El Gobierno firmó los decretos que formalizan la Emergencia Pediátrica y el Financiamiento Universitario, pero postergó su aplicación hasta que el Congreso defina cómo se financiarán. La decisión, tomada un día después de reunirse con la oposición para hablar del Presupuesto 2026, reaviva tensiones con el Parlamento.
En una decisión que generará previsibles repercusiones negativas en su relación con la oposición con la que se reunió este lunes para dialogar sobre el debate del Presupuesto 2026, el Poder Ejecutivo promulgó este martes las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario, pero de manera parcial. Esto es, suspendiendo su aplicación hasta que el Congreso establezca las fuentes de financiamiento de esas leyes.
Exactamente lo que desde la oposición le habían pedido el día anterior que no hiciera con esas dos leyes que esperó hasta el final para proceder del mismo modo como había hecho en su momento con la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Si bien en ambos textos comunicó su promulgó, tal cual lo había hecho con la otra ley postergó su aplicación hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento.
En ambos casos invoca el artículo 5° de la Ley 24.629 que establece que “toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.
En el caso de la Ley de Financiamiento Universitario, el decreto 759/25 aclara que su aplicación queda suspendida hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento y asigne las partidas presupuestarias correspondientes.
El decreto repasa los principales puntos de la ley, que dispone:
El Ejecutivo estima que el costo total de la ley superaría 1 billón de pesos en 2025 y 2 billones en 2026, advirtiendo que el Congreso no especificó cómo se financiarán esos gastos, en violación del artículo 38 de la Ley de Administración Financiera y del artículo 5° de la Ley 24.629, que suspende la ejecución de toda norma que disponga erogaciones sin prever recursos.
Por ese motivo, el decreto dispone que la Ley 27.795 queda promulgada pero sin ejecución inmediata, hasta que el Parlamento incorpore los fondos necesarios en el Presupuesto Nacional.
En el caso de la Emergencia en Pediatría, el decreto 760/25 señala también que la Ley 27.796, que declara por un año la emergencia sanitaria pediátrica y de las residencias médicas nacionales, queda suspendida hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento e incorpore las partidas necesarias al Presupuesto Nacional, en cumplimiento del artículo 5° de la Ley 24.629.
La Ley 27.796 dispone:
El Ejecutivo justificó la suspensión de su ejecución señalando que la norma no prevé fuentes concretas de financiamiento y que su aplicación implicaría desfinanciar programas esenciales, como los de VIH-Sida, tratamientos de alto costo y subsidios para medicamentos de pacientes sin cobertura. Según el decreto, el costo fiscal estimado asciende a $196.270 millones, mientras que el Ministerio de Salud ya presenta un déficit de $102.400 millones.
En los fundamentos, el Gobierno advierte que el Congreso aprobó la ley “bajo la apariencia de defender una causa noble”, pero sin respaldo presupuestario, lo que —según el texto— pondría en riesgo el equilibrio fiscal alcanzado.
Finalmente, el decreto promulga la ley formalmente, pero suspende su aplicación efectiva hasta que el Parlamento asigne los fondos necesarios en el Presupuesto Nacional.
Tratan la insistencia de las leyes de Emergencia Sanitaria en Pediatría y Financiamiento Universitario, con respaldo opositor garantizado para insistir por encima de los dos tercios. La sesión incluye acuerdos judiciales, proyectos sociales y convenios internacionales.
La Cámara alta vuelve a reunirse este jueves con la intención y la certeza de infringirle al Gobierno nacional otro duro golpe. Es que se propone tratar nada menos que los vetos presidenciales a las leyes de Emergencia Sanitaria en Pediatría y el Financiamiento Universitario. Los dos temas contarán con el apoyo de sectores movilizados para acompañar su aprobación y se da por segura la insistencia para con ambos temas por arriba de los dos tercios necesarios.
