reclamaron en los últimos días tanto el presidente Alberto Fernández como la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Por último, la ministra y los diputados dialogaron sobre la necesidad de “repensar” la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; y reforzar los dispositivos electrónicos por incumplimiento de restricciones perimetrales.

“Conversamos sobre los ejes de la agenda legislativa de mujeres, géneros y diversidades que vamos a trabajar en Diputados”, expresó Álvarez Rodríguez, y amplió: “Para seguir ampliando derechos, el trabajo conjunto con el Poder Ejecutivo es clave. Vamos por la ley de inclusión laboral travesti/trans y un sistema integral de cuidados con perspectiva de género”.

Más temprano, Gómez Alcorta participó del acto de firma del “Acuerdo Federal por una Argentina Unida Contra las Violencias de Género”, junto al presidente Fernández, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, y gobernadores, en la previa de una serie de movilizaciones en todo el país con epicentro en el Congreso Nacional.

Desde @Diputados_Todos nos reunimos con la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, @EliGAlcorta, para pensar y trabajar en una agenda común que fortalezca la lucha contra la violencia machista y los femicidios.

En un rato nos vemos en las calles.#8M2021 pic.twitter.com/QStAGydZsA

— Paula Penacca (@PaulaPenacca) March 8, 2021

Por Carolina Ramos

A pesar de las medidas gubernamentales y las leyes vigentes contra la violencia de género, el drama de los femicidios se agudizó: según el último relevamiento de La Casa del Encuentro, en lo que va del año se registraron casi medio centenar de casos. Fue el destino trágico de Guadalupe Curual en Villa La Angostura y de Úrsula Bahillo en Rojas, dos víctimas que habían denunciado previamente a sus agresores.

Frente a este panorama, diputados de diferentes bloques presentaron desde el año pasado cinco proyectos de ley para declarar la emergencia nacional en materia de violencia de género, facultando al Poder Ejecutivo a implementar medidas urgentes y excepcionales con un presupuesto específico.

Hay una iniciativa del Pro encabezada por la cordobesa Soher El Sukaria; otra del bloque Córdoba Federal liderada por Alejandra Vigo; una tercera presentada por Enrique Estévez en coordinación con MuMaLá y Mujeres Socialistas; una cuarta impulsada en soledad por la oficialista salteña Lía Verónica Caliva; y una última del Frente de Izquierda impulsada por Nicolás Del Caño.

Los proyectos tienen giro a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Mujeres y Diversidad. “Este año vamos a trabajar distintos ejes en la comisión, y el primero es violencia por razones de género. Hay muchos proyectos que están vinculados a la temática”, dijo la oficialista Mónica Macha a parlamentario.com.

El socialista Estévez, uno de los promotores de la ley, consideró que “en un país donde muere una mujer cada 30 horas es necesario declarar la emergencia”. “No sé qué más tenemos que esperar para darle a esto el marco que corresponde”, expresó a este medio, y si bien consideró “positiva” la existencia de un Ministerio de Mujeres y Diversidad, aclaró que “eso no se traduce por sí solo en políticas públicas que prevengan y aborden esta situación”.

Según datos de MuMaLá, en 2020 fueron 329 las muertes de mujeres, lesbianas, travestis y trans por motivos de género: los femicidios y transfemicidios fueron los únicos delitos que no descendieron durante la pandemia. “Urge una decisión política para concentrar, articular y reasignar recursos económicos y humanos frente a la violencia machista”, alertó Gabriela Sosa, directora ejecutiva de la organización, quien impulsa una petición en Change.org que ya reunió más de 138.000 firmas.

Qué proponen los proyectos de ley

1) Recursos para las provincias y las víctimas

Uno de los principales ejes de los proyectos presentados tiene que ver con dotar a las provincias y a los municipios del presupuesto necesario para responder más velozmente a las denuncias por violencia de género y brindarles un seguimiento adecuado. Algunas iniciativas proponen también otorgar una asignación mensual a las víctimas en situación de vulnerabilidad, y a su vez garantizar la compensación económica a hijos de víctimas de femicidios, como se estableció en la “Ley Brisa”.

2) Línea telefónica

Otro de los objetivos tiene que ver con mejorar el funcionamiento de la línea 144, que brinda atención, contención y asesoramiento a mujeres en situación de violencia. Lo que se busca es profundizar el seguimiento de las denuncias en articulación con provincias y municipios. En el primer semestre de 2020, y en el contexto del aislamiento social, 55.715 personas realizaron consultas a esta línea, según un relevamiento del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad.

3) Medidas preventivas

Los proyectos coinciden en que se deben garantizar en todo el país dispositivos de geolocalización para detectar violaciones de medidas perimetrales por parte de los agresores. Asimismo, se promueve la adopción de políticas de desarme de agentes de seguridad violentos y el cumplimiento del patrocinio jurídico gratuito para las víctimas, garantizado por ley. Por último, impulsan la producción de estadísticas oficiales unificadas.

4) Capacitaciones

Se propone además reforzar las capacitaciones de género en los tres poderes del Estado, tal como se estableció en la denominada “Ley Micaela”. En particular, apuntan a intensificar la formación de los operadores judiciales y también de las fuerzas policiales y de seguridad, así como jerarquizar la labor de promotoras territoriales que realizan tareas de prevención en los barrios.

6) Salud y educación sexual

El efectivo cumplimiento de las leyes de Salud Sexual y Procreación Responsable, y de Educación Sexual Integral, es otro de los reclamos plasmados en los proyectos de ley.

Qué dijo el presidente

En la apertura de sesiones ordinarias, Alberto Fernández no omitió el tema y convocó a que la lucha contra la violencia de género sea considerada una política de Estado.

El presidente repasó las acciones llevadas adelante en el marco del Plan contra las Violencias por motivos de Género 2020-2022, como el Programa AcompañAR y la creación del Consejo para la Prevención y el Abordaje de femicidios, travesticidios y transfemicidios.

También informó que se incrementó en un 50% la entrega de dispositivos duales de supervisión, monitoreo y rastreo de víctimas y agresores; y anunció la construcción de 14 centros territoriales en distintas provincias para el abordaje de las violencias.

Fernández dedicó un párrafo especial al accionar de la Justicia. “La práctica judicial ha sido deficitaria en los procesos relacionados con violencia de género. Esta realidad implica la necesidad de modificar aspectos estructurales del sistema de justicia actual que han demostrado ser ineficaces para atender a las mujeres que se acercan a él en pedido de ayuda”, sostuvo.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por la radical Lidia Ascárate, presentaron un proyecto para solicitar la interpelación del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y de la ministra de las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, por el caso de la joven de 19 años Ursula Bahillo, quien el lunes pasado fue apuñalada y asesinada por su expareja en la localidad bonaerense de Rojas.

“Es necesario que los funcionarios nacionales nos expliquen a los representantes del pueblo cómo está trabajando en este flagelo, cuáles son sus políticas públicas y cómo utiliza su presupuesto en la lucha contra la violencia de género”, indicó la parlamentaria radical. El cuestionario incluye varias cuestiones relacionadas a la ejecución presupuestaria del área, las medidas de seguridad que se brindan a víctimas de violencia de género y las herramientas de monitoreo y seguimiento de estos casos, entre otras cuestiones.

“Nuestro país se encuentra en un inicio de año marcado por la violencia de género. A las 320 femicidios de 2020 se suman 26 muertes más solo en el mes de enero de este año. Entre ellas la de Úrsula, que a pesar de haberlo denunciado ante la Justicia 18 veces, su pedido de auxilio fue en vano. Hoy el país entero lamenta su muerte”, manifestó Ascárate.

La diputada radical comparó lo sucedido hace unos días, con el brutal femicidio de Paola Tacacho ocurrido en noviembre del año pasado en Tucumán: “En nuestra provincia lloramos el femicidio de Paola, quien denunció en 17 oportunidades a su acosador y asesino ante la Justicia, y que también, al igual que con Ursula, actuó con silencio e indiferencia. No podemos seguir viviendo con un Estado que hace oídos sordos a una realidad que lamentablemente padecemos”, finalizó la diputada.

Acompañaron la iniciativa los diputados Roxana Reyes, Mario Arce, Sebastián Salvador, Federico Zamarbide, Hernán Berisso, José Cano, Soledad Carrizo, Virginia Cornejo, Mónica Frade, Ximena García, Gabriela Lena, Claudia Najul, Cármen Polledo y José Luis Riccardo.

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, firmó en Villa Gesell convenios con el intendente Gustavo Barrera para implementar los programas Acompañar y Generar.  

En declaraciones a “Días Distintos” por Radio Provincia dijo que “uno es un apoyo económico y técnico a las tareas de género municipal y otro es el programa Acompañar, que asiste a las mujeres del país que se encuentran en riesgo por alguna situación de violencia de género”.  

Al ser consultada sobre la aplicación de la ley Interrupción Voluntaria del Embarazo, Gómez Alcorta señaló que “el Ministerio de Salud está trabajando con la provisión de Misoprostol a través del programa Remediar que llega a todo el país”, y añadió que “la provincia de Buenos Aires viene haciendo un trabajo de avanzada para después del 24 comenzar con la implementación”. 

Precisó que “como gobierno nacional iremos respondiendo los planteos, estamos tranquilos sobre la solvencia normativa que tiene la ley y lamentamos la utilización de la vía judicial cuando algo fue resuelto mediante el voto del parlamento”. 

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, afirmó este sábado que la aprobación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo implica un “balance positivo” después de “una lucha de décadas en un mundo que se dirige a pintarse de verde”, al tiempo que mencionó que “cerca de 70 países legalizaron el aborto”.

En el programa Digamos todo, de CNN Radio, la funcionaria aludió a “un importante trabajo transversal” y a una “clara decisión del Presidente” al enviar el proyecto al Congreso. Y expuso que “el punto de inicio será la implementación de la ley”.

“Ya estamos viendo cómo hacemos para que el derecho al acceso al aborto sea una realidad. Hay regiones argentinas con diferencias de idiosincrasia. El camino es que este derecho resulte efectivo”, dijo la funcionaria.

“La reglamentación de la ley ayuda a hacer operativos algunos de sus artículos. Pero la ley entra en vigencia desde el día siguiente al que se promulga. Los artículos penales no se reglamentan. El aborto deja de ser delito hasta la semana 14” de gestación, remarcó.

“Hay lugares donde no se va a requerir la reglamentación. Algunas provincias y ciudades, desde su sistema de salud, pueden atender perfectamente los requerimientos. Sin embargo, hay lugares más preparados y otros en los que tenemos que trabajar fuertemente”, indicó, para luego puntualizar que el Ministerio de Salud va a proveer “a todas las provincias” de misoprostol.

Gómez Alcorta sostuvo que “estamos trabajando para que las redes de distribución lleguen a todos los lugares. Y en construir redes de derivación” para los casos en que los profesionales manifiesten objeción de conciencia, y aclaró que “no le tememos a la judicialización. Desde 1921 hay abortos legales en la Argentina y en cien años ninguna corte declaró inconstitucional esta práctica. La ley es sólida y robusta en términos de constitucionalidad”.

El Senado de la Nación aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que envió el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación junto con el proyecto de Ley de Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia. La iniciativa fue sancionada con 38 votos a favor, 29 en contra y 1 abstención. Muy emocionada, desde la Cámara alta, desde donde siguió la sesión minuto a minuto, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta aseguró que “este es un gran triunfo del movimiento de mujeres y de la diversidad que vienen luchando por esta ley desde hace décadas, que se conjugó con la decisión política de un gobierno que llegó para ampliar derechos. Hoy tenemos una Argentina más justa”.

“La conquista de este derecho es un hecho histórico. Hoy tenemos un Estado presente, que deja de ser indiferente a un problema de salud pública y de justicia social. Un Estado que se pone al frente, que asume con responsabilidad las demandas históricas del movimiento de mujeres y LGBTI+ y que no actúa con hipocresía sino que decide acompañar, a todas las personas, sea cual sea la decisión que tomen y los proyectos de vida que tengan. Esto no hubiera sido posible sin el compromiso y el trabajo mancomunado de legisladores y lesgisladoras de distintos espacios políticos. Cuando se trata de ampliar derechos, los consensos trascienden las pertenencias partidarias”, señaló.

A su vez, Gómez Alcorta indicó que ahora comienza una nueva etapa en la que trabajarán, tal como lo hicieron hasta ahora, junto a la Secretaría de Legal y Técnica y el Ministerio de Salud en la reglamentación y en la implementación de la ley en todo el país.

Por otra parte afirmó que “también sabemos que toda nuestra querida región nos está mirando, y no tengo dudas que toda Latinoamérica avanza junto a las mujeres argentinas”.

“Terminamos este año tan difícil, con una pandemia que alteró todos los planes que teníamos no sólo los argentinos y argentinas, sino los que habían en el mundo entero, cumpliendo una promesa de campaña y ampliando derechos. Esto es producto de la lucha colectiva, del trabajo comprometido por parte del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo que hoy demuestran que están a la altura de las circunstancias”.

Ministras y funcionarias del Gobierno presencian desde el Salón Azul de la Cámara alta la sesión en la que se debate el proyecto de legalización del aborto, que cuenta con media sanción de Diputados. 

Invitadas expresamente por la presidencia del Senado, las mujeres llegaron antes del inicio del debate, que arrancó oficialmente a las 16:08, y se repartieron entre los sillones del tradicional Salón Azul y los palcos que permiten observar directamente el recinto. 

Las invitadas especiales son las ministras de Seguridad Sabina Frederic, y Mujeres, Género y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta; las secretarias Legal y Técnica Vilma Ibarra, de Acceso a la Salud Carla Vizzotti, y de Evaluación Presupuestaria Cecilia Todesca; la titular de Aysa, Malena Galmarini; la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raverta; y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

La lista de presencias incluye además a la vicegobernadora de Santa Fe, Alejandra Rodenas; las asesoras presidenciales Dora Barrancos y Cecilia Nicolini; la exdiputada Juliana Di Tullio; la abogada feminista y jurista Marisa Herrera (que integra el consejo asesor que propuso reformas para el Poder Judicial); la ministra bonaerense Estela Díaz (Mujeres), y la titular del Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Científico y Universitario bonaerense, Florencia Saintout. 

