A través de un proyecto de ley, la radical Gabriela Valenzuela argumentó que “es necesario que se coordine a nivel nacional con las provincias los pasos a seguir para frenar la epidemia”.
La senadora nacional Gabriela Valenzuela (UCR – Corrientes) presentó un proyecto de ley para que se coordinen acciones de prevención, información y aprovisionamiento de insumos dirigidas a reducir el impacto de la epidemia de dengue, chikungunya y zika en la población.
Visto que durante 2024 se contabilizaron 106 muertes por el virus y 19 de las 24 jurisdicciones nacionales tienen circulación autóctona, la radical considera de suma importancia declarar la emergencia epidemiológica nacional por el plazo de 12 meses.
Al respecto la legisladora sostuvo que “la salud de la población es una prioridad, debemos aunar esfuerzos para frenar esta epidemia. Es necesario que se coordine a nivel nacional con las provincias los pasos a seguir para frenar la cantidad de casos y por supuesto cuidar la vida, ya que hay 106 muertes víctimas de esta epidemia. Una tarea indispensable es llevar tranquilidad a las familias con prevención y concientización”.
En el marco de la que sería la primera sesión especial del período ordinario, hay intentos por sumar un tema de máximo interés por estos días.
La crisis de seguridad que se vive en la provincia de Santa Fe ha puesto a ese distrito en el centro de atención de todo el país. Y el Congreso, como caja de resonancia que es, no podía ser la excepción.
Es así que en las últimas horas se presentaron proyectos de ley para declarar la emergencia en seguridad ante la situación generada por la actividad de los narcos, y según pudo saber parlamentario.com, tratarán de debatirlos sobre tablas este mismo miércoles en el recinto.
Por parte del radicalismo, el diputado santafesino Mario Barletta presentó este lunes un proyecto de ley para exigir la declaración de emergencia en seguridad en la provincia de Santa Fe, hasta el 31 de diciembre de 2024, tras los asesinatos y la violencia callejera registrada en la ciudad de Rosario.
El texto señala que el plazo podrá ser prorrogado por el Congreso de la Nación por un año como máximo. También, propone fortalecer “la actuación de las Fuerzas Federales de Seguridad en la investigación, prevención y lucha de los delitos complejos y el crimen organizado; la producción y tráfico de estupefacientes”. Y agrega que también está previsto para enfrentar “la corrupción de niños, niñas y adolescentes, terrorismo, las privaciones ilegítimas de la libertad agravadas, los delitos aduaneros, los secuestros extorsivos y la trata de personas”.
El proyecto fue acompañado con la firma de la vicepresidenta del bloque radical Karina Banfi y los diputados nacionales Julio Cobos, Gerardo Cipollini, Pamela Varasay, Soledad Carrizo, Roberto Sánchez y Francisco Monti.
El radicalismo pediría este miércoles tratar el tema sobre tablas, lo mismo que el socialismo, que también presentó su propio proyecto sobre el tema.
“Hace dos años que venimos pidiendo fortalecer la seguridad porque la situación en Rosario es insostenible, lo pudieron comprobar esta semana. La ciudad siempre combatió el problema en soledad y los recursos son insuficientes”, aseguró Mónica Fein, exintendenta de la ciudad y actual legisladora socialista.
El proyecto contempla la generación de un fondo especial, proveer tecnología y equipamiento acorde, y la creación de una Junta de Emergencia de Seguridad, integrada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Ministerio de Seguridad, Provincial, el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe y cada una de las autoridades locales del Departamento Rosario. “Es fundamental que el comité de crisis también lo integre el Poder Judicial para trabajar mancomunadamente y coordinar las acciones”, fundamentó Fein.
A su vez la propuesta implica el fortalecimiento de la Justicia Penal Federal, con la inmediata implementación en la jurisdicción de Rosario del nuevo Código Procesal Penal Federal, y la disposición por parte del Ejecutivo Nacional de los recursos necesarios para tal fin.
“En Santa Fe, siendo gobierno, impulsamos una reforma profunda de la justicia para juzgar más rápidamente a los responsables de la violencia y el terrorismo urbano. Así es como logramos condenar y meter presos a los cabecillas de las bandas narco. Este tema requiere seriedad.”, manifestó por su parte el otro diputado socialista, Esteban Paulón, también santafesino como Fein.
Cabe destacar que Rosario es una de las ciudades con mayor índice de violencia del país. En la última semana la ciudad fue blanco de asesinatos que tuvieron como víctimas a civiles en su ámbito laboral.
La legisladora le acercó inquietudes sobre la situación de las comunidades originarias de la provincia, la provisión de alimentos para comedores y merenderos y el programa Banco de Herramientas
“Salta es una de las provincias que más apoyo recibe desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación”, sostuvo la ministra de la cartera, Victoria Tolosa Paz durante una reunión con la senadora nacional Nora Giménez y agregó que es “prioridad atender la emergencia sociosanitaria de los departamentos de Orán, Rivadavia y San Martín”.
En el encuentro de trabajo entre la ministra y la senadora analizaron la situación social de la provincia y el acompañamiento que realizan para dar soluciones a ciertas temáticas, en donde se destaca el Programa Unir y la Mesa que coordinan con otros ministerios para atender la emergencia sociosanitaria, que afecta a comunidades del norte en donde residen varias comunidades originarias.
Al encuentro se sumó, la subsecretaria de Asistencia Crítica, Carmen Flores quien comentó los avances que se están efectuando en torno a la sexta vuelta del refuerzo alimentario con 30 mil bolsones, el desarrollo de vallas de contención previo a la época de tormentas para los municipios del norte y un apoyo extra focalizando en alrededor de dos mil casos en riesgo de niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.
La legisladora salteña planteó también las inquietudes que recibe de decenas de comedores y merenderos a lo largo y ancho de la provincia, que no cuentan con recursos suficientes para atender las demandas alimentarias de las poblaciones a las que asisten. Para ello pidió un refuerzo de partidas que contemple el impacto de la inflación y un envío más fluido de mercadería destinada a la alimentación de grupos vulnerables.
Ante Tolosa Paz la senadora salteña defendió el Programa Banco de Herramientas que lleva adelante el Ministerio, y señaló que se trata de una política probada para sacar de la pobreza a cabezas de familia que, contando con formación o experiencia en oficios, no pueden acceder al mercado formal de trabajo o a la posibilidad de trabajar “por cuenta propia” por falta de herramientas o equipos de trabajo. En ese sentido, pidió incrementar las partidas destinadas a este fin.
La legisladora y la ministra dialogaron además de las informaciones periodísticas que daban cuenta que miles de beneficiarios que supuestamente cobran el Potenciar Trabajo teniendo propiedades, habiendo comprado dólares e incluso habiendo estado fallecidos. La funcionaria explicó que el informe estadístico en el que se basa esas afirmaciones fue malinterpretado, en su opinión con la intención de estigmatizar a los pobres en Argentina. Adelantó además que la semana próxima se inicia un proceso de autogestión digital a través del cual todos los trámites requerirán una validación a través de datos biométricos.
