La legisladora Silvia Gicoppo consideró que “Necesitamos darle un salvavidas a mucha gente en este sector tan castigado”.
La senadora nacional por Jujuy Silvia Giacoppo solicitó convocar a la reunión plenaria de las comisiones de Turismo y de Presupuesto del Senado para tratar en la próxima sesión el proyecto para declarar la emergencia económica, financiera y fiscal para la actividad turística en todo el territorio nacional hasta el día 31 de diciembre de 2021 para la actividad turística.
“Veo con mucha preocupación que no hayamos podido convocar a la plenaria de comisiones de Turismo y Presupuesto -por el giro que tuvo el proyecto 702/21- y le he solicitado al titular de la Comisión de Presupuesto, el senador Carlos Caserio, que podamos reunirnos. No hay una actividad que haya sido afectada -además del tema de salud de los argentinos- que la actividad turística”, señaló al respecto la senadora de Juntos por el Cambio.
“Por lo tanto he pedido que, con premura, se pueda constituir la plenaria y discutir en la próxima sesión la Emergencia para el sector turístico”, agregó.
“Estoy convencida que entre el proyecto que he presentado y la iniciativa del Frente de Todos, de la senadora Ianni, podremos llegar a un acuerdo y tener una ley que les dé previsibilidad y salvar lo que queda del turismo. Y digo ‘lo que queda’ porque ya sabemos que es irreversible el daño que esta pandemia le ha provocado a la actividad. Necesitamos darle un salvavidas a mucha gente en este sector tan castigado”, remarcó Giacoppo.
El Foro Argentino de Consultores de Viajes Empresariales sostienen que el proyecto de Emergencia Turística representa un avance para paliar el impacto económico, social y productivo.
Desde el Foro Argentino de Consultores de Viajes Empresariales reconocieron el tratamiento de la Ley de Sostenimiento y Activación Productiva de la Actividad Turística como un primer paso necesario para abordar los problemas del sector.
Sostienen que la medida representa un avance para paliar el impacto económico, social y productivo que afecta profundamente al turismo y que requiere un segundo paso fundamental que es la reglamentación y la consideración de aspectos claves para una adecuada instrumentación y recuperación de la actividad.
“Reconocemos la aprobación de la Ley como un primer paso positivo y necesario en respuesta a los serios problemas que enfrenta el sector y esperamos aportar al diálogo para lograr pronto una adecuada reglamentación para la recuperación de la actividad y en beneficio de todos”, introdujo el presidente de la institución Pablo Damerau.
En este marco, FACVE rescata el espíritu de apoyo que emana de la normativa aportando atención en un sector que ha sido golpeado en una crisis histórica y en este mismo sentido, resalta el valor de iniciativas tales como el programa de promoción turística nacional que otorga herramientas para incentivar la demanda y acompañar la recuperación de la actividad.
El turismo genera más de un millón de puestos de trabajo y motoriza la economía de todas las regiones del país. En esta instancia de emergencia y apremio, es fundamental trabajar en una reglamentación adecuada que contemple cuestiones operacionales, medidas de precaución y sanitarias para alcanzar los objetivos que la Ley propone en cuanto al sostenimiento del empleo y de la actividad.
Por último, FACVE, manifestó su compromiso para aportar a un diálogo constructivo y ser parte activa de la solución de cara a la reglamentación y en pos de vislumbrar un futuro sostenible y de crecimiento para nuestra industria que constituye un elemento fundamental para la inserción de Argentina en el mundo.
Asociación de agencias de viajes, cuyos miembros representan el 80% de la emisión de boletos aéreos domésticos e internacionales y es integrante de una de las vicepresidencias de FAEVYT -Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo.
Más de 22 asociaciones de todo el país firmaron un comunicado en rechazo del proyecto que ya cuenta con media sanción, y que este martes tratará la Cámara baja.
