El diputado nacional Pedro Galimberti (UCR – Entre Ríos) presentó un proyecto de ley para modificar la Ley de Emergencia Agropecuaria, puntualmente busca reducir los reduciendo del 50% al 30% para considerar la situación como emergencia, y del 80% al 50% para declararlo como desastre.

En principio, la iniciativa propone que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, u el organismo que en el futuro lo reemplace, será la Autoridad de Aplicación y establecerá la estructura y la forma de implementación del Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios.

Así, busca la creación de una Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, que será presidida por la Autoridad de Aplicación, y estará integrada por los representantes del Consejo Federal Agropecuario y miembros de las asociaciones de representantes de productores agropecuarios con personería jurídica nacional, y tendrán como función formular propuestas con relación a los mecanismos de monitoreo y evaluación del sistema.

También, podrá solicitar al Ejecutivo Nacional la declaración de emergencia o desastre agropecuario que se encuentren o puedan ser afectadas por factores de origen climático, meteorológico, telúrico, biológico o físico, que no fueren previsibles o siéndolo fueren inevitables que, por su intensidad o carácter extraordinario, afecten la producción o capacidad productiva.

“Los estados de emergencia y/o desastre agropecuario deberán ser declarados por los productores, mediante el canal físico y/o digital que elabore la provincia en la que se encuentre o ante la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios. En caso que sea la Comisión quien recepcione las declaraciones, se encargará de informar a la provincia las declaraciones recibidas, instándole a declarar la zona en Estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario. Asimismo, convocará a la adopción de igual decisión en el orden nacional, debiendo ésta expedirse en un plazo no mayor de veinte (20) días”, agrega.

El artículo 6, propone que para gozar de los beneficios emergentes los productores afectados en su producción o capacidad de producción en un 30%, se acreditarán en situación de emergencia y los productores afectados en un 50%, se acreditarán en situación de desastre.

También plantea agilizar las tramitaciones de los productores ante el Estado y habilitar la presentación digital de las Declaraciones Juradas, ya sea ante las Provincias o la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios.

En otro punto, busca reforzar el Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA) que pasaría a ser de un 5% del total de la partida presupuestaria asignada a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Además, con el objetivo de mantener un valor constante se establece que los recursos del Fondo se compongan del valor equivalente a 20 millones de litros de nafta especial que, a valores de agosto de 2023, serían 5 mil millones de pesos. El proyecto también contempla prórroga del vencimiento, excepción de impuestos, pago de aranceles de aportes y contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino, reducción de alícuotas, suspensión de la iniciación de juicios e intimaciones, entre otros beneficios.

El senador nacional Sergio “Oso” Leavy (FdT – Salta) destacó a través de sus redes sociales que el Gobierno Nacional declaró este jueves el estado de emergencia y/o desastre agropecuario por sequía para productores de diez departamentos de la provincia de Salta, por el término de un año.

“La Resolución 445/2023 incluye a los departamentos de Anta, La Candelaria, General Güemes, General San Martín, Iruya, Metán, Orán, Rivadavia, Rosario de la Frontera y Santa Victoria”, precisó Leavy.

Al respecto, recordó: “Desde enero vengo solicitando la Declaración de Emergencia por sequía para toda la provincia a través del Proyecto de Ley 3316/22, ante la sequía más grande de los últimos 20 años que enfrenta Salta y muchas provincias de nuestro país”.

En esa línea, también comentó que realizó “gestiones por esta situación de extrema gravedad ante el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, el entonces jefe de Gabinete, Juan Manzur e incluso ante el presidente de la Nación, Alberto Fernández y parte del gabinete nacional el 7 de febrero de este año, en la provincia de Tucumán”.

“Se trata un alivio importante para que puedan planificar y tener una perspectiva más esperanzadora dentro del sector agroganadero local, pero entiendo que debemos continuar acompañando al sector con proyectos de ley que potencien de manera integral a las economías regionales”, planteó el salteño.

Por último, informó que “en este sentido, recientemente he presentado un Régimen de Reconversión Productiva Agraria y existen varias propuestas en el Congreso que tratan la promoción del sector con un enfoque de incorporación de valor agregado de manera ambientalmente sostenible”.

