Mediante el DNU 942/2025, el Poder Ejecutivo prorrogó la emergencia sanitaria hasta fines de 2026 y avanzó en una profunda reestructuración del área de discapacidad: disolvió la Agencia Nacional de Discapacidad, creó la Secretaría Nacional de Discapacidad en el ámbito del Ministerio de Salud y transfirió allí todas las competencias, presupuestos y obligaciones.
El Gobierno nacional volvió a recurrir a un decreto de necesidad y urgencia para introducir cambios estructurales en el Estado. A través del DNU 942/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2026 y dispuso la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que pasará a integrarse plenamente al Ministerio de Salud mediante la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad.
La medida se apoya en el informe final de la intervención dispuesta sobre la ANDIS en agosto pasado, que detectó severas irregularidades administrativas, financieras y de control interno, además de deficiencias estructurales en los sistemas de información, contrataciones y gestión de prestaciones. Según ese diagnóstico oficial, la fragmentación tecnológica, la falta de trazabilidad documental y los problemas en la administración de pensiones y servicios colocaban en riesgo la continuidad de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.
En ese marco, el decreto dispone la centralización orgánica y funcional de toda la política de discapacidad en el Ministerio de Salud, que asumirá la totalidad de las competencias, compromisos y obligaciones de la ANDIS, junto con la transferencia de créditos presupuestarios, bienes, personal y estructuras vigentes. El Ejecutivo argumenta que esta reorganización permitirá fortalecer los sistemas de control, transparentar las contrataciones, optimizar la ejecución presupuestaria y garantizar el rol del Estado como “punto focal” frente a los compromisos internacionales en la materia.
El DNU también modifica la Ley de Ministerios para ampliar las atribuciones de Salud en dos frentes sensibles. Por un lado, incorpora nuevas competencias vinculadas al control sanitario de los precursores químicos, en coordinación con el Ministerio de Seguridad Nacional, con el objetivo de aportar evidencia toxicológica y epidemiológica a las políticas de prevención y combate del narcotráfico. Por otro, redefine formalmente el rol del Ministerio de Salud como autoridad responsable del diseño y ejecución de las políticas públicas en materia de discapacidad y rehabilitación integral, incluyendo el control y auditoría de las pensiones por invalidez.
En los considerandos, el Gobierno sostiene que la gravedad de las irregularidades detectadas, sumada a la magnitud de los recursos comprometidos y al riesgo inmediato para la continuidad de las prestaciones, configura una “circunstancia excepcional” que impide seguir el trámite legislativo ordinario. En ese sentido, invoca la emergencia sanitaria declarada en diciembre de 2023 y ahora prorrogada hasta fines de 2026 como fundamento adicional para la adopción de medidas urgentes.
Tal como establece la Ley 26.122, el decreto deberá ser girado a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que tendrá diez días hábiles para expedirse sobre su validez. Luego, el DNU quedará en condiciones de ser tratado por ambas cámaras del Congreso, donde la oposición anticipa que pondrá bajo la lupa tanto la prórroga de la emergencia sanitaria como la decisión de avanzar, una vez más, con una reforma institucional de alto impacto mediante un decreto presidencial.
El oficialismo logró la media sanción de la "ley de leyes", pero perdió votos a la hora del Capítulo XI, que proponía derogar las leyes sobre discapacidad y financiamiento universitario.
Parte del interbloque Unidos. La oposición estalló de algarabía cuando se cayó un capítulo clave del Presupuesto.
En el debut de la composición parlamentaria y durante la primera sesión extraordinaria, el oficialismo en la Cámara baja logró la aprobación en general del Presupuesto 2026 con 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones.
Los votos afirmativos fueron 94 de La Libertad Avanza (no votó el presidente Martín Menem), 22 del interbloque Fuerza del Cambio, 7 de Innovación Federal, 3 de Elijo Catamarca, 2 de Independencia, 2 de Producción y Trabajo, 1 de La Neuquinidad y 1 de País Federal (el puntano Claudio Álvarez).
En tanto, los 97 negativos correspondieron 88 a Unión por la Patria, 4 del Frente de Izquierda, 2 de Encuentro Federal, 1 de Defendamos Córdoba (Natalia de la Sota), 1 de Primero San Luis (Jorge "Gato" Fernández) y 1 de País Federal (Marcela Pagano).
Las 19 abstenciones fueron 17 de Provincias Unidas y 2 de la Coalición Cívica, ambas bancadas dentro del interbloque Unidos -que también integra Encuentro Federal-.
Además de cinco ausentes de UP, tampoco estuvieron Gerardo González (País Federal) y Javier Noguera (Independencia).
Los votos que cambiaron en el Capítulo XI
A la hora de votar en particular el Capítulo XI, que resultó rechazado, el oficialismo perdió votos en el camino. Junto a 94 votos a favor de LLA, se mantuvieron 11 del Pro, 3 de la UCR y 1 de Por Santa Cruz, hablando del interbloque Fuerza del Cambio.
Sin embargo, por ese mismo interbloque Oscar Zago y Eduardo Falcone, del MID; y Álvaro González (quien aclaró que no iba a votar la derogación de leyes sensibles a cambio de la coparticipación de CABA), del Pro, se ausentaron.
Además, desde Fuerza del Cambio, los radicales Gerardo Cipolini y Darío Schneider se abstuvieron.
Sí acompañaron en el Capítulo XI 6 diputados de Innovación Federal (Salta y Misiones) y 2 de Producción y Trabajo (San Juan). Fueron en total 117 votos afirmativos.
En contra votaron 123 diputados: 88 de Unión por la Patria, 18 del interbloque Unidos, 4 del Frente de Izquierda, 2 de País Federal (uno revirtió su voto de la general a este capítulo específico), 1 de Primero San Luis y 1 de Defendamos Córdoba.
Pero además, de la general al Capítulo XI, pasaron de afirmativo a negativo, 3 de Elijo Catamarca, 2 de Independencia (Tucumán), 1 de la Neuquinidad (Karina Maureira), 1 de Innovación Federal (el salteño Bernado Biella, el único en su bloque).
Y por el interbloque Fuerza del Cambio, también votaron en contra Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) y el correntino Diógenes González (UCR).
Los diputados que habían votado a favor la insistencia de leyes y ahora avalaron su derogación
La fuerte polémica dentro del Capítulo XI pasó, sobre todo, por el artículo 75, que proponía la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.
Los diputados que en su momento votaron por la insistencia de ambas normas (en contra de los vetos del presidente Javier Milei) y esta vez avalaron el capítulo que contenía la derogación de las mismas fueron: Alberto Arrúa, Pablo Outes, Yamila Ruiz, Daniel Vancsik y Yolanda Vega, de Innovación Federal; y Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo.
Verónica Razzini, de La Libertad Avanza, también votó a favor este jueves: meses atrás, en el caso de discapacidad había avalado su insistencia y en el caso de universidades había estado ausente. También a favor del Capítulo XI lo hizo el santacruceño José Luis Garrido, aunque a viva voz aclaró estar en contra de ese artículo; él había avalado la insistencia de discapacidad, mientras que había apoyado el veto sobre universidades.
Por su parte, a favor del capítulo, votaron los radicales mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri. En su caso, en el pasado sólo habían avalado la insistencia de la Ley de Financiamiento Universitario en septiembre pasado.
Tiene más chances que puedan sesionar el miércoles siguiente. Sí lo haría el Senado el jueves 2 de octubre.
La actividad frenética en el recinto encontró una tregua la semana que pasó. Aunque nunca estuvo asegurada una reunión en Diputados para el último miércoles de septiembre, no faltaban quienes insistían en seguir adelante con las sesiones para acelerar el deterioro oficialista. Otros, más cautos, sugerían ahorrar municiones y juntar temas antes de convocar nuevamente.
Temas hay siempre, pero los convocantes son más puntuales. Y si algo entendió la oposición en general, la que ha conseguido hacerse de victorias sucesivas en los últimos tiempos, es que los mejores resultados los obtienen cuando acercan posiciones entre sí y acuerdan temarios consensuados, aun incluyendo los que los desunen; en esos casos, los ponen al final de la lista, cuestión de que si la situación amerita, se posterguen.
El argumento para posponer una eventual sesión el miércoles que pasó era esperar a tener listo el proyecto de reforma de la Ley 26.122, la que cambia la forma de administrar los decretos de necesidad y urgencia. Hechos los emplazamientos correspondientes, ese tema estará listo para la semana que se inicia. Si convocaban para el miércoles 24 de septiembre, solo tenían para tratar -de los temas salientes- el veto a la Ley de ATN, que ya tramitó con holgura el Senado la semana anterior. Pero ni siquiera había garantías de que se consiguieran los dos tercios, ¿para qué apurar las cosas entonces?
Todos coincidieron entonces en preparar el camino para el 1 de octubre, y lo dejaron expuesto el miércoles que pasó, en la inauguración del debate del Presupuesto 2026 en la comisión que preside el duro José Luis Espert. Cuando el primer candidato de LLA en la provincia de Buenos Aires planteó que la primera reunión informativa sobre la ley de leyes sería el miércoles que viene, a las 13, con la visita del secretario de Hacienda, varios diputados pidieron cambiar el día de reunión de Presupuesto y Hacienda, porque “los miércoles queremos sesionar”, y confirmaron que estaban trabajando en una reunión para el 1 de octubre.
Lejos de todo consenso, el autor de la frase “cárcel o bala” se mostró irreductible, y al despedirse lo hizo “hasta el miércoles 1/10 a las 13”.
Como “sesión mata comisión”, si hay sesión ese día, Carlos Guberman tendrá que agendarse otra fecha.
Pero el pedido de sesión no salió el viernes pasado. Contra lo que se esperaba, la falta de acuerdo en el seno opositor demoró la emisión de la nota correspondiente y promediando la tarde este medio supo que no saldría ese día. Ya se sabe que es uso y costumbre que las sesiones se anticipen el viernes de la semana anterior, cuestión de que los diputados del interior puedan organizarse con los vuelos.
Este fin de semana, una fuente consultada por parlamentario.com -de las que suelen suscribir las convocatorias- confirmó que “no hemos terminado de definir aún”, por lo que “hay más chances de que sea el 8” de octubre. La base de esa sesión, está claro, es el tema de los gobernadores (ATN) y la Ley de DNU.
Dicen que algunos querían sumar la moción de censura contra el jefe de Gabinete por el tema de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Sería un emplazamiento en ese caso, y había resistencias en el seno opositor para avanzar ya con eso. Otras fuentes dicen que no tuvo nada que ver. Y aclararon, contundentes: “No hay desacuerdo en nada. Estamos trabajando en un temari que tenga número”. Así las cosas, todo indica que la convocatoria para este miércoles 1° de octubre quedará para el miércoles venidero.
Sesión en el Senado
En la Cámara alta, en tanto, se habla de sesionar el jueves que viene. Con los vetos a las leyes de Financiamiento Universitario y la Emergencia en Pediatría en el temario.
Esos serían los platos principales de esa sesión a la que agregarán en el camino a la redacción de la convocatoria algunos temas más. Van con la garantía de tener un número más consolidado en esa Cámara y ensoberbecidos -por qué no- por los éxitos recientes: readaptando la frase “todo por dos pesos” de los 90, en el Senado se agrandan con un “todo por dos tercios”.
La derrota por la Ley de Emergencia en Discapacidad expuso la cada vez más amplia soledad parlamentaria de Milei y abrió un frente de conflicto con sus aliados “dialoguistas”. El escándalo por los agravios del influencer libertario “Gordo Dan” contra Luis Juez terminó de complicar un cierre de semana marcado por señales de aislamiento y tensiones preelectorales.
Fue la crónica de una muerte anunciada. El veto presidencial firmado para frenar la Ley de Emergencia en Discapacidad siempre tuvo el destino marcado. Votado con amplias mayorías en las dos cámaras, nada hacía prever lo contrario de lo que terminó pasando el miércoles a media tarde en el Senado, donde el oficialismo cumple a rajatabla la ley que todos los manuales de política parlamentaria expresan que no debe suceder: ningún gobierno debe perder votaciones en el recinto.
Y menos aún, acostumbrarse a perder.
Una regla que alcanza incluso al Gobierno de minoría más extrema en la historia democrática argentina. ¿No puede evitarlo? Lo hizo a lo largo del primer año de gestión, con la colaboración de los bloques que a partir de entonces recibieron el nombre de “dialoguistas”, que aceptaron de buena gana. Pero esos mismos bloques se fueron alejando. Aunque como el que avisa no traiciona, lo anticiparon con antelación suficiente; incluso el Pro, que de todas maneras siguió sumándole al oficialismo en la mayoría de los temas, incluso a pesar del insólito destrato que se le prodigó.
Los bloques del medio, que le garantizaron a La Libertad Avanza nada menos que la Ley de Bases y la protección del mega DNU 70/23 -que les debería haber garantizado la eterna gratitud presidencial, mas consiguieron a cambio que se los llamara “degenerados fiscales”, o simplemente “ratas”-, avisaron con tiempo que, aprobadas las leyes de gobernabilidad, buscarían atender su propia agenda. En su gran mayoría son legisladores que pertenecieron a lo que fue Juntos por el Cambio y tuvieron esa actitud atendiendo lo que consideraban les exigía su electorado, el que fue parte del 56% del balotaje.
Previsiblemente los dialoguistas le dieron la espalda al Gobierno en la votación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Votaron contra el veto los senadores del Pro y también los radicales, incluso los que tienen acuerdos electorales para octubre, como los mendocinos y el del Chaco, Víctor Zimmermann. También votaron en contra los provinciales, incluso los misioneros -casi incondicionales para el oficialismo, aun en casos como ficha limpia, que a esta altura nadie duda de que no hayan tenido el guiño del Gobierno-.
Solo votaron para sostener el veto los libertarios -no todos, pues la jujeña Vilma Bedia se retiró para no votar-, el nuevamente oficialista Francisco Paoltroni y la senadora bullrichista Carmen Álvarez Rivero, quien ha aceptado el papel de aliada incondicional del Gobierno y voluntaria vocera de sus ideas. De hecho, esta senadora que forma parte del bloque Pro fue la única voz que se elevó el jueves en defensa del veto, dado que nadie del bloque LLA lo hizo. El jefe de ese bloque, Ezequiel Atauche, que estaba anotado para cerrar el debate, se bajó.
Era una ley muy sensible, que demandaba un cuero muy duro para pronunciarse en contra. Como lo hizo otro cordobés, Luis Juez, que ya había intervenido con un emotivo discurso en la sesión que aprobó la ley. Esta vez no iba a hablar, pero lo hizo brevemente antes de votar. Se granjeó un deplorable posteo en la red social X del incalificable Daniel Parisini, un influencer y militante libertario conocido como “Gordo Dan”, que habita en las redes sociales como guardián de las ideas libertarias. Fue una agresión verbal de extrema violencia política y personal, tan grave que el jefe de Gabinete Guillermo Francos debió salir prestamente a tratar de acotar daños: por el canal TN avisó que ya se había comunicado con el senador Juez para pedirle disculpas, y desautorizó al militante libertario, quien ya había eliminado el tuit, aunque más tarde redobló la apuesta publicando otro mensaje con el mismo contenido, apenas suavizando el tono, pero igual de repudiable.
Si bien no cuenta con cargo oficial, Gordo Dan no es cualquier militante. Su influencia es tal que ha llegado a echar a miembros del gabinete nacional. De manera informal, pero efectiva. Dan cuenta de ello el ex secretario de Bioeconomía Fernando Vilella y el exsubsecretario de Deportes Julio Garro, eyectados tras tuits condenatorios del Gordo Dan.
El posteo del Gordo Dan que luego eliminó, aunque volvió a postear un mensaje similar.
Conductor del programa “La Misa”, del que el presidente se ha confesado fiel oyente, en el canal libertario Carajo, Parisini es asiduo anfitrión de Javier Milei, quien ha estado al aire allí más de seis horas, en busca del récord Guiness. Y lo que es más, lo ha reivindicado incluso cuando la polémica por el lanzamiento de Las Fuerzas del Cielo, agrupación que conduce el propio Parisini, que las definió como “el brazo armado de Javier Milei”. Entonces el presidente lo defendió, criticando “la miserabilidad de los medios, que agarraron la frase, la cortaron, quitaron lo último, que era la referencia explícita al celular y empezaron a hablar del brazo armado, y empezaron a compararnos con los hijos de remil puta que durante fines de la 60, inicios de los 70, mataban gente”.
Está claro que el mandatario se siente a gusto con el lenguaje que usa su controvertido adherente, al que no desautorizó ahora ni siquiera en las redes por su diatriba cloacal contra “su amigo” Juez. Como dijo el propio senador cordobés, “si así cuidan a los aliados”…
La votación de la reforma de la reglamentación de los DNU dejó señales aun peores para el Gobierno, pues no podían esperar demasiado respaldo con el veto a una ley de tales características, pero debió haberles ido mejor con la que se debatió a continuación. Solo contaron con el respaldo de los libertarios y la infaltable Carmen Álvarez Rivero. La derrota para el Gobierno fue 56 a 8. De los “dialoguistas”, todos le votaron en contra al Gobierno, salvo los dos radicales mendocinos, el radical chaqueño y la cada vez más cercana al Gobierno Carolina Losada, que se ausentaron a la hora de votar. Las abstenciones fueron de los dos misioneros que responden a Carlos Rovira.
El resto del temario de ese jueves en el Senado era inocuo para el Gobierno, pero fue postergado para una próxima sesión, ya que esta se levantó tras un breve cuarto intermedio. Se venía el partido de la Selección y varios tenían entradas para el Monumental. Seguramente habladurías…
La sanción de la modificación del reglamento de los DNU. (Foto Comunicación Senado)
Estos resultados presagian que la hostilidad parlamentaria continuará al menos hasta el recambio legislativo, del que como ya hemos dicho no emergerá un oficialismo mayoritario. Lejos de ello, seguirán faltándole medio centenar de diputados y más de una veintena de senadores, con lo cual es imprescindible que el oficialismo forje alianzas con sectores de la oposición dispuestos a colaborar. Deberá reinventarse a partir del 10 de diciembre.
A menos que, con la excusa de seguir lejos de contar con los números necesarios para manejar el recinto, prescinda del Congreso -como lo ha hecho ya a lo largo de casi todo este año- y se dedique a gobernar por decreto y a puro veto. Para esto último sí contará al menos con un tercio en Diputados con el que podrá blindar sus vetos.
Más allá del impacto que pueda tener un triunfo electoral libertario en octubre, la oposición no le dejará pasar tal objetivo. Mucho menos si, por tercera vez consecutiva, Milei se propone gobernar sin presupuesto. En menos de diez días podría comenzar a develarse ese misterio, cuando por ley Economía debe mandar el proyecto al Congreso. Hay inquietud en la oposición -sobre todo en los más cercanos al Gobierno- por las versiones que indican que el Palacio de Hacienda se propone desairar nuevamente al Parlamento, sobre todo para evitar transparentar en el texto una eventual devaluación post elecciones, o bien tener que omitir anticipar lo que inexorablemente debería hacer después de octubre.
Como sea, una parte del misterio electoral comenzará a develarse este domingo en la provincia de Buenos Aires, donde por primera vez desde el 83 se han desdoblado los comicios. El Gobierno no llegó a estas instancias como esperaba, pues en la recta final preelectoral perdió la agenda, que fue dominada por el escándalo de los audios de las supuestas coimas. Ni qué decir del efecto de la ley sobre los discapacitados y el condenable posteo del Gordo Dan… En lo más alto del poder se espera que el desencanto emergente de estos sucesos tenga su correlato en un abstencionismo mayor que el que a priori se esperaba. Admiten que las encuestas anticipan que La Libertad Avanza no es favorita este domingo y que aun en una sección importante donde esperaban ganar se les podría complicar.
Para compensar aclaran que las elecciones que realmente les interesan son las de octubre y que si no les va bien este domingo, lo revertirán el 26/10, por el efecto anti K que generaría un resultado adverso.
En la antesala de este domingo electoral, en el Gobierno no descartan un triunfo que borre todos los malos presagios, pero en caso contrario sostienen que hasta una derrota por 5 puntos sería tan manejable como revertible. Empresarios consultados por este medio aclararon que cualquier eventual derrota -por el número que sea- tendrá su peso inexorable en los mercados el día después.
El diputado nacional de Unión por la Patria Eduardo Valdés presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que se detalle el uso de los recursos obtenidos tras la baja de más de 110.000 pensiones por invalidez laboral. La iniciativa se da en el marco del rechazo legislativo al veto presidencial sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El diputado Valdés quiere conocer el destino de los fondos que no se utilizaron para su destino original. (Foto fuerzapatriaTDF)
En un contexto de creciente preocupación por el recorte de derechos en el área de discapacidad, el diputado nacional Eduardo Valdés (UP) presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados solicitando al Poder Ejecutivo información precisa sobre el destino de los fondos obtenidos tras las bajas masivas de pensiones por invalidez laboral.
El pedido se fundamenta en el informe de gestión N° 144 presentado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien confirmó la realización de auditorías en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la baja de más de 110.000 pensiones. Según el informe, estos recursos serían redirigidos para mejorar el sistema prestacional, aunque hasta el momento no se han visto reflejados en actualizaciones de aranceles ni en mejoras para los beneficiarios.
Valdés, uno de los legisladores más activos en temas vinculados a la discapacidad, exige respuestas concretas sobre:
☑ La existencia de mayores recursos en ANDIS producto de las bajas.
☑ La falta de actualización de aranceles desde noviembre de 2024, pese a la promesa de redireccionamiento.
☑ La persistencia del monto de $28.000 para quienes concurren a Talleres Protegidos, sin cambios desde febrero de 2023.
☑ La reasignación específica de los fondos obtenidos por las bajas.
☑ La situación actual de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, tras el desplazamiento de Daniel Garbellini, responsable de programas clave como Incluir Salud y PACBI.
El legislador también recuerda que Argentina adhirió a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con jerarquía constitucional, lo que obliga al Estado a garantizar el acceso a prestaciones y servicios adecuados.
La presentación de Valdés se produce apenas días después de que el Congreso rechazara el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, lo que refuerza el clima de tensión entre el oficialismo y los sectores que defienden los derechos de las personas con discapacidad.
Todo indica que la oposición cuenta con los dos tercios para rechazar la medida dispuesta por Javier Milei. El debate se dio en medio de la polémica por las denuncias sobre presunta corrupción en la ANDIS.
Los senadores colocaron en sus bancas dibujos que familiares y organizaciones de discapacitados enviaron a los senadores. (Foto: Comunicación Senado)
Con 63 votos a favor y 7 en contra, la Cámara alta rechazó el veto total del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Entre sus principales puntos, la ley prevé el financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad; el fortalecimiento de los prestadores de la Ley 24.901, asegurando en forma expeditiva y simplificada el acceso a un régimen de emergencia de regularización de deudas tributarias, condonación de intereses, multas y demás sanciones, refinanciación de planes de pago vigentes y de las deudas emergentes de planes caducos.
También, la compensación arancelaria y la actualización del valor de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral; el financiamiento adecuado y sostenible del funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad; la actualización de la asignación mensual estímulo de acuerdo al equivalente del porcentaje del salario mínimo, vital y móvil vigente y la apertura de nuevos ingresos al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad (Ley 26.816).
Pasadas las 16.30, el Senado comenzó el debate de reforma a la Ley de Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia y Promulgación Parcial. La norma incorpora el artículo 1 bis a la Ley 26.122, de modo de establecer que los decretos de necesidad y urgencia, los delegados y los de promulgación parcial de leyes "deberán versar sobre una única materia a fin de que sean tratados individualmente por el Congreso de la Nación".
"Si la situación invocada requiriera el dictado de normas en más de una materia, cada una de ellas deberá ser objeto de un decreto individual", agrega, con el fin de evitar los "mega" decretos, como fue el DNU 70/2023, con el cual Milei inauguró su gestión
Otra de las reformas es la incorporación del artículo 21 bis, que indica que "ambas Cámaras podrán abocarse aun durante el período de receso parlamentario al expreso e inmediato tratamiento de los decretos".
En el rol de miembro informante, la senadora nacional Alejandra Vigo, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, inició el tratamiento al expresar que "los DNU son instrumentos de excepción que contravienen la separación de poderes y la necesidad de atenuar el presidencialismo guio la reforma constitucional de 1994. Por ello tratar esta modificación evita la tentación de gobernar con la suma del poder público”.
Crítico del "abuso" de esta facultad en los gobiernos de los últimos años, el senador fueguino Pablo Blanco cargó que "la Constitución Nacional especifica que el DNU es una excepcionalidad y está fundada casi exclusivamente en que el Congreso no pueda funcionar".
En tono de advertencia, la senadora riojana Florencia López de Unión por la Patria señaló: "Queremos reivindicar facultades que son propias del Congreso, queremos que se ejerza la división de poderes y que funcionen los pesos y contrapesos. Si hoy no votamos esta reforma al régimen legal de los DNU, no somos dignos de volver a nuestras provincias".
A su turno, el senador bonaerense Maximiliano Abad consideró que “la reforma que impulsamos es un paso esencial para normalizar la relación entre los poderes de la república, porque recupera el carácter excepcional de los DNU, tal como establece el artículo 99 de la Constitución Nacional”. Y sumó que “es una anomalía jurídica que la excepción sea la regla: los DNU pasaron de ser una vía extraordinaria a convertirse en el manual de uso cotidiano”.
“Seamos razonables. Apartarse del procedimiento habitual de las leyes debe implicar mayores exigencias. Cuando un Gobierno manda un DNU debe trabajar para mantener su vigencia, dar explicaciones y convencer a todos los sectores”, remarcó el legislador de la Unión Cívica Radical, quien también sostuvo que “la acumulación de poder habilita hegemonías frágiles. Las reglas claras construyen democracias duraderas. Yo no tengo dudas de dónde estoy parado”.