Asociaciones de consumidores rechazaron el proyecto que la Cámara de Diputados tratará este martes, respecto a la emergencia Turística, y solicitaron que se modifique “respetando los principios constitucionales y legales del derecho de los consumidores y usuarios”.
El proyecto, que ya cuenta con media sanción en el Senado, regula la responsabilidad de las empresas turísticas con los consumidores que pagaron todos los pasajes, hospedajes y paquetes turísticos contratados, y que no se cumplieron por el Covid-19 y la política pública de salud.
Pero las asociaciones de consumidores reclaman que “no fueron siquiera convocados en ese debate”, y que la solución que las empresas impusieron “es la misma que vienen empujando en todas las áreas de la economía y hace muchos años: romper con la solidaridad de la cadena de comercialización del artículo 40 de la LDC”.
“Las empresas siempre plantean las dificultades, los problemas procesales y distintos motivos, por los cuales las divisiones de responsabilidades que ellos pactan con sus propios proveedores, deben estar cubiertos de los consumidores. Ellos pautan como dividir la responsabilidad y que el consumidor se arregle por su lado”, indican en un comunicado firmado por 22 asociaciones de consumidores de todo el país.
En este sentido, sostienen que “se borra de un plumazo, el principio sostenido en la Ley de Defensa del Consumidor. La negación de derechos es evidente”, y que “no conformes con eso el proyecto aclara que, en el caso del turismo estudiantil, la propia autoridad de aplicación resolverá esto por su cuenta, en clara violación a los principios de la LDC (opción por parte del consumidor). El PE resolverá apartarse de la ley de defensa del consumidor, unilateralmente. Y los incumplimientos a lo establecido en la ley, se resolverán ante la autoridad regulatoria de las agencias turísticas, y no ante las oficinas de defensa del consumidor”.
“Este proyecto rompe los principios de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, atenta contra este derecho constitucional y abre la puerta a que se replique este mecanismo en otras áreas de la actividad económica”, concluye la misiva.
Si bien consideró mejor la norma consensuada en el Senado, en desmedro del proyecto que avanza en Diputados, criticó que no convocaran a las organizaciones en defensa de usuarios y consumidores.
Si bien consideró que el proyecto consensuado de emergencia turística aprobado la semana pasada en el Senado es “superador” al presentado y defendido por la oposición mayoritaria (Juntos por el Cambio) en Diputados, el diputado nacional José Luis Ramón estima que el mismo contiene “injusticias claras”.
El legislador mendocino reiteró su crítica en que, tal cual sucedió en la comisión donde se debatió en Diputados, dijo, “no fueron convocadas ni una vez las organizaciones en defensa de usuarios y consumidores que contienen la mayoría de los reclamos sobre viajes no efectuados”.
“Sucedió lo mismo en esta oportunidad, en la que queda claro que no es prioridad de ninguno de los bloques entender que solucionar la crisis del sector, no debe pasar por encima de derechos consumados, como lo son de los consumidores”, señaló Ramón, para quien “nuevamente se demuestra que el fin es el beneficio solamente de las empresas de turismo, que con este proyecto tiene piedra libre para no responsabilizarse de las cancelaciones de viajes, paquetes, hoteles, tours, etc. Aquí también, para que no pierdan las PyMEs y los consumidores, el Estado debía resguardar a ambas partes, pero en su lugar se desliga de efectos y pérdidas a grandes empresas más que a PyMes, y que no resguarda para nada, a los consumidores”.
Ramón considera que este es “un retroceso” en los derechos de los consumidores, porque “hoy en día en la Ley de Defensa del Consumidor, todos los que ganan en una cadena de comercialización son responsables ante el consumidor, y no pueden correrse o empezar a echarse culpas para no cumplirle”.
Ramón sostiene que este avance de proyecto es “desigual” y no se plantea la emergencia en relación con la distribución equitativa del peso de las medidas sanitarias para que ningún sector se ahogue, ni las empresas de turismo, ni los trabajadores, ni los consumidores.
