En un nuevo revés para el oficialismo, la oposición aprobó -a mano alzada- en la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados el emplazamiento a comisiones para el debate y dictamen del proyecto con media sanción que busca reformar la Ley de DNU, con el objetivo de limitar el uso arbitrario de esta herramienta por parte del presidente Javier Milei.

La iniciativa que ya fue aprobada en el Senado comenzará a tratarse el próximo martes 23 a las 12 en un plenario de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, presididas por Nicolás Mayoraz (LLA) y Silvia Lospennato (Pro), respectivamente. En tanto, el martes 30 a las 14 las comisiones deberán emitir dictamen.

En una primera instancia se votó nominalmente para tratar sobre tablas el tema, lo que requería los dos tercios. Tras no lograrlo, pues resultó negativo con 142 votos a favor y 88 en contra, se votó a mano alzada el emplazamiento de comisiones.

Quien presentó el pedido de emplazamiento fue el diputado de Unión por la Patria Diego Giuliano, quien consideró que el mecanismo de validación de los decretos presidenciales “ha perdido toda sustentabilidad, yo diría teórica y hasta práctica; y ha perdido hasta la razonabilidad republicana, sucede algo muy parecido a lo del veto”.

“El mecanismo de la Ley 26.122 ha colapsado durante este mandato, sobre todo con el DNU 70/23, que fue una reforma constitucional encubierta, donde hubo más de 80 leyes derogadas y 150 normas que se modificaron”, agregó.

El massista resaltó que los DNU son una herramienta que “hoy se está usando abusivamente por parte del Ejecutivo”. “La justicia está llegando incluso antes que el Congreso, ya ha declarado inconstitucional muchos de los DNU”, apuntó.

El año pasado, también por emplazamiento de comisiones, la oposición en Diputados había intentado aprobar una reforma a la Ley de DNU, pero luego no llegó al recinto. En ese momento, el presidente Javier Milei dijo que la “vetaría” porque significaría un “golpe institucional”.

Semanas atrás, en el contexto de mayor debilidad del Gobierno desde su asunción, la oposición más dura y la llamada dialoguista se pusieron de acuerdo en el Senado y aprobaron por más de dos tercios un proyecto en este sentido.

La iniciativa con media sanción incorpora el artículo 1 bis a la Ley 26.122, de modo de establecer que los decretos de necesidad y urgencia, los delegados y los de promulgación parcial de leyes "deberán versar sobre una única materia a fin de que sean tratados individualmente por el Congreso de la Nación".

"Si la situación invocada requiriera el dictado de normas en más de una materia, cada una de ellas deberá ser objeto de un decreto individual", agrega, con el fin de evitar los "mega" decretos, como fue el DNU 70/2023, con el cual Milei inauguró su gestión.

Otra de las reformas es la incorporación del artículo 21 bis, que indica que "ambas Cámaras podrán abocarse aún durante el período de receso parlamentario al expreso e inmediato tratamiento de los decretos".

Una de las cuestiones centrales es la modificación del artículo 22, el cual se refiere al aval de los decretos por parte del Congreso. Los mismos se considerarán aprobados "cuando así lo dispongan expresamente ambas Cámaras por la mayoría absoluta de los presentes, en un plazo de noventa 90 días corridos contados desde su publicación en el Boletín Oficial". Actualmente, con el voto a favor de una sola cámara basta para que un decreto se ratifique, mientras que para ser anulado debe ser rechazado en ambas.

El texto añade que una vez votado en una cámara, dentro de las 48 horas deberá comunicarse el pronunciamiento a la otra.

En cuanto al artículo 24, la nueva redacción indica que "el rechazo del decreto por una de las Cámaras del Congreso de la Nación, o el vencimiento del plazo previsto en el artículo 22°, implicará su derogación", esto "quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia".

Además, "rechazado un decreto de necesidad y urgencia, o de delegación legislativa, el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario.

La oposición se retiró satisfecha del recinto de Diputados en la madrugada de este jueves, luego de haber logrado aprobar las iniciativas que tenía previsto y que desde hacía tiempo no lograba tratar en el recinto. Sin embargo la alegría no fue plena, pues sus miembros se quedaron con las ganas de cumplir con el último objetivo previsto para la jornada.

En efecto, ya entrada la madrugada, la sesión se cayó por falta de quórum, justo cuando habían propuesto un emplazamiento para tratar los proyectos referidos al Hospital Garrahan. Eran las 2.41 de este jueves y el presidente de la Cámara, Martín Menem, le aclaró al diputado de UP Pablo Yedlin que no había quórum para votar el emplazamiento que acababa de pedir. De tal manera, se dio por concluido el trabajo legislativo de la jornada al cabo de casi 14 horas de sesión.