Activo en la sesión ordinaria, el senador porteño Martín Lousteau cuestionó que la norma permita a Poder Ejecutivo modificar leyes y que “con sólo el silencio” de una de las dos cámaras del Congreso un DNU quede vigente. Ejemplificó con el antecedente del DNU 70/2023 rechazado por la Cámara alta y sin tratamiento aún en la Cámara de Diputados.
“Con la ley 26.122 por ejemplo se puede dictar un decreto delegado como el de Patricia Bullrich, el 383, que crea la posibilidad para la Policía Federal de hacer inteligencia y se autoexcluye del control democrático o se puede eliminar la Ley Nacional de Educación, o la Ley de Educación Superior, o la de Protección contra la Violencia de Género, o la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes”, advirtió.
NOTICIA EN DESARROLLO
La sesión se concretará este jueves y de cumplirse ese objetivo de la oposición, será la primera vez que le suceda a un Gobierno en dos décadas. Qué otros temas se incluyeron.
La Cámara de Senadores sesionará este jueves a partir de las 11, en la que será la novena reunión del año, contando extraordinarias. Y tal cual viene sucediendo en este período ordinario, el oficialismo no llegará al recinto cargado de optimismo. Por el contrario, lo más probable es que el Gobierno sufra al menos una derrota inédita en las últimas dos décadas.
Hablamos del rechazo a un veto presidencial, que tendría lugar este jueves, un hecho que no sucede desde hace exactamente 22 años. Y este jueves pasaría con la Ley de Emergencia en Discapacidad, que ya fue rechazada por la Cámara de Diputados el pasado 20 de agosto con los dos tercios necesarios para tal fin: hubo 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones ese día. El antecedente que el proyecto tiene en la Cámara alta no es nada halagüeño para el oficialismo, ya que allí se convirtió en ley el 10 de julio pasado con 56 votos a favor y ninguno en contra. Unanimidad.
Según se acordó este miércoles en la reunión de Labor Parlamentaria, la insistencia del veto sobre Emergencia en Discapacidad será el primer tema a abordar este jueves. Y el segundo representa otro dolor de cabeza para el Gobierno, pues se trata de una modificación del Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia.
El tema tuvo dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado cuando distintos bloques de la oposición se pusieron de acuerdo y avanzaron con un proyecto unificado. De acuerdo con el despacho, uno de los cambios incorpora el artículo 1 bis a la Ley 26.122, de modo de establecer que los decretos de necesidad y urgencia, los delegados y los de promulgación parcial de leyes “deberán versar sobre una única materia a fin de que sean tratados individualmente por el Congreso de la Nación”.
"Si la situación invocada requiriera el dictado de normas en más de una materia, cada una de ellas deberá ser objeto de un decreto individual", agrega, con el fin de evitar los "mega" decretos, como fue el DNU 70/2023, con el cual Milei inauguró su gestión.
Otra de las reformas es la incorporación del artículo 21 bis, que indica que “ambas Cámaras podrán abocarse aun durante el período de receso parlamentario al expreso e inmediato tratamiento de los decretos”.
Pasados esos dos temas, se tratará una modificación del Régimen de Retiro Anticipado previo a la Jubilación. El tema está dedicado a la planta temporaria afectada a cualquiera de las áreas del Senado, con una antigüedad superior a los 6 años ininterrumpidos.
Quedan para el final dos convenios internacionales. Uno es un protocolo de enmienda al convenio con el Gobierno de la República Francesa, a fin de evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal; el otro es un convenio similar, con Austria, para eliminar la doble imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y la Prevención de la Evasión y Elusión Fiscal.
No fue incluida en el temario la interpelación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, como pretendía Unión por la Patria.
De la reunión de Labor participaron los senadores Ezequiel Atauche, José Mayans, Martín Göerling Lara, Eduardo Vischi, Mónica Silva, Fernando Salino, Francisco Paoltroni, Natalia Gadano, Juliana di Tullio, Juan Carlos Romero, Pablo Daniel Blanco, Carlos Espínola, Mariana Juri, Lucila Crexell, Carlos Arce, Edith Terenzi, Anabel Fernández Sagasti y Alfredo De Angeli. La sesión fue presidida por la titular de la Cámara, Victoria Villarruel, y participó también el secretario Parlamentario, Agustín Giustinian.
Según pudo saber parlamentario.com, se acordó en esta reunión que el Cuerpo vuelva a reunirse el próximo 18 de septiembre, a partir de las 11, con temas a determinar para entonces.
La diputada nacional del Pro María Eugenia Vidal explicó en sus redes sociales por qué se abstuvo en las votaciones sobre los vetos presidenciales a la ley de emergencia en discapacidad y al aumento para jubilados. Denunció falta de gestión, ausencia de presupuesto y medidas que, según ella, no responden a las verdaderas demandas sociales.
En un extenso mensaje difundido en sus redes sociales, la diputada nacional María Eugenia Vidal justificó su abstención en las votaciones del miércoles en la Cámara de Diputados, donde se trataron los vetos presidenciales a la ley de emergencia en discapacidad y al aumento para jubilados.
Sobre la ley de discapacidad, Vidal señaló que tiene dos partes claramente diferenciadas. La primera, que amplía el universo de beneficiarios de pensiones por invalidez, fue duramente cuestionada por la legisladora. “La Argentina pasó de tener 80.000 pensionados en 2003 a 1.200.000 al final del kirchnerismo, sin mediar guerra ni catástrofe. Eso se explica por pensiones truchas que distintas auditorías muestran como irregulares”, afirmó. Y agregó que el kirchnerismo busca sumar 600.000 beneficiarios más, lo que implicaría un costo del 0,5% del PBI sin indicar cómo se financiaría.
Sin embargo, Vidal reconoció que la segunda parte de la ley “sí tiene razón”, ya que establece que las prestaciones para personas con discapacidad se ajusten por inflación, algo que —según ella— sí responde al reclamo de las familias. “Por eso no acompañé al Gobierno con el veto. Ese es el sentido de mi abstención: decir dónde está lo correcto”, explicó.
La exgobernadora también apuntó contra la falta de gestión del oficialismo y la ausencia de una ley de presupuesto. “Hace dos años que el Gobierno decidió que este Congreso no tiene que tratar el Presupuesto. Eso no le hace bien a este tipo de discusiones”, criticó.
Respecto al veto a la ley que proponía aumentos para jubilados, Vidal fue igualmente contundente. “La ley cuesta casi un punto del PBI y no dice cómo se financia. O peor, propone usar fondos que hoy van a préstamos para PyMEs, fundamentales para generar trabajo”, advirtió. Aunque reconoció que los jubilados han sido los más ajustados por el Gobierno, consideró que la propuesta legislativa era fiscalmente irresponsable.
En ese sentido, propuso alternativas: “Podría haber otros lugares donde recortar. Solo el año pasado se gastó 0,7% del PBI en empresas públicas que el presidente prometió cerrar. Mientras tanto, los jubilados siguen postergados”.
Vidal también planteó la necesidad de una reforma previsional seria, que elimine los regímenes de privilegio y moratorias sin aportes. “Cada jubilado tiene que recibir de acuerdo a lo que aportó. Eso sería lo más justo”, sostuvo.
Finalmente, cerró su mensaje con una reflexión política: “No es cómodo, no es fácil estar a los dos lados de la grieta. Pero sí es importante decir lo que habría que hacer, lo que es correcto. Todavía muchos en Argentina hacemos política defendiendo lo que creemos que está bien”.
De los cuatro vetos a tratarse en la sesión de este miércoles, el tema era el que contaba con más chances de ser ratificado por el pleno. La votación resultó con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones. Si se aprueba en el Senado, se cae la decisión presidencial.
Foto: HCDN
La oposición arrancó con el pie derecho este miércoles respecto de los vetos presidenciales, al lograr más de los dos tercios de los votos necesarios para rechazar el referido a la Emergencia en Discapacidad. El tema fue el primero en tratarse en la sesión de la Cámara de Diputados, donde la insistencia de la ley cosechó 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones. Al momento hubo 247 presentes, con lo cual se requerían 165 para la mayoría especial, cifra que fue superada por siete.
De esta manera, si el Senado -donde el oficialismo está aún más complicado con los números- también ratifica la norma por un mayoría de dos tercios, el veto quedará definitivamente caído y el Poder Ejecutivo deberá promulgarla, según lo establecido en el artículo 83 de la Constitución Nacional.
El tema debió ser habilitado previamente por las dos terceras partes del Cuerpo, habida cuenta de que no contaba con despacho de comisión, y fue una condición que el presidente de la Cámara, Martín Menem, dejó sentada en la reunión de Labor Parlamentaria.
Esa habilitación, que fue la antesala del resultado que vendría después, se consiguió con 166 votos afirmativos, 75 negativos y 0 abstenciones. Entre los que habilitaron el tratamiento estuvieron los diputados del Pro Héctor Baldassi, Sofía Brambilla, Álvaro González y Ana Clara Romero, pero también los de La Libertad Avanza Carlos D’Alessandro y Marcela Pagano, que en el arranque dieron quórum.
El debate
Al abrirse el debate, la diputada de izquierda Vilma Ripoll celebró el tratamiento del tema, al destacar la expectativa de las familias de personas con discapacidad que necesitan esa ley para tener “posibilidades de vida digna”. “Si el veto no se rechaza, los resultados serán gravísimos: personas sin atención, equipos desarmados, instituciones cerradas y una profundización del abandono estatal”, diagnosticó, pidiendo una respuesta “al veto vergonzoso del presidente”.
En su intervención, el neuquino Osvaldo Llancafilo hizo referencia al anuncio hecho este mismo miércoles a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, respecto de una intención del Gobierno de otorgar una mejora al sector. Con eso, para el diputado del MPN “evidentemente el Gobierno acepta que hay una cuestión para atender”. Celebró la actitud, pero aclaró que “llega tarde, cuando el Congreso ya está tratando el tema”.
“Lo hemos dicho muchas veces en otros temas, como universidades, jubilaciones, o la situación del Hospital Garrahan: claro que estamos de acuerdo con los controles y auditorías. ¿El punto cuál es? Que tal cual ocurre con las otras situaciones, no hay plan de contingencia, no hay elementos que hagan suponer al Congreso que se está trabajando para concluir en esos números que tienen que ver con las auditorías y controles”, sostuvo y advirtió que “el Estado está obligado a atender a las personas con discapacidad, que no pueden esperar que las auditorías se hagan antes”.
Por la Coalición Cívica, la diputada Victoria Borrego apuntó contra Javier Milei por el debate en cuestión: “Las acciones del Poder Ejecutivo están violando la Constitución y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. Además, criticó que “dicen que con esta ley se desfinanciaría el Fondo de Redistribución y quiero decir que el primero que ha desfinanciado ese Fondo ha sido el Gobierno beneficiando a las prepagas”.
A su turno, el jefe del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, expresó: "Me cuesta imaginar el futuro de la Argentina sin los argentinos que hoy están sufriendo. El presidente nos dice hasta genocidas y golpistas. Los números que dice la Oficina de Presupuesto del Congreso indican es un 0,03% del PBI la recomposición de las prestaciones básicas. ¡Explíquenme por qué en el veto dice que las medidas sancionadas cuestan 6%!”.
"La verdadera realidad de un padre que tiene un hijo con discapacidad es tremenda. Pocas veces vamos a tener la posibilidad de aprobar en este Congreso una ley tan noble. Eso no nos convierte en degenerados fiscales ni golpistas. Queremos desenmascarar a los que dicen que quieren terminar la corrupción, pero tienen audios donde el titular de la ANDIS (Diego Spagnuolo) pide coimas", lanzó.
Después de haber anticipado en sus redes sociales su voto a favor de las cuatro leyes vetadas, la diputada de Encuentro Federal Margarita Stolbizer apuntó que este debate parte de que “la necesidad de avanzar en sanción de leyes y en asignación de recursos tiene una explicación originaria que es que la Argentina hace dos años que no tiene ley de presupuesto”. “El Poder Ejecutivo se arroga una atribución inconstitucional, aunque después nos llame golpistas”, señaló.
“Todo este proceso demuestra, no solamente la falta de sensibilidad, la crueldad del Gobierno, la falta de sentido común y de sentido humano al momento de fijar prioridades, sino que también pone en evidencia problemas de gestión”, observó y aseveró que “si teniendo un gasto anual de 126 billones de pesos, hablan de gasto ineficiente y no son capaces de encontrar una partida con la cual resolver el problema gravísimo de las personas que sufren alguna discapacidad, son unos inútiles”.
En el cierre, la referente del GEN insistió con que el Gobierno “tiene un problema de gestión gravísima que se agrega al problema de sensibilidad”. “Confunden permanentemente el ejercicio de gobierno con el espectáculo bochornoso de insultar”, criticó y mencionó el fallo del juez federal de Campana que declaró inválido el veto al proyecto de ley: “No se trata de gastar más, se trata de gastar bien”.
Un pequeño acto de reparación para las familias que viven la angustia de tener una persona con discapacidad a la que el Estado abandonó.
Luchar sirve, votar sirve. pic.twitter.com/nDPKU7zJJA— Hugo Yasky (@HugoYasky) August 20, 2025
Presidente de la Comisión de Discapacidad y autor de la ley, el diputado nacional Daniel Arroyo fue conceto y manifestó: “La Ley de Emergencia en Discapacidad está fuera de la grieta porque es de pura justicia, de pura humanidad y de pura racionalidad económica”. Agregó, además, que “el veto es absurdo porque todos sabemos que no tiene impacto fiscal, ya que mejora la situación, reordena un sistema que está colapsado y no tiene ningún sentido que el gobierno la haya vetado”.
“La situación de verdad está colapsada: la persona que va a trabajar cuatro horas a un taller protegido sigue cobrando $28 mil por mes, el transportista sigue cobrando $541 el litro de nafta y no puede trasladar los cinco días a una persona que hace un tratamiento, un acompañante terapéutico cobra a seis meses solo $3.000 por hora, los hogares y los talleres están a punto de cerrar, y reordenar todo eso es 0,003% del PBI”, amplió Arroyo. Luego, reiteró: “No tiene impacto fiscal”.
Sobre el anuncio de Manuel Adorni, contestó: “El vocero presidencial nos dijo hoy que están ‘estudiando’ mejorar el nomenclador, pero presente esta ley en febrero y es la quinta vez que un funcionario dice que lo ‘está analizando, que lo está estudiando o que lo va a ver’”. En esa línea, recordó que “se lo ha dicho a las organizaciones de discapacidad y me la ha dicho a mí”, dando a entender que se trata de un anuncio con fines demagógicos.
Después de enumerar una serie de cuestionamientos, el diputado massista cargó que “quedan varias cuestiones fuera de la ley porque esta es una ley de emergencia que le dice al Gobierno ‘haga lo que tiene que hacer y hágalo’”. Sugirió, también, que “el Estado tiene la obligación de respetar y tratar bien a las personas, y no puede hacer una resolución denominando a una persona con discapacidad como ‘idiota’, ‘imbécil’ o ‘débil mental’”. Pidió, por último, “rechazar el veto y poner en marcha la ley”.
Daniel Arroyo, autor del proyecto, afirmó que el impacto fiscal es del "0,003%".
En el tramo final, el diputado de UP Eduardo Valdés comenzó: “Por esta ley me han denunciado penalmente por cosas inexistentes, así que tengo orgullo de hablar defendiendo al colectivo de las personas con discapacidad”. “Ojalá podamos llegar a un acuerdo y resolver esto antes de llegar al Senado, que el Gobierno lo entienda y pueda resolver. No es unos contra otros”, subrayó.
"Nos tenemos que humanizar, son nuestros seres humanos, con los que convivimos. No los descartemos. Gabriela Michetti cuando fue vicepresidenta hizo un censo, que dijo que el 12% de la población argentina tiene alguna discapacidad. Cinco millones y medio de personas, y solamente un millón doscientos mil accedió a las prestaciones. ¿Alguien puede pensar que los cuatro millones de personas que faltan quieren una prebenda? ¿Cómo puede ser?", planteó.
Y concluyó: "Ojalá podamos resolver esto urgentemente. Los papás y mamás de personas con discapacidad imaginan los derechos de sus hijos porque la angustia que tienen es qué va a ser de sus hijos el día que ellos no estén. Yo no seré cómplice de esa angustia".
Desde el oficialismo cerró el debate Santiago Santurio, quien durante su discurso poco habló del tema de discapacidad o del veto y se dedicó sí a lanzar muchas críticas contra el kirchnerismo. “Lo de ustedes es lo peor que le pasó a la Argentina. Hay un nuevo modelo en la Argentina que redujo la pobreza, y esto no es hablar con el corazón, es hablar con los datos”, enfatizó.
“Lo único que tienen como obsesión es pegarle al Gobierno en el superávit. Y con eso al que más perjudican no es al Gobierno, es a la gente”, advirtió y dijo que “el mayor riesgo que tiene la Argentina es volver al pasado”. “Voy a votar en contra del kirchnerismo, porque no les creo, porque sé que no son la solución, porque sé que sus ideas son erradas; ustedes empobrecieron a la Argentina, dejaron al país en la miseria”, añadió.
¡Hoy los héroes estuvimos de este lado acompañando a las personas con discapacidad, a sus familias y prestadores!
Rechazamos el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad y seguiremos luchando por la igualdad y la justicia para todas las personas con discapacidad. pic.twitter.com/5rvis5uPKp
— Ricardo Herrera (@rickiherrera) August 20, 2025
Qué dice el proyecto
El proyecto que declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026, inclusive, había sido aprobado por unanimidad en el Senado y con 149 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones el 4 de junio en la Cámara baja.
Entre sus principales puntos prevé el financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad; el fortalecimiento de los prestadores de la Ley 24.901, asegurando en forma expeditiva y simplificada el acceso a un régimen de emergencia de regularización de deudas tributarias, condonación de intereses, multas y demás sanciones, refinanciación de planes de pago vigentes y de las deudas emergentes de planes caducos.
También, la compensación arancelaria y la actualización del valor de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral; el financiamiento adecuado y sostenible del funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad; la actualización de la asignación mensual estímulo de acuerdo al equivalente del porcentaje del salario mínimo, vital y móvil vigente y la apertura de nuevos ingresos al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad (Ley 26.816).
Finalmente, disponer mecanismos institucionales de diálogo y consultas estrechas con las personas con discapacidad, a través de las organizaciones que los representan y “otras medidas que acuerde el Poder Ejecutivo Nacional con el Consejo Federal de Discapacidad”.
Asimismo se faculta al Poder Ejecutivo “a otorgar una pensión inembargable a toda persona sin suficientes recursos propios, no amparada por un régimen de previsión, de 70 o más años de edad o con discapacidad que cuente con el Certificado Único de Discapacidad (CUD)”.
Además, se incorpora el artículo 7 bis a la Ley 24.091 que reza: “Los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad serán iguales para todas las personas jurídicas obligadas por la presente ley”.
Otro de los artículos faculta al jefe de Gabinete a “efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias tendientes a asegurar el financiamiento de las medidas de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad y de los prestadores a su favor dispuestas en la presente ley”. “Las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad ‘Servicios Sociales’”, agrega.
Gabriela Brouwer de Koning se manifestó con antelación a la sesión respecto de dos de los temas que serán puestos a consideración durante esta jornada.
Todos los votos valen para este miércoles de sesión, y los ojos están puestos sobre todo en aquellos bloques que pueden ser “maleables”. El radical, por caso.
En este caso, quien ya adelantó bien temprano su voto fue una diputada cordobesa cuyo mandato vencerá a fin de año. Presidenta de la Comisión de Previsión Social, y por lo tanto clave en el debate de los temas previsionales, Gabriela Brouwer de Koning anticipó su voto favorable contra el veto al aumento de las jubilaciones, y también dijo que votará a favor de la emergencia en discapacidad.
“Miles de argentinos y argentinas dependen de estas medidas para cubrir lo más básico: lo mínimo para vivir con dignidad.
Desde que se sancionaron las leyes hasta hoy, el Gobierno tuvo muchas oportunidades de actuar, de proponer alternativas, de redistribuir partidas, de tratar el presupuesto nacional o presentar la reforma previsional que siempre anuncia, pero eligió no hacerlo”, se justificó la diputada cordobesa.
Por eso, continuó, “voy a votar como lo hice siempre: con coherencia, con responsabilidad, colaborando con el equilibrio fiscal y poniendo a las personas en primer lugar”.
Voy a votar a favor del aumento de las jubilaciones y de la emergencia en discapacidad.
Miles de argentinos y argentinas dependen de estas medidas para cubrir lo más básico: lo mínimo para vivir con dignidad.
Desde que se sancionaron las leyes hasta hoy, el Gobierno tuvo muchas… pic.twitter.com/04OHiIu3G2— Gabriela Brouwer de Koning (@GabrielaBrouwer) August 20, 2025
El fallo responde a una acción de amparo presentada por los padres de dos niños con Certificado Único de Discapacidad, quienes denunciaron el riesgo de interrupción de tratamientos. La sentencia afirma que el veto incurre en arbitrariedad manifiesta y contradice obligaciones constitucionales e internacionales del Estado argentino.
El Juzgado Federal de Campana hizo lugar parcialmente a una acción de amparo y anuló el artículo 3 del decreto 534/2025, que había vetado la ley de declaración de emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2026. El fallo destacó "la vulneración de derechos fundamentales de niños con discapacidad" y exigió una protección reforzada por parte del Estado.
La acción fue promovida por los padres de dos niños con discapacidad, quienes denunciaron el riesgo de interrupción de tratamientos esenciales debido al desfinanciamiento del sistema de prestaciones. El juez consideró que el veto a la ley aprobada por el Congreso de la Nación incurre "en arbitrariedad manifiesta y contradice compromisos constitucionales e internacionales asumidos por el Estado Argentino".
El fallo subrayó que el veto presidencial "vulnera el principio de no regresividad en materia de derechos humanos, al impedir la implementación de medidas urgentes para garantizar la continuidad de servicios educativos y terapéuticos". Además, rechaza los argumentos fiscales esgrimidos por el Poder Ejecutivo, señalando que la ley vetada "contempla mecanismos de financiamiento y que el impacto presupuestario estimado no justifica la afectación de derechos fundamentales".
La resolución ordena comunicar el fallo a la obra social de los menores involucrados para que adecúe las prestaciones conforme a lo decidido. También impone las costas al Estado Nacional como parte vencida.
El caso marca un precedente relevante en la defensa judicial de los derechos de personas con discapacidad, especialmente niños, y reafirma el rol del Poder Judicial como garante de la supremacía constitucional frente a medidas del Poder Ejecutivo que comprometan derechos esenciales.
La sentencia del Juzgado Federal de Campana no solo declara la invalidez del veto presidencial al artículo 3 del Decreto 534/2025, sino que también reafirmó el rol del Poder Judicial como garante de los derechos humanos frente a decisiones políticas que puedan vulnerarlos.
Además, el fallo se apoya en jurisprudencia consolidada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que reconoce la justiciabilidad de actos del Poder Ejecutivo cuando comprometen derechos fundamentales, incluso si se trata de facultades constitucionales como el veto.
Por otro lado, el fallo, también, pone en cuestión la invocación del “Pacto de Mayo” como fundamento jurídico del veto, señalando que "ningún acuerdo político puede estar por encima de las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado argentino". En ese sentido, la sentencia advierte que el principio de equilibrio fiscal "no puede utilizarse como excusa para adoptar medidas regresivas que afecten a grupos en situación de vulnerabilidad".
El legislador bonaerense considera que la norma vetada no implicaba un gasto público, sino el reconocimiento de derechos para personas con discapacidad.
El diputado bonaerense y presidente del bloque UCR-Cambio Federal, Diego Garciarena, cuestionó la decisión del presidente Javier Milei de vetar la Ley de Emergencia en Discapacidad.
En el marco del debate por el recorte en áreas sociales sensibles, el legislador radical afirmó que la medida no fue un error sino una decisión “política deliberada” y acusó al mandatario liberal de “elegir ajustar sobre los más vulnerables”.
A través de sus redes de comunicación, Garciarena sostuvo que la norma vetada no implicaba un gasto público, sino el reconocimiento de derechos para personas con discapacidad.
“Sin esa ley, miles pierden acceso a terapias, traslados, educación y cuidados”, recalcó el dirigente marplatense, quien defendió la necesidad de garantizar esas prestaciones esenciales por parte del Estado.
En la misma línea, Garciarena advirtió que el veto presidencial representa un retroceso en términos de dignidad y equidad social.
“La discapacidad no puede ser una variable de ajuste y la política no puede mirar para otro lado frente a una avanzada contra los sectores sociales más sensibles”, afirmó el legislador bonaerense.
La Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso de la Nación, establecía recursos para tratamientos, traslados y cuidados destinados a personas con discapacidad.
Sin embargo, el veto oficial, formalizado esta semana por el Gobierno nacional, dejó sin efecto su implementación y abrió un nuevo frente de críticas hacia la Casa Rosada.
Por otra parte, el diputado Diego Garciarena, inauguró en Mar del Plata el primer bar con un pictograma para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), en el marco de la recién sancionada Ley N°15.528.
La actividad se realizó en el parador de playa Pueyrredón, que se convirtió en el primer espacio gastronómico de la ciudad balnearia en sumarse a la iniciativa.
El legislador Garciarena de la actividad junto a representantes de la ONG, Mundo Azul, dedicada a la concientización, capacitación y acompañamiento de personas y familias con TEA.
“Hoy dimos un paso muy importante: colocamos el primer pictograma en el primer bar de Mar del Plata en sumarse. Este es solo el comienzo: nuestro próximo objetivo es que toda la ciudad cuente con lugares inclusivos”, expresó el legislador radical.