“No podemos escatimar ayuda estatal”, sentenció Ramón, y agregó que “no es momento para ver como recaudar, es momento de que los que paguen sean los que más ganan, y no los sectores golpeados”. Y concluyó: “El acceso a los derechos de unos, o garantías estatales, no pueden ser en desmedro de la quita de derechos de otros, como los consumidores”.
Una diputada del Pro pidió un apartamiento del reglamento para tratar el tema que todavía no tiene el despacho correspondiente para llegar al recinto, pero no tuvo los votos necesarios.
El turismo es sin lugar a dudas uno de los sectores más afectados por la pandemia de Covid-19. Por eso es que innumerables proyectos fueron presentados los últimos meses en ambas cámaras y están siendo estudiados en comisión. En el Senado avanzó un dictamen de un proyecto unificado declarando la emergencia turística, mientras que en la Cámara baja, un proyecto similar ya cuenta con dictamen de las comisiones de Turismo y de Defensa del Consumidor, pero todavía falta que pase por la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Como sea, el tema sigue sin poder llegar a ninguno de los recintos.
Para sortear esta situación es que la diputada Virginia Cornejo pidió alrededor de las 23, al cabo del tratamiento del proyecto sobre la deuda local, un apartamiento del reglamento para abordar una serie de expedientes relacionados con la emergencia del sector turístico. Al hacerlo, la diputada salteña señaló que el problema afecta a 1.300.000 puestos de trabajo directos e indirectos, y hay más de 70 mil empresas involucradas.
“Es uno de los pilares en los que se tiene que asentar la recuperación de la Argentina”, enfatizó la diputada del Pro.
El proyecto necesitaba los dos tercios del cuerpo para ser puesto en debate. “189 votos por la afirmativa”, adelantó el presidente de la Cámara, Sergio Massa, antes de una votación que lejos estuvo de alcanzar semejante número: hubo 122 votos por la afirmativa, 119 por la negativa y una abstención.
Un plenario de comisiones de Turismo y Presupuesto avanzó con una iniciativa en beneficio del sector, paralelamente al trámite en Diputados. Apoyo de la oposición.
Un plenario de comisiones de Turismo y Presupuesto y Hacienda del Senado, presidido por la radical Silvia Giacoppo, emitió dictamen favorable este lunes sobre un proyecto de sostenimiento y reactivación productiva del turismo, a raíz de la pandemia del Covid-19.
El debate se realizó paralelamente a la Cámara de Diputados, donde se tramita una iniciativa del Frente de Todos basada en un “plan de auxilio” al sector, orientado a la capacitación y a la infraestructura pero sin declarar la emergencia, como reclama la oposición.
En la Cámara alta, el proyecto es encabezado por la santacruceña Ana María Ianni (Frente de Todos) e incluye medidas para el sostenimiento y la reactivación productiva de la actividad turística nacional por el término de 180 días prorrogables.
El dictamen fue acompañado por el interbloque de Juntos por el Cambio, aunque algunos de sus integrantes se quejaron porque el oficialismo no aceptó cambios, aunque Carlos Caserio, titular de la Comisión de Presupuesto, aclaró que en la sesión podría haber modificaciones “si nos parece razonable”.
Al inicio de la reunión virtual, Ianni destacó que la iniciativa fue el fruto de un “trabajo en conjunto” de los integrantes del bloque.
“Desde los primeros días de la llegada de la pandemia al país y desde las primeras horas de la emergencia sanitaria supimos que el turismo iba a ser la actividad más afectada y desde ese momento nos propusimos trabajar incansablemente para poder dar una respuesta para hoy y mañana”, explicó Ianni.
La senadora, que además fue secretaria de Turismo de El Calafate, insistió en que “la situación de esta actividad nos interpela a todos a dar una respuesta” y también a “empezar a pensar en los consumidores, que para el día después de la pandemia tienen muchas ganas de viajar”.