La sesión arranca bien temprano: a las 10 de la mañana, y se espera que el inicio tenga una fuerte carga política, con citaciones que irán desde el jefe de Gabinete hasta la secretaria General de la Presidencia. En el caso de Guillermo Francos, ya anticipó este miércoles José Mayans que le apuntarán en esta sesión, por la decisión de promulgar pero mantener suspendida la Ley de Emergencia en Discapacidad. La moción de censura está a la vista del funcionario.
Además de los temas centrales se tratarán otras cuestiones pendientes, como un acuerdo judiciales y acuerdos internacionales.
El primero de los temas que figuran en la agenda es el nombramiento de la doctora Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, quien días pasados estuvo en la Comisión de Acuerdos.
Luego se avanzará con el tratamiento de una modificación del Régimen de Retiro Anticipado previo a la Jubilación, que permitirá beneficiar al personal de planta temporario del Senado que tenga una antigüedad mayor a 6 años ininterrumpidos.
Después será el turno del tratamiento de los vetos presidenciales a la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y el Financiamiento Universitario, que son por lejos las dos cuestiones que más expectativa despiertan.
El quinto tema es un proyecto de ley correspondiente a la senadora rionegrina Mónica Silva que declara Fiesta Nacional a la Fiesta de los Canales de Riego que se realiza cada año durante el ms de febrero en la ciudad de Luis Beltrán, en la provincia de Río Negro.
A continuación se tratarán dos proyectos unificados que crean un marco normativo para la búsqueda de personas desaparecidas, incluyendo la implementación del sistema de alerta rápida “Sofía”. Estas iniciativas, promovidas por el senador salteño Juan Carlos Romero, buscan saldar una deuda pendiente en materia de articulación federal para casos de extravío.
Quedan para el final dos convenios internacionales. Uno es un protocolo de enmienda al convenio con el Gobierno de la República Francesa, a fin de evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal; el otro es un convenio similar, con Austria, para eliminar la doble imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y la Prevención de la Evasión y Elusión Fiscal.
El presidente vetó totalmente el proyecto de Ley N° 27.796, que declaraba la emergencia sanitaria en pediatría y residencias médicas por un año, argumentando que la norma carece de claridad, genera un impacto fiscal insostenible y compromete la estabilidad económica del país. La medida desató críticas por su impacto en la salud infantil, pero el Ejecutivo defiende su postura como un paso necesario para evitar un desequilibrio presupuestario.
Poco más de cuatro horas después de que se conociera el veto total a la Ley de Financiamiento Universitario, el Boletín Oficial correspondiente a este jueves 11 de septiembre de 2025 dio cuenta también de una decisión en el mismo sentido adoptada por el presidente Javier Milei respecto de una ley aprobada el mismo día en el Senado, conocida como Ley de Emergencia en Pediatría, o directamente “Ley Garrahan”.
La decisión, que ya había sido adelantada por este medio, fue publicada como Decreto 651/2025, mediante el cual se veta en su totalidad el proyecto de Ley N° 27.796, sancionado por el Congreso de la Nación el 22 de agosto de 2025. Este proyecto buscaba declarar la emergencia sanitaria en la salud pediátrica y en las residencias médicas nacionales por un período de un año, con el objetivo de garantizar el acceso efectivo, oportuno y equitativo a los servicios de salud para niños, niñas y adolescentes, así como fortalecer los sistemas de residencias médicas mediante mejoras salariales y condiciones laborales adecuadas.
Pese a estos loables preceptos, el Ejecutivo consideró que la norma presenta serias falencias técnicas, jurídicas y financieras que justifican su rechazo.
Principales argumentos del veto
El veto presidencial se fundamenta en una serie de consideraciones que apuntan a la falta de precisión en la redacción del proyecto, su impacto fiscal desmedido y su potencial para generar distorsiones en el sistema sanitario y en la coparticipación federal.