El encuentro formó parte de la aplicación de la Ley N° 15.528, sancionada en julio pasado con fuerte impulso del dirigente marplatense.
La norma adhiere a la Ley nacional de abordaje integral e interdisciplinario para personas con TEA y compromete a la provincia a garantizar que los espacios públicos y privados sean identificables y accesibles mediante recursos visuales específicos.
A través de una conferencia de prensa, los referentes del interbloque opositor pidieron que “no haya más Kueiders” en los recintos. Dirigidos a sectores perjudicados, llamaron a movilizarse en contra los vetos firmados por el presidente de la Nación.
Después de que el presidente Javier Milei vetara las 3 leyes que sancionó el Senado el pasado 10 de julio, el interbloque de senadores nacionales de Unión por la Patria brindó este martes una conferencia de prensa para confirmar la insistencia con el aumento a los haberes jubilatorios, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.
El anuncio se llevó a cabo en el salón de reuniones del interbloque en el Palacio Legislativo. Estuvieron presentes José Mayans, Juliana di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, Fernando Salino, Eduardo “Wado” de Pedro, Alicia Kirchner, María Eugenia Duré, Florencia López, Silvia Sapag, Fernando Rejal, Sergio Leavy, Mariano Recalde, Carlos Linares y Stefanía Cora.
Entre varios temas, los legisladores presentes repudiaron la represión de este martes al mediodía contra las organizaciones de personas con discapacidad que se congregaron a la Plaza de los dos Congresos para manifestarse en contra del veto publicado este lunes. También, hicieron mención al reclamo de los recicladores en otro punto de la Ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, los integrantes de la principal bancada opositora se mostraron optimistas de que los tres proyectos de ley puedan sortear el veto presidencial en la Cámara de Diputados.
El primero en tomar la palabra fue Mariano Recalde, senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, quien apuntó directamente contra el presidente de la Nación: “Es mentira que no hay plata y es mentira que afecta al equilibrio fiscal porque si un aumento de 62.000 pesos afecta el equilibrio del país habla muy mal del presidente”.
En defensa del proyecto de aumento a los haberes jubilatorios y la declaración de emergencia en discapacidad, Recalde afirmó que “las leyes prevén métodos de financiamiento”. En ese tramo, agregó: “Cuestan lo mismo que la baja a las retenciones a favor de la Sociedad Rural”. Del mismo modo, acusó al Ejecutivo de “asignar como nunca fondos reservados a la SIDE por otras vías”.
Organizaciones de personas discapacidad rechazaron el veto a la emergencia en frente del Congreso.
“Hay plata para espiar a los opositores, a organizaciones que marchan los miércoles y no hay plata para los jubilados”, enfatizó. En el final, desenfundó un nuevo cuestionamiento contra Milei: “El presidente que vino a promover algo nuevo, lleva a cabo las mismas recetas de siempre”. Por último, procedió a leer los nombres de aquellos dialoguistas que votaron a favor de las leyes.
En otro tramo de la conferencia, el formoseño José Mayans anticipó que el Gobierno nacional “tiene un plan para llevar la edad jubilatoria a 70 años”. “Tenemos buenas expectativas de lo que ocurra mañana en la Cámara de Diputados respecto a los proyectos de los gobernadores”, consideró el jefe del interbloque.
También, Juliana di Tullio señaló que “podemos recibir presión, pero nunca aceptarlas” porque “nos compromete la representación con el pueblo”. En esa línea, agregó que “estas leyes fueron el resultado de la voluntad popular a través de sus representantes”, auguró: “Espero que se logre con éxito la Cámara de Diputados”.
Del mismo modo, le pidió a la ciudadanía que se movilice ante los vetos porque "es importante que cada uno pelee”. “Nosotros estamos representando, pero es importante lo que hicieron las personas y organizaciones de discapacidad y los jubilados que sufren tanto desprecio y violencia inusitada cada miércoles”, aseveró.
Por último, la senadora que representa a la provincia de Buenos Aires planteó: “¿Cuál es el freno a los vetos del presidente? Hay que votar porque los límites se lo pone el pueblo argentino”. Para concluir, Di Tullio hizo una mención del exsenador entrerriano preso en Paraguay: “En Diputados creemos que vamos a conseguir los dos tercios porque la realidad se impone y para que se repita el mismo resultado y que no haya más Kueiders”.
Las críticas contra la decisión del presidente Javier Milei se replicaron en las redes sociales. El diputado Oscar Agost Carreño puso la lupa sobre la decisión del PEN de "forzar" un "paquete" en un solo decreto.
Oficializados los vetos del Poder Ejecutivo a las leyes sobre aumento de jubilaciones, moratoria previsional y emergencia en discapacidad, la oposición multiplicó sus críticas hacia esa decisión y anticipó que buscarán revertirla desde el Congreso.
Pero, además, el diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño puso la lupa sobre la forma en que las normas fueron vetadas: todas mediante un mismo decreto.
El legislador señaló que "ahora el Congreso puede insistir sobre esas leyes si logra la aprobación con 2/3 de votos en ambas Cámaras", sin embargo, "el decreto 534/2025 las devuelve al Congreso juntas, pero cada ley tiene vida propia".
"El Presidente puede vetar, pero no puede imponer cómo se vota la insistencia. La Constitución le da al Congreso la última palabra, y puede hacerlo ley por ley. Políticamente, el oficialismo, busca forzar un 'paquete' con todas las leyes juntas para que todo caiga o todo pase. Jurídicamente, el Congreso puede insistir con cada ley por separado, evitando que el veto condicione el proceso legislativo. Un decreto no puede indicarle como votar al Congreso", remarcó.
En este sentido, Agost Carreño explicó que "la Constitución es clara" y "el veto se ejerce por ley, no por 'paquete'”. "Cada proyecto vetado tiene su número y expediente propio. Reglamentos de ambas Cámaras prevén insistencia por separado", insistió.
"Forzar un bloque único de tratamiento es política, no derecho. La decisión final será política del Congreso en uso de sus atribuciones constitucionales. Conclusión: al final los que decidimos somos las ratas", concluyó el cordobés.
VETOS - LEYES
Este Gobierno vetó por decreto 3 leyes votadas por el Congreso:
1️⃣ Aumento a jubilados
2️⃣ Moratoria previsional
3️⃣ Emergencia en discapacidadPero ahora el Congreso puede insistir sobre esas leyes si logra la aprobación con 2/3 de votos en ambas Cámaras.
El…
— Oscar Agost Carreño (@oagost) August 4, 2025
También desde su bloque, el diputado Florencio Randazzo expresó: "Desde el Congreso vamos a tener firmeza para defender la ley de aumento a los jubilados frente al veto de Milei. Recomponer sus ingresos no es 'populismo': es sensibilidad y sentido común. Si el plan es siempre perjudicar al más débil, no es un plan. Es crueldad".
"Milei, te lo explicamos una vez más: la crueldad no tiene lugar en esta Patria", enfatizó la diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz, quien manifestó que "otra vez el presidente ataca a los que más están sufriendo su modelo de ajuste, entrega y represión. El veto al aumento a las jubilaciones y a la emergencia en discapacidad es una muestra más de su maldad (y van...)".
La bonaerense subrayó que "el Congreso Nacional puede y debe ponerle un freno a la crueldad. Es mentira que no hay plata. El presidente @JMilei y su Ministro @LuisCaputoAR hace 18 meses que aplican un plan económico en donde unos pocos pero poderosos especuladores se llevan con el Carry Trade el esfuerzo del pueblo argentino".
"El Gobierno vetó la ley de Emergencia en Discapacidad. Es absurdo, una vergüenza. Vamos a insistir con los dos tercios en Diputados y en el Senado para que se ponga en marcha. Las personas con discapacidad y sus familias están desesperadas y realmente la necesitan", fue el mensaje del diputado de UP Daniel Arroyo, presidente de la Comisión de Discapacidad e impulsor de esa norma.
El Gobierno vetó la ley de Emergencia en Discapacidad. Es absurdo, una vergüenza.
Vamos a insistir con los dos tercios en Diputados y en el Senado para que se ponga en marcha. Las personas con discapacidad y sus familias están desesperadas y realmente la necesitan. pic.twitter.com/OdsmEys8kz— Daniel Arroyo (@LicDanielArroyo) August 4, 2025
En tanto, el diputado de UP Martín Soria apuntó que "Milei vetó el aumento a jubilados y la emergencia en discapacidad con la excusa del superávit. Lo dije desde el día uno: el ajuste de la 'motosierra' es para pagar la timba de Caputo y Sturzenegger y seguir endeudándonos. El peronismo votará para rechazar este atropello".
"Un veto cruel y profundamente antidemocrático", calificó la massista Sabrina Selva, al cuestionar que "creyendo que su mandato lo habilita a llevarse puesto al Congreso de la Nación, otra vez Milei veta el aumento a los jubilados y también avanza contra la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad".
La legisladora consideró que "Milei no solo es cruel, es cínico" porque "veta el derecho de millones de argentinos a una vida más digna con la excusa de hacer grande a la Argentina cuando están achicando el país al tamaño de un excel".
"No hay equilibrio fiscal posible sin justicia social. No hay república posible si un solo hombre se arroga la facultad de anular el mandato popular del Congreso de la Nación. Y no hay libertad si el único plan es hacer sufrir a los más vulnerables para que los amigos del Presidente se sigan llenando los bolsillos", agregó Selva.
Y cerró: "Desde @Diputados_UxP vamos a insistir con las leyes que aprobamos con amplios consensos y vamos a redoblar esfuerzos para que el 7 de septiembre empecemos a ponerle un límite a tanta crueldad".
Para los ricos todo, para los que menos tienen nada.
Milei acaba de negarle el aumento a los jubilados y anuló la emergencia en discapacidad.
Cínicamente, lo hace el mismo día que recibirá del FMI 2 mil millones de dólares para mantener un modelo que se cae a pedazos. Timba,… pic.twitter.com/Tg9sEfxSuX
— Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) August 4, 2025
La vicejefa del interbloque UP en el Senado, Anabel Fernández Sagasti, opinó que "para los ricos todo, para los que menos tienen nada. Milei acaba de negarle el aumento a los jubilados y anuló la emergencia en discapacidad". "Cínicamente, lo hace el mismo día que recibirá del FMI 2 mil millones de dólares para mantener un modelo que se cae a pedazos. Timba, fuga y ajuste. En octubre, hay que frenarlo en las urnas", agregó la mendocina.
Mientras que su par de bloque Daniel Bensusán dijo que "Milei será recordado por la sociedad argentina como el Presidente que desprecia a los argentinos. El veto a leyes que defienden la calidad humana no tiene nada de épica libertaria, es un acto profundamente inhumano, regresivo e inconstitucional".
A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, se defendió la decisión del Poder Ejecutivo en torno a las normas de jubilaciones y discapacidad.
A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, el Gobierno defendió el veto a las leyes de jubilaciones y emergencia en discapacidad, que salió publicado este lunes en el Boletín Oficial.
Desde Casa Rosada se señaló que el presidente Javier Milei "ha vetado los proyectos que el Congreso de la Nación aprobó recientemente de manera irresponsable, sin determinar el origen de los fondos, atentando contra el equilibrio fiscal, y contradiciendo el mandato popular resultante de las elecciones presidenciales: erradicar definitivamente la inflación".
El PEN indicó que "los referidos proyectos de ley implicarían, en conjunto, para el Estado Nacional, un gasto adicional este año de más de 7 billones de pesos, y cerca de 17 billones de pesos para el año 2026. Estos importes equivalen a aumentar un 0,9% del Producto Bruto Interno (PBI) calculado para el año en curso, y de 1,68% del PBI estimado para el año entrante".
En el comunicado se criticó que "determinados sectores han impulsado estos proyectos en pleno ciclo electoral con el evidente objetivo de hacer campaña, disfrazando con causas nobles su notable intención de provocar una fuerte ruptura del orden macroeconómico que tanto nos costó conseguir a los argentinos".
"La misma clase política que, durante su gestión, impulsó medidas que multiplicaron la inflación y la pobreza, pretende hoy revertir la tendencia de reducción inflacionaria y volver a llevar al pueblo argentino a la miseria, de la mano de proyectos como los hoy vetados", se agregó.
Pero, además, en alusión a iniciativas como emergencia pediátrica y financiamiento universitario, solicitados por la oposición para ser tratados este miércoles, la Oficina del Presidente resaltó que "esta semana se tratarán nuevos proyectos en el Congreso, del mismo calibre y con la misma intención: pretender forzar al Gobierno Nacional a gastar más sin decir de dónde sacar el dinero".
"Esta administración confía en que una parte del arco político comprenda la relevancia histórica de este momento y apoye la decisión de romper con una tendencia de más de 100 años que ha sumido a millones de argentinos en la pobreza", continuó el comunicado.
Y concluyó: "A diferencia de lo que hacen los políticos de la casta, este presidente prefiere decir una verdad incómoda en lugar de repetir mentiras confortables. No hay plata, y la única forma de hacer a Argentina grande otra vez es con esfuerzo y honestidad, no con las mismas recetas de siempre".
Mediante un único decreto, el Gobierno rechazó la actualización jubilatoria, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad, alegando impacto fiscal y vicios legislativos. La decisión, publicada este lunes en el Boletín Oficial, abre un nuevo frente con el Parlamento, que deberá resolver cómo proceder ante un veto conjunto a proyectos distintos.
A través de un solo decreto, el presidente Javier Milei veto de manera total las leyes de actualización de haberes jubilatorios, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad aprobadas en el Senado el pasado 10 de julio. La novedad es que la medida se aplicó a través de un único decreto que lleva el número 534/2025, por el cual se “observa en su totalidad los proyectos de ley registrados bajo los números 27.791, 27,792 y 28.793.
La decisión presidencial había sido anticipada aun antes de que se produjera la aprobación de esas leyes, y durante este fin de semana se anunció que Milei había suscripto ya el decreto correspondiente.
El decreto admite la sensibilidad que reviste la temática en cuestión, pero advierte que “resulta imprescindible que toda ampliación de prestaciones se diseñe con criterios de viabilidad financiera, responsabilidad institucional y sustentabilidad en el tiempo”.
“Cuando tales recaudos no son debidamente considerados, se pone en riesgo la sostenibilidad integral del régimen de atención perjudicando a las personas a quienes se pretende proteger”, señala el Gobierno, que remarca en el caso de la emergencia en discapacidad “el profundo estado de deterioro en el que actualmente se encuentra el sistema de atención a personas con discapacidad es, en buena medida, consecuencia de prácticas legislativas como la que aquí se pretende imponer, adoptadas sin previsión presupuestaria, cuyas consecuencias han recaído sistemáticamente sobre los sectores más vulnerables, y que esta administración se encuentra decididamente comprometida a revertir mediante políticas públicas responsables”.
Para el Poder Ejecutivo los referidos proyectos de ley implicarían, en conjunto, para el Estado Nacional un gasto adicional al previsto de más de siete billones de pesos para el año 2025; y de cerca de 17 billones de pesos para el año 2026. Esos importes, se aclara, equivalen al 0,90% del Producto Bruto Interno (PBI) calculado para el año en curso; y del 1,78% de aquel estimado para el año entrante.
Asimismo, las medidas sancionadas por el Congreso “conllevarían un aumento de aproximadamente el 6 % del gasto primario de la Administración Nacional previsto en el presupuesto vigente en términos anuales”.
Por otra parte las cifras mencionadas “dificultarían el cumplimiento de las metas fiscales fijadas por el Gobierno nacional para el actual ejercicio fiscal y los siguientes”. Además, “lejos de contribuir a un efectivo logro de las supuestas finalidades que orientan la sanción de los proyectos de ley bajo examen, su promulgación afectaría profundamente la sostenibilidad del sistema de previsión social; sistema que, tras 19 meses de mandato, ha iniciado una senda de recuperación gracias al compromiso inclaudicable de este Gobierno por sanearlo”.
Tiene en cuenta el Poder Ejecutivo que, “además de tener un gran impacto negativo en la actualidad, la promulgación de los proyectos de ley remitidos afectaría los derechos y oportunidades de las próximas generaciones, dado que aumentaría en forma significativa e irresponsable el gasto del Estado Nacional, sin la correspondiente generación de recursos”.
Para el Gobierno, se trata de un incremento en el gasto que, “por su efecto acumulativo, aumentaría año tras año, condenando a nuestros jóvenes a más emisión, inflación y pobreza”.
Tras recordar que el estado de crisis del sistema previsional no es un fenómeno reciente, sino que lleva décadas sin ser resuelto, “a fin de garantizar que el sistema sea justo y equitativo, resulta fundamental continuar por la senda propiciada por la actual gestión, toda vez que por ella se garantiza, por primera vez en décadas, que los jubilados nunca más pierdan contra la inflación”.
“El equilibrio fiscal constituye una de los principales compromisos asumidos por el actual presidente durante la campaña electoral, respaldado por la mayoría del pueblo argentino a través de su voto, de modo que su firme resguardo por parte del Poder Ejecutivo constituye un imperativo que nace del más profundo respeto del sistema democrático”, plantea el decreto.
El texto recuerda también el pacto firmado por 17 gobernadores en Tucumán el 9 de julio del año pasado, donde se estableció como segundo principio el equilibrio fiscal innegociable. Ante ello, la decisión del Congreso de sancionar estos proyectos de ley vetados “implica hacer caso omiso de lo pactado y, si no fuere contrarrestada por una decisión del Poder Ejecutivo Nacional en ejercicio de sus facultades constitucionales, conduciría al país a una senda que ya ha sido probada inconducente”.
Sostiene el decreto que el Congreso “pretende incrementar significativamente el gasto previsional, sin haber realizado los adecuados cálculos actuariales ni haber contemplado los recursos necesarios para afrontarlo, atentando en forma manifiesta contra la sustentabilidad”.
Reivindica la decisión del PEN de lograr el equilibro fiscal y tras citar el cuidado de “los escasos recursos con los que cuenta el Estado Nacional”, destaca que “la estabilidad económica es fundamental para el bienestar y el progreso del país y es responsabilidad del Poder Ejecutivo nacional implementar políticas que no sólo fomenten el crecimiento económico, sino que también aseguren el equilibrio fiscal para mantener una estabilidad proyectada a largo plazo”.
Comenta en otro pasaje que así como el Ejecutivo viene llevando adelante medidas para asegurar el equilibrio fiscal, el Congreso Nacional tiene el deber de “no tomar decisiones que lo pongan en riesgo y comprometan el futuro de todos los argentinos, máxime cuando, con acuerdos políticos relevantes como el expresado en el Pacto de Mayo, fue anunciada la revisión profunda del sistema en el cual tales decisiones se enmarcan”.
“La sanción de los proyectos de ley en examen implica la aprobación de gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que conllevaría que, para su eventual cumplimiento, el Gobierno caiga en las viejas prácticas de la emisión monetaria sin respaldo, el aumento de impuestos o el endeudamiento, recetas que, luego de más de 100 años de historia, ya han sido probadas inconducentes”, señala otro pasaje del decreto.
Le recuerda también al Congreso el mandato constitucional de proveer “a la defensa del valor de la moneda”, e indica que “independientemente de lo que pudiere pretender algún sector de la política, este Gobierno Nacional no realizará ninguna acción que comprometa el equilibrio fiscal”.
Dudas sobre la sesión del Senado
Por otra parte, el extenso decreto que veta las tres leyes sancionadas el 10 de julio pasado reitera las dudas que tiene el Ejecutivo sobre la legalidad de esa sesión.
“No puede dejar de advertirse que el proceso legislativo seguido para la aprobación de estos proyectos se encuentra viciado por graves nulidades que impiden al Poder Ejecutivo Nacional proceder a su promulgación”, expresa el decreto, que considera que la sesión del 10 de julio de 2025 “fue llevada adelante sin que se haya citado de forma previa a los integrantes del Honorable Senado de la Nación”.
Según el Gobierno, “el tratamiento de los proyectos bajo análisis fue habilitado por medio de una votación que, conforme al Reglamento de la Cámara alta, debió ser computada sobre una mayoría de dos tercios de los votos, y no una simple mayoría”, votación que para el PEN “fue consecuencia de una ilegitima interpretación” del Reglamento del Senado realizada durante la sesión, mediante la cual “se otorgó carácter de dictamen a documentos que carecían de los requisitos esenciales establecidos por las disposiciones reglamentarias pertinentes”, en referencia a que los mismos se consiguieron en el marco de plenarios que no constaron con la convocatoria de todas las comisiones correspondientes.
“A pesar de las expresas advertencias realizadas por el secretario Parlamentario, el Honorable Senado de la Nación dio tratamiento a los proyectos mencionados, otorgando valor de dictamen a documentos cuya nulidad había sido previamente constatada”, agrega el texto, que recuerda que las advertencias de varios legisladores no fueron tenidas en cuenta, sino desechadas en votación por mayoría simple, todo lo cual lo lleva a verificar “una falta de concurrencia de los requisitos mínimos e indispensables que condicionan la creación de la ley”.
El decreto concluye reseñando que “por todo lo expuesto y a los fines de que el país continúe en la senda de la estabilidad y el crecimiento, corresponde que el Poder Ejecutivo Nacional recurra a la herramienta constitucional del veto”.
La duda que surge ahora es la manera que deberá proceder el Poder Legislativo ante este veto, tratándose de uno solo para las tres leyes. ¿Será necesaria una sola votación de cada cámara? Lo más probable es que en el paso previo al recinto, que será en un plenario de comisiones donde se elaborará el dictamen a votar luego, se deje claro la manera por la que los legisladores podrán separar los temas a la hora de la votación.
Aunque desde el Gobierno se mostraron confiados en revertir los proyectos jubilatorios y de emergencia en discapacidad, los números en Diputados reflejan un escenario complejo. Con votaciones contundentes y aliados que se desmarcaron, la oposición logró avances significativos que ponen en jaque la estrategia oficialista.
La aprobación de la emergencia en discapacidad se logró con los dos tercios de los votos.
Si bien fuentes oficiales se mostraron optimistas los últimos días respecto de la posibilidad de sostener los vetos presidenciales a las leyes jubilatorias y la emergencia en discapacidad, la realidad es que, a priori, no la tiene fácil el oficialismo.
Es que la oposición consiguió en Diputados resultados muy contundentes, razón por la cual el Gobierno se encuentra abocado a tratar de asegurar los votos para revertir los vetos.
Recordemos que en el caso de los aumentos jubilatorios, el proyecto fue aprobado por 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones el pasado 4 de julio.
Veamos quiénes votaron a favor. Impulsores del proyecto, aportaron a los votos positivos 93 integrantes de Unión por la Patria, 13 de Encuentro Federal, 9 de Democracia para Siempre, 6 de la Coalición Cívica y 5 del Frente de Izquierda.
Además, votaron a favor Sergio Acevedo, de Por Santa Cruz; Lourdes Arrieta, de Transformación; Mario Barletta, de Unidos; Osvaldo Llancafilo, de Movimiento Popular Neuquino; y Roberto Mirabella, de Defendamos Santa Fe.
Uno de los datos más llamativos fue el voto afirmativo de habituales aliados del oficialismo, como los tres tucumanos del bloque Independencia, Agustín Fernández, Elia Fernández y Gladys Medina; las salteñas Pamela Caletti y Yolanda Vega, de Innovación Federal; y la sanjuanina Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo.
En tanto, Héctor Baldassi volvió a desmarcarse de su bloque, el Pro; al igual que los diputados de la UCR Fabio Quetglas, Roberto Sánchez, Natalia Sarapura y Julio Cobos.
Los votos en contra fueron: 36 de La Libertad Avanza, 22 del Pro, 4 de la Liga del Interior Eli, 1 del MID, 1 de CREO, 1 de Futuro y Libertad, 1 de Somos Fueguinos, y el del entrerriano Francisco Morchio, quien responde al gobernador Rogelio Frigerio, y fue el único de su bancada en votar negativo.
Dentro de las abstenciones, dejaron su huella los macristas del Pro Martín Ardohain, Gabriela Besana, Sofía Brambilla, Germana Figueroa Casas, Luciano Laspina, Silvia Lospennato, Ana Clara Romero, María Sotolano y María Eugenia Vidal.
Sacando cuatro votos a favor y una ausencia, toda la bancada radical se abstuvo. Se trata de Karina Banfi, Atilio Benedetti, Gabriela Brouwer de Koning, Soledad Carrizo, Rodrigo de Loredo, Lisandro Nieri, Roxana Reyes, Martín Tetaz y Pamela Verasay.
También se abstuvo el santacruceño José Luis Garrido.
Por último, los ausentes fueron 28: 6 de Innovación Federal, 5 de Unión por la Patria, 3 de Democracia para Siempre, 3 Pro, 2 Liga del Interior, 2 de La Libertad Avanza, 2 del MID, 1 de Encuentro Federal, 1 UCR, 1 Republicanos Unidos, 1 Producción y Trabajo y 1 Futuro y Libertad.
Moratoria Previsional
A diferencia de lo sucedido con la iniciativa sobre incremento y recomposición en las jubilaciones, los cinco bloques convocantes a sesión guardaban diferencias respecto de la moratoria previsional. Mientras UP y el Frente de Izquierda votaron a favor, la Coalición Cívica lo hizo en contra, y una parte de Encuentro Federal y la totalidad presente de Democracia para Siempre, se abstuvieron.
Los 111 votos a favor fueron 94 de 98 diputados de Unión por la Patria y 5 de 5 del Frente de Izquierda. Además, desde Encuentro Federal, la bancada liderada por Miguel Pichetto, votaron positivamente la cordobesa Natalia de la Sota y los santafesinos socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón.