Finalmente, Giménez pidió a la ministra apoyo para concretar obras en diferentes barrios y comunidades de la provincia.
Será este miércoles desde las 16 en una reunión de la Comisión de Transponte de la Cámara baja en la que también analizarán la prórroga del vencimiento del plazo para circular para vehículos que presten servicio de autotransporte de pasajeros.
La Comisión de Transporte de la Cámara baja, presidida por el jujeño radical Jorge Rizzotti, se reunirá este miércoles a las 16 para retomar el debate por los subsidios al transporte público de pasajeros por automotor, urbano y suburbano del interior del país del interior y declarar la emergencia.
Sin invitados a exponer, diputados también se abocarán a debatir en la Sala 3 modificaciones a la Ley 24.449 sobre la prórroga del vencimiento del plazo para circular para vehículos que presten servicio de autotransporte de pasajeros, un tema que surgió del último encuentro que mantuvieron.
Esta será la segunda reunión que se realiza con el objetivo de arribar a una solución a dicho problema. En el encuentro anterior, que se celebró el 14 de junio, se estimaba contar con la presencia del ministro de Transporte, Alexis Guerrera, pero por “problemas de agenda” no pudo asistir y, en su lugar, fueron funcionarios de la cartera y las autoridades de COFETRA.
En la misma, desde el Ministerio de Transporte de la Nación señalaron que el problema empezó con el Consenso Fiscal firmado en 2018 durante la gestión de Mauricio Macri entre gobernadores e intendentes. Por el contrario, desde COFETRA hicieron hincapié en la “asimetría entre el AMBA y el interior”, y plantearon la disparidad de precios del combustible.
Las provincias reclaman que el reparto es muy desigual respecto al AMBA (Ciudad y Conurbano bonaerense), que concentra entre el 85% y 87% de los subsidios, dejando entre un 15% y 13% a repartir entre las distintas jurisdicciones.
En el AMBA, donde las tarifas no se actualizan desde 2019, el boleto inicial es de 18 pesos, mientras que en las provincias van de los 24 hasta los 80 pesos, dependiendo también de los propios recursos que los distritos destinen a este sector.
La Cámara alta tratará este jueves la prórroga de emergencia que evita desalojos de tierras indígenas.
El Senado tratará este jueves el proyecto de ley que prorroga por cuatro años la emergencia territorial indígena y evita los desalojos, durante una sesión ordinaria que será la segunda en forma presencial tras marzo de 2020.
En la segunda sesión con presencialidad plena desde que se desbloquearon las restricciones dispuestas por la pandemia de coronavirus, los senadores acordaron discutir una propuesta de la senadora salteña Nora Giménez (Frente de Todos) que propone una nueva prórroga de la ley 26.160 aprobada en 2006.
En una reunión de Labor Parlamentaria realizada este mediodía, los jefes de los bloques parlamentarios del Senado acordaron incluir en el temario de la sesión la prórroga que recibió dictamen de comisión a fines de septiembre y cuyo vencimiento es el 23 de noviembre.
La iniciativa pasó a la firma el 28 de septiembre último con aval del oficialismo pero no del bloque opositor, que adoptó esa postura en protesta por la falta de reuniones presenciales que luego comenzaron a desarrollarse.
El proyecto dispone que en los cuatro ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad, se deberá asignar al Fondo Especial creado por la misma norma una suma de 290 mil millones de pesos.
“Si no se aprueba la extensión nos vamos a quedar sin ninguna herramienta, sin ningún instrumento legal que nos permita evitar los desalojos”, señaló la senadora Giménez durante el debate en comisión.
Y a gregó que todavía no se completaron los relevamientos sobre estas tierras y que “actualmente las comunidades indígenas llegan casi a 1700”.
El oficialismo busca sumar voluntades con las modificaciones a la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo. Los cambios ya son analizados en la Rosada. Se prevé sea debatido en sesión especial este jueves.
El bloque de senadores del Frente de Todos, presidido por José Mayans, acordó este lunes introducirle varios cambios al proyecto de ley del Poder Ejecutivo a fin de definir criterios básicos epidemiológicos para establecer las medidas sanitarias que mitiguen la pandemia de coronavirus.
Las modificaciones fueron enviadas a la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno nacional para terminar de cerrar los principales planteos ante la iniciativa.
Desde la bancada oficialista afirmaron que los temas que cambiarán respecto del documento que inicialmente envió el Poder Ejecutivo son básicamente dos: la suspensión de clases y la incorporación de un plazo legal para la finalización de las restricciones.
Esos cambios habían sido adelantados por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez durante el plenario de comisiones que se llevó a cabo la semana pasada y que finalizó con la firma del dictamen.
Allí, el abogado había sugerido modificar el artículo 21 del proyecto, que hace mención a la suspensión de la actividad escolar en forma presencial cuando un distrito se encuentre en “situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria”.
La redacción original establece que, en esos casos, se suspenden las clases presenciales y que, luego, el Poder Ejecutivo podrá discutir con los gobernadores afectados por la situación una “morigeración” de la medida.
La sugerencia es invertir la situación y que cualquier medida restrictiva deba ser consensuada con los responsables distritales, previamente.
El oficialismo pretende, de ese modo, esquivar el alcance del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó sin aval la decisión del Gobierno nacional de ordenar la suspensión de clases presenciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Otro de los puntos que ofreció dudas desde el punto de vista constitucional fue el artículo 33, el anteúltimo del proyecto, que establece que la ley entrará en vigencia el sábado 22 de mayo y regirá “mientras se encuentre vigente la emergencia pública en materia sanitaria, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con relación a la Covid-19”.
El borrador que se le alcanzó al Poder Ejecutivo modifica esa redacción y le incorpora un “plazo cierto” hasta el 31 de diciembre de este año.
“Desde el punto de vista constitucional ese podía ser un problema”, destacaron los voceros.
También se eliminará del proyecto la mención a los gobernadores y al jefe de Gobierno porteño como “delegados” del Ejecutivo nacional y se los considerará como “agentes del Gobierno federal”.
Por otro lado, se descartó la posibilidad de incluir un artículo que permitiría a las provincias “adherir” a la ley, en lugar de que estén obligadas a acatarla.
La propuesta había sido sugerida por el presidente de la Comisión de Salud del Senado, el radical Mario Fiad, en consonancia con su gobernador, Gerardo Morales, y la postura de otros mandatarios de Juntos por el Cambio.
Desde el oficialismo afirmaron que la oposición no elevó ninguna propuesta y que esa idea era una “locura”, porque dejaba en la cabeza de las provincias si toman o no decisiones para combatir la pandemia.
El proyecto, en principio, será llevado al recinto de sesiones este jueves 20 de mayo en una sesión especial que se prevé muy extensa.
El plan es que, una vez aprobado, el proyecto sea girado a la Cámara de Diputados para una rápida sanción, ya que debería comenzar a regir antes del 22 de mayo, cuando pierde vigencia el último Decreto de Necesidad y Urgencia emitido por el presidente Alberto Fernández, que estableció nuevas restricciones para todo el país en las últimas tres semanas.