Pablo Yedlin intuía que eso iba a ocurrir, por eso trató de apurar su intervención inmediatamente después de que se aprobara la declaración de emergencia en varios distritos de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Pidió la palabra y comenzó a formular su solicitud, pero el presidente de la Cámara le aclaró que tenía que cumplir con lo acordado y eso era votar la declaración de emergencia por la catástrofe registrada en Bahía Blanca. A sabiendas de lo que sucedería, Yedlin insistió, invocando que quería aprovechar que había quorum, pero Martín Menem fue inflexible. El también sabía lo que iba a suceder.

Y luego de que se votara sobre Bahía Blanca volvió a intervenir el diputado tucumano, quien en función del artículo 106 del reglamento pidió emplazar a las comisiones de Salud, de Familia y de Presupuesto y Hacienda para el martes 10 de junio a las 12, para tratar los expedientes correspondientes a la situación en el Garrahan.

“No hay quórum”, lo frenó Martín Menem, quien con satisfacción dio por terminada la jornada: “No habiendo quórum para votar, queda levantada la sesión”.

En caso de haber logrado su objetivo, después hubieran pedido otro emplazamiento, esta vez para tratar en las comisiones de Educación y de Presupuesto la ley de financiamiento universitario, tal cual se había adelantado el 28 de mayo, oportunidad en la que la diputada Blanca Osuna organizó un evento, junto con legisladores de los bloques de UP, EF, DpS, UCR, FIT y la CC, a la que asistieron representantes de la comunidad universitaria. Así, ambos temas quedaron para una futura sesión.

Lamentablemente a las 2 45 am se cayó el quorum de la sesión y no se pudo emplazar a las comisiones para discutir el financiamiento de las Universidades ni el de Garraham @DiputadosAR

— Danya Tavela (@danyatavela77) June 5, 2025

Un grupo de diputados opositores desafían una vez más al Gobierno nacional con una nueva ley de Financiamiento Universitario, el cual, fue elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional y presentado en una reunión que organizó la diputada nacional Blanca Osuna en conjunto con legisladores de los bloques de UP, EF, DpS, UCR, FIT y la CC en la que recibieron a autoridades de universidades, sindicatos, docentes y estudiantes.

Según explicó la diputada Osuna durante el encuentro, la idea es pedir el emplazamiento a las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda en la sesión oficializada para el 4 de junio. De conseguir el quórum y el voto afirmativo, pedirán que el 10 de junio se realice una reunión conjunta de carácter informativa para poder dictaminar el 11 e ir al recinto el 19 de junio.

Durante el 2024, el tema había unido a distintos sectores de la oposición en una media sanción que fue votada en Diputados el 15 de agosto, y se sancionó finalmente el 13 de septiembre en el Senado. Sin embargo, el Gobierno vetó la norma que luego fue blindada en el Congreso por el oficialismo gracias al apoyo de aliados con 159 votos afirmativos, 85 negativos y 5 abstenciones el pasado 9 de octubre.

La diputada de UP Blanca Osuna motorizó la movida de este miércoles.

La presentación del proyecto

La vicepresidenta de la Comisión de Educación, Osuna explicó: “Estamos frente a un gran desafío, frente al conflicto que genera el desfinanciamiento de la educación. Que se contribuya a que efectivamente la toma de conciencia sobre el valor de la educación, sobre el sentido de la democracia, lo que significan los derechos, no se vacíen de contenido, estamos en ese punto y riesgo”.

“Que el cumplimiento y materialización de estas definiciones sobre educación, derechos y democracia, al diluirse en una práctica que trae consecuencias que es el desfinanciamiento, la destrucción de políticas activas, de algún modo, culmine con el descreimiento total por el sentido de la democracia”, alertó.

La entrerriana sostuvo: “Celebremos la política en el marco de lo son, de lo que deben ser las mejores negociaciones para los mejores procesos políticos que deben en beneficiar en este caso a estudiantes, docentes, etc. Una apelación solidaria porque en momentos donde la crueldad y la violencia pretenden imponerse, hay que ratificar un abrazo integral a todo el sistema educativo”.

“El sistema educativo son más que las universidades, vale la pena insistir porque el sistema educativo son las universidades que son punta de lanza y terminan con los niños que recién empiezan la escuela, con maestros mal pagos, con escuelas que se caen, con falta de programas, ese sea el mayor desafío en nuestras manos poder vertebrar toda la potencia posible para darle sentido a las negociaciones y acuerdos con la mayor altura, en contrario a la coacción y aprietes”, planteó.

