Al proyecto que presentó el senador Martín Soria, diputados del bloque de UP sumaron otra iniciativa de declaración de emergencia ígnea, ambiental y socioeconómica por 180 días para la región patagónica afectada por los incendios en enero de 2026, puntualmente las provincias de Chubut, Rio Negro, Santa Cruz y Neuquén.

El proyecto plantea que el Poder Ejecutivo asigne fondos específicos con el fin de solventar las medidas de ayuda sanitaria, nutricional y habitacional destinadas a los habitantes damnificados residentes.

Además, se lo autoriza a disponer la asignación extraordinaria de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las mencionadas provincias con el objetivo de mitigar las consecuencias económicas, sociales, ambientales y de infraestructura, derivadas de los incendios. Asimismo, precisan que esas asignaciones deberán ejecutarse con celeridad, equidad y de acuerdo a la magnitud del daño destinada a: “Asistencia a damnificados, reconstrucción de infraestructura pública, asistencia financiera a municipios, acciones de reparación ambiental y asistencia a productores locales”.

A su vez, instruye a la ANSES a liquidar de forma inmediata la duplicación de montos de la AUH, asignación por embarazo por un período de tres meses, renovable a criterio del Poder Ejecutivo.

En lo que respecta al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, proponen que se encargue de coordinar el desplazamiento de brigadistas y medios aéreos de forma interjurisdiccional, para garantizar el apoyo permanente los cuerpos de bomberos voluntarios y brigadistas provinciales.

Lamentablemente sabemos lo poco que le importa el Sur a @JMilei y compañía, pero otra vez la Patagonia se está prendiendo fuego. Venimos advirtiendo hace rato sobre la situación y los riesgos de incendios. Chubut, Río Negro y Neuquén tienen vigente desde hace meses el Estado de… pic.twitter.com/YBLqeYD3Gt

— José Glinski (@jglinski) January 7, 2026

"Hay que castigar a los responsables individuales de los incendios, si los hay, con todo el peso de la ley. Pero igual el Estado Nacional tiene que hacerse cargo no solo de poner a disposición todos los recursos necesarios para combatirlos, sino de asumir la responsabilidad que le compete por su inacción frente a la prevención, recomponiendo el daño a las familias y comunidades afectadas, y reconociendo la enorme tarea que llevan adelante las y los brigadistas de incendios forestales de todo el país. Y en este contexto el Estado Nacional debe retroceder en su anuncio de avanzar con la derogación de la Ley de Manejo del Fuego si realmente está tomando nota de lo que está pasando", expresó la diputada Sabrina Selva.

En el marco de una reunión conjunta de las Comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas; Justicia; Energía y Combustibles; Finanzas; y Presupuesto y Hacienda, que presiden los diputados Mónica Fein (EF), Manuel Quintar (LLA), Lorena Villaverde (LLA) y Bertie Benegas Lynch (LLA), respectivamente, obtuvo dictamen de mayoría con 88 firmas el proyecto por el cual se declara la Emergencia productiva, fiscal, laboral, financiera y tarifaria de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) en todo el territorio nacional.

En ese sentido, y como autor de una de las iniciativas, el diputado Carlos Heller (UP) explicó: “Es entender que existe una situación en el país que amerita esa declaración de emergencia que tiene alcances vinculadas a lo fiscal, laboral, financiero y tarifario. El plazo sería por un año y el Poder Ejecutivo Nacional podrá prorrogarla por igual plazo, en caso de mantenerse las causas que dieron origen a la misma”.

Heller precisó que plantean la suspensión de las ejecuciones fiscales, de corte de servicios y se facilitan moratorias diversas con quita de intereses y con años de gracia. También, indicó que excluyen PyMES medianas tramo 2 porque “su contextura, mercados y posibilidades no tienen nada que ver con micro PyMES. Incluimos a cooperativas, fabricas recolectadas y actores de la agricultura familiar”.

Además, proponen la exención total del impuesto al cheque, la reducción al 50% del anticipo del impuesto a las ganancias que le corresponda abonar, suspensión de intereses resarcitorios y punitorios de ARCA, devolución de IVA a consumidores que compren en MiPyMES por el 25% del IVA tributado en productos de primera necesidad.

“S establece la reducción del 50% de contribuciones patronales por nuevas contrataciones y prohibición de despidos durante la vigencia del beneficio. Combinamos alivio directo fiscal, justicia tributaria y un incentivo al consumo interno a través de la devolución del IVA”, indicó.

Desde el bloque Democracia para Siempre, la diputada Danya Tavela respaldó los proyectos mencionados por el diputado preopinante, mientras que su par Christian Castillo (PTS-Frente de izquierda) informó que presentarán un dictamen de minoría.

Por su parte, la diputada Daiana Fernández Molero (PRO) explicó que “no acompañarán los proyectos”, al argumentar que “no es porque no crean que las Pymes están pasando una situación complicada, sino porque este tipo de proyectos no resuelven los problemas de fondo, sino que los agrava”. “Necesitamos soluciones y no parches; necesitamos menos impuestos”, puntualizó, al agregar: “Espero que podamos discutir una reforma tributaria seria".

A su turno, la diputada Mónica Frade (CC) manifestó el apoyo de su bloque, aunque con alguna disidencia, al considerar que, con esta norma, “se cierra un círculo que tiene que ver con el empleo, el consumo, la producción, la justicia y el incentivo al empleo".

Luego, el diputado Julio Moreno Ovalle (LLA) explicó el rechazo a la norma, al remarcar: “No hagamos políticas con leyes de parches; hagamos proyectos globales y superadores”. “Las Pymes son una preocupación del Gobierno y por eso se anunciaron las próximas reformas tributarias, laborales y previsionales”, resaltó.

Además, la diputada Natalia Sarapura (UCR) expresó que se trata de “un avance para darle beneficios a las pymes para que puedan seguir creciendo”; mientras que, desde Encuentro Federal, la diputada Alejandra Torres anunció: “Vamos a presentar un proyecto que, como trata la problemática de las MIPYMES, es importante que esté como dictamen en minoría”. Finalmente, la diputada Paula Omodeo (CREO) manifestó: “Vamos a presentar un dictamen de minoría con cuestiones que si pueden ser una solución”.

En un encuentro celebrado en el Salón Gris del Senado de la Nación, legisladores nacionales por Salta y autoridades locales del norte provincial reclamaron que la Cámara de Diputados sancione la ley de emergencia para el departamento Rivadavia, ya aprobada por el Senado en mayo pasado.

La reunión fue encabezada por la presidente del Senado, Victoria Villarruel, y contó con la participación de los senadores salteños Nora Giménez, Sergio Leavy y Juan Carlos Romero, junto al intendente de Santa Victoria Este, Rogelio Nerón, representante de la comunidad wichí.

“Venimos al Senado de la Nación porque tenemos la urgencia de visibilizar a nivel nacional las necesidades de los habitantes del departamento Rivadavia”, expresó Nerón, quien destacó el respaldo recibido por parte de la Cámara Alta, que el 7 de mayo aprobó el proyecto de ley de emergencia y catástrofe presentado por el senador Leavy.

El proyecto en cuestión declara la emergencia por 180 días en el departamento Rivadavia y propone la creación de un fondo de 10 mil millones de pesos destinado a obras hídricas de protección para evitar el desborde de los ríos Pilcomayo y Bermejo. “Fue aprobado gracias al acompañamiento de todos los bloques, que entendieron que en la zona tenemos compatriotas que perdieron todo y otros que viven en alerta permanente”, señaló Leavy.

Durante el encuentro, la senadora Giménez pidió reactivar la Comisión Especial de Pueblos Originarios, como ámbito parlamentario de trabajo con las comunidades. Recordó además que al finalizar el gobierno del Frente de Todos, Villarruel recibió el informe anual del INAI contemplado en la Ley 26.160, que da cuenta de un avance del 65% en los relevamientos territoriales en Salta.

Por su parte, el senador Romero planteó la necesidad de una mirada a largo plazo y propuso reactivar la Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE), organismo interjurisdiccional creado para el aprovechamiento socioeconómico de la cuenca, que debe incluir representantes del gobierno nacional y de las provincias de Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero.

Además del intendente Nerón, expusieron sobre la situación local el maestro Ciro Ramos y el asesor legal de la intendencia, Daniel Segovia.

Al cierre del encuentro, Villarruel manifestó su disposición a continuar el diálogo y a impulsar las iniciativas legislativas necesarias para atender las demandas de las comunidades de Rivadavia Banda Sur, Rivadavia Banda Norte y Santa Victoria Este, donde se evidencian profundas desigualdades.

Cabe recordar que en estas localidades del Chaco salteño habitan miles de familias —en su mayoría pertenecientes a comunidades originarias wichí, chorote, chulupí y toba—. Según datos del INDEC y de la Dirección de Estadísticas de Salta, la región presenta índices de pobreza superiores al 70%, con un alto porcentaje de hogares sin acceso a agua potable segura ni a saneamiento básico.

Castigada por el temporal del último fin de semana, los diputados santafesinos de Unión por la Patria presentaron un proyecto de ley que propone declarar la emergencia ambiental, económica y habitacional por el término de 90 días, prorrogables por igual plazo por el Poder Ejecutivo Nacional, en la localidad de María Teresa y en las áreas adyacentes que resultaron afectadas.

La declaración tiene por objeto la adopción de todas las medidas conducentes a restaurar y restablecer las zonas afectadas, indica la iniciativa firmada por Florencia Carignano, Germán Martínez, Eduardo Toniolli, Diego Giuliano y Magalí Mastaler.

De acuerdo al texto, el PEN deberá disponer medidas para asistir de manera inmediata a la población damnificada; garantizar el alojamiento transitorio, provisión de alimentos, agua potable y atención sanitaria; restablecer la infraestructura básica, con prioridad en servicios públicos esenciales; e implementar líneas de ayuda económica para productores, comerciantes y familias afectadas.

Asimismo, el PEN, a través de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, "destinará una partida extraordinaria para la reconstrucción de infraestructura y recuperación de las actividades económicas afectadas. Estas acciones se implementarán en coordinación con el gobierno de la provincia de Santa Fe y gobiernos locales", señala el proyecto.

Otro de los artículos estipula la "prioridad de las obras públicas urgentes, tales como la reparación y /o construcción de viviendas e instalaciones, previo estudio técnico que permita establecer la asignación eficiente de los fondos".

A su vez, se faculta al PEN "a adoptar medidas financieras especiales que brinden apoyo a las economías regionales y a los habitantes de las zonas afectadas".

Además, que se implemente, a través de la ARCA y la ANSeS, "regímenes especiales de pago y medidas impositivas que incluyan la prórroga de vencimientos y exenciones impositivas, de carácter extraordinaria y por única vez, en las zonas afectadas, conforme a la magnitud de los daños y su duración".

El senador Maximiliano Abad y la diputada Karina Banfi, ambos legisladores de la UCR por la provincia de Buenos Aires, rechazaron la decisión presidencial de vetar la ley de emergencia en Bahía Blanca y aseguraron que buscarán sostenerla, al recordar que fue aprobada por unanimidad en el Congreso.

Luego que se oficializara el veto a la Ley 27.790, publicado este martes en el Boletín Oficial, los radicales apuntaron que la norma establecía "medidas concretas para la reconstrucción" de la localidad y las zonas afectadas por el temporal del 7 de marzo pasado.

"Tenemos a nuestro favor la fuerza parlamentaria, los argumentos y el sentido común para sostener un marco legal fruto de un gran acuerdo multipartidario, que representa una respuesta institucional ante una situación catastrófica", enfatizaron.

Abad y Banfi afirmaron que "la ley no se superpone con el decreto 238/25 del Poder Ejecutivo" porque "tiene mayor jerarquía constitucional y un alcance más amplio, porque no se ocupa sólo de las urgencias sino de soluciones estructurales".

Karina Banfi

En ese sentido, explicaron que "el Fondo Especial está pensado para reconstruir infraestructura pública dañada y reactivar el circuito económico local, dos puntos que no están previstos en el decreto del Gobierno nacional".

"Además, la ley contempla el control parlamentario sobre las acciones implementadas por el Poder Ejecutivo. No estamos dispuestos a resignar la rendición de cuentas y la transparencia, dos aspectos centrales de la democracia representativa", subrayaron.

Los legisladores expresaron que "la emergencia en Bahía Blanca no terminó. Aún queda mucho por hacer para que miles de vecinos recuperen la normalidad. Hacen falta obras y trabajo. Estamos convencidos de que las políticas públicas transformadoras se construyen con diálogo y coordinación entre los poderes de la República".

"Vamos a sostener la Ley 27.790 en el Congreso Nacional, porque defender la institucionalidad es la mejor manera de ayudar a Bahía Blanca", concluyeron.

Una vez más el Gobierno nacional utilizó la herramienta del veto contra una ley sancionada por el Congreso de la Nación, en este caso lo hizo contra la ley que declaraba la emergencia en la provincia de Buenos Aires, especialmente en los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, por las inundaciones de marzo de 2025.

La medida fue a través del Decreto 238/2025 que fue publicada este martes en el boletín Oficial y, a raíz de eso, la oposición dura reaccionó contra el Gobierno a través de las redes.

“Decime que sos un gobierno desalmado y cruel sin decirme que sos un gobierno desalmado y cruel”, escribió la senadora nacional y jefa del bloque unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, impulsora del proyecto en el Senado.

Mientras se siguen asignando millones de dólares al pago de los intereses de la deuda, se niega una ayuda fundamental para que miles de bonaerenses puedan superar la tragedia que significaron las inundaciones.

Nuevamente, estamos ante una muestra más del cinismo, la… pic.twitter.com/mrYivj3RLY

— Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) June 24, 2025

Por la Coalición Cívica, la diputada Mónica Frade calificó de “vergüenza” el decreto y apuntó contra el presidente Javier Milei y el bloque Pro. “Vetó totalmente la Ley 27.790, que disponía ayuda para la reconstrucción de los daños provocados por las inundaciones en Bahía Blanca”.

“La verba castellana no inventó la palabra exacta para calificarlo. Es de esperar que nuevamente en el Congreso, los y las diputadas de la Pcia de Bs As estemos a la altura. Si no es por justicia y sensibilidad, que sea por conveniencia electoral...pero que sea”, bregó y planteó que los “candidatos bocas cloacas que no se acerquen a Bahía Blanca, por decoro”, arrobando al libertario José Luis Espert y al senador provincial Andrés de Leo.