Tras conocerse la decisión de la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la provincia de Buenos Aires que recomienda la declaración del Estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario por sequía, la Mesa Nacional Agropecuaria de la Coalición Cívica envió una carta al secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo, en la que le solicita que su cartera adopte la misma medida para permitir a los productores de todo el país acceder a los beneficios que otorga la ley.

A raíz de esta situación climática producto de la falta de lluvia, a la que se suma el fenómeno de heladas tardías que afectan el desarrollo del trigo, la cebada y los cultivos de invierno; el gobierno de la provincia de Buenos Aires, tras el reclamo de la oposición, declaró la emergencia y/o desastre agropecuario en municipios del interior bonaerense.

Desde la CC le  solicitan al Gobierno nacional que “contemple la situación que vive el sector en los impuestos nacionales”.

“Estudios realizados en el noroeste de la provincia, y que compara la campaña actual con la anterior, exhibe una reducción en el área sembrada de trigo en el orden del 35%. Hoy se estima un rinde promedio a la actualidad de 1200 kilos por hectárea, a diferencia de los 3900 del año pasado”; explican desde la mesa agropecuaria de la CC.

“Esta situación reduce miles de toneladas de producción dentro de la provincia de Buenos Aires, que sin dudas repercutirán negativamente en la economía de los productores que invierten y arriesgan, como también del Estado, que perderá capacidad recaudatoria”, añaden.

La Mesa Agropecuaria de la CC señala que “en el mismo territorio bonaerense, el promedio histórico de esa zona respecto de lluvia caída es de 1007 mm en el año, la campaña pasada el promedio fue de 675 mm y en la actual, hasta principios de octubre, el acumulado era de 405 mm, es decir, muy por debajo de los promedios, con un fuerte impacto sobre los cultivos y el suelo”.

“Es necesario que el Gobierno nacional dé una respuesta al agro y que entienda que la situación es catastrófica. El Estado debe acompañar al campo cuando más lo necesita y no sólo acudir al sector cuando le aprieta el zapato, con el objetivo de esquilmarlo con impuestos”, concluyeron.

La provincia de Corrientes aún tiene grandes focos de incendios a la espera de lluvias para ayudar a los bomberos a apagarlos. En ese contexto, la legisladora nacional Ingrid Jetter (Pro) presentó un proyecto para requerir informes sobre los fondos del Plan de Manejo del fuego administrados actualmente por el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, solicitando la actualización de fondos previstos en la Ley Nacional 26.509/09 de emergencia agropecuaria y trabajando con distintos sectores damnificados.

Por este motivo la diputada se reunió con el ministro de la Producción de la provincia, Claudio Anselmo, y con el director de Defensa Civil, Eulogio Márquez, a fin de intercambiar información sobre la situación alarmante que sufre nuestra provincia respecto a las grandes quemas.

“Los efectos del cambio climático golpean a las poblaciones en general y al campo correntino. La sequía afectó a productores y contribuyó a la propagación de incendios forestales y rurales que arrasaron más de 335.043 hectáreas en la provincia”, según un informe del INTA recientemente difundido.

En este marco, Jetter explicó: “El Gobierno provincial decretó el 1 de febrero la emergencia ígnea por 6 meses.  Esto permite al Ministerio de Producción de Corrientes crear un comité de crisis para coordinar acciones, atender la emergencia y articular con los municipios. Asimismo, el gobernador Gustavo Valdés declaró este lunes la emergencia agropecuaria para todas las actividades del territorio de la Provincia, la normativa regirá hasta el 30 de junio e implica beneficios fiscales, crediticios y la posibilidad de asistencia directa”.

“Esperamos que Nación, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, se sume a la Emergencia Agropecuaria declarada en la provincia de Corrientes, cuanto antes. Lamentablemente ya se han quemado más de trescientas mil hectáreas, pero esto no deja de ser una oportunidad para entender que ‘todos’ debemos estar comprometidos de verdad, sin improvisaciones, mezquindades ni banderías políticas en evitar que siga o vuelva a suceder. Corrientes lo merece y los bomberos de los 47 cuarteles de toda la provincia, que han dejado su vida, una vez más, para que la realidad no sea aún peor”, sostuvo la legisladora del Pro.

