El Gobierno nacional estaría dispuesto a emitir billetes de mayor denominación tras conocerse la inflación del 2022 del 95% y un dólar que no para de trepar. Las diferentes propuestas en el ámbito legislativo.
Por Déborah González
Con un 2022 que cerró con un índice inflacionario del 95% y ante el valor del dólar que día a día se dispara hacia arriba, diferentes propuestas se han presentado en el Congreso a lo largo de los años para que el Gobierno nacional emita billetes de mayor denominación y parece ser que, finalmente, estaría dispuesto a hacerlo.
En los últimos días esa medida se coló en la agenda económica. Por lo menos así lo dejó trascender el ministro de Economía, Sergio Massa, quien analizará el tema con Ángel Mario Elettore, el nuevo titular de la Casa de Moneda, tras la abrupta renuncia de Rodolfo Gabrielli al frente de la institución. Sin embargo, desde el Ministerio de Economía prefirieron no precisar detalles sobre esta eventual decisión, aunque se habla de la emisión de billetes de 2.000, 5.000 e incluso 10.000 pesos.
Pero más allá de los factores económicos, la decisión de ampliar la familia de billetes es netamente política. Cuando recién había llegado al Banco Central, Miguel Pesce intentó en plena pandemia instalar la necesidad de crear un billete de 5.000 pesos. La idea fue rechazada inmediatamente por Alberto Fernández al argumentar que introducir billetes “más grandes” era una forma de aceptar la pérdida de valor de la moneda y que incentivaría la inflación.
Incluso en mayo del 2022 el Gobierno anunció la emisión de nuevos billetes, pero solo se reemplazaban las figuras de los animales -elegidos durante la gestión anterior- por figuras de la historia argentina. Así, el billete de 100 pesos contendría la imagen de María Eva Duarte de Perón y el de 1.000 pesos la de José de San Martín, mientras que las denominaciones de 200 pesos homenajearían a Martín Miguel de Güemes y a Juana Azurduy, y las de 500 pesos a María Remedios del Valle y a Manuel Belgrano. Sin embargo, aún no están en circulación.
Pese a eso, ni el hornero ni el General San Martín pueden luchar contra la pérdida de valor adquisitivo, ya que desde que el billete de 1.000 pesos -el de mayor denominación en Argentina- fue emitido allá por el 2017 ya perdió el 90% de su valor y apenas equivalen a USD 2,68 si se tiene en cuenta la cotización de $372 del dólar “blue” a la que cerró este viernes.
Lo cierto es que hay numerosos proyectos presentados en el Congreso de la Nación para que el Gobierno emita billetes de mayor denominación. A pocos días de comenzado el 2023, la senadora tucumana Beatriz Ávila un proyecto de ley solicitando al Estado Nacional que avance en la creación de billetes de 2.000, 5.000, 10.000 y 20.000 pesos.
Si nos remontamos al 2022, el último proyecto que se presentó en este sentido fue el 18 de octubre del 2022 por parte de la diputada del Pro Graciela Ocaña. Si bien dicha iniciativa solicitaba al Ejecutivo un informe sobre los siguientes puntos en referencia a la importación, acopio y distribución de pesos argentinos, también pedía saber los motivos “por los cuales no se producen billetes de más alta denominación que salden la demanda existente en la actualidad en la Argentina”. Dicho proyecto tiene como antecedente el Expediente 6094-D-2020.
El 28 de junio el diputado fueguino Federico Frigerio (Pro) presentó un proyecto de ley de Actualización obligatoria, periódica y desmonetización de billetes y monedas, que establecía que el Banco Central y la Casa de Moneda “dispondrán las medidas necesarias para actualizar el valor de los billetes y monedas en circulación con el objeto de que el billete de mayor denominación, actualmente de $1.000 (pesos mil), represente un poder de compra similar al del momento de su primera emisión en el año 2017”.