OTRA CANALLADA MÁS

Milei vetó la ley de emergencia por las inundaciones en Bahía Blanca. Dejó en claro sus prioridades: no hay plata para asistir a las familias que lo perdieron todo y reconstruir la infraestructura, pero sí hay millones para espiar y blindar el ajuste con…

— Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) June 24, 2025

“MEMORIA”, tituló el diputado santafecino Esteban Paulón quien manifestó de cara a las elecciones: “Que la falta de empatía y el abandono del gobierno de Milei al pueblo bahiense y bonaerense NO nos sea indiferente. Recordémoslo para cuando vengan a pedir el voto”.

La diputada de UP Sabrina Selva sumó: “SÍ hay plata. Lo que no hay son prioridades. Hoy Milei vetó la emergencia en Bahía Blanca negando 200 millones de dólares para los inundados, pero asignó por DNU 2.000 millones de dólares para pago de ‘comisiones’ e ‘intereses’ de la deuda. La crueldad de este gobierno no tiene límites”.

“Milei vetó la emergencia por el temporal en Bahía Blanca. Desprecia a las provincias, al Estado y a su propia gente. No hay empatía, no hay gobierno, no hay patria. De espaldas al dolor, a la urgencia, a la vida. Esto no es austeridad: es abandono”, criticó la diputada Constanza Alonso (UP).

Por el Frente de Izquierda, el diputado Christian Castillo expresó: “Milei vetó la Ley de Emergencia para enviar fondos a Bahía Blanca por las inundaciones. Hay que derrotar este nuevo veto infame”.

LECTURA SINTÉTICA DEL BOLETÍN OFICIAL

✔️Se veta una ley y se niegan 200 millones de dólares para inundados de Bahía Blanca

✔️Se aprueba un DNU y se asignan 2.000 millones de dólares para pago de "comisiones" e "intereses" de la deuda.

Eso es Milei.

— TOPO Rodríguez (@TOPOarg) June 24, 2025

La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de ley que declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026 inclusive, por 149 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones.

Entre sus principales puntos prevé el financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad; el fortalecimiento de los prestadores de la Ley 24.901, asegurando en forma expeditiva y simplificada el acceso a un régimen de emergencia de regularización de deudas tributarias, condonación de intereses, multas y demás sanciones, refinanciación de planes de pago vigentes y de las deudas emergentes de planes caducos.

También, la compensación arancelaria y la actualización del valor de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral; el financiamiento adecuado y sostenible del funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad; la actualización de la asignación mensual estímulo de acuerdo al equivalente del porcentaje del salario mínimo, vital y móvil vigente y la apertura de nuevos ingresos al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad (Ley 26.816).

Finalmente, disponer mecanismos institucionales de diálogo y consultas estrechas con las personas con discapacidad, a través de las organizaciones que los representan y “otras medidas que acuerde el Poder Ejecutivo Nacional con el Consejo Federal de Discapacidad”.

En una modificación al artículo 9 de la Ley 13.478, se faculta al Poder Ejecutivo “a otorgar una pensión inembargable a toda persona sin suficientes recursos propios, no amparada por un régimen de previsión, de 70 o más años de edad o con discapacidad que cuente con el Certificado Único de Discapacidad (CUD)”.

Además, se incorpora un artículo 7 bis a la Ley 24.091 que reza: “Los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad serán iguales para todas las personas jurídicas obligadas por la presente ley”.

Otro de los artículos faculta al jefe de Gabinete a “efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias tendientes a asegurar el financiamiento de las medidas de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad y de los prestadores a su favor dispuestas en la presente ley”. “Las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad ‘Servicios Sociales’”, agrega.

La palabra de los diputados

En su carácter de presidente de la Comisión de Discapacidad, el diputado Daniel Arroyo (UP) señaló que el proyecto de emergencia está “afuera de la grieta y busca acompañar, atender lo que es una crisis profunda que viven las familias y personas con discapacidad”.

Arroyo explicó que la ley tiene tres partes, una de ella busca “resolver el problema del acceso a las prestaciones básicas”, y ejemplificó: “Hoy las familias, las personas con discapacidad están accediendo a muy pocos servicios o casi ninguno. Es recomponer el nomenclador, las prestaciones”.

Al respecto, detalló que “una persona que hoy trabaja en un taller protegido que va a trabajar todos los días 4 horas a una herrería, una carpintería, una persona con discapacidad cobra $28.000 por mes”, y alertó que ese monto no se actualiza desde febrero del 2023.

También brindó otro ejemplo: “Una persona que transporta personas con discapacidad cobra 541 el litro de nafta. Como la nafta sale $1300, en vez de llevarlo los 5 días que corresponde para el tratamiento, con mucha suerte los lleva dos días”.

“Un acompañante terapéutico, estamos hablando de un alumno que está en una escuela común, esa persona mujer en general cobra 180 días cuando cobra $3000 la hora básicamente está buscando trabajo todo el tiempo porque no le alcanza, porque no llega”, y por último habló de la situación de los centros: “Tienen fuertes dificultades. Los hogares los centros de día están todos a punto de cerrar. Todos tienen deuda con la AFIP que los aguanta hasta el 30 de junio”.

En cuanto a la segunda parte, el diputado bonaerense explicó que refiere a las pensiones porque “se ha desacomodado la estructura de funcionamiento de las pensiones por discapacidad”. Así, precisó que el proyecto “busca ir para adelante y mejorar la situación de las personas que tienen o pueden acceder a una pensión por discapacidad”. Por último, la iniciativa “tiene una tercera parte que es salir del maltrato el Estado ha decidido maltratar y experimentar con las personas con discapacidad”.

“Argentina tiene un millón 200,000 personas que tienen pensión por discapacidad. El Gobierno el 16 de enero hizo la resolución 187 yendo 100 años para atrás, literalmente a la década del 40 del siglo pasado”, criticó Arroyo y comentó que “crearon nuevas condiciones para que una persona acceda a una pensión por invalidez y, a partir de ahí, una normativa fuera de toda regla internacional, fuera de la Convención de Derechos de las personas con discapacidad”.

Arroyo cuestionó la manera de auditar que llevó a cabo el Gobierno porque “desacomodó la vida cotidiana de muchos. Mandó 30.,000 cartas documentos, los hace hacer 200 km a las personas, 10 horas de cola. Todos buscando mostrarle un papelito a la Agencia Nacional de Discapacidad para mostrar lo evidente es que tiene una discapacidad. Les piden volver a hacer todos los estudios. Desacomodó la vida, no hizo una auditoría correcta. No fue a ver dónde estaban los problemas, sino que decidió desacomodar la vida de la familia, generar angustia”.

“Hoy está en un limbo la situación de las pensiones. El médico no sabe qué evaluar, la persona no sabe qué papeles presentar”, alertó y precisó que la ley apunta básicamente a reconstruir el sistema.

La tercera parte de la iniciativa, es contra el maltrato luego de que “las familias con personas con discapacidad fueron maltratos”, y enumeró: “El vocero presidencial mostró una radiografía con un perrito y una colita contándonos que la persona accedió a una pensión por discapacidad con eso, lo cual no es cierto. Esa persona nunca accedió una pensión por discapacidad”.

“Luego el Gobierno en enero de este año hizo una resolución en la que denominó a una persona con discapacidad como ‘idiota’, ‘imbécil’, ‘débil mental’ y, en los últimos días, ha decidido lastimar, a través, de las redes sociales a gran parte de las personas con discapacidad. Lo que dice esta ley es entiéndase que lo que hay que hacer es acompañar, cuidar, no maltratar a las personas con discapacidad porque estamos hablando del dolor una familia que tiene una persona con discapacidad”, explicó y cerró: “Lo que plantea es que hay una regla que es el respeto, no se puede maltratar, no se puede lastimar a las personas con discapacidad”.

Arroyo resumió: “Esta ley reordena el nomenclador y hace que funcione el sistema de discapacidad, reordena las pensiones y termina con el experimento de ir y venir sin saber qué hacer fuera de toda regla internacional, y que busca el respeto va a plantear”.

“Cando un Gobierno designa funcionarios para el área de discapacidad, tiene que tener en cuenta que esos funcionarios tienen que tener humanidad. Es una regla que queremos establecer para la democracia argentina próximos 10 gobiernos”, sostuvo y remarcó que el sistema de discapacidad en la Argentina se rige con una ley de 1981 que “no solo es una ley de la dictadura militar, sino que tiene 44 años. Hace falta rearmar ese sistema. Esta ley no está modificando lo estructural, ni la cuestión educativa, ni la cuestión laboral, ni el funcionamiento del sistema en general, nos hemos concentrado en la emergencia porque hay una catástrofe y la familia Lo pasan muy mal”, concluyó.

El diputado del Pro Martín Maquieyra habló por el dictamen en minoría, advirtiendo por la “situación crítica” de las instituciones que prestan servicios a las personas con discapacidad. Habló de una situación compleja “de años” y en ese sentido dijo que “sorprenden algunos discursos que ahora se preocupan por la discapacidad, pero nada hicieron durante estos años”.

Remarcó el impacto de la inflación en el nomenclador, enumerando los índices de actualización, atribuyéndole al kirchnerismo el “descalabro” que existe en torno a la discapacidad. “Coincidimos en la situación crítica que está el sistema”, señaló, admitiendo que el Gobierno está haciendo cosas, “y puede hacer mucho más”, al tiempo que insistió en cuestionar la declaración de la emergencia, “pese a que sí es una situación crítica que se tiene que resolver”.

Por eso reivindicó el dictamen propio, que contempla el vocabulario, que debe ser adecuado, acorde a la convención internacional de las personas con discapacidad. También se manifestó de acuerdo en la actualización del nomenclador, pero pidió “celeridad en los pagos”. También dijo que “hemos planteado la reglamentación de la Ley de Empleo Protegido”, y por último planteó que la dignidad de cualquier persona no pasa por los subsidios, sino conseguir trabajo, por lo que apeló a un programa que ya existe, pero que no cuenta con demasiada adhesión. El mismo consiste en asistencia a los empleadores, con beneficios que su propuesta prevé triplicar.

En defensa de otro de los dictámenes de minoría, la santafesina Melina Giorgi (Democracia para Siempre) rechazó un “ajuste” en un sector tan débil como el de la discapacidad. “Esto no puede reducirse a un debate puramente fiscal, tiene que ser un debate donde prime la sensibilidad, la corazonada y pensar con el corazón en aquellos que más están sufriendo esta situación”, dijo.

La diputada del bloque DpS Carla Carrizo lamentó estar “con tantas emergencias. Este es un tema que nos atraviesa a todos”. Pese a acompañar, planteó: “No queremos una emergencia larga, queremos resolver la urgencia, contener, cuidar, proteger, porque son cosas que no pueden esperar y no se pueden justificar desde el desequilibrio fiscal”, y ratificó una emergencia acotada en el tiempo porque “el Congreso no puede volver a delegar por tres años la política en discapacidad porque el Estado no lo hizo bien en estos años”. Esa sugerencia fue aceptada en la votación en particular resolviéndose que la emergencia quedara hasta el 31 de diciembre de 2026 inclusive, pudiendo prorrogarse por un año más.

Carrizo señaló que la ley es antigua, pero la ley nueva “no está explicada en toda la política social. Tenemos una ley que no se usa”. Así, precisó que “el Estado no cuida con calidad y profesionalismo. Está todo mal, las leyes no están actualizadas. No tenemos que vivir de emergencias tenemos que tomarnos en serio cómo controlar el Estado”.

Miembro de la Comisión de Discapacidad, la oficialista Lilia Lemoine expresó su preocupación por “la utilización mediática y el abuso de menores de edad, que comunicadores y políticos estén abusando de los chicos”. Aclaró que no se refería a que fueran a saludar “a Cristina, a Milei o a Macri, sino que después los padres los lleven a manifestaciones o programas, que los sometan a situaciones de altísimo riesgo”.

La blonda legisladora dijo que está en la Comisión de Discapacidad porque es hija de una persona que tuvo tres discapacidades. Y desde esa experiencia considera que “lo más importante es romper las barreras duras que impiden la integración”.

Lemoine afirmó que “todo el país está en emergencia”, y aclaró que “no voy a apoyar una declaración de emergencia que está hecha a la medida de Milei, porque empieza el 10 de diciembre de 2023 y termina en el 2027, porque quieren cargarle a este Gobierno el desastre que ocasionaron previamente”.

Luego dio datos contra el kirchnerismo, al señalar que en 2003 había asignadas solo 77 mil pensiones por discapacidad; en 2015 eran 1.055.000. “Y durante el Gobierno de Alberto Fernández se agregan 390 mil personas a cobrar”, señaló planteando además que en Formosa un 7% de la población cobra una pensión por discapacidad. “Ha habido un fraude enorme de 3.400 millones de dólares solamente en 2023 en el Gobierno kirchnerista”, remarcó.

Por el contrario, Lemoine aseguró que “este Gobierno es resolutivo, a pesar de lo que ustedes digan. Las soluciones que se encuentran son prácticas. No queremos quedar bien, no entramos en política para eso, sino para hacer lo que hay que hacer; para que los recursos se distribuyan bien y no se malgasten”.

Luego sumó la situación con los residentes del Garrahan y destacó que de ganar 800 mil pesos pasaron a ganar 1.300.000, cosa que atribuyó a que “se reasignan recursos que estaban mal asignados para hacerle favores a la política. “Si los diputados ganáramos lo que gana un residente el Garrahan, este recinto se quedaría la mitad vacío. Y los primeros en salir de esa puerta son los que tienen ese cartelito”, señaló en referencia a los diputados de UP que tenían en sus bancas carteles referenciando la situación en el Hospital Garrahan.

A continuación habló, también desde el oficialismo, la diputada María Emilia Orozco, que arrancó quejándose de que se esté “politizando” un tema tan sensible. “Quienes están proponiendo esta ley hicieron siempre de la discapacidad un negocio”, dijo en referencia al kirchnerismo, al que dirigió todo su discurso. “No tendríamos que hablar de esto si no hubieran usado las pensiones para hacer política. Hoy las personas que realmente tienen discapacidad, no los curros que han armado haciendo negociados, podrían estar cobrando como se merecen”, afirmó.

Orozco aseguró que “el desfasaje de los nomencladores viene desde su gobierno”, y contra el dictamen de UP dijo que “han hecho un menjunje que lejos de beneficiarlos los perjudica más. Si aprobamos esto, vamos a estar dando pensiones a prófugos, presos, muertos, personas que declaran discapacidad por tener pie plano, ansiedad, gente con bipolaridad…”. Por eso consideró que “el sistema está desfasado”, y denunció que “hay un diputado del bloque kirchnerista que claramente sigue haciendo negocios con la discapacidad. Me pregunto de dónde va a salir la plata, porque nunca dijeron”.