El senador radical que integra el bloque de Juntos David Hirtz presentó en la Cámara alta, una iniciativa parlamentaria, solicitándole al Ejecutivo provincial que arbitre las medidas necesarias para que se declare la emergencia o desastre agropecuario debido al impacto que ha generado en el sector, la extrema sequía que atraviesa la provincia de Buenos Aires.

A su vez, el legislador bonaerense manifestó su preocupación por el duro impacto climático que la sequía de este último período ha producido en los cultivos y en el ganado a lo largo de la Provincia.

Por ello solicita que tomen las medidas necesarias y el respectivo apoyo generando conjuntamente con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Desarrollo Agrario, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y los organismos técnicos pertinentes, líneas de apoyo financiero a tasas accesibles para los productores damnificados. 

A lo largo de su presentación sostuvo que, “el mes de enero de 2022 pasará a la historia por sus altas temperaturas y escasas lluvias, marcando el principio de las primeras consecuencias notorias del impacto climático y el deterioro ambiental que atravesamos a escala global. Si bien en los últimos días ciertas zonas han recibido precipitaciones, a la fecha, el escenario es adverso para muchos productores, ya que la ola de calor ha generado efectos imposibles de revertir”.

“Estamos pidiendo al Poder Ejecutivo su intervención, dando paso a las herramientas que la Ley 10.390 ofrece, para dar respaldo a uno de los sectores neurálgicos de la economía provincial y nacional, una fuente laboral y de sustento de gran parte del interior bonaerense, como así también dotar de recursos para cumplimentar las disposiciones de la Ley 13.647 que crea el Plan de Desarrollo del Sudoeste Bonaerense”, remarcó Hirtz.

“El sector agropecuario se encuentra nuevamente frente al angustioso escenario de bajos rindes productivos, pero también al deterioro mismo de su herramienta de vida: el suelo’, detalló el senador sureño.

Y consignó que “cerca del 80% de las hectáreas productivas han sufrido un impacto irreversible o de muy difícil reparación”.

“Si bien este panorama aqueja a un volumen importante de trabajadores rurales de toda la provincia, en zonas como el sudoeste bonaerense hay una profundización del fenómeno ya que las condiciones edafoclimáticas adversas se acrecientan, marcando un rumbo sombrío a cualquier posibilidad de producción”, concluyó el legislador opositor Hirtz.

La senadora nacional Silvina García Larraburu, en comunicación permanente con Cámaras, Federaciones, Asociaciones y Productores, continúa realizando gestiones ante el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a fin de declarar la emergencia agropecuaria a nivel nacional: “Es muy necesaria para los productores del Alto Valle de Río Negro y Neuquén; así como también, para quienes se encuentran en el Valle Medio Rionegrino”, consideró.  

“Las inclemencias climáticas del mes de octubre tuvieron lugar en un momento crucial del desarrollo fenológico de las plantaciones. A raíz de esto, hoy existen chacareros que perdieron hasta el 100% de su cosecha y otros que sufren las consecuencias de la baja en la calidad de sus cultivos, que impacta en la clasificación, venta y precios de la fruta”, argumentó. 

Asimismo, indicó que “los productores destacan la necesidad de abordar gestiones tendientes a resolver situaciones concretas. Por ejemplo, la situación de los productores que se encuentran cumpliendo en tiempo y forma con planes de pago ante la AFIP, y sin embargo ven imposibilitado su acceso al crédito, al ser informados como deudores por la Agencia ante la autoridad de contralor de entidades financieras”. También remarcó la “necesaria actualización del importe previsto en concepto de remuneración bruta por el art. 4 del Decreto Nacional 814/2001”. Y finalmente, la “necesidad de evaluar la extensión de los plazos de moratoria por 18 meses de noviembre 2021 a abril 2023 y posibilitar el acceso a Programas de Recuperación Productiva (RePro), en base a la afectación crítica que las inclemencias climáticas significaron para su producción”. 

Concluyó: “Debemos declarar la Emergencia Agropecuaria y generar las vías necesarias para escuchar y atender los reclamos de nuestros productores, en el sentido de construir una agenda coordinada de trabajo y cooperación”. 

La senadora Silvina García Larraburu (Frente de Todos – Río Negro) se comunicó con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, para transmitirle las diferentes situaciones que se está padeciendo en los departamentos afectados y pidió declarar la emergencia agropecuaria por las heladas en el Valle rionegrino.

