Tras lo sucedido en la última sesión en torno a su situación personal, la senadora Anabel Fernández Sagasti (Justicialista) presentó un proyecto para modificar el reglamento del Senado y que "exclusivamente las senadoras con contraindicación médica de viajar por estar embarazadas puedan sesionar y votar de forma remota, mientras dure esa restricción".

Al anunciar este lunes la iniciativa, la legisladora aseguró que se trata de que "a ninguna provincia le vuelva a pasar lo que le pasó a Mendoza", en relación a que no pudo participar ni votar en la sesión en la que se trató el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.

Si bien Fernández Sagasti, quien cursa un avanzado embarazo de riesgo, había solicitado que se le otorgue la posibilidad de participar y votar virtualmente y la vicepresidenta Victoria Villarruel la autorizó -pero dejando la resolución en manos del Cuerpo-, el pleno del Senado no sometió a votación el decreto de Presidencia y envió el asunto a comisión.

En defensa de su proyecto, la camporista señaló que "es un criterio único, objetivo y acotado: certificación médica que acredite riesgo de embarazo y contraindicación de viaje. No es una puerta abierta a cualquier pedido. Es una excepción puntual, para una situación puntual".

Asimismo, insistió en que tiene como fin que "ninguna provincia se quede sin parte de su representación por una situación como esta. La distancia no puede ser motivo para que un pueblo pierda su voz en una votación clave".

Además, Fernández Sagasti recordó que "no es la primera vez que el Senado resuelve esto: sesionamos de forma virtual durante la pandemia, con el aval de la Corte Suprema (sin cambiar el reglamento). Sabemos hacerlo cuando queremos".

"Esto no es sobre mi banca. Es para que en el futuro ninguna senadora, de ningún signo político, en ninguna provincia, que quiera formar una familia, tenga que elegir entre su embarazo y la representación de su pueblo", sostuvo.

Fernández Sagasti dijo también que le "hubiese gustado explicar esto en la sesión del jueves, en la que estuve conectada, pero me enteré en el mismo momento que ustedes que el decreto que me autorizaba a votar se pasaba a comisión, mezclado con otro pedido que nada tenía que ver, a mano alzada y sin discusión". Esto último fue en referencia al pedido que también había solicitado para participar remotamente el radical catamarqueño Flavio Fama, operado de la rodilla.

"Por eso presenté este proyecto. Para que a ninguna provincia le vuelva a pasar lo que le pasó a Mendoza", concluyó la mendocina.

Diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por la radical Soledad Carrizo, presentaron un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo sobre la investigación del ingreso de embarazadas rusas a Argentina.

"Frente al ingreso de mujeres rusas embarazadas a nuestro país, y la posible vinculación con organizaciones criminales que promueven las tramitaciones de la ciudanía argentina, exigimos respuestas inmediatas y no solo justificativos oficiales que dejan incertidumbre", señaló Carrizo.

La cordobesa dijo que se busca "conocer en detalle esta situación y las medidas que el Gobierno está adoptando para prevenir nuevos ingresos irregulares de migrantes".

"La gestión de Alberto Fernández se ha destacado en la relación colaborativa-estratégica con la Federación de Rusia", advirtió la radical y añadió: "Esta grave situación reclama diálogo oficial y un abordaje multilateral para prevenir el crimen organizado que afecta nuestra soberanía e intereses nacionales".

Sobre esto último, la legisladora amplió que "muchas son las sospechas que nos traen los casos de las mujeres rusas que vienen a parir a nuestro país, por eso le preguntamos al Ejecutivo qué ocurre con estas mujeres, si hubo denuncias y si algún organismo estatal conocía esta situación o si el ingreso de estas mujeres estaba acordado entre Cristina Fernández de Kirchner y Vladimir Putin".

En la solicitud se consulta "si se han adoptado medidas de acción conjuntas entre las autoridades de migraciones y las autoridades a cargo de resolver las solicitudes de obtención de ciudadanía argentina, por naturalización (consulado argentino en el exterior o RENAPER), o por opción (tribunales federales) frente a los hechos de público conocimiento".

También si existen denuncias iniciadas en Argentina (ante las autoridades jurisdiccionales o administrativas competentes) por parte de personas de nacionalidad rusa sobre la existencia de organizaciones criminales que participan del proceso migratorio e involucran promesa de obtención de ciudadanía o documentación oficial argentina.

Asimismo se requiere información desde los centros de salud de gestión pública o privada; cuáles son las medidas que se prevén para evitar la continuidad de estas prácticas; si se ha requerido oficialmente a las autoridades de la Federación Rusa intervención en esta situación; y si se ha informado oficialmente desde las autoridades de otro país sobre el desarrollo de estas prácticas que involucran organizaciones criminales que promueven migraciones a la República Argentina.

La senadora nacional María Belén Tapia presentó ante el Senado de la Nación un proyecto de comunicación que solicita al Poder Ejecutivo declarar esenciales y prioritarios los cuidados y atención física y emocional a las mujeres embarazadas durante la gestación y posterior puerperio en todo el territorio argentino.

El proyecto fundamenta que, en el marco de la pandemia por la Covid-19, “miles de mujeres embarazadas atraviesan dificultades para acceder a controles básicos necesarios para el embarazo que ponen en peligro, en muchas oportunidades, la salud de la madre o la de su hijo en gestación como así también su bienestar emocional”.

La importancia de los controles prenatales desde su inicio y la actual imposibilidad de realizarlos regularmente, ponen de manifiesto la preocupación de muchas mujeres argentinas, sostiene la senadora que en 2018 votó en contra del proyecto de aborto legal. Advierte que siete de cada diez han recibido la cancelación de turnos programados y la obtención de permisos de circulación para acudir a ellos agrava la situación, más en escenarios en los que la residencia y el centro de asistencia se encuentran en diferentes jurisdicciones, subiendo así el índice de embarazos sin control de 32% a 42%.

“Es menester poder garantizarle a cada mujer la atención sanitaria correspondiente, de modo que pueda atravesar su embarazo con total regularidad y tranquilidad, brindándole las herramientas necesarias para asegurar la integridad y el cuidado de la salud de su bebé y la propia. En este tiempo en el que se visibilizó la importancia del cuidado de la salud, no podemos excluir de ello a nuestras embarazadas, por lo que este proyecto busca protegerlas en tal sentido”, declaró la senadora.