A su turno, la diputada Mónica Fein dijo que “venimos a ponerle un límite a un gobierno que cree que las leyes no son límites, que cre que la Constitución no es un límite, que las convenciones internacionales no es un límite, que la crueldad o la falta de humanidad con los más débiles no es  un límite”. “Las personas con discapacidad nos enseñaron a entender la problemática”, aseguró, señalando que a través de eso surgieron las mejores leyes de la Cámara. “Fundamentalmente por las personas con discapacidad, por sus familias, por la lucha que llevaron adelante”, dijo, advirtiendo que en nombre del equilibrio fiscal “atropellamos todas esas construcciones colectivas, humanas, sociales”.

Se quejó de que en esa cámara donde el año pasado discutieron una ley para un trato humanizado para las personas con Síndrome de Down, “y tenemos un presidente que utiliza el Síndrome de Down para burlarse de alguien. ¿Qué pasó en una sociedad donde un presidente puede burlarse de un niño autista? Así se construyeron las mejores leyes, escuchando”.

Y sobre el final advirtió que “este Gobierno quiere cambiar un rumbo cultural, que no generemos derechos de igualdad a las personas que tienen más vulnerados sus posibilidades de construir una vida integral en esta sociedad”.

Sobre el final, el diputado Eduardo Valdés salió al cruce de lo que definió como “una difamación, una calumnia que ha hecho el titular de la ANDIS hacia mi persona, diciendo que integro la Fundación Infancias, que sería prestadora de organismos del Estado como el PAMI”. Y aclaró que esa entidad “nunca fue prestadora del Estado nacional”, agregando que él la integró hasta 2013, cuando se fue como embajador al Vaticano. “Pero ni antes, ni durante, ni hoy, ha sido prestadora del Estado. Sus funciones han sido otras. Nunca ha sido prestadora del Estado nacional, ni de los privados. No tiene como objeto ser prestador, sino mostrar los logros de las personas con discapacidad”, aclaró.

“Si bien me fui en 2013, lo que nunca dejé es mi compromiso con el colectivo de personas con discapacidad, que cada vez es más profundo”, afirmó luego, admitiendo que “con el Gobierno anterior estábamos mal, pero ahora estamos peor”. Y dio datos al respecto: “¿Saben cuánto le pagan a una persona con discapacidad en un taller protegido? 28 mil pesos. ¿Alguien puede vivir con eso? Los  hogares de día están cerrando porque se les paga, por desayuno, más almuerzo y merienda, 3.000 pesos. Acá mismo en la Cámara de Diputados el almuerzo costaba 11 mil pesos. Los transportistas están dejando la actividad porque el Estado les paga 500 pesos por kilómetro”. Y cerró diciendo que “no venimos a echar culpas, venimos a querer resolverlo”.

Por su parte, el diputado Pablo Yedlin sostuvo que el sistema de seguridad social merece una discusión de fondo. “hay que revisar esto. Pero le pido al Gobierno que trabajemos en conjunto para encontrarle una solución a un sistema de salud que necesita integrarse”.

Respecto de la aseveración que se hace respecto de que Argentina tiene demasiados discapacitados, el titular de la Comisión de Salud sostuvo que esa afirmación “no resiste el menor conteo comparado con cualquier país de la OCDE”. Y explicó: en 2010, los discapacitados eran menos del 4% de la población, mientras que en la OCDE los discapacitados severos son más del 7,5%. “A mí no me parece mal la auditoría, pero tenemos un Gobierno que nos ha llevado a auditar todo y no sabemos el resultado de ninguna auditoría”.

Durante una reunión informativa de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, presidida por Daniel Arroyo (UP), se debatió este lunes sobre una eventual norma que fortalezca a las cooperativas que trabajan en la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

En primer lugar, Mariana Pacheco, de la cooperativa de inclusión socio-laboral La Huella, expresó: "¿Por qué debería haber cooperativas que brinden accesibilidad a las personas con discapacidad y por qué debería haber normativa? Cinco millones de personas viven con algún tipo de discapacidad en Argentina". De ese total, que cuenta con CUD, "el 82,5% no tienen trabajo" entre 18 y 64 años, según datos de la ANDIS de marzo de 2023.

"Este porcentaje es mayor en el caso de la discapacidad psico-social e intelectual, población que sin trabajo tiende a aislarse y aumentan sus síntomas", agregó.

Pacheco resaltó que "el cooperativismo ya en otros países ha mostrado capacidad para brindar accesibilidad a estas poblaciones" y habló de "modelos exitosos" en Italia y España. En ese sentido, indicó que "este modelo demanda instrumentos normativos apropiados".

"La persona trabajando disminuye el gasto en asistencia y medicamentos, conlleva efectos terapéuticos y bajan los casos de reiteraciones", aseguró.

Por su parte, Susana Fígaro, de la cooperativa de inclusión socio-laboral Abriendo Caminos, manifestó que "la importancia de la inclusión y la accesibilidad laboral en la sociedad y las experiencias de las cooperativas pueden jugar un papel fundamental en el desarrollo de estos valores y de las personas con discapacidad".

Asimismo, abogó por tomar "iniciativas sustentables" y declaró que el compromiso para "trabajar en conjunto" y "crear un marco legal adecuado".

Gustavo Sosa, de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, detalló los antecedentes normativos sobre el cooperativismo de inclusión laboral y consideró que, en una eventual norma, se debe "reconocer a los múltiples actores que integran estas entidades, por eso una cooperativa de inclusión laboral es disruptiva respecto a una cooperativa de trabajo; aquí tenemos personas que están trabajando, personas que están acompañando, familias, y entidades públicas y privadas".

Sobre los beneficios que tendría que contemplar, subrayó los de carácter impositivo, no sólo sobre el impuesto a las Ganancias, sino también sobre débitos y créditos y el IVA. "Es interesante pensar un mecanismo para que puedan recibir donaciones", sumó.

A su turno, Rodolfo Tolosa, de la Federación de Cooperativas y Mutuales del Turismo, sostuvo: "Convivimos con innumerables mitos y prejuicios asociados a las personas con discapacidad, mitos que generan una brecha, limitando el desarrollo vital de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades ya sea laboral, educativo o de convivencia".

Desde la entidad que representa se "propicia un espacio que responda a la necesidad de las personas dentro del sector turístico", ya que "las personas viajan a donde pueden, no a donde quieren". "Hay que lograr la accesibilidad e igualdad de oportunidades en la industria turística", aseveró.

Marcelo Betti, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y el Banco Credicoop, valoró que "en las cooperativas tenemos un lugar privilegiado, porque allí no es el fin de lucro, la maximización de la utilidad lo que motiva su naturaleza, sino que se buscan satisafacer necesidades humanas". Además, hizo referencia a que las cooperativas son mencionadas en el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde "se insta a los estados a promover cooperativas que fomenten el empleo de personas con discapacidad".

Entre los oradores, participó de la reunión Eugenia Pomazán, secretaria de Coordinación y Fortalecimiento Familiar del gobierno de Córdoba, quien habló de los programas para las cooperativas y uno de ellos con el cual alcanzaron a "15 mil personas con discapacidad". "Esta política responde a una demanda histórica de las organizaciones sobre el financiamiento o fortalecimiento, mejor dicho, por fuera de un sistema prestacional. Un fondo en 2024 de 1.300 millones de pesos y este 2025 triplicado, más de 3.000 millones de pesos; se siguen fortaleciendo propuestas de inclusión laboral y social de las personas con discapacidad", apuntó.

Y añadió: "Celebramos iniciativas que intentan construir respuestas concretas a aquellas organizaciones que con mucho esfuerzo intentan salir de un modelo asistencial hacia uno de dignificación de sus miembros".

En tanto, Raúl Lucero, director de Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la provincia de Buenos Aires, aseguró que actualmente la situación de los adolescentes y jóvenes con discapacidad "es una gran preocupación", no sólo por su terminalidad educativa sino su inserción laboral posterior.

El funcionario reivindicó el programa de Talleres Protegidos, uno de los más históricos, pues surgió antes que la Convención misma. Se trata de "espacios para iniciar la formación y ser un lugar de resistencia a la alternativa terapéutica", indicó. Y precisó que "la provincia hoy contiene a 176 Talleres Protegidos", siendo Buenos Aires "la única provincia que acompaña con una beca".

Lucero abogó por "normas que equiparen oportunidades, que compensen la justicia social, que se piensen con las personas con discapacidad. Acá hay un gran desafío".

La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado fue convocada este miércoles, desde las 17.30, para ratificar sus autoridades y con un temario que contiene un único proyecto: el que propone la emergencia en Bahía Blanca, a raíz de las trágicas inundaciones registradas en la ciudad.

Para el mismo día se espera que, en caso de reunir quórum la sesión convocada por la oposición para las 12, la Cámara de Diputados intente avanzar en la media sanción de un proyecto similar, que cuenta con numerosas firmas de diputados de distintos bloques. Los impulsores de la sesión ya lo sumaron al temario.

El proyecto presentado en la Cámara alta por los tres senadores de la provincia de Buenos Aires, Juliana Di Tullio (UP), Maximiliano Abad (UCR) y Eduardo "Wado" de Pedro (UP), declara "zona de emergencia y en situación de catástrofe, durante el término de 180 días, a la provincia de Buenos Aires, especialmente a los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, en razón de las inundaciones registradas durante el mes de marzo de 2025".

En la iniciativa se propone que se cree en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de la Nación "un Fondo Especial de $20.000.000.000 o la suma necesaria para atender los daños ocurridos", el cual "deberá constituirse en un plazo no mayor a 30 días", a partir de la sanción de la ley. Dicho fondo "se integrará a través de las reasignaciones de las partidas presupuestarias que ordene disponga el jefe de Gabinete", reza el texto.

Estos recursos estarían destinados a otorgar subsidios y créditos para la reconstrucción de la estructura edilicia, para la construcción y reparación de viviendas de la población afectada, para reconstrucción y reparación que permita la normalización de los servicios públicos, y para la refuncionalización de actividades económicas que se hayan visto afectadas.

"La Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación articulará con el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, en el ámbito de sus respectivas competencias, las gestiones tendientes a dispensar las erogaciones que debieran abonar los afectados en conceptos de impuesto, tasas y contribuciones", dispone otro de los artículos.

Asimismo, a "aquellos afectados que han perdido totalmente su fuente de ingreso, colocándose en situación de emergencia económica social, se les otorgará un plazo de gracia, de al menos 180 días, en las siguientes situaciones jurídicas obligacionales: contratos civiles y comerciales con prestaciones recíprocas; operaciones bancarias y financieras; y ejecuciones hipotecarias, prendarias, judiciales y extrajudiciales".

El proyecto de los senadores bonaerenses indica que el PEN "deberá instrumentar a través del Banco de la Nación Argentina una línea de financiamiento a tasas preferenciales y con un plazo de gracia, destinada para la reconstrucción de viviendas familiares afectadas y asistencia a sectores productivos damnificados por el sismo, conforme los requisitos que establezca el citado organismo financiero".

Igual que los tres senadores nacionales de la provincia de Buenos Aires, diputados nacionales de todos los sectores presentaron un proyecto de ley para declarar la emergencia ambiental, económica y habitacional por el término de 90 días en la ciudad de Bahía Blanca y toda la región afectada por el terrible temporal que se abatió este viernes allí.

La medida alcanza a los distritos de Adolfo Alsina, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Guaminí, Monte Hermoso, Patagones, Puan y Villarino.

Los firmantes consideran fundamental que el Estado Nacional adopte todas las medidas de asistencia técnica y financiera necesarias para la recuperación de las zonas afectadas. El objetivo es trabajar en conjunto con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y los municipios para brindar apoyo a quienes han sido víctimas de condiciones climáticas impredecibles, cuyas consecuencias impactan tanto en lo económico como en lo social.

La iniciativa consta de siete artículos y establece que el Poder Ejecutivo Nacional destine una partida extraordinaria para intervenir y asistir inmediatamente a la reconstrucción de infraestructura y recuperación de las actividades económicas, sanitarias, educativas y sociales. “Estas acciones se implementarán en coordinación con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y los gobiernos locales”, señala el proyecto, que encomienda al Poder Ejecutivo, con juntamente con las autoridades provinciales bonaerenses y en el marco del Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos, adoptar medidas para preservar y restablecer las condiciones de vida de los habitantes, las relaciones de producción y empleo, y la recuperación de la biodiversidad en las zonas afectadas”.

La iniciativa plantea que se priorizarán las obras públicas urgentes, tales como la reparación y/o construcción de viviendas e instalaciones. También se prevé establecer medidas de asistencia financiera, como líneas de créditos con tasas bonificadas destinadas tanto a la reparación de viviendas como a la continuidad de las actividades económicas claves para las economías regionales, asegurando la recuperación de empleos y el funcionamiento de los sectores productivos.

Asimismo se propone facilitar la sostenibilidad financiera de los emprendimientos locales, permitiendo su reactivación económica mediante la suspensión y renovación de las obligaciones bancarias y deudas pendientes al inicio de la emergencia.

Entre otras cosas, el proyecto suspende por 90 días los juicios y procedimientos administrativos de cobro de acreencias vencidas antes de la emergencia.

Entre las decenas de legisladores que suscriben el proyecto están los de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz, Marcela Passo, Julio Pereyra, Sabrina Selva, Constanza Alonso, Micaela Morán, Hugo Yasky, Daniel Gollán, Rogelio Iparraguirre, Juan Marino, Sergio Palazzo, Julia Strada, Ramiro Gutiérrez, Máximo Kirchner, Brenda Vargas Matyi, Santiago Cafiero, Carlos Castagneto, Cecilia Moreau, Leopoldo Moreau, Mónica Macha, Daniel Arroyo, Eduardo Valdés, Mónica Litza, Eugenio Alianello y Roxana Monzón. Por Encuentro Federal, firman Miguel Angel Pichetto, Nicolás Massot, Magarita Stolbizer y Emilio Monzó.