Osuna explicó que presentaron una solicitud para que la comisión la integren legisladores de distintos bloques porque “ese es el otro valor a destacar, la diversidad de la representación nos da fuerza y lo hemos hecho reclamando ante al presidente de la comisión de Educación y el de Presupuesto y Hacienda que se traten los proyectos que obran en este cuerpo vinculados al financiamiento a la educación superior, por sobre todo a las universidades”.

A su turno, la vicepresidenta segunda de la Comisión de Educación, Danya Tavela, comentó que la idea es “poder visibilizar el conflicto por el cual atraviesan las casas de altos estudios y todo el sistema educativo y poder ponerle letra a la falta de presupuesto que nos ocupa por segundo año consecutivo”.

“En el marco de la unidad y el federalismo tenemos una representación amplia del sistema universitario de todo el país y esto nos da fortaleza en el debate y discusión de lo que se viene dentro en el Congreso y la sociedad”, adelantó y cerró: “Hay que hacer unos kilómetros de los principales centros urbanos para desatacar el valor que tiene la universidad dentro de cada sociedad, el impacto que tiene la universidad argentina en casa región y las posibilidades de futuro. Queremos defender al sistema de los ataques que tiene y construir un futuro que se construye con igualdad de oportunidades, justicia y a partir de tener esa herramienta de la posibilidad de acceder a la educación para emprender el camino individual de la vida”.

Por su parte, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Oscar Alpa, comentó: “Decidimos armar un proyecto para transmitir al Congreso que, desde la reforma universitaria, el no arancelamiento, la ceración de universidades, que pueda a llegar que tengamos hoy a más de 2 millones de estudiantes, 50 mil son de universidades públicas. Es el Congreso el que crea las universidades, el que interviene, el que financia y audita por eso nos debemos como tal”.

“La educación universitaria es el futuro de nuestro país, por lo tanto, el financiamiento del sistema universitario es pensar qué futuro de país queremos. Es un sistema tan eficiente y eficaz, con calidad de nuestros graduados y que lamentablemente del histórico 0,8%, que siempre esperamos llegar al 1% del PBI, hoy tenemos el 0,45% de esa inversión, esa pérdida del tercio”, detalló.

Alpa indicó: “Este proyecto muestra que la universidad pública argentina, es sistema, está unido para seguir debatiendo y en esa discusión de futuro de qué país queremos. La universidad argentina es pública, es no arancelada y buscando lo que implica un sistema de becas totalmente desactualizado”.

Así, agradeció y recordó la Ley 27.757 del año pasado que fue finalmente vetada por el Gobierno: “Fue una ley que, por el sistema constitucional, luego fue vetada, pero tuvo su aprobación de parte de diputados y senadores con una alta aprobación que es la representación del pueblo argentino a través de los representantes del Congreso”.

“Hoy queremos insistir, pero insistir inclusive con alguna alternativa de fuente de financiamiento”, remarcó y sumó: “Esta propuesta que estamos haciendo es similar en cuanto a que recordemos que se ha perdido el 33% de porcentaje de salario real docente y no docente”.

“Hubo una actualización que implicó poner al día respecto de la inflación del 2023, pero ahora no falta el 118% de la inflación del año pasado que, inclusive, por la forma que se distribuyó este presupuesto prorrogado en los primeros cuatro meses de este año estamos recibiendo las universidades nominalmente un 30% menos nominalmente”, indicó.

En esa línea, señaló que “también está la propuesta de actualización desde aquel momento manteniendo el equilibrio fiscal sin creación de impuestos. Es buscar una forma de asignación directa de los ingresos para que tengan una base para el sistema universitario, que la base del último presupuesto aprobado del 2023. Esa es la propuesta sin tocar absolutamente ni un impuesto ni coparticipación que le corresponde a las provincias”.

“Desde noviembre 2023 hasta enero del 2025 en números redondos con un 180% de inflación, los aumentos salariales fueron del 90% con lo cual hubo una pérdida del 90%, pero los ingresos tributarios aumentaron 210%, o sea, que ahí también es otra fuente de financiamiento que es el ingreso real de los impuestos tributarios sobre el ingreso prorrogado”, explicó.

También comentó que proponen un fondo para las carreras estratégicas, para que haya becas para que haya presupuesto, para esas carreras. “Seguimos trabajando en un sistema universitario público que esté pensando en las políticas de nuestro país. Es un aporte para que podamos tener una ley que asegure lo que dice la constitución respecto de la autonomía y autarquía universitaria”, cerró.