Al explicar los detalles del proyecto, señaló que está “orientado a buscar medidas que no son incompatibles con otras medidas que viene otorgando el Gobierno nacional” en materia de asistencia económica, como el programa ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción), que busca ser prorrogado.
Además, se promueve la reducción de contribuciones patronales, la prórroga de vencimientos, la suspensión de embargos, la reducción de alícuotas sobre impuesto al cheque, y “una solicitud a los bancos para que ayuden a la producción e inversión a través de créditos”.
También se impulsa un programa de preventa similar al ideado desde el Ministerio de Turismo; y la promoción de viajes estudiantiles y educativos.
“Hay un día después que es posible, y con estas medidas podremos lograrlo”, garantizó Ianni, y agregó que “muchos en años anteriores se olvidaron de poner en valor lo que significa para las economías regionales viajar por el interior del país”.
Será este lunes en un plenario de comisiones que debatirá proyectos que avanzan en el mismo sentido en Diputados, donde el FdT no quiso declarar precisamente la emergencia.
Suele pasar que haya iniciativas que avanzan de manera paralela en ambas cámaras. Habrá que ver cuál de las dos instancias prospera ahora de manera más rápida, tratándose de una serie de iniciativas vinculadas con el área Turismo, una de las más afectadas sin duda por la pandemia de coronavirus.
En este caso la Cámara alta ha convocado para este lunes, a partir de las 17, a una reunión conjunta de las comisiones de Turismo y de Presupuesto y Hacienda, para analizar una serie de proyectos que buscan implementar soluciones para esta actividad tan gravemente afectada por el parate que supuso la irrupción de la enfermedad.
Se pondrán en análisis once proyectos que buscan declarar la emergencia turística generada a partir de la crisis sanitaria. Tres de ellos corresponden a los oficialistas Maurice Closs, Ana María Ianni y Silvia García Larraburu, que coinciden en pedir declarar la emergencia turística en todo el país por el término de 180 días; uno de la radical mendocina Pamela Verasay, que habla de declarar la emergencia económica, financiera y fiscal para la actividad turística, también por seis meses; en tanto que la presidenta de la Comisión de Turismo, la jujeña Silvia Giacoppo, quiere declarar la emergencia económica y fiscal en la actividad turística. La neuquina Lucila Crexell y el rionegrino Alberto Weretilneck presentaron sendos proyectos que coinciden en pedir declarar la emergencia económica, financiera y social para esa actividad, por espacio de 365 días.
Hay también un proyecto del senador del Frente de Todos Antonio Rodas, para declarar la emergencia económica, financiera, fiscal y social del sector.
En el paquete de proyectos a analizar hay otros dos del misionero Closs: uno que crea el plan de reactivación del turismo interno y otro que crea un plan de asistencia de emergencia al trabajo y la producción de beneficios al sector turístico y otros.
Tiene la ventaja de que en este caso se trata de un plenario de las comisiones de Turismo y de Presupuesto, en tanto que en Diputados ya hay un dictamen con un texto de asistencia para el sector, firmado el pasado 21 de julio, pero cuenta con el aval solo de la Comisión de Defensa del Consumidor, que preside el radical Diego Mestre. El trámite debe pasar ahora por Presupuesto y Hacienda.
Cabe recordar que en esa cámara no prosperó el pedido de Juntos por el Cambio y las cámaras del sector para que se declarara la “emergencia” en el sector, y avanzó en cambio un proyecto del Frente de Todos que crea un “plan de auxilio, capacitación, infraestructura y promoción” del turismo.
La iniciativa del oficialismo recibió dictamen de mayoría en la Comisión de Defensa del Consumidor. Juntos por el Cambio y representantes del sector volvieron a reclamar la emergencia. El trámite culminará en Presupuesto y Hacienda.
A pesar de las críticas provenientes de Juntos por el Cambio y de representantes del sector que volvieron a reclamar una ley de emergencia, el proyecto del Frente de Todos que crea un “plan de auxilio, capacitación, infraestructura y promoción” del turismo recibió este martes dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados.