Incluso, proponía sustituir el artículo 17 inciso “A” de la Carta Orgánica del Banco Central para que tenga la facultad de emitir billetes de 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, 500 y 200 pesos; y monedas de 100, 50, 20 y 10 pesos.
Entre los fundamentos, Frigerio planteaba que “ante la inflación, resulta necesario establecer un método de actualización periódica de los valores de los billetes y monedas que sostenga el poder de compra de los mismos”.
“Es inentendible el capricho del Estado Nacional, en no querer imprimir billetes de mayor denominación, cuyos beneficios son de variada índole: desde reducir costos al no tener que imprimir inmensas cantidades de billetes de menor denominación, recuperar la independencia en la impresión de los mismos, evitar el faltante y rápido agotamiento de circulante en cajeros automáticos en los que se generan largas filas a principio de cada mes, ocupar menos espacio físico en toda la cadena de traslado, etc.”, explayaba.
La Coalición Cívica, encabezados por la diputada Victoria Borrego, el 1 de junio solicitaron al Ejecutivo una serie de informes sobre diversas cuestiones relacionadas con la presentación de una nueva serie de billetes. En particular hicieron hincapié en que indiquen: “Los motivos por los cuáles no se ha dispuesto la impresión de nuevos billetes de mayor denominación a la que se encuentra actualmente en circulación ($ 1.000); Si el Banco Central de la República Argentina ha aprobado con anterioridad la emisión de billetes de mayor denominación; y si se han emitido informes sobre cuál ha sido el costo generado por la impresión de billetes por no emitir billetes con mayor denominación”.
Borrego argumentó que “la desvalorización en términos de poder adquisitivo que ha sufrido nuestra moneda en los últimos años y la austeridad con que deben utilizarse los recursos públicos especialmente en época de emergencia económica, requiere que el Gobierno a través de su autoridad monetaria, reconozca la necesidad de imprimir billetes de mayor denominación a fin de reducir la cantidad de billetes en circulación así como con la finalidad de ahorrar el innecesario gasto que se produce por la necesidad de impresión y/o importación de billetes”.
Del otro lado del Salón de Pasos Perdidos, el 31 de mayo el chubutense Ignacio “Nacho” Torres presentó un proyecto de ley para que el Ejecutivo emita billetes de mayor denominación para la creación de un Fondo de Emergencia Educativa.
Básicamente, Torres proponía la emisión de billetes de 5.000, 10.000, 20.000 y 50.000 pesos, cuya imagen estampada en el papel deberían ser sucesos históricos vinculados a la independencia, constitución, consolidación de la unidad nacional y organización de la Republica; figuras públicas del S.XIX; sucesos y próceres vinculados al establecimiento de la democracia y a la libertad del sufragio. En esa línea, planteaba que con el ahorro que “de lugar la emisión de billetes de denominación más alta será afectado a un Fondo Especial de Emergencia Educativa”.
Torres entre sus fundamentos apuntó contra el Gobierno por el “empecinamiento” de no emitir billetes de mayor denominación “para no confesar la mayor inflación anual que registra el país en los últimos 30 años”.
Otro de los proyectos presentados el 27 de mayo proponía sacarle dos ceros al peso. La iniciativa del diputado Gerardo Milman (Pro) establecía en su primer artículo que el Banco Central emita billetes y monedas de curso legal “sobre la paridad de un peso equivalente a cien pesos. La centésima parte del peso se denominará ‘centavo’”.
“Los valores fijados en pesos hasta la fecha de emisión de la nueva denominación, será convertidos a pesos y centavos sobre la base de la paridad establecida en el artículo 1°”, agregaba. “Motiva el presente proyecto de ley el marcado crecimiento de circulación de dinero en efectivo, por el efecto inflacionario que este Gobierno promueve disimular, al no querer emitir billetes de mayor denominación, pero si gastar en emitir billetes con nuevas imágenes. Bueno, dado ese contexto, hoy se propone la quita de dos ceros en nuestra moneda de curso legal”, concluyó Milman en los argumentos de su iniciativa.