Franco Bartolacci, Rector de la Universidad Nacional de Rosario: "Hoy nos acercamos esta propuesta al Congreso con la voluntad, la expectativa de que pueda encontrar eco, tratamiento y aprobación para resolver estos problemas. Para caracterizarlo sintéticamente, es una propuesta, la que hoy presentamos, responsable porque pretende resolver de manera estructural el problema y porque busca esa respuesta en el ámbito que tiene competencia en una república en materia presupuestaria que es el Congreso de la Nación. Es una propuesta razonable porque busca esa solución de fondo sin comprometer fiscalmente el Estado".

"Todos creemos que la Argentina necesita una economía sólida, todos sabemos que en ese contexto de escasez hay que establecer prioridades, y nos asiste la convicción profunda de saber que la educación y la producción científica, sobre todo en un país que tiene los problemas que tiene la Argentina, debe ser una prioridad. Los países desarrollados en las sociedades del conocimiento invierten 5 veces más de lo que lo hace en Argentina sin tener un sistema público de educación superior robusto”, comparó.

Bartolacci advirtió: “Es un proyecto urgente porque la situación es realmente grave, es delicada y requiere atención rápida y es un proyecto desde nuestra perspectiva necesario porque vuelve a poner las cosas en su justo lugar. Yo creo mucho que las sociedades son muchas veces más inteligentes que sus dirigencias y fue la sociedad argentina la que conmovedoramente el año pasado todas las veces que hizo falta dijo que no hay en las universidades sin el sistema científico de la nación un problema, sino la posibilidad de encontrar una solución a los problemas estructurales que la Argentina tiene”.

Representante de la Federación Universitaria Argentina, Joaquín Carballo, gremio que nuclea a estudiantes del país, indicó: “Tenemos un sistema universitario con carácter federal por eso discutir esto en el Congreso está a tono. Quisiéramos que esta situación con las universidades estuviese resuelta, pero lamentablemente en 2024 nos encontramos con un veto presidencial, luego de que sea aprobada en ambas cámaras. Es una clara postura del gobierno de dónde está puesta la prioridad”.

“Un país que se precie de tal, no puede no invertir en educación si piensa que tiene que estar en la senda del desarrollo. Me pregunto cuál es el modelo de desarrollo que está mirando el Gobierno nacional. Eso nos preocupa”, criticó y sumó: “Hay una situación crítica con las becas universitarias que en muchos lugares se utilizan en cada una de las áreas donde un estudiante tiene que destinar su presupuesto. Hoy hablamos de dos becas nacionales PROGRESAR y Manuel Belgrano congeladas en $35 mil y $81 pesos”.

Diputados resolvió este martes emplazar a un plenario de comisiones para que el próximo 6 de mayo emita dictamen sobre distintos proyectos vinculados a la situación previsional. El foco estará puesto en la posible prórroga por dos años de la moratoria que venció el pasado 23 de marzo, una medida resistida por el oficialismo y sus aliados legislativos.

El diputado riojano Ricardo Herrera (UP) hizo el pedido de emplazamiento a Presupuesto y Hacienda, para que se sume a la de Previsión y Seguridad Social este miércoles 9 de abril a las 12. El cronograma es que también se reúna el miércoles 23 de abril a las 14 horas; el martes 29 de abril a las 13 horas y emita dictamen el día martes 6 de mayo a las 13 horas. La votación cosechó 125 votos afirmativos, 77 negativos y 9 abstenciones.

El emplazamiento fue respaldado por legisladores de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, y la diputada radical Natalia Sarapura.

Entre las propuestas que se pondrán sobre la mesa, figuran proyectos de los diputados oficialistas Leopoldo Moreau, Brenda Vargas Matyi y Andrea Freites, así como de Vanina Biasi (Frente de Izquierda), que proponen extender por dos años el Plan de Pago de Deuda Previsional. En tanto, Gisela Marziotta (UP) presentó una alternativa más ambiciosa que plantea una prórroga de 10 años, aunque los consensos actuales permitirían, en el mejor de los casos, una extensión de solo dos años.

La moratoria permitía a mujeres de 60 años y hombres de 65 regularizar sus aportes hasta alcanzar las 120 cuotas requeridas para jubilarse. Sin la extensión, la única opción disponible es acceder a la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que exige tener 65 años sin importar el género y otorga un haber equivalente al 80% de la jubilación mínima.

También se tratará un proyecto alternativo impulsado por la cordobesa Alejandra Torres (Encuentro Federal) y el rionegrino Agustín Domingo (Innovación Federal), que propone un sistema de jubilación proporcional en función de los aportes realizados. Esta propuesta, que podría atraer el respaldo de sectores del radicalismo, establece que el haber se calcularía sobre la base de un 1,5% por cada año trabajado (o fracción mayor a seis meses), hasta un tope de 35 años.