La iniciativa avanzó en una reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, presidida por Diego Mestre (UCR), donde el oficialismo reunió 17 firmas contra las 13 del dictamen de minoría, gracias al apoyo de José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo) y Claudia Márquez (Córdoba Federal).
Ahora, el proyecto seguirá su trámite en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, aunque su autor, Ramiro Fernández Patri, aclaró que se analizan algunas modificaciones y que además esperan conocer la redacción final de la ley de moratoria, que también se trata en la Cámara baja y que alcanzaría al sector turístico.
Sin embargo, sigue sin haber acuerdo en la discusión principal, que tiene que ver con la declaración de la emergencia: a pesar de que Juntos por el Cambio insistió en avanzar en ese sentido para poder aplicar exenciones impositivas a la actividad, el oficialismo no dio el brazo a torcer y avisó que se sancionará “la ley posible”.
Al iniciar la reunión, Mestre explicó que el turismo es “el cuarto sector exportador de servicios” y “una gran fuente de ingreso de divisas”, además de generar “más de 1.000.000 de puestos de trabajo en el país”. “Desde el 20 de marzo, el sector no ha podido facturar prácticamente ni un peso”, advirtió.
El radical opinó que el proyecto del oficialismo contiene “ayudas que el sector puede llegar a necesitar más adelante”, y por el contrario “no tiene las herramientas que pide el sector y que están incluidas en el dictamen de minoría”, entre ellas beneficios financieros (créditos a tasa cero) y tributarios (exención del impuesto al cheque y otros tributos).
Asimismo, pidió que se mantenga el equilibro con respecto a los derechos de los consumidores, al indicar que el dictamen de mayoría “solamente tiene dos artículos” al respecto, mientras que el de minoría contiene “un detalle pormenorizado de cada situación”.
Al defender el dictamen del oficialismo, Fernández Patri destacó que el tema tiene “prioridad” en la agenda oficial y que por eso “4.000 personas van a recibir el APTur (Fondo de Auxilio para Prestadores Turísticos), que consiste en subsidios de 50.000 pesos, además de los trabajadores que fueron asistidos por el IFE (Ingreso Federal de Emergencia).
“Entendemos perfectamente los planteos y compartimos la preocupación. Vengo trabajando en el sector y tengo la camiseta puesta, pero también soy parte de un equipo de gobierno al que le tocó una situación coyuntural complicada donde el bosque es mucho más que el árbol”, justificó, y agregó: “El Gobierno ha tomado la decisión de priorizar la vida por encima de la economía”.
El formoseño reconoció: “Sin dudas al ministro (Matías) Lammens le encantaría darle al sector todas las herramientas que pide y más, pero necesitamos que todos podamos llegar: que quienes compran y consumen también puedan llegar vivos y con recursos. Estamos atendiendo el conjunto de los 44 millones de argentinos”.
Fernández Patri admitió que el proyecto “probablemente pueda ser enriquecido” para lograr “la mejor ley posible”. “Probablemente todavía no llegamos al mejor consenso”, dijo, y añadió que el Frente de Todos está a la espera de la redacción final de la ley de moratoria para ver qué aspectos deja sin resolver.
El diputado explicó que el plan de auxilio, capacitación e infraestructura tendría vigencia hasta el 31 de diciembre, período prorrogable por 180 días, aunque se está “analizando la posibilidad de extenderlo aun más”, como así también se evalúa la posibilidad de continuar con la entrega de los ATP, que “están garantizados por decreto hasta octubre”.
En tanto, resaltó que el proyecto otorga a quienes adquieran un paquete turístico a ejecutar en 2021 dentro de la Argentina un bono por el 50% de ese valor para utilizarlo a futuro en otro servicio. “Eso sin dudas es un esfuerzo fiscal y hubo consenso mayoritario sobre esta herramienta”, ponderó el legislador.