El diputado del Pro ya había presentado el 15 de diciembre de 2021 un proyecto para emitir billetes de curso legal de $2.000; $5.000 y $10.000.
Un día antes, el 26 de mayo de 2022, el diputado santafecino José Carlos Núñez (Pro) presentó un pedido de informes al Gobierno para que explique la causa por la que no se han impreso billetes de mayor denominación a los emitido. Al igual que sus pares, Núñez también hizo hincapié en que el billete de 1.000 pesos -de mayor denominación- “ha quedado desvalorizado a raíz de los elevados índices inflacionarios”.
A principios de mayo del año pasado Graciela Ocaña ya había solicitado informes al Ejecutivo interesada en conocer cuestiones relacionadas con la fabricación de billetes de $1.000. La iniciativa tenía que ver con la existencia de posibles dificultades que estaría atravesando la fabricación de los billetes de mayor denominación.
“Este problema está íntimamente relacionado con la obtención del hilo de seguridad que posee el billete, una deficiencia en el llamado a licitación para la provisión de materia prima para la producción del mismo, así como la emisión desenfrenada de moneda”, alertó Ocaña.
También planteó que “informen si tienen instrucciones de reactivar la creación del billete de cinco mil pesos ($5000), e indiquen los motivos por los cuales aún no ha sido creado, siendo que sus autoridades lo han aprobado durante el año 2020”.
A su vez, el 2 de marzo Martín Tetaz, acompañado entre otros por sus pares Luciano Laspina, Gerardo Milman y Rodrigo De Loredo reclamaron la emisión de billetes de curso legal de 5.000 y 10.000 pesos. Esa emisión, agrega la iniciativa, permitirá un ahorro al que hasta le da un destino: en su artículo 2°, el proyecto sugiere que ese dinero sea destinado a la constitución de un Fondo permanente para atender Emergencias climáticas y/o de Recursos Naturales.
A principios de febrero, el radical Ricardo Buryaile presentó un proyecto para crear billetes de 2.000; 5.000 y 10.000 pesos. Recuerda la iniciativa que nuestro billete de mayor denominación es el de mil pesos y data del 30 de noviembre de 2017, siendo que apenas alcanza para comprar alrededor de u$s5 en promedio, según la cotización que se tome.
Un detalle no menor en el que hace hincapié el proyecto de Buryaile es el indicador de que el billete de $1.000 se quedó sin letras en el abecedario y, por tanto, debe recurrir a la doble letra para no repetir las series de impresiones anteriores.
El primer día de febrero de 2022, el diputado del Pro Federico Angelini también fue autor de una iniciativa en el mismo sentido solicitando la emisión de billetes de 2.000, 5.000, 10.000 y 20.000 pesos. Justamente el “Repasando la cronología, el billete de $1.000 nació en diciembre de 2017 y cuando comenzó a circular equivalía a unos U$S 57, según el tipo de cambio oficial de ese momento”.
Así llegamos al 2021, donde los últimos meses de dicho año Gerardo Milman ya había presentado un proyecto para emitir billetes de curso legal de $2.000; $5.000 y $10.000. En su iniciativa, el diputado del Pro incluyó un cuadro en el que puede observarse que la circulación de billetes que más ha aumentado es la de mil pesos ($ 1000) en un 73,56 %.
“Evidentemente la emisión de estos nuevos billetes no solucionará el problema inflacionario ni pondrá fin al déficit fiscal, pero si permitirá una adecuación en los billetes en circulación para el desenvolvimiento de la actividad económica basada en transacciones con efectivo y generará además un sustancial ahorro en el costo de emisión atento que la cantidad necesaria a imprimir para satisfacer la demanda sería mucho menor”, señaló Milman en su iniciativa.