Durante la sesión de este martes en la Cámara de Diputados, donde la oposición avanzó con varios temas incómodos y resistidos por el oficialismo, se aprobó un emplazamiento a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para que trate un proyecto de ley que propone declarar la emergencia nacional en discapacidad.

La votación para que la comisión presidida por el libertario José Luis Espert se reúna el próximo miércoles 23 de abril de a las 12 horas para tratar el tema resultó con 126 votos positivos, 70 negativos y 15 abstenciones.

Se trata de una iniciativa cuyo autor es el diputado de Unión por la Patria Daniel Arroyo, presidente de la Comisión de Discapacidad, donde el texto recibió el primer despacho. Luego fue avalado también en la Comisión de Acción Social y Salud Pública.

El proyecto plantea declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027 y propone diversas medidas de protección y promoción de derechos para las personas de este colectivo.

A su vez, contempla el financiamiento adecuado de las pensiones no contributivas; el fortalecimiento de los prestadores básicos; que se garantice el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad y se sostenga el cupo laboral para personas con discapacidad.

Entre otros puntos, introduce ciertas modificaciones en la legislación vigente para armonizarla con las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En su carácter como titular de la Comisión de Discapacidad, el diputado Daniel Arroyo (UP) señaló que solo falta el tratamiento en la Comisión de Presupuesto. Así, enumeró tres razones para la declaración de la emergencia.

“Está claro que se ha desacomodado el sistema de prestaciones y hay una caída profunda del mismo y de atención a las personas con discapacidad. Los hogares, asociaciones civiles están a punto de cerrar porque todas tienen deuda con la ex AFIP y les han planteado que hasta junio se extiende y esa es la situación. Hacen ferias americanas para poder recaudar, venden cosas. El último aumento que se dio fue en diciembre del 0,5%. Está totalmente desacomodado el sistema básico de la prestación, eso amerita declarar la emergencia”, explicó.

Arroyo planteó como segunda razón las pensiones: “El Gobierno hizo auditorías y está bien, pero lleva ya 15 meses y nadie entiende cómo se da y han llegado más de 300 mil telegramas porque las personas no saben qué hacer y luego les dan de baja a la pensión por discapacidad. Llegan mensajes contradiciendo toda la lógica del Estado”.

“Hay 500 mil personas que se presentaron para acceder a la pensión y aún no pueden, en los últimos 14 meses solo accedieron 586, el 0,1%. La ANDIS está tratando de encontrar la cuadratura del círculo porque le piden un nivel de ajuste imposible de cumplir”, manifestó.

Por último, Arroyo cuestionó que “hay maltrato por parte del Gobierno” haciendo alusión a la radiografía de un perro que mostró el vocero presidencial Manuel Adorni en una conferencia de prensa de que una persona accedió a la pensión a través de esa placa. “Hay irregularidades, hay que auditar, pero no hay que maltratar. Hay una resolución la 187 que vuelve atrás con el concepto de invalidez, y ponen conceptos como ‘idiota’, ‘débil mental’, ‘imbécil’, para las personas con discapacidad volviendo 100 años atrás. El Gobierno pidió disculpas, estableció en un comunicado que iba a retroceder con ello, pero no lo hicieron”.

“Las personas con discapacidad vienen con problemas hace mucho tiempo, son invisibilidades, la pasan mal, hay problemas de recursos hace mucho tiempo, pero ahora se ha decidido desestabilizar totalmente el sistema con montos desacomodados fuera de cualquier lógica. Es necesario declarar la emergencia porque está todo desacomodado. Se plantea toar de base diciembre de 2023 antes del 120% de devaluación y actualizar el monto a hoy y tomarlo como base para actualizar los montos por inflación mes por mes. Es justicia y racionalidad económica. Hay que compensar partidas”, cerró.

Por el bloque Pro, la diputada Patricia Vásquez manifestó que “se pretende emplazar un sistema jubilatorio quebrado hace décadas. Tiene que ver con un desastre de 35 mil millones de dólares que desaparecieron del Fondo de Sustentabilidad de todos los jubilados mientras Massa hacía canjes de dólares y bonos en pesos, pero los desfinanció”.

“Cuando se analiza la auditoría en discapacidad, si no hubiesen hecho el desastre que hicieron, no se necesitarían las auditorías. De 1 millón de pensiones no contributivas se encontraron 25 mil para algunos que trabajan 60 mil que tienen incompatibilidades, 17.500 a extranjeros sin residencias, 112 mil menores. Si no hubieran hecho el desastre que hicieron, no estaríamos como estamos. No pongan sobre la mesa temas que nos importan mucho, pero con la engañosa intención de desequilibrar las cuentas fiscales porque esto no está acorde a la ley de administración financiera en su artículo 38 porque no dice de dónde sale la plata que se fumaron y la disfrazaron”, remató.