También mencionó que se promueve la reprogramación de viajes en un lapso de 18 meses desde el fin de la cuarentena, con la opción de la devolución del dinero en tres cuotas.
Para reafirmar la voluntad del oficialismo, Carolina Gaillard, exministra de Turismo de Entre Ríos, ratificó: “Tenemos ordenes de nuestro jefe de bloque, Máximo Kirchner; del presidente de la Cámara, Sergio Massa; y del presidente de la Nación, Alberto Fernández, de sacar esta ley cuanto antes”.
Sin embargo, Juntos por el Cambio insistió en defender su proyecto alternativo de declaración de la emergencia, que es “lo que todo el sector necesita, los (prestadores) grandes y los chicos”, según afirmó Alfredo Cornejo (UCR), titular de la Comisión de Turismo.
“Argentina entró a esta cuarentena sin ahorro, sin financiamiento y sin moneda, y para el sector privado entrar sin ahorro es un gran punto. No era algo gratuito entrar a la cuarentena”, consideró el mendocino, y enfatizó que “esta actividad no puede recuperarse ni sostenerse si no es con incentivos fiscales” ya que “tardará muchísimo en reactivarse”.
Además, Cornejo se preguntó “por qué no se declara la emergencia después de haberse declarado en diciembre nueve emergencias” con la Ley de Solidaridad Social.
Otro radical, Gustavo Menna –quien encabeza el proyecto de Juntos por el Cambio- consideró que ambos proyectos son “complementarios” y que “no hay una cuestión ‘partidocrática’”. Reconoció que la propuesta del oficialismo contiene “herramientas interesantes que apuntan a incentivar el consumo, pero están orientadas a la post-pandemia”.
“Declarar la emergencia no es un capricho, le da un fundamento constitucional a lo más importante: las herramientas para mitigar esta situación”, sostuvo Menna, y aseguró que el dictamen de mayoría “deja insatisfecho a todo el mundo”. “Si llegamos hasta acá fue porque el Ministerio de Turismo no presentó ningún plan”, cuestionó.
Por su parte, el jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, lamentó que no se haya convocado a la reunión a sindicatos y asociaciones de consumidores, y pidió “lograr el consenso necesario para que el pato de esta boda no recaiga en los trabajadores o en los consumidores”.
Mestre le respondió a Ramón que “dada la urgencia del tema” se decidió avanzar con los representantes del sector que pidieron ser escuchados en la comisión (Ver abajo), y aprovechó para señalar que “la voluntad política del oficialismo” para avanzar en un dictamen común “no existe”.
Representantes de distintas cámaras y asociaciones turísticas imploraron tanto al oficialismo como a la oposición que busquen consensos para sancionar una ley de emergencia. Con datos numéricos, los invitados a la reunión virtual graficaron la crisis que padece el turismo.
Aldo Elías, de la Cámara Argentina de Turismo, pidió “un gesto de grandeza por parte de los legisladores” ante “los 1.300.000 puestos de trabajo que están en riesgo”, dado que la actividad no solo fue la primera en ser suspendida, sino que también será “la que más tarde va a volver a recuperar su ritmo normal”.
Al enumerar una serie de propuestas puntuales, Elías solicitó que la ley “tenga por lo menos un año de vigencia” con posibilidad de ser prorrogada; que se extienda en el tiempo el Programa ATP; y que se contemplen beneficios fiscales e impositivos, como así también las reprogramaciones y devoluciones de paquetes turísticos.
A su turno, Alejandra Barzani, de AVAECE (Asociación Civil de Agentes y Agencias de Viajes Pymes Argentina), se preguntó: “Después de cuatro meses con facturación cero, ¿dónde nos integramos las agencias de viaje pymes en este plan de auxilio que pretende reemplazar a una ley de emergencia turística?”.