Del radicalismo firmaron el proyecto Karina Banfi y Fabio Quetglas. Por el Pro, suscriben Florencia de Sensi, Hernán Lombardi, María Sotolano, Martín Yeza, Cristian Ritondo, Alejandro Finocchiaro, Patricia Vásquez, Silvia Lospennato, Diego Santilli,

De Democracia para Siempre figuran Danya Tavela, Facundo Manes y Pablo Juliano. Firmaron también Juan Manuel López, Mónica Frade, Victoria Borrego y Marcela Campagnoli, por la Coalición Cívica, entre otros.

En consenso con diferentes bloques de @DiputadosAR, presentamos un proyecto para declarar la emergencia ambiental, económica y habitacional por un plazo de 90 días en la Ciudad de Bahía Blanca y en todos los municipios de la Provincia de Buenos Aires afectados por el temporal que… pic.twitter.com/NoraNRCANq

— Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) March 7, 2025

Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados le dará tratamiento al proyecto que declara la emergencia ambiental, económica y habitacional, por el término de ciento ochenta días prorrogables, en diversos departamentos afectados por los incendios en la provincia de San Luis.

La iniciativa se pondrá a consideración el próximo jueves 10 de octubre en una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente humano, y de Finanzas a las 11 en el Anexo “C”.

El emplazamiento a comisión fue solicitado por el diputado puntano Ernesto Alí sobre el cierre de la sesión del pasado martes 2 de octubre, al pedir un apartamiento de reglamento. El legislador de UP sostuvo que la situación en San Luis es “muy similar” a la que está viviendo la provincia de Córdoba, razón por la cual pidió el tratamiento de un proyecto de su autoría para que se atienda la emergencia.

Pasadas las 12.30 de la noche, al cabo de más de doce horas de sesión, la Cámara de Diputados aprobó la declaración de emergencia ambiental, económica y habitacional en la provincia de Córdoba. La votación fue unánime, con 218 votos afirmativos.

Bien temprano se había pedido incorporar para el tratamiento sobre tablas del proyecto que declara la emergencia ambiental, económica y habitacional en Córdoba por los incendios que azotan la provincia desde los primeros días de agosto. La iniciativa fue puesta a consideración por el diputado Oscar Agost Carreño, y por no contar con dictamen de comisión necesitó que las 3/4 partes de la Cámara aprobara su tratamiento sobre tablas, como así también se puso a la Cámara en comisión.

El jefe del bloque radical, Rodrigo de Loredo, habló en ese contexto, advirtiendo que “Córdoba viene recibiendo incendios de esta magnitud en promedio 50 mil hectáreas por año”. Se han quemado, dijo, 1.600.000 hectáreas, “el 10% de la totalidad de la superficie de una de las provincias más grandes que tiene la Argentina, de uno de los países más grandes del mundo”.

Los diputados Gabriela Estévez, Laura Rodríguez Machado y Gabriel Bornoroni secundaron la propuesta. El jefe del bloque oficialista anticipó el acompañamiento de su bancada a la propuesta y destacó la preocupación del presidente Javier Milei y las más altas autoridades del Ejecutivo. “Se hizo un gran trabajo, pero lamentablemente todos los años Córdoba sufre estos incendios”, señaló, destacando que la emergencia es por 180 días y concluyó pidiendo un aplauso para los bomberos de su provincia.

Se trata de un proyecto que fue aprobado el jueves pasado en el Senado, también propuesta sobre tablas, con 55 votos afirmativos y la abstención de los senadores de La Libertad Avanza, que argumentaron ese día que no había partidas asignadas para tal fin y “hay cuestiones que no son claras”. Para este martes los diputados de La Libertad Avanza mostraron en cambio su disposición al tratamiento del tema.

Pasada la medianoche, este tema fue el último en ser votado. Y antes de eso se le dio la palabra a la cordobesa del MID María Cecilia Ibáñez, quien arrancó diciendo que su provincia “está en llamas”. Recordó que el proyecto establece una emergencia de 180 días, renovable por 180 días, y tras una larga exposición sostuvo que “el cordobés está pidiendo clemencia, ayuda humanitaria”.

Cuando Martín Menem le pidió que concluyera su discurso, Ibáñez replicó: “¡Mi provincia se está quemando, teneme paciencia un día!”.

Pidió una interrupción entonces el radical santafesino Mario Barletta, que tras aclarar que todos conocían ya cuál es la situación en Córdoba, hizo una moción de orden para pasar a votar el proyecto que venía del Senado, la cual fue aprobada.

La iniciativa fue presentada la semana pasada por los senadores cordobeses Luis Juez, Carmen Álvarez Rivero y Alejandra Vigo, y contaba con la anuencia de todos los diputados cordobeses.

Sobre el final de la sesión de este martes, pidió la palabra el diputado nacional puntano Ernesto Alí para pedir un apartamiento de reglamento por los incendios que se están produciendo en su provincia. El legislador de UP sostuvo que la situación en San Luis es muy similar a la que está viviendo la provincia de Córdoba, razón por la cual pidió el tratamiento de un proyecto de su autoría para que se atienda la emergencia.

El proyecto es una emergencia ambiental, económica y habitacional en la zona afectada: los departamentos de San Martín, Ayacucho y Junín.

“Es muy importante la llegada de esa ayuda, que irá directamente a los damnificados”, dijo, afirmando que se trata de “una catástrofe ambiental”, por lo que insistió en que se atendiera esa situación en los mismos términos que se haría con la provincia de Córdoba.

Antes de que se votara, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro propuso que ese apartamiento de reglamento fuera reemplazado por un emplazamiento a las comisiones, con dictamen, para hacer el trabajo correspondiente, teniendo en cuenta que el proyecto de Córdoba venía en cambio con media sanción del Senado. “La mejor salida para no dejar de lado la situación que está viviendo la provincia de San Luis es votar un emplazamiento para que llegue al recinto cuando corresponda”.

El propio jefe del bloque UP, Germán Martínez, mostró su disposición a acceder a la propuesta de Ferraro, y propuso que se retirara la moción y se convocara a las comisiones para el martes próximo por la tarde. El presidente de la Cámara, Martín Menem, aclaró que el martes está previsto el tratamiento del Presupuesto 2025, por lo que se acordó como fecha el jueves 10 a las 11 de la mañana.

En el ínterin, el riojano Sergio Casas reclamo que tratándose de una situación acuciante, ameritaba tratar el tema sobre tablas, cuestión de “darle una mano a la provincia de San Luis”, pero finalmente prevaleció la propuesta de emplazar a las comisiones, y así fue aprobado.

En el inicio de la sesión, la Cámara de Diputados aprobó este martes incorporar para el tratamiento sobre tablas el proyecto que declara la emergencia ambiental, económica y habitacional en Córdoba por los incendios que azotan la provincia desde los primeros días de agosto.

La iniciativa fue puesta a consideración por el diputado Oscar Agost Carreño y por no contar con dictamen de comisión necesitó que las 3/4 partes de la Cámara aprobara su tratamiento sobre tablas, como así también se puso a la Cámara en comisión.

El jefe del bloque radical, Rodrigo de Loredo, habló en ese contexto, advirtiendo que “Córdoba viene recibiendo incendios de esta magnitud en promedio 50 mil hectáreas por año”. Se han quemado, dijo, 1.600.000 hectáreas, “el 10% de la totalidad de la superficie de una de las provincias más grandes que tiene la Argentina, de uno de los países más grandes del mundo”.

Los diputados Gabriela Estévez, Laura Rodríguez Machado y Gabriel Bornoroni secundaron la propuesta. El jefe del bloque oficialista anticipó el acompañamiento de su bancada a la propuesta y destacó la preocupación del presidente Javier Milei y las más altas autoridades del Ejecutivo. “Se hizo un gran trabajo, pero lamentablemente todos los años Córdoba sufre estos incendios”, señaló, destacando que la emergencia es por 180 días y concluyó pidiendo un aplauso para los bomberos de su provincia.

Se trata de un proyecto que fue aprobado el jueves pasado en el Senado, también propuesta sobre tablas, con 55 votos afirmativos y la abstención de los senadores de La Libertad Avanza, que argumentaron ese día que no había partidas asignadas para tal fin y “hay cuestiones que no son claras”. Para este martes los diputados de La Libertad Avanza mostraron en cambio su disposición al tratamiento del tema.

La iniciativa fue presentada la semana pasada por los senadores cordobeses Luis Juez, Carmen Álvarez Rivero y Alejandra Vigo, y contaba con la anuencia de todos los diputados cordobeses.

El senador cordobés Luis Juez (Pro) estalló contra el oficialismo tras no acompañar con el voto el proyecto de declaración de emergencia ambiental en la provincia de Córdoba en medio de los intensos incendios que no dan tregua desde el mes de agosto.

Fue en el cierre de la sesión del Senado de este jueves donde la oposición logró el tratamiento sobre tablas al expediente impulsado por los legisladores cordobeses Juez, Alejandra Vigo y Carmen Álvarez Rivero.

Juez arremetió contra el oficialismo luego de que el titular de dicho bloque, el jujeño Ezequiel Atauche, adelantara la abstención de su espacio en la votación del proyecto: “Nosotros estamos de acuerdo con la lucha contra el fuego, pero entendemos que no hay partidas asignadas y hay cuestiones que no son claras, por lo que vamos a decidir abstenernos en el voto”.

El senador del Pro fue uno de los que le salió al cruce: “Es tanto el dolor que vive la provincia y la gente que ha perdido todo y hay múltiples miradas ante la desgracia que vive Córdoba, no íbamos a usar este tema para sacar ventaja”.

“¿Qué mierda más nos tiene que pasar en Córdoba para que el Gobierno sepa que la estamos pasando como el culo?”, lanzó con furia y sumó: “¿Qué más tiene que pasar en mi provincia para que se den cuenta dirigentes políticos que hay gente que perdió todo, todo? No estamos hablando de plata en el proyecto; establece simplemente un mecanismo que en la democracia es normal. Que el Gobierno nacional se junte con un gobernador que no es de mi palo y vea cómo le da una mano a la gente que la está pasando mal”.

Juez expresó que lo sintió como “recibir una cachetada en la nuca” cuando “hace nueve meses este senador le pone el pecho a este Gobierno”, y enfatizó: “No queremos usar la desgracia de nuestro pueblo para sacar ventaja, pero tampoco nos vamos a callar la boca y vamos a permitir que nos traten como imbéciles. Hace años hacemos política y significa comprometerse con la gente”.

“En mi provincia, hoy mi gobernador, un tipo con el que estoy enfrentado tiene necesidades y el Gobierno le tiene que dar una mano sin mirar de qué color político es. Le agradecemos a la bancada opositora el apoyo sabiendo que esto no tenía dictamen de comisión. El tema es hoy, es ya que mi provincia necesita que le den una mano”, cerró.

Con la provincia de Córdoba ardiendo en llamas por los diversos focos de incendios, un grupo de diputados de la Coalición Cívica, con Maximiliano Ferraro a la cabeza, enviaron una nota al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli; y a la subsecretaria de Ambiente, Ana María Vidal de Lamas, para que oficien de intermediarios con el Gobierno nacional y le soliciten que declare la emergencia ígnea en las zonas afectadas.

A través de la misiva, señalaron que “los estragos que están causando los feroces incendios, causando pérdidas irreparables en los ecosistemas, los hogares y las fuentes de ingresos de tantos compatriotas”.

Así, manifestaron su “enorme preocupación ante la falta de agilidad en la respuesta y disponibilidad de recursos para combatir el fuego que cada vez con más frecuencia e intensidad azota distintas regiones en nuestro país y que hoy tiene su epicentro en la Provincia de Córdoba, donde ya se han perdido decenas de miles de hectáreas de bosques”.

Desde el bloque indicaron que en el décimo mes del año “observamos una subejecución de los fondos para el manejo del fuego, que gira en torno al 40% del presupuesto anual. Esto, a pesar de que en la primera mitad de este año se sucedieron casi el doble de focos de incendios forestales que en el año anterior”.

“Para brindar una respuesta eficaz, no solamente es necesaria la ejecución de estos fondos (que hoy ascienden a más de siete mil millones de pesos disponibles), sino que también es preciso repensar un esquema de planificación federal que permita prevenir y actuar con celeridad y firmeza ante catástrofes de esta envergadura. Cuando la vida y el sustento de los argentinos está en juego, no puede haber lugar para las medias tintas y menos aún para posibles negligencias”, expresaron.

En esa línea, señalaron que la acumulación de partidas presupuestarias sin ejecutar “nos alerta ante la posibilidad de que se intente avanzar con la liquidación del fideicomiso para la administración Fondo Nacional de Manejo del Fuego en el marco del artículo 5° de la Ley Bases”.

“Este financiamiento, como venimos viendo años tras año, es cada vez más necesario ante las inclemencias del cambio climático que multiplica las sequías y olas de calor. No siempre restringiendo el gasto se obtiene un mayor ahorro. En este caso ‘sí hay plata’, y de haberla usado correctamente, se podrían haber prevenido pérdidas económicas millonarias”, plantearon.

Por ello, solicitaron que como autoridades competentes para velar por un ambiente sano, equilibrado y apto para un desarrollo humano “oficien de intermediarios entre todos los argentinos afectados y el Sr. Presidente de la Nación, solicitándole que revise su decisión de desfinanciar el Sistema Nacional de Manejo del Fuego”.

También, pidieron que Javier Milei “tenga a bien declarar de forma inmediata la Emergencia Ígnea y Zona de Desastre en los Departamentos afectados, a los fines de fortalecer la capacidad estatal de respuesta para la presupresión y combate de incendios, la restauración de las zonas dañadas, la prevención de nuevos focos y la asistencia integral de las familias afectadas”.

La nota fue suscripta por Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Mónica Frade, Paula Oliveto, Victoria Borrego y ​​​​Marcela Campagnoli.

Por los intensos incendios forestales en Córdoba, el diputado nacional Oscar Agost Carreño, (Encuentro Federal) presentó un proyecto de ley ante el Congreso de la Nación para declarar el estado de desastre y emergencia ambiental, económica, social y productiva en los departamentos de Colón, Santa María, Calamuchita y Pocho, que han sido devastados desde agosto de este año por las llamas.

La iniciativa legislativa surge como respuesta a la gravedad de la situación, en la que “los factores climáticos han exacerbado la propagación de los incendios”, explicó Agost Carreño en los fundamentos del proyecto.

“Con temperaturas superiores a los 30°C, fuertes vientos del norte y una vegetación extremadamente seca, la provincia de Córdoba enfrenta un panorama crítico, donde los focos de fuego han arrasado bosques, viviendas y hasta barrios enteros, afectando severamente tanto a las personas como al ambiente”, explicó.