La cordobesa Alejandra Torres (Encuentro Federal) afirmó que “estamos en situación de emergencia con la cobertura de las personas con discapacidad. Es cierto que los aranceles están atrasados y ameritan un incremento en función de la inflación, pero también es cierto que el sistema de cobertura es totalmente arbitrario, injusto, burocrático”.

Así, propuso que “hay que hacer una reforma integral que vea y analice algo de que el factor de deterioro del sistema que es la CUD un certificado que carece de requisitos, parámetros claros y precisos. En 2011 pasamos de 9 mil personas con discapacidad a 2021 a 1 millón y medio, un 54% anual se incrementaba el porcentaje de personas con discapacidad siendo que no hubo eventos dramáticos que hubiesen provocado una inminente población con discapacidad”.

Luego de que el oficialismo se alzara con el triunfo del blindaje al veto presidencial hacia la Ley de Financiamiento Universitario, la sesión se desmadró cuando, al momento de continuar con las cuestiones de privilegio y los homenajes tal como habían acordado en Labor Parlamentaria, el diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño hizo una moción de emplazamiento a comisiones sobre los proyectos de modificación a la Ley que regula los DNU.

El cordobés dispuso leer el pedido: “De acuerdo a lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 106 del reglamento esta Cámara formulo moción a fin de que se disponga el emplazamiento de las comisiones de Asuntos Constitucionales; de Peticiones, Poderes y Reglamento para que, en forma conjunta y en trabajo plenario, inicien en el tratamiento de todos los proyectos de ley referidos a la modificación de la Ley 26.122 de Régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia”.

En tanto, propuso que se realicen reuniones informativas de estas dos comisiones el día miércoles 16 de octubre a las 17; la segunda el día 23 de octubre en el mismo horario y el día 30 de octubre estar en condiciones para dictaminar. Tras ello, la moción de emplazamiento resultó afirmativa con votación a mano alzada.

La propuesta que trajo conflicto

El cordobés respaldó su pedido en los términos del penúltimo párrafo del artículo 106 del reglamento interno de la Cámara respecto de los proyectos de ley que modifican la Ley 26.122 del régimen de los DNU. “El tema de los emplazamientos los vamos a hacer al final como hemos quedado. Primero las cuestiones de privilegio, homenajes. Es lo que acordamos en Labor Parlamentaria entre todos”, le aclaró el presidente del Cuerpo, Martín Menem.

Al darle la palabra al diputado de izquierda Alejandro Vilca para que realice una cuestión de privilegio, éste decidió cederle su tiempo al diputado Nicolás Massot, pero Menem le reiteró enojado: “Ya se la he dado, no es una moción del 127…  Lo hemos planteado en Labor Parlamentaria que venía el debate de la sesión, votábamos, Luego cuestiones de privilegio, homenajes y durante la sesión vinieron a pedirme un emplazamiento y lo vamos a hacer al final como hemos quedado porque estamos cumpliendo el plan que nos hemos trazado todo y no vamos a cambiar”.

“Retiro mi cuestión de privilegio para que tenga la oportunidad el diputado Massot”, reiteró Vilca, pero el titular del Cuerpo lo volvió a rechazar, aunque luego le cedió finalmente la palabra al diputado de Encuentro Federal.

Massot le planteó a Menem que no es la primera vez que, por cuestiones de la dinámica, se altere el plan de labor. “Tampoco va a ser la primera vez que para respetar el plan decidamos votar mociones de orden y, si resultan afirmativas, tratarlas al final. Quizás sea una solución y usted lo ha hecho en sesiones pasadas presidente...”. Atento que Menem no lo estaba mirando, lo chicaneó: “Si quiere le mando un mensaje de texto si lo va a leer desde el teléfono”. “Lo estoy escuchando diputado”, le retrucó el libertario, pero Massot le contestó: “No parece”.

“Estoy cumpliendo con lo que nos hemos comprometido todos en Labor Parlamentaria”, reiteró Menem, pero el diputado de Encuentro Federal insistió: “Entonces no me está escuchado, porque las mociones no atentan contra el plan de labor y se puede cumplir simplemente respetando las mociones, votándolas y si resultan afirmativas se votan al final. No está fácil el clima acá. Por favor tenga la prudencia de respetar las mociones”.

El titular del Cuerpo solicitó al secretario parlamentario dar lectura al artículo 127 del reglamento de la Cámara sobre las mociones de orden.

