Durante la sesión de este martes en la Cámara de Diputados, donde la oposición avanzó con varios temas incómodos y resistidos por el oficialismo, se aprobó un emplazamiento a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para que trate un proyecto de ley que propone declarar la emergencia nacional en discapacidad.

La votación para que la comisión presidida por el libertario José Luis Espert se reúna el próximo miércoles 23 de abril de a las 12 horas para tratar el tema resultó con 126 votos positivos, 70 negativos y 15 abstenciones.

Se trata de una iniciativa cuyo autor es el diputado de Unión por la Patria Daniel Arroyo, presidente de la Comisión de Discapacidad, donde el texto recibió el primer despacho. Luego fue avalado también en la Comisión de Acción Social y Salud Pública.

El proyecto plantea declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027 y propone diversas medidas de protección y promoción de derechos para las personas de este colectivo.

A su vez, contempla el financiamiento adecuado de las pensiones no contributivas; el fortalecimiento de los prestadores básicos; que se garantice el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad y se sostenga el cupo laboral para personas con discapacidad.

Entre otros puntos, introduce ciertas modificaciones en la legislación vigente para armonizarla con las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En su carácter como titular de la Comisión de Discapacidad, el diputado Daniel Arroyo (UP) señaló que solo falta el tratamiento en la Comisión de Presupuesto. Así, enumeró tres razones para la declaración de la emergencia.

“Está claro que se ha desacomodado el sistema de prestaciones y hay una caída profunda del mismo y de atención a las personas con discapacidad. Los hogares, asociaciones civiles están a punto de cerrar porque todas tienen deuda con la ex AFIP y les han planteado que hasta junio se extiende y esa es la situación. Hacen ferias americanas para poder recaudar, venden cosas. El último aumento que se dio fue en diciembre del 0,5%. Está totalmente desacomodado el sistema básico de la prestación, eso amerita declarar la emergencia”, explicó.

Arroyo planteó como segunda razón las pensiones: “El Gobierno hizo auditorías y está bien, pero lleva ya 15 meses y nadie entiende cómo se da y han llegado más de 300 mil telegramas porque las personas no saben qué hacer y luego les dan de baja a la pensión por discapacidad. Llegan mensajes contradiciendo toda la lógica del Estado”.

“Hay 500 mil personas que se presentaron para acceder a la pensión y aún no pueden, en los últimos 14 meses solo accedieron 586, el 0,1%. La ANDIS está tratando de encontrar la cuadratura del círculo porque le piden un nivel de ajuste imposible de cumplir”, manifestó.

Por último, Arroyo cuestionó que “hay maltrato por parte del Gobierno” haciendo alusión a la radiografía de un perro que mostró el vocero presidencial Manuel Adorni en una conferencia de prensa de que una persona accedió a la pensión a través de esa placa. “Hay irregularidades, hay que auditar, pero no hay que maltratar. Hay una resolución la 187 que vuelve atrás con el concepto de invalidez, y ponen conceptos como ‘idiota’, ‘débil mental’, ‘imbécil’, para las personas con discapacidad volviendo 100 años atrás. El Gobierno pidió disculpas, estableció en un comunicado que iba a retroceder con ello, pero no lo hicieron”.

“Las personas con discapacidad vienen con problemas hace mucho tiempo, son invisibilidades, la pasan mal, hay problemas de recursos hace mucho tiempo, pero ahora se ha decidido desestabilizar totalmente el sistema con montos desacomodados fuera de cualquier lógica. Es necesario declarar la emergencia porque está todo desacomodado. Se plantea toar de base diciembre de 2023 antes del 120% de devaluación y actualizar el monto a hoy y tomarlo como base para actualizar los montos por inflación mes por mes. Es justicia y racionalidad económica. Hay que compensar partidas”, cerró.

Por el bloque Pro, la diputada Patricia Vásquez manifestó que “se pretende emplazar un sistema jubilatorio quebrado hace décadas. Tiene que ver con un desastre de 35 mil millones de dólares que desaparecieron del Fondo de Sustentabilidad de todos los jubilados mientras Massa hacía canjes de dólares y bonos en pesos, pero los desfinanció”.

“Cuando se analiza la auditoría en discapacidad, si no hubiesen hecho el desastre que hicieron, no se necesitarían las auditorías. De 1 millón de pensiones no contributivas se encontraron 25 mil para algunos que trabajan 60 mil que tienen incompatibilidades, 17.500 a extranjeros sin residencias, 112 mil menores. Si no hubieran hecho el desastre que hicieron, no estaríamos como estamos. No pongan sobre la mesa temas que nos importan mucho, pero con la engañosa intención de desequilibrar las cuentas fiscales porque esto no está acorde a la ley de administración financiera en su artículo 38 porque no dice de dónde sale la plata que se fumaron y la disfrazaron”, remató.

La cordobesa Alejandra Torres (Encuentro Federal) afirmó que “estamos en situación de emergencia con la cobertura de las personas con discapacidad. Es cierto que los aranceles están atrasados y ameritan un incremento en función de la inflación, pero también es cierto que el sistema de cobertura es totalmente arbitrario, injusto, burocrático”.

Así, propuso que “hay que hacer una reforma integral que vea y analice algo de que el factor de deterioro del sistema que es la CUD un certificado que carece de requisitos, parámetros claros y precisos. En 2011 pasamos de 9 mil personas con discapacidad a 2021 a 1 millón y medio, un 54% anual se incrementaba el porcentaje de personas con discapacidad siendo que no hubo eventos dramáticos que hubiesen provocado una inminente población con discapacidad”.