El proyecto plantea una declaración de emergencia por 180 días, prorrogables, durante los cuales el Poder Ejecutivo Nacional deberá destinar fondos especiales para asistir a los damnificados y restaurar las áreas afectadas. Además, se prevén medidas específicas para brindar asistencia financiera a las actividades productivas, con bonificaciones en las tasas de interés y facilidades impositivas para los contribuyentes afectados.

Agost Carreño destacó que la situación no solo amenaza la biodiversidad y los ecosistemas locales, sino que también pone en riesgo “las actividades productivas, especialmente el turismo, la agricultura y la ganadería, que son pilares económicos de la provincia”.

Además, cuestionó que “la falta de recursos para enfrentar esta catástrofe ha obligado a evacuar numerosas localidades, cerrar rutas y autopistas, y mantener en alerta a bomberos y voluntarios que luchan contra un fuego incontrolable”.

“Es imperioso que el Estado esté presente, proporcionando soluciones rápidas y eficaces. No podemos permitir que estas familias, que lo han perdido todo, queden desamparadas”, remarcó el diputado. La propuesta incluye, además de la asistencia financiera, la construcción urgente de viviendas y la rehabilitación de infraestructuras clave.

La magnitud de los incendios ha generado un llamado de atención sobre la necesidad de medidas preventivas más robustas y una mayor inversión en infraestructura de combate contra incendios. Para Agost Carreño, este tipo de catástrofes “requiere de un Estado eficiente, capaz de garantizar tanto la extinción del fuego como la recuperación económica y ambiental de las áreas afectadas”.

Con la urgencia de la situación sobre la mesa, el diputado espera que el proyecto sea tratado con celeridad en el Congreso, y que las herramientas necesarias lleguen a Córdoba antes de que los daños sean irreparables.

5012-D-2024 DECLARACIÓN DE DESASTRE

Las diputadas nacionales patagónicas Ana María Ianni y Eugenia Alianiello, ambas de Unión por la Patria, presentaron una iniciativa para atender la emergencia económica registrada por la situación climática registrada en sus provincias, Santa Cruz y Chubut, respectivamente.

El proyecto solicita declarar zona de desastre y de emergencia económica, productiva, vial, rural, de comunicación y social, por el plazo de 90 días, las provincias de Chubut y Santa Cruz, afectadas por bajas temperaturas extremas e intensas nevadas que vienen padeciendo desde junio del corriente año.

Ianni explica que esta situación “viene produciendo situaciones desastrosas en numerosas zonas rurales y urbanas, afectando el tránsito en rutas, ejido urbano y el normal desarrollo de las actividades educativas”.

El sector ganadero en particular se ve altamente perjudicado, con la consecuencia de pérdida de hacienda y retraso en la temporada de esquila. Sólo en Santa Cruz se estima que un millón de ovejas y más de 40 mil vacas están en riesgo.

Mediante la iniciativa se solicita al Poder Ejecutivo Nacional la creación de un fondo especial de asistencia para el otorgamiento de créditos a tasa 0% para los perjudicados, instrumentar regímenes especiales de pago de las obligaciones impositivas y previsionales a cargo de la AFIP y la ANSeS, y la suspensión de juicios de ejecución fiscal para el cobro de impuestos adeudados, mientras dure la emergencia.

“Es necesario que el Gobierno nacional tome las medidas necesarias y brinde tanto apoyo económico como soluciones específicas a las diversas problemáticas que acontecen en las provincias señaladas, luego del temporal de nieve y las condiciones climáticas adversas de los que no se tenía registro desde hace más de cien años”, concluyó Ianni.

El diputado nacional Pablo Cervi (UCR - Neuquén) presentó un proyecto para declarar zona de desastre y emergencia climática, social, económica, vial y ganadera a las zonas cordilleranas de los Departamentos Huiliches, Lácar, Aluminé, Picunches, Loncopué, Ñorquín, Chos Malal y Minas de la provincia de Neuquén.

El proyecto de declaración surge tras las intensas nevadas de los días 19 y 23 de junio que provocaron un impacto económico negativo en esas zonas de la provincia. Estas inclemencias climáticas provocaron la evacuación de familias, cortes de energía, rutas cortadas, como así también la total paralización de la actividad agropecuaria en las zonas afectadas. Su finalidad es generar alivio fiscal para los productores afectados.

“Solicitamos la declaración de emergencia con la urgencia que requiere, a fin de posibilitar el despliegue de acciones del gobierno que faciliten la recuperación económica de las zonas afectadas y la reactivación de las actividades productivas”, afirmó Cervi.

Al respecto, señaló: “Es necesario poner en la agenda gubernamental al sector agropecuario, gravemente afectado por el desastre natural. El drástico incremento del volumen de nieve paralizó la producción con lo cual, a corto plazo, los productores y la provincia del Neuquén sufrirán graves perjuicios económicos”.

“El Estado debe actuar como agente de protección de los sectores productivos, afectados por un suceso climático imprevisible que ha paralizado las actividades productivas y puesto en riesgo la continuidad de las mismas”, concluyó.

La senadora nacional Gabriela Valenzuela (UCR – Corrientes) presentó un proyecto de ley para que se coordinen acciones de prevención, información y aprovisionamiento de insumos dirigidas a reducir el impacto de la epidemia de dengue, chikungunya y zika en la población.

Visto que durante 2024 se contabilizaron 106 muertes por el virus y 19 de las 24 jurisdicciones nacionales tienen circulación autóctona, la radical considera de suma importancia declarar la emergencia epidemiológica nacional por el plazo de 12 meses.

Al respecto la legisladora sostuvo que “la salud de la población es una prioridad, debemos aunar esfuerzos para frenar esta epidemia. Es necesario que se coordine a nivel nacional con las provincias los pasos a seguir para frenar la cantidad de casos y por supuesto cuidar la vida, ya que hay 106 muertes víctimas de esta epidemia. Una tarea indispensable es llevar tranquilidad a las familias con prevención y concientización”.

La crisis de seguridad que se vive en la provincia de Santa Fe ha puesto a ese distrito en el centro de atención de todo el país. Y el Congreso, como caja de resonancia que es, no podía ser la excepción.

Es así que en las últimas horas se presentaron proyectos de ley para declarar la emergencia en seguridad ante la situación generada por la actividad de los narcos, y según pudo saber parlamentario.com, tratarán de debatirlos sobre tablas este mismo miércoles en el recinto.

Por parte del radicalismo, el diputado santafesino Mario Barletta presentó este lunes un proyecto de ley para exigir la declaración de emergencia en seguridad en la provincia de Santa Fe, hasta el 31 de diciembre de 2024, tras los asesinatos y la violencia callejera registrada en la ciudad de Rosario.

El texto señala que el plazo podrá ser prorrogado por el Congreso de la Nación por un año como máximo. También, propone fortalecer “la actuación de las Fuerzas Federales de Seguridad en la investigación, prevención y lucha de los delitos complejos y el crimen organizado; la producción y tráfico de estupefacientes”. Y agrega que también está previsto para enfrentar “la corrupción de niños, niñas y adolescentes, terrorismo, las privaciones ilegítimas de la libertad agravadas, los delitos aduaneros, los secuestros extorsivos y la trata de personas”.

El proyecto fue acompañado con la firma de la vicepresidenta del bloque radical Karina Banfi y los diputados nacionales Julio Cobos, Gerardo Cipollini, Pamela Varasay, Soledad Carrizo, Roberto Sánchez y Francisco Monti.

El radicalismo pediría este miércoles tratar el tema sobre tablas, lo mismo que el socialismo, que también presentó su propio proyecto sobre el tema.

“Hace dos años que venimos pidiendo fortalecer la seguridad porque la situación en Rosario es insostenible, lo pudieron comprobar esta semana.  La ciudad siempre combatió el problema en soledad y los recursos son insuficientes”, aseguró Mónica Fein, exintendenta de la ciudad y actual legisladora socialista.

El proyecto contempla la generación de un fondo especial, proveer tecnología y equipamiento acorde, y la creación de una Junta de Emergencia de Seguridad, integrada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Ministerio de Seguridad, Provincial, el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe y cada una de las autoridades locales del Departamento Rosario. “Es fundamental que el comité de crisis también lo integre  el Poder Judicial para trabajar mancomunadamente y coordinar las acciones”, fundamentó Fein.

A su vez la propuesta implica el fortalecimiento de la Justicia Penal Federal, con la inmediata implementación en la jurisdicción de Rosario del nuevo Código Procesal Penal Federal, y la disposición por parte del Ejecutivo Nacional de los recursos necesarios para tal fin.

“En Santa Fe, siendo gobierno, impulsamos una reforma profunda de la justicia para juzgar más rápidamente a los responsables de la violencia y el terrorismo urbano. Así es como logramos condenar y meter presos a los cabecillas de las bandas narco. Este tema requiere seriedad.”, manifestó por su parte el otro diputado socialista, Esteban Paulón, también santafesino como Fein.

Cabe destacar que Rosario es una de las ciudades con mayor índice de violencia del país. En la última semana la ciudad fue blanco de asesinatos que tuvieron como víctimas a civiles en su ámbito laboral.

“Salta es una de las provincias que más apoyo recibe desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación”, sostuvo la ministra de la cartera, Victoria Tolosa Paz durante una reunión con la senadora nacional Nora Giménez y agregó que es “prioridad atender la emergencia sociosanitaria de los departamentos de Orán, Rivadavia y San Martín”.

En el encuentro de trabajo entre la ministra y la senadora analizaron la situación social de la provincia y el acompañamiento que realizan para dar soluciones a ciertas temáticas, en donde se destaca el Programa Unir y la Mesa que coordinan con otros ministerios para atender la emergencia sociosanitaria, que afecta a comunidades del norte en donde residen varias comunidades originarias.

Al encuentro se sumó, la subsecretaria de Asistencia Crítica, Carmen Flores quien comentó los avances que se están efectuando en torno a la sexta vuelta del refuerzo alimentario con 30 mil bolsones, el desarrollo de vallas de contención previo a la época de tormentas para los municipios del norte y un apoyo extra focalizando en alrededor de dos mil casos en riesgo de niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

La legisladora salteña planteó también las inquietudes que recibe de decenas de comedores y merenderos a lo largo y ancho de la provincia, que no cuentan con recursos suficientes para atender las demandas alimentarias de las poblaciones a las que asisten. Para ello pidió un refuerzo de partidas que contemple el impacto de la inflación y un envío más fluido de mercadería destinada a la alimentación de grupos vulnerables.

Ante Tolosa Paz la senadora salteña defendió el Programa Banco de Herramientas que lleva adelante el Ministerio, y señaló que se trata de una política probada para sacar de la pobreza a cabezas de familia que, contando con formación o experiencia en oficios, no pueden acceder al mercado formal de trabajo o a la posibilidad de trabajar “por cuenta propia” por falta de herramientas o equipos de trabajo. En ese sentido, pidió incrementar las partidas destinadas a este fin.

La legisladora y la ministra dialogaron además de las informaciones periodísticas que daban cuenta que miles de beneficiarios que supuestamente cobran el Potenciar Trabajo teniendo propiedades, habiendo comprado dólares e incluso habiendo estado fallecidos. La funcionaria explicó que el informe estadístico en el que se basa esas afirmaciones fue malinterpretado, en su opinión con la intención de estigmatizar a los pobres en Argentina. Adelantó además que la semana próxima se inicia un proceso de autogestión digital a través del cual todos los trámites requerirán una validación a través de datos biométricos.

Finalmente, Giménez pidió a la ministra apoyo para concretar obras en diferentes barrios y comunidades de la provincia.

La Comisión de Transporte de la Cámara baja, presidida por el jujeño radical Jorge Rizzotti, se reunirá este miércoles a las 16 para retomar el debate por los subsidios al transporte público de pasajeros por automotor, urbano y suburbano del interior del país del interior y declarar la emergencia.

Sin invitados a exponer, diputados también se abocarán a debatir en la Sala 3 modificaciones a la Ley 24.449 sobre la prórroga del vencimiento del plazo para circular para vehículos que presten servicio de autotransporte de pasajeros, un tema que surgió del último encuentro que mantuvieron.

Esta será la segunda reunión que se realiza con el objetivo de arribar a una solución a dicho problema. En el encuentro anterior, que se celebró el 14 de junio, se estimaba contar con la presencia del ministro de Transporte, Alexis Guerrera, pero por “problemas de agenda” no pudo asistir y, en su lugar, fueron funcionarios de la cartera y las autoridades de COFETRA.

En la misma, desde el Ministerio de Transporte de la Nación señalaron que el problema empezó con el Consenso Fiscal firmado en 2018 durante la gestión de Mauricio Macri entre gobernadores e intendentes. Por el contrario, desde COFETRA hicieron hincapié en la “asimetría entre el AMBA y el interior”, y plantearon la disparidad de precios del combustible.

Las provincias reclaman que el reparto es muy desigual respecto al AMBA (Ciudad y Conurbano bonaerense), que concentra entre el 85% y 87% de los subsidios, dejando entre un 15% y 13% a repartir entre las distintas jurisdicciones.

En el AMBA, donde las tarifas no se actualizan desde 2019, el boleto inicial es de 18 pesos, mientras que en las provincias van de los 24 hasta los 80 pesos, dependiendo también de los propios recursos que los distritos destinen a este sector.

El Senado tratará este jueves el proyecto de ley que prorroga por cuatro años la emergencia territorial indígena y evita los desalojos, durante una sesión ordinaria que será la segunda en forma presencial tras marzo de 2020.

En la segunda sesión con presencialidad plena desde que se desbloquearon las restricciones dispuestas por la pandemia de coronavirus, los senadores acordaron discutir una propuesta de la senadora salteña Nora Giménez (Frente de Todos) que propone una nueva prórroga de la ley 26.160 aprobada en 2006.

En una reunión de Labor Parlamentaria realizada este mediodía, los jefes de los bloques parlamentarios del Senado acordaron incluir en el temario de la sesión la prórroga que recibió dictamen de comisión a fines de septiembre y cuyo vencimiento es el 23 de noviembre.

La iniciativa pasó a la firma el 28 de septiembre último con aval del oficialismo pero no del bloque opositor, que adoptó esa postura en protesta por la falta de reuniones presenciales que luego comenzaron a desarrollarse.

El proyecto dispone que en los cuatro ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad, se deberá asignar al Fondo Especial creado por la misma norma una suma de 290 mil millones de pesos.

"Si no se aprueba la extensión nos vamos a quedar sin ninguna herramienta, sin ningún instrumento legal que nos permita evitar los desalojos", señaló la senadora Giménez durante el debate en comisión.