También lo hicieron Sergio Acevedo, de Por Santa Cruz; Lourdes Arrieta de Transformación; y Roberto Mirabella, de Defendamos Santa Fe.
Al igual que en el primer proyecto, hubo aliados habituales del oficialismo que alzaron su mano a favor: los tres tucumanos Agustín Fernández, Elia Fernández y Gladys Medina, de Independencia; las salteñas Pamela Calletti y Yolanda Vega, de Innovación Federal; y la sanjuanina Nancy Picón Martínez.
En tanto, los 100 votos en contra fueron 36 de La Libertad Avanza, 32 del Pro, 13 de la UCR, 5 de la Coalición Cívica, 5 de Encuentro Federal y 4 de La Liga del Interior Eli. También de Mario Barletta, de Unidos; Gabriel Chumpitaz, de Futuro y Libertad; Ricardo Garramuño, de Somos Fueguinos; Cecilia Ibáñez, del MID; y Paula Omodeo, de CREO.
Las 15 abstenciones fueron de Marcela Antola, Fernando Carbajal, Carla Carrizo, Mariela Coletta, Melina Giorgi, Pablo Juliano, Facundo Manes, Jorge Rizzotti y Danya Tavela, por Democracia para Siempre; Emilio Monzó, Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer y Alejandra Torres, por Encuentro Federal; José Luis Garrido, de Por Santa Cruz y Osvaldo Llancafilo, de Movimiento Popular Neuquino.
Emergencia en discapacidad
En el caso de la emergencia en discapacidad, el texto reunió los votos a favor de los dos tercios de los presentes. Un número clave que el Poder Ejecutivo deberá tener en cuenta ante una eventual decisión.
En el tema de jubilaciones un puñado de aliados provinciales ya se habían diferenciado del oficialismo, pero en este caso fueron, además de esos, los integrantes de la Unión Cívica Radical quienes se inclinaron también por la afirmativa. Justamente, el presidente de esa bancada, Rodrigo de Loredo, manifestó su voto a viva voz.
Si bien el tablero marcó 148 votos positivos, aparecieron como ausentes, con un círculo en gris, De Loredo y Paula Penacca, la secretaria parlamentaria del bloque Unión por la Patria. Esto quedó registrado así también en el acta de votación, donde figuran ausentes, pero en el final se aclara que ambos se manifestaron a viva voz.
En el caso de Penacca, antes de la votación advirtió al presidente de la Cámara baja, Martín Menem.
Del total de los 150 votos a favor hubo 93 de 98 de Unión por la Patria; 13 de 14 de la UCR; 11 de 15 de Encuentro Federal; 9 de 12 de Democracia para Siempre; 6 de 6 de la Coalición Cívica; y 5 de 5 del Frente de Izquierda.
Además, votaron positivamente los tres tucumanos de Independencia Agustín Fernández, Elia Fernández y Gladys Medina; las salteñas de Innovación Federal Pamela Calletti y Yolanda Vega; los santacruceños de Por Santa Cruz Sergio Acevedo y José Luis Garrido; Héctor Baldassi, del Pro; Osvaldo Llancafilo, de Movimiento Popular Neuquino; Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo; Lourdes Arrieta, de Transformación; Mario Barletta, de Unidos y Roberto Mirabella, de Defendamos Santa Fe.
En tanto, los 71 votos en contra correspondieron: 35 de 38 de La Libertad Avanza; 29 de 35 del Pro; 4 de 6 de la Liga del Interior Eli; Paula Omodeo, de CREO; Cecilia Ibáñez del MID; y Ricardo Garramuño, de Somos Fueguinos.
Las tres abstenciones fueron de Karina Bachey, del Pro; Francisco Morchio y Alejandra Torres, de Encuentro Federal.
En cuanto a los ausentes hubo 32: 6 de Innovación Federal, 5 de Unión por la Patria, 4 del Pro, 3 de Democracia para Siempre, 3 de La Libertad Avanza, 2 de Liga del Interior, 2 del MID, 2 de Encuentro Federal, 2 Futuro y Libertad, 1 UCR, 1 Republicanos Unidos y 1 Producción y Trabajo.
Así lo precisaron fuentes oficiales. Los tres decretos aparecerán en el Boletín Oficial de este lunes 4 de agosto.
No hay sorpresas con este Gobierno respecto de las leyes que serán vetadas. Habiéndose implementado esa medida ya en tres oportunidades durante esta gestión, no quedan dudas en este tema: cuando el presidente dice que va a vetar lo hace, y siempre sucede al filo del vencimiento del vencimiento del tiempo.
En este caso, desde que se confirmó que el Senado había comunicado las sanciones de las tres leyes citadas al Poder Ejecutivo, todo indicaba que el veto saldría este lunes 4 de agosto. La novedad en este caso fue que fuentes oficiales confirmaran este sábado al periodismo que el presidente Javier Milei había cumplido con ese trámite, y que, en efecto, los decretos se conocerán este lunes.
Recordamos que estamos hablando de la actualización de los haberes jubilatorios, que fue comunicada como Ley 27.791, luego de haber sido sancionada en el Senado el 10 de julio pasado con 52 votos a favor, cero en contra y 4 abstenciones. La misma preveía un incremento de todos los haberes previsionales del 7,2%; un aumento del bono extraordinario -congelado hace más de un año en 70 mil pesos- a 110 mil pesos con la actualización mensual por índice de movilidad; y la transferencia de fondos por parte de la ANSeS a las provincias con cajas previsionales no transferidas.
También vetó Milei la Ley 27.792, conocida como Prórroga de la Moratoria Previsional por dos años, extendiendo la vigencia del capítulo II de la Ley 27.705 y del Plan de Pago de Deuda Previsional establecido en ella. Al igual que en la Cámara baja, la aprobación en el Senado se logró partir del grado de ausentismo en el recinto: fueron 39 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención.
La tercera de las leyes vetadas por Milei es la N° 27.793, conocida como de Emergencia en Discapacidad. La vigencia de la misma era hasta el 31 de diciembre de 2026, inclusive, y se sancionó en el Senado por unanimidad (56 votos positivos). Entre sus principales puntos preveía el financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad; el fortalecimiento de los prestadores de la Ley 24.901, asegurando en forma expeditiva y simplificada el acceso a un régimen de emergencia de regularización de deudas tributarias, condonación de intereses, multas y demás sanciones, refinanciación de planes de pago vigentes y de las deudas emergentes de planes caducos.
El camino de los vetos
Si bien no se dieron precisiones, se descuenta que estos vetos han sido totales (también pueden ser parciales). El veto es una facultad que habilita la Constitución Nacional en el artículo 83°, que puede ser ejercida para todo tipo de leyes, salvo una ley de convocatoria a una consulta popular vinculante, o una ley aprobada por el pueblo en el marco de una consulta popular vinculante.
¿Qué dice el artículo 83 de la CN? “Desechado en el todo o parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la cámara de su origen; ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la cámara de revisión. Si ambas cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de ambas cámaras serán en este caso nominales, por sí o por no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes como las objeciones del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año”.
El plazo que tiene el Gobierno para vetar es de 10 días; por eso se había especulado con que el veto saliera el 24 de julio. Pero como en realidad los textos deben ser revisado antes por las dos cámaras, primero el Senado lo remitió a Diputados y luego esa Cámara los devolvió a la Cámara alta, que emitió la comunicación el pasado 21 de julio. De ahí que el plazo de 10 días recién se cumpliera este lunes 4 de agosto.
Ahora bien: ¿cuándo se ocuparán las cámaras de considerar los vetos? Así como el Poder Ejecutivo tiene 10 días para ejercer su poder de veto, las cámaras no tienen plazo para rechazar el veto, que se comunica a la Cámara de origen del proyecto. En estos tres casos, Diputados.
En primer lugar, los vetos deben pasar por comisiones antes de llegar al recinto. Si el veto es parcial, tendría que pasar por la Bicameral de Trámite Legislativo para el control de constitucionalidad y de ahí sí pasa al recinto. Si el veto es total, va a las comisiones que lo trataron oportunamente, porque requiere que resuelvan para ir al recinto. Que vaya a comisiones, no implica que se pueda modificar nada; solo se trata de aceptar el veto, o insistir.
Si ambas cámaras consiguen los 2/3 en ambos casos para rechazar el veto, el Poder Ejecutivo está obligado a promulgarlo.
Si en una de las dos cámaras no cuenta con los 2/3, el proyecto no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año, y se mantiene el veto.
Un factor clave en el voto de algunos legisladores será los acuerdos electorales que ciertos gobernadores cierren con LLA. El papel de las ausencias y las abstenciones también será determinante para inclinar la balanza.
Los días para conocer los vetos anunciados por el presidente Javier Milei sobre las leyes de jubilaciones y discapacidad se acortan, dado que la fecha límite es hasta el próximo 4 de agosto. Durante las dos semanas que la actividad parlamentaria se frenó por el receso invernal, el Gobierno no dejó de negociar en busca de apoyos que le permitan blindar el rechazo a esas normas, originadas todas en Diputados.
La semana en que las leyes se traten nuevamente en la Cámara baja no será un factor menor: el condicionante de algunos gobernadores sobre legisladores que les responden pesará más luego de que se cierren las alianzas a nivel nacional, el 7 de agosto, y se confirmen los acuerdos entre ciertos mandatarios y La Libertad Avanza. Algunos ya se conocen, como el caso de Mendoza.
Para el oficialismo cada voto será determinante para conformar un tercio de los presentes que le permita sostener los vetos. Con una sesión donde las ausencias y abstenciones jugarán fuerte, LLA se aseguró recientemente exhibir una demostración de fuerza con la incorporación a su interbloque de los radicales “peluca”.
Más allá del apoyo que los integrantes de La Liga del Interior ya habían adoptado desde los vetos del año pasado, en la votación original de las leyes de jubilaciones y discapacidad algunos de sus miembros estuvieron ausentes. Fueron el tucumano Mariano Campero y el misionero Martín Arjol. Su presencia esta próxima vez será determinante para que el oficialismo sume dos votos más a su favor.
Una foto significativa con la que La Libertad Avanza exhibió que avanzan los acuerdos para blindar los vetos.
En el caso de la norma que dispuso un aumento del 7,2% para todas las jubilaciones y un incremento del bono de 70 a 110 mil pesos, la oposición no logró los dos tercios de los presentes en esa votación. Estuvo a 10.
Entre los ausentes que pertenecen a alguno de los bloques opositores que se articularon detrás de esas leyes, hubo 9. Pero, la garantía de que todos esos lleguen a estar presentes en la votación de los vetos no es total, dado que entre ellos hay quienes cursan problemas de salud. Un ejemplo de esto es el único ausente que tuvo Encuentro Federal, el chubutense Jorge “Loma” Ávila, quien por pedido del gobernador Ignacio “Nacho” Torres -uno de los que rechazó acordar electoralmente con LLA- podría sumar para la oposición, pero no es opción asegurada.
Por su parte, uno de los que faltó por Democracia para Siempre, la bancada de radicales díscolos, fue el chaqueño Juan Carlos Polini, que responde al gobernador Leandro Zdero, quien fue en alianza con los libertarios en las elecciones locales. Tampoco se prevé que sume al poroteo de los impulsores de ratificar la ley.
Del resto de los ausentes a la hora de votar el aumento a las jubilaciones, por el lado de los aliados del oficialismo hubo 19. Dos fueron los mencionados Campero y Cervi, mientras que la propia LLA tuvo otros dos que no estuvieron; sin embargo, entre ellos una es Marcela Pagano, quien en la última sesión pedida por la oposición dio quórum y votó a favor de los emplazamientos por el Garrahan y financiamiento universitario, a contramano de su bloque.
La bancada que más ausentes tuvo en esa oportunidad fue Innovación Federal, compuesta por legisladores que responden a los gobernadores de Misiones, Salta y Río Negro. Sólo dos salteñas bajaron y votaron a favor. Una de ellas, Pamela Calletti, la presidenta del bloque, confirmó en declaraciones radiales que apoyará nuevamente las leyes.
¿Cómo votará esta vez Innovación Federal?
Así como fueron varias las ausencias, también resultaron las abstenciones, entre las que hubo 9 del Pro, tres de ellas correspondientes a diputadas bonaerenses. Una es María Sotolano, que responde a Jorge Macri, pero hoy candidata a legisladora provincial por la tercera sección en la boleta del Frente Libertad Avanza, lo cual hace suponer que podría acompañar esta vez al oficialismo.
Pero los apoyos dentro de ese conjunto de macristas que se abstuvieron hacia el veto del presidente no está asegurado. De las heridas internas en el Pro por el armado electoral bonaerense -y la dura derrota en CABA- se suman las advertencias de María Eugenia Vidal respecto de la situación de los jubilados y el reclamo hacia el Gobierno sobre algún tipo de asistencia a este sector.
El grupo de abstenciones lo completaron un santacruceño y la mayoría del bloque UCR, donde se destacan los mendocinos Lisandro Nieri y Pamela Verasay, que responden al gobernador Alfredo Cornejo, socio de LLA para las próximas elecciones. Así, se pronostica que esas abstenciones se conviertan en votos a favor del veto.
La UCR mendocina está cerrando acuerdos con La Libertad Avanza de cara a octubre.
Se verá si los tres tucumanos de Independencia, bajo las órdenes de Osvaldo Jaldo, mantienen su posición a favor de las leyes o la cambian. El gobernador tucumano está cada vez más crítico con LLA.
También deberá trabajar el oficialismo sobre el MID, bloque por el cual solo asistió Cecilia Ibáñez, que votó en contra de las leyes. Oscar Zago y Eduardo Falcone se ausentaron. Desde hace semanas reclaman que no se haya tratado su propuesta para terminar con las jubilaciones de privilegio y así financiar un aumento a los haberes previsionales más bajos. Para colmo, Milei criticó en la Sociedad Rural al Congreso por no avanzar en este sentido, pero Falcone reprochó en uno de los últimos plenarios de comisiones que José Luis Espert nunca atendió a su pedido para informar sobre el ahorro fiscal que implicaría poner fin a los regímenes especiales.
Recientemente, Zago consideró que los jubilados “se merecen tener mucho más aumento y solamente están reclamando lo que se perdió”. “¿Le vamos a solucionar la vida con el 7,2%? No, pero es mejor para arriba que para abajo siempre”, agregó y afirmó que “nunca” fue “héroe”, apodo que Milei había puesto el año pasado a quienes apoyaron sus vetos, “pero tampoco soy genocida”, manifestó, al rechazar las declaraciones del presidente sobre quienes no avalen esta vez su decisión.
En el caso del veto a la ley que busca restituir la moratoria previsional, la oposición corre con una desventaja significativa. Durante la sesión en Diputados, resultó incluso una sorpresa que el proyecto motorizado por Unión por la Patria saliera. La votación estuvo lejos de los dos tercios en ambas cámaras y la búsqueda de más voluntades positivas no se vislumbra fácil.
Además de UP, el Frente de Izquierda y un puñado de Encuentro Federal, votaron a favor de la norma el santacruceño Sergio Acevedo, el santafesino Roberto Mirabella, la mendocina Lourdes Arrieta, los tres tucumanos de Independencia, dos salteñas de Innovación y la sanjuanina Nancy Picón Martínez, quien será mirada con atención. Sucede que la legisladora responde al gobernador Marcelo Orrego, de buena sintonía con Casa Rosada. El bloque Producción y Trabajo también lo integra María de los Ángeles Moreno, quien estuvo ausente esa vez. Pero ambas siempre se movieron como aliadas de LLA.
En cuanto a la ley de emergencia en discapacidad, ésta salió con el voto de los dos tercios de los presentes. Aunque el tablero marcó 148 votos positivos, hubo 150, porque el radical Rodrigo de Loredo y la camporista Paula Penacca manifestaron a viva voz su voto. Las abstenciones fueron solo tres y una de ellas correspondió al entrerriano Francisco Morchio, quien responde al gobernador Rogelio Frigerio, en conversaciones con LLA para el armado electoral. En cuanto a las dos leyes sobre jubilaciones, el legislador las votó en contra. Con lo cual la lupa estará sobre cómo se planta en este caso.
El Parlamento cerró su actividad ordinaria con un saldo negativo para La Libertad Avanza, que pasó de una módica ofensiva legislativa de 2024 a una estrategia defensiva en 2025. Con escasas leyes propias aprobadas y varias derrotas resonantes, el Gobierno enfrenta un escenario complejo de cara a la reanudación de sesiones y el calendario electoral.
El Congreso entró formalmente en receso luego de un semestre verdaderamente magro para el Poder Ejecutivo, bien distinto a lo que había sido el primer año de gestión. No porque 2024 haya sido un tiempo muy productivo en materia de leyes, pero consiguió aprobar fundamentalmente la Ley de Bases, con la que puede haberse dado por hecho.
Tengamos en cuenta que para la administración Milei esa ley y el mega decreto 70/23 han sido las bases de su gestión. Y en el caso del DNU, que el mismo siga teniendo vigencia -en el Senado fue rechazado, pero Diputados nunca reunió una mayoría para tratarlo-, es un logro en sí mismo.
El primer semestre de 2025, en cambio, el oficialismo y sus aliados hicieron una tarea de bloqueo defensivo, no obstante lo cual sufrió varias sonoras derrotas. Y mostró una considerable sequía en materia de leyes, ya que en el período ordinario todo lo aprobado fueron propuestas de la oposición que el Gobierno rechaza. Lo único que impulsó el Gobierno y consiguió aprobar fue en las extraordinarias de febrero: juicio en ausencia; reincidencia y reiterancia; la Ley Antimafia y la suspensión de las PASO por este año.
Y de todo lo votado y aprobado, lo que más celebró el Gobierno este año no fue una ley sino un decreto, el que dio luz verde al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Que debió haber sido por ley, tal cual lo dispuesto por el Congreso durante la gestión anterior, pero el reclamo quedó en la nada. Y alcanzó con que una sola de las cámaras (Diputados) lo aprobara.
Un período ordinario difícil para LLA
Eso sucedió en la sesión del 19 de marzo. En el resto de las reuniones que hubo durante el período ordinario en Diputados, el oficialismo se dedicó a defenderse y tratar de evitar que la oposición le infringiese derrotas. A veces lo logró, otras no.
En la sesión del 12 de marzo, la oposición consiguió emplazar a las comisiones a reunirse para analizar la creación de una comisión investigadora para el caso $LIBRA, como así también aprobó la emergencia en Bahía Blanca.
El 8 de abril se aprobó la creación de la Comisión $LIBRA y las interpelaciones. También salieron los emplazamientos para el aumento de los haberes jubilatorios, la prórroga de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.
Hubo dos sesiones que tuvieron como protagonista a Guillermo Francos: la del informe al Cuerpo como jefe de Gabinete y dos semanas después la interpelación por $LIBRA; y una reunión para homenajear a la memoria del papa Francisco.
Francos fue dos veces ya este año a exponer ante los diputados y una al Senado.
El 4 de junio Diputados dio media sanción a los proyectos previsionales y la emergencia en discapacidad, y el 2 de julio pasado salieron los emplazamientos para financiamiento universitario y la emergencia pediátrica.
En el Senado hubo menos sesiones, pero las derrotas oficiales más contundentes. En el período ordinario, el 3 de abril los senadores rechazaron los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema de Justicia. Y en la sesión del 7 de mayo fue rechazado el proyecto de ficha limpia. En este último caso, no hubo mayor preocupación de parte del Gobierno…
Entre ambas, el 24 de abril hubo un homenaje al papa Francisco.
Y tras una sesión informativa del jefe de Gabinete, llegó el 10 de julio en el que el oficialismo sufrió seis derrotas consecutivas, con la aprobación de tres leyes que el presidente promete vetar, más las medias sanciones de los dos proyectos de los gobernadores, y el rechazo al veto por la emergencia en Bahía Blanca.
La sesión del Senado del 6 a 0 en contra del Gobierno. (Foto: Comunicación Senado)
Lo que viene
Se entiende así que el oficialismo haya recibido con alivio la llegada del receso invernal. Que no necesariamente significa que no pueda haber actividad en las cámaras, pero eso es excepcional. De hecho, Unión por la Patria se ilusionaba con la posibilidad de llamar a una sesión el 30 de julio, aunque previsiblemente esa posibilidad fue al final dejada de lado.
La idea de la oposición es convocar para tratar financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, una sesión corta en la primera o la segunda semana de agosto. Si es la primera, mejor, aunque el Gobierno reservaría el miércoles 6 para una nueva presentación del jefe de Gabinete. Eso no sería impedimento para que la oposición intente sesionar el día anterior o el posterior, pero lo más probable es que en ese caso la eventual sesión quede para la semana siguiente.
Cuando se haga, la idea es que en lo posible no abarque otros temas, salvo emplazamientos. También querrán avanzar contra algunos de los decretos. Un legislador opositor reconoció ante este medio que el Gobierno contaba con facultades delegadas que le fueron votadas, por lo que no deberían rechazar todo, aunque sí irán contra los casos más emblemáticos.
Hay una preocupación especial por el tema Vialidad y la reforma en el INTA, por citar dos casos que han generado una profusa cantidad de proyectos.
No sumarían en cambio cuestiones capaces de generar resistencias en el seno opositor, como juicio por jurados y la regulación de los decretos de necesidad y urgencia, temas que habían sido sumados a la sesión del 4 de junio que terminó cayéndose.
Justo cuando se reanude la actividad, el presidente estará vetando la totalidad de las leyes previsionales y la Emergencia en Discapacidad, por lo que Diputados intentará a partir de entonces lograr lo que no ha sucedido nunca desde el 83: rechazarle un veto a un presidente.
El Gobierno tiene tiempo para ir en busca de los votos que le aseguren al menos el tercio necesario para mantener esos vetos y los que vendrán, cuando avancen el proyecto universitario y el referido al Garrahan. No será fácil. Ruega mientras tanto para que el clima electoral y el cierre de listas para octubre -17 de agosto- le jueguen a favor.
El oficialismo tendrá que hacer en lo que resta del año lo que Miguel Pichetto define como “una tarea defensiva, de resistencia”, a la espera al menos de que con un resultado electoral positivo, la oposición modere su presión. Pero falta tanto hasta octubre…
Esa tarea defensiva es la que ha llevado al oficialismo a tratar de mantener cerrados los recintos este año. Aun al costo de resignar leyes que impulsaba, como la única que pidió aprobar el presidente el 1° de marzo pasado: la reforma del Régimen Penal Juvenil, que el oficialismo dictaminó en las comisiones, pero que nunca llevó al recinto, a sabiendas de que en cada sesión se expone al menos a emplazamientos.
El debate de la reforma del Régimen Penal Juvenil dejó dictámenes listos para llevar al recinto, pero...
O al nombramiento de auditores, como intentó hacer Unión por la Patria en conjunto con Encuentro Federal hace algunos meses, cosa que llevó al oficialismo a extremar su capacidad de bloqueo. Al menos en este caso, la estrategia le dio resultado al oficialismo.
Ya fueron comunicadas por la Cámara alta y publicadas en su web. Con destino de veto, son dos leyes previsionales y la Emergencia en Discapacidad.
Las leyes salieron en el marco de una sesión muy controvertida, signada por las discusiones reglamentarias. (Foto: Comunicación Senado)
Aprobadas por el Senado el 10 de julio pasado, en el marco de una sesión marcada por la polémica a partir de haber sido autoconvocada por la oposición y rechazada como “ilegal” por el oficialismo, las leyes votadas esa jornada ya tienen número y están listas para ser promulgadas. Cosa que no sucederá, por ahora, dado que el presidente Javier Milei ya anticipó que las vetará.
La primera en ser aprobada ese día fue la que dispuso la actualización de los haberes jubilatorios. Tuvo 52 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones, y prevé un incremento de todos los haberes previsionales del 7,2%; un aumento del bono extraordinario -congelado hace más de un año en 70 mil pesos- a 110 mil pesos con la actualización mensual por índice de movilidad; y la transferencia de fondos por parte de la ANSeS a las provincias con cajas previsionales no transferidas. Es la Ley 27791.
Ley 27791La Ley 27792 es la Prórroga de la Moratoria Previsional por dos años, extendiendo la vigencia del capítulo II de la Ley 27.705 y del Plan de Pago de Deuda Previsional establecido en ella. Al igual que en la Cámara baja, la aprobación en el Senado se logró partir del grado de ausentismo en el recinto: Fueron 39 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención.
Ley 27792En el caso de la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, inclusive, se sancionó en el Senado por unanimidad (56 votos positivos). Entre sus principales puntos prevé el financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad; el fortalecimiento de los prestadores de la Ley 24.901, asegurando en forma expeditiva y simplificada el acceso a un régimen de emergencia de regularización de deudas tributarias, condonación de intereses, multas y demás sanciones, refinanciación de planes de pago vigentes y de las deudas emergentes de planes caducos. Es la Ley 27793.
Ley 27793Las normas fueron comunicadas por el Senado a Casa Rosada este lunes. El plazo de los diez días hábiles para que el PEN pueda desecharlas vencerá el próximo 4 de agosto.
Las leyes de aumento de las jubilaciones, restitución de la moratoria previsional y emergencia en discapacidad fueron comunicadas formalmente este lunes desde el Senado a Casa Rosada, con lo cual comienza a correr el plazo para que el presidente Javier Milei tome la decisión de vetarlas total o parcialmente, según lo anticipó.
Luego de su sanción definitiva en la sesión de la Cámara alta del pasado 10 de julio, las normas pasaron por un habitual trámite parlamentario en el cual los textos deben ser revisados por ambas cámaras y salir con la firma de sus autoridades.
De esta manera, a partir de este lunes corren los 10 días hábiles que el Poder Ejecutivo tiene para evaluar si observa las leyes sancionadas por el Congreso. Ese plazo vencerá el próximo lunes 4 de agosto, semana en la que se espera que la actividad legislativa se reanude con fuerza tras el receso invernal.