Entre los puntos destacados del decreto se encuentran:
✅ Indeterminación normativa: El proyecto carece de parámetros claros y verificables para definir aspectos clave, como los criterios para la asignación de recursos, la delimitación de "funciones críticas" del personal de salud o los procedimientos para garantizar el acceso a servicios de alta complejidad. Esta ambigüedad, según el Ejecutivo, podría derivar en interpretaciones expansivas, litigiosidad y dificultades para la planificación financiera.
✅ Impacto fiscal insostenible: La recomposición salarial propuesta para el personal de salud pediátrica, que incluye equiparar los ingresos a los niveles reales de noviembre de 2023, generaría un costo estimado de $115.030.000.000. Este gasto, que debería financiarse mediante reasignaciones presupuestarias del Ministerio de Salud y el uso de reservas para contingencias sanitarias, comprometería programas esenciales como el calendario de vacunación, la atención de enfermedades como VIH, tuberculosis o hepatitis, y el financiamiento de medicamentos oncológicos y tratamientos de alto costo.
✅ Exención del impuesto a las ganancias: La propuesta de eximir del impuesto a las ganancias a los trabajadores de salud que realicen actividades críticas, horas extras o guardias, tanto en el sector público como privado, tiene un alcance "prácticamente ilimitado" y un impacto presupuestario inestimable, afectando directamente los ingresos de la coparticipación federal, una de las principales fuentes de financiamiento de la Nación y las provincias.
✅ Distorsiones salariales y desigualdades: El proyecto beneficia exclusivamente al personal vinculado a la atención pediátrica, lo que podría generar inequidades con otros trabajadores del sistema sanitario que desempeñan funciones igualmente críticas. Esto, según el Ejecutivo, profundizaría brechas retributivas injustificadas dentro del sector.
✅ Invasión de competencias del Ejecutivo: El artículo 10 del proyecto, que deroga la Resolución del Ministerio de Salud N° 2109/25, es considerado un avasallamiento de las potestades del Poder Ejecutivo, ya que el Congreso no tiene atribuciones para revocar actos administrativos. Esta resolución, que regula el Sistema Nacional de Residencias de la Salud, fue diseñada para modernizar el sistema de becas de formación, adaptándolo a los desafíos sanitarios actuales y ofreciendo mayor flexibilidad a los residentes.
✅ Desfinanciación de programas clave: La reasignación de recursos propuesta equivaldría a un tercio del presupuesto destinado al calendario de vacunas o al financiamiento de un año y medio de la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC). Esto podría desfinanciar políticas públicas estratégicas, como el tratamiento de patologías especiales y el acceso a medicamentos esenciales.
El caso del Hospital Garrahan
Un punto central del veto es la declaración del Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” como centro de referencia nacional, incluida en el artículo 4° del proyecto. El Ejecutivo argumenta que esta disposición es innecesaria, ya que el Garrahan ya es reconocido como un hospital de alta complejidad, según el Decreto N° 598/87.
Además, destaca los logros de la actual gestión, que “en menos de dos años logró normalizar su funcionamiento, optimizar recursos, eliminar cargos duplicados y alcanzar un déficit cero por primera vez en sus 38 años de historia, gracias a ahorros de más de $40.000.000.000 y un aumento en la recaudación”.
Con un presupuesto de $180.000.000.000 para 2025, ampliado a $220.000.000.000 con el aporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Ejecutivo sostiene que el hospital no requiere una declaración formal para garantizar su operatividad.
Contexto económico y fiscal
El veto se enmarca en la política de “emisión monetaria cero” impulsada por el gobierno de Milei, que prioriza el equilibrio fiscal como base para la estabilidad económica y la lucha contra la inflación.
El Ejecutivo argumenta que la aprobación del proyecto pondría en riesgo los avances logrados en la recuperación económica, al generar un aumento “desmedido e irresponsable” del gasto público. Además, señala que el próximo 15 de septiembre se presentará el proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración Nacional, donde se debatirán de manera integral las prioridades de gasto, incluyendo las necesidades del sistema sanitario.