Y a gregó que todavía no se completaron los relevamientos sobre estas tierras y que "actualmente las comunidades indígenas llegan casi a 1700".

El bloque de senadores del Frente de Todos, presidido por José Mayans, acordó este lunes introducirle varios cambios al proyecto de ley del Poder Ejecutivo a fin de definir criterios básicos epidemiológicos para establecer las medidas sanitarias que mitiguen la pandemia de coronavirus.

Las modificaciones fueron enviadas a la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno nacional para terminar de cerrar los principales planteos ante la iniciativa.

Desde la bancada oficialista afirmaron que los temas que cambiarán respecto del documento que inicialmente envió el Poder Ejecutivo son básicamente dos: la suspensión de clases y la incorporación de un plazo legal para la finalización de las restricciones.

Esos cambios habían sido adelantados por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez durante el plenario de comisiones que se llevó a cabo la semana pasada y que finalizó con la firma del dictamen.

Allí, el abogado había sugerido modificar el artículo 21 del proyecto, que hace mención a la suspensión de la actividad escolar en forma presencial cuando un distrito se encuentre en “situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria”.

La redacción original establece que, en esos casos, se suspenden las clases presenciales y que, luego, el Poder Ejecutivo podrá discutir con los gobernadores afectados por la situación una “morigeración” de la medida.

La sugerencia es invertir la situación y que cualquier medida restrictiva deba ser consensuada con los responsables distritales, previamente.

El oficialismo pretende, de ese modo, esquivar el alcance del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó sin aval la decisión del Gobierno nacional de ordenar la suspensión de clases presenciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Otro de los puntos que ofreció dudas desde el punto de vista constitucional fue el artículo 33, el anteúltimo del proyecto, que establece que la ley entrará en vigencia el sábado 22 de mayo y regirá “mientras se encuentre vigente la emergencia pública en materia sanitaria, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con relación a la Covid-19”.

El borrador que se le alcanzó al Poder Ejecutivo modifica esa redacción y le incorpora un “plazo cierto” hasta el 31 de diciembre de este año.

"Desde el punto de vista constitucional ese podía ser un problema”, destacaron los voceros.

También se eliminará del proyecto la mención a los gobernadores y al jefe de Gobierno porteño como “delegados” del Ejecutivo nacional y se los considerará como “agentes del Gobierno federal”.

Por otro lado, se descartó la posibilidad de incluir un artículo que permitiría a las provincias “adherir” a la ley, en lugar de que estén obligadas a acatarla.

La propuesta había sido sugerida por el presidente de la Comisión de Salud del Senado, el radical Mario Fiad, en consonancia con su gobernador, Gerardo Morales, y la postura de otros mandatarios de Juntos por el Cambio.

Desde el oficialismo afirmaron que la oposición no elevó ninguna propuesta y que esa idea era una “locura”, porque dejaba en la cabeza de las provincias si toman o no decisiones para combatir la pandemia.

El proyecto, en principio, será llevado al recinto de sesiones este jueves 20 de mayo en una sesión especial que se prevé muy extensa.

El plan es que, una vez aprobado, el proyecto sea girado a la Cámara de Diputados para una rápida sanción, ya que debería comenzar a regir antes del 22 de mayo, cuando pierde vigencia el último Decreto de Necesidad y Urgencia emitido por el presidente Alberto Fernández, que estableció nuevas restricciones para todo el país en las últimas tres semanas.

El Frente de Todos tiene los votos suficientes para aprobarla y ya sabe que no contará con el apoyo de Juntos por el Cambio ni de algunos aliados del oficialismo, como Juntos Somos Río Negro.

Diferentes médicos especialistas en distintas áreas expusieron esta tarde en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud del Senado, sus posturas respecto a la situación sanitaria en el país generada por la pandemia y el proyecto de ley propuesto por el Gobierno nacional para establecer criterios epidemiológicos para tomar medidas a fin de mitigar los casos de coronavirus.

Con matices, los especialistas coincidieron en resaltar las virtudes de las políticas restrictivas que se aplican en Argentina desde marzo del año pasado y hasta más de uno de los profesionales pidió que se profundicen al advertir la realidad en la que se encuentran el sistema sanitario, en especial, las salas de terapia intensiva ante la segunda ola de contagios.

El investigador del Conicet Guillermo Durán mencionó un estudio que se hizo en el último mes que demostró que “hay un descenso de la curva de casos confirmados, pero que fue más pronunciado en el conurbano”.

“Las medidas restrictivas de mediados de abril que hicieron que en el conurbano se suspendieran las clases presenciales generó un descenso más pronunciado de casos que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se mantuvieron las aulas abiertas”, afirmó.

En cambio, el médico Roberto Debbag, presidente de la Sociedad Interamericana de Infectología Pediátrica, aseguró que “la restricción de la presencialidad” impacta “en los niños que tienen menos recursos”.

Además, opinó que “las provincias tienen que tener testeos con un índice por debajo del diez por ciento para saber si deben o no avanzar en lo restrictivo”.

En cambio, el médico intensivista Arnaldo Dubin, jefe de Terapia Intensiva del Sanatorio Otamendi, aseguró que “lo único que va a ser efectivo son las restricciones”.

“Estamos viviendo una situación de colapso sanitario y no tenemos que esperar a que los pacientes que se mueran en las calles”, remarcó.

Luego de escuchar el informe de funcionarios del Gobierno nacional durante 4 horas y la opinión de médicos y abogados especialistas, los senadores del oficialismo miembros de las comisiones de Salud y de Asuntos Constitucionales lograron esta tarde reunir las firmas necesarias para que la iniciativa que regula las restricciones sanitarias por la pandemia tenga dictamen favorable y pueda ser tratada la próxima semana.

La iniciativa, que no tuvo modificaciones, fue rubricada solamente por el bloque oficialista del Frente de Todos, en tanto que el interbloque de Juntos por el Cambio y uno de los aliados del oficialismo, Juntos Somos Río Negro, decidieron no acompañar el proyecto.

El expediente será debatido la próxima semana en el recinto de sesiones con la intención de que rápidamente sea girado a Diputados para que sea convertido en ley antes del 22 de mayo, cuando el actual Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente Alberto Fernández sobre restricciones para contener la pandemia pierda vigencia.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun (FdT), planteó: “No queremos que sea el Senado de la Nación el que atrase la sancionar este proyecto de ley que se transforma en una herramienta central para defender y salvar la vida”.

La propuesta del Frente de Todos, expresada por la senadora Sacnun, fue pasar a la firma el dictamen que logró ser de mayoría “con el compromiso de seguir trabajando junto a los funcionarios nacionales y los diputados para analizar las propuestas que se realizaron para introducir modificaciones”.

“La premura no tiene que ver con imponer tiempos o plazos sino que queremos dotar al gobierno de una herramienta que establezca parámetros claros de como actuar y que sea el propio Poder Legislativo el que se los otorgue”, agregó.

Por su parte, el jefe de bloque del Frente de Todos de la Cámara alta, José Mayans, afirmó que “el Parlamento tiene que actuar así de forma inmediata porque no puede demorarse más este tema que es realmente importante”.

El dato clave político fue la postura adelantada por el senador rionegrino Alberto Weretilneck, habitualmente aliado del Gobierno, que adelantó su rechazo al exponer durante el debate. Weretilneck sostuvo que “esta ley no va a resolver los problemas que tenemos hoy. Y la pandemia va a seguir judicializada por lo que vemos que esta ley es en respuesta al fallo de la Corte. Tenemos que volver al camino del consenso entre el presidente y los gobernadores”.

A pesar del rechazo de Juntos por el Cambio, el bloque opositor mayoritario, el presidente de la Comisión de Salud, Mario Fiad (UCR), mencionó que "esta Ley se podría llegar a salvar en lo constitucional si fuera de adhesión y no de orden público", en el mismo sentido que lo expresado por los gobernadores radicales de Mendoza, Rodolfo Suárez; y de Jujuy, Gerardo Morales.

El plenario de las comisiones de Salud y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores continuó este miércoles por la tarde con el tratamiento del proyecto oficialista que prevé establecer “los parámetros epidemiológicos y sanitarios regulatorios de la emergencia Covid-19” con la opinión de abogados constitucionalistas que se diferenciaron entre apoyos a la iniciativa del Gobierno y otros que fueron críticos.

Luego de 4 horas de exposición de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, el plenario virtual volvió del cuarto intermedio a las 14.15 con la exposición de los letrados constitucionalistas Mariano Bar, Roberto Gargarella, Alejandro Fargosi, Domingo Rondina, Daniel Sabsay, Felix Lonigro y Andrés Gil Dominguez.

El primero en tomar la palabra fue el constitucionalista Bar que defendió el proyecto al considerar que “la delegación legislativa propiamente dicha, pareciera una delegación mínima, que también crea un acierto al proyecto”.

Además, agregó: “Considero que es así porque la mayoría de los supuestos que podemos enfrentar y las medidas a adoptar ya vienen dados por el propio texto de la ley”.

A propósito de las críticas que tildan la iniciativa de inconstitucional, Bar argumentó que “la relación en términos abiertos de los conceptos o las bases de la delegación legislativa no son suficientes para desacreditar la legalidad o la inconstitucionalidad del proyecto, porque lejos de ser una carta en blanco a mayor amplitud a la redacción también va a ser más restrictiva la interpretación”.

“Una situación de emergencia siempre habilita la opción de remedios que en condiciones de normalidad podrían llegar a no ser válidos. No quiere decir que las situaciones de emergencia quedan a la arbitrariedad del Ejecutivo, siempre están sometidas a criterios de razonabilidad y control, pero sí que se admite una cierta diferencia en las medidas que pueden tomarse en contextos de emergencia”, señaló el abogado.

A diferencia de Bar, el constitucionalista Roberto Gargarella sentenció al comienzo de su exposición: “Tengo muchos problemas con el proyecto”.

Uno de sus cuestionamientos fue sobre el texto de la Constitución acerca de cómo actuar en situaciones de emergencia y, al respecto, consideró que “hay un problema interpretativo”.

Para Gargarella, “el texto de la constitución en estas materias es extremadamente claro”. Por un lado, aseguró que “el primer criterio constitucional es de repudio a los DNU, pero no porque lo diga yo, es el texto claro de la Constitución que dice, en principio, que los DNU son nulos, de nulidad absoluta e insanable. Y en ese sentido es muy extrema la Constitución. Es el lenguaje de la Constitución”.

En el mismo sentido, siguió con las facultades delegadas. “Están prohibidas”, declaró. “La Constitución las repudia, y lo hace bien, y yo creo que es una medida de sentido común democrático, que estas cuestiones deben ser decididas colectivamente en el Congreso”, sostuvo el expositor.

En el mismo sentido que Gargarella, el abogado Alejandro Fargosi fue tajante en su crítica: “Con este proyecto está en juego la libertad, para lo que existe como garantía nuestra Constitución. También está en juego la autonomía de las provincias”, remarcó.

Entre otros de los puntos del proyecto que cuestionó, mencionó que “se menoscaba la garantía penal porque en el proyecto se crean nuevas figuras penales que están vagamente definidas por una conducta que sería delictiva hasta no lavarse las manos correctamente”.

Por su parte, el abogado constitucionalista Domingo Rondina sostuvo que “los DNU dictados por el presidente han sido de forma correcta” y además resaltó que sea el mismo Poder Ejecutivo el que envió el proyecto de ley porque “es un buen gesto porque se esté regulando, se está limitando en su accionar”.

Ante la polémica sobre si el proyecto es inconstitucional y si otorga mayores facultades al Ejecutivo, Rondina aseveró: “No puede decirse jamás que es un proyecto con delegaciones de super poderes”.

“En estos casos de pandemia, está recomendado que el ejercicio sea por el Ejecutivo y que sea controlado por el Congreso al igual que sucede con un DNU”, agregó. En esa línea, Rondina sostuvo que “ante una emergencia, este esquema es el más democrático posible porque da previsibilidad”.

En tanto, el constitucionalista Daniel Sabsay expuso su posicionamiento contrario al proyecto del Ejecutivo y planteó que "esta iniciativa de ley es contraria al artículo 29 que habla de la prohibición de la suma de poder público" e insistió: "Este es un proyecto de ley de delegación de facultades que supera de manera grosera el marco constitucional contemplado en los arts 76 y 29 de la Constitución Nacional".

Al finalizar, Sabsay aseguró que "una ley que dispone restricciones arbitrarias sobre derechos y le concede al Poder Ejecutivo nacional la autoridad de imponerlos, desconociendo las autonomías, es inconstitucional".

"Tambien lo serán los decretos que dicte el Presidente haciendo uso de esas facultades", cerró.

A su turno, el abogado Félix Lonigro sostuvo que “este proyecto no purga la inconstitucionalidad del DNU del Ejecutivo porque la Corte determinó que es un problema de violación de autonomías locales”.

“El Congreso tampoco tiene la potestad de violar esas autonomías”, sentenció.

En tanto, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez también afirmó que “no hay delegación en el corazón de la ley”, aunque luego admitió que “es una mini delegación que se le otorga al Presidente cuando se llegue a una alta intensidad de afectación del virus”.

“En base a proteger el acceso a la salud, se le otorga al Presidente la capacidad de asumir medidas más restrictivas, previa consulta con los gobernadores, previo informe de la autoridad sanitaria competente y por el término de 21 días”, declaró.

La senadora nacional Silvia Sapag y el diputado nacional Guillermo Carnaghi avalaron el proyecto de ley de Emergencia Covid que envió a la cámara alta el presidente Alberto Fernández.

Antes de que inicie el tratamiento de dicha iniciativa oficialista en el Senado, Sapag consideró: “El Estado está obligado a ayudar, preservar y proteger la vida de los habitantes”.

“Cuando digo Estado no solamente digo el Poder Ejecutivo nacional sino también a los gobernadores y gobernadoras de las jurisdicciones federales de todo el país, y al jefe de CABA”, aclaró a través de un comunicado.

Sobre el proyecto, señaló que “se establecen los parámetros para determinar cuándo hay un riesgo epidemiológico y sanitario bajo, medio o alto, de esta forma toda la población va a tener conocimiento de cuál es la situación de su lugar para ir tomando las medidas acordes a lo establecido en este proyecto de ley”.