Barzani también preguntó “cómo vender viajes a futuro cuando no existe un horizonte de cuando se abrirán las fronteras de las provincias y en qué condiciones”, y en ese contexto consideró que el proyecto del oficialismo es “incompleto, insuficiente y poco resolutivo”, por lo que reclamó “encontrar puntos de encuentro” con la oposición.
Graciela Fresno, presidenta de FEHGRA (Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina), consideró que el sector “va a normalizarse no antes de 2022” y advirtió sobre la facturación casi nula y las dificultades para pagar sueldos, aguinaldos y servicios públicos.
Fresno informó que se prevé “una pérdida de alrededor de 120.000 puestos de trabajo registrados”. “El sector necesita de medidas específicas y adecuadas a sus necesidades”, sostuvo, y en ese sentido pidió no solo sancionar la ley de emergencia, sino también mantener el Programa ATP.
El legislador nacional, que impulsa un proyecto de ley de mergencia turística con ayudas fiscales, económicas y laborales, sostuvo que el PEN “ha dejado a su suerte a las agencias y actores del turismo en medio de esta crisis brutal”.
El diputado nacional Diego Mestre está trabajando con el sector dedicado al turismo para impulsar una ley de emergencia turística con ayudas fiscales, económicas y laborales. En los próximos días en la Comisión de defensa del consumidor, el usuario y la competencia de la Cámara de Diputados se debatirá sobre esta necesidad expuesta a los legisladores por parte de las agencias que están atravesadas por una fuerte crisis a raíz de la pandemia del Covid 19.
Según Mestre, el Gobierno nacional “ha dejado a su suerte a las agencias y actores del turismo en medio de esta crisis brutal. Por eso trabajamos para construir herramientas efectivas para que puedan superar el mal momento en el que se encuentran, necesitamos avanzar con urgencia en este tema”.
El turismo emplea a casi 700 mil personas y en nuestra provincia, el turismo es una de las principales actividades. “La semana pasada tratamos el pedido del sector turístico y llamativamente la diputada Vigo le dio el voto al kirchnerismo, por lo que no pudimos avanzar en la ley de emergencia, y debido a eso mañana el sector afectado se movilizará en este sentido, pidiendo ser escuchado y sancionar la ley de emergencia”, sostuvo al respecto el legislador de Juntos por el Cambio.
El proyecto de Mestre propone que el sector “tenga las herramientas que necesita”: asistencia financiera, créditos a tasa cero, beneficios fiscales, que estén exentos de pagar impuestos a las ganancias, fomento a la infraestructura turística, entre otros para mantener la actividad y que no se pierdan más fuentes laborales.
“Queremos además del bono que propone el Gobierno nacional a los turistas, poner el foco en las empresas de turismo, en los trabajadores, agencias, para darles tranquilidad, porque el turismo es una fuente de ingresos de divisas incluso y no podemos descuidarlo, tenemos mucho potencial en el sector, por lo que no entendemos como el peronismo no acompaña el proyecto de Cornejo y Menna para potenciar este aparato productivo”, señaló Mestre.
El diputado radical apuntó a sus pares del Congreso y afirmó: “La dependencia económica que tiene la provincia quedó clara en votación de los diputados de Hacemos por Córdoba, lo que se traduce en una grave dependencia política del kirchnerismo para nuestra provincia, esperemos que los diputados de Córdoba den explicaciones acerca de esta votación que daña el sector turístico”.
Mestre además insiste en que la tarifa de energía de la provincia de Córdoba es “una de las más caras del país”, por lo que pidió contemplación a los diputados que apoyaron al kirchnerismo, ya que “el gobierno provincial y nacional no están escuchando el sector turístico, no hubo iniciativas tampoco al respecto de ingresos brutos en Córdoba y hoy necesitamos alivio para que esta actividad vuelva a funcionar y no quiebre”.
El miércoles a las 11 de la mañana habrá una movilización del turismo pidiendo por favor la ley de emergencia turística para ayudar a estas fuentes de trabajo y reactivar su economía y valorar el potencial turístico.
