La reciente decisión del Gobierno nacional de cerrar las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse me llena de tristeza e indignación. No es solo el cierre de dos complejos hoteleros; es el fin de un sueño colectivo, de una política que durante décadas hizo posible que miles de familias trabajadoras, jóvenes y jubilados pudieran conocer su país y vivir la experiencia de unas vacaciones dignas.

Desde su inauguración en 1950, estos complejos han sido testigos de incontables momentos de alegría, de niños que veían el mar por primera vez, de abuelos que se reencontraban con su infancia, de familias que hallaban un respiro en medio de sus luchas diarias. Y lo sé porque lo vi con mis propios ojos. Entre 2013 y 2015, gestioné que más de 5.000 jóvenes rionegrinos viajaran gracias a estos programas. Recuerdo sus caritas iluminadas al subirse al micro, algunos con nervios, otros con una sonrisa radiante, sintiendo la emoción de emprender un viaje que quedaría grabado en sus recuerdos para siempre.

Aun hoy me cruzo con adultos que me cuentan cómo aquel viaje marcó su infancia, cómo les abrió los ojos a un mundo más grande, cómo los llenó de sueños. Porque de eso se trata: de garantizar derechos, de abrir puertas, de hacer que la felicidad no sea un lujo reservado para unos pocos.

Cerrar estos complejos es cerrar oportunidades, es quitarle a las nuevas generaciones la posibilidad de viajar, de aprender, de compartir. Es, además, poner en riesgo más de 500 puestos de trabajo y golpear a las economías locales que dependen de estos espacios.

No podemos aceptar que una decisión administrativa borre de un plumazo décadas de justicia social. Por eso, insto al Gobierno nacional que recapacite, que escuche a quienes vivieron esta experiencia, que entienda que Chapadmalal y Embalse no son solo hoteles: son símbolos de un país que alguna vez soñó con la igualdad de oportunidades.

Defenderlos es defender el derecho a soñar, a conocer, a sentirnos parte de algo más grande. Es defender la esperanza de un país más justo, más inclusivo y, sobre todo, más humano.

La diputada nacional Ana María Ianni (Unión por la Patria – Santa Cruz) presentó -con el acompañamiento de un nutrido número de legisladores nacionales- dos proyectos de ley que tienen por finalidad consolidar el marco legal que ampara al turismo social y protege a las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse. Además, impulsó una campaña en redes sociales para que la ciudadanía se sume a la defensa de los complejos hoteleros.

Sendas iniciativas surgen como “respuesta al constante atropello del Gobierno Nacional que pretende aniquilar las políticas públicas vinculadas al turismo social y cerrar o privatizar el funcionamiento de las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse”.

La primera de ellas propone modificar el articulado del apartado dedicado al Turismo Social en la Ley Nacional de Turismo buscando “brindar un marco legal más sólido al turismo social, ampliando y detallando los objetivos del plan, definiendo el financiamiento y especificando las facultades de la autoridad de aplicación”.

“El turismo social fue instaurado como una verdadera política de estado trabajando incansablemente para lograr su inserción en la agenda gubernamental, acompañado de otras decisiones económicas, vinculadas a la generación de riqueza y de empleo, que queda finalmente formalizada con la sanción de la Ley Nacional de Turismo del año 2005”, fundamentó y precisó que “fue producto de un proceso de construcción colectiva, en este sentido, la sanción de dicha ley y su decreto reglamentario(decreto 1.297/06) formalizaron cambios contundentes para la actividad turística dándole formalidad y catalogándola como una ‘actividad socioeconómica, estratégica y esencial’, y ‘prioritaria dentro de las políticas de Estado’”.

El otro proyecto aspira a dejar instituido por ley la declaración de los complejos turísticos de Chapadmalal (provincia de Buenos Aires) y Embalse Río III (provincia de Córdoba) como Monumentos Históricos Nacionales, algo que rige por decreto desde el año 2013.

“Estos sitios emblemáticos dedicados al turismo social constituyen en sí mismos un atractivo turístico, con alto valor histórico, arquitectónico, cultural y patrimonial”, aseguró la legisladora. “Por tal motivo - continuó - es menester declararlos como monumentos históricos nacionales con fuerza de ley adquiriendo así la protección prevista en nuestra normativa”.

Ianni contó que “a fin de visibilizar la suerte que corren actualmente las unidades turísticas, cerradas totalmente a la posibilidad de recibir visitantes y con un futuro totalmente incierto, se activó una campaña donde se convoca a la ciudadanía a sumarse en la defensa de estos sitios que, en muchos casos, representaron la posibilidad de vacacionar por primera vez o de conocer el mar”.

“Durante 73 años los complejos recibieron a miles de argentinos y argentinas de todos los rincones del país. Hoy, se invita a quienes se hayan alojado allí, a subir una foto en sus redes sociales con el hashtag #YovisiteChapadmalal o #YovisiteEmbalse, para concientizar sobre la importancia de mantener los hoteles en la órbita del Estado, y en pleno y exclusivo funcionamiento para el uso del turismo social”, manifestó la diputada.

Las Unidades Turísticas fueron creadas en 1950 para garantizar el derecho a vacacionar de los sectores populares, convirtiéndose en un símbolo del turismo social. En Chapadmalal, el predio consta de nueve hoteles y edificios complementarios, mientras que Embalse cuenta con casi 3.000 plazas distribuidas en siete hoteles y 50 casas. Cabe destacar que, sólo en los últimos ocho años más de medio millón de personas accedieron a los beneficios de alojamiento en estos históricos complejos.