El Frente de Todos tiene los votos suficientes para aprobarla y ya sabe que no contará con el apoyo de Juntos por el Cambio ni de algunos aliados del oficialismo, como Juntos Somos Río Negro.
En las exposiciones en el plenario de comisiones en el Senado hubo casi una voz unánime de los especialistas de la Salud: restricciones sí. Sin embargo, la suspensión de las clases presenciales no tiene una unanimidad.
Diferentes médicos especialistas en distintas áreas expusieron esta tarde en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud del Senado, sus posturas respecto a la situación sanitaria en el país generada por la pandemia y el proyecto de ley propuesto por el Gobierno nacional para establecer criterios epidemiológicos para tomar medidas a fin de mitigar los casos de coronavirus.
Con matices, los especialistas coincidieron en resaltar las virtudes de las políticas restrictivas que se aplican en Argentina desde marzo del año pasado y hasta más de uno de los profesionales pidió que se profundicen al advertir la realidad en la que se encuentran el sistema sanitario, en especial, las salas de terapia intensiva ante la segunda ola de contagios.
El investigador del Conicet Guillermo Durán mencionó un estudio que se hizo en el último mes que demostró que “hay un descenso de la curva de casos confirmados, pero que fue más pronunciado en el conurbano”.
“Las medidas restrictivas de mediados de abril que hicieron que en el conurbano se suspendieran las clases presenciales generó un descenso más pronunciado de casos que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se mantuvieron las aulas abiertas”, afirmó.
En cambio, el médico Roberto Debbag, presidente de la Sociedad Interamericana de Infectología Pediátrica, aseguró que “la restricción de la presencialidad” impacta “en los niños que tienen menos recursos”.
Además, opinó que “las provincias tienen que tener testeos con un índice por debajo del diez por ciento para saber si deben o no avanzar en lo restrictivo”.
En cambio, el médico intensivista Arnaldo Dubin, jefe de Terapia Intensiva del Sanatorio Otamendi, aseguró que “lo único que va a ser efectivo son las restricciones”.
“Estamos viviendo una situación de colapso sanitario y no tenemos que esperar a que los pacientes que se mueran en las calles”, remarcó.
En un tratamiento express, el Frente de Todos logró firmar dictamen del proyecto de ley enviado por el Gobierno nacional para regular las restricciones sanitarias por la pandemia. Analizan aceptar cambios. La oposición no acompañó.
Luego de escuchar el informe de funcionarios del Gobierno nacional durante 4 horas y la opinión de médicos y abogados especialistas, los senadores del oficialismo miembros de las comisiones de Salud y de Asuntos Constitucionales lograron esta tarde reunir las firmas necesarias para que la iniciativa que regula las restricciones sanitarias por la pandemia tenga dictamen favorable y pueda ser tratada la próxima semana.
La iniciativa, que no tuvo modificaciones, fue rubricada solamente por el bloque oficialista del Frente de Todos, en tanto que el interbloque de Juntos por el Cambio y uno de los aliados del oficialismo, Juntos Somos Río Negro, decidieron no acompañar el proyecto.
El expediente será debatido la próxima semana en el recinto de sesiones con la intención de que rápidamente sea girado a Diputados para que sea convertido en ley antes del 22 de mayo, cuando el actual Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente Alberto Fernández sobre restricciones para contener la pandemia pierda vigencia.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun (FdT), planteó: “No queremos que sea el Senado de la Nación el que atrase la sancionar este proyecto de ley que se transforma en una herramienta central para defender y salvar la vida”.
La propuesta del Frente de Todos, expresada por la senadora Sacnun, fue pasar a la firma el dictamen que logró ser de mayoría “con el compromiso de seguir trabajando junto a los funcionarios nacionales y los diputados para analizar las propuestas que se realizaron para introducir modificaciones”.
“La premura no tiene que ver con imponer tiempos o plazos sino que queremos dotar al gobierno de una herramienta que establezca parámetros claros de como actuar y que sea el propio Poder Legislativo el que se los otorgue”, agregó.
Por su parte, el jefe de bloque del Frente de Todos de la Cámara alta, José Mayans, afirmó que “el Parlamento tiene que actuar así de forma inmediata porque no puede demorarse más este tema que es realmente importante”.
El dato clave político fue la postura adelantada por el senador rionegrino Alberto Weretilneck, habitualmente aliado del Gobierno, que adelantó su rechazo al exponer durante el debate. Weretilneck sostuvo que “esta ley no va a resolver los problemas que tenemos hoy. Y la pandemia va a seguir judicializada por lo que vemos que esta ley es en respuesta al fallo de la Corte. Tenemos que volver al camino del consenso entre el presidente y los gobernadores”.
A pesar del rechazo de Juntos por el Cambio, el bloque opositor mayoritario, el presidente de la Comisión de Salud, Mario Fiad (UCR), mencionó que “esta Ley se podría llegar a salvar en lo constitucional si fuera de adhesión y no de orden público”, en el mismo sentido que lo expresado por los gobernadores radicales de Mendoza, Rodolfo Suárez; y de Jujuy, Gerardo Morales.
Tras la defensa del Poder Ejecutivo a la iniciativa, especialistas constitucionales expusieron en un plenario de comisión del Senado. La constitucionalidad, la autonomía de las provincias y las clases presenciales, los principales puntos de discusión.
El plenario de las comisiones de Salud y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores continuó este miércoles por la tarde con el tratamiento del proyecto oficialista que prevé establecer “los parámetros epidemiológicos y sanitarios regulatorios de la emergencia Covid-19” con la opinión de abogados constitucionalistas que se diferenciaron entre apoyos a la iniciativa del Gobierno y otros que fueron críticos.
Luego de 4 horas de exposición de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, el plenario virtual volvió del cuarto intermedio a las 14.15 con la exposición de los letrados constitucionalistas Mariano Bar, Roberto Gargarella, Alejandro Fargosi, Domingo Rondina, Daniel Sabsay, Felix Lonigro y Andrés Gil Dominguez.
El primero en tomar la palabra fue el constitucionalista Bar que defendió el proyecto al considerar que “la delegación legislativa propiamente dicha, pareciera una delegación mínima, que también crea un acierto al proyecto”.
Además, agregó: “Considero que es así porque la mayoría de los supuestos que podemos enfrentar y las medidas a adoptar ya vienen dados por el propio texto de la ley”.
A propósito de las críticas que tildan la iniciativa de inconstitucional, Bar argumentó que “la relación en términos abiertos de los conceptos o las bases de la delegación legislativa no son suficientes para desacreditar la legalidad o la inconstitucionalidad del proyecto, porque lejos de ser una carta en blanco a mayor amplitud a la redacción también va a ser más restrictiva la interpretación”.
“Una situación de emergencia siempre habilita la opción de remedios que en condiciones de normalidad podrían llegar a no ser válidos. No quiere decir que las situaciones de emergencia quedan a la arbitrariedad del Ejecutivo, siempre están sometidas a criterios de razonabilidad y control, pero sí que se admite una cierta diferencia en las medidas que pueden tomarse en contextos de emergencia”, señaló el abogado.
