El sector hidrocarburífero y especialistas de cambio climático propusieron cambios al proyecto sobre presupuestos mínimos de emisiones de metano

Fue en el marco de un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. El titular de la Comisión de Recursos Naturales recogió las sugerencias planteadas por los expositores a fin de avanzar en un dictamen “lo más pronto posible”.

En una tercera reunión informativa que se llevó a cabo este miércoles, un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Energía y Combustibles de la Cámara baja recibió una nueva tanda de expertos que disertaron sobre el proyecto que propone presupuestos mínimos de protección ambiental de gestión de emisiones de metano en el sector de hidrocarburos.

Desde el Salón Delia Parodi, el puntano Carlos D’Alessandro (LLA) comentó que el encuentro fue solicitado por el autor del proyecto Martín Maquieyra (Pro) quien no pudo estar presente por el nacimiento de su primer hijo.

El primer expositor fue el licenciado en ciencias químicas y Gerente Laboratorio y Desarrollos de Meranol, Pablo La Venia, comentó que la empresa argentina está vigente desde 1942 que produce ácido sulfúrico para la industria nacional, químicos para la potabilización del agua y surfactantes.

“Como somos una empresa química estamos tratando hace unos años de migrar a ser lo más verde posible. Por eso tenemos productos de química intermedia que son productos que se utilizan para el cuidado personal o del hogar, petróleo y agro”, explicó y aclaró: “Si bien lo que realizamos no va a aplicar directamente contra evitar las emisiones de metano, si estamos trabajando y creemos que el espacio que debe tener la industria en nuestro caso es colaborar con el desarrollo de productos y tecnologías que ayudaran a la mitigación para cuidar el medio ambiente y mitigar el impacto que genera la actividad humana”.

La Venia informó que desarrollan parafinas sintéticas que reemplazan el uso del diésel en lo que es la perforación y fractura hidráulica. “Estas parafinas no contienen compuestos aromáticos y tampoco tienen azufre. La disposición tampoco genera emisiones de metano como si lo genera el uso del diésel”, aclaró.

El licenciado explayó: “Esto reemplaza al uso del diésel, con lo cual se podrías tener el diésel a otro uso. A su vez, tiene mayor rendimiento, con lo cual se debería utilizar menos y luego la degradación de este compuesto al ser una parafina sintética no va a generar metano y capaz no es tan aplicable en este momento, pero es estos fluidos de perforación son los que están aprobados para utilizarse por ejemplo en el Golfo de México en aguas profundas, ya que pueden ser los recortes pueden ser descartados al mar directamente con lo cual es una gran ventaja todo lo que la parte de biodegradabilidad de estos compuestos”

“En Argentina está aprobado eso y nosotros desde el 2022 hay empresas que lo usan que brindan servicios petroleros. Se utiliza en más de 20 países hace más de 20 años”, finalizó.

Luego fue el turno del licenciado Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol, resaltó que la iniciativa “va en el buen sentido y va a producir efectos ambientales rápidos y mensurables”.

Adam explicó que el bioetanol hoy en Argentina se mezcla con las naftas al 12%, mientras que el biodiesel está al 7%, aunque a veces está el tres o cuatro subutilizado en la Argentina. Así, comentó que el diputado Maquieyra trajo el proyecto a la mesa del Consejo Agroindustrial Argentino, que está conformado por 61 entidades que representan el 16% del PBI nacional, y “tuvo una muy buena recepción”.

En consecuencia, procedió a leer un comunicado que redactaron para la reunión: “Manifestamos el apoyo a que los sujetos obligados puedan generar créditos de compensación, créditos de metano para dar cumplimiento de sus obligaciones y que estos créditos puedan generar, mediante la financiación y desarrollo de proyectos de energía renovable, soluciones basadas a la naturaleza prioritariamente a partir de la restauración de ecosistemas degradados, deforestación evitada, reforestación con especies nativas, agricultura y ganadería regenerativa”.

Además, destacaron que “este tipo de herramientas propuestas en este proyecto ayudan a promover mejoras ambientales y fundamentalmente a promover la eficiencia ambiental de los sistemas productivos en nuestro país”.

También, instaron a los legisladores de las comisiones “para que se pueda estudiar e incorporar a la legislación argentina sistemas como el renovabio de Brasil. Es un sistema de bonos de carbono muy exitoso en Brasil que se podría replicar perfectamente en Argentina, el cual aplica para reducir emisiones de gases de efecto invernadero en todo el sector hidrocarburífero compensando con créditos emisiones de carbono generado por los biocombustibles y renovables en general”.

“De esta manera se pone en contexto y valor los aportes medioambientales de los renovables promoviendo activamente avances en la transición energética. En resumen, nos encanta esta iniciativa y pensamos que se puede ampliar todos estos mecanismos y esperamos poder trabajar con ustedes para hacerlo”, finalizó el comunicado.