“Tenemos una responsabilidad histórica de asegurar que en nuestro país nunca más una mujer muera por un aborto clandestino”, aseguró este lunes la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, al participar del inicio del debate en el Senado.

Gómez Alcorta expuso sobre el proyecto del Poder Ejecutivo acompañada por el ministro de Salud, Ginés González García, y la secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra, quienes también se habían presentado en la Cámara de Diputados.

“No tenemos dudas que el proyecto se encuadra en las previsiones de la Constitución Nacional y los pactos internacionales de Derechos Humanos, y es acorde a toda la jurisprudencia internacional”, garantizó.

La funcionaria enfatizó: “Estamos convencidos de que el proyecto viene a dar una respuesta concreta a un problema de salud concreto. Lo que no podemos seguir haciendo es mirar para otro lado”.

Gómez Alcorta sostuvo que “existen sobradas evidencias de que la legalización disminuye la mortalidad materna y también disminuyen los abortos”, y añadió: “Existe un círculo virtuoso una vez que están legalizados los abortos en términos de mayor acceso a la información y a la anticoncepción”.

Además, explicó que “la legalización no implica una saturación para el sistema de salud, sino un ahorro en términos de costos para el Estado”.

Por otra parte, explicó que “en materia punitiva es un proyecto mixto, legalizando la práctica” hasta la semana 14 “y penalizándola después con ciertas excepciones basadas en el sistema de causales” establecidas desde 1.921 en el Código Penal: violación o riesgo para la vida o la salud de la mujer.

La funcionaria agregó que se mantiene la penalización para quien causa el aborto, de tres a diez años de prisión si el profesional obra sin el consentimiento, y elevando esa pena a 15 años cuando el hecho es seguido de muerte.

Si el médico obra con consentimiento -después de la semana 14 y sin existencia de las causales-, la pena será de tres meses a un año, puntualizó Gómez Alcorta.

Por otra parte, el proyecto “prohíbe obstruir, dilatar o negar injustificadamente la posibilidad de acceder a la práctica en los casos legalmente autorizados”, con pena de prisión de tres meses a un año si se verifican esas conductas.

Por último, para la mujer que lleva adelante su propio aborto o da el consentimiento para que otro lo haga, “se baja la escala punitiva”, que será de tres meses a un año de prisión, y además se mantiene que la tentativa de la mujer “no es punible”.

En cuanto a la objeción de conciencia, la ministra indicó que “se reconoce este derecho personal y constitucional a no llevar adelante la práctica cuando las convicciones entran en juego, siempre y cuando no esté en juego la vida o la salud de la persona gestante”.

Además, señaló que habrá un plazo de diez días desde el requerimiento de la interrupción del embarazo hasta su realización.

En diálogo con Parlamentario.com, la ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación Elizabeth Gómez Alcorta se refirió al tratamiento del proyecto de legalización del aborto en la Cámara baja, y las chances de que finalmente sea aprobado. Además, se expresó respecto al proceso de debate público, acentuado desde el 2018, y la importancia de que el Gobierno impulse el proyecto. 

–Los números parecerían favorables a la aprobación de la ley, ¿con qué crees que tiene que ver? ¿Cuáles son las claves? 

Yo soy prudente, voy paso a paso. Tenemos expectativas de tener la media sanción. Esperamos que el tratamiento en el Senado sea la más rápida posible. Los votos en el Senado hoy no están garantizados, pero esperamos encontrarnos con una situación distinta a la del 2018. 

Creo que se ha llegado con un discurso, y con un proyecto, primero en clave de salud pública centralmente, y con un planteo que así fue enviado por el Poder Ejecutivo. Creemos que eso hace, en parte, una diferencia. Y la otra gran diferencia es que hay un ambiente poco beligerante. Y eso creo que tiene que ver centralmente con que existió un 2018, un 2018 que puso en la mesa el debate. Que hizo que todo el mundo tenga que hacer público una posición sobre un tema que históricamente fue tabú. Hay que decir que del 2018 para acá dejó de ser un tema tabú, tanto es así que en las elecciones 2019 fue un tema de campaña, como no había sido nunca antes. 

Llegamos con discurso más alineado en clave de salud pública, con una mirada del Estado enviando dos proyectos con la idea de acompañar a todas las mujeres, y eso implica una mirada integral de la salud de las mujeres y de las personas gestantes. Creo que de algún modo esto es parte del proceso que se inició dos años atrás, y mucho antes también. Y tercero que claramente se trata de un proyecto del Ejecutivo, que no había sucedido antes. 

–¿Las modificaciones que se le introdujeron en el plenario de comisiones al proyecto estaban pensadas un poco más en función del debate que se va a dar en el Senado para ver si se pueden conseguir los votos?

Los cambios y las incorporaciones que se hicieron al proyecto se hicieron escuchando las voces de todos los bloques, nosotros entendemos que el pedido de algunos de los cambios puede llegar a obedecer a algunas de las necesidades de los senadores o las senadoras de los bloques, pero centralmente escuchamos y los trabajamos porque nosotros buscamos que sea un texto que puedan sentirse representados la mayor cantidad de legisladores, tanto en Diputados como Senadores. Esperamos que así sea, y que no haya cambios una vez que llegue al Senado. 

–¿La fecha tentativa de votación en el Senado sigue siendo el 29, o todavía está por definirse? 

Dependerá de cuántos días de tratamiento en las comisiones haya. Hay que decir que en el Senado, a diferencia de la Cámara de Diputados, que se puede llamar a sesión especial al día siguiente se requieren siete días, así que una vez que tengamos en claro el cronograma de las reuniones de comisión, sabremos en qué fecha probable se puede llegar a tratar, pero es ir un paso más adelante, lo sabremos en los próximos días. 

–¿Se vota antes de fin de año? 

Es la expectativa que nosotros y nosotras tenemos, hay que decir que, igualmente, el Ejecutivo convocó a Extraordinarias para el mes de enero y febrero, y que en el listado de temas por los cuales se convocó, están los dos proyectos que esperamos que se traten de manera conjunta.

–¿Está bien que haya objetores de consciencia? 

Sí, yo no tengo ninguna duda. Que haya objetores de consciencia me parece que es un derecho garantizado por la Constitución nacional, hoy por hoy ya tenemos leyes con objeción de consciencia, por ejemplo, las leyes vinculadas a la ligadura tubaria, y hay que decir que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha hecho mención de esta garantía, y yo soy mucho respetuosa de ella. 

Yo recuerdo siempre la objeción de consciencia para el servicio militar obligatorio, y siempre fui muy defensora de la objeción de consciencia individual porque es un ámbito de autonomía. Que obviamente no es frente a cualquier hecho, hay que poder justificarlo, no se trata de cualquier situación, sino que efectivamente tiene que estar vinculado a tus convicciones, y no tiene que estar en juego la vida, la salud de otra persona, eso cede en ciertos supuestos, como todos los derechos. 

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró que, a diferencia de 2018 donde “se habilitó” la discusión sobre el aborto, ahora “se busca que la norma se apruebe”.

En declaraciones a Radio Provincia destacó que “se espera una sesión muy larga” pero tenemos “muchas expectativas” porque “nos estamos ocupando” para que se apruebe”.

Gómez Alcorta señaló que, a pesar de que hay un clima de tensión en las calles, “todas las reuniones de comisión estuvieron muy a la altura” porque “el debate es un debate de ideas”.

“Nos preocupan los escraches para que una persona cambie su voto” destacó la Ministra y agregó que se está trabajando coordinadamente con el Ministerio de Seguridad de Nación y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para organizar “la seguridad en la calle”.

Por otra parte, Alvarez Alcorta señaló que también preocupa el cuidado sanitario de los manifestantes y por ello “habrá postas sanitarias y presencia de los cascos blancos”.

Finalmente, Gómez Alcorta pidió “que los que se movilicen lo hagan con mucho cuidado, respeto y que no respondan ninguna provocación; para poder sostener una jornada democrática, sean cual sean los resultados”.

Con una exposición centrada en explicar las modificaciones que se prevén en el Código Penal, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, defendió el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo y dijo que “desestresa el sistema de salud” y “disminuye los abortos”.

Al exponer en el arranque del debate en la Cámara de Diputados, la funcionaria afirmó que la iniciativa “viene a dar una respuesta concreta a un problema de salud pública que existe en nuestro país y que no podemos seguir escondiendo o mirando para otro lado”.

“El proyecto disminuye la mortalidad materna, quiere decir que salva vidas de mujeres todos los días; elimina riesgos para la salud de las mujeres; disminuye los abortos, que es algo que deseamos todos y todas; no estresa al sistema de salud, sino por el contrario lo desestresa; y no implica más costos, sino implica un ahorro”, enumeró.

Gómez Alcorta abogó por un debate, tanto dentro del Congreso como en las calles, que sea “respetuoso” y con “ideas”. “Creemos que tenemos que estar a la altura de las circunstancias para que, si se sanciona esta ley, nunca más muera una mujer en nuestro país por el aborto clandestino”, enfatizó.

La ministra indicó que la práctica se legaliza hasta la semana 14 inclusive y “mantiene la penalización de quien causare un aborto” sin consentimiento de la mujer. Además, ponderó la inclusión del término “personas gestantes” para “adaptar el texto legal” a la Ley de Identidad de Género, porque “no solamente las mujeres podemos embarazarnos, sino también los varones trans, bisexuales, intersex o no binarias”.

Además, apuntó que se incorpora un nuevo tipo penal con penas de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para quienes dilaten injustificadamente, obstaculicen o se nieguen a practicar el aborto en los casos autorizados, lo que abarca tanto a médicos como a las autoridades del establecimiento de salud.

Este punto se introduce porque el proyecto prevé “el derecho a la objeción de conciencia”, porque reconoce como “un derecho a la IVE, y a requerir y acceder a la práctica”, y finalmente porque se contempla el “plazo de 10 días que se establece desde el momento en que la persona la requiere y el momento en que se tiene que efectivizar”.

Sobre ello, aclaró que el nuevo artículo -85 bis- se establece entonces “de acuerdo a las previsiones que establece el proyecto” y para que “no se obstaculice el acceso a este derecho”.

También, la ministra manifestó que la nueva redacción tiene como fin “mejorar los déficit de redacción que tenían (los artículos del Código Penal), y que a lo largo de estos años tanto problemas ha traído la interpretación de estos textos”.

Entre las cuestiones que se agregan, la funcionaria hizo mención a que “la declaración jurada no será requerida para las personas menores de 13 años” y que “podrá eximirse de la pena (a la persona gestante) cuando las circunstancias hicieren excusable la conducta”.

Se acabó la espera: este martes comenzará el tratamiento del proyecto de aborto legal, seguro y gratuito, en el primer plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, que contará con la presencia de invitados y se dividirá en dos tandas.

La conducción del debate estará a cargo de Cecilia Moreau, de Legislación general, y la acompañarán Pablo Yedlin (Salud), Carolina Gaillard (Legislación Penal) y Mónica Macha (Mujeres y Diversidad).

Los presidentes y vicepresidentes de las comisiones participarán del debate desde el Salón Delia Parodi, mientras que el resto podrá hacerlo de modo remoto, así como los invitados a exponer, que serán 50 en total.

Los primeros serán los ministros Ginés González García (Salud) y Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Géneros y Diversidad), junto a la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, quienes defenderán el proyecto del Poder Ejecutivo.

Los tres funcionarios hablarán y responderán preguntas a partir de las 13, y luego continuará el debate hasta las 19, con diez especialistas a favor de la ley y diez en contra. Originalmente estaba prevista la presentación de los funcionarios a partir de las 10, pero como consecuencia de la prolongación extrema de la sesión, se postergó el inicio de este histórico debate para las 13.

A favor expondrán Mabel Bianco, de FEIM (Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer); Estela Díaz, ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires; Mónica Fein, exintendenta de Rosario; Ricardo Gil Lavedra, exdiputado y abogado constitucionalista; y Daniel Gollán, ministro de Salud bonaerense.

También lo harán Nelly Minyersky, histórica militante de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito; Silvia Oizerovich, exdirectora de Salud Sexual y Reproductiva; Adolfo Rubinstein, exsecretario de Salud; Mario Sebastiani, médico obstetra; y María Luisa Storani, exdiputada nacional.

Los oradores en contra del proyecto serán el exministro de la Corte Suprema Rodolfo Barra; el cura villero Pepe Di Paola; la abogada especializada en Familia Úrsula Basset; el medico obstetra Ernesto Berutti; y el pastor Osvaldo Carnival.

Además expondrán, del lado de los “celestes”, la socióloga Maria Elena Critto; el abogado penalista Hernán Munilla Lacasa; el médico Miguel Ángel Schiavone; el rabino Zalajen Fshel; y Martín Olivera.

Los expositores hablarán intercalados y tendrán siete minutos cada uno, según la dinámica acordada entre las autoridades de las comisiones.

Los diputados “verdes” aspiran a firmar dictamen este mismo viernes para tratar el proyecto en sesión el próximo 9 o 10 de diciembre, en el marco de la prórroga de ordinarias que dispuso este lunes el Poder Ejecutivo a través de un decreto, donde además convocó a extraordinarias.

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, desde el Salón Norte de la Casa Rosada, expuso este lunes en la reunión informativa conjunta que realizaron las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación sobre el proyecto de ley de Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia que envió el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación junto con el de Interrupción Voluntaria del Embarazo. La ministra aseguró que el proyecto que se conoce como “de 1000 días”, es estratégico porque establece como política de Estado, mediante una ley y desde una perspectiva de derechos, la prioridad del cuidado a la salud integral durante el embarazo y la primera infancia.

Al inicio de su exposición Gómez Alcorta recordó que los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo cumplen con el compromiso que asumió el presidente Alberto Fernández el 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa cuando habló sobre la situación de las mujeres gestantes en Argentina y los desafíos que enfrentan aquellas mujeres que desean tener sus hijos e hijas y aquellas que deciden interrumpir su embarazo. Y señaló que ambas iniciativas “dialogan entre sí, entendiendo que el Estado debe acompañar a todas las mujeres y personas gestantes en los proyectos de vida que elijan”.