A diferencia de Bar, el constitucionalista Roberto Gargarella sentenció al comienzo de su exposición: “Tengo muchos problemas con el proyecto”.
Uno de sus cuestionamientos fue sobre el texto de la Constitución acerca de cómo actuar en situaciones de emergencia y, al respecto, consideró que “hay un problema interpretativo”.
Para Gargarella, “el texto de la constitución en estas materias es extremadamente claro”. Por un lado, aseguró que “el primer criterio constitucional es de repudio a los DNU, pero no porque lo diga yo, es el texto claro de la Constitución que dice, en principio, que los DNU son nulos, de nulidad absoluta e insanable. Y en ese sentido es muy extrema la Constitución. Es el lenguaje de la Constitución”.
En el mismo sentido, siguió con las facultades delegadas. “Están prohibidas”, declaró. “La Constitución las repudia, y lo hace bien, y yo creo que es una medida de sentido común democrático, que estas cuestiones deben ser decididas colectivamente en el Congreso”, sostuvo el expositor.
En el mismo sentido que Gargarella, el abogado Alejandro Fargosi fue tajante en su crítica: “Con este proyecto está en juego la libertad, para lo que existe como garantía nuestra Constitución. También está en juego la autonomía de las provincias”, remarcó.
Entre otros de los puntos del proyecto que cuestionó, mencionó que “se menoscaba la garantía penal porque en el proyecto se crean nuevas figuras penales que están vagamente definidas por una conducta que sería delictiva hasta no lavarse las manos correctamente”.
Por su parte, el abogado constitucionalista Domingo Rondina sostuvo que “los DNU dictados por el presidente han sido de forma correcta” y además resaltó que sea el mismo Poder Ejecutivo el que envió el proyecto de ley porque “es un buen gesto porque se esté regulando, se está limitando en su accionar”.
Ante la polémica sobre si el proyecto es inconstitucional y si otorga mayores facultades al Ejecutivo, Rondina aseveró: “No puede decirse jamás que es un proyecto con delegaciones de super poderes”.
“En estos casos de pandemia, está recomendado que el ejercicio sea por el Ejecutivo y que sea controlado por el Congreso al igual que sucede con un DNU”, agregó. En esa línea, Rondina sostuvo que “ante una emergencia, este esquema es el más democrático posible porque da previsibilidad”.
En tanto, el constitucionalista Daniel Sabsay expuso su posicionamiento contrario al proyecto del Ejecutivo y planteó que “esta iniciativa de ley es contraria al artículo 29 que habla de la prohibición de la suma de poder público” e insistió: “Este es un proyecto de ley de delegación de facultades que supera de manera grosera el marco constitucional contemplado en los arts 76 y 29 de la Constitución Nacional”.
Al finalizar, Sabsay aseguró que “una ley que dispone restricciones arbitrarias sobre derechos y le concede al Poder Ejecutivo nacional la autoridad de imponerlos, desconociendo las autonomías, es inconstitucional”.
“Tambien lo serán los decretos que dicte el Presidente haciendo uso de esas facultades”, cerró.
A su turno, el abogado Félix Lonigro sostuvo que “este proyecto no purga la inconstitucionalidad del DNU del Ejecutivo porque la Corte determinó que es un problema de violación de autonomías locales”.
“El Congreso tampoco tiene la potestad de violar esas autonomías”, sentenció.
En tanto, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez también afirmó que “no hay delegación en el corazón de la ley”, aunque luego admitió que “es una mini delegación que se le otorga al Presidente cuando se llegue a una alta intensidad de afectación del virus”.
“En base a proteger el acceso a la salud, se le otorga al Presidente la capacidad de asumir medidas más restrictivas, previa consulta con los gobernadores, previo informe de la autoridad sanitaria competente y por el término de 21 días”, declaró.
La iniciativa enviada por el Gobierno nacional para que el Presidente tenga la facultad de adoptar medidas adecuadas para cada región recibió el aval de los legisladores neuquinos del Frente de Todos.
La senadora nacional Silvia Sapag y el diputado nacional Guillermo Carnaghi avalaron el proyecto de ley de Emergencia Covid que envió a la cámara alta el presidente Alberto Fernández.
Antes de que inicie el tratamiento de dicha iniciativa oficialista en el Senado, Sapag consideró: “El Estado está obligado a ayudar, preservar y proteger la vida de los habitantes”.
“Cuando digo Estado no solamente digo el Poder Ejecutivo nacional sino también a los gobernadores y gobernadoras de las jurisdicciones federales de todo el país, y al jefe de CABA”, aclaró a través de un comunicado.
Sobre el proyecto, señaló que “se establecen los parámetros para determinar cuándo hay un riesgo epidemiológico y sanitario bajo, medio o alto, de esta forma toda la población va a tener conocimiento de cuál es la situación de su lugar para ir tomando las medidas acordes a lo establecido en este proyecto de ley”.
Con respecto a las situaciones de las provincias, la senadora destacó que esta iniciativa de ley “le otorga atribuciones al Poder Ejecutivo nacional para, por ejemplo, mandar a Neuquén médicos terapistas de ser necesario, respiradores, dinero, vacunas a Neuquén y a todo el país”.
Por su parte, Carnaghi hizo referencia a la particular situación neuquina y expresó que “después del conflicto de salud, se persigue a los trabajadores con sumarios y causas, en vez de apoyarlos para que puedan hacer su tarea de la mejor manera posible”.
Asimismo, aseguró que con este proyecto de ley el Gobierno nacional podrá “adoptar medidas claras, ordenadas y previsibles en todo el territorio nacional y con aprobación del Congreso”.
Tras la firma del decreto que encabezó el presidente en Casa Rosada, la norma se publicó en el Boletín Oficial. También se promulgaron este miércoles otras dos leyes.
Luego que el presidente Alberto Fernández firmara el decreto de promulgación, durante un acto en Casa Rosada, se publicó este miércoles en el Boletín Oficial la Ley 27.617 de reforma del impuesto a las Ganancias.
A partir de este cambio, se eximirá a 1.267.000 trabajadores y jubilados de pagar el tributo. La ley fija en 150.000 pesos brutos el nuevo piso a partir del cual comenzará a pagarse el impuesto, un monto que será actualizado anualmente en base al índice de variación salarial (RIPTE).
La norma incorpora una serie de beneficios, entre los que se destaca la retroactividad al 1ro. de enero; la exención del aguinaldo y de horas extra del personal de salud, así como de los gastos de guardería; y la deducción del concubino y de hijos con discapacidad, entre otros.
Por otra parte, el Poder Ejecutivo también promulgó la Ley 27.618, que establece un alivio a monotributistas que pasan al régimen general. Asimismo, se atiende la situación de aproximadamente 25.000 personas que fueron excluidas del monotributo de forma automática por la AFIP y no fueron notificadas, ya que el sistema se encuentra suspendido desde septiembre de 2019.
Como consecuencia de esa suspensión, esos contribuyentes acumularon deudas difíciles de afrontar, razón por la cual ahora se proponen diferentes medidas, tomando como causal de exclusión las ventas.