El tiempo para decidir sobre el veto corresponde a que, de acuerdo al artículo 80 de la Constitución Nacional, “se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de 10 días útiles”.
No obstante, el artículo 83 establece que, en caso de desechar el Ejecutivo una ley, ambas cámaras pueden insistir en la aprobación de ésta con dos tercios de los votos.
Las fechas de tratamiento de los eventuales vetos coincidirán con fechas clave del calendario electoral: cierre de alianzas y de listas. Sumado a ello, en la Cámara de Diputados hay una agenda pendiente con más temas incómodos para el Gobierno, como proyectos sobre emergencia en pediatría -a raíz del conflicto en el Garrahan- y financiamiento universitario, más el veto sobre la emergencia en Bahía Blanca (ya rechazado por el Senado).
También aguardan con media sanción los proyectos de los gobernadores sobre reparto de fondos, a través de los ATN y lo recaudado por el impuesto a los combustibles. De cara a los cierres de alianzas, las órdenes de algunos de ellos serán clave en cómo puedan actuar algunos legisladores. Por lo pronto, en la sesión del Senado no bajaron quienes responden a los mandatarios Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).
Mientras transcurría la sesión en el Senado del 10 de julio, durante un discurso en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Milei confirmó que vetaría todo lo aprobado por el Congreso y que incluso si no pudiera sostener su decisión con un tercio de legisladores que lo apoyen, judicializará las leyes. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también lo ratificó en más de una oportunidad antes y después de la sanción de las normas.
Uno de los argumentos principales del Gobierno para desestimar las leyes impulsadas por la oposición es el de que tales medidas “rompen el equilibrio fiscal” y, además, no plantean fuente de financiamiento.
En este sentido, alegan el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que reza: “Toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”. Fue la normativa que citaron en el veto a la ley de emergencia en Bahía Blanca.
¿Cómo fueron las votaciones?
Bajo el número de Ley 27.791, la norma que prevé un incremento de todos los haberes previsionales del 7,2%; un aumento del bono extraordinario de 70 mil a 110 mil pesos y su actualización mensual por índice de movilidad; y la transferencia de fondos por parte de la ANSeS a las provincias con cajas previsionales no transferidas, fue aprobada en Diputados por 146 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones, cerca de los dos tercios. En el Senado superó ampliamente esa mayoría, al salir con 52 votos a favor y 4 abstenciones.
En el caso de la Ley 27.792, que restituye la moratoria previsional por dos años e introduce una serie de cambios en la PUAM, su aprobación estuvo muy lejos de dos tercios de los votos a favor en cada cámara. En Diputados obtuvo 111 votos positivos, 100 negativos y 15 abstenciones; en tanto, en el Senado cosechó 39 votos positivos, 14 negativos y 1 abstención.
Finalmente, la Ley 27.793, de Emergencia Nacional en Discapacidad, salió con dos tercios de los votos en ambas ocasiones. En la Cámara baja reunió 150 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones (dos tercios sobre los presentes), mientras que en el Senado salió por unanimidad con 56 votos positivos. Producto de este amplio respaldo, desde un sector del oficialismo trascendió la posibilidad de que sea vetada de manera parcial. Se verá.
Una vez confirmados los vetos, el trámite comenzará por la cámara de origen, que en todos los casos fue Diputados.
La Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que la ley recientemente aprobada para garantizar derechos de personas con discapacidad tendrá un impacto fiscal de entre 0,28% y 0,51% del PBI. El informe contempla nuevas pensiones, incentivos laborales, compensaciones a prestadores y actualizaciones de asignaciones, aunque advierte que el costo real podría ser aún mayor.
La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el impacto fiscal de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad que acaba de aprobar el Parlamento tiene un costo fiscal de entre el 0,28% y el 0,51% del PBI.
La iniciativa aprobada el jueves 10 de julio busca asegurar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de jerarquía constitucional, a través de una serie de medidas de alcance normativo, institucional y presupuestario. Este nuevo análisis se enmarca en la emergencia dispuesta hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año, y considera la reciente aprobación de la ley de aumento general de haberes previsionales como nueva base de cálculo para las prestaciones.
Según estableció la OPC, el impacto fiscal total de las medidas cuantificables se estima en un rango de $2,4 billones (0,28% del PBI) a $4,3 billones (0,51% del PBI). Dicho costo se compone de los siguientes elementos:
Nuevas altas de la Pensión por Discapacidad:
Se estima un aumento de entre 493 mil y 946 mil nuevos beneficiarios. Considerando la aprobación reciente de suba de haberes previsionales, este costo se estima en un rango de $2 billones (0,25% del PBI) y $4 billones (0,48% del PBI).
Incentivo a la contratación:
La exención del 50% de las contribuciones patronales por la contratación de nuevos trabajadores con discapacidad representa un costo fiscal por menor recaudación (gasto tributario) de $12.600 millones, lo que equivale a un 0,0015% del PBI.
Compensación de emergencia a prestadores:
Se calcula un gasto por única vez de $278.323 millones (0,03% del PBI) para compensar a los prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas.
Actualización de asignaciones a Talleres Protegidos:
El costo adicional por la actualización del estímulo económico para trabajadores de Talleres Protegidos de Producción asciende a $7.160 millones (0,0009% del PIB).
El proyecto aprobado por ambas cámaras contempla otras medidas, como el refuerzo general de los programas de la ANDIS, el impacto en la cobertura de salud pública que implican los nuevos beneficiarios de PNC por discapacidad y el nuevo mecanismo de actualización mensual de aranceles, cuyo impacto fiscal no es posible estimar.
Por lo tanto, el costo fiscal total presentado por la Oficina de Presupuesto del Congreso debe considerarse como una estimación de mínima.
Los textos sancionados en el Senado fueron girados en la noche de este martes a la Cámara de Diputados, que con la firma de Menem se notificarán al Ejecutivo. A partir de allí se contarán los 10 días hábiles.
Las leyes que establecen el aumento de jubilaciones, la restitución de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad todavía no salieron del Congreso y, por ende, no comenzó a correr el plazo para que el presidente Javier Milei pueda vetarlas, tal y como prometió.
Las normas sancionadas por el Senado en la compleja sesión realizada el jueves pasado fueron giradas por la vicepresidenta Victoria Villarruel -más enfrentada que nunca con Milei- a la Cámara de Diputados en la noche de este martes.
Según explicaron este miércoles desde el entorno del titular de la Cámara baja, Martín Menem, el proceso parlamentario de revisión puede demorar debido a que debe chequearse rigurosamente que no haya errores en los textos y no se trata solo de uno, sino tres.
De esta manera, las leyes aguardan a la firma de Menem para que el Poder Ejecutivo sea notificado formalmente y, a partir de allí, corran los 10 días hábiles que el presidente tendrá para observar parcial o totalmente las normas y publicarse eventualmente los decretos en el Boletín Oficial.
De acuerdo al artículo 80 de la Constitución Nacional, “se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de 10 días útiles”. De allí el tiempo con el que cuenta el Gobierno para tomar la decisión de rechazar una ley del Congreso, tras lo cual ambas cámaras pueden insistir con dos tercios de los votos. Trámite éste que se estima ocurrirá en el caso de estas normas durante agosto, juntándose la cuestión con una fecha clave del calendario electoral: el cierre de las candidaturas a nivel nacional para las legislativas.
Asimismo, el Senado envió las medias sanciones de los proyectos impulsados por los gobernadores para el reparto de fondos a través de ATN y lo recaudado por el impuesto a los combustibles. Hasta este miércoles todavía no habían sido girados a comisiones.
Mientras transcurría la sesión en el Senado, durante un discurso en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Milei ratificó que vetaría todo lo aprobado por el Congreso y que incluso si no pudiera sostener su decisión con un tercio de legisladores que lo apoyen, judicializará las leyes.
Uno de los argumentos principales del Gobierno para desechar las normas impulsadas por la oposición es el de que tales medidas “rompen el equilibrio fiscal” y, además, no plantean fuente de financiamiento.
En este sentido, alegan el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que reza: “Toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”. Fue la normativa que citaron en el veto a la ley de emergencia en Bahía Blanca que el Senado rechazó por unanimidad y ahora también será el turno de la Cámara de Diputados.
Al cruce de este fundamento salió el diputado de Encuentro Federal Nicolás Massot, quien aseguró que “en la ley que aprobó el Congreso con amplias mayorías indicamos siete fuentes de financiamiento para afrontar el 0,6% que conlleva la recomposición de las jubilaciones”.
“El nivel de IRRESPONSABILIDAD es SUPERLATIVO. Votan leyes que no tienen fondeo y las explicaciones de cómo las financian NO CUBREN ni el 15% del costo. Así vienen manejando la Argentina los últimos 25 años: gastaron ilimitadamente y solo generaron pobreza”, cuestionó por su parte Menem el día después de la sanción de las leyes.
Para la presidenta de Innovación Federal, hoy en la Cámara de Diputados "no hay una foto tan nítida" respecto a que el oficialismo consiga un tercio de votos para defender los vetos del presidente.
Sancionadas las leyes sobre jubilaciones y discapacidad en el Senado, y con la ratificación del presidente Javier Milei de que las vetará, la titular del bloque Innovación Federal en Diputados, Pamela Calletti, afirmó que en su caso acompañará sostener esas normas y observó que esta vez "la foto no es tan nítida" respecto del tercio de legisladores que el oficialismo pueda eventualmente reunir para defender los vetos del Gobierno.
"Espero que el Congreso de la Nación sea realmente un organismo de poder que establezca los límites dentro del marco constitucional", expresó este viernes y dijo: "Hoy tenemos una esperanza de que el Gobierno no logre ese número (de un tercio)".
En ese sentido, la salteña señaló que "la situación de jubilados y personas con discapacidad es absolutamente insostenible" y "hay sectores políticos que acompañaron el veto en su momento y hoy resulta imposible no verlo, hacerse el distraído".
Calletti confirmó que ella estará a favor de sostener las leyes y buscará que los pares de su bloque así lo hagan también. Sobre el antecedente de Innovación Federal en el veto de la ley de movilidad jubilatoria el año pasado, cuando se abstuvieron, recordó que en esa ocasión "ya se sabía que el Gobierno tenía los votos". "Bajar a recinto sabiendo que perdes y no lo podes tratar más por ese año el tema, me parece una locura porque no es eficaz", sostuvo.
Por otra parte, respecto de las iniciativas impulsadas por los gobernadores sobre el reparto de ATN e impuesto a los combustibles, que pasaron a la Cámara baja, la jefa del bloque que reúne a diputados que responden a los mandatarios de Salta, Misiones y Río Negro aseguró que "los proyectos de los gobernadores en Diputados van a tener los votos necesarios. Es lo que quiero y además creo que es lo que va a ocurrir. Porque es de una absoluta razonabilidad".
"Hace dos años que este Gobierno asumió, con un gran desequilibrio fiscal y logró el equilibrio a costa, básicamente, del ajuste a la clase media trabajadora, a los jubilados y a los fondos de las provincias", apuntó y cuestionó que "el Gobierno cobró" lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos "y no lo destinó a lo que está previsto legalmente, que es el arreglo de las rutas nacionales".
En declaraciones a radio Futurock, la salteña remarcó que "la plata no es de los gobernadores, los fondos son de las personas que viven en las provincias". "La situación en términos económicos se ha hecho insostenible; y los gobiernos provinciales y la gente aguantaron todo lo que podían aguantar", agregó.
Sobre el anuncio del Gobierno de que judicializará las leyes con costo fiscal, Calletti enfatizó: "El Gobierno cree que vive en una monarquía. El Estado argentino es un sistema republicano, federal y democrático. El presidente tiene que entender que existe un Congreso que tiene competencia y tiene que ejercer. La Justicia interpretara la Constitución y entenderá que el Congreso tiene facultades para determinar políticas públicas".
El proyecto cosechó 56 votos a favor y ninguno en contra. Conmovedor discurso de Luis Juez. Los puntos principales de una norma largamente esperada por la oposición.
Foto: Comunicación Senado
Por unanimidad (56 votos positivos), la Cámara de Senadores convirtió en ley el proyecto que declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026 inclusive.
El proyecto, como las otras dos medias sanciones tratadas esta jornada en la Cámara alta había recibido sanción de Diputados el pasado 4 de junio, por 149 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones.
Entre sus principales puntos prevé el financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad; el fortalecimiento de los prestadores de la Ley 24.901, asegurando en forma expeditiva y simplificada el acceso a un régimen de emergencia de regularización de deudas tributarias, condonación de intereses, multas y demás sanciones, refinanciación de planes de pago vigentes y de las deudas emergentes de planes caducos.
También, la compensación arancelaria y la actualización del valor de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral; el financiamiento adecuado y sostenible del funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad; la actualización de la asignación mensual estímulo de acuerdo al equivalente del porcentaje del salario mínimo, vital y móvil vigente y la apertura de nuevos ingresos al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad (Ley 26.816).
Finalmente, disponer mecanismos institucionales de diálogo y consultas estrechas con las personas con discapacidad, a través de las organizaciones que los representan y “otras medidas que acuerde el Poder Ejecutivo Nacional con el Consejo Federal de Discapacidad”.
En una modificación al artículo 9 de la Ley 13.478, se faculta al Poder Ejecutivo “a otorgar una pensión inembargable a toda persona sin suficientes recursos propios, no amparada por un régimen de previsión, de 70 o más años de edad o con discapacidad que cuente con el Certificado Único de Discapacidad (CUD)”.
Además, se incorpora el artículo 7 bis a la Ley 24.091 que reza: “Los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad serán iguales para todas las personas jurídicas obligadas por la presente ley”.
Otro de los artículos faculta al jefe de Gabinete a “efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias tendientes a asegurar el financiamiento de las medidas de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad y de los prestadores a su favor dispuestas en la presente ley”. “Las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad ‘Servicios Sociales’”, agrega.
Conmovedor discurso de Luis Juez
Reconocido hombre cercano al presidente Javier Milei, el senador cordobés Luis Juez votó este jueves en el Senado -junto a Unión por la Patria y otros opositores- a favor de incorporar la emergencia en discapacidad en el primer orden del temario, además de reconocer la validez del dictamen.
Con un tema que lo toca en lo personal por la discapacidad de su hija Milagros, el legislador arrancó: "Probablemente esté hablando un padre y no un senador. Soy una persona que convive hace 25 años con la discapacidad. Nuestros hijos son invisibles. La sociedad mira pero no mira".
"Muchos prestadores cobran menos que un albañil", lamentó y recordó que durante el gobierno de Cambiemos, del cual fue parte, hubo un presidenta del Senado, Gabriela Michetti, en condición de discapacidad. Sin embargo, durante esa gestión "no hicieron nada, nada. No quiero ofender a nadie. Pero en esta sociedad, nuestros hijos son invisibles".
Juez recordó que "cuando votó Milagros por primera vez estábamos enloquecidos de contentos. Me mataron en las redes".
"Nuestras prestadoras desde diciembre no han tenido un solo aumento", resaltó y señaló que "cuando se van es porque tienen un salario miserable", y en ese momento "es una angustia monstruosa volver a encontrar alguien que empatice".
En su discurso, el senador del Frente Pro dijo: "¿Alguien podía pensar que en este tema podía hacerme el tonto y mirar para el costado?". Sobre la ley, opinó que "viene a reparar modestamente" y "mínimamente intenta darle un acompañamiento a un sector invisibilizado".
"Sé que hay muchos que están aprovechando el tema. Es un tema de altísima sensibilidad", expresó y aseguró que las irregularidades que puede haber en las pensiones por discapacidad "no pueden ser un obstáculo para que avancemos y los discapacitados no tengan la dignidad que se merece cualquier ciudadano".
Finalmente, el cordobés sostuvo: "Yo quiero acompañar esta ley. No importa cuánto afecta, no importa qué dicen los economistas. Nuestros hijos no son un número, no son una contabilidad".
El debate
Abrió el debate del tema el senador Fernando Salino de Unión por la Patria, quien recordó que "el nomenclador con el que se les paga (a los prestadores) no se actualiza desde diciembre de 2024 y el aumento en ese momento fue del 0,5%". "La ley habla de aranceles, de regularizar los pagos atrasados, de las pensiones no contributivas, de mejorar la Agencia Nacional de Discapacidad y de respetar los cupos de trabajo", enumeró.
El puntano indicó que "el costo de este proyecto no alcanza del 0.22 al 0.42 del PBI, según la OPC". Actualmente, "se están cortando las terapias, el transporte y las maestras integradoras; y se está pagando 500 pesos el kilómetro a los prestadores", reveló sobre la situación del colectivo. En esa línea, consideró que "juzgar esto desde los números tiene muy poco sentido, porque estamos hablando de uno de los sectores más vulnerables de la población".
Presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, Stefanía Cora aseguró que "este expediente es una urgencia" porque "hay una sociedad que está mirando con muchísima preocupación todo lo que está ocurriendo hoy aquí". Mencionó que la ley apunta a que "se puedan cumplimentar todos y cada uno" de los derechos contemplados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional.
"Todos los índices están en contra del sistema que protege a las personas con discapacidad desde la devaluación de diciembre de 2023", advirtió la camporista y manifestó que "esto no es una cuestión de gasto público, el Estado está en deuda con las personas con discapacidad". "Bajo ningún punto de vista me van a convencer de la crueldad. Esta ley viene a reparar tanta injusticia", añadió.
En el cierre, la vicejefa de UP, Anabel Fernández Sagasti, consideró que "hay una emergencia moral, de valores, en este tema específicamente. Que no es un tema entre privados, como dijo el Gobierno nacional, ni siquiera un tema de caridad. Es un tema de derechos internacional".
La mendocina observó el contexto actual en el que "hay un presidente que a la luz de todos se mete con un chico que defiende sus derechos", en alusión a Ian Moche y el posteo de Javier Milei cuestionando la participación del niño con autismo en programas de televisión. "No podemos mirar para el costado, porque eso convalida a que un montón de personas hagan lo mismo en lo cotidiano", enfatizó.
"Si no les gusta la empatía, bueno, siéntalo como un deber legal y constitucional que tenemos que cumplir", dijo y concluyó: "Esperemos que sigamos trabajando en estos temas, que sí son costosos, pero la verdad que el déficit moral al que está acudiendo la Argentina, para mí es insoportable. Y nosotros tenemos el poder como senadores de parar esto".
El senador radical confirmó que dará quórum en la sesión y estará a favor tanto de los proyectos sobre jubilaciones y discapacidad, como de los que piden los gobernadores.
El senador nacional Martín Lousteau (UCR) confirmó que este jueves dará quórum y apoyará el reclamo de las leyes que impulsan los gobernadores y también la recomposición para jubilados y la emergencia en discapacidad, temas éstos últimos que ya fueron aprobados en la Cámara de Diputados.
“Los jubilados y las personas con discapacidad que están atravesando una situación muy difícil, merecen respuesta; después cada uno votará como quiera, pero negar el tratamiento de temas que vienen con media sanción es una barbaridad y es lo que trató de hacer el Gobierno todo el tiempo”, expresó.
En declaraciones a la prensa al ingresar al Senado, el porteño indicó que el costo fiscal del aumento a los jubilados, según la estimación de la Oficina del Presupuesto del Congreso, es de “0.6 del producto y está la fuente del financiamiento en el proyecto" mientras que "en el caso de discapacidad creo que hay soluciones mejores, pero tal como está y con los datos preliminares es de 0.3”.
“Los gobernadores piden un reparto distinto de algunos fondos, la eliminación de fondos fiduciarios para que lo que alimenta esos fondos sea repartido a las provincias y una distribución distinta de ATN y creo que hay que tratarlo”, agregó.
En la que promete ser la jornada más adversa para este oficialismo en el Congreso, la oposición buscará aprobar este jueves hasta un puñado de proyectos que generan un abierto rechazo del Ejecutivo. Con los gobernadores en pie de guerra y un clima de alta tensión con el Gobierno, el Senado se encamina a una sesión sin precedentes, marcada por acusaciones cruzadas, disputas reglamentarias y la amenaza de vetos presidenciales.
El Senado se apresta a tener este jueves la que para este Gobierno será la sesión más adversa que haya tenido hasta el momento, en la que la oposición podría aprobar cinco proyectos que tendrían destino de veto presidencial, habida cuenta de que para el oficialismo atentan contra el orden fiscal.
De hecho, tres de esos proyectos ya vienen con media sanción de Diputados, por lo que podrían convertirse en ley durante esta sesión. Una jornada que el propio presidente de la Nación se encargó de calentar, pues viene precedida por conceptos muy duros expresados por el mismo contra los gobernadores.
“Están desbocados”, lanzó Javier Milei este 9 de julio durante una entrevista radial, y fue más lejos al acusarlos de querer “destruir al Gobierno nacional”, objetivo que les atribuyó a todos los gobernadores. Una acusación que cayó muy mal en aquellos mandatarios que hasta ahora apoyaron al Gobierno en prácticamente todas las medidas que impulsó desde la Ley Bases.
Con ese mal antecedente que lejos está de generar una marcha atrás de parte de algunos de los gobernadores que se han propuesto los últimos días fijar una redistribución de los ingresos, los senadores que les responden se proponen avanzar este jueves con dos iniciativas. Las mismas están relacionadas con la distribución de los ATN y el impuesto a los combustibles líquidos.
La sesión está prevista para las 14, mas no fue oficializada, ya que de hecho la oposición no la pidió. Directamente anunciaron que la realizarían este jueves y así se lo hicieron saber personalmente a la presidenta de la Cámara, Victoria Villarruel, durante la reunión informal realizada el martes. Allí le anticiparon la intención de asistir a una sesión en la que se proponen abordar una serie de proyectos que incluyen reformas en jubilaciones, discapacidad, e veto presidencial a la emergencia en Bahía Blanca, además de las citadas iniciativas impulsadas por los gobernadores y una declaración sobre YPF.
No fue una reunión de Labor Parlamentaria, ni la habrá este jueves. Los senadores irán directamente al recinto, entonces, sin un cronograma fijado para el debate, el cual se decidirá sobre la marcha.
Lo primero será conseguir el quórum, el cual estaría garantizado con la presencia de los 34 senadores de Unión por la Patria, a los que se sumarán los radicales Martín Lousteau y Pablo Daniel Blanco, más la larretista Guadalupe Tagliaferri (Pro).
Habrá una dura discusión reglamentaria
Una vez se haya conseguido dar inicio, la sesión que presidirá Victoria Villarruel continuará con una discusión en torno a la viabilidad del tratamiento de las medias sanciones provenientes de Diputados. Hablamos del aumento para los jubilados, la prórroga de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Se espera una gran discusión en torno a la validez de los dictámenes de comisión, que se consiguieron la semana pasada sin la anuencia de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Se anticipa así una discusión reglamentaria para determinar cómo deben ser tratados los proyectos en el recinto. Para el oficialismo, dadas las circunstancias se requieren dos tercios para habilitar el debate sobre tablas, al no considerar válido el dictamen de la comisión que preside el libertario Ezequiel Atauche. Desde la vereda de enfrente consideran que pueden aprobarse por mayoría simple.
Como ya hemos informado, se esgrime como antecedente lo sucedido en 2021, cuando la entonces presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, interpretó el reglamento de manera tal que se consideró en condiciones de levantar una sesión. No es lo que se espera que haga Villarruel este jueves. Desde su entorno consideran que esa decisión debe recaer en el pleno de la Cámara. El quid de la cuestión es cuántos votos hacen falta.
A través de una resolución de la Secretaría Parlamentaria del Senado se desecharon este lunes los dictámenes firmados por la oposición el pasado jueves, en relación a los proyectos con media sanción sobre jubilaciones y emergencia en discapacidad, que habían sido suscriptos en plenarios de comisiones autoconvocados. Las autoridades de la Cámara alta señalaron que “la documentación presentada” no puede “considerarse dictamen de comisión, debido a que no se cumplió con el procedimiento reglamentario establecido”.
En la resolución conocida el martes se remarca que “no existió una convocatoria formal a reunión de comisión, requisito indispensable según el Reglamento del Senado para validar el tratamiento y dictamen de proyectos”.
"A pesar de haber habido una reunión informal entre algunos senadores, ésta no sustituye una reunión de comisión oficial, por no haberse garantizado la debida publicidad del acto legislativo, lo cual afecta directamente la transparencia, la participación y el control ciudadano", se agregó.
De esta manera, la documentación presentada por la oposición fue derivada nuevamente a las comisiones competentes, "que serán las encargadas de encauzar su tratamiento conforme a las normas vigentes", se informó.
En cambio, para la senadora camporista Anabel Fernández Sagasti la interpretación del reglamento la define la “última mayoría”, o en su defecto, el pleno de la Cámara alta en el recinto.
Durante el debate que tendrá lugar a partir de las 14 la oposición expondrá sobre lo ocurrido hace una semana en el Salón Arturo Illia cuando obtuvieron los dictámenes objetados. En primer lugar, desde el principal interbloque opositor sostienen que la reunión fue lícita porque estuvieron presentes 9 de los 16 integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda: 7 de Unión por la Patria, Martín Lousteau y Guadalupe Tagliafferi. Iniciada la reunión se sumó el fueguino Pablo Blanco.
La otra explicación que van a esgrimir es que, además del secretario Parlamentario Agustín Giustinian, estuvo presente en el encuentro el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien tomó la palabra en reiteradas oportunidades.
El tercer punto que van a desarrollar desde la oposición es que, ante la ausencia de la transmisión oficial, el equipo de asesores en comunicación de Unión por la Patria transmitió en vivo todo el trámite, dejando a disposición de los legisladores la pieza audiovisual.