“Toda mujer o persona gestante que curse un embarazo podrá contar con un Estado presente que la acompañe durante el embarazo, en el parto, el puerperio y durante los primeros años de vida de sus hijos o hijas”, explicó la ministra. Y agregó: “El objetivo es que ninguna mujer se sienta sola o desamparada en ese momento, y que, si se encuentra en situación de vulneración social, no considere la interrupción del embarazo por un motivo de necesidad económica o social. Nadie debe verse obligado a hacer algo que no quiera, y para eso el Estado debe garantizar su presencia y acompañamiento en estos períodos vitales de las mujeres y sus hijas e hijos”.

En relación al proyecto de Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, la ministra explicó que se trata de una política que apunta a prevenir la mortalidad infantil, la mal nutrición, la desnutrición y la violencia, y a proteger los vínculos tempranos y promover el neurodesarrollo. “El proyecto pone en la centralidad de la agenda pública un tema estratégico y fundamental para la salud colectiva”, aseguró.

Por otra parte, Gómez Alcorta aseguró que ni la maternidad ni el cuidado de los hijos y las hijas son responsabilidades individuales ni cuestiones que deban resolver las mujeres o el ámbito privado, exclusivamente. “El cuidado integral de la salud, y en especial de la salud de las mujeres y personas gestantes y de las niñas y los niños durante la primera infancia, es una responsabilidad social y pública y por lo tanto debe ser objeto de políticas de justicia social que se constituyan como garante de derechos e igualdad de oportunidades para todos y todas, independientemente de la situación socioeconómica que tenga cada una de las personas”.

La ministra explicó que el proyecto no sólo reconoce sino que también amplia derechos y asegura un abordaje integral en la atención y el cuidado de la salud: “Establece asignaciones y derechos vinculados a la seguridad social, al derecho a la identidad, a la salud integral, a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad y a la información”, detalló.

Gómez Alcorta también destacó que el proyecto está basado en una mirada integral de la política pública, fundamental para la eficacia en su implementación: “Tanto los cuidados de la salud en sentido estricto y a nivel comunitario, el acceso al derecho a la identidad, las prestaciones y la cobertura de la seguridad social, la prevención de la violencia y el acceso a una información adecuada para esta etapa, son todas cuestiones que garantizan una mejor calidad de vida cuando se hacen efectivas a través de una articulación clave entre todos los organismos involucrados”.

En ese contexto explicitó: “En nuestro país existen numerosas políticas públicas para atender estas necesidades. Este proyecto tiene como objetivo extender sus beneficios y realizar una coordinación más efectiva en su implementación para optimizar sus resultados”. 

Para terminar, la ministra sostuvo: “Pretendemos alcanzar, con los beneficios de esta ley, un mayor número de personas gestantes y de niños y niñas en sus primeros años de vida a fin de posibilitar, desde un Estado eficaz, el pleno goce de sus derechos. Quiero remarcar que el proyecto mantiene a lo largo de sus capítulos un enfoque interseccional de los derechos a la salud integral y el derecho a una vida libre de violencia como vía de garantizar esos derechos. La perspectiva integral de la salud y el eje transversal del presente proyecto permitirá al Estado Nacional fortalecer los sistemas de protección de derechos y acompañar a las mujeres embarazadas, a todas las personas gestantes y a todas las personas adoptantes”.

También expusieron ante la reunión de comisiones Fernanda Raverta, titular de la Anses; José Lepere, secretario de Interior del Ministerio del Interior; Gabriel Lerner, secretario de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social; y Gabriela Bauer, directora de Salud Perinatal y Niñez del Ministerio de Salud de la Nación.

En lo que representó el inicio formal del tratamiento de la legalización del aborto y el proyecto conocido como de “los 1.000 días”, en la Cámara de Diputados, funcionarios nacionales exponen por videoconferencia brindando detalles de esta última iniciativa, que es la novedad que incluye este debate que ya se dio en el Congreso en 2018.

Para eso se presentaron ante un plenario de las comisiones de Salud Pública y Acción Social, y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta; la directora Ejecutiva de la ANSeS, Fernanda Raverta; el secretario de Interior del Ministerio del Interior, José Lepere,  y la directora de Salud Perinatal y Niñez del Ministerio de Salud de la Nación, Gabriela Bauer.

Desde la Casa Rosada, la ministra Gómez Alcorta consideró que tanto el proyecto de los mil días como el del aborto legal “dialogan entre sí”, por cuanto hacen a la salud pública y precisó con relación a la formalmente denominada “Atención y cuidado de la salud durante el embarazo y la primera infancia” un proyecto “estratégico” por cuanto “pone en la centralidad de la agenda pública un tema fundamental para la salud colectiva”.

“Toda mujer que curse un embarazo tiene que contar con un Estado presente”, señaló la funcionaria, afirmando que ninguna mujer debe sentirse sola en esas circunstancias, y que “nadie se vea obligado a hacer algo que no quiera hacer”, en referencia al aborto, por razones económicas.

“El cuidado integral de la salud y en especial de las mujeres gestantes es una cuestión de salud pública”, enfatizó.

Gómez Alcorta remarcó que el proyecto “amplía derechos, crea una institucionalidad, a la vez que asegura un abordaje integral de la atención y el cuidado”. Habló de “políticas públicas que tienen como objetivo alcanzar el bienestar social bajo un enfoque de derechos”.

El proyecto se enmarca en dos leyes, la de protección integral de los derechos del niño, niña y adolescente, y la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y amplía derechos en distintos capítulos. “Pero todos los capítulos se deben leer según una serie de principios rectores”, dijo la funcionaria, entre los que mencionó la simplificación de trámites necesarios para el acceso a una serie de derechos, el diseño de política públicas que brinden la asistencia apropiada para que las familias puedan asumir adecuadamente las responsabilidades del cuidado de la salud, el interés superior del niño… “Todas cuestiones que garantizan centralmente una mejor calidad de vida”, sintetizó Gómez Alcorta.

“Pretendemos alcanzar con los beneficios de esta ley un mayor número de personas gestantes y de niños y niñas en sus primeros años a fin de efectivizar el pleno goce de sus derechos”, precisó sobre el final de su exposición inicial.

A continuación, la directora de la ANSeS, Fernanda Raverta, consideró que esta ley “va a ampliar derechos” para “el nuevo tiempo” que viene para la Argentina, que es “el de la reconstrucción”. “Vamos a poner en pie de igualdad a los chicos y chicas que van a nacer en la Argentina con los que nacen en familias asalariadas; esto quiere decir ampliar la cobertura de la asignación universal por embarazo”, señaló.

Raverta habló de una nueva transferencia de ingresos a las familias que tienen chicos de entre 0 y 3 años: 3 pagos anuales de una prestación para el cuidado de la salud integral. Esto es, los chicos que tengan ya una asignación, van a tener una asignación universal más al año durante sus primeros tres años de vida. La segunda prestación tiene que ver con poner en pie de igualdad a las mamás que cursan un embarazo y son mamás de una familia asalariada; a partir de esta ley, la asignación universal por embarazo se cobrará los 9 meses.

La tercera cuestión elimina un requisito que tenían las madres para cobrar la asignación por nacimiento y adopción, que tenía que ver con antigüedad, el requisito de 6 meses de manera registrada en un empleo formal y continuo. Esa antigüedad se elimina y ahora las madres con trabajo en relación de dependencia van a poder cobrar esa asignación sin importar la antigüedad que tengan.

La cuarta tiene que ver con ampliar la asignación por nacimiento y adopción, incluyendo a los padres que no tengan trabajo registrado: los trabajadores de la economía informal o desocupados podrán contar con la asignación por nacimiento y por adopción una vez que los tengan.

Por su parte, el secretario de Interior, José Lepere, explicó que el Registro Nacional de las Personas (Renaper) trabajará sobre cuatro artículos incluidos en el proyecto que están vinculados con el Derecho a la Identidad y que apuntan a que todos los argentinos y argentinas cuenten con su DNI. “En estos cuatro artículos se pretende abordar una problemática que, si bien no es masiva, sí afecta a un porcentaje importante de población que no accede debidamente a su documentación. Esa falta de registro impide acceder a esas familias, a esos niños y niñas, muchos de los derechos que ya garantiza el Estado nacional y que se está ampliando a partir de esta ley”, señaló el funcionario nacional durante su exposición virtual realizada desde el Salón Norte de Casa Rosada. 

Tras el envío de los proyectos de Interrupción Voluntaria del Embarazo y de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia al Congreso de la Nación por parte del Poder Ejecutivo, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró que hay un compromiso político por parte del Gobierno nacional en construir un Estado presente, que acompañe a todas las mujeres, sea cual sea la decisión que tomen, y garantice el acceso a la salud. 

“Estos dos proyectos de ley que estamos enviando al Congreso de la Nación son complementarios y promueven una mayor justicia social e igualdad de oportunidades, amplían derechos y establecen que el Estado debe acompañar a las mujeres en sus decisiones, cuidando sus vidas y su salud de manera integral. Tenemos la obligación de cuidar la integridad física de las mujeres en todos los casos, evitar muertes por abortos clandestinos y acompañar a todas aquellas que desean continuar con sus embarazos y se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, para que puedan cumplir con su deseo de maternar y que ellas y sus hijos e hijas cuenten con el acompañamiento de un Estado presente”, explícito la ministra.

Por otra parte, Gómez Alcorta aseguró que los datos existentes demuestran que la penalización del aborto no evita que las mujeres interrumpan sus embarazos pero sí las obliga a hacerlo en la clandestinidad, es decir, en condiciones inseguras. En Argentina se realizan entre 350 mil y 522 mil abortos por año. “El aborto clandestino es un problema de salud pública”, señaló.

Los abortos clandestinos empujan sobre todo a las mujeres de menores recursos a interrumpir sus embarazos en condiciones inseguras. “Todas y todos sabemos que mujeres de más altos recursos también abortan, pero tienen la posibilidad de hacerlo a través de procedimientos seguros. Por año alrededor de 40 mil mujeres son hospitalizadas por interrumpir sus embarazos de manera clandestina e insegura. Desde el retorno de la democracia murieron más de 3000 mujeres por abortos clandestinos”, explicó. 

“Como Estado debemos garantizar el derecho a la salud integral de todas las personas en condiciones de igualdad. Hacerlo es una cuestión de salud pública pero también de justicia social. El Estado tiene la responsabilidad de prevenir la mortalidad generada por abortos inseguros que afectan principalmente a los sectores populares”, señaló la ministra. 

Y agregó: “Frente a un problema serio de salud pública la respuesta no puede ser individual y según los recursos económicos de cada persona, sino que debe haber un Estado presente que acompañe y equipare las condiciones de posibilidad y el acceso a los servicios de salud”.

La ministra también señaló que las complicaciones por abortos clandestinos implican una demanda al sistema de salud que puede evitarse. “Las consecuencias de los abortos practicados en condiciones inseguras impactan de lleno en todo el sistema sanitario: hospitalizaciones, enfermedades emergentes, derivaciones a cuidados intensivos y, la peor de todas, las muertes por abortos practicados sin contención ni atención de calidad. Garantizar intervenciones seguras va a descomprimir al sistema sanitario y va a salvar vidas”, aseguró.

Según explicó Gómez Alcorta, la legalización también tiene un efecto directo en el uso eficiente de los recursos públicos ya que permitiría disminuir los gastos derivados de las internaciones generadas por abortos inseguros y los tratamientos por las complicaciones derivadas de ellos. 

En relación al proyecto de Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia enviado al Congreso, Gómez Alcorta señaló que “es imprescindible implementar políticas públicas que permitan acompañar a las mujeres que, encontrándose en situación de vulnerabilidad, elijan continuar con su embarazo. Este proyecto busca garantizar la protección y el cuidado integral de la salud de las mujeres y de sus hijos e hijas en el nacimiento y en los primeros años de infancia”.

“Es importante comprender que se trata de una obligación del Estado que debe garantizar la igualdad de oportunidades y derechos a todas las mujeres. Y nadie estará obligado a hacer algo que no quiere. La responsabilidad del Estado es evitar que las mujeres que deciden abortar mueran por hacerlo en condiciones inseguras. Y que las mujeres que tengan dificultades económicas puedan llevar adelante sus embarazos, para lo que debemos poner en marcha políticas públicas que garanticen condiciones de salud integral durante esa etapa y en los primeros 3 años de vida de sus hijos/as.”  

En el mundo, mueren 23.000 mujeres al año como consecuencia de abortos inseguros. En Argentina, los abortos inseguros son la primera causa de muerte materna y se calcula que se hacen entre 350.000 y 522.000 por año. Por esos abortos, se hospitalizan cerca de 40.000 mujeres. Todas las muertes por aborto son evitables.

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD), Elizabeth Gómez Alcorta, participó, de manera virtual, de la sesión que se realizó en el Senado de Entre Ríos en la que se sancionó la Ley de Paridad Integral de Género en la provincia. El proyecto se elaboró desde el espacio multisectorial y multipartidario “Red para la Igualdad”, que se conformó por iniciativa de la vicegobernadora de Entre Ríos, Laura Stratta. 

La norma incorpora el principio de paridad de género en la conformación e integración del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, partidos políticos y para las asociaciones, colegios y consejos profesionales. Además, las organizaciones de la sociedad civil deberán promover su incorporación progresiva en estatutos, actas fundacionales, reglamentos, y estructuras orgánicas. 

Tras la sanción de la normativa Gómez Alcorta expresó: “Entendemos esta ley como una herramienta fundamental a la hora de comenzar a sanear las enormes desigualdades de género persistentes en nuestra sociedad, y particularmente en la participación política de las mujeres”.

¡Entre Ríos tiene Ley de Paridad Integral!

El Senado provincial aprobó el establecimiento del Principio de Paridad de Género en la conformación e integración de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Partidos Políticos, Asociaciones, Colegios y Consejos Profesionales. pic.twitter.com/d2s5M4YS7l

— Eli Gomez Alcorta (@EliGAlcorta) November 13, 2020

Además, la ministra destacó la importancia de crear instrumentos para una mayor participación de mujeres y LGBTI+ en las tomas de decisiones. 

En relación a los obstáculos que tienen las mujeres para acceder a cargos jerárquicos y a trabajos que no sean precarios, la ministra afirmó que esta ley “contribuye a romper los techos de cristal y los suelos pegajosos y ataca una de las desigualdades políticas más universales: la que se basa en el género”. 