El decreto también hace referencia al Pacto de Mayo, un acuerdo político que busca revisar el sistema de asignación de recursos públicos. En este contexto, el Ejecutivo considera que el Congreso debería abstenerse de tomar decisiones que comprometan el equilibrio fiscal, especialmente cuando los recursos propuestos no cuentan con una fuente de financiamiento genuina.
Implicaciones constitucionales
El veto se fundamenta en el artículo 83 de la Constitución Nacional, que otorga al presidente la facultad de observar total o parcialmente los proyectos de ley sancionados por el Congreso.
El Ejecutivo defiende esta decisión como un ejercicio legítimo de sus atribuciones, en línea con la dinámica de control y contrapeso propia del sistema republicano. Además, cita fallos de la Corte Suprema, como el caso “Estado Nacional c/ San Juan, Provincia de s/ Reivindicación”, para respaldar la potestad del Ejecutivo de evaluar la razonabilidad y legalidad de las normas aprobadas por el Congreso.
El decreto también critica la pretensión del Congreso de derogar una resolución ministerial, considerándola una violación de la división de poderes. La Resolución N° 2109/25, según el Ejecutivo, moderniza el sistema de residencias médicas al introducir dos modalidades de beca (“Ministerio” e “Institución”), con alta aceptación en hospitales como el Garrahan (100% de adhesión) y el Posadas (70%).
El veto ya anticipado oportunamente por el Gobierno ha generado un intenso debate en la opinión pública y el arco político y social. Por un lado, sectores opositores y organizaciones médicas han criticado la decisión, argumentando que pone en riesgo la atención pediátrica y el fortalecimiento de las residencias médicas en un contexto de crisis sanitaria. Por otro lado, el Gobierno defiende la medida como una acción responsable para proteger la estabilidad económica y evitar el colapso de las finanzas públicas.
El Ejecutivo asegura que continuará implementando políticas para fortalecer el sistema sanitario, pero con un enfoque en la viabilidad financiera y la sustentabilidad a largo plazo. Entre las medidas destacadas, se menciona la optimización de recursos en el Hospital Garrahan y la modernización del sistema de residencias médicas. Sin embargo, el veto plantea interrogantes sobre cómo se abordarán las necesidades urgentes del sector pediátrico en el marco de las restricciones presupuestarias.
El emplazamiento para dictaminar financiamiento de universidades se aprobó con 161 a favor y la emergencia en el Garrahan con 164. Hubo tres de Liga del Interior; tres del Pro; una exoficialista y una integrante de La Libertad Avanza que acompañaron a la oposición.
En medio de una sesión muy disputada, la oposición logró emplazar el tratamiento de los proyectos de financiamiento universitario y la declaración de emergencia sanitaria en el área de pediatría del Hospital Garrahan. La sorpresa la dieron algunos aliados de La Libertad Avanza que si bien no dieron quórum, votaron a favor de las mociones que elevó Unión por la Patria.
La moción de emplazamiento propuesta por Blanca Osuna para dictaminar la iniciativa de financiamiento de universidades para el próximo 8 de julio a las 16 resultó aprobada con 161 votos afirmativos, 68 en contra y 0 abstenciones. Los cinco bloques de la oposición aportaron 130 avales.
Los otros 31 fueron aportados por Innovación Federal con seis votos; uno del monobloquista santafesino Roberto Mirabella; el de Mario Barletta de Unidos; diez integrantes del radicalismo, entre ellos el jefe de bancada Rodrigo de Loredo; los dos miembros de Por Santa Cruz, José Luis Garrido y Sergio Acevedo; y el neuquino Osvaldo Llancafilo.
También lo hicieron a favor legisladores aliados del oficialismo: Eduardo Falcone y Osar Zago del MID; Mariano Campero y Martín Arjol de Liga del Interior; Héctor Baldassi y Sofía Brambilla del Pro; Nancy Picón Martínez y María Moreno de Producción y Trabajo; Lourdes Arrieta de Transformación; y la oficialista Marcela Pagano, quien dio quórum temprano.