Así, aquellos contribuyentes con facturación excedida en hasta un 25% tendrán la opción de mantenerse en el monotributo por el período 2021.
En tanto, quienes tengan una facturación excedida en más del 25% y que pasaron voluntariamente al régimen general -sin esperar que la AFIP los detecte y los excluya- tendrán una deducción del IVA del 50% en el primer año, del 30% en el segundo y del 10% en el tercero.
Finalmente, se oficializó la Ley 27.616 que declara zona de desastre y de emergencia ambiental, económica, social y productiva al departamento de Cushamen, en Chubut, y a El Bolsón, Río Negro, debido a los incendios forestales de los últimos meses.
La norma, sancionada por unanimidad en la Cámara de Diputados el pasado 27 de marzo, faculta al Poder Ejecutivo a brindar asistencia financiera especial para las actividades económicas damnificadas a través del otorgamiento de créditos con tasas de interés bonificadas en un 25% en las zonas declaradas en emergencia económica y social, y en un 50% en las zonas de desastre “sobre las vigentes en plaza”.
También se dispone la unificación de las deudas que mantengan las explotaciones afectadas con cada institución bancaria interviniente; y la suspensión temporaria de “juicios y procedimientos administrativos por cobros de acreencias vencidas con anterioridad a la emergencia o desastre”.
Otra de las medidas enumeradas es la asistencia técnica y financiera a través de “aportes no reembolsables para gastos de reparación de viviendas y de inversión y operación para recomponer la capacidad productiva”.
Se faculta también a la AFIP y a la ANSeS a instrumentar regímenes especiales de pago y medidas impositivas especiales, como la prórroga del vencimiento del pago de los impuestos que graven el patrimonio, los capitales o las ganancias de las explotaciones afectadas; y la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal para el cobro de los impuestos adeudados.
La Cámara de Diputados aprobó, en un trámite exprés y por unanimidad, el proyecto avalado en el Senado este mismo jueves. Beneficia al departamento de Cushamen, en Chubut, y a El Bolsón, en Río Negro.
En un trámite exprés, la Cámara de Diputados convirtió en ley este sábado el proyecto que declara zona de desastre y de emergencia ambiental, económica, social y productiva al departamento de Cushamen, en Chubut, y a El Bolsón, Río Negro, debido a los incendios forestales de los últimos meses.
La iniciativa, que había sido avalada en el Senado este mismo jueves, fue incorporada al temario de Diputados sobre tablas y finalmente recibió aprobación unánime, con la presencia en el recinto del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostentable, Juan Cabandié.
El proyecto fue impulsado por el senador oficialista Alfredo Luenzo y acompañado por sus pares de Chubut y Río Negro, y declara la emergencia por el término de 180 días prorrogables por el Poder Ejecutivo.
Paralelamente, los diputados Ignacio Torres (Pro) y Gustavo Menna (UCR) solicitaron tratar sobre tablas otros proyectos sobre asignación de aportes del Tesoro Nacional y pedidos de informes, pero en esos casos el Frente de Todos no acompañó.
“Los argentinos perdimos miles de hectáreas de bosques nativos, pero lo más importante es que hay más de 300 familias que perdieron absolutamente todo”, lamentó Torres, y destacó que “en estos momentos de crisis florece lo mejor de los argentinos, que es la solidaridad, y esto se vio con toneladas de donaciones”.
El legislador pidió: “Tomemos la responsabilidad institucional de, de una vez por todas, sobrevolar la maldita grieta, por lo menos en situaciones críticas como las que estamos viviendo. La política es más que solidarizarse por Twitter, es estar cerca de la gente”.
Torres agregó que “si bien los incendios están controlados, la situación sigue siendo muy difícil”.
A su vez, Menna relató que “el 8 de marzo se desató un incendio en la zona de El Maitén, en Chubut; al día siguiente se desató otro en Cholila, y por la tarde en la zona de Las Golondrinas, en Lago Puelo, que rápidamente se propagó por Cerro Radal y también involucró a El Hoyo”.
Menna contó que recorrió la zona junto a su par de bloque Brenda Austin, y se notificaron de que “las autoridades municipales de Lago Puelo tenían relevadas 421 viviendas totalmente destruidas, arrasadas por el fuego, y más de 20 en El Hoyo”.
El diputado advirtió que además de los daños materiales y las familias damnificadas, “este incendio se ha cobrado tres vidas humanas “.
De paso, aprovechó para criticar la respuesta del Gobierno nacional: “Estas 17.000 hectáreas afectadas y los incendios que el año pasado se cobraron un millón de hectáreas también revelan una gestión deficiente del Plan Nacional del Manejo del Fuego. Hubo una subejecución del 30% de las partidas el año pasado, e increíblemente se bajaron las partidas para el Plan en el Presupuesto 2021”.
Por su parte, Austin destacó que la declaración de emergencia “busca medidas concretas de asistencia, tanto en la ampliación de los fondos para la cobertura de planes sociales; la asistencia financiera especial a través de la banca pública y privada; y aportes no reintegrables tanto para viviendas como para actividades productivas”.
“Es de especial importancia mirar el mapa completo y ayudar a reconstruir una economía absolutamente dañada y a pobladores que han perdido sus viviendas”, dijo la cordobesa.
La iniciativa sancionada faculta al Poder Ejecutivo a brindar asistencia financiera especial para las actividades económicas damnificadas a través del otorgamiento de créditos con tasas de interés bonificadas en un 25% en las zonas declaradas en emergencia económica y social, y en un 50% en las zonas de desastre “sobre las vigentes en plaza”.
También se dispone la unificación de las deudas de las deudas que mantengan las explotaciones afectadas con cada institución bancaria interviniente; y la suspensión temporaria de “juicios y procedimientos administrativos por cobros de acreencias vencidas con anterioridad a la emergencia o desastre”.
Otra de las medidas enumeradas es la asistencia técnica y financiera a través de “aportes no reembolsables para gastos de reparación de viviendas y de inversión y operación para recomponer la capacidad productiva”.
Se faculta también a la AFIP y a la ANSES a instrumentar regímenes especiales de pago y medidas impositivas especiales, como la prórroga del vencimiento del pago de los impuestos que graven el patrimonio, los capitales o las ganancias de las explotaciones afectadas; y la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal para el cobro de los impuestos adeudados.
Ante la ola de femicidios en todo el país, la agrupación Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) anunció que propondrá nuevamente un proyecto de ley para declarar la emergencia nacional en materia de violencia de género. “A pocos días del inicio de sesiones legislativas, le pedimos al presidente Alberto Fernández que escuche el reclamo presente […]
Ante la ola de femicidios en todo el país, la agrupación Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) anunció que propondrá nuevamente un proyecto de ley para declarar la emergencia nacional en materia de violencia de género.
“A pocos días del inicio de sesiones legislativas, le pedimos al presidente Alberto Fernández que escuche el reclamo presente en las movilizaciones de las últimas semanas en distintos puntos del país y que avance con políticas de urgencia para evitar que la violencia machista se siga cobrando una vida cada 29 horas en nuestro territorio”, advirtió el colectivo.