Diputados de la oposición presentaron un pedido de informe al Gobierno para saber cuál es la situación de las mujeres durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. 

Se trata de un proyecto de la diputada del Pro Adriana Cáceres, que busca saber la cantidad de femicidios registrados desde el 20 de marzo hasta la fecha, cantidad de llamados recibidos a la línea 144 y si esos casos tuvieron seguimiento, entre otros puntos. 

“Presentamos este pedido de informe porque vemos que el Gobierno tiene un discurso sobre género, un Ministerio, pero no tiene una política pública seria. Para que la violencia de género sea una política de Estado, necesitamos cifras, cosa que este gobierno no suele brindar”, explicó Cáceres y agregó “ayer vimos un caso tremendo de un hombre queriendo apuñalar dos mujeres. Lamentablemente esos casos se reproducen por todo el país y no vemos al Gobierno ni a la ministra Gomez Alcorta ocupándose de que esas cosas no pasen, ni acompañando a las víctimas”. 

Además, el proyecto pretende saber el estado del convenio entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema, por el cual se crea el primer informe anual sobre feminicidio y la eficacia de los programas “Barbijo Rojo” y “Acompañar”, dependientes del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. 

“Fue un año muy difícil desde todo punto de vista, lo económico, laboral, social y en materia de salud. Pero eso no puede hacer que quede invisibilizado el reclamo de las mujeres que sufren violencia. No es solo crear un ministerio, sino que trabaje y lo haga de manera seria. Ahora tenemos una ministra, pero no sabemos qué está haciendo”, sentenció la diputada. 

El proyecto cuenta con el acompañamiento de Silvia Lospennato, Brenda Austin, Sofia Brambilla, Carla Carrizo, Camila Crescimbeni, Soher El Sukaria, Maximiliano Ferraro, Mercedes Joury, Josefina Mendoza, entre otros. 

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD), Elizabeth Gómez Alcorta, encabezó este jueves la primera reunión de trabajo de la Comisión Redactora del anteproyecto de ley para crear un Sistema Integral de Cuidados con Perspectiva de Género. Es la primera vez en la historia que un Gobierno nacional asume el compromiso de avanzar hacia un cambio de paradigma profundo que implica crear nuevas obligaciones de largo plazo para el Estado Nacional, incluir nuevos derechos y principios, y convertir un asunto que por tanto tiempo fue considerado “privado, familiar y femenino” en un asunto público, social y de todos los género.

La comisión que integran expertas y expertos que hace décadas trabajan la temática del cuidado y con trayectoria en la academia, la función pública y la sociedad civil tiene el mandato del ministerio de llevar adelante la redacción del anteproyecto a través de un proceso participativo en el que se deben escuchar a todos los sectores involucrados en el cuidado.

En el encuentro estuvieron presentes la economista e investigadora Corina Rodríguez Enríquez; Virginia Franganillo, socióloga, especialista en estudios de la Mujer y directora del Observatorio de Género y Pobreza de la UNSAM; Marisa Herrera, doctora en derecho, investigadora del CONICET, integrante del equipo de redacción del Código Civil y Comercial de la Nación y del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial de la Nación y Ministerios Públicos; la abogada Laura Pauttasi, especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales, investigadora principal del CONICET y socia fundadora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA); la socióloga e investigadora Eleonor Faur; la abogada Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA; el abogado Jorge García Rapp, experto en seguridad social; Mercedes Mayol Lasalle, especialista en Educación y presidenta a nivel mundial de la Organización Mundial para la Educación de la Primera Infancia y  la médica Romina Rubin, especialista en gerontología y geriatría que integran la comisión redactora del anteproyecto de ley.

En la reunión, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró que en el contexto de la pandemia las necesidades de cuidado no entraron en cuarentena y que, por el contrario, “la injusta división del trabajo se hizo sentir intensivamente todos los días”. Sin embargo, destacó que fue un año en el que se visibilizó colectivamente la desigual organización social de los cuidados, su impacto en términos de género y de clase. “No hicimos más que transformar en política pública una demanda creciente de los movimientos de mujeres y de la diversidad”, sostuvo.

En ese marco dio cuenta de las distintas políticas que se impulsaron desde el ministerio desde el inicio de la gestión: la construcción del Mapa Federal del Cuidado, para identificar los espacios públicos y comunitarios de cuidado así como los espacios de formación en cuidados, con el objetivo de estudiar la demanda potencial de infraestructura de cuidados en los distintos territorios; la creación de la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidados, que integran 14 organismos  nacionales, con el objetivo de coordinar las políticas de cuidados vigentes y planificar las pendientes y la Campaña Nacional “Cuidar en Igualdad. Necesidad, derecho y trabajo” que se está desarrollando en todo el país con el objetivo de discutir federalmente patrones culturales, necesidades particulares de cada territorio y prioridades de cada región. Estas iniciativas constituirán, además, insumos centrales para el anteproyecto de ley.

“Hoy nos encontramos para dar comienzo a un cuarto pilar que se nutrirá de todas las instancias antes mencionadas y que es, a su vez, su objetivo último, un instrumento concreto que esperamos provoque el cambio estructural que necesitamos para ir hacia la igualdad en los cuidados. Por decisión del presidente Alberto Fernández, creamos esta comisión redactora para la elaboración de un anteproyecto de ley que cimiente la política pública para una organización de los cuidados más justa”.

“La familiarización e invisibilización de los cuidados significa la feminización de la responsabilidad de cuidar con su respectivo impacto en la pobreza temporal, la pobreza de ingresos, la brecha salarial e incluso la perpetuación de situaciones de violencia de género. Creemos que la desigualdad en los cuidados está en la base de la desigualdad de género y es por eso que esta temática tiene que ser abordada con una perspectiva feminista. Una visión global que abogue por la igualdad de género en esta esfera”, explicó Gómez Alcorta. Y agregó: “Cuanta más infraestructura pública y comunitaria de cuidados haya, cuanta más diversidad de opciones de apoyo para la autonomía y más protección social para quienes cuidan, los cuidados se tornarán cada vez más una responsabilidad de toda la sociedad”. 

“Lejos de pensar la ampliación de políticas de cuidado como un gasto, vemos en la inversión en este tema un accionar muy concreto como política social, en parte porque los cuidados están en el fondo de muchas problemáticas sociales sobre las que el Estado debe trabajar. Los hogares más pobres son los que más horas dedicadas al cuidado tienen. Las trabajadoras del cuidado son las más precarizadas. Por ello, la política de cuidados contribuye a reducir la desigualdad social y la pobreza”, sostuvo.

Por último Gómez Alcorta aseguró que “este sector económico puede tener un rol central en la pandemia y pospandemia. Siendo la economía del cuidado el único sector que se mantuvo completamente activo en este contexto, siendo uno de los sectores que más aporta “invisiblemente” a la generación de riqueza en el PBI,  pensamos a esta sector y a la ampliación de políticas en el tema como una fuente de empleo hacia el futuro, como una inversión que incluso le ahorra al Estado futuros gastos que aparecen cuando estas políticas no están y como un aporte central a la economía que realmente nos importa: aquella que mejora la calidad de vida”.

El MMGyD tendrá a cargo la coordinación técnica de la Comisión Redactora, la cual contará con un plazo de ocho meses para elevar el anteproyecto final. El jueves 19 de noviembre la Mesa Interministerial recibirá a la Comisión para trabajar en los  lineamientos generales.

La Comisión Redactora ad honorem iniciará el proceso de instancias consultivas el viernes 27 de noviembre. Recibirá a centrales y organizaciones sindicales del mundo del cuidado y continuará el trabajo con organizaciones feministas, de la primera infancia, de la vejez, de la discapacidad, de la economía popular, del sector empresarial, entre otras.

De la reunión también participaron Lara González Carvajal, jefa de Gabinete del MMGyD; Cecilia Merchán, secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad; Pilar Escalante, subsecretaria de Políticas de igualdad; Lucía Cirmi Obón, directora Nacional de Políticas de Cuidado e Iris Pezzarini, directora de Articulación Integral de Políticas de Cuidado.

Tras la presentación del ministro de Economía, Martín Guzmán, en el Congreso de la Nación, donde brindó detalles sobre el Presupuesto 2021, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta destacó que “este gobierno vino a cambiar las prioridades y a jerarquizar las políticas destinadas a mujeres y LGBTI+”. El proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo incrementa en 13 veces los fondos destinados al organismo rector en políticas de género y diversidad en relación a la gestión anterior y representa un aumento sustantivo de las partidas con perspectiva de género y diversidad para el ejercicio 2021.

Para Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, “el Presupuesto 2021 es un avance fundamental porque incorpora de manera integral la perspectiva de género en tanto se reconoce el valor de la economía del cuidado y su aporte significativo a la economía. Lejos de ser una política aislada, la adopción de la metodología de Presupuesto con Perspectiva de Género es un componente más de un conjunto de políticas públicas que estamos desarrollando desde el Estado Nacional y que tienen como objetivo la reducción y eliminación de brechas de género”.

 “Este Presupuesto es una muestra más del compromiso de esta gestión en implementar de manera transversal políticas públicas que promuevan la igualdad de las mujeres y LGBTI+ y aporten a reducir las violencias por motivos de género”, sostuvo Gómez Alcorta.

Presupuesto del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación

▶️ Presupuesto asignado al MMGyD: $ 6.204.800.623. Representa un incremento de 13 veces respecto al presupuesto del ex Instituto Nacional de las Mujeres (INAM).

▶️ Entre las partidas asignadas se destaca la del “Programa Acompañar” que es la primera política pública de la historia del Estado nacional destinada a sistir a personas en situación de riesgo por violencia de género y apunta a fortalecer la autonomía económica de las mujeres y LGBTI+.

 ▶️ Este presupuesto permitirá implementar las “Acciones de Protección contra la Violencia por Razones de Género”; las “Acciones de Fortalecimiento de la Línea 144”; los Programas Generar, Articular; las acciones de “Fortalecimiento de Escuelas Populares en Temáticas de Género y Diversidad”, y la Asistencia para la “Re funcionalización de Hogares y Dispositivos de Protección Integral”, entre otros programas.

📌 Etiquetado de partidas con foco en la igualdad de género

▶️ El proyecto de presupuesto 2021 cuenta con 55 partidas etiquetadas que figuran con la etiqueta “PPG” y el crédito asciende a la suma de $1.3 billones de pesos. Esto significa un salto sustantivo del crédito etiquetado en períodos anteriores aun contemplando la inflación prevista en el proyecto para 2021.

▶️ La principal partida etiquetada en términos monetarios es la correspondiente a “Prestaciones Previsionales por Moratoria Previsional”, del ANSES y dirigidas en un 74% a mujeres. Esta política permitió que muchas mujeres puedan acceder a un haber jubilatorio, reconociendo y valorando el trabajo doméstico y las tareas de cuidado no remunerado que desempeñaron durante gran parte de su vida activa.

▶️ Se destacan también la “Asignación Universal por Hijo (AUH)” y la “Asignación Universal por Embarazo (AUE) para Protección Social”, también de la seguridad social. Luego las partidas del Ministerio de Desarrollo Social, entre ellas la asistencia alimentaria mediante la “Tarjeta AlimentAR” y  el “Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y el Programa de Desarrollo Local – Potenciar Trabajo”.

▶️ Como novedad, se sumaron nuevos Ministerios con partidas etiquetadas con Perspectiva de Género, entre ellos Ministerio de Economía con una partida destinada a la evaluación de Políticas de Igualdad y Género y el enfoque presupuestario con perspectiva de género, y partidas de los ministerios de Obras Públicas; Ciencia, Tecnología e Innovación y Transporte.

▶️ Además, en el Ministerio de Desarrollo Social se incorporó una línea de “Acciones de Reparación de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Hijos de Víctimas de Femicidio”.

El etiquetado de Partidas con Perspectiva de Género en el presupuesto nacional se enmarca en las recomendaciones de convenios internacionales como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Plataforma de Acción de Beijing y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada por los Estados Miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, celebró la sanción de la Ley de Paridad de Género en la provincia de La Pampa y aseguró que esta normativa es fundamental para avanzar en una democracia paritaria. “La participación de las mujeres en condiciones de igualdad respecto a los varones en los espacios de poder y de toma de decisiones es clave para garantizar sus derechos”, sostuvo.

“Celebramos este enorme triunfo, que es fruto de la organización del movimiento de mujeres y la diversidad y de la voluntad política en la provincia y que salda algunas de las deudas pendientes en el camino hacia una democracia paritaria”, señaló Gómez Alcorta.

La ministra aseguró que “la democracia no es plena si las mujeres y LGBTI+ no estamos representadas y participamos activamente de la toma de decisiones. La paridad es uno de los propulsores determinantes de la democracia y constituye una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres. Es la diversidad de experiencias, trayectorias y procedencias la que contribuye a enriquecer el intercambio de ideas en los lugares de decisión, mejorando la calidad de la democracia”.

Esta normativa, además -explicó Gómez Alcorta-, constituye una herramienta para asegurar el ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres y su participación. Es un paso clave en la desarticulación de estereotipos de género que han vulnerado históricamente los derechos de las mujeres y LGBTI+”.         

Por otra parte, la ministra invitó a provincias de Tucumán, Santa Fe, Jujuy, La Rioja, San Luis, Entre Ríos, Corrientes, San Juan y  Tierra del Fuego, que aún no cuentan con una normativa de este tipo, a asumir el compromiso de promover la sanción de leyes de Paridad para garantizar la participación igualitaria de las mujeres en todos los ámbitos del Estado.

“Argentina necesita alcanzar un desarrollo pleno, social, y eso se va a lograr con inclusión”, remarcó Eduardo Hecker, presidente del Banco de la Nación Argentina (BNA) al poner en marcha la nueva Gerencia de Género, Diversidad y Derechos Humanos, ocasión en la cual anunció el lanzamiento de una línea de crédito a tasas subsidiadas para pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres. 