A continuación, disertó el ingeniero Daniel Rellan, presidente del Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG) quien afirmó: “Es un momento clave que estamos pasando dentro de la industria del petróleo y del gas habida cuenta que, no solamente tenemos el don de tener Vaca Muerta que es una realidad total y absoluta, sino que estamos viendo el lanzamiento de proyectos nuevos vinculados a lo que es la cantidad de recursos que tiene Vaca Muerta”.

“Así es como tenemos las plantas de LNG que está planteando YPF en Rio Negro. También está el proyecto de Panamerican Energy con un barco que están trayendo para regasificar el gas de Vaca Muerta. Todo esto significa que la industria está siendo un motor de desarrollo fenomenal para el país habida cuenta de la necesidad que tiene Argentina de generar divisas y mejorar su situación socioeconómica”, destacó.

Sin embargo, manifestó que también “tiene su lado perjudicial. Hoy que estamos hablando de este tema de las emisiones de metano y cambio climático y la sustentabilidad. Obviamente todo este desarrollo está generando que las emisiones vayan en aumento”.

“Es importante decir que, en tema de emisiones, tenemos dentro del IAPG la Comisión de Emisiones de metano que está conformada por todas las operadoras transportistas y distribuidoras de gas de la Argentina. En esta comisión hemos tenido la oportunidad de poder evaluar distintos y diferentes proyectos que están apareciendo en el país respecto del manejo de las emisiones. Es así que hemos evaluado, a través de la comisión, en proyecto de la provincia del Chubut que ya ha salido como resolución. También hemos evaluado y nos encontramos trabajando en la reglamentación de la resolución 970 de la Secretaría de Energía con respecto a la medición de emisiones”, informó.

Rellan manifestó la necesidad de tener una reglamentación o normativa, pero propuso una serie de aspectos a tenerse en consideración para la nueva regulación.

En ese sentido, señaló que Argentina “no es un país que tenga una relevancia muy grande en el concierto internacional en cuanto a emisiones de metano de gases de efecto invernadero”, y precisó que está en el 0,7% de lo que es el total de las emisiones a nivel mundial y comparó: “Países como Estados Unidos, la Unión Europea, países de Asia que están cerca del 29% del total de las de las emisiones”.

“Casi de 200 países que tenemos en el mundo total, solamente 12 países consumen casi el 90% del carbón que se utiliza en el mundo que, por supuesto, el carbón es algo que genera emisiones tremendamente grandes con respecto al gas si lo consideramos como un elemento de transición que, justamente es lo que queremos nosotros transmitir”.

Por ello, propuso que se tenga a consideración, a modo de integración, las diferentes iniciativas de regulación y las normativas y estrategias existentes a nivel nacional, subnacional y sectorial de manera de “eliminar la inconsistencia por diferentes requisitos objetivos a cumplir o presentaciones a realizar” para no tener “mayores costos en el pedido de información”.

También planteó que la normativa debe tener “flexibilidad para adaptarse al universo de operadoras, dado que tenemos operadoras de diferentes tamaños, complejidades de negocio, compromisos, caminos recorridos en la temática y etcétera”. Además, pidió pensar en “la globalidad, en la implementación, de manera de asegurar la inclusión de todas las operadoras y la incorporación de las mejores prácticas de manera sostenible en el tiempo”.

“Es muy importante que empecemos a hablar de lo que es intensidad de emisiones y no de emisiones per se. La intensidad de emisiones es fundamental que cualquier potencial iniciativo que promueva la reducción de emisiones lo haga en términos de intensidad, es decir emisiones por unidad de producto”, propuso.

En otro punto, también sugirió tener en consideración la gestión previa que se ha tenido de las distintas operadoras que actúan en la industria: “Tener en cuenta la gestión de emisiones ya realizada con anterioridad a la implementación de cualquier potencial norma, de manera de no penalizar a aquellas empresas que desarrollaron acciones de reducción de emisiones previamente y, por lo tanto, están más cerca del límite técnico de reducción”.

A su vez, solicitó considerar “las mejores prácticas que hay en la industria adaptadas a la realidad del país y de la región”, y que se tengan algunas definiciones en cuenta como por ejemplo las emisiones fugitivas: “Una liberación no intencional o esperada desde el punto de vista del diseño. Esto es fundamental en un equipo o instalación y no la debemos confundir con pequeños venteos de proceso que ciertos equipos requieren para su normal operación”.

“Debemos utilizar tecnología apta para la detección sin limitar a un solo tipo ni a una aprobación previa por la autoridad de aplicación, lo cual sumaría burocracia al proceso y podría limitar los programas de reparación de pérdidas. Se debe permitir a las operadoras que realicen sus propias detecciones o, también, que no se nos imponga un consultor o un proveedor determinado. Es importante que toda reglamentación tenga incentivos en lugar de sanciones”, explayó.