La propuesta, que cuenta con el respaldo de más de 150.000 firmas, habilita con carácter de urgencia la asignación presupuestaria y de recursos humanos necesarios para implementar medidas concretas.
Algunas de esas medidas son asistencia económica a quienes atraviesan situaciones de violencia de género y a familiares de víctimas de femicidios; asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito; fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios locales para la asistencia temprana y de las organizaciones y redes sociales que actúan en el territorio; dispositivos electrónicos duales para agresores con recursos para su monitoreo; un registro único de denuncias contra agresores; protocolos de actuación y políticas de desarme en las fuerzas de seguridad para agentes con denuncias; y la aplicación de la Ley Micaela y de la Educación Sexual Integral, entre otras.
En los últimos días trascendió el caso de Guadalupe Curual, una joven de 21 años que fue asesinada por su expareja en Villa La Angostura, Neuquén. Según el Observatorio “Ahora que sí nos ven”, en lo que va del año 2021 se produjeron 49 femicidios, es decir uno cada 26 horas.
Será en la Comisión de Defensa del Consumidor, que tratará el proyecto de “plan de auxilio” para el sector. Juntos por el Cambio pide declarar la emergencia.
El debate sobre medidas de apoyo al turismo por las consecuencias de la pandemia del Covid-19 será retomado este martes a las 15, en una reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, que preside el radical Diego Mestre.
El pasado 7 de julio, el oficialismo logró alzarse con el dictamen de mayoría sobre un proyecto de Ramiro Fernández Patri (Frente de Todos) consensuado con el Ministerio de Turismo que crea un “plan de auxilio, capacitación, infraestructura y promoción” del sector.
Este programa contempla fondos adicionales para infraestructura, pero no así beneficios fiscales, ya que el oficialismo entiende que ese alivio llegará con la moratoria universal que también se está debatiendo en la Cámara baja.
Además, el proyecto establece que las personas que este año adquieran paquetes turísticos a ejecutar en 2021 dentro de Argentina, reciban un bono compensatorio del 50% de esa inversión para volver a utilizarlo en un servicio turístico.
Por su parte, Juntos por el Cambio se encolumna detrás de otro proyecto, encabezado por Gustavo Menna (UCR), que declara la emergencia turística de forma retroactiva al mes de marzo, y en ese marco fija varios beneficios impositivos, como la exención del impuesto al cheque.
En aquella reunión de la Comisión de Turismo, el proyecto del Frente de Todos reunió la mayoría de firmas gracias a dos apoyos provenientes de los interbloques presididos por Eduardo “Bali” Bucca (Interbloque Federal) y José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo).
Será en la Comisión de Defensa del Consumidor, que tratará el proyecto de “plan de auxilio” para el sector. Juntos por el Cambio pide declarar la emergencia.
El debate sobre medidas de apoyo al turismo por las consecuencias de la pandemia del Covid-19 será retomado el próximo martes a las 15, en una reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, que preside el radical Diego Mestre.
El pasado 7 de julio, el oficialismo logró alzarse con el dictamen de mayoría sobre un proyecto de Ramiro Fernández Patri (Frente de Todos) consensuado con el Ministerio de Turismo que crea un “plan de auxilio, capacitación, infraestructura y promoción” del sector.
Este programa contempla fondos adicionales para infraestructura, pero no así beneficios fiscales, ya que el oficialismo entiende que ese alivio llegará con la moratoria universal que también se está debatiendo en la Cámara baja.
Además, el proyecto establece que las personas que este año adquieran paquetes turísticos a ejecutar en 2021 dentro de Argentina, reciban un bono compensatorio del 50% de esa inversión para volver a utilizarlo en un servicio turístico.
Por su parte, Juntos por el Cambio se encolumna detrás de otro proyecto, encabezado por Gustavo Menna (UCR), que declara la emergencia turística de forma retroactiva al mes de marzo, y en ese marco fija varios beneficios impositivos, como la exención del impuesto al cheque.
En aquella reunión de la Comisión de Turismo, el proyecto del Frente de Todos reunió la mayoría de firmas gracias a dos apoyos provenientes de los interbloques presididos por Eduardo “Bali” Bucca (Interbloque Federal) y José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo).
Juntos por el Cambio pretendía declarar la emergencia en el sector. Sin embargo, el Frente de Todos logró el despacho de mayoría con ayuda de un misionero y una cordobesa. Hubo coincidencia en el diagnóstico, pero diferencias en las medidas de asistencia.
Por Carolina Ramos
“Emergencia” o “plan de auxilio”: esa fue la disyuntiva que se expuso este martes en la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, donde se impuso la segunda opción. El proyecto del oficialismo para atender la crisis del sector por la pandemia del Covid-19 recibió dictamen de mayoría tras una extensa reunión virtual que contó con la participación de los actores involucrados.
Tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio y Unidad Federal para el Desarrollo coincidieron en el diagnóstico de la crisis que atraviesa la actividad, pero a la hora de la votación triunfó la propuesta del oficialismo, encabezada por el formoseño Ramiro Fernández Patri y acordada con el ministro Matías Lammens.
La clave estuvo en la definición de Ricardo Wellbach (Frente de la Concordia Misionero) y Alejandra Vigo (Córdoba Federal), quienes se inclinaron por el dictamen del oficialismo e hicieron la diferencia: el bloque mayoritario reunió 17 firmas contra 14 de la oposición.
Cornejo manifestó que “ambos despachos reconocen la situación de emergencia del sector y dicen que se requiere un Estado presente, pero no pudieron ser conciliados” a pesar de sucesivas reuniones con el ministro Lammens e incluso con el titular de la Cámara baja, Sergio Massa.
Ahora, el debate seguirá en otras dos comisiones, las de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia -que preside el radical Diego Mestre- y de Presupuesto y Hacienda -a cargo del oficialista Carlos Heller-.
Fernández Patri destacó que algunas de las medidas económicas tomadas por el Gobierno alcanzan al sector, como el programa ATP, que benefició al “77% de los prestadores turísticos y el 73% de los establecimientos gastronómicos”. Además, garantizó que el sector seguirá recibiendo esta asistencia hasta tanto dure la cuarentena.
El proyecto, explicó el formoseño, crea “un plan de auxilio, capacitación, infraestructura y promoción del turismo”, que estaría vigente desde la promulgación de la ley hasta el 31 de diciembre, con posibilidad de ser prorrogado por 180 días.
El diputado señaló que el texto contempla a todos los prestadores incluidos en la Ley Nacional de Turismo y agregó que “la parte impositiva va a quedar plasmada dentro de la moratoria” que propuso el Poder Ejecutivo en un proyecto de ley que fue enviado este martes al Congreso.
Asimismo, el proyecto contempla “fondos adicionales a los ATP para la infraestructura turística”, y crea un plan para que las personas que en este 2020 compren paquetes turísticos a ejecutar en 2021 dentro de Argentina, reciban un bono compensatorio del 50% de esa inversión para volver a utilizarlo en un servicio turístico.