“Por ser un banco público y federal, tenemos la misión de contribuir al desarrollo de los sectores productivos atendiendo a las necesidades de todas las personas, promoviendo el desarrollo de las economías regionales y las PyMEs, incorporando la equidad de género y el respeto y valoración de la diversidad como pilares esenciales de esa tarea”, agregó Hecker, y señaló que la creación de la nueva Gerencia representa “un paso modesto, pero muy significativo” en la búsqueda de mayor inclusión para las mujeres..  

En el contexto de la Semana de la Industria, el acto se realizó en la casa central del Banco Nación y contó con la participación- en forma presencial- de la titular del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta; y el Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas y de Cecilia Fernández Bugna,directora del Banco Nación. 

La inclusión, la participación y el protagonismo de la mujer en todos los ámbitos sociales, económicos y productivos “tiene que ser una realidad y dejar de ser una utopía”, resumió 

Gómez Alcorta, en tanto, elogió al BNA por la nueva gerencia que, dijo, va en línea con la decisión del Gobierno nacional de “achicar la brecha en la desigualdad”. 

Durante su intervención, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta destacó como ejemplar el trabajo que viene llevando adelante el Banco Nación en estos ocho meses en que “implementaron un protocolo de violencia laboral con perspectiva de género, eliminaron los uniformes que estaban asignados solo para las trabajadoras mujeres, dedicaron jornadas de capacitación en violencia de género y Ley Micaela; y establecieron junto al sindicato el cupo laboral trans. Todo esto hasta llegar a hoy con la creación de esta gerencia y la nueva línea de crédito que se inscriben en la necesidad que tenemos de promover la autonomía económica de las mujeres y LGBTI+, y en repensar el rol de las instituciones financieras y de la banca pública”, resaltó. 

Con respecto a las barreras que se presentan con impacto diferencial según el género expresó que, según el informe del Banco Central, “los varones duplican en acceso al financiamiento en relación a las mujeres”. Y para terminar señaló: “los emprendimientos que están liderados por las mujeres se encuentran en los sectores que han tenido mayor impacto vinculados a las restricciones por la pandemia, por eso la línea de crédito que se presenta hoy es una de las miradas para pensar la salida de la emergencia sanitaria con perspectiva de género”. 

Por su parte, Kulfas, reivindicó “la actitud proactiva” del Banco Nación en materia de inclusión financiera, y subrayó el hecho de que la entidad “repensó su rol y lo puso al servicio del desarrollo”. Reconoció que “hay un gran cambio en la gestión, pero queda un enorme camino para recorrer en temas de igualdad”. 

Con estas iniciativas el BNA profundizó su rol activo y protagónico en la generación de las condiciones culturales y organizacionales necesarias para garantizar igualdad de oportunidades, trato y resultados a todas las personas y empresas con las que se relaciona el banco. 

Para Fernández Bugna, que también es Coordinadora de los proyectos de Políticas de Género, Igualdad y Diversidad, “los logros alcanzados en esta materia marcan un cambio de paradigma en la Institución. Estamos asumiendo un rol activo y protagónico en la generación de las condiciones culturales y organizacionales necesarias para garantizar igualdad de oportunidades, trato y resultados a todas las personas y empresas con las que se relaciona el banco”, añadió. 

El acto contó además con la presencia virtual de los miembros del Directorio, el titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, funcionarias del Banco y mujeres empresarias de todo el país. También estuvieron la diputada nacional y dirigente bancaria, Claudia Ormachea, las Subsecretarias del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, Alba Rueda y Pilar Escalante además de la Directora de Economía y Género del Ministerio de Economía, Mercedes D´Alessandro. 

La creación de la Gerencia de Género, Diversidad y Derechos Humanos, a cargo de Graciela Navarro, surgió en sintonía con la prioridad que el Gobierno Nacional otorga a los derechos de las mujeres y personas LGTBQI+ para construir una sociedad más justa, tiene como principal objetivo potenciar la institucionalización de una cultura organizacional amparada en la promoción de garantías de derechos humanos y el enfoque de género. 

Entre las funciones de la nueva gerencia, se destaca el desarrollo de proyectos tendientes a lograr un trato digno e igualitario de los trabajadores y trabajadoras, de las personas clientas, usuarias y terceras que tengan relación con el Banco”. 

También trabajar en la bancarización y protección de los derechos de las mujeres, lesbianas, personas trans, travestis, no binarias, así como promover las condiciones sociales adecuadas para garantizar a toda la ciudadanía el ejercicio efectivo de sus derechos. 

Línea MiPyMEs “Carlos Pellegrini”

Durante el acto se anunció la línea “MiPyMEs Carlos Pellegrini”, que opera con condiciones particulares y favorece a las pequeñas y medianas empresas cuyos puestos de conducción fueran ejercidos por mujeres, ya sea en carácter unipersonal, socia gerente en SRL, presidenta en S.A., o alguna otra variante de puestos jerárquicos. 

La línea está destinada para capital de trabajo y gastos de evolución, hasta 3 años de plazo, en pesos, y se requiere una antigüedad mínima de un año, previo a la solicitud del crédito. La operatoria cuenta con una bonificación de 2 puntos porcentuales de la tasa de interés a cargo de la entidad bancaria. 

Antecedentes – Acciones 

En 2020, el BNA impulsó diversas medidas para impulsar la igualdad de Género, la Diversidad y los Derechos Humanos. 

• En junio, se implementó el Nuevo Protocolo Contra la Violencia de Género y la Violencia Laboral sobre la base del género, con lo cual se profundizaron las acciones tendientes a  la erradicación de todas las formas de discriminación, acoso y violencia. 

• Se eliminó la obligatoriedad del uniforme para las mujeres. 

• Se realizó la segunda jornada para capacitar a sus funcionarios y agentes para difundir los alcances de la Ley 27.499, conocida como Ley Micaela referida a igualdad de género y violencia contra las mujeres. 

• Además, el BNA firmó un acuerdo con la Asociación Bancaria para la incorporación del cupo trans. 

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, destacó este martes la perspectiva de género en el proyecto de reforma judicial en lo que hace a la selección de jueces y magistrados, y advirtió sobre la baja cantidad de mujeres en la administración de Justicia.

En primer lugar, Gómez Alcorta sostuvo, al exponer ante el plenario de comisiones del Senado, que “hay un diagnóstico común sobre el funcionamiento de la administración de Justicia, en particular de la Justicia Federal”, con “respuestas de baja calidad, poca independencia, poca transparencia y lentitud”, lo que deriva en “una credibilidad muy escasa en los jueces”.

A eso sumó los “vínculos promiscuos del Poder Judicial Federal de la Ciudad con los servicios de Inteligencia y el poder político”.

Al referirse al proyecto de ley, resaltó “la autolimitación del Poder Ejecutivo para el envío de las ternas una vez que llegan del Consejo de la Magistratura”, teniendo en cuenta la diversidad de géneros y la valoración de la perspectiva de género en los concursos de oposición y antecedentes.

En ese sentido, Gómez Alcorta advirtió que “los procesos de selección están fuertemente sesgados en función de género y no permiten el acceso a los cargos en igualdad de condiciones”, lo que produce como resultado que “las sentencias desconocen derechos fundamentales de las mujeres y diversidades”.

La ministra aportó cifras: informó que en los juzgados federales de todo el país, incluyendo los de la Ciudad de Buenos Aires, los titulares son en un 79% varones, y solo un 21% son mujeres.

Precisó que hay cifras similares en los tribunales orales federales y en las defensorías, mientras que en las cámaras federales la brecha es “un poco menor” y en las fiscalías es mayor, con un 79,8% de hombres y un 20,2% de mujeres.

Gómez Alcorta puso como ejemplo extremo la Cámara Federal de La Plata, donde “hay 20 jueces varones y ni una sola jueza mujer”, y agregó que en Salta “hay 11 fiscales varones y ni una sola mujer”.

“Esta información nos demuestra la existencia de barreras institucionales y culturales que dificultan la participación de mujeres en los espacios de decisión”, señaló, y definió esta situación como un “techo de cristal”.

Si bien reconoció que “no alcanza con la incorporación de mujeres” en el Poder Judicial, destacó que “es una de las herramientas” para mejorar el sistema, acompañada por la Ley Micaela y la mencionada valoración del género en los concursos.

Al finalizar, Gómez Alcorta sostuvo que “se deben transformar algunos aspectos estructurales” de la Justicia, y en ese sentido habló de superar la “cultura institucional androcéntrica”.

La que será la tercera reunión organizada por las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales para analizar el proyecto de ley de organización y competencia de la Justicia Federal con asiento en CABA y en las provincias será este martes a partir de las 14. Para este nuevo encuentro ha sido convocada la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

Según pudo saber parlamentario.com, la funcionaria expondrá sobre la importancia de incorporar la perspectiva de género en el marco de la reforma judicial en marcha.

También están convocados para este martes la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, y el presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) Carlos Rívolo, quien es también fiscal federal de la Ciudad de Buenos Aires.

Asistirá también el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien integra el consejo asesor convocado por el presidente de la Nación para elaborar sugerencias para implementar para mejorar el sistema de Justicia.

También participará de esta nueva audiencia el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), Jorge Rizzo, titular del espacio Gente de Derecho; y la defensora general de la Nación Stella Maris Martínez.

El listado de convocados incluye a las fiscales Gabriela Baigún y Mónica Cuñarro; al presidente del Instituto de Estudios Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, Fernando Díaz Cantón, y al integrante del Colegio de Abogados de CABA y exconsejero de la Magistratura Alejandro Fargosi. Este último había sido convocado, junto con Raúl Zaffaroni, para la reunión  del jueves pasado, pero ambos fueron reprogramados por razones laborales. En el caso del exintegrante de la Corte Suprema, todavía no se informó sobre cuando asistirá al Senado.

Los ecos del comunicado de Juntos por el Cambio sobre la muerte del exsecretario Fabián Gutiérrez todavía resuenan: tras el polémico documento, el diputado y titular de la UCR Alfredo Cornejo subió la apuesta y sostuvo que se trató de “un nuevo crimen vinculado al poder kirchnerista”, lo que mereció el repudio de diputadas oficialistas.

Mara Brawer y Mónica Macha, del Frente de Todos, aludieron al tema en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal y Mujeres y Diversidad de la Cámara baja, con la presencia de la ministra Elizabeth Gómez Alcorta.

“Me pregunto si en este contexto de violencia política extrema como la que vivimos durante el fin de semana, donde los principales partidos políticos de la oposición nos acusaron, en palabras del presidente de la UCR, de un crimen del poder kirchnerista, se puede combatir la violencia con prácticas violentas”, planteó Brawer.

Ya nada sorprende de @juntoscambioar. Aún en los momentos más difíciles del país, aún cuando exigen diálogo y concordancia, vuelven a demostrar lo que son: aves de rapiña. pic.twitter.com/fLoy1BlnAL

— Mara Brawer (@MaraBrawer) July 5, 2020

La legisladora por CABA se preguntó si es posible “pensar leyes que respeten la integridad de las personas, que no las violenten, que no las estigmaticen, si en la política aceptamos un encuadre donde se puede decir cualquier cosa, donde la palabra daña al propio muerto, a su familia, a nosotros mismos”.

Brawer sostuvo que “la violencia política tiene un fuerte componente simbólico y disciplinador” y preguntó a Gómez Alcorta si el tema está contemplado en el flamante Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género, a lo cual la ministra respondió que la problemática no solo está incluida, sino que es “un tema central” a abordar con acciones de prevención y capacitaciones.

Hacia el final de la reunión, Macha retomó la discusión y consideró que “es importante destacar cuando hay una situación de violencia y cuando esa violencia está dirigida a una mujer”, en este caso la vicepresidenta Cristina Kirchner, “no solo por lo que representa políticamente, sino también porque es mujer”.

“Si hay sectores de la oposición que también lo evalúan de este modo, sería interesante que lo planteen”, concluyó Macha.

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, sostuvo este lunes que “el derecho penal está pensado y hecho por varones” y advirtió que “el sistema judicial está claramente verticalizado y con enormes rasgos machistas”, al exponer en una reunión conjunta de comisiones en la Cámara de Diputados.

La funcionaria habló por videoconferencia ante las comisiones de Legislación Penal y Mujeres y Diversidad, presididas respectivamente por Carolina Gaillard y Mónica Macha, a pocos días de que el Gobierno anunciara el Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género para los próximos dos años.

Al abrir el encuentro, Gaillard destacó el trabajo coordinado de ambas comisiones “para elaborar mejores herramientas, miradas integrales y unificar criterios”, y agregó: “Estos encuentros pusieron en evidencia la estructura binaria y heteropatriarcal con la que se piensan las leyes y sobre todo las leyes penales y desmitificaron la voluntad punitivista del feminismo”.

En el mismo sentido, Macha consideró “central” esta tarea de “poder articular estos dos mundos como son el pensamiento penal y las cuestiones que venimos militando y trabajando las mujeres, lesbianas, no binaries, travestis y trans”.

La Justicia “patriarcal”

Gómez Alcorta señaló que “al momento no hay ninguna prueba de que el derecho penal previene conductas delictivas” y en ese sentido “el aumento de las penas en sí mismo no va a posibilitar un mejor abordaje” de la problemática.

Por eso, llamó a “salir de la lógica de que la creación de nuevos tipos penales va a mejorar la situación de las personas que sufren este tipo de violencia”, y pidió generar “no más penas o más delitos, sino mayores capacidades para intervenir con la especificidad que tienen estos delitos”.

De todos modos, consideró necesaria una revisión integral del Código Penal por los “parches” que sufrió a lo largo de los años.

La ministra explicó que “el derecho penal tiene un impacto diferencial en mujeres y diversidades” y advirtió que según estudios, la tasa de comisión de femicidios y travesticidios “se mantiene bastante estable en el tiempo”, con entre 200 y 300 muertes anuales.

Junto al Presidente de la Nación @alferdez, presentamos el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022.

Estamos dando un paso histórico en el compromiso del Estado con las mujeres y personas LGBTI+ para garantizar vidas libres de violencias. pic.twitter.com/24ENcFpgzO

— Eli Gomez Alcorta (@EliGAlcorta) July 3, 2020

También indicó que “la desigualdad estructural en todos los ámbitos de nuestra vida impacta en la autonomía económica, física y política de las mujeres y personas LGBT”.

Asimismo, se refirió a los “obstáculos reales para acceder a la garantía de acceso a la justicia”, no solo a la hora de contar con un abogado, sino también al momento del cumplimiento de las decisiones judiciales.