Con respecto a las situaciones de las provincias, la senadora destacó que esta iniciativa de ley “le otorga atribuciones al Poder Ejecutivo nacional para, por ejemplo, mandar a Neuquén médicos terapistas de ser necesario, respiradores, dinero, vacunas a Neuquén y a todo el país”.

Por su parte, Carnaghi hizo referencia a la particular situación neuquina y expresó que “después del conflicto de salud, se persigue a los trabajadores con sumarios y causas, en vez de apoyarlos para que puedan hacer su tarea de la mejor manera posible”.

Asimismo, aseguró que con este proyecto de ley el Gobierno nacional podrá “adoptar medidas claras, ordenadas y previsibles en todo el territorio nacional y con aprobación del Congreso”.

Luego que el presidente Alberto Fernández firmara el decreto de promulgación, durante un acto en Casa Rosada, se publicó este miércoles en el Boletín Oficial la Ley 27.617 de reforma del impuesto a las Ganancias.

A partir de este cambio, se eximirá a 1.267.000 trabajadores y jubilados de pagar el tributo. La ley fija en 150.000 pesos brutos el nuevo piso a partir del cual comenzará a pagarse el impuesto, un monto que será actualizado anualmente en base al índice de variación salarial (RIPTE).

La norma incorpora una serie de beneficios, entre los que se destaca la retroactividad al 1ro. de enero; la exención del aguinaldo y de horas extra del personal de salud, así como de los gastos de guardería; y la deducción del concubino y de hijos con discapacidad, entre otros.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo también promulgó la Ley 27.618, que establece un alivio a monotributistas que pasan al régimen general. Asimismo, se atiende la situación de aproximadamente 25.000 personas que fueron excluidas del monotributo de forma automática por la AFIP y no fueron notificadas, ya que el sistema se encuentra suspendido desde septiembre de 2019.

Como consecuencia de esa suspensión, esos contribuyentes acumularon deudas difíciles de afrontar, razón por la cual ahora se proponen diferentes medidas, tomando como causal de exclusión las ventas.

Así, aquellos contribuyentes con facturación excedida en hasta un 25% tendrán la opción de mantenerse en el monotributo por el período 2021.

En tanto, quienes tengan una facturación excedida en más del 25% y que pasaron voluntariamente al régimen general -sin esperar que la AFIP los detecte y los excluya- tendrán una deducción del IVA del 50% en el primer año, del 30% en el segundo y del 10% en el tercero.

Finalmente, se oficializó la Ley 27.616 que declara zona de desastre y de emergencia ambiental, económica, social y productiva al departamento de Cushamen, en Chubut, y a El Bolsón, Río Negro, debido a los incendios forestales de los últimos meses.

La norma, sancionada por unanimidad en la Cámara de Diputados el pasado 27 de marzo, faculta al Poder Ejecutivo a brindar asistencia financiera especial para las actividades económicas damnificadas a través del otorgamiento de créditos con tasas de interés bonificadas en un 25% en las zonas declaradas en emergencia económica y social, y en un 50% en las zonas de desastre “sobre las vigentes en plaza”.

También se dispone la unificación de las deudas que mantengan las explotaciones afectadas con cada institución bancaria interviniente; y la suspensión temporaria de “juicios y procedimientos administrativos por cobros de acreencias vencidas con anterioridad a la emergencia o desastre”.

Otra de las medidas enumeradas es la asistencia técnica y financiera a través de “aportes no reembolsables para gastos de reparación de viviendas y de inversión y operación para recomponer la capacidad productiva”.

Se faculta también a la AFIP y a la ANSeS a instrumentar regímenes especiales de pago y medidas impositivas especiales, como la prórroga del vencimiento del pago de los impuestos que graven el patrimonio, los capitales o las ganancias de las explotaciones afectadas; y la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal para el cobro de los impuestos adeudados.

En un trámite exprés, la Cámara de Diputados convirtió en ley este sábado el proyecto que declara zona de desastre y de emergencia ambiental, económica, social y productiva al departamento de Cushamen, en Chubut, y a El Bolsón, Río Negro, debido a los incendios forestales de los últimos meses.

La iniciativa, que había sido avalada en el Senado este mismo jueves, fue incorporada al temario de Diputados sobre tablas y finalmente recibió aprobación unánime, con la presencia en el recinto del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostentable, Juan Cabandié.

El proyecto fue impulsado por el senador oficialista Alfredo Luenzo y acompañado por sus pares de Chubut y Río Negro, y declara la emergencia por el término de 180 días prorrogables por el Poder Ejecutivo.

Paralelamente, los diputados Ignacio Torres (Pro) y Gustavo Menna (UCR) solicitaron tratar sobre tablas otros proyectos sobre asignación de aportes del Tesoro Nacional y pedidos de informes, pero en esos casos el Frente de Todos no acompañó.

“Los argentinos perdimos miles de hectáreas de bosques nativos, pero lo más importante es que hay más de 300 familias que perdieron absolutamente todo”, lamentó Torres, y destacó que “en estos momentos de crisis florece lo mejor de los argentinos, que es la solidaridad, y esto se vio con toneladas de donaciones”.

El legislador pidió: “Tomemos la responsabilidad institucional de, de una vez por todas, sobrevolar la maldita grieta, por lo menos en situaciones críticas como las que estamos viviendo. La política es más que solidarizarse por Twitter, es estar cerca de la gente”.

Torres agregó que “si bien los incendios están controlados, la situación sigue siendo muy difícil”.

Junto a @gustamenna pedimos la inclusión del proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado para declarar zona de desastre y de emergencia económica, social y productiva a la Comarca Andina tan afectada por los incendios. Fue aprobado por unanimidad y es ley. ¿Qué implica? pic.twitter.com/NuwIWBLJc6

— Brenda Austin (@brendalisaustin) March 27, 2021

A su vez, Menna relató que “el 8 de marzo se desató un incendio en la zona de El Maitén, en Chubut; al día siguiente se desató otro en Cholila, y por la tarde en la zona de Las Golondrinas, en Lago Puelo, que rápidamente se propagó por Cerro Radal y también involucró a El Hoyo”.

Menna contó que recorrió la zona junto a su par de bloque Brenda Austin, y se notificaron de que “las autoridades municipales de Lago Puelo tenían relevadas 421 viviendas totalmente destruidas, arrasadas por el fuego, y más de 20 en El Hoyo”.

El diputado advirtió que además de los daños materiales y las familias damnificadas, “este incendio se ha cobrado tres vidas humanas “.

De paso, aprovechó para criticar la respuesta del Gobierno nacional: “Estas 17.000 hectáreas afectadas y los incendios que el año pasado se cobraron un millón de hectáreas también revelan una gestión deficiente del Plan Nacional del Manejo del Fuego. Hubo una subejecución del 30% de las partidas el año pasado, e increíblemente se bajaron las partidas para el Plan en el Presupuesto 2021”.

Hoy en @DiputadosAR logramos un acuerdo con el Frente de Todos para tratar sobre tablas y aprobar el proyecto de los senadores @SenadorLuenzo Mario Pais y @nancysgonzalez que ya tenía media sanción del @SenadoArgentina para declarar zona de desastre a la Comarca Andina.
>>> pic.twitter.com/OLUzbITsbA

— Gustavo Menna (@gustamenna) March 27, 2021

Por su parte, Austin destacó que la declaración de emergencia “busca medidas concretas de asistencia, tanto en la ampliación de los fondos para la cobertura de planes sociales; la asistencia financiera especial a través de la banca pública y privada; y aportes no reintegrables tanto para viviendas como para actividades productivas”.

“Es de especial importancia mirar el mapa completo y ayudar a reconstruir una economía absolutamente dañada y a pobladores que han perdido sus viviendas”, dijo la cordobesa.

La iniciativa sancionada faculta al Poder Ejecutivo a brindar asistencia financiera especial para las actividades económicas damnificadas a través del otorgamiento de créditos con tasas de interés bonificadas en un 25% en las zonas declaradas en emergencia económica y social, y en un 50% en las zonas de desastre “sobre las vigentes en plaza”.

También se dispone la unificación de las deudas de las deudas que mantengan las explotaciones afectadas con cada institución bancaria interviniente; y la suspensión temporaria de “juicios y procedimientos administrativos por cobros de acreencias vencidas con anterioridad a la emergencia o desastre”.

Otra de las medidas enumeradas es la asistencia técnica y financiera a través de “aportes no reembolsables para gastos de reparación de viviendas y de inversión y operación para recomponer la capacidad productiva”.

Se faculta también a la AFIP y a la ANSES a instrumentar regímenes especiales de pago y medidas impositivas especiales, como la prórroga del vencimiento del pago de los impuestos que graven el patrimonio, los capitales o las ganancias de las explotaciones afectadas; y la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal para el cobro de los impuestos adeudados.

Ante la ola de femicidios en todo el país, la agrupación Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) anunció que propondrá nuevamente un proyecto de ley para declarar la emergencia nacional en materia de violencia de género.

“A pocos días del inicio de sesiones legislativas, le pedimos al presidente Alberto Fernández que escuche el reclamo presente en las movilizaciones de las últimas semanas en distintos puntos del país y que avance con políticas de urgencia para evitar que la violencia machista se siga cobrando una vida cada 29 horas en nuestro territorio”, advirtió el colectivo.

La propuesta, que cuenta con el respaldo de más de 150.000 firmas, habilita con carácter de urgencia la asignación presupuestaria y de recursos humanos necesarios para implementar medidas concretas.

Algunas de esas medidas son asistencia económica a quienes atraviesan situaciones de violencia de género y a familiares de víctimas de femicidios; asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito; fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios locales para la asistencia temprana y de las organizaciones y redes sociales que actúan en el territorio; dispositivos electrónicos duales para agresores con recursos para su monitoreo; un registro único de denuncias contra agresores; protocolos de actuación y políticas de desarme en las fuerzas de seguridad para agentes con denuncias; y la aplicación de la Ley Micaela y de la Educación Sexual Integral, entre otras.

En los últimos días trascendió el caso de Guadalupe Curual, una joven de 21 años que fue asesinada por su expareja en Villa La Angostura, Neuquén. Según el Observatorio “Ahora que sí nos ven”, en lo que va del año 2021 se produjeron 49 femicidios, es decir uno cada 26 horas.

El debate sobre medidas de apoyo al turismo por las consecuencias de la pandemia del Covid-19 será retomado este martes a las 15, en una reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, que preside el radical Diego Mestre.

El pasado 7 de julio, el oficialismo logró alzarse con el dictamen de mayoría sobre un proyecto de Ramiro Fernández Patri (Frente de Todos) consensuado con el Ministerio de Turismo que crea un “plan de auxilio, capacitación, infraestructura y promoción” del sector.

Este programa contempla fondos adicionales para infraestructura, pero no así beneficios fiscales, ya que el oficialismo entiende que ese alivio llegará con la moratoria universal que también se está debatiendo en la Cámara baja.

Además, el proyecto establece que las personas que este año adquieran paquetes turísticos a ejecutar en 2021 dentro de Argentina, reciban un bono compensatorio del 50% de esa inversión para volver a utilizarlo en un servicio turístico.

Por su parte, Juntos por el Cambio se encolumna detrás de otro proyecto, encabezado por Gustavo Menna (UCR), que declara la emergencia turística de forma retroactiva al mes de marzo, y en ese marco fija varios beneficios impositivos, como la exención del impuesto al cheque.

En aquella reunión de la Comisión de Turismo, el proyecto del Frente de Todos reunió la mayoría de firmas gracias a dos apoyos provenientes de los interbloques presididos por Eduardo “Bali” Bucca (Interbloque Federal) y José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo).

El debate sobre medidas de apoyo al turismo por las consecuencias de la pandemia del Covid-19 será retomado el próximo martes a las 15, en una reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, que preside el radical Diego Mestre.

El pasado 7 de julio, el oficialismo logró alzarse con el dictamen de mayoría sobre un proyecto de Ramiro Fernández Patri (Frente de Todos) consensuado con el Ministerio de Turismo que crea un “plan de auxilio, capacitación, infraestructura y promoción” del sector.

Este programa contempla fondos adicionales para infraestructura, pero no así beneficios fiscales, ya que el oficialismo entiende que ese alivio llegará con la moratoria universal que también se está debatiendo en la Cámara baja.

Además, el proyecto establece que las personas que este año adquieran paquetes turísticos a ejecutar en 2021 dentro de Argentina, reciban un bono compensatorio del 50% de esa inversión para volver a utilizarlo en un servicio turístico.

Por su parte, Juntos por el Cambio se encolumna detrás de otro proyecto, encabezado por Gustavo Menna (UCR), que declara la emergencia turística de forma retroactiva al mes de marzo, y en ese marco fija varios beneficios impositivos, como la exención del impuesto al cheque.

En aquella reunión de la Comisión de Turismo, el proyecto del Frente de Todos reunió la mayoría de firmas gracias a dos apoyos provenientes de los interbloques presididos por Eduardo “Bali” Bucca (Interbloque Federal) y José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo).

Por Carolina Ramos

“Emergencia” o “plan de auxilio”: esa fue la disyuntiva que se expuso este martes en la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, donde se impuso la segunda opción. El proyecto del oficialismo para atender la crisis del sector por la pandemia del Covid-19 recibió dictamen de mayoría tras una extensa reunión virtual que contó con la participación de los actores involucrados.

Tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio y Unidad Federal para el Desarrollo coincidieron en el diagnóstico de la crisis que atraviesa la actividad, pero a la hora de la votación triunfó la propuesta del oficialismo, encabezada por el formoseño Ramiro Fernández Patri y acordada con el ministro Matías Lammens.

La clave estuvo en la definición de Ricardo Wellbach (Frente de la Concordia Misionero) y Alejandra Vigo (Córdoba Federal), quienes se inclinaron por el dictamen del oficialismo e hicieron la diferencia: el bloque mayoritario reunió 17 firmas contra 14 de la oposición.

Cornejo manifestó que “ambos despachos reconocen la situación de emergencia del sector y dicen que se requiere un Estado presente, pero no pudieron ser conciliados” a pesar de sucesivas reuniones con el ministro Lammens e incluso con el titular de la Cámara baja, Sergio Massa.

Ahora, el debate seguirá en otras dos comisiones, las de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia -que preside el radical Diego Mestre- y de Presupuesto y Hacienda -a cargo del oficialista Carlos Heller-.

Dos proyectos en pugna

Fernández Patri destacó que algunas de las medidas económicas tomadas por el Gobierno alcanzan al sector, como el programa ATP, que benefició al “77% de los prestadores turísticos y el 73% de los establecimientos gastronómicos”. Además, garantizó que el sector seguirá recibiendo esta asistencia hasta tanto dure la cuarentena.