Minutos después, Pablo Yedlin propuso el emplazamiento para dictaminar los proyectos de declaración de la emergencia sanitaria en la salud pediátrica del Hospital Garrahan en un plenario de Acción Social y Salud Pública; Familias, Niñez y Juventudes; y Presupuesto y Hacienda que resultó aprobado con 164 votos a favor, 66 en contra y 0 abstenciones.
A los 161 diputados nacionales que votaron a favor del financiamiento universitario, se sumaron el diputado salteño Pablo Outes de Innovación Federal; el catamarqueño Francisco Monti de Liga del Interior; y Álvaro González del Pro.
Luego de un arranque alborotado, la Cámara de Diputados votó los emplazamientos propuestos por la oposición. El oficialismo y los aliados votaron en contra en cada moción. En diferentes horarios, la mayoría se llevará a cabo el próximo 8 de julio.
Después de tres horas con un vendaval de cuestiones de privilegio y cruces entre el oficialismo y la oposición, la Cámara de Diputados emplazó los tratamientos de los proyectos de ley sobre financiamiento universitario y la declaración de emergencia sanitaria en salud pediátrica del Hospital Garrahan. Ambos debates quedaron convocados para el próximo martes 8 de julio.
Tras ser rechazado para el tratamiento sobre tablas, la diputada entrerriana Blanca Osuna, vicepresidenta de la Comisión de Educación, planteó la moción para emplazar al plenario de las comisiones de Educación, y Presupuesto y Hacienda para el próximo martes 8 de julio a las 16. Serán siete los proyectos de ley puestos a consideración para incremento del financiamiento de las universidades nacionales.
En tal sentido, la legisladora opositora cargó que “en consecuencia del veto que no se pudo rechazar en esta Cámara es que insistimos porque ya no está en discusión el derecho humano a la educación superior”. En síntesis, mencionó que el espíritu de las iniciativas busca mejorar “a los salarios de los educadores del nivel universitario tanto docente como no docente”, y cerró con un mensaje para el pleno: “Demos respuesta a una necesidad y urgencia que pone en crisis al desarrollo de la Argentina”.
Por su parte, la diputada nacional Danya Tavela de Democracia para Siempre sugirió enderezar “el norte de esta sesión en los temas que preocupan a la gente”. Luego aseveró que están “los niños en peligro porque principal hospital pediátrico está siendo desguazado, y las universidades y la ciencia están en peligro por la desfinanciación de este Gobierno”.
La moción de emplazamiento propuesta por Blanca Osuna resultó aprobada con 161 votos afirmativos, 68 en contra y 0 abstenciones. La Libertad Avanza, el Pro, Paula Omodeo de Creo, Verónica Razzini de Futuro y Libertad, María Cecilia Ibáñez del MID y Ricardo Garramuño de Somos Fueguinos votaron en contra.
En palabras del diputado tucumano Pablo Yedlin fue solicitado el emplazamiento para dictaminar los proyectos de declaración de la emergencia sanitaria en la salud pediátrica del Hospital Garrahan en un plenario de Acción Social y Salud Pública; Familias, Niñez y Juventudes; y Presupuesto y Hacienda convocado para el martes 8 de julio a las 12.
Para este segundo tema, el titular de Acción Social y Salud Pública explicó que “3500 niños por año solo desde Tucumán vienen a tratarse su cáncer infantil o leucemia al Hospital Garrahan”. Luego, aseguró que este “este proyecto viene a asegurar un presupuesto digno al hospital y propone condiciones dignas para que el hospital trabaje”.
En segundo lugar, el diputado nacional Facundo Manes expresó que “lo del Garrahan no es falta de plata, es lo que el presidente quiere”, y aseveró que este es “un país que pone mas recursos en organismos de inteligencia para influir en periodistas y pagar trolls en redes sociales”.