Entre otros aspectos mencionó:

  • Compensaciones de carácter nacional y no circunscripto a los límites de una provincia, ya que se corre el riesgo de no tener suficientes proyectos y con valores fuera de mercado.
  • La reglamentación debería pedir cuantificar a las emisiones. Se debe cuantificar en lugar de medir aún en los estándares internacionales voluntarios más altos las mediciones se emplean solo para obtener factores de emisión propios y o conciliar el inventario calculado.
  • No debería existir la imposición de consultoras y o proveedores mediante mecanismo de regulación. Las operadoras ya han llegado a un desarrollo suficientemente importante como para que tecnológicamente puedan decidir cuáles son los mejores elementos para poder confirmar y presentar los distintos registros.

“Argentina necesita rápidamente mejorar su situación socioeconómica y la industria de los hidrocarburos, con sus proyectos de desarrollo de Vaca Muerta, la actividad puede crecer de dos a tres veces y creo que eso se va a ir dando en un futuro cercano”, cerró.

El ingeniero de la Sociedad Rural Argentina, Andrés Rubén Costamagna, les pidió a los diputados “corregir, en el término de definiciones, para que esta ley se adecue a las normativas internacionales y que tengamos una gran ley en Argentina; además que agreguen el Registro Nacional de Proyectos de Mitigación del Cambio Climático, que está obviado dentro de la ley; que sea de alcance nacional para el desarrollo de estrategias y capacidades”.

“La herramienta que proponen lleva a la eficiencia energética que es un ‘ganar, ganar’ si fuera aplicado de forma eficaz. Esto estaba en la parte de transición energética de la Ley Bases de enero que terminaron fuera de la ley. Es importante que empecemos a discutir, y puede ser visto como una amenaza de corto plazo, pero una gran oportunidad”, planteó y también solicitó que se tenga en cuenta un proyecto de marco regulatorio de los mercados.

Costamagna sostuvo que “esta iniciativa no es nada nueva en el mundo”, y precisó que México la tiene desde 2014, Colombia desde 2018, Chile 2022, Paraguay 2023. “El metano es un gas que fura 10 años en la atmósfera y hay que ponerlo en un lugar de relevancia”, alertó.

A su turno, el especialista en cambio climático Juan Casavelo expresó: “Hay que asegurar que los datos sean accesibles y comprensibles a todo nivel, mejorando la transparencia y el acceso a la información. La salida de este proyecto podría generar un incremento en los precios de los combustibles. La propuesta es evitar que ese incremento sea trasladado a los consumidores finales”.

Por vía telefónica expuso el ingeniero Manuel Sánchez Bandini de la Subsecretaría de Energía y Minería de la Provincia de Mendoza quien contó: “Desde la provincia de Mendoza, nuestro principal objetivo es gestionar la emisión de gases de efecto invernadero, pero evidenciamos una falta de información, ya sea porque está desactualizada o contiene incertidumbres. Estamos promoviendo una ley de cambio climático provincial en la cual, con relación a estos gases, brindamos un incentivo fiscal para que las grandes empresas puedan brindarnos información actualizada”.

Por último, el abogado especialista en derecho del Cambio Climático, Gerardo Juara, afirmó: “Estamos a favor del proyecto de ley que creemos viene a cubrir un espacio legal que estaba vacío, innecesaria y peligrosamente vacío, y que va a implicar un avance en la estandarización en términos de controlar y medir las emisiones de gases de efecto invernadero”.

Funcionarios y expertos expusieron sobre la iniciativa que busca la reducción de emisiones de metano

Fue en el marco de una reunión informativa que se llevó a cabo en un plenario de comisiones de Diputados en donde se puso en tratamiento el proyecto del diputado Martín Maquieyra.

Las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y la de Energía y Combustibles de Diputados, se reunieron este miércoles para iniciar el debate sobre el proyecto que busca la implementación presupuestos mínimos de protección ambiental de gestión de emisiones de metano en el sector de hidrocarburos.

En el encuentro disertaron  expusieron sobre la temática Mariela Beljansky, subsecretaria de Transición y Planeamiento Energético de la Secretaría de Energía de la Nación, del Ministerio de Economía; Juan José Rivera, secretario de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la Provincia de Chubut; Gladys González, asesora del Gobierno de Chubut y senadora mandato cumplido; Marcelo Mena, CEO de Global Methane Hub, Foro Global del Metano; y Juan Pablo Letelier, de la plataforma Parlamentaria de Acción por el Metano.