Se sumó al cruce el jefe del bloque de la CC, Juan Manuel López, quien le recordó a la Presidencia que el pasado 1 de octubre se aceptó una moción por el tema de los incendios en San Luis que alteró el plan. “Está claro en el reglamento, no lo violenten. El diputado Agost tiene que poder completar la moción que estaba haciendo y votarla inmediatamente, no veo por qué tensar y hacer decir algo que no dice el reglamento y por qué no podemos en los términos del 106 emplazar una facultad que circunstancialmente tiene usted”, le planteó López y le enrostró que hubo cinco antecedentes “pacíficos” sobre lo mismo.

Como titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el libertario Nicolás Mayoraz, comentó que le propuso a Agost Carreño, ante la posibilidad de pérdida de quórum en la sesión, la realización de una reunión de la comisión para tratar los 16 proyectos que hay de reforma de la Ley de DNU, teniendo en cuenta que es una ley que requiere de mayoría especial, para el miércoles siguiente y armar un plan de trabajo. “Pasaron 12 años sin tener ley de DNU y entendemos que hay que modificarla”, afirmó Mayoraz.

Menem lo interrumpió en tono enojado y le aclaró: “No se trata convocar o no. Las mociones de orden están en el 127 no es que no se van a tratar, solo estamos respetando el orden en el que hemos quedado… No se trata de no tratar algo, simplemente que al final se vota y se emplaza. No hay voluntad de no tratar algo”.

De la vereda de enfrente, el jefe de la bancada de UP, Germán Martínez, reafirmó que un emplazamiento en el recinto se puede hacer “en cualquier momento de la sesión”, y le advirtió: “Ya hizo todo lo que tenía que hacer y no nos va a voltear el quórum”, a lo que Menem reaccionó: “Diputado no se trata de voltear el quórum…si quieren votar lo van a hacer”, a lo que el santafecino le salió al cruce: “Lo que tiene que hacer es interpretar el reglamento porque la moción de emplazamiento no tiene nada que ver con las mociones del 127”, y le pidió votar la propuesta de Agost Carreño.

También se metió el diputado de izquierda Christian Castillo al debate quien le recordó a Memen que “se han hecho en las sesiones numerosas oportunidades donde se ha hecho mociones de orden que debían ser puestas a votar y no se votó. Se han modificado propuestas de moción que usted transformó en apartamientos. Apoyamos la propuesta del diputado Agost Carreño”.

Por el Pro, la diputada Silvana Giudici le tiró más leña al fuego y arremetió: “Me da escozor que el partido que defiende la institucionalidad y la república la que se siente con estas maniobras a querer torcer la voluntad de una mayoría. El plan de labor se cumple y el que se haga cargo que quiere llevarse puesto al Gobierno o la voluntad de la mayoría de los argentinos expresados en este Congreso decida de qué lado se queda. Queremos que se cumpla el plan de labor y no hay cuestión reglamentaria para que sea diferente”.

Tras ello y para poner paños fríos, el presidente de la Cámara invitó a los jefes de bloque a un breve cuarto intermedio de un minuto para “resolver el tema como corresponde. Nos tenemos que poner de acuerdo porque estamos incumpliendo”. Para dar cierre a la situación, pidió al diputado Agost Carreño que reitere la moción y pidió no volver a repetir lo ocurrió porque “damos un mal ejemplo”.

En medio de la sesión especial de la Cámara de Diputados de carácter “maratónica”, el jefe del bloque UP, el santafecino Germán Martínez, solicitó que se vote una moción de emplazamiento a comisiones por el tema del financiamiento de universidades, FONID y jubilaciones, pero el pedido fue desestimado por el titular de la Cámara, Martín Menem.

Martínez se basó en los términos del artículo 106 del reglamento interno de la Cámara para que “podamos avanzar en el emplazamiento a las comisiones que tienen giro alrededor de tres proyectos que venimos insistiendo hace un tiempo. El tema del financiamiento a las universidades, el FONID y la movilidad jubilatoria”.

“En uso de la facultad que tiene este Cuerpo es que solicito que se emplace a las comisiones de Educación y de Presupuesto”, planteó y procedió a leer la cantidad de proyectos sobre universidades, FONID y movilidad. Respecto de este último, señaló: “Sobre la movilidad de los haberes jubilatorios destacamos que ya se avanzó en la Comisión de Previsión y Seguridad Social, falta aún el tratamiento en la Comisión de Presupuesto”.