El proyecto, explicó el formoseño, crea “un plan de auxilio, capacitación, infraestructura y promoción del turismo”, que estaría vigente desde la promulgación de la ley hasta el 31 de diciembre, con posibilidad de ser prorrogado por 180 días.

El diputado señaló que el texto contempla a todos los prestadores incluidos en la Ley Nacional de Turismo y agregó que “la parte impositiva va a quedar plasmada dentro de la moratoria” que propuso el Poder Ejecutivo en un proyecto de ley que fue enviado este martes al Congreso.

Asimismo, el proyecto contempla “fondos adicionales a los ATP para la infraestructura turística”, y crea un plan para que las personas que en este 2020 compren paquetes turísticos a ejecutar en 2021 dentro de Argentina, reciban un bono compensatorio del 50% de esa inversión para volver a utilizarlo en un servicio turístico.

“Estamos garantizando las preventas, que hoy ya se empiecen a generar transacciones económicas y que se empiece a facturar”, destacó Fernández Patri, y además dijo que se plantea un “régimen de devoluciones en un plazo de 18 meses posteriores al levantamiento de las medidas de aislamiento”.

Pero desde Juntos por el Cambio, Cornejo advirtió que en el proyecto del oficialismo “hay dos formas de ayudar al sector: una que propone apoyarlos para infraestructura sin un monto específico, y la promoción del consumo, que es un mecanismo absolutamente errado, porque el motor de la economía es la inversión, no el consumo”.

Además, el mendocino opinó que la moratoria propuesta por el Ejecutivo “no tiene nada que ver con lo que estamos hablando” y “no resuelve en lo más mínimo el problema del sector”.

El radical Gustavo Menna fue el encargado de detallar el dictamen de Juntos por el Cambio, que según resaltó, “recogió observaciones del sector”. El chubutense precisó en primer lugar que la actividad turística “emplea a más de 650.000 personas y constituye un complejo exportador importante, que aporta divisas por más de 5.400 millones de dólares”.

“Esta no es una ley de promoción: es una ley que tiene que apuntar a salvar a todos estos prestadores, porque sin empresas no vamos a poder salvar el empleo ni la actividad”, dijo, y explicó que el proyecto declara la emergencia por el término de un año contado desde el aislamiento social, prorrogable por seis meses más.

“No es lo mismo declarar la emergencia que no declararla: es la base constitucional para justificar las medidas excepcionales, sobre todo en el orden tributario”, consideró, y además indicó que la iniciativa no distingue en cuanto a la escala del prestador e incluye a todas las personas humanas y jurídicas contempladas en la Ley de Turismo. El proyecto opositor propone la emergencia retroactiva al mes de marzo.

Al repasar los aspectos principales, Menna mencionó la exención del pago de anticipos o pagos a cuenta del impuesto a las Ganancias; la exención del impuesto al cheque; la promoción del turismo nacional a través de un crédito fiscal imputable al pago de Ganancias; y un programa de asistencia al pago de salarios similar al actual programa ATP.

También se establece la suspensión de juicios de ejecución fiscal y se promueven acuerdos entre las partes para la reprogramación de viajes ya contratados, porque “necesitamos que los prestadores sobrevivan”.

La visión del sector

La reunión virtual inició con la exposición de representantes del sector y el primero fue Aldo Elías, de la Cámara Argentina de Turismo, quien planteó que reclaman esta ley “desde el 13 de marzo, cuando ya teníamos clara la situación que iba a atravesar nuestra actividad”.

Elías sostuvo que “el turismo es uno de los cuatros pilares sobre los cuales se tiene que asentar la recuperación de la Argentina” junto con la agricultura, la ganadería y la minería, y por esa razón llamó a “poner al turismo como política de Estado”.

El funcionario detalló que el turismo representa el cuarto complejo exportador de la Argentina, con entre 5.200 y 5.400 millones de dólares ingresados en 2019. Estimamos que de eso, van a ingresar solamente de 900 a 1.000 millones de dólares. Con esto podemos graficar la dimensión de las pérdidas”, explicó.

Al referirse al proyecto en cuestión, consideró que “el sector necesita una ley que tenga una vigencia nunca menor a un año”, y que además contemple a todos los sujetos comprendidos porque la actividad “está parada por completo”.

“No podemos avalar un proyecto que no contemple la totalidad de las empresas”, dijo, y en ese sentido pidió “no juzgar por su tamaño o cantidad de empleados”.

Gustavo Hani, de FAEVYT (Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo) sostuvo que desde el año pasado el sector ya venía afectado por una caída en el empleo y en la facturación, a lo que se sumó luego el Impuesto PAIS y finalmente, la pandemia.

Según Hani, en enero de 2020 se registró “un desplome en la venta de pasajes internacionales en un 52%”, y “en abril por primera vez en la historia la venta de pasajes arrojó números negativos” en Argentina, una caída que “a nivel mundial fue del 94%”.

“No podremos cumplir con nuestras obligaciones impositivas por lo menos por un año. La mayoría de las empresas se han endeudado para pagar salarios y gastos operativos. Está en sus manos poder salvar a las más de 5.600 agencias -de las cuales el 95% son pymes- y a las casi 25.000 familias que viven de la actividad de forma directa y las miles de personas que se benefician del turismo en cada pueblo o ciudad de nuestro país”, expresó.

Desde la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina (FEDECATUR), Héctor Viñuales coincidió en que “tenemos que salir cuando antes con una ley que pueda solucionar este problema inédito que estamos pasando” y propuso que en una futura moratoria, los primeros pagos sean de aquí a un año.

También expusieron Gabriela Fresno, de FEHGRA (Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina); Marcela López Ghitta, de la Cámara de Esquí y Montaña en Argentina; Carlos Pelli, de AAETAV (Asociación Argentina de Ecoturismo y Turismo Aventura) y Marcelo García, de la Asociación de Centros de Idioma (SEA), entre otros.

Se postergó en la Cámara de Diputados el debate sobre la declaración de la emergencia en el sector del turismo, uno de los más golpeados por la pandemia del Covid-19. La Comisión de Turismo, que preside el radical Alfredo Cornejo, tenía previsto reunirse este lunes para comenzar la discusión, pero el encuentro se suspendió en las horas previas.

Cornejo acordó con el ministro del área, Matías Lammens, tomarse más tiempo para unificar un proyecto que sea avalado por el Gobierno. “Se está trabajando en conjunto y hay un diálogo permanente. Vienen hablando desde hace varias semanas y el tema está encaminado”, explicaron fuentes consultadas.

Numerosos diputados de distintos distritos presentaron proyectos para declarar la emergencia económica, productiva, financiera, fiscal y laboral del sector turístico, proponiendo planes de contingencia, facilidades impositivas y otras medidas de apoyo económico ante la parálisis de la actividad.

Al respecto hay iniciativas de los oficialistas Gustavo Fernández Patri (Formosa), Silvana Ginocchio (Catamarca) y Andrés Zottos (Salta). Desde la oposición, presentaron propuestas Paula Oliveto (Pro-CABA), Gustavo Menna (UCR-Chubut), José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo-Mendoza), Marcelo Orrego (Producción y Trabajo-San Juan), Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino), Héctor Baldassi (Pro-Córdoba) y Diego Sartori (Fte. de la Concordia misionero), entre otros.

Los diputados nacionales Gustavo Menna (UCR-Chubut) y Alfredo Cornejo (UCR-Mendoza) presentaron un proyecto de ley para establecer un régimen de emergencia laboral, tributaria y financiera para las empresas del sector hotelero, gastronómico y turístico hasta el 31 de diciembre de 2020. La propuesta se fundamenta en el rol clave que la actividad tiene para el país, al emplear a unas 650 mil personas en toda la Argentina.

La iniciativa da lugar “a mecanismos excepcionales en materia laboral, tributaria y de asistencia crediticia a todos aquellas personas humanas o jurídicas que sean titulares de establecimientos hoteleros, gastronómicos y de agencias de viajes y turismo, y que revistan el carácter de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES)”.

En los fundamentos, los legisladores nacionales tuvieron en cuenta que existen unos 17.000 hoteles y 5.000 agencias de turismo en el país que, sumados a los locales gastronómicos, suman unos 50.000 establecimientos, y consideraron que “uno de los sectores más severamente afectados por las medidas adoptadas en orden a prevenir y evitar la propagación del coronavirus COVID-19 es sin dudas el vinculado al turismo”, ya que “la restricción a la circulación de personas y bienes se han traducido en una parálisis total de la actividad”.

Tras mencionar que el turismo “es el cuarto sector de la economía más intensivo en mano de obra, responsable de dar empleo a más de 650 mil personas a lo largo y ancho de la Argentina”, agregaron que “los hoteles se encuentran absolutamente cerrados, sin poder recibir huéspedes y los servicios de gastronomía otro tanto, a excepción de aquellos que pueden llevar adelante el servicio de delivery, que por supuesto es solo un paliativo y que además afronta dificultades para su desenvolvimiento en razón de las restricciones adicionales al derecho de circulación que han dispuesto muchas autoridades provinciales e incluso municipales”.

“Esto provoca -añadieron- que la mayor parte de los establecimientos deban hacer frente a sus obligaciones tributarias, salariales y con proveedores, sin tener ningún tipo de facturación y mucho menos ingresos”.

Por la importancia del sector “llama poderosamente la atención -explicaron- que las autoridades públicas nacionales con competencia en la materia no hayan acertado a diseñar una sola medida orientada a amortiguar el impacto de la crisis en un sector vital para el desarrollo del país y la generación de empleo”.

El proyecto de ley cuenta con la coautoría de los legisladores Ximena García (Santa Fe), Federico Zamarbide (Mendoza), Carlos Fernández (Buenos Aires), Roxana Reyes (Santa Cruz), Claudia Najul (Mendoza), Juan Martín (Santa Fe), Gerardo Cipolini (Chaco), ), Lorena Matzen (Río Negro), Natalia Villa (Buenos Aires) y Francisco Sánchez (Neuquén).

El bloque de diputados nacionales del Pro elaboró un paquete de cinco proyectos de ley para amortiguar el efecto negativo que la emergencia sanitaria y económica provoca en aquellos sectores aún fuera de los alcances de las medidas anunciadas por el gobierno nacional. Los aportes se inscriben dentro de la posición colaborativa que ha asumido la bancada opositora ante el coronavirus y comunicada al titular de la Cámara baja, Sergio Massa.

La iniciativa apunta a complementar las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo en las últimas horas, apoyar a los trabajadores independientes y las empresas particularmente afectadas por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

Los cinco proyectos de ley son de carácter extraordinario y su vigencia se formaliza en el plazo en el que rija el Aislamiento Obligatorio y tres meses a partir de la finalización del mismo para permitir la recuperación económica de los argentinos.

En materia tributaria, entre otras medidas, el Pro propone aliviar la carga tributaria de trabajadores independientes, MiPyMES y empresas en general afectadas por las restricciones decretadas. En este sentido, el proyecto que presentarán prevé:

1.      A los monotributistas de todas las categorías se los eximirá del impuesto durante los meses de abril, mayo y junio bajo el entendimiento de que constituyen uno de los grupos de trabajadores más afectados por las restricciones decretadas y representan en su conjunto, menos del 1% de la recaudación total de AFIP.

2.      A los autónomos, empresas y otros contribuyentes no considerados “esenciales”, junto con los contribuyentes de “sectores esenciales” que acrediten una reducción en sus ingresos del 30% en los últimos 6 meses, se los liberará del cómputo de los intereses por mora de todos los impuestos nacionales facilitándoles un plan de pagos de al menos 24 cuotas para el repago del capital, una vez finalizada la emergencia. Esta medida va acompañada de la suspensión por 180 días de las ejecuciones fiscales. Por último, se permitirá la reducción de anticipos de ganancias a partir del próximo vencimiento de la obligación.

3.      A los argentinos “varados” en el exterior, se les deberá devolver el impuesto “PAIS” abonado durante su permanencia involuntaria en el exterior.

En materia crediticia, se declara a los servicios bancarios como “servicio esencial” -por tanto exceptuado de las restricciones- y se plantea la reforma de manera transitoria de la Carta Orgánica del Banco Central para que los bancos puedan ofrecer por cuenta y orden directa del Central dos líneas de crédito destinadas al sostenimiento del empleo y la normalización de la cadena de pagos. En materia de empleo, los créditos se otorgarán por un monto equivalente a 20.000 pesos por trabajador, estarán garantizados por el BCRA y tendrán como destinatarios a los empleadores que acrediten una reducción de ingresos superior al 30% en términos reales en los últimos seis meses. Las condiciones estarán fijadas por el BCRA y tendrán un período de gracias no inferior a 6 meses. Para normalizar la cadena de pagos se propicia la refinanciación automática de los cheques impagos entre el 19 de marzo de 2020 y el 31 de marzo de 2020.

En materia laboral, se amplía el Programa REPRO a los efectos de asistir a todos los empleadores que demuestren una reducción sustancial en sus ingresos superior al 30% en términos reales del promedio de los últimos seis meses. Asimismo, se eleva la ayuda económica mensual hasta mayo de un monto equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles por seis meses. La iniciativa impulsa, también, extender por el “ingreso familiar de emergencia” de 10.000 pesos durante los meses de abril, mayo y junio. También se propicia la suspensión de emergencia de aportes solidarios y sindicales hasta 90 días luego de finalizado el período de Aislamiento Obligatorio y la suspensión del pago de cotizaciones de ART por el término de las restricciones para aquellos trabajadores afectados.

En materia tarifaria y servicios públicos, se pone el foco en trabajadores autónomos, monotributistas y MiPYMes, ampliando los sujetos sobre los que se prohíbe el corte de los servicios públicos por el plazo que se mantenga la emergencia. Respecto de las deudas acumuladas, se impulsa un prorrateo de seis meses con una tasa no superior al 20% anual.

Finalmente, en materia de austeridad fiscal del Estado nacional, se impulsa una reducción del 30% de los salarios de los tres poderes del Estados de los funcionarios con altos ingresos, durante el tiempo de duración de la cuarentena, prorrogable por tres meses. La medida afectaría el recorte a funcionarios de organismos descentralizados, entes autárquicos, empresas públicas y otros entes públicos nacionales. Por otra parte, se promueve la reducción del 25% de los rubros del Presupuesto Nacional destinados a actividades que no estén vinculadas directa o indirectamente a la crisis sanitaria.