“Estamos garantizando las preventas, que hoy ya se empiecen a generar transacciones económicas y que se empiece a facturar”, destacó Fernández Patri, y además dijo que se plantea un “régimen de devoluciones en un plazo de 18 meses posteriores al levantamiento de las medidas de aislamiento”.
Pero desde Juntos por el Cambio, Cornejo advirtió que en el proyecto del oficialismo “hay dos formas de ayudar al sector: una que propone apoyarlos para infraestructura sin un monto específico, y la promoción del consumo, que es un mecanismo absolutamente errado, porque el motor de la economía es la inversión, no el consumo”.
Además, el mendocino opinó que la moratoria propuesta por el Ejecutivo “no tiene nada que ver con lo que estamos hablando” y “no resuelve en lo más mínimo el problema del sector”.
El radical Gustavo Menna fue el encargado de detallar el dictamen de Juntos por el Cambio, que según resaltó, “recogió observaciones del sector”. El chubutense precisó en primer lugar que la actividad turística “emplea a más de 650.000 personas y constituye un complejo exportador importante, que aporta divisas por más de 5.400 millones de dólares”.
“Esta no es una ley de promoción: es una ley que tiene que apuntar a salvar a todos estos prestadores, porque sin empresas no vamos a poder salvar el empleo ni la actividad”, dijo, y explicó que el proyecto declara la emergencia por el término de un año contado desde el aislamiento social, prorrogable por seis meses más.
“No es lo mismo declarar la emergencia que no declararla: es la base constitucional para justificar las medidas excepcionales, sobre todo en el orden tributario”, consideró, y además indicó que la iniciativa no distingue en cuanto a la escala del prestador e incluye a todas las personas humanas y jurídicas contempladas en la Ley de Turismo. El proyecto opositor propone la emergencia retroactiva al mes de marzo.
Al repasar los aspectos principales, Menna mencionó la exención del pago de anticipos o pagos a cuenta del impuesto a las Ganancias; la exención del impuesto al cheque; la promoción del turismo nacional a través de un crédito fiscal imputable al pago de Ganancias; y un programa de asistencia al pago de salarios similar al actual programa ATP.
También se establece la suspensión de juicios de ejecución fiscal y se promueven acuerdos entre las partes para la reprogramación de viajes ya contratados, porque “necesitamos que los prestadores sobrevivan”.
La reunión virtual inició con la exposición de representantes del sector y el primero fue Aldo Elías, de la Cámara Argentina de Turismo, quien planteó que reclaman esta ley “desde el 13 de marzo, cuando ya teníamos clara la situación que iba a atravesar nuestra actividad”.
Elías sostuvo que “el turismo es uno de los cuatros pilares sobre los cuales se tiene que asentar la recuperación de la Argentina” junto con la agricultura, la ganadería y la minería, y por esa razón llamó a “poner al turismo como política de Estado”.
El funcionario detalló que el turismo representa el cuarto complejo exportador de la Argentina, con entre 5.200 y 5.400 millones de dólares ingresados en 2019. Estimamos que de eso, van a ingresar solamente de 900 a 1.000 millones de dólares. Con esto podemos graficar la dimensión de las pérdidas”, explicó.
Al referirse al proyecto en cuestión, consideró que “el sector necesita una ley que tenga una vigencia nunca menor a un año”, y que además contemple a todos los sujetos comprendidos porque la actividad “está parada por completo”.
“No podemos avalar un proyecto que no contemple la totalidad de las empresas”, dijo, y en ese sentido pidió “no juzgar por su tamaño o cantidad de empleados”.
Gustavo Hani, de FAEVYT (Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo) sostuvo que desde el año pasado el sector ya venía afectado por una caída en el empleo y en la facturación, a lo que se sumó luego el Impuesto PAIS y finalmente, la pandemia.
Según Hani, en enero de 2020 se registró “un desplome en la venta de pasajes internacionales en un 52%”, y “en abril por primera vez en la historia la venta de pasajes arrojó números negativos” en Argentina, una caída que “a nivel mundial fue del 94%”.
“No podremos cumplir con nuestras obligaciones impositivas por lo menos por un año. La mayoría de las empresas se han endeudado para pagar salarios y gastos operativos. Está en sus manos poder salvar a las más de 5.600 agencias -de las cuales el 95% son pymes- y a las casi 25.000 familias que viven de la actividad de forma directa y las miles de personas que se benefician del turismo en cada pueblo o ciudad de nuestro país”, expresó.
Desde la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina (FEDECATUR), Héctor Viñuales coincidió en que “tenemos que salir cuando antes con una ley que pueda solucionar este problema inédito que estamos pasando” y propuso que en una futura moratoria, los primeros pagos sean de aquí a un año.
También expusieron Gabriela Fresno, de FEHGRA (Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina); Marcela López Ghitta, de la Cámara de Esquí y Montaña en Argentina; Carlos Pelli, de AAETAV (Asociación Argentina de Ecoturismo y Turismo Aventura) y Marcelo García, de la Asociación de Centros de Idioma (SEA), entre otros.
La Comisión de Turismo, que preside Alfredo Cornejo, dispuso más tiempo para unificar un proyecto en coordinación con el ministro Lammens.
Se postergó en la Cámara de Diputados el debate sobre la declaración de la emergencia en el sector del turismo, uno de los más golpeados por la pandemia del Covid-19. La Comisión de Turismo, que preside el radical Alfredo Cornejo, tenía previsto reunirse este lunes para comenzar la discusión, pero el encuentro se suspendió en las horas previas.
Cornejo acordó con el ministro del área, Matías Lammens, tomarse más tiempo para unificar un proyecto que sea avalado por el Gobierno. “Se está trabajando en conjunto y hay un diálogo permanente. Vienen hablando desde hace varias semanas y el tema está encaminado”, explicaron fuentes consultadas.
Numerosos diputados de distintos distritos presentaron proyectos para declarar la emergencia económica, productiva, financiera, fiscal y laboral del sector turístico, proponiendo planes de contingencia, facilidades impositivas y otras medidas de apoyo económico ante la parálisis de la actividad.
Al respecto hay iniciativas de los oficialistas Gustavo Fernández Patri (Formosa), Silvana Ginocchio (Catamarca) y Andrés Zottos (Salta). Desde la oposición, presentaron propuestas Paula Oliveto (Pro-CABA), Gustavo Menna (UCR-Chubut), José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo-Mendoza), Marcelo Orrego (Producción y Trabajo-San Juan), Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino), Héctor Baldassi (Pro-Córdoba) y Diego Sartori (Fte. de la Concordia misionero), entre otros.
Diputados radicales impulsan un proyecto que extendería esa condición hasta fin de año.
Los diputados nacionales Gustavo Menna (UCR-Chubut) y Alfredo Cornejo (UCR-Mendoza) presentaron un proyecto de ley para establecer un régimen de emergencia laboral, tributaria y financiera para las empresas del sector hotelero, gastronómico y turístico hasta el 31 de diciembre de 2020. La propuesta se fundamenta en el rol clave que la actividad tiene para el país, al emplear a unas 650 mil personas en toda la Argentina.