El reclamo de los gobernadores
Cuando sea el turno de los proyectos relacionados con la coparticipación, ahí sí necesitarán mayorías especiales pues no hay dictámenes. Se supone que para la oposición será aun más sencillo conseguir los votos necesarios para avanzar con esos proyectos acordados entre los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Los otros dos temas que serán puestos a consideración en lo que será una tan intensa como posiblemente extensa son el rechazo al veto presidencial contra la ley de emergencia por el temporal en Bahía Blanca, como así también una declaración del Cuerpo por la decisión tomada por la jueza norteamericana Loretta Presta en relación a la empresa YPF.
Un temario de siete cuestiones de las que por lo menos seis merecen el abierto rechazo del Gobierno nacional.
Será este jueves a partir de las 14, con una agenda cargada de proyectos sensibles, en un contexto de incertidumbre política y sin convocatoria formal. La vicepresidenta Villarruel presidirá si se alcanza el quórum.
El Senado de la Nación se encamina a una sesión cargada de tensión este jueves a las 14, con una agenda que incluye temas que generan incomodidad en el oficialismo, varios de los cuales -si no todos- tienen destino de veto. La convocatoria no ha sido formalizada, pero si se alcanza el quórum, la sesión se hará y será válida.
La presidenta del Cuerpo, Victoria Villarruel, abrirá y presidirá el debate de esta sesión que no convocó.
La confirmación estuvo luego de una reunión informal entre jefes de bloques y Villarruel, que no constituyó una reunión de Labor Parlamentaria. En el encuentro, representantes de Unión por la Patria y miembros de lo que fue Juntos por el Cambio ratificaron su intención de asistir a la sesión para tratar una serie de proyectos que incluyen reformas en jubilaciones, discapacidad, el veto presidencial a la emergencia en Bahía Blanca, iniciativas de gobernadores y temas vinculados a YPF.
El quórum lo garantizarán los 34 senadores del interbloque Unión por la Patria, más los radicales Martín Lousteau y Pablo Daniel Blanco, más la larretista Guadalupe Tagliaferri (Pro).
Desde la Presidencia del Senado no se emitirá una citación oficial, ya que no hubo acuerdo en Labor ni un pedido formal. Sin embargo, el reglamento establece días y horarios de sesión, por lo que si se logra el número necesario de senadores presentes, la sesión será válida.
Durante la reunión que mantuvo la titular del Senado con los jefes de bloques, Villarruel mantuvo un perfil bajo y no intervino activamente en las discusiones. Tampoco hubo intentos del oficialismo por postergar el debate, lo que refuerza la expectativa de que la sesión se concrete.
Habrá discusión por los dictámenes
Uno de los puntos de conflicto será la validez de los dictámenes de comisión. Se anticipa una discusión reglamentaria para determinar si pueden ser tratados en el recinto. Desde el oficialismo sostienen que requieren dos tercios para ser habilitados sobre tablas, mientras que otros sectores argumentan que una interpretación del reglamento puede aprobarse por mayoría simple.
El antecedente más cercano data de 2021, cuando la entonces presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, interpretó el reglamento y levantó una sesión. Desde el entorno de Villarruel, sin embargo, consideran que esa decisión debe recaer en el pleno de la Cámara.
A través de una resolución de la Secretaría Parlamentaria del Senado se desecharon este lunes los dictámenes firmados por la oposición el pasado jueves, en relación a los proyectos con media sanción sobre aumento de jubilaciones y emergencia en discapacidad, que habían sido suscriptos en plenarios de comisiones autoconvocados. Las autoridades de la Cámara alta señalaron que “la documentación presentada” no puede “considerarse dictamen de comisión, debido a que no se cumplió con el procedimiento reglamentario establecido”.
En la resolución se remarcó que “no existió una convocatoria formal a reunión de comisión, requisito indispensable según el Reglamento del Senado para validar el tratamiento y dictamen de proyectos”.
Desde la oposición, la senadora camporista Anabel Fernández Sagasti expresó que la interpretación del reglamento la define la “última mayoría”, o en su defecto, el pleno de la Cámara alta en el recinto.
Fuentes consultadas por parlamentario.com manifestaron que hay una serie de sucesos que ocurrieron el jueves en el Salón Arturo Illia que serán esgrimidos para reconocer los dictámenes.
En primer lugar, desde el principal interbloque opositor sostienen que la reunión fue lícita porque estuvieron presentes 9 de los 16 integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda: siete de Unión por la Patria, Martín Lousteau y Guadalupe Tagliafferi. Iniciada la reunión se sumó el fueguino Pablo Blanco.
La otra explicación que van a esgrimir es que, además del secretario Parlamentario Agustín Giustinian, estuvo presente en el encuentro el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien tomó la palabra en reiteradas oportunidades.
Finalmente, el tercer punto que van a desarrollar desde la oposición es que, ante la ausencia de la transmisión oficial, el equipo de asesores en comunicación de Unión por la Patria transmitió en vivo todo el trámite, dejando a disposición de los legisladores la pieza audiovisual.
Las perspectivas de la reunión
De cara a la sesión, la oposición confía en lograr el quórum avalado por los 34 senadores de UP, Blanco, Lousteau y Tagliaferri.
Cuentan, además, que hay una gran adhesión de senadores alineados a gobernadores dispuestos a tratar sobre tablas el proyecto sobre impuesto a los combustibles impulsado por los 24 mandatarios de forma unánime.
La sesión de este jueves se perfila así como un nuevo capítulo de tensión institucional, con un oficialismo en minoría y una oposición decidida a avanzar con temas que podrían marcar el rumbo legislativo del segundo semestre.
A Unión por la Patria le faltaba una firma en la Comisión de Población y Desarrollo Humano, pero finalmente la UCR suscribió con disidencias y salió el dictamen con 11 firmas.
Stefanía Cora
El proyecto que declara la emergencia en discapacidad, con media sanción de la Cámara de Diputados, recibió este jueves dictamen en la Comisión de Población y Desarrollo Humano del Senado, presidida por la kirchnerista Stefanía Cora. Sin embargo, todavía resta que lo trate Presupuesto y Hacienda, cabecera de la iniciativa.
En relación a esto, senadores de Unión por la Patria le solicitaron al jefe del oficialismo, Ezequiel Atauche, quien comanda dicha comisión, que convoque a plenario este mismo jueves por la tarde para tratar este tema y también los proyectos vinculados a jubilaciones, que el martes pasado lograron despachar en Trabajo y Previsión Social, luego de una reunión marcada por la insólita actitud de su presidenta, Carmen Álvarez Rivero.
Sin embargo, Atauche no convocó, pero el jefe de UP, José Mayans, anticipó que se presentarán igualmente en el salón de reuniones.
Al dar inicio al encuentro, Cora se refirió al proyecto que busca establecer "una emergencia, que entendemos su palabra lo dice es algo urgente, importante, y así nos lo han hecho saber las organizaciones, familiares, prestadores, transportistas". "Luego de tres semanas donde no hemos logrado que la Comisión de Presupuesto convoque al tratamiento, la Comisión de Población, a una semana de su conformación, convoca a esta temática", destacó.
La senadora de UP aseguró que el tema "nos atraviesa como sociedad y lo entendemos urgente". "La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó un gasto del 0,03% del PBI. Para muchos de nosotros no es un gasto, sino una deuda del Estado", agregó.
A continuación, la vicejefa de UP, Anabel Fernández Sagasti, sostuvo que "la discapacidad está no en emergencia, sino en una emergencia extrema", sumado a "la negación a nuevas pensiones y el desfinanciamiento del sistema único" por parte del Gobierno. "La pensión por discapacidad es un derecho y lo aclaro porque estamos en la Argentina que hay que aclarar y aclamar lo obvio. No es un tema del ámbito privado como dice el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Diego Spagnuolo)", enfatizó y sumó: "Ni tampoco una cuestión de caridad, como a veces el Gobierno lo quiere representar".
En su discurso le pidió a sus pares que "no nos vayamos al receso sin que esto sea tratado por el Congreso; hoy necesitamos firmar el dictamen para la semana que viene poder llevarlo al recinto". "Quienes creemos que es un derecho la pensión y la vida digna para las personas con discapacidad tenemos que accionar y dar una contundente respuesta a la visión del Gobierno", completó.
Desde la UCR, el chaqueño Víctor Zimmermann comenzó a objetar ciertos números. "Todos sabemos que cuando se declara la emergencia siempre hay un grado de discrecionalidad", apuntó y expresó que "sin dudas tenemos que abordar este tema y necesitamos una actualización del nomenclador", pero consideró que hacía falta "tener algunas precisiones". "No tendríamos que apresurarnos tanto", sugirió.
Fernández Sagasti le respondió entonces que "si necesita más números de los que ya fueron otorgados por la OPC tiene una semana para descubrirlos y podemos seguir debatiéndolo en el recinto". "No pueden seguir las personas con discapacidad y los jubilados mendigando a los legisladores que nos sentemos a dictaminar y a tomar una decisión al respecto", exclamó y cuestionó que "no pueden seguir los legisladores teniendo discursos bonitos pero cuando hay que sentarse y poner la firma, no hacerlo".
A su turno, la senadora bullrichista Carmen Álvarez Rivero arrancó: "Impacta el cinismo". "El reclamo del arancel al final del gobierno del presidente Alberto Fernández y Cristina Kirchner superaba el 80% respecto a la inflación y no hicieron nada durante ese tiempo", señaló, aunque coincidió en que "hay que actualizar el arancel, no hay ninguna duda".
Al tomar la palabra, Mayans observó que "el problema que tenemos en este país es que hace dos años no tenemos presupuesto y estamos al arbitrio de tres personas que llevaron el endeudamiento de la Argentina del 40 al más del 100% del PBI".
El formoseño criticó a Álvarez Rivero por "el relato de que (Javier) Milei está salvando a la Argentina porque tenemos una inflación controlada. En dólares, el país más caro del mundo se llama Argentina". Además, le anticipó que iba a pedir que "se la retire de la conducción de la Comisión de Trabajo y Previsión Social" porque "tuvo una actuación vergonzosa", en relación a la reunión del martes pasado.
Sobre la emergencia en discapacidad, el jefe de UP expresó que "tenemos que cumplir con el trabajo de tratarlo de forma inmediata por la urgencia que requiere" y avisó que se presentarían por la tarde en el Salón Illia más allá de que Atauche le haya dicho a los trabajadores de la Comisión de Presupuesto que no asistan, según denunció. "Los trabajadores no son del presidente, son del Senado", subrayó.
Por su parte, el presidente del bloque radical, Eduardo Vischi, manifestó que "a todos nos preocupa esta situación, no de ahora. No hagamos que hasta hace dos años Argentina era Disneylandia y ahora se complicó todo. Por supuesto hay resoluciones que toma este Gobierno que están mal y hay que mejorar y cambiar".
El correntino indicó que este proyecto "estuvo tres meses en la Cámara de Diputados y ahora la quieren sacar de prepo", cuando "fundamentalmente debemos ver de dónde vamos a sacar los recursos para poder garantizar esos derechos". "Lamentablemente no tenemos un presupuesto", coincidió con Mayans.
Finalmente, anunció que plantearían sus disidencias "en función de las cosas que todavía queremos trabajar; y las que queremos apoyar, las vamos a apoyar como corresponde".
Avanzada la reunión, la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana di Tullio, se quejó de que "el oficialismo es Gobierno hace un año y medio y tiene la obligación de hacer funcionar el Senado" y admitió que cuando en años anteriores se los acusaba de lo mismo, "efectivamente así es, lo digo con toda honestidad", sobre la decisión que tienen los oficialismos de habilitar o no debates.
Pero además, recordó que cuando inició la gestión "nos quitaron número y representatividad con el objetivo de paralizar el Senado" y "nos llevó más de un año que nos restituyeran un senador en las comisiones". También denunció que un trabajador de seguridad retiró del salón a un representante de las organizaciones que asistieron y aseguró que llevará la queja al recinto.
En el cierre, Cora celebró que, a partir de las disidencias de los radicales, el dictamen logró 11 firmas. UP contaba con 8 y se requerían 9, la mitad más uno de los miembros, para que quedara habilitado.
La Cámara baja aprobó la última semana tres leyes clave que seguramente validará el Senado y forzarán al presidente a vetarlas sin reparos. Con abstenciones, fugas y aliados díscolos, el “núcleo duro” que celebró en Olivos hoy aparece diezmado.
En el año y medio que lleva en el poder, el mileísmo ha tenido sesiones complicadas, y semanas negras en el Congreso. Pero si se analiza por los resultados, la sesión del miércoles/jueves pasado debería ser considerada como la más adversa en cuanto a resultados. Ese día la oposición le endilgó tres derrotas consecutivas, contabilizando los proyectos impulsados muy a pesar del oficialismo y que obtuvieron media sanción. No se recuerda en ese sentido una jornada más negativa en ninguna de las dos cámaras.
Figura en el haber del oficialismo en general y del presidente de la Cámara en particular haber logrado controlar -no sin gran esfuerzo- la embestida combinada para definir el destino de la comisión investigadora de la criptomoneda $LIBRA. La controversia demandó las tres primeras horas de la sesión -contando el cuarto intermedio en el que Martín Menem consiguió poner el tema en caja-, y se cerró de momento la discusión sin señales de que la oposición pudiera conseguir su objetivo. Y por otra parte, al final también celebró el oficialismo cuando la oposición se quedó sin quórum para votar los dos emplazamientos que tenía previsto imponer, por el Hospital Garrahan y el financiamiento universitario. La oposición deberá trabajar duro para conseguir una nueva sesión, e intentarlo nuevamente, esta vez al principio de una sesión, cuando el quórum esté garantizado.
Pero bueno, no se puede pedir todo, como deslizó más de un diputado crítico ya bien entrada la madrugada del jueves. Tampoco se pueden quejar, como se ve.
El destino del veto
Más allá del resultado concreto obtenido con los proyectos aprobados, otro éxito de la oposición fue haber cosechado votos impensados, como así también ausencias notorias, que es otra manera de votar. Ese es uno de los logros simbólicos más contundentes de la última sesión de Diputados y que debe llenar de inquietud al Gobierno.
Pasa que los tres proyectos aprobados la última semana conseguirán pasar por el Senado sin mayores problemas, se supone. Tal vez la moratoria corra mayor riesgo, porque se aprobó “raspando” en Diputados; un destino más probable hubiera tenido el dictamen de minoría, si fracasaba de entrada el impulsado por UP y la izquierda, pero esa ya es otra cuestión. El tema es que todo indica que esos tres (o dos) proyectos conseguirán más temprano que tarde la sanción definitiva y arrancará a continuación el minué del veto.
El presidente se ufanaba el año pasado de haber conseguido blindar su poder de veto luego de haber logrado en Diputados refrendar los que firmó contra las jubilaciones y universidades. Habló de los “87 héroes” y hasta los invitó a comer un asado en Olivos. Pero la duda es si esas 87 voluntades aún persisten. A juzgar por lo observado el miércoles 4 de junio, eso hoy estaría opinado. De eso hablaba Miguel Pichetto cuando el año pasado en una sesión le recriminó al presidente conformarse con haber reunido un tercio en su favor, en lugar de buscar mayorías.
Ese núcleo del que se ufanaba Milei estaba compuesto entonces por 38 diputados de La Libertad Avanza, 32 del Pro, 5 de lo que hoy es el bloque Liga del Interior, los 3 tucumanos de Independencia, los 3 del MID, las 2 sanjuaninas de Producción y Trabajo, los 2 de Futuro y Libertad (entonces parte del Pro) y la tucumana Paula Omodeo.
Aquí están, estos son
La Libertad Avanza (39)
ALMIRON, LISANDRO
ANSALONI, PABLO
ARANCIBIA RODRIGUEZ, ALBERTO
ARAUJO, MARIA FERNANDA
BENEDIT, BELTRAN
BENEGAS LYNCH, BERTIE
BONACCI, ROCIO
BORNORONI, GABRIEL
CORREA LLANO, FACUNDO
D'ALESSANDRO, CARLOS
DIEZ, ROMINA
EMMA, NICOLAS
ESPERT, JOSE LUIS
FERREYRA, ALIDA
GARCIA, CARLOS
GONZALEZ, GERARDO GUSTAVO
HUESEN, GERARDO
KLIPAUKA LEWTAK, FLORENCIA
LEMOINE, LILIA
LLANO, MERCEDES
MACYSZYN, LORENA
MARQUEZ, NADIA
MARTINEZ, ALVARO
MAYORAZ, NICOLAS
MENEM, MARTIN
MONTENEGRO, GUILLERMO
MORENO OVALLE, JULIO
OROZCO, EMILIA
PAGANO, MARCELA MARINA
PAULI, SANTIAGO
PELUC, JOSE
PIPARO, CAROLINA
PONCE, MARIA CELESTE
QUINTAR, MANUEL
SANTILLAN, JULIANA
SANTURIO, SANTIAGO
TREFFINGER, CESAR
VILLAVERDE, LORENA
ZAPATA, CARLOS RAUL
Pro (32)
AJMECHET, SABRINA
ARABIA, DAMIAN
ARDOHAIN, MARTIN
AVICO, BELEN
BACHEY, KARINA ETHEL
BALLEJOS, NANCY
BESANA, GABRIELA
BIANCHETTI, EMMANUEL
BONGIOVANNI, ALEJANDRO
BRAMBILLA, SOFIA
DE SENSI, MARIA FLORENCIA
CAPOZZI, SERGIO EDUARDO
FERNANDEZ MOLERO, DAIANA
FIGUEROA CASAS, GERMANA
FINOCCHIARO, ALEJANDRO
GIUDICI, SILVANA
IGLESIAS, FERNANDO ADOLFO
LASPINA, LUCIANO ANDRES
LOMBARDI, HERNAN
LOSPENNATO, SILVIA
MAQUIEYRA, MARTIN
MILMAN, GERARDO
NUÑEZ, JOSE
QUIROZ, MARILU
RITONDO, CRISTIAN
RODRIGUEZ MACHADO, LAURA
SANTILLI, DIEGO
SOTOLANO, MARIA
TORTORIELLO, ANIBAL
VASQUEZ, PATRICIA
VIDAL, MARIA EUGENIA
YEZA, MARTIN
Liga del Interior (5)
ARJOL, MARTIN
CAMPERO, MARIANO
CERVI, PABLO
PICAT, LUIS ALBINO
TOURNIER, JOSE FEDERICO
Independencia (3)
FERNANDEZ, AGUSTIN
FERNANDEZ, ELIA MARINA
MEDINA, GLADYS
MID (3)
FALCONE, EDUARDO
IBAÑEZ, MARIA CECILIA
ZAGO, OSCAR
Producción y Trabajo (2)
MORENO, MARIA DE LOS ANGELES
PICON MARTINEZ, NANCY VIVIANA
Futuro y Libertad (2)
CHUMPITAZ, GABRIEL FELIPE
RAZZINI, VERONICA
Creo (1)
OMODEO, PAULA
Hoy por hoy, a juzgar por las votaciones de los tres proyectos en cuestión de la última sesión, ese tercio no estaría garantizado.
Todo es muy variable y se supone que los acuerdos mantenidos a lo largo de todos estos meses pueden restablecerse en una sesión definitiva como será la que convoquen para definir sobre los vetos seguros que aplicará el presidente. Pero hay que tener en cuenta que todos los votos valen muchísimo en esas circunstancias, lo cual implica que no alcanza con recuperar los votos de uno, dos o tres enojados, sino absolutamente todos. Un tercio es un tercio. Esto es, con asistencia perfecta, 85 u 86 diputados votando a favor del veto.
Veamos las lealtades que fallaron cuando miramos a los gobernadores. Los tres diputados tucumanos de Independencia, que responden a Osvaldo Jaldo, votaron por primera vez contra el Gobierno nacional. Lo mismo hicieron las dos diputadas alineadas con el salteño Gustavo Sáenz, y una de las que reportan al gobernador sanjuanino (la otra se ausentó). A la hora de votar, no estuvieron en sus bancas los diputados que responden a los gobernadores de Misiones y Río Negro, cuyo gobernador se quejó con dureza esta última semana por el estado de las rutas y la falta de obra pública para repararlas. Tampoco estuvo el diputado varón alineado con Sáenz. Toda una novedad que Innovación Federal (8 diputados) no haya apoyado al Gobierno esta vez.
También votó a favor del aumento a los jubilados y la emergencia en discapacidad Osvaldo Llancafilo, que responde al gobernador neuquino, en tanto que con la moratoria se abstuvo. Y retacearon su apoyo los diputados que reportan al gobernador Raúl Jalil, de Catamarca; los de los mandatarios radicales de Jujuy y Santa Fe, y se ausentaron dos diputados del otrora monolítico bloque de los “radicales peluca”.
Por si todo esto fuera poco, 9 diputados del Pro se abstuvieron en la votación de los aumentos a los jubilados. Además, uno de esa bancada (Héctor Baldassi) votó todo a favor.
Veamos un detalle de los votos para cada votación de las tres leyes clave del miércoles pasado.
Aumentos a Jubilados
Votaron a favor 93 diputados de UP. Entre ellos, los catamarqueños Silvia Ginocchio, Dante López Rodríguez y Sebastián Nóblega, que responden al gobernador Raúl Jalil, mientras que Fernanda Ávila se ausentó. También faltaron los santiagueños Celia Campitelli y José Gómez.
Votaron a favor la diputada Melina Giorgi, alineada con el gobernador Pullaro de Santa Fe; los jujeños Jorge Rizzotti y Natalia Sarapura; el santacruceño Sergio Acevedo; el neuquino Osvaldo Llancafilo; las salteñas Pamela Calletti y Yolanda Vega; la sanjuanina Nancy Picón Martínez, y los tres tucumanos de Independencia: Agustín Fernández, Elia Fernández y Gladys Medina.
También votaron en contra la exlibertaria Lourdes Arrieta, Héctor Baldassi (Pro) y 4 miembros del bloque radical: Fabio Quetglas, Roberto Sánchez, Julio Cobos y la ya citada Natalia Sarapura.
Veamos las abstenciones, que también cuentan. Mencionamos a 9 del Pro, a saber, Martín Ardohain, Gabriela Besana, Sofía Brambilla, Germana Figueroa Casas, Luciano Laspina Silvia Lospennato, Ana Clara Romero (que responde al gobernador de Chubut Nacho Torres), María Sotolano y María Eugenia Vidal.
Del bloque UCR se abstuvieron 8: Karina Banfi, Atilio Benedetti, Gabriela Brouwer de Koning, Soledad Carrizo, Rodrigo de Loredo, Lisandro Nieri, Roxana Reyes, Martín Tetaz y Pamela Verasay. Y de Por Santa Cruz, se abstuvo José Luis Garrido.
Entre los 28 ausentes estuvieron los misioneros Alberto Arrúa, Carlos Fernández, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik; el rionegrino Agustín Domingo, y el ya citado salteño Pablo Outes, por Innovación Federal.
Del Pro, no estuvieron a la hora de votar el misionero Emmanuel Bianchetti, Alvaro González y José Núñez, hasta ahora muy alineado con el bullrichismo.
Faltó el chubutense Jorge Avila, igual que la sanjuanina María de los Angeles Moreno. Tampoco estuvo la exPro Verónica Razzinni.
Otra novedad fue sin dudas la ausencia de dos diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone; y por supuesto la de 2 radicales peluca: Martín Arjol y Mariano Campero.
Moratoria previsional
Llamó la atención el resultado, y los primeros sorprendidos fueron los diputados de Unión por la Patria, a juzgar por la algarabía que se desató cuando el tablero marcó la aprobación con 111 votos afirmativos, 100 en contra y 15 abstenciones.
Uno de los sorprendidos parece haber sido Miguel Pichetto, quien no obstante -viejo lobo de mar- se la vio venir y pronunció su voto negativo a viva voz durante la votación nominal. Dicen que se molestó mucho incluso con Nicolás Massot por ese resultado.
De Unión por la Patria volvieron a votar a favor los catamarqueños Silvana Ginocchio, López Rodríguez y Sebastián Nóblega, ausentándose Fernanda Avila.
Nuevamente alzaron su mano a favor los tres tucumanos de Independencia y las dos salteñas Calletti y Vega, más la sanjuanina Picón Martínez.
Además, votaron a favor el santacruceño Acevedo, Lourdes Arrieta.
Entre las abstenciones hay que destacar a la entrerriana Marcela Antola (alineada con el gobernador Rogelio Frigerio), la santafesina Melina Giorgi, el santacruceño José Luis Garrido y el neuquino Llancafilo.
Se repitieron las ausencias notorias de los “peluca” Campero y Arjol y los dos del MID.
Aplausos de UP por la aprobación.
Emergencia en discapacidad
El tablero marcó con la votación de la emergencia en discapacidad 148 votos a favor, pero fueron en realidad 150, con los votos a viva voz de Paula Penacca y Rodrigo de Loredo, que habían figurado ausentes, pero estaban. Esos 150 votos marcan que ese proyecto fue aprobado por 2/3, con los que con el mismo número de presentes alcanzarían para blindar el veto.
La votación fue similar a las otras en UP, contó con la adhesión de las dos salteñas de Innovación Federal, el neuquino Llancafilo y la sanjuanina Picón Matínez. También el macrista Héctor Baldassi y en este caso los dos santacruceños del gobernador Claudio Vidal, Acevedo y Garrido.
Lourdes Arrieta también apoyó, lo mismo que los tucumanos de Osvaldo Jaldo.
Del MID, solo rechazó Cecilia Ibáñez, pues Zago y Falcone figuraron ausentes, mientras que por el Pro se ausentaron Emmanuel Bianchetti, Alvaro González, Silvia Lospennato y José Núñez. De ese bloque se abstuvo Karina Bachey. Lo hizo también el entrerriano Francisco Morchio, que reporta al gobernador Frigerio.