Entre las 12 y las 12.30 de este martes habrá tensión máxima en la Cámara baja, donde buena parte de la oposición busca realizar una sesión para tratar en principio la creación de una comisión investigadora por el escándalo $Libra, e interpelar y pedir informes a un puñado de altos funcionarios. Mientras que el oficialismo enciende velas para que las estimaciones que hacen se cumplan y la reunión fracase.

Pasa que el poroteo que realizan oficialistas y opositores inquieta a estos últimos, que ante las consultas periodísticas de este lunes se mantenían muy cautos.

Sucede que el Gobierno operó intensamente desde el jueves cuando se conoció el pedido de sesión para hacerla caer. En ese contexto, el bloque de Unión por la Patria -el más numeroso- reuniría a 93 de sus 98 miembros, en el caso de que faltaran los cuatro diputados catamarqueños y una santiagueña que ya no estuvo en el intento fallido de sesión registrado el 19 de marzo: Celia Campitelli.

Otro de los bloques que convocaron a la sesión es Encuentro Federal, de cuyos 15 miembros asistirían probablemente 9. Se estima que podrían estar ausentes 4 de sus 5 cordobeses; descontándose que sí se sentaría en su banca Natalia de la Sota.

Podrían faltar también los diputados alineados con los gobernadores de Chubut y Entre Ríos, Jorge “Loma” Avila y Francisco Morchio, respectivamente.

De Democracia para Siempre, estarían al menos 9 de sus 12 integrantes. Se duda de Melina Giorgi, que responde al gobernador Maximiliano Pullaro; Marcela Antola, alineada con Rogelio Frigerio y Jorge Rizzotti, alineado con el gobernador jujeño.

La izquierda estaría completa (5); de Por Santa Cruz estaría uno de sus dos miembros; y los 6 de la Coalición Cívica. Tal vez sí asistan dos diputados del Pro, Alvaro González y Héctor Baldasi.

No habrá mayor presencia del Pro, ni del radicalismo, que nunca han estado del todo de acuerdo con la moratoria previsional, más allá de que la hayan votado, y ese es precisamente uno de los temas con los que convocan a sesionar.

Según ese poroteo, los asistentes podrían llegar a ser 125, en cuyo caso les faltarían 4 para el quórum.

Cuatro que, de todos modos podrían salir tal vez del radicalismo, aunque ya en la sesión fallida del 19 de marzo solo asistieron del partido centenario dos de sus diputados.

Recordemos que los temas relacionados con el caso Libra son los únicos que cuentan con dictamen. No así el resto, por lo que terminarán impulsando emplazamientos a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para que acceda tratar tanto la emergencia en discapacidad, como los temas previsionales. Todo eso si se alcanza el quórum. Eso se sabrá, a más tardar, a las 12.30 de este martes.

Con la firma del secretario Parlamentario, Adrián Pagán, la Cámara de Diputados convocó a los diputados nacionales a sesionar este martes 8 de abril a partir de las 12, dando curso al pedido formulado el jueves pasado por 34 diputados encabezados por Pablo Juliano, de Democracia para Siempre.

La sesión es para debatir la conformación de una comisión investigadora sobre el caso $Libra, como así también interpelaciones y pedidos de informes sobre ese tema. También la emergencia nacional en discapacidad y por último una serie de proyectos relacionados con temas previsionales.

Todo lo inherente al escándalo cripto cuenta con dictamen. En cambio los otros temas no, por lo que buscarán en principio buscar los 2/3 para debatirlos sobre tabla -imposible-, y luego emplazar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para debatir los otros proyectos, habida cuenta de que no se ha hecho eco de esas cuestiones.

En el caso de la emergencia por discapacidad, ya hubo dictámenes en las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Discapacidad. Esta última realizó incluso la última semana una reunión informativa para esclarecer aún más sobre la situación imperante. Emplazarán así a la comisión que preside José Luis Espert para conseguir el dictamen que falta y llevar el tema al recinto.

Es lo mismo que harán con los temas previsionales, en este caso con plazo bien cercano. Sucede que para el día siguiente a las 10 de la mañana ha sido convocada la Comisión de Previsión Social que preside la radical Gabriela Brouwer de Koning y la idea es que Presupuesto sea sumada de esa manera a la convocatoria.

Sobre la cuestión previsional, los temas van desde la ampliación de la moratoria que venció hace dos fines de semana; hasta un bono extraordinario previsional, como así también proyectos que plantean un incremento excepcional y de emergencia para jubilados y pensionados. Además, hay proyectos para reconocer los años aportados, entre otras alternativas destinadas a los jubilados.

Si bien el temario es bastante amplio y diverso, la idea sería no extender la sesión más allá de las 17.30, de modo tal que pueda realizarse el plenario de comisiones que quiere darle dictamen a la reforma del Régimen Penal Juvenil. Eso sucederá si hay acuerdo entre los bloques en la reunión de Labor Parlamentaria que será convocada para una hora antes del mediodía.

El pedido de sesión fue formulado por los diputados Pablo Juliano, Germán Martínez, Miguel Angel Pichetto, Maximiliano Ferraro, Oscar Agost Carreño, Cecilia Moreau, Carla Carrizo, Paula Penacca, Emilo Monzó, Sabrina Selva, Marcela Coli, Margarita Stolbizer, Eduardo Toniolli, Facundo Manes, Nicolás Massot, Danya Tavela, Bernardo Herrera, Fernando Carbajal, Mónica Fein, Eugenia Alianello, Mariela Coletta, Esteban Paulón, Brenda Vargas Matyi, Juan Carlos Polini, Leopoldo Moreau, Manuel Aguirre, Julia Strada, Luana Volnovich, Itai Hagman, Ricardo Herrera, Carlos Heller, Sergio Palazzo, Daniel Arroyo y Pablo Yedlin.