El mendocino Omar De Marchi propuso también emitir billetes de denominación de 2.000, 5.000 y 10.000 pesos. En su iniciativa también hacía referencia a los 57 dólares estadounidenses que permitían comprar el billete de mil pesos para la fecha de su presentación. “Menos de cuatro años después, entre inflación, corridas cambiarias y cepo, ese poder de compra se aniquiló. Hoy, al valor del dólar oficial, ese billete ilustrado con el hornero vale 9,84 dólares estadounidenses”, señalaba el diputado del Pro el 8 de julio de 2021, advirtiendo que si se tomaban en cuenta el valor del denominado “contado con liquidación” equivalían a 5,19 dólares. “En otras palabras, en ese período perdió un 83% de su valor en dólares”, detalló De Marchi.
También en la Cámara alta hay iniciativas en el mismo sentido. El radical fueguino Pablo Daniel Blanco viene insistiendo con la emisión de billetes de mucha mayor denominación. Puntualmente en febrero del año pasado promovió una iniciativa para emitir billetes de $5.000 y de $10.000 pesos.
En su proyecto, Blanco hace un repaso de lo que fue la inflación en cada Gobierno desde 1983 a la fecha. “La alta inflación en la Argentina es un tema recurrente. Con excepción, de la presidencia de Fernando De la Rúa, en la que hubo deflación, no hay registro de gobierno alguno desde el regreso de la democracia que no la haya tenido”.
Incluso, en el primer año de gestión de Alberto Fernández, el entonces diputado del Frente de Todos José Luis Martiarena (Jujuy) presentó un proyecto para que se emitan billetes de 2.000 pesos con la figura de Juan Domingo Perón. El jujeño planteaba que la iniciativa “viene a proponer una solución a los inconvenientes que trae a los ciudadanos y al sistema bancario no contar con un billete del ‘peso’, de moneda de curso legal argentino con un calor más alto al actual circulante”.
Además, remarcaba que “emitir un billete de mayor valor va a mejorar sustancialmente el abastecimiento de los cajeros bancarios, reducirá el costo por impresión de billetes”.
Así podríamos seguir enumerando de forma cronológica todos los proyectos que se presentaron, tanto en Diputados como en el Senado, para que el Poder Ejecutivo anuncie la emisión de billetes de mayor denominación. ¿Habrá en 2023 nuevos valores en los billetes?
Se estima que habrá una fuerte presión sobre la emisión monetaria.
Las medidas que viene anunciando el Gobierno para apuntalar “el bolsillo y la actividad económica”, con el fin de recuperar votos de cara a las elecciones del 14 de noviembre, son ampliamente cuestionadas por diversos analistas, ya que coinciden que las mismas traerán mayor déficit fiscal, más emisión monetaria y mayor niveles de inflación.
Los especialistas advirtieron que el costo fiscal del paquete sería superior a un punto del PBI, lo cual implica un monto mayor a los 400.000 millones de pesos y el problema central es que eso se financiará con más emisión, esencialmente y en menor medida con deuda en pesos, aunque al Gobierno cada vez le cuesta más poder acceder al financiamiento local en la propia moneda.
“Todo esto está generando una bola de nieve hacia delante terrible. Va haber mucho más gasto, más déficit, mayor emisión monetaria y mayor endeduamiento. Sin dudas, es una enorme presión sobre el nivel inflacionario”, resaltó la economista María Castiglioni.
De hecho, los últimos números fiscales, es decir, el balance de las cuentas de agosto es realmente muy preocupante.
El deterioro de las cuentas públicas en este segundo semestre se profundiza mes a mes y la prueba concreta es que el déficit financiero del Estado, donde se incluye los compromisos de deuda, llegó a 216 mil millones de pesos, unos 200 mil millones más que el registrado en julio.
Los datos fueron difundido en esta última semana, en donde se consigna que el déficit primario (sin contar los compromisos de deuda) del mes pasado ascendieron a 147 mil millones de pesos.
En concreto, al mes de agosto, el déficit financiero en ocho meses se ubica en torno a los 870 millones de pesos, es decir, el 2,5 por ciento del PBI, mientras que en julio era de 677 mil millones, lo que representó en ese momento 1,6 por ciento.