Como se ve, un análisis pormenorizado muy interesante a la hora de que el Gobierno deba armar el poroteo correspondiente para auscultar cuántas voluntades necesita recuperar para poder garantizar la vigencia de los vetos que, inexorablemente, Javier Milei refrendará.
Fueron 150 voluntades a favor, entre los que estuvieron la UCR y otros aliados provinciales del oficialismo. Un número clave de cara a una eventual decisión del Gobierno.
Tal como lo hizo el año pasado, el Gobierno ya adelantó que vetará cualquier ley que altere el equilibrio fiscal y estimó los costos que tendrían tres iniciativas que obtuvieron media sanción de la Cámara de Diputados en la última sesión, por impulso de la oposición.
Ahora bien, las declaraciones suelen dirigirse principalmente a la cuestión jubilados. En este caso, el proyecto que busca un aumento y recomposición estuvo a 10 votos de obtener los dos tercios de los presentes, mientras que el que propone restituir la moratoria previsional quedó mucho más lejos de juntar tantas voluntades.
Pero, en el caso de la emergencia en discapacidad, para la cual el equipo económico del Gobierno estimó un costo de 0,3% del PBI, el texto reunió los votos a favor de los dos tercios de los presentes. Un número clave que el Poder Ejecutivo deberá tener en cuenta ante una eventual decisión.
En el tema de jubilaciones un puñado de aliados provinciales ya se habían diferenciado del oficialismo, pero en este caso fueron, además de esos, los integrantes de la Unión Cívica Radical quienes se inclinaron también por la afirmativa. Justamente, el presidente de esa bancada, Rodrigo de Loredo, manifestó su voto a viva voz.
Si bien el tablero marcó 148 votos positivos, aparecieron como ausentes, con un círculo en gris, De Loredo y Paula Penacca, la secretaria parlamentaria del bloque Unión por la Patria. Esto quedó registrado así también en el acta de votación, donde figuran ausentes, pero en el final se aclara que ambos se manifestaron a viva voz.
En el caso de Penacca, antes de la votación advirtió al presidente de la Cámara baja, Martín Menem.
MM: Leemos el resultado por Secretaría. Ah, ¿faltó su voto? ¿Por qué no me avisó antes diputada? (risas)
PP: Gracias presidente, para decirle que mi voto es positivo
MM: Por auditoría el voto de la diputada Penacca
Más tarde, cuando el tablero ya había marcado el resultado, De Loredo pidió la palabra: "No me habilitó el voto, mi voto es positivo".
Del total de los 150 votos a favor hubo 93 de 98 de Unión por la Patria; 13 de 14 de la UCR; 11 de 15 de Encuentro Federal; 9 de 12 de Democracia para Siempre; 6 de 6 de la Coalición Cívica; y 5 de 5 del Frente de Izquierda.
Además, votaron positivamente los tres tucumanos de Independencia Agustín Fernández, Elia Fernández y Gladys Medina; las salteñas de Innovación Federal Pamela Calletti y Yolanda Vega; los santacruceños de Por Santa Cruz Sergio Acevedo y José Luis Garrido; Héctor Baldassi, del Pro; Osvaldo Llancafilo, de Movimiento Popular Neuquino; Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo; Lourdes Arrieta, de Transformación; Mario Barletta, de Unidos y Roberto Mirabella, de Defendamos Santa Fe.
En tanto, los 71 votos en contra correspondieron: 35 de 38 de La Libertad Avanza; 29 de 35 del Pro; 4 de 6 de la Liga del Interior Eli; Paula Omodeo, de CREO; Cecilia Ibáñez del MID; y Ricardo Garramuño, de Somos Fueguinos.
Las tres abstenciones fueron de Karina Bachey, del Pro; Francisco Morchio y Alejandra Torres, de Encuentro Federal.
En cuanto a los ausentes hubo 32: 6 de Innovación Federal, 5 de Unión por la Patria, 4 del Pro, 3 de Democracia para Siempre, 3 de La Libertad Avanza, 2 de Liga del Interior, 2 del MID, 2 de Encuentro Federal, 2 Futuro y Libertad, 1 UCR, 1 Republicanos Unidos y 1 Producción y Trabajo.
Finalmente a las 12.21, la oposición consiguió el objetivo de sumar al menos 129 voluntades para arrancar la sesión en la que se propone avanzar con temas previsionales, la emergencia en discapacidad y emplazamientos varios, entre otras cosas.
Desde el martes 8 de abril que la oposición no conseguía quórum para poner en marcha una sesión con temas que le preocupan y que por cierto incomodan mucho al oficialismo, al punto tal que el Gobierno ya ha anticipado que si los proyectos impulsados son convertidos en ley, tendrán destino de veto. Pero esta vez, con mucho esfuerzo y antecedidos por intensas negociaciones del Gobierno con gobernadores para conseguir quitarle diputados a la sesión, la oposición consiguió el objetivo de arrancar la sesión a las 12.21, cuando el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, anunció la presencia de 131 diputados en sus bancas.
Se trata de una sesión que tiene temas que el Gobierno se resiste a convalidar, y que se desarrollará en un marco muy especial, signado por una gran movilización convocada para acompañar a la tradicional marcha de los miércoles de los jubilados, a los que se sumarán sectores como trabajadores del Hospital Garrahan, centrales sindicales y el colectivo Ni Una Menos, a diez años de la primera marcha por ese motivo.
La sesión tiene como primer tema de debate el incremento excepcional y de emergencia equivalente al 7,2% para las jubilaciones y pensiones, como así también el Plan de Pago de Deuda Previsional para reparación histórica para jubilados y pensionados. Esto es, la prórroga de la moratoria previsional.
La sesión incluye en tercer lugar el debate de la declaración de emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027.
Esos tres temas son los que el oficialismo se resiste a convalidar por su costo fiscal, que el Gobierno considera excesivo. A continuación, es el turno de una serie de emergencias climáticas que contemplan la declaración de zona de emergencia y situación de catástrofe, por 180 días prorrogables por igual plazo a los distritos de la provincia de Buenos Aires por las inundaciones del 16, 17 y 18 de mayo pasado. Como así también una declaración de emergencia ambiental, hídrica, social, sanitaria, económica, territorial y habitacional en las zonas del AMBA afectadas por inundaciones registradas en el mes de abril de este año.
Como dijimos, la oposición se propone impulsar un emplazamiento sobre el Hospital Garrahan. Lo anticipó este martes el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin. “Mañana en la sesión vamos a plantear el emplazamiento a las demás comisiones para que se reúnan en plenario y podamos dictaminar completamente estos seis proyectos vinculados al Hospital Garrahan. Así que mañana hay que estar y dar quórum”, pidió el tucumano.
Otro emplazamiento que tratarán de impulsar tiene que ver con las universidades. Tal cual se anticipó la semana pasada durante una reunión con representantes del sector universitario, en esta sesión pedirán emplazar a una reunión de comisiones para el 10 de junio, otra el 11, para dictaminar, y poder llevar el tema al recinto el 19 o el 26 de junio.
NOTICIA EN DESARROLLO
Las bancadas más críticas del Gobierno buscarán debatir este miércoles proyectos por primera vez desde abril para tratar temas previsionales, discapacidad y emplazamientos. El Gobierno ya advirtió que vetará cualquier proyecto que afecte el déficit cero.
La oposición tendrá este miércoles el enorme desafío de conseguir lo que el pasado 21 de mayo no logró: quórum para llevar adelante la sesión especial que tiene pedida. Algo que no logra desde el pasado martes 8 de abril, la última vez que consiguió torcerle el brazo al oficialismo al alcanzar el número necesario para sesionar.
Para este miércoles la oposición más dura puso su máximo esfuerzo para conseguir el objetivo de sesionar, sumando a último momento un tema muy caro para garantizar adhesiones: la cuestión del Hospital Garrahan, que será motivo de un emplazamiento, si es que consiguen dar comienzo a la sesión.
Una sesión que tiene temas que el Gobierno se resiste a convalidar, al punto tal de haber anticipado en Casa Rosada que en caso de ser ley tendrán destino de veto. Y que se desarrollaría en un marco muy especial, signado por una gran movilización convocada para acompañar a la tradicional marcha de los miércoles de los jubilados, a los que se sumarán sectores como trabajadores del Hospital Garrahan, centrales sindicales y el colectivo Ni Una Menos, a diez años de la primera marcha por ese motivo.
La sesión solicitada por el presidente del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, y otros integrantes de la oposición tiene como hora de inicio las 12, y pone en el primer lugar del temario al incremento excepcional y de emergencia equivalente al 7,2% para las jubilaciones y pensiones, como así también el Plan de Pago de Deuda Previsional para reparación histórica para jubilados y pensionados. Esto es, la prórroga de la moratoria previsional.
La sesión incluye en tercer lugar el debate de la declaración de emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027.
Esos tres temas son los que el oficialismo se resiste a convalidar por su costo fiscal, que el Gobierno considera excesivo. A continuación, es el turno de una serie de emergencias climáticas que contemplan la declaración de zona de emergencia y situación de catástrofe, por 180 días prorrogables por igual plazo a los distritos de la provincia de Buenos Aires por las inundaciones del 16, 17 y 18 de mayo pasado. Como así también una declaración de emergencia ambiental, hídrica, social, sanitaria, económica, territorial y habitacional en las zonas del AMBA afectadas por inundaciones registradas en el mes de abril de este año.
Emplazamientos
Como dijimos, la oposición se propone impulsar un emplazamiento sobre el Hospital Garrahan. Lo anticipó este martes el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin. “Mañana en la sesión vamos a plantear el emplazamiento a las demás comisiones para que se reúnan en plenario y podamos dictaminar completamente estos seis proyectos vinculados al Hospital Garrahan. Así que mañana hay que estar y dar quórum”, pidió el tucumano.
Otro emplazamiento que tratarán de impulsar tiene que ver con las universidades. Tal cual se anticipó la semana pasada durante una reunión con representantes del sector universitario, en esta sesión pedirán emplazar a una reunión de comisiones para el 10 de junio, otra el 11, para dictaminar, y poder llevar el tema al recinto el 19 o el 26 de junio.
Preocupación por el gasto
Todas estas iniciativas generan un gasto que el Gobierno considera excesivo y opuesto al déficit cero que es parte de la Biblia impuesta por la gestión libertaria.
En una reunión que funcionarios del Ministerio de Economía mantuvieron con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, desde el Poder Ejecutivo estimaron que las propuestas de la oposición tendrían un costo fiscal de 1,8% del PBI.
Sobre las iniciativas que prevén una suba del 7,2% en todas las escalas de jubilaciones, un aumento del bono extraordinario -que varía entre pasar de 70 mil pesos a 105 o 115 mil- y su actualización por IPC, el equipo económico calculó un costo de 1,3% del PBI.
En tanto, específicamente sobre la actualización del bono, la OPC había precisado un gasto anualizado de $1.992.853 millones (0,23% del PIB), en caso de llevarlo a 105 mil pesos; y de $2.567.477 millones (0,30% del PIB), si se eleva a 115 mil pesos.
En lo que respecta a la restitución del Plan de Pago de Deuda Previsional, la moratoria que se había sancionado durante el gobierno del Frente de Todos y caducó el pasado 23 de marzo, desde el Poder Ejecutivo hablan de un 0,2% del PBI.
El organismo de asistencia técnica del Congreso, por su parte, proyectó un costo del 0,084% del PBI para el primer año y del 0,081% para el segundo, totalizando un costo fiscal acumulado de 0,165% del PBI.
El tercer punto calculado por los funcionarios de la cartera que comanda Luis Caputo concluye que la emergencia en discapacidad -que contempla, en el dictamen de mayoría, el financiamiento adecuado de las pensiones no contributivas, el fortalecimiento de los prestadores, la actualización de los nomencladores y el presupuesto sostenido de la ANDIS- representaría un 0,3% del PBI.
Por su parte, la OPC estimó un gasto de entre el 0,22% y el 0,42% del PIB, dependiendo del escenario considerado, para ese proyecto.
Será este miércoles con temas pedidos por la oposición de la Cámara baja y que desde el Gobierno se resisten a convalidar. De hecho, ya anticiparon en Casa Rosada que en caso de ser ley tendrán destino de veto.
Las autoridades de la Cámara de Diputados convocaron formalmente a sesionar este miércoles, para tratar una serie de iniciativas pedidas desde la oposición. La sesión solicitada por el presidente del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, y otros integrantes de la oposición tiene como hora de inicio las 12, y pone en el primer lugar del temario al incremento excepcional y de emergencia equivalente al 7,2% para las jubilaciones y pensiones, como así también el Plan de Pago de Deuda Previsional para reparación histórica para jubilados y pensionados. Esto es, la prórroga de la moratoria previsional.
El temario de la sesión de este miércoles incluye la declaración de emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027.
Por otra parte fueron incluidos en el temario de la sesión una serie de emergencias climáticas. En primer lugar, la declaración de zona de emergencia y situación de catástrofe a los distritos de la provincia de Buenos Aires por las inundaciones del 16, 17 y 18 de mayo pasado.
Hay también una declaración de zona de desastre y emergencia ambiental, económica, social y productiva por el mismo motivo, y otro proyecto para declarar la emergencia por 180 días prorrogables por igual plazo para los partidos alcanzados por el desastre de esa tormenta del mes de mayo. Como así también una declaración de emergencia ambiental, hídrica, social, sanitaria, económica, territorial y habitacional en las zonas del AMBA afectadas por inundaciones registradas en el mes de abril de este año.
Preocupación por el gasto
Todas estas iniciativas generan un gasto que el Gobierno considera excesivo y opuesto al déficit cero que es parte de la Biblia impuesta por la gestión libertaria.
En una reunión que funcionarios del Ministerio de Economía mantuvieron con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, desde el Poder Ejecutivo estimaron que las propuestas de la oposición tendrían un costo fiscal de 1,8% del PBI.
Sobre las iniciativas que prevén una suba del 7,2% en todas las escalas de jubilaciones, un aumento del bono extraordinario -que varía entre pasar de 70 mil pesos a 105 o 115 mil- y su actualización por IPC, el equipo económico calculó un costo de 1,3% del PBI.
En tanto, específicamente sobre la actualización del bono, la OPC había precisado un gasto anualizado de $1.992.853 millones (0,23% del PIB), en caso de llevarlo a 105 mil pesos; y de $2.567.477 millones (0,30% del PIB), si se eleva a 115 mil pesos.
En lo que respecta a la restitución del Plan de Pago de Deuda Previsional, la moratoria que se había sancionado durante el gobierno del Frente de Todos y caducó el pasado 23 de marzo, desde el Poder Ejecutivo hablan de un 0,2% del PBI.
El organismo de asistencia técnica del Congreso, por su parte, proyectó un costo del 0,084% del PBI para el primer año y del 0,081% para el segundo, totalizando un costo fiscal acumulado de 0,165% del PBI.
El tercer punto calculado por los funcionarios de la cartera que comanda Luis Caputo concluye que la emergencia en discapacidad -que contempla, en el dictamen de mayoría, el financiamiento adecuado de las pensiones no contributivas, el fortalecimiento de los prestadores, la actualización de los nomencladores y el presupuesto sostenido de la ANDIS- representaría un 0,3% del PBI.
Por su parte, la OPC estimó un gasto de entre el 0,22% y el 0,42% del PIB, dependiendo del escenario considerado, para ese proyecto.
Desde el Gobierno ya se anticipó que no convalidarán la implementación efectiva de ninguno de esos costos, y están dispuestos en ese sentido a vetarlos si se convierten en ley.
Citación a Sesión Especial 04 de junio 2025_12.00hsEl número surgió de un análisis realizado por funcionarios del Ministerio de Economía, quienes se reunieron con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la previa de la sesión motorizada por la oposición.
Mientras el Gobierno nacional mantiene su postura de no afectar las cuentas ni el equilibrio fiscal alcanzado, y cuando transcurre el segundo año sin presupuesto nacional, aumenta en las calles la ola de reclamos por el ajuste en sectores como la salud, educación, discapacidad, ciencia y tecnología, y cultura.
En un dejà vu del año pasado, el próximo martes 4 de junio fue convocada una sesión por la oposición en la Cámara de Diputados para abordar la problemática de los jubilados y las personas con discapacidad. También se tratará la emergencia por inundaciones en localidades bonaerenses afectadas tras el último temporal.
Ese mismo día, hace exactamente un año atrás, la oposición había aprobado la media sanción de la ley que establecía una nueva fórmula de movilidad -tras el cambio por el DNU- y recomponía los haberes previsionales en un 8,1%. Fue la que finalmente el presidente Javier Milei vetó.
En esta oportunidad, los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y Frente de Izquierda, que han aceitado su articulación en el último tiempo para construir una mayoría que pone en aprietos al oficialismo, buscarán avanzar en un aumento de las jubilaciones y una respuesta para las personas con edad de jubilarse pero sin los 30 años de aportes necesarios, que quedaron en un "limbo" tras el fin de la última moratoria.
Los desafíos estarán en los consensos que se puedan alcanzar para aprobar un texto, dado que en las comisiones se firmaron 11 dictámenes sobre la cuestión previsional. A pesar de ello, basada en los ejes centrales, la Oficina de Presupuesto del Congreso fue consultada por el costo fiscal que tendrían tales medidas. Pero, de cara a la discusión en el recinto, el Gobierno determinó también sus propios números.
En una reunión que funcionarios del Ministerio de Economía mantuvieron con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, desde el Poder Ejecutivo estimaron que las propuestas de la oposición tendrían un costo fiscal de 1,8% del PBI.
Sobre las iniciativas que prevén una suba del 7,2% en todas las escalas de jubilaciones, un aumento del bono extraordinario -que varía entre pasar de 70 mil pesos a 105 o 115 mil- y su actualización por IPC, el equipo económico calculó un costo de 1,3% del PBI.
En tanto, específicamente sobre la actualización del bono, la OPC había precisado un gasto anualizado de $1.992.853 millones (0,23% del PIB), en caso de llevarlo a 105 mil pesos; y de $2.567.477 millones (0,30% del PIB), si se eleva a 115 mil pesos.
En lo que respecta a la restitución del Plan de Pago de Deuda Previsional, la moratoria que se había sancionado durante el gobierno del Frente de Todos y caducó el pasado 23 de marzo, desde el Poder Ejecutivo hablan de un 0,2% del PBI.
El organismo de asistencia técnica del Congreso, por su parte, proyectó un costo del 0,084% del PBI para el primer año y del 0,081% para el segundo, totalizando un costo fiscal acumulado de 0,165% del PBI.
El tercer punto calculado por los funcionarios de la cartera que comanda Luis Caputo concluyeron que la emergencia en discapacidad -que contempla, en el dictamen de mayoría, el financiamiento adecuado de las pensiones no contributivas, el fortalecimiento de los prestadores, la actualización de los nomencladores y el presupuesto sostenido de la ANDIS- representaría un 0,3% del PBI.
Por su parte, la OPC estimó un gasto de entre el 0,22% y el 0,42% del PIB, dependiendo del escenario considerado, para ese proyecto.
"Una vez más, el kirchnerismo con sus actuales aliados -que hasta ayer eran enemigos íntimos- con falsa demagogia y total irresponsabilidad, proponen una sesión con proyectos de ley que, de aprobarse, tendrían un costo fiscal de más de 12.000 millones de dólares. (1.8% PBI)", lanzó Menem este viernes a través de su cuenta de X.
El titular de la Cámara baja acusó a los bloques opositores de que "se esconden una vez más detrás de causas nobles con el solo fin de INTENTAR ROMPER EL EQUILIBRIO FISCAL que tanto nos costó conseguir".
🟥 U$S 12.000 MILLONES DE DOLARES
Una vez más, el kirchnerismo con sus actuales aliados -que hasta ayer eran enemigos íntimos- con falsa demagogia y total irresponsabilidad, proponen una sesión con proyectos de ley que, de aprobarse, tendrían un costo fiscal de más de 12.000…
— Martin Menem (@MenemMartin) May 30, 2025
"Temas como la prórroga de moratoria previsional y nuevas fórmulas de cálculo, que repiten sus mágicas soluciones que han colapsado el sistema y fundido al Estado y a los jubilados; o una declaración de emergencia en discapacidad, que lejos de aportar soluciones concretas, parecen más orientadas a mejorar la situación de algunos prestadores que a sus reales destinatarios; sólo pretenden hacernos retroceder en el camino que el Gobierno Nacional ha fijado y que la gente ha revalidado en la últimas elecciones locales que se fueron desarrollando", enfatizó.
Finalmente, el riojano pidió: "No caigamos en la trampa de quienes se empeñan en que el gobierno fracase, con el único objetivo de volver al poder y sostener sus privilegios".
A diferencia de la convocatoria para el pasado 21 de mayo, que no tuvo quórum, en la oposición se esperanzan esta vez con alcanzar los 129 presentes e iniciar los debates. No fue incluida ahora la designación de auditores en la AGN, una de las cuestiones que había hecho fracasar el llamado anterior.
Aunque tampoco sumaron al temario el punto de las autoridades de la Comisión Investigadora por la Criptomoneda $LIBRA, se verá si hay un intento de buscar una resolución en ese sentido. En caso de que sí, esto provocaría fuertes discusiones reglamentarias.
Lo que sí esperan desde los bloques opositores es aprobar un emplazamiento de comisiones para tratar un nuevo proyecto de financiamiento universitario, que incluye recomposición salarial de docentes y no docentes, actualización de los gastos de funcionamiento, financiamiento de carreras estratégicas y becas, entre otros puntos.
Se trata de otro tema que el año pasado también fue ley y, posteriormente, Milei vetó. Es el destino que ya se presagia tendrán estos nuevos proyectos si son aprobados en ambas cámaras del Congreso.
La sesión será para tratar la cuestión previsional y la emergencia en discapacidad, entre otros temas. No incluyeron algunas cuestiones muy ríspidas.
Tal cual se anticipaba, un grupo de diputados de la oposición más severa presentó este martes un pedido de sesión para el miércoles 4 de junio a las 12, con un temario que abarca varios de los temas que no alcanzaron a reunir quórum el pasado 21 de mayo, e incluye otros. Pero deliberadamente omite esta vez cuestiones que generaban especial escozor en el seno de La Libertad Avanza.
Según se desprende de la presentación dirigida al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, figuran siete temas a debatir en esta sesión convocada a partir del mediodía del primer miércoles de junio.
Allí figuran los proyectos previsionales, incluidos en los dictámenes correspondientes a la Orden del Día que prevé otorgar un incremento excepcional y de emergencia equivalente al 7,2% para las jubilaciones y pensiones, por un lado, y la reinstalación de la moratoria previsional, por otro.
También figura el tema que originalmente había motivado la próxima sesión, la declaración de emergencia en discapacidad en todo el territorio hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive.
Asimismo han sido incluidas una declaración de emergencia y situación de catástrofe por el término de 180 días a la provincia de Buenos Aires, especialmente a los municipios de Zárate, Campana, Arrecifes, Salto, San Antonio de Areco, y otros afectados por las inundaciones registradas este mes de mayo.
También la declaración de desastre y emergencia ambiental, económica, social y productiva en distritos afectados en la provincia de Buenos Aires a raíz de las inundaciones de los días 16, 17 y 18 de mayo pasado.
Figura además una declaración de zona de desastre y emergencia ambiental, económica, social, productiva y habitacional por 180 días a los partidos bonaerenses de Zárate, Campana, Arrecifes, Salto, Exaltación de la Cruz, Baradero y Rojas.
Por último, se busca la declaración de emergencia ambiental, hídrica, social, sanitaria, económica, territorial y habitacional en zonas afectadas por la inundación en el AMBA.
La nota fue presentada por los diputados Germán Martínez, Natalia de la Sota, Pablo Juliano, Juan Manuel López, Cecilia Moreau, Emilio Monzó, Maximiliano Ferraro, Carla Carrizo, Nicolás Massot, Paula Penacca, Oscar Agost Carreño, Victoria Borrego y Danya Tavela.
Lo que no está
Fueron excluidos de la próxima sesión -al menos hasta ahora- dos temas que habían figurado en la última sesión y que despertaban fuerte resistencia de parte del oficialismo.
No está esta vez el tema de la comisión investigadora de la criptomoneda $LIBRA, intríngulis que la oposición quiere resolver con una votación en el recinto que ameritaría una gran discusión, pues el oficialismo considera que ese tratamiento necesitaría ser habilitado con dos tercios de una votación.
La otra cuestión que no se debatirá en la próxima sesión es la designación de dos auditores, habida cuenta de la virtual acefalía que padece la Auditoría General de la Nación (AGN). Recordemos que era intención de la oposición más dura votar los nombres de Juan Ignacio Forlón en nombre de Unión por la Patria y Emilio Monzó por Encuentro Federal.
Las autoridades de la Cámara quieren dilatar estas designaciones atento el inicio del tratamiento en ambas cámaras de una reforma del reglamento de la AGN.
Así se desprende del informe elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, que estimó un incremento en el número de beneficiarios de entre 493 mil y 946 mil personas.
La oposición ya pidió una sesión para debatir sobre la emergencia nacional en discapacidad, y en vísperas de ese debate la Oficina de Presupuesto del Congreso ya cumplió con publicar un informe con el costo fiscal de esta medida.
Se trata de un pedido puntualmente formulado por los diputados nacionales a la OPC para saber sobre qué terreno transitan para cuando llegue la hora del debate.
Recordemos que la iniciativa busca asegurar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de jerarquía constitucional, a través de una serie de medidas de alcance normativo, institucional y presupuestario y en el marco de una emergencia dispuesta hasta fin del 2027.
Entre otras condiciones con impacto económico inmediato, el proyecto propone una modificación de las condiciones para acceder al beneficio y sostenerlo y el incremento de aranceles a prestadores.