“Pedimos que Nación y provincia puedan actuar de manera mancomunada para que primero se declare la emergencia en Río Negro, y de esta manera el Gobierno Nacional pueda hacer lo propio. Es la herramienta más urgente que necesitan nuestros productores, muchos de los cuales perdieron más del 70 por ciento de sus cosechas”, sostuvo la senadora oficialista.

En este sentido, advirtió que “lo que está pasando en el Valle es muy preocupante y genera una enorme angustia colectiva. Hay chacareros que perderán su producción y otros que deberán afrontar una baja en la calidad de sus cultivos, impactando de manera directa en sus precios y ventas.”

“Además de las repercusiones individuales, si no se toman las medidas pertinentes, esta situación conducirá a la pérdida del empleo de los trabajadores rurales comprometidos en la tarea; la destrucción del dinamismo económico que genera la actividad en el Valle; la caída considerable de las exportaciones de nuestra economía regional; el ahogo financiero de los hombres y mujeres del campo rionegrino; y la imposibilidad de afrontar los costos de la próxima cosecha”, detalló García Larraburu.

Por último, resaltó: “Somos conscientes que las inclemencias climáticas que origina el calentamiento global es una problemática mundial, de la cual nuestro país, si lo analizamos a escala internacional, no es responsable y sí es víctima”, y agregó “lamentablemente, no depende exclusivamente de nuestra buena voluntad poder corregirlo”.

“De todas formas, sí creemos que con los recursos humanos y tecnológicos que abundan en Argentina, podemos comenzar a pensar y diseñar soluciones más estructurales y a largo plazo”, concluyó la legisladora rionegrina.

El diputado bonaerense de Juntos, Luciano Bugallo, presentó un proyecto en la Legislatura provincial con el objetivo de que la Provincia de Buenos Aires declare la “emergencia o desastre agropecuario” en los Partidos de Dolores y Pila, que ha sido sumamente afectados por las inundaciones.

Las abundantes lluvias precipitadas en las últimas semanas dejaron como resultado que unas 330.000 hectáreas productivas de los partidos bonaerenses de Pila y Dolores se vieran gravemente afectadas por inundaciones que dejaron importantes daños en áreas urbanas y rurales de ambas localidades.

A este oscuro panorama se le suma que, en los últimos diez días, en la región se acumularon, según las zonas, entre 200 y 250 milímetros y el agua comenzó a circular a gran velocidad por canales que ya se saturaron y desbordó en los campos.

Ante esta catástrofe, el pasado 24 de septiembre, se realizó una reunión en la sede de la Sociedad Rural de del Partido de Dolores, en la que estuvieron presentes funcionarios del Municipio e integrantes de la Sociedad Rural de Dolores, como así también los Gerentes de las Sucursales de Dolores del Banco de la Provincia y del Banco Nación entre otros.

En la asamblea se hizo un análisis sobre las pérdidas por problemas de parición, la mortandad de terneros, por la gran cantidad de animales aislados y la imposibilidad de ingreso a las zonas inundadas, concluyendo en la elevación de un pedido de declaración de Emergencia o Desastre Agropecuario para la totalidad del Partido.

En virtud de lo solicitado por los productores y entidades de la región, el diputado de origen rural, el “lilito” Luciano Bugallo, presentó un proyecto en el que requiere que el gobierno de Axel Kicillof tome cartas en el asunto y decrete la Emergencia Agropecuaria en las jurisdicciones comprometidas por el desastre climático.

Para el autor de la iniciativa “en este momento tan difícil para los productores de la zona, es fundamental que el gobierno del Frente de Todos, en lugar de hacer lo de siempre, es decir castigar y expoliar al campo, tienda una mano y ayude a los sectores afectados por las inundaciones con medidas especiales de apoyo económico y con obras hidráulicas, de acuerdo a la magnitud de los perjuicios soportados por los vecinos de Dolores y Pila”, afirmó Bugallo.

El proyecto ahora deberá ser debatido en comisiones y será potestad del Ejecutivo a través del Ministerio de Agroindustria, considerar lo planteado por la oposición, en virtud del reclamo de centenares de productores que esperan una respuesta urgente del gobierno.