En un mes, el déficit global del Estado aumentó un punto del PBI y los analistas estiman que esta situación se va agravar de aquí a fin de año, con el fuerte inremento del gasto que se está planificando el Gobierno para revertir la derrota que sufrió en las elecciones primarias.
Ese incremento del gasto está calculado en más de un punto del PBI, lo cual llevará la cifra del déficit primario para el cierre de este año entre 4,0 y 4,2 por ciento, según afirmaron distintos analistas en los últimos días.
Particularmente con respeto al balance de agosto y en función del comunicado oficial, se consigna que el desequilibrio de las cuentas públicas creció como consecuencia de una suba del 65% en el gasto. Los ingresos también crecieron, cerca de un 70%, dinamizados por tributos vinculados a la dinámica positiva de la actividad económica.
En materia de ingresos la suba fue motorizada por tributos sensibles a la actividad económica, como el IVA neto de reintegros (83,1%) y los Créditos y Débitos (+66%), y por los derechos de exportación (+126,1%).
En cuanto a las erogaciones, el gasto primario registró una suba de 64,8%, que asciende a 87,3% si se excluye el gasto Covid en 2020 y 2021.
Esta expansión de alrededor de 24 puntos por encima de la inflación se encuentra impulsada por la inversión de capital (+123%) y las distintas políticas de inclusión social, indicó el Ministerio de Economía.
Por otro lado, con el objetivo de mejorar el balance de las cuentas, en estos últimos días Tesorería y el Banco Central realizaron determinados movimientos que deja una foto de mejoramiento en los números del Estado.
En concreto, se interpreta que el déficit primario tuvo un recorte del 41,29% y el financiero uno del 23,29%, por efecto de los ingresos al Tesoro Nacional de los recursos transferidos por el FMI al Banco Central, en concepto de Derechos Especiales de Giro (DEG).
Los $422.174 millones de pesos, resultados de la conversión de los US$4.334 millones que se habían incorporado a las reservas internacionales el 23 de agosto, mejoraron por un monto equivalente el resultado primario y en $392.174 el financiero, en tanto los $30.000 millones de diferencia corresponden al pago de intereses y no a amortización de capital, como el resto de los fondos.
De esta manera, el déficit primario vigente pasó de $1.022.415 millones a $600.241 millones, con un recorte del 41,29%, y el financiero de $1.683.513 millones a $1.291.339 millones, un 23,29% menos.
En ambos casos, por primera vez en lo que va de 2021, el resultado fiscal vigente muestra una mejora respecto del original de $192.266 millones en el primario y $162.346 millones en el financiero, según el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Esa mejora será transitoria y finalizará una vez que se cancelen los vencimientos el 22 de septiembre y el 22 de diciembre, tal como se indicó en los considerandos del Decreto de Necesidad y Urgencia 622/21.
La OPC aclaró que como resultado de la operación dispuesta en el DNU, por la que se le aplica una letra intransferible al Banco Central equivalente al monto transferido, hay una reducción de las fuentes financieras en $29.193 millones y un incremento de las aplicaciones financieras por $362.981 para los pagos de amortización del préstamo del FMI previstos para este año.
En lo que va de 2021, el gasto total presupuestado se incrementó en $1.152.853 millones y los ingresos en $1.315.199 millones.
Los analistas señalan que si bien hubo mejoras salariales importantes de algunos gremios en este año, cuando terminan de cobrar el aumento la inflación “licuó” gran parte de ese incremento en el sueldo.
El desborde que registra la emisión monetaria desde junio. pero que se agudizó hacia fines de julio. está conformando otro frente de tormenta muy cargado que podría tener efectos contundentemente negativos sobre la inflación, y por ende implicaría de nuevo otra retracción de los salarios, alejándose la idea del Gobierno que los sueldos este año pudieran ganarle o empatar con los precios.
