La senadora nacional Nora Giménez (FdT – Salta) valoró este jueves la decisión del presidente Alberto Fernández de extender hasta 2025 y por DNU (decreto de necesidad y urgencia) la vigencia de la Ley 26.160, que declaró la Emergencia Territorial Indígena en todo el país y consideró que “es una respuesta al pedido insistente de los pueblos originarios”.

La legisladora interpretó que el mandatario “pasó a la acción” ante la proximidad del vencimiento de la norma, y la “necesidad de dotar al Estado de herramientas que permitan mantener la paz social y evitar conflictos de tierras por demandas judiciales y acciones de desalojo”.

Además, opinó que “el DNU es una respuesta al pedido insistente de los pueblos originarios, instituciones, entidades y personalidades que se han pronunciado en apoyo a la prórroga en todo el país y el extranjero”.

El DNU 805 del jefe de Estado publicado este jueves en el Boletín Oficial, prorrogó por cuatro años la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, la cual suspende por el mismo plazo la ejecución de sentencias sobre esos litigios.

La emergencia había sido dispuesta en 2006 por la ley 26.160, y sus plazos extendidos en tres oportunidades por las leyes 26.554, 26.894 y 27.400.

La normativa sancionada por el primer mandatario y firmada por todos los ministros del Gabinete, suspende por “el plazo de emergencia declarada la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras”, y establece que “la posesión debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada”.

Asimismo, se fija que “durante la vigencia del plazo de la emergencia declarada, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) deberá realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, dar intervención al Estado Provincial y los Estados Municipales implicados y, en caso de corresponder, a la Administración de Parque Nacionales”.

Las autoridades también deberán “promover las acciones que fueren menester con el Consejo de Participación Indígena, los Institutos Indígenas Provinciales, Universidades Nacionales, Provinciales y Municipales, Organizaciones Indígenas y Organizaciones No Gubernamentales”.

Asimismo, se dispone la asignación de un fondo especial de 290 millones de pesos durante cada uno de los cuatro ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad al decreto, destinados a la atención del Fondo Especial” contemplado en la Ley 26.160.

Por otro lado, el INAI presentará, a partir del año 2022, y antes del 30 de noviembre de cada año, ante el Congreso “un informe anual que detalle el estado de avance del proceso de relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, conforme lo establece el artículo 3º de la Ley Nº 26.160, el cual deberá incluir información georreferenciada sobre las comunidades relevadas y el proceso de relevamiento e indicará el porcentaje de avance”.

La Ley 26.160 se sancionó en el marco de lo previsto en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, que reconoce, entre otros aspectos, “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, la personería jurídica de las comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan”.

La presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, calificó como “muy positivo” el apoyo manifestado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al sumarse al pedido de prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena.

La titular del organismo nacional afirmó que “en esta instancia en que el proyecto de ley ya cuenta con media sanción en el Senado de la Nación, aunque aún resta la aprobación de la Cámara de Diputados, contar con el respaldo de la ONU para con esta causa es sumamente significativo y trascendente”.

Por su parte, el coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en la Argentina, Roberto Valent, y el representante regional para América del Sur de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, celebraron la aprobación por parte del Senado de la Nación de la prórroga de la Ley 26.160 de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras de las comunidades indígenas. Esperan que la Cámara de Diputados realice lo propio sancionando el proyecto que garantiza la  extensión de la mencionada ley.

Asimismo, rechazaron las “expresiones discriminatorias, racistas y xenófobas mediante las cuales se ha estigmatizado al pueblo indígena mapuche en los últimos días”. Manifestaron así su preocupación sobre la situación patagónica ante el envío de fuerzas de seguridad, el uso de la fuerza pública en contra de comunidades mapuches, los incendios y desalojos.

Ambos coincidieron en comprometerse en apoyar al Estado argentino, a los pueblos indígenas y a sus organizaciones para encontrar mecanismos de diálogo y soluciones a mediano y largo plazo.

La presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, manifestó su total adhesión y acompañamiento a la media sanción que la Cámara de Senadores de la Nación otorgó a la iniciativa parlamentaria que prorroga la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena.

La funcionaria que preside el organismo de competencia en materia de derechos de las comunidades indígenas de la República Argentina aseguró que “es un gran paso para seguir avanzando en el cumplimiento efectivo de lo que estipula el art. 75 – inc. 17 de la Constitución Nacional, como así también lo plasmado en los tratados internacionales suscriptos por nuestro país”.

Odarda agradeció a todos los trabajadores del INAI que se comprometieron y trabajaron para lograr este objetivo, informando, asesorando y compartiendo información a los representantes legislativos que así lo requirieran y agregó que “el INAI tiene las puertas abiertas y los equipos técnicos disponibles para todos los diputados nacionales que necesiten información para abordar la temática con la mayor cantidad de datos posibles en función de sancionar esta iniciativa tan trascendente”.

Odarda también destacó el compromiso de los senadores con el cumplimiento de la normativa nacional internacional y el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos  de LHAKA HONHAT. Asimismo, agradeció a “los dirigentes y hermanos y hermanas indígenas que acompañaron a los integrantes de la Cámara alta en un día histórico”.

Finalmente, la presidenta del INAI remarcó que esta ley “debe ser interpretada como una verdadera herramienta de paz social, que declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas, y suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupen las mismas. La normativa también ordena realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las Comunidades Indígenas, y en caso de corresponder, de tierras ocupadas por las mismas de forma actual, tradicional y pública”.