Según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso, podría aumentar el número de beneficiarios por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios. Esto implicaría un refuerzo fiscal de entre $ 1.889.371 – 3.627.495 millones de pesos.
Esto es porque se proyectan dos escenarios: uno de base y otro potencial de ampliación de demanda, que implican un incremento de entre 493 mil y 946 mil nuevos beneficiarios respectivamente. Esto representa un impacto fiscal estimado de entre 0,22% y el 0,42 del PIB, dependiendo del escenario considerado.
Se estima que entre 187 mil y 376 mil de los nuevos perceptores de la pensión no contributiva por discapacidad podrían requerir cobertura exclusiva por parte del programa. La OPC no realizó una estimación monetaria por la variabilidad en el patrón de uso de los servicios y el grado de superposición con el sistema público de salud.
En cuanto a la compensación extraordinaria para prestadores del sistema de prestaciones básicas, se calcula un gasto adicional de $277.349 millones para compensar la diferencia entre los aranceles actualizados y la evolución del índice de precios al consumidor entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. Este monto representa un 0,03% del PIB.
Sobre la actualización de asignaciones para talleres protegidos de producción, la OPC estima un gasto adicional de $7.160 millones respecto al presupuesto actual, equivalente al 0,0008% del PIB.
Con relación a otros programas de la ANDIS, si bien se prevé su fortalecimiento, no se realizó una estimación cuantitativa por falta de definición sobre los montos o criterios de refuerzo.
El proyecto faculta al Poder Ejecutivo a efectuar las reestructuraciones y aumentos presupuestarios necesarios para garantizar su implementación, sin afectar los créditos asignados a la finalidad de servicios sociales.
Fue en un plenario de comisiones que se reunió este miércoles. Pese al emplazamiento a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, su titular el libertario José Luis Espert se ausentó y lo criticaron duramente por “no cumplir con su función”.
Un plenario de las comisiones de Discapacidad, de Acción Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda de Diputados se reunió este miércoles para dictaminar sobre la declaración de emergencia en todo el territorio nacional en materia de discapacidad hasta fines de 2027 que busca “asegurar los derechos al nivel adecuado de vida, salud, habilitación, rehabilitación, educación, protección social y trabajo de las personas con discapacidad”.
En total se despacharon cuatro dictámenes: el de mayoría se alzó con 59 firmas de los bloques de UP, EF, CC e Izquierda, mientras que los de minoría reunieron uno 14 firmas del Pro y el MID; el otro tuvo 8 firmas de DPS, y el último 7 firmas de la UCR.
Pese a que en la sesión del pasado 8 de abril se había votado de manera afirmativa el emplazamiento a la Comisión de Presupuesto, presidia por el libertario José Luis Espert, el diputado se ausentó en la reunión y lo criticaron duramente desde todos los sectores por no cumplir con su rol. En su lugar estuvo a cargo el diputado de UP Carlos Heller (ex presidente de dicha comisión).
Como autor del proyecto y en carácter de titular de la Comisión de Disparidad, el diputado Daniel Arroyo explicó que el texto plantea la emergencia en discapacidad en tres ejes: la emergencia en lo que hace a las prestaciones a los servicios para las personas con discapacidad; las pensiones en discapacidad y las dificultades que enfrentan las personas que quieren acceder a la pensión o ya tienen; y lo que refiere al maltrato.
Así, brindó cuatro ejemplos de la situación de prestaciones: “Una persona que trabaja en un taller protegido por cuatro horas cobra 28 mil pesos por mes, no por día. Ese monto no se actualiza desde febrero de 2023, estaos ante una evidente emergencia y un ingreso para la persona con discapacidad fuera de toda regla. El problema adicional es que las personas no cobraron ni enero, ni febrero ni marzo”.
Luego presentó el caso de un transportista que traslada a las personas con discapacidad para hacer sus tratamientos: “Esa persona cobra 541 pesos el litro de nafta. Con suerte los transporta dos días y la persona no hace su tratamiento como corresponde”. También contó lo que sucede con los acompañantes de alumnos con discapacidad que asisten a una escuela común: “Cobran a los 180 días 3 mil pesos por hora. Es evidente que no le alcanza y la persona se va, cuando el acompañamiento tiene que ser durante un año, y por eso van rotando”.
Hoy logramos un avance en serio para la Emergencia en Discapacidad. Vamos por lo que falta: la aprobación en el recinto. pic.twitter.com/HtQFkp0dlK
— Daniel Arroyo (@LicDanielArroyo) April 30, 2025
“Los hogares están a punto de cerrar porque tienen deuda con ARCA hasta el 30 de junio y están viendo cómo hacen en un estado de desesperación porque no saben cómo pagar”, presentó como último ejemplo.
Arroyo aclaró que “ninguno de los problemas empezó hace 14 meses, la situación crítica de las personas con discapacidad viene hace tiempo, pero ha empeorado porque no hubo aumento este año”.
Así, explicó que el primer punto que trata el proyecto busca atender el problema del desfase de las prestaciones y la caída de las prestaciones “por eso la emergencia a las personas con discapacidad”. Sobre las pensiones por discapacidad precisó que hay 1.200.000 personas con pensión.
“El Gobierno inició una auditoría algo que es correcto, está claro que hay personas que accedieron a una pensión que no les correspondía, pero no está haciendo la auditoría como corresponde porque la forma de hacerla es identificar a los médicos que han dado cantidad de certificados truchos y evaluar la situación, identificar las localidades, no poner en estado de desesperación a 1.200.000 personas que les llegan cartas documentos que no saben cómo atender porque lo que está desfasado es la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad”, criticó.
Arroyo también cuestionó que hay 500 mil personas que se presentaron para acceder a la pensión, pero “en los últimos 14 meses solo entraron 586, el 0,81%”. “Es necesario hacer una auditoría, pero no poner en estado de desesperación a las personas que hacen 10 horas de cola. A la ANDIS le han pedido un nivel de ajuste que no es posible cumplir con las auditorías y ha generado este estado al conjunto del sistema desacomodando la situación de las pensiones”, apuntó.
Por último, se refirió al maltrato: “Se generó una estigmatización y las personas con discapacidad vienen siendo invisibilizadas hace mucho tiempo, sufriendo falta de servicios y de apoyo. El Gobierno hizo la Resolución 187 en enero donde cambia el sistema de pensiones y vuelve 100 años atrás al concepto de pensión por invalidez laboral y en sus consideraciones denomina a las personas con discapacidad como ‘idiotas’, ‘imbéciles’, ‘débiles mentales’”.
“El proyecto apunta a resolver las tres cuestiones, tomando como base para las pensiones diciembre de 2023 antes del 120% de devaluación, actualiza las prestaciones al mes de abril, descuenta lo que ya fue aumentado y en función de eso compensa para evitar que los hogares cierren y para evitar el estado de desesperación de las personas. A partir de esa compensación, establece que la ANDIS debe hacer un nuevo nomenclador razonable, lógico en término de los montos que requieren las prestaciones para las personas con discapacidad”, resumió Arroyo.
Así, destacó que la iniciativa tuvo mejoras “sustantivas” de diversos bloques como el cuidado del sistema de seguridad social; da claridad sobre la imposibilidad de que una persona tenga a la vez pensión y jubilación por discapacidad “quienes hacen la evaluación sobre el impacto fiscal no deberían confundirse”; y actualiza el valor de los aranceles.
“Es evidente que estamos ante una emergencia, no es que el sistema está un poco desfasado, esta desactualizado. Necesitamos un sistema de pensiones lógico y razonable y declarar la emergencia hasta fines de 2027, establece con claridad condiciones para ordenar lo que está mal y tener un nuevo nomenclador, ordena sanamente el tema de las pensiones no generando un impacto fiscal y sale del maltrato”, concluyó.
A continuación, el titular de la Comisión de Acción Social y Salud, Pablo Yedlin (UP), cuestionó la ausencia del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert (LLA): “Estamos a la espera que se decida a convocarnos. El mecanismo de emplazar funciona, habrá que seguir implementándolo”. El tucumano recordó que la iniciativa ya cuenta con dictamen, pero resaltó que “viene mejorado con el aporte de muchos”.
ANTE LA EMERGENCIA, ACCIÓN 🚨
Acabo de firmar el dictamen para que la #emergenciaendiscapacidad SEA LEY!
No podemos consentir el maltrato que el gobierno cruel de @JMilei dispensa a las personas con discapacidad, sus familias y prestadores de servicios
Que sea ley! 🙌 pic.twitter.com/6wcW32aBiU— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) April 30, 2025
En el mismo sentido, la diputada santafecina Mónica Fein (EF) lamentó la falta de Espert porque “esta comisión tiene quórum y es su responsabilidad estar acá presente”. Luego, remarcó que es un “mecanismo perverso que el Gobierno ha definido para que le cierren los números, dejar a los más vulnerables que requieren del Estado para ser acompañados, restándole prestaciones, limitando aportes, servicios, las maestras, si no también acusando a través de una auditoría y dejando a las personas con discapacidad en una situación de sospecha, vulnerabilidad y abandono. Queremos que sea ley la emergencia”.
“Esto no es una auditoría, es la decisión de que cierren los números y poder dar de baja a más de 400 mil pensiones. No entender que las personas con discapacidad requieren de un Estado presente, un presidente que utiliza el síndrome de Down como insulto para referirse a un gobernador, habla de la falta de humanidad y crueldad, de la incapacidad de comprender una sociedad diversa. Más allá de las dificultades que nos pone el oficialismo impidiendo que discutamos que las personas con discapacidad merecen un trato humano, respetuoso, inclusivo”, cerró adelantando su apoyo al dictamen.
También informando de su acompañamiento al dictamen, Christian Castillo, del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, acentuó la idea de que “viendo el pacto que el Gobierno acaba de firmar con el FMI esto se va a agravar; así como el tema de los adultos mayores, la discapacidad es una de las preferencias de la motosierra de este gobierno”, sentenció. Asimismo, alertó por la posibilidad de un eventual veto presidencial.
EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD @PabloJulianoLP fuerte contra @jlespert
"Qué jodido tenés que ser para presidir la comisión de Presupuesto y Hacienda, tener un emplazamiento de todo el pleno y borrarte. ¿Con qué cara vas a recorrer la Provincia de Buenos Aires para buscar el voto… pic.twitter.com/NIwH2fOjry
— democraciaparasiempre (@dipdemocraciaps) April 30, 2025
La pampeana Marcela Coli (Democracia para Siempre) le agradeció al diputado Carlos Heller (UP) por tomar la presidencia de la Comisión de Presupuesto y “poder hacer ese llamado al titular de la comisión José Luis Espert de no cumplir con su rol, más allá de que esté de acuerdo o no con la temática que se debate. Cuando uno cumple una función, tiene que hacer lo que se debe hacer. Hoy tenía que hacer eso y no está cumpliendo su función, escuchar lo que no quiera escuchar. Lamentablemente no da una buena imagen de su rol”.
“Estamos totalmente de acuerdo que la discapacidad transita la emergencia. Nuestro país recién en 2011 se adhirió a la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad y le dio jerarquía constitucional. Hasta el día de hoy pasaron 5 presidencias donde la discapacidad no ha tenido la atención e inversión de recursos necesarios para tener esa dinámica, esa contención, planes de atención, programas para que hoy la Argentina no este discutiendo una emergencia. Es vergonzoso”, expresó.
Al pedir la palabra, el diputado del Pro Martín Maquieyra señaló que la responsabilidad de la situación por la que pasan hoy en día las personas con discapacidad es “de quienes han gobernado, sobre todo de quienes más han gobernado durante más tiempo”.
“Nuestro dictamen plantea la actualización por el índice de precios al consumidor (IPC) del nomenclador y prestaciones porque creemos que es un problema que hay que solucionar. También planteamos adaptar el vocabulario que se dictan en los organismos. Planteamos que el Ejecutivo reglamente los montos a los talleres protegidos, nos parece inviable en este momento con esos montos que una persona pueda trabajar. Lo diferente es que nosotros creemos que la real dignidad de la persona es poder conseguir un trabajo y no atarlos a una voluntad del Gobierno y por eso plantemos una modificación a la ley laboral para que se triplique el beneficio a quienes contraten personas con discapacidad”, precisó.
Para Maquieyra: "La mejor forma de dar dignidad a cualquier persona es que pueda conseguir un trabajo en blanco, sobre todo un empleo en el sector privado; creemos que esa es la manera de que Argentina salga adelante y ese derecho se le tiene que brindar a todas las personas con discapacidad”.
La radical Carla Carrizo expresó: “Las pensiones no contributivas están sospechadas porque los gobiernos han hecho política partidaria con ellas, pero la dignidad de las personas con discapacidad no puede estar bajo sospecha. SÍ, debe haber controles y auditorías sobre las pensiones".
"Estamos de acuerdo con esta Ley. Pero presentamos dictamen de minoría porque creemos que la emergencia debe ser sólo por 12 meses. También queremos establecer un presupuesto para la misma, no puede quedar en facultad del Ejecutivo disponer una partida", concluyó.
En tanto, el diputado Eduardo Valdés (UP) lanzó una dura crítica al Poder Ejecutivo por el abandono y la violencia institucional hacia el colectivo de personas con discapacidad: “Nunca estuvieron tan mal como ahora. Este gobierno usa la palabra ‘auditar’ como sinónimo de recortar derechos. Lo hicieron con las universidades, con los jubilados y ahora con las personas con discapacidad. La única política de discapacidad que aplican es la crueldad”.
Valdés advirtió que “se está regresando al modelo médico de los años 70, que ya había sido superado por las luchas del colectivo y por los marcos de derechos humanos. “Volvieron a poner el foco en la patología, en la ‘medición de la discapacidad’, en lugar de entender las barreras sociales. Es un retroceso de 50 años”.
Además, Valdés denunció la vigencia de la Resolución 187/25, que el gobierno prometió derogar, pero continúa publicada en los portales oficiales. “Ese texto incluye términos como ‘idiota’, ‘imbécil’ y ‘débil mental’ para clasificar personas. Es inadmisible, y demuestra el pensamiento real que tienen sobre el tema”, sostuvo.
La iniciativa ya cuenta con dictamen de la comisión homónima y la de Salud. La votación resultó con 126 votos positivos, 70 negativos y 15 abstenciones. El emplazamiento fue para el día miércoles 23 de abril a las 12 horas. También se hizo un emplazamiento a comisión por el tema de la moratoria previsional.
Durante la sesión de este martes en la Cámara de Diputados, donde la oposición avanzó con varios temas incómodos y resistidos por el oficialismo, se aprobó un emplazamiento a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para que trate un proyecto de ley que propone declarar la emergencia nacional en discapacidad.
La votación para que la comisión presidida por el libertario José Luis Espert se reúna el próximo miércoles 23 de abril de a las 12 horas para tratar el tema resultó con 126 votos positivos, 70 negativos y 15 abstenciones.
Se trata de una iniciativa cuyo autor es el diputado de Unión por la Patria Daniel Arroyo, presidente de la Comisión de Discapacidad, donde el texto recibió el primer despacho. Luego fue avalado también en la Comisión de Acción Social y Salud Pública.
El proyecto plantea declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027 y propone diversas medidas de protección y promoción de derechos para las personas de este colectivo.
A su vez, contempla el financiamiento adecuado de las pensiones no contributivas; el fortalecimiento de los prestadores básicos; que se garantice el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad y se sostenga el cupo laboral para personas con discapacidad.
Entre otros puntos, introduce ciertas modificaciones en la legislación vigente para armonizarla con las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En su carácter como titular de la Comisión de Discapacidad, el diputado Daniel Arroyo (UP) señaló que solo falta el tratamiento en la Comisión de Presupuesto. Así, enumeró tres razones para la declaración de la emergencia.
“Está claro que se ha desacomodado el sistema de prestaciones y hay una caída profunda del mismo y de atención a las personas con discapacidad. Los hogares, asociaciones civiles están a punto de cerrar porque todas tienen deuda con la ex AFIP y les han planteado que hasta junio se extiende y esa es la situación. Hacen ferias americanas para poder recaudar, venden cosas. El último aumento que se dio fue en diciembre del 0,5%. Está totalmente desacomodado el sistema básico de la prestación, eso amerita declarar la emergencia”, explicó.
Arroyo planteó como segunda razón las pensiones: “El Gobierno hizo auditorías y está bien, pero lleva ya 15 meses y nadie entiende cómo se da y han llegado más de 300 mil telegramas porque las personas no saben qué hacer y luego les dan de baja a la pensión por discapacidad. Llegan mensajes contradiciendo toda la lógica del Estado”.
“Hay 500 mil personas que se presentaron para acceder a la pensión y aún no pueden, en los últimos 14 meses solo accedieron 586, el 0,1%. La ANDIS está tratando de encontrar la cuadratura del círculo porque le piden un nivel de ajuste imposible de cumplir”, manifestó.
Por último, Arroyo cuestionó que “hay maltrato por parte del Gobierno” haciendo alusión a la radiografía de un perro que mostró el vocero presidencial Manuel Adorni en una conferencia de prensa de que una persona accedió a la pensión a través de esa placa. “Hay irregularidades, hay que auditar, pero no hay que maltratar. Hay una resolución la 187 que vuelve atrás con el concepto de invalidez, y ponen conceptos como ‘idiota’, ‘débil mental’, ‘imbécil’, para las personas con discapacidad volviendo 100 años atrás. El Gobierno pidió disculpas, estableció en un comunicado que iba a retroceder con ello, pero no lo hicieron”.
“Las personas con discapacidad vienen con problemas hace mucho tiempo, son invisibilidades, la pasan mal, hay problemas de recursos hace mucho tiempo, pero ahora se ha decidido desestabilizar totalmente el sistema con montos desacomodados fuera de cualquier lógica. Es necesario declarar la emergencia porque está todo desacomodado. Se plantea toar de base diciembre de 2023 antes del 120% de devaluación y actualizar el monto a hoy y tomarlo como base para actualizar los montos por inflación mes por mes. Es justicia y racionalidad económica. Hay que compensar partidas”, cerró.
Por el bloque Pro, la diputada Patricia Vásquez manifestó que “se pretende emplazar un sistema jubilatorio quebrado hace décadas. Tiene que ver con un desastre de 35 mil millones de dólares que desaparecieron del Fondo de Sustentabilidad de todos los jubilados mientras Massa hacía canjes de dólares y bonos en pesos, pero los desfinanció”.
“Cuando se analiza la auditoría en discapacidad, si no hubiesen hecho el desastre que hicieron, no se necesitarían las auditorías. De 1 millón de pensiones no contributivas se encontraron 25 mil para algunos que trabajan 60 mil que tienen incompatibilidades, 17.500 a extranjeros sin residencias, 112 mil menores. Si no hubieran hecho el desastre que hicieron, no estaríamos como estamos. No pongan sobre la mesa temas que nos importan mucho, pero con la engañosa intención de desequilibrar las cuentas fiscales porque esto no está acorde a la ley de administración financiera en su artículo 38 porque no dice de dónde sale la plata que se fumaron y la disfrazaron”, remató.
La cordobesa Alejandra Torres (Encuentro Federal) afirmó que “estamos en situación de emergencia con la cobertura de las personas con discapacidad. Es cierto que los aranceles están atrasados y ameritan un incremento en función de la inflación, pero también es cierto que el sistema de cobertura es totalmente arbitrario, injusto, burocrático”.
Así, propuso que “hay que hacer una reforma integral que vea y analice algo de que el factor de deterioro del sistema que es la CUD un certificado que carece de requisitos, parámetros claros y precisos. En 2011 pasamos de 9 mil personas con discapacidad a 2021 a 1 millón y medio, un 54% anual se incrementaba el porcentaje de personas con discapacidad siendo que no hubo eventos dramáticos que hubiesen provocado una inminente población con discapacidad”.
La reunión fue pedida por un grupo de bloques opositores, para tratar un amplio temario que comprende la criptomoneda $Libra, proyectos previsionales y la emergencia en discapacidad.
Entre las 12 y las 12.30 de este martes habrá tensión máxima en la Cámara baja, donde buena parte de la oposición busca realizar una sesión para tratar en principio la creación de una comisión investigadora por el escándalo $Libra, e interpelar y pedir informes a un puñado de altos funcionarios. Mientras que el oficialismo enciende velas para que las estimaciones que hacen se cumplan y la reunión fracase.
Pasa que el poroteo que realizan oficialistas y opositores inquieta a estos últimos, que ante las consultas periodísticas de este lunes se mantenían muy cautos.
Sucede que el Gobierno operó intensamente desde el jueves cuando se conoció el pedido de sesión para hacerla caer. En ese contexto, el bloque de Unión por la Patria -el más numeroso- reuniría a 93 de sus 98 miembros, en el caso de que faltaran los cuatro diputados catamarqueños y una santiagueña que ya no estuvo en el intento fallido de sesión registrado el 19 de marzo: Celia Campitelli.
Otro de los bloques que convocaron a la sesión es Encuentro Federal, de cuyos 15 miembros asistirían probablemente 9. Se estima que podrían estar ausentes 4 de sus 5 cordobeses; descontándose que sí se sentaría en su banca Natalia de la Sota.
Podrían faltar también los diputados alineados con los gobernadores de Chubut y Entre Ríos, Jorge “Loma” Avila y Francisco Morchio, respectivamente.
De Democracia para Siempre, estarían al menos 9 de sus 12 integrantes. Se duda de Melina Giorgi, que responde al gobernador Maximiliano Pullaro; Marcela Antola, alineada con Rogelio Frigerio y Jorge Rizzotti, alineado con el gobernador jujeño.
La izquierda estaría completa (5); de Por Santa Cruz estaría uno de sus dos miembros; y los 6 de la Coalición Cívica. Tal vez sí asistan dos diputados del Pro, Alvaro González y Héctor Baldasi.
No habrá mayor presencia del Pro, ni del radicalismo, que nunca han estado del todo de acuerdo con la moratoria previsional, más allá de que la hayan votado, y ese es precisamente uno de los temas con los que convocan a sesionar.
Según ese poroteo, los asistentes podrían llegar a ser 125, en cuyo caso les faltarían 4 para el quórum.
Cuatro que, de todos modos podrían salir tal vez del radicalismo, aunque ya en la sesión fallida del 19 de marzo solo asistieron del partido centenario dos de sus diputados.
Recordemos que los temas relacionados con el caso Libra son los únicos que cuentan con dictamen. No así el resto, por lo que terminarán impulsando emplazamientos a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para que acceda tratar tanto la emergencia en discapacidad, como los temas previsionales. Todo eso si se alcanza el quórum. Eso se sabrá, a más tardar, a las 12.30 de este martes.
Las autoridades de Diputados oficializaron el pedido formulado por un grupo de bloques de la oposición, para tratar un amplio temario que comprende la criptomoneda $Libra, temas previsionales y la emergencia en discapacidad.
Con la firma del secretario Parlamentario, Adrián Pagán, la Cámara de Diputados convocó a los diputados nacionales a sesionar este martes 8 de abril a partir de las 12, dando curso al pedido formulado el jueves pasado por 34 diputados encabezados por Pablo Juliano, de Democracia para Siempre.
La sesión es para debatir la conformación de una comisión investigadora sobre el caso $Libra, como así también interpelaciones y pedidos de informes sobre ese tema. También la emergencia nacional en discapacidad y por último una serie de proyectos relacionados con temas previsionales.
Todo lo inherente al escándalo cripto cuenta con dictamen. En cambio los otros temas no, por lo que buscarán en principio buscar los 2/3 para debatirlos sobre tabla -imposible-, y luego emplazar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para debatir los otros proyectos, habida cuenta de que no se ha hecho eco de esas cuestiones.
En el caso de la emergencia por discapacidad, ya hubo dictámenes en las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Discapacidad. Esta última realizó incluso la última semana una reunión informativa para esclarecer aún más sobre la situación imperante. Emplazarán así a la comisión que preside José Luis Espert para conseguir el dictamen que falta y llevar el tema al recinto.
Es lo mismo que harán con los temas previsionales, en este caso con plazo bien cercano. Sucede que para el día siguiente a las 10 de la mañana ha sido convocada la Comisión de Previsión Social que preside la radical Gabriela Brouwer de Koning y la idea es que Presupuesto sea sumada de esa manera a la convocatoria.
Sobre la cuestión previsional, los temas van desde la ampliación de la moratoria que venció hace dos fines de semana; hasta un bono extraordinario previsional, como así también proyectos que plantean un incremento excepcional y de emergencia para jubilados y pensionados. Además, hay proyectos para reconocer los años aportados, entre otras alternativas destinadas a los jubilados.
Si bien el temario es bastante amplio y diverso, la idea sería no extender la sesión más allá de las 17.30, de modo tal que pueda realizarse el plenario de comisiones que quiere darle dictamen a la reforma del Régimen Penal Juvenil. Eso sucederá si hay acuerdo entre los bloques en la reunión de Labor Parlamentaria que será convocada para una hora antes del mediodía.
El pedido de sesión fue formulado por los diputados Pablo Juliano, Germán Martínez, Miguel Angel Pichetto, Maximiliano Ferraro, Oscar Agost Carreño, Cecilia Moreau, Carla Carrizo, Paula Penacca, Emilo Monzó, Sabrina Selva, Marcela Coli, Margarita Stolbizer, Eduardo Toniolli, Facundo Manes, Nicolás Massot, Danya Tavela, Bernardo Herrera, Fernando Carbajal, Mónica Fein, Eugenia Alianello, Mariela Coletta, Esteban Paulón, Brenda Vargas Matyi, Juan Carlos Polini, Leopoldo Moreau, Manuel Aguirre, Julia Strada, Luana Volnovich, Itai Hagman, Ricardo Herrera, Carlos Heller, Sergio Palazzo, Daniel Arroyo y Pablo Yedlin.