La iniciativa da lugar “a mecanismos excepcionales en materia laboral, tributaria y de asistencia crediticia a todos aquellas personas humanas o jurídicas que sean titulares de establecimientos hoteleros, gastronómicos y de agencias de viajes y turismo, y que revistan el carácter de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES)”.
En los fundamentos, los legisladores nacionales tuvieron en cuenta que existen unos 17.000 hoteles y 5.000 agencias de turismo en el país que, sumados a los locales gastronómicos, suman unos 50.000 establecimientos, y consideraron que “uno de los sectores más severamente afectados por las medidas adoptadas en orden a prevenir y evitar la propagación del coronavirus COVID-19 es sin dudas el vinculado al turismo”, ya que “la restricción a la circulación de personas y bienes se han traducido en una parálisis total de la actividad”.
Tras mencionar que el turismo “es el cuarto sector de la economía más intensivo en mano de obra, responsable de dar empleo a más de 650 mil personas a lo largo y ancho de la Argentina”, agregaron que “los hoteles se encuentran absolutamente cerrados, sin poder recibir huéspedes y los servicios de gastronomía otro tanto, a excepción de aquellos que pueden llevar adelante el servicio de delivery, que por supuesto es solo un paliativo y que además afronta dificultades para su desenvolvimiento en razón de las restricciones adicionales al derecho de circulación que han dispuesto muchas autoridades provinciales e incluso municipales”.
“Esto provoca -añadieron- que la mayor parte de los establecimientos deban hacer frente a sus obligaciones tributarias, salariales y con proveedores, sin tener ningún tipo de facturación y mucho menos ingresos”.
Por la importancia del sector “llama poderosamente la atención -explicaron- que las autoridades públicas nacionales con competencia en la materia no hayan acertado a diseñar una sola medida orientada a amortiguar el impacto de la crisis en un sector vital para el desarrollo del país y la generación de empleo”.
El proyecto de ley cuenta con la coautoría de los legisladores Ximena García (Santa Fe), Federico Zamarbide (Mendoza), Carlos Fernández (Buenos Aires), Roxana Reyes (Santa Cruz), Claudia Najul (Mendoza), Juan Martín (Santa Fe), Gerardo Cipolini (Chaco), ), Lorena Matzen (Río Negro), Natalia Villa (Buenos Aires) y Francisco Sánchez (Neuquén).
El bloque de diputados nacionales del Pro elaboró un paquete de cinco proyectos de ley para amortiguar el efecto negativo que la emergencia sanitaria y económica provoca en aquellos sectores aún fuera de los alcances de las medidas anunciadas por el gobierno nacional. Los aportes se inscriben dentro de la posición colaborativa que ha asumido […]
El bloque de diputados nacionales del Pro elaboró un paquete de cinco proyectos de ley para amortiguar el efecto negativo que la emergencia sanitaria y económica provoca en aquellos sectores aún fuera de los alcances de las medidas anunciadas por el gobierno nacional. Los aportes se inscriben dentro de la posición colaborativa que ha asumido la bancada opositora ante el coronavirus y comunicada al titular de la Cámara baja, Sergio Massa.
La iniciativa apunta a complementar las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo en las últimas horas, apoyar a los trabajadores independientes y las empresas particularmente afectadas por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.
Los cinco proyectos de ley son de carácter extraordinario y su vigencia se formaliza en el plazo en el que rija el Aislamiento Obligatorio y tres meses a partir de la finalización del mismo para permitir la recuperación económica de los argentinos.
En materia tributaria, entre otras medidas, el Pro propone aliviar la carga tributaria de trabajadores independientes, MiPyMES y empresas en general afectadas por las restricciones decretadas. En este sentido, el proyecto que presentarán prevé:
1. A los monotributistas de todas las categorías se los eximirá del impuesto durante los meses de abril, mayo y junio bajo el entendimiento de que constituyen uno de los grupos de trabajadores más afectados por las restricciones decretadas y representan en su conjunto, menos del 1% de la recaudación total de AFIP.
2. A los autónomos, empresas y otros contribuyentes no considerados “esenciales”, junto con los contribuyentes de “sectores esenciales” que acrediten una reducción en sus ingresos del 30% en los últimos 6 meses, se los liberará del cómputo de los intereses por mora de todos los impuestos nacionales facilitándoles un plan de pagos de al menos 24 cuotas para el repago del capital, una vez finalizada la emergencia. Esta medida va acompañada de la suspensión por 180 días de las ejecuciones fiscales. Por último, se permitirá la reducción de anticipos de ganancias a partir del próximo vencimiento de la obligación.
3. A los argentinos “varados” en el exterior, se les deberá devolver el impuesto “PAIS” abonado durante su permanencia involuntaria en el exterior.
En materia crediticia, se declara a los servicios bancarios como “servicio esencial” -por tanto exceptuado de las restricciones- y se plantea la reforma de manera transitoria de la Carta Orgánica del Banco Central para que los bancos puedan ofrecer por cuenta y orden directa del Central dos líneas de crédito destinadas al sostenimiento del empleo y la normalización de la cadena de pagos. En materia de empleo, los créditos se otorgarán por un monto equivalente a 20.000 pesos por trabajador, estarán garantizados por el BCRA y tendrán como destinatarios a los empleadores que acrediten una reducción de ingresos superior al 30% en términos reales en los últimos seis meses. Las condiciones estarán fijadas por el BCRA y tendrán un período de gracias no inferior a 6 meses. Para normalizar la cadena de pagos se propicia la refinanciación automática de los cheques impagos entre el 19 de marzo de 2020 y el 31 de marzo de 2020.
En materia laboral, se amplía el Programa REPRO a los efectos de asistir a todos los empleadores que demuestren una reducción sustancial en sus ingresos superior al 30% en términos reales del promedio de los últimos seis meses. Asimismo, se eleva la ayuda económica mensual hasta mayo de un monto equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles por seis meses. La iniciativa impulsa, también, extender por el “ingreso familiar de emergencia” de 10.000 pesos durante los meses de abril, mayo y junio. También se propicia la suspensión de emergencia de aportes solidarios y sindicales hasta 90 días luego de finalizado el período de Aislamiento Obligatorio y la suspensión del pago de cotizaciones de ART por el término de las restricciones para aquellos trabajadores afectados.
En materia tarifaria y servicios públicos, se pone el foco en trabajadores autónomos, monotributistas y MiPYMes, ampliando los sujetos sobre los que se prohíbe el corte de los servicios públicos por el plazo que se mantenga la emergencia. Respecto de las deudas acumuladas, se impulsa un prorrateo de seis meses con una tasa no superior al 20% anual.
Finalmente, en materia de austeridad fiscal del Estado nacional, se impulsa una reducción del 30% de los salarios de los tres poderes del Estados de los funcionarios con altos ingresos, durante el tiempo de duración de la cuarentena, prorrogable por tres meses. La medida afectaría el recorte a funcionarios de organismos descentralizados, entes autárquicos, empresas públicas y otros entes públicos nacionales. Por otra parte, se promueve la reducción del 25% de los rubros del Presupuesto Nacional destinados a actividades que no estén vinculadas directa o indirectamente a la crisis sanitaria.