Gómez Alcorta enfatizó que “el derecho penal está pensado y hecho por varones” y que “pensar el derecho como reproductor de la desigualdad es una tarea urgente”. “El sistema judicial está claramente verticalizado y con enormes rasgos machistas”, añadió.

Por otra parte, aseguró que “hay una falta de coordinación federal en materia de delitos de violencia de género” porque “a excepción de la trata de personas, que es un delito federal, todos los otros delitos tramitan en las administraciones de Justicia provinciales” y esto además “dificulta la posibilidad de contar con estadísticas unificadas sobre estos delitos”.

En tanto, lamentó la “falta de implementación del sistema acusatorio, que puede facilitar el abordaje de muchos de estos hechos”, y por otro lado advirtió que muchas mujeres víctimas de femicidios no formularon antes la denuncia porque creen que “el Estado no las representa como un lugar de ayuda”, y pidió trabajar para revertir esa situación.

Asimismo, alertó que “cuando la Justicia se enfoca en la investigación de la vida de las mujeres que denuncian en lugar de investigar al imputado de violencia , se está desplazando la responsabilidad hacia ellas”.

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, participará este lunes desde las 15 de un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, en el marco de una nueva reunión informativa sobre proyectos de justicia penal y género.

Será durante el cuarto encuentro -de carácter remoto- que llevarán a cabo en conjunto las comisiones de Legislación Penal, que preside la entrerriana Carolina Gaillard (FdT), y de Mujeres y Diversidad, que conduce la bonaerense Mónica Macha (FdT).

Previo a la reunión de este lunes, los diputados y las diputadas escucharon las exposiciones de varias funcionarias y especialistas en la temática, quienes opinaron sobre las iniciativas para prevenir la violencia por motivos de género hacia mujeres y personas LGBT.

En un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Trabajo y Previsión Social, que se reunió de manera remota, obtuvo dictamen favorable el proyecto de ley enviado por el Gobierno para ratificar el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre violencia y acoso en el ámbito laboral.

Tras un debate de dos horas, que terminó con una fuerte discusión entre oficialistas y opositores, el Frente de Todos avanzó con el dictamen, con la compañía de Julio Cobos (UCR), Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), Julio Martínez (UCR), Gladys González (Pro) y Guadalupe Tagliaferri (Pro).

En tanto, Juan Carlos Romero (Interbloque Federal), Martín Lousteau (UCR) y Esteban Bullrich (Pro) decidieron que se “levantaban de la comisión”, molestos con la intervención que tuvo en el final el jefe de la bancada oficialista, José Mayans.

Gómez Alcorta destacó las disposiciones del Convenio 190

Encargada de defender la iniciativa, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, expuso en el comienzo de la videoconferencia y aseguró que “las disposiciones de este convenio son prioritarias para la agenda de la erradicación de la violencia por cuestiones de género” y que se enmarca en la normativa internacional sobre derechos humanos.

La funcionaria sostuvo que este instrumento “no colisiona” con otros tratados internacionales avalados por Argentina, y subrayó que “define el alcance concreto de las obligaciones estatales en esta materia”.

“La violencia laboral por motivos de género discrimina a las mujeres y obstaculiza su acceso al empleo, su contratación y su permanencia: muchas veces está vinculada a la maternidad, la edad o la apariencia física”, señaló.

Para Gómez Alcorta, el convenio es “un aporte efectivamente insoslayable” para la cartera que ella conduce, y se trata del “primer tratado internacional que aborda de una manera específica y exhaustiva la violencia y el acoso en el ámbito laboral; a la vez que desarrolla el alcance de las obligaciones que al respecto tiene tanto el Estado como los particulares. Es un instrumento muy novedoso“.

La ministra valoró que el documento “insta a los Estados a adoptar un enfoque inclusivo, integrado, que tenga en cuenta especialmente las consideraciones de género y que aborde las causas subyacentes”. “La OIT reconoce que la violencia laboral constituye una afectación a los derechos, que perjudica el modo en que se van a llevar las tareas”, agregó.

Finalmente, celebró “la rapidez de la convocatoria a las comisiones” y remarcó que aspiraba a “que se apruebe prontamente”, ya que “una vez ratificado, hay un proceso internacional vinculado al convenio, que también intentaremos que se apure, porque eso nos abre, nos habilita, una agenda de trabajo tanto a nivel normativo como a nivel de políticas públicas”.

El debate y el pedido para que se trate en sesión virtual

Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Daniel Lovera (FdT), expresó que “al mundo del trabajo le falta empatía”. “Este convenio establece definiciones, ámbitos de aplicación, principios, políticas preventivas, formación y sensibilización para que puedan establecerse tipos de controles y recursos de reparación que permitan ejercer el derecho que toda persona tiene a trabajar libre de violencia o acoso”, enfatizó.

Asimismo, consideró que el tratado “resulta un ordenamiento y una herramienta federal que nos permite avanzar para arribar a políticas públicas comunes, con el objetivo de llegar a cada rincón de nuestro de país”.

A su turno, Norma Durango (FdT) aportó datos del Ministerio de Trabajo, precisamente del primer trimestre de 2019, los cuales afirman que en ese período “del 62% a 65%” de los denunciantes por esta problemática fueron mujeres. “En un 86% denunciaron violencia psicológica, en un 8% violencia sexual y en un 6% violencia física, y en su gran mayoría de parte de varones”, detalló.

La titular de la Banca de la Mujer resaltó que “este convenio es importantísimo porque son múltiples los obstáculos que enfrentamos las mujeres en los ámbitos laborales y que afectan nuestro desarrollo profesional, pero también personal”.

Por su parte, el salteño Juan Carlos Romero se manifestó a favor del proyecto, pero opinó que su debate en el recinto “debe quedar a la espera de que las sesiones se normalicen”, porque la temática “está afuera de lo comprendido en la resolución presidencial”. “Considero valioso el proyecto, voy a acompañar el dictamen, pero con la salvedad de que participaré de la votación en el recinto una vez que termine el tema de la pandemia”, manifestó, aunque finalmente no terminó acompañándolo.

En contraposición, Magdalena Solari Quintana, del monobloque Misiones, pidió que los presidentes de ambas comisiones -Jorge Taiana (RR.EE.) y Daniel Lovera (Trabajo)- revisen con los presidentes de bloques la posibilidad de incluir el tema en una próxima sesión.

“Tiene que ser una señal muy clara que los derechos de género, los derechos humanos, tienen que estar dentro de lo que tenemos que atender los legisladores como parte de la pandemia”, argumentó y dijo que no coincidía con Romero. “No podemos dejar esto esperando a que el Covid-19 pase o no pase”, insistió.

En tanto, Guadalupe Tagliaferri (Pro) ponderó el “consenso” por el cual se llegó a este convenio, que “no fue por arte de magia, no fue basado en chicanas. Fue producto de infinitas reuniones a lo largo del mundo entero, con todos los gobiernos, todos los sindicatos y organizaciones de mujeres”.

En ese sentido, señaló que el instrumento “nos plantea el desafío de cómo queremos llegar a hacerlo concreto. De ahora en más tenemos que convertirlo en modificaciones normativas buscando consensos y diálogo”.

El Convenio 190 de la OIT fue aprobado en la Conferencia Internacional del Trabajo que se realizó en Ginebra el 21 de junio de 2019 por representantes de gobiernos, sindicatos y empresas de los 187 países miembros del organismo. La norma proporciona un marco claro para la adopción de medidas y brinda la posibilidad de forjar un futuro del trabajo sobre la base de la dignidad y el respeto, exento de violencia y acoso.

En los argumentos del proyecto que envió el Gobierno se destacó que “el convenio se enmarca en la normativa internacional de Protección de los Derechos Humanos”. “El Estado deberá adoptar de acuerdo con la situación y legislación nacional y previa consulta tripartita, un enfoque inclusivo e integrado que tenga en cuenta las consideraciones de género para prevenir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo”, se resaltó.

El Poder Ejecutivo anunció el envío al Senado de un proyecto para ratificar el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), contra la violencia y el acoso en el mundo laboral.

“Hoy el Poder Ejecutivo envió al @SenadoArgentina la ratificación del convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso laboral. Hemos dado un paso fundamental hacia el reconocimiento de derechos fundamentales, prueba de un compromiso contundente con la agenda de género y diversidad”, destacó en su Twitter la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

En tanto, a través de un comunicado oficial, se afirmó que “hasta el momento ningún país en el mundo completó el proceso de ratificación de este instrumento que promueve la adopción de políticas para prevenir y reducir las violencias por razones de género en los lugares de trabajo”.

Gómez Alcorta explicó que este Convenio se trata del “primer tratado internacional en abordar de manera específica y exhaustiva la violencia y el acoso en el ámbito laboral, y en desarrollar el alcance de las obligaciones que al respecto tienen los Estados y también los particulares”.

“El enfoque propuesto se distancia de la visión tradicional de la violencia laboral y el acoso, que en general requieren la repetición en el tiempo de las conductas lesivas para que se configuren estos ilícitos, a la vez que ponen el foco en la intención del agresor, cuya actuación tiene que tener como fin la exclusión de la persona de su ámbito de trabajo”, agregó la funcionaria.

Y agregó: “El Convenio contempla el efecto que puede generar la violencia doméstica en el empleo y dispone en este sentido el deber de los Estados, las empresas y las organizaciones de personas empleadoras y trabajadoras de adoptar medidas para abordar la violencia y mitigar ese impacto”.

“Por otra parte, si bien el tratado aborda la violencia contra todos los trabajadores y todas las trabajadoras, sostiene que la violencia y el acoso por razón de género afectan de manera desproporcionada a las mujeres y a las niñas. De este modo, insta a adoptar un enfoque inclusivo e integrado que tenga en cuenta las consideraciones de género y aborde las causas subyacentes y los factores de riesgo, entre ellos los estereotipos de género, las formas múltiples e interseccionales de discriminación y el abuso de las relaciones de poder por razón de género, para acabar con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo”, abundó Gómez Alcorta.

Hoy el Poder Ejecutivo envió al @SenadoArgentina la ratificación del convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso laboral. Hemos dado un paso fundamental hacia el reconocimiento de derechos fundamentales, prueba de un compromiso contundente con la agenda de género y diversidad.

— Eli Gomez Alcorta (@EliGAlcorta) May 28, 2020

En tanto, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, expresó: “Con este proyecto de ley enviado por el presidente Alberto Fernández, nuestro país se pone a la altura de lo que nuestra historia manda: a la vanguardia de la protección de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, debiendo adecuar la legislación al contenido del Convenio 190 procurando cuidar de la violencia laboral a las y los trabajadores que vivan en nuestro país”.

“Es un paso muy importante que la prevención y el abordaje de la violencia y el acoso laboral se incluyan en las leyes de nuestro país, y que alcance a trabajadores y trabajadoras de los sectores públicos y privados, formales e informales, en zonas urbanas y rurales, para lograr erradicar esta problemática que está sumamente vigente, y que requiere de nuestra atención y de un accionar rápido y eficiente”, completó el titular de la cartera laboral.

El Convenio 190 de la OIT fue aprobado en la Conferencia Internacional del Trabajo que se realizó en Ginebra en junio de 2019 por representantes de gobiernos, sindicatos y empresas de los 187 países miembros del organismo. La norma proporciona un marco claro para la adopción de medidas y brinda la posibilidad de forjar un futuro del trabajo sobre la base de la dignidad y el respeto, exento de violencia y acoso.

Si bien las definiciones de “violencia” y “acoso” varían de país a país, la OIT definió esos conceptos como “un conjunto de comportamientos y acciones inaceptables” que “tengan por objeto provocar, ocasionen o sean susceptibles de ocasionar, daños físicos, psicológicos, sexuales o económicos”.

De ese modo, se abarcan el abuso físico o verbal, la intimidación y el hostigamiento, el acoso sexual, las amenazas y el acecho, sin perjuicio de otros actos. Asimismo, la norma contempla que el trabajo no siempre se realiza en un lugar físico específico y, por lo tanto, sus disposiciones abarcan las comunicaciones profesionales, en particular las que tienen lugar mediante las TIC’s.

La capacitación de género de la Ley Micaela, brindada la semana pasada en la Cámara de Diputados, fue bien recibida por la inmensa mayoría de los legisladores, que destacaron la importancia de la norma surgida del femicidio de Micaela García. Pero hubo unos pocos que cuestionaron el evento, entre ellos el diputado Francisco Sánchez (Pro), quien levantó polémica con una declaración publicada en Twitter.

Mientras exponía en el recinto la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, Sánchez comentó: “En estos momentos estoy escuchando lo más ridículo, infundado y sinsentido que recuerde: el adoctrinamiento obligatorio por la Ley Micaela. Una imposición totalitaria votada el año pasado, repleta de clichés del feminismo berreta”.

El diputado no solo se pronunció en esos términos sobre la ley, que fue sancionada con amplio consenso, sino que anunció que presentará un proyecto para derogarla.

En estos momentos estoy escuchando lo más ridículo, infundado y sinsentido que recuerde: el adoctrinamiento obligatorio por la Ley Micaela.
Imposición totalitaria votada el año pasado, repleta de clichés del feminismo berreta.
Voy a presentar un proyecto para derogarla. pic.twitter.com/YXBhS301dL

— Francisco Sánchez (@FranSanchezNQN) May 6, 2020

Tras ese episodio, el gremio UPCN Congreso emitió un comunicado de repudio a las expresiones de Sánchez, y denunció que no aceptará “ninguna expresión machista ni en contra de leyes que fueron aprobadas con gran apoyo de todo el arco político”.

“Nuestra organización lucha incansablemente desde hace años para erradicar todo tipo de violencias y desigualdades en el mundo del trabajo. Consideramos que las capacitaciones de los trabajadores y funcionarios de todos los poderes del Estado son una herramienta fundamental para lograr dicho objetivo”, sostuvo el gremio conducido por Martín Roig.

