Mientras el oficialismo se alzaba con la aprobación en el recinto del Senado de la ley Bases, en la madrugada de este jueves el Gobierno emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia declarando la emergencia pública ferroviaria y desde UP alertan por el “desguace” de trenes.

El DNU 525/2024 fue publicado en el Boletín Oficial y lleva las firmas del presidente de la Nación, Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la canciller, Diana Mondino; el ministro de Economía, Luis Caputo; el de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Seguridad, Patricia Bullrich; el de Salud, Mario Antonio Russo, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

La declaración de la emergencia ferroviaria se da horas después de la aprobación de la Ley Bases en el Senado que mantiene entre las empresas a concesionar al Belgrano Cargas y a la sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse).

La medida fue dispuesta por un plazo de dos años, prorrogable por única vez por el mismo período. Afecta a los servicios de transporte de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional, así como también a todas las actividades relacionadas con la administración y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y la operación de los servicios ferroviarios en la Red Ferroviaria Nacional.

Según se explica en los considerandos de la norma, luego de que la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) realizó la evaluación de desempeño del sistema ferroviario correspondiente al ejercicio anual 2023 "se evidencia la delicada situación en la que se encuentra inmerso el Sistema de Transporte Ferroviario Nacional".

En el informe de la CNRT detalla que “el mayor porcentaje de descarrilamientos se ha manifestado en el transporte ferroviario de cargas, y obedece en gran medida al estado de conservación en el que se encuentra la infraestructura”.

Además, señala que “en el transporte ferroviario de pasajeros, la degradación del mantenimiento de la infraestructura y del material rodante generan reducciones de velocidad de vía, con el consecuente aumento de tiempo de viaje, llegando en algunos casos, a determinarse la suspensión de los servicios”.

También advierte que “se ha registrado una ineficaz gestión y planificación de las contrataciones destinadas al mantenimiento del material rodante, lo cual ha conllevado, en la práctica, una sensible disminución de formaciones en servicio y por consiguiente una disminución en las frecuencias”, por consiguiente, “cualquier alteración en los planes de mantenimiento y/o inversiones, tiene implicancias directas en la prestación de los servicios ferroviarios”.

El decreto detalla que la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado “enfrenta una deuda heredada que condiciona la gestión operativa”.

A raíz de esta situación, el decreto establece que las empresas ferroviarias deberán presentarle a la Secretaría de Transporte de la Nación “una propuesta de medidas indispensables y urgentes a tomar, que resguarden la seguridad operativa de la prestación del servicio de transporte ferroviario de cargas y pasajeros”.

También “un esquema de priorización de obras, trabajos, capacitaciones y contrataciones, detallando una breve descripción de las mismas, plazo de ejecución, estimaciones presupuestarias, factibilidad de fuente de financiamiento, condiciones de mantenimiento y seguridad, como así también, en caso de ser necesario, las adecuaciones de las condiciones laborales de sus trabajadores" y "demás cuestiones que se consideren pertinentes a los efectos de revertir la situación de emergencia".

Transporte deberá "elaborar un plan de acción, dentro del término de los 15 días, con las medidas indispensables y urgentes a tomar, que resguarden la seguridad operativa de la prestación del servicio de transporte ferroviario de cargas y pasajeros".

Otro de los puntos del decreto establece que tanto la Secretaría de Transporte como las empresas ferroviarias "podrán dejar sin efecto los procedimientos de contratación" que "no se encontrasen perfeccionados y las contrataciones que no tuvieran principio de ejecución, como así también disponer, por razones de emergencia, la renegociación o, en su caso, rescisión de los contratos de cualquier tipo, dentro de las pautas establecidas por el presente decreto".

A fin de mejorar las condiciones de seguridad operativa, el Gobierno se comprometió a asignar un presupuesto adicional de un billón doscientos noventa y tres mil setecientos ochenta millones de pesos ($1.293.780.000.000) para el "fortalecimiento del sistema ferroviario nacional". Asimismo, se indicó que trescientos cincuenta mil millones de pesos ($350.000.000.000) “deberán imputarse en el presupuesto 2024”.

Al respecto, los diputados del bloque Unión por la Patria, Eugenia Alianiello y Eduardo Toniolli, alertaron del DNU en sus redes sociales.

"De espaldas al pueblo, mientras en el Senado se votaba a favor de las facultades delegadas y la entrega de nuestros recursos, el presidente festejó la represión y se fue de viaje. Hoy ya está publicado el primer paso para el desguace de los trenes que tanto nos costó recuperar", escribió Alianiello.

En el mismo sentido, su par de bancada apuntó: "Ayer, mientras el Senado aprobaba la privatización de las operadoras ferroviarias, el gobierno publicaba el DNU con el que pretenden generar las condiciones para ir más allá y liquidar hasta la infraestructura. Van por un segundo y definitivo ferrocidio".