En concreto, la Argentina está desde el año pasado en una expansión de la emisión monetaria que anualizada y medida en dólares da un crecimiento de casi 4% mensual, una cifra notablemente elevada como para evitar efectos inflacionarios.
Ese mayor golpe a la inflación producto de la nueva emisión no será inmediato, sino que se percibirá antes de fin de año, pero está claro que el peligro que se puede ver en el horizonte es un salto de los tipos de cambio paralelos y de la inflación, lo cual, haría una mayor reducción del poder de compra que ya padece la ciudadanía.
Por lo pronto, en estas últimas horas, se conoció una nueva asistencia del Banco Central al Tesoro por 120.000 millones de pesos. Los especialistas aseguran que de continuar así se podría pasar muy pronto de un piso de la inflación que en este momento se ubica entre 2,8 y 3,0 por ciento mensual a un mínimo de 4% mensual.
En ese sentido, la consultora LCG resaltó que “en el segundo semestre se espera una dinámica de precios más estancada, aunque con un piso del 3% del cual no esperamos que baje”.
“Por tanto, pese a las paritarias concertadas, las cuales orbitan el 43% gracias a las reaperturas, lo cierto es que difícilmente el salario logre ganarle a la inflación durante el año, sobre todo en el caso de los trabajadores que no cuentan con representación, los cuales representan un 27% del total de los asalariados”, puntualizó LCG.
En este sentido, apuntó que “si bien podrá observarse algunos meses con crecimiento real del salario gracias a, en el mejor de los casos, esta menor dinámica de la inflación y a los aumentos derivados de la reapertura de algunas paritarias, esperamos que para diciembre el promedio de los trabajadores registrados se ubique un 4,1% promedio por debajo de lo que lo hacia durante el año 2020. Esto implicaría un cuarto año consecutivo de caída del salario real”.
En una misma sintonía, el especialista y consultor Christian Buteler anticipó que “pese a las negociaciones paritarias, los salarios van a seguir perdiendo con una inflación que va a estar en un piso mensual cercano al tres por ciento en esta segunda parte del año”.
“Esto es un círculo vicioso. Se emite para solventar el déficit, también para comprar dólares, pero luego hay que absorber esos pesos y entonces hay que volver a emitir para pagar los intereses. Todo esto es inflaionario. No tiene efecto inmediato, pero entre 6 y 12 meses se va a notar sin dudas, lo cual genera más expectativa inflacionaria”, recalcó.
Buteler advirtió que en función de esta realidad, Argentina se encamina a tener “un cuarto año consecutivo donde los salarios pierden frente a la inflación”.
Por su parte, el economista y consultor Jorge Neyro consideró que si bien en el segundo semestre habrá una mayor emisión monentaria, “el verdadero desafío es que antes que la inflación van a subir los dólares paralelos”.
“Entonces, en este contexto los salarios no van a poder ganarle a la inflación en este año. Si bien la economía ha mejorado, no se percibe que haya una demanda que implique un crecimiento más sostenido en cuanto a una mejora del salario y de la generación empleo”, sentenció.
Uno de los aspectos coincidentes que señalan los analistas es que si bien hubo mejoras salariales importantes de algunos gremios en este año, cuando terminan de cobrar el aumento la inflación “licuó” gran parte de ese incremento en el sueldo.
De hecho, las últimas cifras difundidas por el Indec dan cuenta que aún con paritarias que en determinados sectores fueron importantes, la pérdida de poder adquisitivo continuó en junio.
Las últimas cifras del Indec demostraron que el índice de salarios acumula en los últimos doce meses una suba del 43%, siete puntos porcentuales debajo del alza del 50,2% en los precios minoristas.
El informe del organismo oficial consigna que el ajuste de junio fue consecuencia de un crecimiento de 2,5% en salarios registrados y del 1,2% del sector privado informal.
Desde diciembre pasado el indicador acumula un alza del 22,8%, por debajo del alza del costo de vida del 25,3%, en el primer semestre del año.