Como siempre, imperdible por claridad conceptual, pluma y coraje @PeiroClaudia:
Ni la cuarentena pudo con la género-manía https://t.co/Oqsc18QaTG

— Francisco Sánchez (@FranSanchezNQN) May 9, 2020

Recordó además que “en los fundamentos de la Ley Micaela se citan varios tratados internacionales sobre la erradicación de las violencias hacia las mujeres a los cuales nuestro país adhiere, por lo tanto no se trata de ‘clichés del feminismo berreta’, tal cual aseveró Sánchez, quien se supone es un ‘representante del pueblo’”.

Para UPC Congreso, “el hecho de que un diputado nacional pida la derogación de una ley aprobada con amplio consenso constituye un ataque hacia todas las personas que trabajan incansablemente a diario para lograr una sociedad más justa y equitativa”.

“No toleraremos ninguna expresión machista ni en contra de leyes que fueron aprobadas con gran apoyo de todo el arco político. Consideramos esas expresiones un atentado contra la democracia y el orden constitucional y allí estaremos cada vez que haya que salir a hacer respetar los derechos conquistados”, concluye el comunicado.

El simulacro de sesión virtual en la Cámara de Diputados se realizó con la capacitación de género contemplada en la Ley Micaela, que fue brindada por la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, quien apuntó a la cultura patriarcal e hizo un llamado a la reflexión sobre las desigualdades entre hombres y mujeres.

Ubicada a la izquierda del presidente de la Cámara, Sergio Massa, Gómez Alcorta habló ante el grupo de diputados presentes, luego de que la titular del CONICET, Ana María Franchi, expusiera de manera remota, apoyada por un Power Point.

Al inicio de su discurso, Gómez Alcorta recordó que la Ley Micaela, que lleva el número 27.499, fue sancionada el 19 de diciembre de 2018 y promulgada el 10 enero de 2019, y destacó que todas las provincias adhirieron a la norma, por lo que “el horizonte de proyección del Estado es que todos los funcionarios de todos los poderes provinciales y de la Nación, en un período no muy largo, estén capacitados”.

Luego fue al centro de la cuestión: “El patriarcado como sistema político, económico y social, que organiza nuestras relaciones y organiza el poder, no existió siempre así. Según los historiadores, entre 200.000 y 300.000 años atrás empezó a existir la vida en comunidad, y el patriarcado comenzó a existir hace 6.000 años”.

Por eso, la funcionaria subrayó que “no siempre existieron los mismos patrones culturales vinculados a las relaciones de poder”.

Además, advirtió que “a lo femenino se le ha asignado valores vinculados a lo pasivo, lo irracional, lo emocional, la sensibilidad”, y además esos valores fueron asignados a la condición biológica de las mujeres. “Eso es lo que se espera (de las mujeres) y lo que se deposita en roles y estereotipos”, dijo.

Gómez Alcorta se explayó sobre el “paradigma hetero-cis-normativo” y apuntó que “hay una organización de la sociedad que contempla exclusivamente a mujeres y varones, y relaciones heterosexuales” en “categorías binarias”.

Por esa razón, “categorías como ‘transexualidad’ o ‘intersexualidad’, homosexuales o bisexuales, son pensadas como desviadas o en muchos casos como anormales, incluso en pleno siglo XXI, y cuando hablamos de desvío hablamos de opresión”.

En tanto, la ministra aseveró: “Los varones están absolutamente acostumbrados a que se hable en un plural masculino, y nosotras también nos acostumbramos a eso. Cuando dicen ‘hay reunión de ministros’ yo me siento incluida, pero si dicen ‘hay reunión de ministras’, ningún ministro se siente incluido”.

En relación a esto, defendió el lenguaje inclusivo: “Cuando hablamos de todes, a pesar de algunos lingüistas que se enojan profundamente porque entienden que deformamos el lenguaje, es un hecho político que nos convoca a nombrar a todos, todas y todes aquelles que quedan por fuera del modelo binario”.

Por otra parte, Gómez Alcorta hizo un repaso histórico y recordó que “recién en 1.926, cuando en este recinto solo había varones, se sancionó la primera ley que dictó los derechos civiles de las mujeres”.

Asimismo, mencionó que “hasta 1.921, el Código Penal establecía que si un hombre encontraba yaciendo a su esposa con otro hombre podía matarla y ser eximido de pena”.

En la misma lógica, dijo que “hoy todavía muchos utilizan el concepto de ‘mi mujer’ para referirse a sus parejas; sin embargo, no van a encontrar mujeres que hablen de sus maridos como ‘sus hombres’”.

La ministra destacó que desde la adhesión a la Convención de Belém Do Pará, en 1994, “Argentina viene acompañando una profunda transformación normativa”, y citó la ley de Educación Sexual Integral, la ley contra la trata de personas y la de protección para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

También mencionó el Matrimonio Igualitario, la ley de Identidad de Género y la que incorporó el delito de femicidio al Código Penal, aunque finalmente llamó a “repensar algunas de las leyes dictadas y otras que faltan para empezar a achicar brechas”.

“Nuestro marco normativo nos obliga a pensar todas las políticas públicas y las normas en clave de cuál es el impacto que va a tener en las mujeres” en lugar de pensar que “la cuestión de género es una cosa aparte”, explicó la funcionaria.

Por último, expresó que “hemos aprendido, y a esta altura los números abundan, que las políticas tienen un impacto diferencial en las mujeres y hombres”, y convocó a “entender por qué a las mujeres les cuesta tanto acceder al trabajo formal o a cargos jerárquicos”.

Con la participación de 240 diputados -algunos presentes en el recinto y la gran mayoría, conectados por videoconferencia-, la Cámara baja realiza el simulacro de sesión remota, con la capacitación de género de la Ley Micaela.

El presidente de Diputados, Sergio Massa, abrió el evento y destacó que la incorporación de tecnología a la labor legislativa demuestra “la madurez de trabajar para darle soluciones a los argentinos” en el contexto de la pandemia del Covid-19.

Ubicados en bancas distanciadas para espetar la distancia social, más de 40 diputados de todos los bloques se hicieron presentes para escuchar a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, encargada de la capacitación junto a la presidenta del CONICET, Ana María Franchi, quien expuso por videoconferencia.

También asistieron al recinto las exdiputadas nacionales Araceli Ferreyra y Analía Rach Quiroga, dos de las impulsoras de la Ley Micaela, que apunta a capacitar a funcionarios de los tres poderes del Estado en materia de igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres.

Al inicio de la sesión de prueba, Massa invitó a los diputados presentes a retirarse los barbijos “de acuerdo al protocolo médico”, e hizo algunas recomendaciones técnicas, como la de silenciar los micrófonos.

A continuación, resaltó el trabajo realizado en las comisiones, donde “15 ministros, cinco secretarios de Estado y más de 227 diputados trabajaron alrededor de temas centrales como el transporte, las repatriaciones y distintas herramientas que puso el Poder Ejecutivo a disposición” en el marco de la emergencia sanitaria.

Además, Massa sostuvo que la videoconferencia que mantuvieron Alberto Fernández y jefes de bloque el pasado 17 de abril “muestra la voluntad del presidente de escuchar a tofos y tratar de trabajar en conjunto en el marco de la pandemia, que es lo que esperan todos los argentinos”.

“Viene un tiempo en el que pido paciencia, que eliminemos las desconfianzas y trabajemos todos juntos en el aprendizaje de esta nueva herramienta, que demuestra la madurez de trabajar para darle soluciones a los argentinos de manera presencial cuando el contexto lo permite, y de manera remota cuando el contexto no lo permite”, señaló.

Luego, pidió “aprovechar” la capacitación de género para “contarle a la sociedad las herramientas que tienen las mujeres para enfrentar la violencia de género”, y finalmente les dedicó un mensaje: “Quiero decirles no tengan miedo, que está el Estado, que se animen a denunciar y a romper el cerco del temor y la cultura patriarcal”.

El mensaje del padre de Micaela

Desde su domicilio, Néstor “Yuyo” García, padre de Micaela García -asesinada en abril de 2017-, participó de la videoconferencia y dio un mensaje a los diputados, acompañado por su esposa, Andrea Lescano.

Néstor García expresó su “orgullo” por el hecho de que “la primera actividad que realiza el Congreso de manera virtual, por esta condición excepcional, sea la capacitación de la Ley Micaela”.

“Capacitarnos es un deber que nos corresponde como parte del Estado. Ese deber no solo esta expresado en la Ley Micaela; es un deber que tenemos como Estado desde 1994 al firmar la Convención de Belém Do Pará (Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”), explicó.

García indicó quie “la Ley Micaela pretende que los agentes del Estado tomen decisiones con perspectiva de género” y que en cada medida o proyecto “tengan en cuenta cómo afecta a la vida cotidiana de las mujeres”.

El padre de la joven asesinada consideró que “con la Ley Micaela, el femicidio de Micaela se hubiera evitado” y en ese sentido recordó que el autor del crimen, Sebastián Wagner, “que estaba cumpliendo una condena, tenía en ese momento libertad condicional otorgada por un juez sin perspectiva de género”.

Por Carolina Ramos

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, informó este lunes que entre el 20 de marzo y el 20 de abril “aumentó un 40%” la cantidad de llamados telefónicos a la línea 144 por motivo de violencia género, con un promedio de 334 consultas diarias.

Gómez Alcorta brindó esos datos durante una reunión informativa virtual de la Comisión de Mujeres y Diversidad, que preside Mónica Macha (Frente de Todos).

La funcionaria explicó que la línea 144 “no es una línea de denuncia” sino que busca orientar y asesorar a las víctimas, y a la vez realizar un seguimiento de los casos.

A diferencia del aumento en estas consultas, las denuncias por violencia de género -es decir aquellas que requieren intervención policial y del Poder Judicial- “bajaron en todo el país”, aunque “eso no indica que haya menos situaciones de violencia”, aclaró Gómez Alcorta.

En ese sentido, apuntó que más allá de los relevamientos realizados por observatorios de medios, “el único registro de información oficial nacional que tiene la Argentina es el Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema de Justicia, que nació en 2015 a raíz del primer Ni Una Menos”.

La ministra advirtió que el fenómeno de los femicidios “es persistente y se mantiene con guarismos muy similares a través de los años”, por lo que los datos “son casi idénticos a los del año pasado en la misma época”.

“Este fenómeno no baja porque el ámbito, el lugar y las condiciones para que se cometan los femicidios siguen igual o se empeoran en el marco de la emergencia”, observó Gómez Alcorta, y reconocidó: “No logramos bajar la tasa de femicidios”.

También señaló que “el 80% de las mujeres víctimas de femicidios nunca acudieron al Poder Judicial”, lo cual deja entrever que “muchas veces ni siquiera confiamos en el Estado” para solicitar protección.

En cuanto al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, detalló que la nómina de empleados es de 386 y recordó que, dado que actualmente rige una prórroga del Presupuesto anterior y que en 2019 no existía esta cartera, se le otorgó inicialmente el mismo monto que tenía asignado el INAM (Instituto Nacional de la Mujer), que es de 273 millones de pesos, que luego se duplicaron.

La línea 144

Al principio de su exposición, Gómez Alcorta señaló que, cuando se declaró la pandemia, desde su Ministerio se pidió considerar como “esencial” el trabajo de esta línea 144 para que pudiera “seguir funcionando”, ya que en el marco del aislamiento social “los hogares son un lugar inseguro para muchas mujeres”.

“En un momento donde los dispositivos presenciales iban a ser reducidos, los dispositivos que no requieren presencia no solo debían ser reguardados, sino potenciados”, consideró Gómez Alcorta.

Asimismo, se habilitaron nuevos canales de consulta, como un correo electrónico y tres números para ingresos de consultas vía WhatsApp, a lo que se sumó un spot publicitario de difusión de la línea 144.

Gómez Alcorta también apuntó que su Ministerio “decidió incorporar 20 operadores más a la línea”, llegando a más de 136 en total, y además incorporaron cuatro personas como “data entry” para poder sistematizar mejor los casos.

En ese marco, informó Gómez Alcorta, las consultas por violencia de género aumentaron en promedio un 40% entre el 20 de marzo y el 20 de abril, en relación al mes previo a la emergencia.

La ministra precisó que el promedio fue de 334 consultas diarias, y agregó que el 97% corresponden a violencia doméstica.

Asimismo, “casi la totalidad de las consultas estaban vinculadas a violencia psicológica”, mientras que otro tanto fueron por violencia física y, en menor medida, por violencia económica.

En tanto, el 48% de los llamados fueron por situaciones donde el agresor era la expareja de la denunciante, mientras que el 44% correspondían a la actual pareja.

En otro pasaje de su exposición, informó que se ordenó que ninguno de los trabajadores de la línea 144 viajen en transporte público durante la emergencia sanitaria, para lo cual se pusieron a disposición “los pocos autos disponibles”.

Por otra parte, Gómez Alcorta aclaró que la iniciativa del barbijo rojo “no fue pensada en una clave secreta, sino con la idea de que cualquier mujer pudiera, en la farmacia, encontrar ahí un lugar donde poder pedir ayuda”.

En ese sentido, aclaró que, según el protocolo implementado, “el único rol que tiene el farmacéutico es llamar al 144 o al 911” o en algunos casos, como se verificó, “prestar el teléfono” a la mujer que lo requería.

En el plano judicial, puntualizó que “hoy por hoy todas las provincias salvo Corrientes prorrogaron automáticamente las medidas cautelares”, algunas por 30 días, otras por 60 y otras por 90.

También indicó que provincias como Buenos Aires, Santa Fe, San Luis, Formosa, Salta, Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires implementaron “medidas vinculadas a la posibilidad de denuncias virtuales, por mail, por distintas apps, por WhatsApp, intentando achicar la distancia que existe entre aquella persona que está requiriendo la protección de derechos y quienes tienen la obligación de darlos”.

En cuanto a los refugios y hogares para mujeres en situación de violencia, destacó la tarea de articulación con siete sindicatos que pusieron sus hoteles a disposición, así como el trabajo conjunto con el Ministerio de Turismo para garantizar que haya sitios disponibles, aunque aclaró que “hasta hoy no utilizaron esos recursos”.

La participación de ministros nacionales ante diferentes comisiones de la Cámara de Diputados, mediante la modalidad de videoconferencia, continuará esta semana.

Este lunes, a las 17, será el turno de la titular de la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, quien expondrá ante la Comisión de Mujeres y Diversidad -estrenada este año-, que preside la oficialista Mónica Macha.