“¿Ese es el país que queremos?”, cuestionó el legislador de Democracia para Siempre, quien agregó críticas contra el Gobierno nacional: “El Garrahan no es un gasto, es el corazón de la Argentina y un país también se mide por la compasión y la solidaridad porque sin salud pública no hay Nación”. “La salud es el motor del desarrollo porque una sociedad sana es más productiva y están en juego el alma de nuestro país”, cerró.
Tras la intervención del neurocirujano, la moción planteada por el tucumano Yedlin se aprobó con 164 votos a favor, 66 en contra y 0 abstenciones. A quienes votaron en contra el primer emplazamiento, se sumaron el santafesino Gabriel Chumpitaz de Futuro y Libertad y el neuquino Pablo Cervi de Liga del Interior.
Cuando todo parecía encausarse para continuar con los otros cinco emplazamientos, el recinto se desmadró y Martín Menem dio por terminada la sesión cuando se diluyó el quórum.
El proyecto de ley impulsado por Pablo Yedlin logró el aval de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, pero aún debe pasar por Presupuesto y Hacienda, que es presidida por el oficialismo. Los legisladores de La Libertad Avanza optaron por no dar el debate y los médicos invitados los cuestionaron.
Foto: HCDN
En medio de la conflictividad salarial en el Hospital Garrahan, la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados se reunió este martes y pasó a la firma el proyecto de ley que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales. La iniciativa aún debe pasar por la Comisión de Presupuesto y Hacienda para tener el dictamen que habilite el tratamiento en el recinto.
Con la presencia de jefas de área del Hospital Garrahan y del Día Polivalente, la oposición anticipó que votará por el emplazamiento a la comisión que preside el oficialista José Luis Espert en la sesión especial del próximo 2 de julio. Los 5 integrantes de La Libertad Avanza en Familias, Niñez y Juventudes, Alida Ferreyra, Gerardo González, Gerardo Huesen, Fernanda Araujo y Facundo Correa Llano, no formaron parte del debate y fueron cuestionados.
La iniciativa es impulsada por el tucumano Pablo Yedlin, quien planteó que “pediatras de todas las provincias van para formarse en el Garrahan y luego, vuelven (para ejercer la pediatría) a las provincias”. En la misma línea, apuntó contra el Gobierno nacional: “Vaciar al hospital no solo es vaciar a la atención de los chicos de hoy, si no también es vaciar el futuro de la pediatría de la Argentina”.
Después de eso, el titular de la Comisión de Acción Social y Salud Pública recordó que “Tucumán bajó la mortalidad de bebés menores de un año de la mano del Hospital Garrahan”. Luego, remarcó que la propuesta dentro del texto es para “que cobren lo que cobraban en noviembre del 2023 actualizado por IPC (Índice de Precios al Consumidor)”, y pidió avanzar con el proyecto para “darle respuesta al Garrahan, a la pediatría argentina y a todas las residencias nacionales”.
La primera expositora invitada fue Carolina Goedelmann, jefa de Clínica del sector de Hematología del Hospital Garrahan, quien señaló que “los chicos vienen al hospital por atención y vuelven a sus lugares de origen curados” y esgrimió un pedido vinculado a la labor parlamentario: “Que se obligue a la Comisión de Presupuesto y Hacienda que se dé el tratamiento”.
Tras destacar la labor del personal de salud del Hospital Garrahan, mencionó que “si se cae una parte del equipo o si dejamos de formar gente, esos equipos (que educan dentro del nosocomio) no se van a poder formar”. Para terminar, consideró que “están en jaque las residencias”.
En segunda instancia, Ana María Pugliese, jefa del Servicio de Medicina Transfusional, aclaró que “no es la primera que pedimos esto, pero nunca estuvo tan mal como la situación actual”. Luego, agregó que “la pediatría se viene abajo”, indicó que “el problema central tiene que ver con el salario”, y explicó que “se desencadenan en una serie de hechos que va a destruir la pediatría”.