En el inicio de la reunión, el titular de la Comisión de Ambiente, el puntano Carlos D’ Alessandro (LL), explicó: “Estamos en esta primera informativa conjunta para tratar el proyecto de ley de presupuesto mínimo de metano, de autoría del diputado Maquieyra”.

El proyecto de ley del diputado del Pro tiene como objeto “establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental para una adecuada gestión de las emisiones de gas metano (CH4) en las actividades de exploración; explotación; transporte y refinación de hidrocarburos, con la finalidad de reducir su impacto sobre el ambiente; y de conformidad con lo establecido por el Artículo 41 de la Constitución Nacional”.

La titular de la Comisión de Energía, la libertaria Lorena Villaverde (Rio Negro), celebró la convocatoria que “está centrada en poder analizar y brindar un marco informativo sobre la importancia que tiene la reducción de emisiones de metano que es prioridad por lo que tenemos que trabajar en esos marcos regulatorios que motiven a lograr los objetivos planteados”.

“El debate debe ser profundo y profesional, sin anteojeras políticas siempre pensando en el desarrollo del país y el bien común”, cerró.

La primera expositora fue la subsecretaria de Transición y Planeamiento Energético, Mariela Beljansky, quien informó que “las emisiones del sector representan el 50% de gases de efecto invernadero”. También sugirió que “la autoridad de aplicación no debe ser Ambiente”, y se quejó que el tema “estaba en la Ley Bases, pero en la negociación se quitó”. Además, comentó que están trabajando en el diseño de un mercado de derechos de emisión conocido como ‘Cap and Trade’.

Sobre este punto, el diputado Maquieyra consideró “razonable” el planteó de la funcionaria de dónde debería estar la autoridad de aplicación que lo lleve adelante. “Naturalmente, este proyecto podría ser energía relacionado con ambiente. Cuando se lo quitó de la Ley Bases decidimos impulsar el proyecto porque el metano es lo que más efecto puede tener”, señaló.

Luego, fue el turno de Juan José Rivera, quien señaló que “cada provincia tiene su estructura propia de producción de metano”, y sumó: “Creemos que el proyecto es beneficioso, nos organiza, entendemos que ambiente es la herramienta para coordinar con el resto de las áreas y que las decisiones las tenemos que tomar porque las cosas están pasando ahora”.

“Estamos dejando afuera otras industrias como agricultura que es un gran generador de gases de efecto invernadero y nos hemos olvidado de mencionar una problemática como el manejo de residuos urbanos y aguas residuales”, planteó, al tiempo que manifestó que Ambiente debe estar presente: "El eje principal debe pasar por esa área".

El Secretario de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la Provincia de Chubut habló de su provincia. “Tenemos una estructura muy particular de producción de gases de efecto invernadero: más del 83% proviene de la industria de hidrocarburos, 9% de agricultura, un 7% del resto de la industria y el 1% de los residuos y de las aguas residuales. Ahí decidimos avanzar con una resolución, junto a las industrias, que tuvimos puntos de encuentro y han entendido que es para elevar los estándares de calidad”, precisó.

Gladys González, asesora del Gobierno de Chubut y senadora mandato cumplido, remarcó que “este proyecto es muy técnico que era imposible hacerlo sin equipo técnico de las operadoras y de la gente que realmente sabe de intensidad de emisiones, sobre todo el proceso de exploración, explotación, transporte y refinamiento del sector”. Asimismo, instó a que se obligue a reportar las emisiones debido a que “los datos que tenemos son sobre factores y están muy lejos de la realidad exacta de lo que se emite”.

Virtualmente, el ex ministro de Ambiente de Chile, Marcelo Mena, CEO de Global Methane Hub, Foro Global del Metano, a modo de repaso sostuvo que “a nivel global, el 40% de las emisiones metano vienen del sector fósil y el 60% de la producción de alimentos y sus residuos. En Argentina esto cambia, el porcentaje de alimentos y sus residuos es mayor, así también es la región latinoamericana”.

Según Mena las razones para apoyar la normativa son la de “tener un marco regulatorio predecible que defina un peso mínimo mejora inventarios, la gestión de los recursos y las prácticas”.

Por último, hizo uso de la palabra Juan Pablo Letelier, ex senador chileno, de la plataforma Parlamentaria de Acción por el Metano. “El metano es el gas de efecto invernadero que más está impactando hoy en el cambio climático, atrapando 80 veces más calor que el CO2”, recalcó al tiempo que pidió “avanzar aún más en la reducción de la emisión de metano de sus tres fuentes: sector energético, sector de gestión de residuos y la agricultura”.

También, destacó “la importancia de tener datos concretos, fidedignos, entendiendo que el objetivo que buscamos es controlar las emisiones de las industrias y, para eso, necesitamos que haya responsabilidad objetiva legalmente hablando”.