La reunión con Gómez Alcorta estaba programada para el pasado 16 de abril, pero se suspendió debido a inconvenientes técnicos con la plataforma utilizada para la transmisión de este tipo de reuniones virtuales.

En tanto, el miércoles a las 17 hablará ante la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que conduce Leonardo Grosso (Frente de Todos), el ministro de Ambiente, Juan Cabandié.

Por primera vez desde que se implementó la modalidad remota, problemas técnicos obligaron a suspender una reunión informativa de la Cámara de Diputados. La Comisión de Mujeres y Diversidad tenía previsto reunirse este jueves con la participación de la ministra del área, Elizabeth Gómez Alcorta, pero el encuentro debió cancelarse por motivos de fuerza mayor.

La reunión, convocada por la diputada Mónica Macha (Frente de Todos), iba a iniciar a las 17, pero media hora después fuentes oficiales informaron que se postergaría para las 18.30 por problemas en el servidor Cisco Webex. Finalmente, la reunión debió cancelarse porque la plataforma “seguía caída a nivel mundial” y desde el soporte técnico no daban “certezas inmediatas”, indicaron.

Si bien la ministra se puso a disposición para reprogramar la reunión, los inconvenientes técnicos reavivaron el debate acerca de la posibilidad de sesionar de manera virtual, como pretende el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, debido a la imposibilidad de realizar una sesión convencional en el recinto por las medidas adoptadas en el marco de la pandemia.

En este sentido, la vicepresidenta Cristina Kirchner realizó una presentación este martes ante la Corte Suprema de Justicia para que se expida sobre la validez de una sesión remota, algo inédito en el país más allá de algunas experiencias provinciales, como el caso de la Legislatura de Mendoza.

Por su parte, los diputados de Juntos por el Cambio se pusieron a disposición para sesionar de manera presencial con los recaudos sanitarios necesarios y en un recinto alternativo; y también accedieron a participar de una sesión virtual, aunque pidieron informes a Massa respecto de los convenios suscritos en los últimos días con el RENAPER y ARSAT.

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, expondrá este jueves ante un grupo de diputados a través de una videoconferencia.

Será la décima integrante del Gabinete nacional en presentarse bajo esta modalidad, que se inauguró durante la cuarentena. En tanto, también participó esta semana un funcionario de segundo rango, como Mario Cafiero, titular del INAES.

Desde las 17, Gómez Alcorta participará de una reunión con la Comisión de Mujeres y Diversidad -estrenada este año en la Cámara baja- que preside la oficialista Mónica Macha.

La semana pasada, la funcionaria expuso ante la Banca de la Mujer del Senado, donde informó que durante el aislamiento social preventivo y obligatorio se incrementaron en un 39% las llamadas a la línea 144, que asiste a mujeres en situaciones de violencia, entre otros datos.

Paralizado por imperio de las circunstancias, el Congreso limita su actividad a encuentros virtuales con funcionarios y la presentación de proyectos. En este caso, para esta semana se prevé la presentación de otros tres ministros en ambas cámaras, con la novedad de que por primera vez en esta nueva etapa asistirá a una comisión un funcionario de segunda línea.

Para este lunes, en el horario habitual de las 17 en Diputados, se presentará el ministro de Agricultura Luis Basterra ante la Comisión de Agricultura y Ganadería que preside el oficialista José Ruiz Aragón.

En el Senado se espera finalmente la visita ese mismo día del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, para las 16, quien se presentará ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social que preside el pampeano Daniel Lovera. Moroni también irá a Diputados dos días después: a las 17 se lo espera en la Comisión de Legislación del Trabajo que encabeza la dipusindical Vanesa Siley, del Frente de Todos.

Para el día martes se activará la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y de Organizaciones No Gubernamentales, que encabeza la radical María Soledad Carrizo, para escuchar a Mario Cafiero, quien es presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Nacional (INAES), que depende de Desarrollo Social.

No está confirmado, pero el miércoles podría reunirse la Comisión de Salud del Senado, cuya presidencia aún no se ha resuelto, y a la que ha sido invitado el ministro de Salud, Ginés González García.

Por último, el jueves la ministra de ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta irá a la Cámara de Diputados. Después de haber participado la última semana de una reunión virtual con las integrantes de la Banca de la Mujer del Senado, ahora estará este jueves a las 17 ante la Comisión de Mujeres y Diversidad que en Diputados preside la kirchnerista Mónica Macha.

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, afirmó este miércoles que durante los primeros 10 días del aislamiento social preventivo y obligatorio se incrementaron en un 39% las llamadas a la línea 144, que asiste a mujeres en situaciones de violencia.

Además, la funcionaria precisó que durante marzo se registraron -de acuerdo a informes elaborados por organizaciones de la sociedad civil- 34 femidicios, y resaltó que dentro de ese mes hubo 12 días de cuarentena.

En una larga exposición, que fue la primera reunión virtual realizada por una comisión del Senado, la ministra abordó distintos temas relacionados a las acciones de su cartera y respondió preguntas de las legisladoras. El único varón que participó fue el oficialista Jorge Taiana.

Al comienzo del encuentro, la presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango (FdT), señaló que “la situación de aislamiento afecta especialmente a las mujeres y niñas porque suelen estar a merced del agresor”.

Además, la pampeana hizo referencia a un informe del secretario general de la ONU, donde se sostiene que “en todo el mundo existe una amenaza contra mujeres y niñas que se hace más severa en los tiempos de confinamiento” y se afirma que “desde el inicio de la pandemia se han duplicado las llamadas a las líneas de ayuda”.

“Es una preocupación en el marco de esta emergencia sanitaria la situación en general que tienen las mujeres”, comenzó Gómez Alcorta, que no solo se refirió a la violencia, sino también a un “agravamiento” de las inequidades salariales.

Destacó que con la llegada más tardía del coronavirus a la Argentina, “pudimos contar con la información de cómo había sido el aumento (de la violencia contra las mujeres) en China, Italia y España”.

Respecto a la línea 144, la ministra recordó que se la declaró un “servicio indispensable” en el marco del aislamiento y relató el trabajo articulado realizado con la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Y destacó la puesta en marcha de dos nuevos canales de atención, a través de WhatsApp.

En ese sentido, detalló que de todas las consultas que ingresaron a partir del 20 de marzo, un 25% se realizaron a través de esa vía, por lo cual consideró “ha sido una buena herramienta”.

A pesar del incremento del 39% de los llamados, la funcionaria aclaró que “el 60% son llamadas que no están vinculadas a violencia”, por eso “no se puede afirmar que implique un aumento de la violencia por motivo de género”. Sobre esto, dijo que “para ser precisos con la información”, había distintas causas en las consultas y, en algunos casos, se recurría telefónicamente por encontrarse cerrados distintos organismos de atención pública.

La titular de la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad ponderó el paquete de medidas lanzado desde el Gobierno nacional, sobre ayuda a los sectores más vulnerables, y se refirió puntualmente al caso del Ingreso Familiar de Emergencia, que tiene distintos requisitos para poder obtenerlo.

Sobre esto, planteó que había “muchas mujeres que seguían con vínculo marital, pero ya estaban separadas, e incluso algunas habían vivido situación de violencia” por lo que se realizó una mesa de trabajo con la ANSeS para evaluar la forma de facilitarles el acceso al IFE.

Gómez Alcorta también se refirió a la campaña de los barbijos rojos -para que mujeres víctimas de violencia pidan ayuda en farmacias- y descartó que se amplíe a otro tipo de negocios. Dijo que está funcionando muy bien en las provincias de Río Negro -donde surgió-, Chubut, Catamarca, La Pampa y Neuquén.

Durante una larga exposición, en la que respondió todas las preguntas que recibió por escrito, la ministra reveló que comenzada la cuarentena se enviaron cartas a los órganos de Justicia de todas las provincias, expresando la preocupación por lo que iba a suceder con las medidas cautelares relacionadas con causas de violencia que vencieren durante la feria judicial y los canales que se iban a habilitar para hacer nuevas peticiones. “Muchas nos contestaron rápidamente”, celebró.

En relación a los femicidios, la funcionaria dijo que es “un grave y constante problema que tenemos” y que por estos días hay “diez números” sobre la cantidad de femicidios durante el aislamiento. Enfatizó que el registro con mayor “nivel de precisión” y que es “muy bueno y muy fiable” lo realiza la Corte Suprema de Justicia, pero “siempre llega al año siguiente; todavía no tenemos el informe 2019, se va a presentar para junio de este año”.

Por eso, citó informes elaborados por organizaciones de la sociedad civil, hechos en base a “fuentes indirectas” como son los medios de comunicación, los cuales indican que en el primer trimestre de 2019 “los femicidios rondaron entre 87 y 89”, mientras que en el mismo período de 2020 fueron “entre 89 y 92”. En tanto, en marzo de 2019 registraron 33 casos y en marzo de 2020, 34.

Avanzada la reunión, la ministra reconoció que en la resolución que habilita a mujeres o personas lgbt a romper la cuarentena para ir a realizar una denuncia sobre violencia “debería haberse exceptuado” al acompañante, más allá de que se contempla a los hijos, y expresó que “eventualmente” podría dictarse una aclaración. En esa línea, remarcó que “varias provincias están adhiriendo a esta resolución” e incluso San Luis aclaró que se puede exceptuar al acompañante.

Entre otros temas, Gómez Alcorta se refirió a la implementación de la Ley Brisa, a la situación habitacional de personas trans y travestis , y a “las dificultades para el acceso a la ILE -Interrupción Legal del Embarazo- en el marco de la emergencia.

Tal cual lo anticipado por parlamentario.com el fin de semana, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, se presentará este miércoles, convocada por la Comisión Banca de la Mujer.

La titular de esa comisión, Norma Durango, convocó a reunirse de manera virtual este miércoles a partir de las 15. El temario establece hablar de las acciones llevadas a cabo por esa cartera en el contexto de la pandemia por el virus Covid-19.

De tal manera esa comisión del Senado será la primera en reunirse, y Gómez Alcorta la primera ministra en presentarse en esa Cámara, luego de que se postergara la reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social a la que había sido convocado el ministro Claudio Moroni.

En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la Cámara de Diputados de la Nación entregó este martes una distinción especial a 22 mujeres trabajadoras argentinas en reconocimiento por el protagonismo de sus acciones en la vida social, su compromiso histórico y el aporte invaluable que realizan en la lucha por los derechos de todas las mujeres.

El acto se llevó a cabo en el Salón de Pasos Perdidos y estuvo encabezado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, quienes le entregaron una medalla y un diploma a cada una de las mujeres distinguidas.

Norma Allegrone de Fonte, Nicole Becker, Mabel Bianco, Alejandra Darín, Diana Dowek, Marcela Durrieu, Virginia Franganillo, Griselda Gambaro, Eva Giberti, Paloma Herrera, Lía Jelín, Ana Carmen Macri, Juliana Marino, Yanina Martínez, Zulema Maza, Sandra Mihanovich, Marta Minujín, Claudia Piñeiro, Susana Rinaldi, Cecilia Roth, María Romilda Servini de Cubría y Susana Stochero, fueron las mujeres distinguidas.

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Todas ellas cuentan con una destacada trayectoria profesional, han sido pioneras en sus rubros en la reivindicación por la igualdad y, en la actualidad, son voces representativas y referentes de las nuevas generaciones.

Durante el acto, el presidente de la Cámara manifestó “que en la Argentina de hoy se está terminando esa sociedad que castiga, marca o señala a la mujer. El empoderamiento de la mujer se está transformando en un permanente reconocimiento de derechos”.

“Todavía nos falta a muchos de nosotros terminar de deconstruirnos, salir de la sociedad patriarcal, entender que, en una sociedad de iguales, somos iguales. Este reconocimiento intenta ser una caricia en el alma a cada una de ustedes y a cada una de las mujeres que hoy no está acá, pero que tuvo que pelear por su lugar en desventaja, con señalamientos, en condiciones desiguales”, añadió Massa.

“Mientras haya una mujer en la Argentina que sienta que no está protegida o amparada, que sienta la desigualdad, tenemos la tarea de pelear para generar un clima de igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, hombre y mujeres por igual, en representación, en política y en derechos”, concluyó.

Por su parte, la ministra Gómez Alcorta explicó que “estamos dando estos reconocimientos a 22 trabajadoras que son artistas, actrices, cantantes, deportistas, políticas, escritoras, sindicalistas, juezas, bailarinas, todas profesiones que durante muchísimo tiempo nos estuvieron vedadas a las mujeres”.

Al mismo tiempo, destacó que “siempre aprendimos algo: cuando se abre la puerta para una mujer, se abre la puerta para todas”. “Hoy estamos más organizadas, más potenciadas, nuestras manifestaciones son mucho más masivas. Cuesta cada vez menos, pero sigue costando”, cerró Gómez Alcorta.

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, pasó este martes por la Cámara de Diputados, donde se acordó realizar una capacitación de género a diputados y diputadas el próximo 3 de marzo, en el marco de la Ley Micaela.

En primer lugar, Gómez Alcorta fue recibida por el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, en el Salón de Honor, junto al jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y las diputadas Cristina Álvarez Rodríguez y Cecilia Moreau.

En esa reunión se acordó que el 3 de marzo se llevará a cabo en el recinto una capacitación de género destinada a diputados, diputadas y personal del Congreso, dictada por especialistas de acuerdo a la Ley 27.499, conocida como Ley Micaela.

Asimismo, se abordó la agenda legislativa de género y la necesidad de profundizar el análisis parlamentario sobre la brecha salarial entre mujeres y hombres.

A continuación, Gómez Alcorta se reunió durante más de tres horas con diputadas oficialistas en las oficinas del bloque, también con la presencia de Máximo Kirchner.

“Fue un encuentro en el que sobre todo pudimos escucharnos con todas las compañeras. Escuchamos las inquietudes, los proyectos, las particularidades que hay en cada territorio y pudimos pensar cómo crear puentes para articular las políticas del ministerio con la agenda legislativa de las diputadas”, expresó la ministra.

Gómez Alcorta estuvo acompañada por la jefa de Gabinete del Ministerio, Lara González Carvajal; Josefina Kelly, secretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género; y Cecilia Merchán, secretaria de Políticas de Igualdad.