En contraposición a algunas declaraciones de legisladores sobre los salarios de los médicos, Pugliese lamentó que “hoy por hoy ser médico no es rentable”, y relató: “Son sueldos bajísimos con 42 horas semanales de trabajo y encima, en instituciones privadas les pagan más del doble por la mitad de las horas”. Así las cosas, afirmó que “el Garrahan, que da asistencia a todo el país, se está desangrando”.
La última expositora fue, Anabella Botto, jefa del Hospital de Día Polivalente, quien señaló que “esta situación nos afecta a todos: a la niñez de hoy y a la niñez de mañana”. También sostuvo que “es una causa noble y necesaria que es la salud infantil”. Y cerró con un pedido explícito con los legisladores: “Les pedimos apoyo porque está en juego la población infantil”.
En otro tramo del debate, Ana María Pugliese se refirió al retiro temprano de los cinco diputados libertarios que integran esta comisión (se fueron después de pasar a la firma proyectos de declaración) y manifestó: “Los invitamos a los diputados de La Libertad Avanza tanto a conocer el Hospital (Garrahan) como a hablar con nosotros… nosotros no somos militantes políticos, claramente estamos en otra situación”.
“Estamos acá para ayudarlos con sus dudas porque si uno se comunica, no hay forma de poder llegar a nada”, remarcó la jefa de Medicina Transfusional. También, aclaró que “acá no se está hablando de una guerra política, Ejecutivo, presidente o de un partido político, se está hablando de la salud de la Argentina”, y cerró: “Eso tiene que ser transversal a cualquier partido político y La Libertad Avanza tiene que ser parte del tratamiento de la salud de la Argentina”.
El diputado nacional Christian Castillo (Frente de Izquierda) se refirió a las declaraciones televisivas del jefe de Estado: “Me escandalizó la entrevista del presidente Javier Milei que volvió a mentir e insistió en tratar de desautorizar a los trabajadores del Garrahan”. En esa línea, señaló que planteó “núcleos de mentiras, al decir que el 70% son administrativos y el 30% son médicos, porque quiso dar idea de trabajadores ‘ñoquis’”.
En representación de Encuentro Federal, el santafesino Esteban Paulón también apuntó contra el líder libertario y le respondió con ironías: “Él dice que los residentes pagan para ejercer, debe verlo en las series americanas”. Anunció su apoyo al tema en la sesión del 2 de julio y cerró: “Ojalá Espert se digne a votar el emplazamiento a la Comisión y Presupuesto”.
Del lado de Unión por la Patria, Cecilia Moreau recordó que “esta discusión la intentamos dar el 5 de junio cuando planteamos el emplazamiento y este tema lo podríamos haber saldado, pero el no tratamiento tiene nombre y apellido”. Luego, trajo a debate que “cuando fui presidente de la Cámara de Diputados mas de un gobernador me llamaba para conseguirle cama en el Garrahan porque un chiquito se les moría”, y reclamó que hay “complicidades de los gobernadores que se movieron detrás de las cortinas para voltear el quórum”.
Del lado de Unión por la Patria, Cecilia Moreau recordó que “esta discusión la intentamos dar el 5 de junio cuando planteamos el emplazamiento y este tema lo podríamos haber saldado, pero el no tratamiento tiene nombre y apellido”. Luego, trajo a debate que “cuando fui presidente de la Cámara de Diputados mas de un gobernador me llamaba para conseguirle cama en el Garrahan porque un chiquito se les moría”, y reclamó que hay “complicidades de los gobernadores que se movieron detrás de las cortinas para voltear el quórum”.
El jefe de bloque, Germán Martínez, cargó contra los espacios aliados del oficialismo e indicó que “no se ve que todo queramos los mismo”. “Cuando vemos lo de jubilados o lo de discapacidad, no queremos todos lo mismo porque tenemos que asumir que hay un pedazo del sistema político que, de ahora en más, va a mirar para otro lado siempre”, concluyó.