A continuación, Martínez explicó un cronograma tentativo para que se vote: “Próximo día jueves está convocada la comisión de educación en una reunión informativa respecto al tema universidades y han incorporado a solicitud de los bloques algunos expedientes. Pedimos que el martes 7 de mayo a las 12 horas la Comisión de Educación realice una reunión informativa sobre el FONID, el miércoles 8 a las 12 que la Comisión de Presupuesto realice una informativa sobre la movilidad de los haberes jubilatorios, el martes 14 de la otra semana a las 14 la Comisión de Educación firme dictamen por universidades y FONID y el jueves 16 a las 12 horas la Comisión de Presupuesto para firmar dictamen de haberes jubilatorios y a las 16 para firma de dictamen de FONID y universidades”.

En contraposición, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el libertario José Luis Espert, expresó que “la moción que plantea Martínez es abstracta porque ya está citada a reunión de comisión para el miércoles 8 de mayor a las 16. Así que no hay ninguna necesidad de ningún emplazamiento en esta Cámara por el día de hoy”.

Martínez recogió el guante y le aclaró que lo que están proponiendo es un cronograma de trabajo que va “desde la informativa al momento del dictamen”. “No es la primera vez que se hace en la Cámara y ha permitido, en los casos donde había demoras en convocatorias, que se pueda avanzar al respecto. Hay fecha de inicio y finalización de los tratamientos”, planteó.

Luego, el diputado nacional Alejandro Finocchiaro (Pro – Buenos Aires) le consultó a Martínez si también emplazó a la Comisión de Educación y agregó que “habíamos llegado que convocaba para este jueves para tratar expedientes relativos solamente a financiamiento universitario, ningún otro tema. Los demás temas los podemos ir tratando a medida que avanzamos en comisión porque el jueves voy a plantear un cronograma de trabajo para tratar financiamiento universitario”.

Por su parte Espert volvió a tomar la palabra y le aclaró que hasta tanto no tengan los dictámenes de la evaluación del costo fiscal de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre las mejoras en movilidad jubilatoria de los cuatro dictámenes la Comisión de Presupuesto “no se va a mover, no veo la necesidad de adelantar nada porque ya hay una convocatoria”.

El diputado neuquino Osvaldo Llancafilo (MPN) remarcó que “no se puede desfinanciar la universidad pública, fue un error que cometió el Gobierno. Estamos de acuerdo en que el presupuesto universitario se pueda actualizar por IPC, pero no nos vamos a prestar a ese juego político partidario de algunos que pretendieron utilizar la marcha de miles de argentinos en beneficio de la educación pública tratando de sacar una ventaja política”.

La radical Danya Tavela planteó: “Si queremos avanzar en la solución del tema, hay que respetar las reglas de juego pautadas”, por lo que explicó que en las reuniones informativas tienen previsto avanzar y convocar a autoridades del Ejecutivo porque “al tema del presupuesto universitario hay que tratarlo en serio, no es un arrebato que podemos resolver en cinco minutos en una votación exprés. Espero tener un dictamen de consenso, transversal, inter partidario, que nos involucre a todos”.

La entrerriana Blanca Osuna “no es un tema que surgió de un día para el otro. La iniciativa de tener una sesión para poder en definitiva definir días y horarios para que la comisión convocara. Nos preocupa que se enfoque el tema teniendo tanto el financiamiento como el FONID para tener una mirad integran del sistema. Hay más de 20 proyectos presentados de ambos temas”.

En tanto, la diputada de izquierda Romina Del Plá alertó que los temas planteados son “de enorme urgencia” y que “no pueden ser sometidos a una demora eterna. Nos parece que el cronograma presentado es más acelerado y acertado”.

Finocchiaro insistió en que “en el reglamento de la Cámara quien pone el temario es el presiente consensuando con las demás fuerzas políticas. La realidad es que se vino trabajando, convocamos a los rectores, a los estudiantes. Después de la marcha hablamos con distintos sectores y acordamos hacer una convocatoria para tratar solamente financiamiento universitario. Por supuesto que quedan temas por tratar y los vamos a ir trabajando, pero al acuerdo que llegamos consensuadamente fue que este jueves se trataba financiamiento universitario”.

“El kirchnerismo tiene que acostumbrarse es que hay una nueva realidad y que el consenso no lo necesita siempre para ser mayoría”, remató.

De forma breve, el diputado Hugo Yasky (UP) alertó que “en las provincias hay una cantidad de conflictos planteados por la rebaja salarial docente, estamos pidiendo que los temas se traten y no se cajoneen y si hay acuerdos que sean con todos”.

Sin embargo, a fin de apurar los trámites del tratamiento del paquete fiscal, Martín Menem le aclaró al jefe del bloque UP: “el emplazamiento no es una moción de orden del artículo 127 que son las únicas que desplazan cualquier tema en cuestión y este tema no está entre los solicitados para la sesión, no está habilitado”.