Será este martes a las 18 en la comisión que preside Alfredo Cornejo. Juntos por el Cambio lleva una propuesta con fuertes medidas impositivas.
La Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, que preside Alfredo Cornejo (UCR) se reunirá este martes a las 18 por videoconferencia para tratar los distintos proyectos para declarar la emergencia económica, productiva, financiera, fiscal y laboral del sector, producto de la pandemia del Covid-19.
Desde hace varios días, el Frente de Todos tomó contacto con el ministro del área, Matías Lammens, para elaborar una propuesta consensuada en base a un proyecto del formoseño Gustavo Fernández Patri, vicepresidente de la comisión.
Según supo parlamentario.com, el texto estaba siendo revisado por el Ministerio de Economía e involucra exenciones impositivas, programas de financiamiento para empresas a tasas subsidiadas, planes de promoción para turistas en cuotas a través de la banca pública y mecanismos para resolver los paquetes turísticos que ya habían sido contratados.
En tanto, Juntos por el Cambio -con Cornejo a la cabeza- llevará a la reunión su propia iniciativa, que busca declarar la emergencia turística con efecto retroactivo al mes de marzo, cuando el Poder Ejecutivo declaró el aislamiento social.
Entre otras cosas, el texto de la oposición propone un programa de asistencia basado en un salario complementario, equivalente al 50% del salario neto, para los trabajadores turísticos en relación de dependencia del sector privado.
También contempla créditos a tasa cero para prestadores turísticos, con el objetivo de facilitar a las empresas, monotributistas y autónomos la adquisición de equipamiento sanitario, la aplicación de protocolos para retomar la actividad, el pago de servicios públicos y la cancelación de deudas asumidas antes del 19 de marzo.
Asimismo, las empresas turísticas quedarán exentas del impuesto a los créditos y débitos bancarios; del pago de anticipos o pagos a cuenta del impuesto a las Ganancias; y de retenciones y percepciones vinculadas tanto a Ganancias como al IVA, correspondientes al ejercicio fiscal 2020.
Asimismo, se generan mecanismos vinculados a libre disponibilidad de créditos fiscales para cancelar obligaciones con el Estado, en especial en lo vinculado al IVA de no residentes, que afecta fuertemente al turismo receptivo.
Se establece, de igual modo, que durante la vigencia de la emergencia turística no se podrán promover procesos de ejecución fiscal, quedando en suspenso los ya iniciados, al igual que las medidas cautelares y de ejecución ya despachadas.
Por último, se promueven las reprogramaciones de viajes, estableciendo una reglamentación para las devoluciones que permita conciliar los derechos de los consumidores con la dura situación económica del sector.
Con el objetivo de atender los efectos de la pandemia sobre la actividad, la Legislatura provincial aprobó, por unanimidad, la emergencia hasta el 31 de diciembre.
La Legislatura de Santa Cruz aprobó -por unanimidad- la “emergencia económica turística” hasta el 31 de diciembre de 2020, con el objetivo de atender los efectos de la pandemia de coronavirus sobre la actividad.
Juan Manuel Miñones, diputado por el municipio de El Calafate, señaló que la situación de Emergencia Económica Turística abarca a todo el ámbito de la provincia y que servirá para “reforzar las medidas que desde el Consejo Provincial de Turismo (CPT) se impulsen, y que beneficiarán a este sector”.
Un estudio de la Secretaría de Estado de Turismo de Santa Cruz calculó en US$ 14 millones las pérdidas registradas en el sector por la pandemia en las localidades de El Calafate y El Chaltén.
Miñones dijo que con la medida “no se trata de beneficiar al sector turístico de El Calafate, sino a toda Santa Cruz”.
También por unanimidad, en una sesión semi presencial, la Legislatura sancionó un pedido elevado al Gobierno nacional por la rebaja de combustibles en la Patagonia, para favorecer el turismo regional, por una iniciativa impulsada por la región en el Consejo Federal de Turismo (CFT).
