Reglamentada la primera parte de la Ley de Bases, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a destacar la puesta en marcha de la norma, que tendrá a su cartera como protagonista de la implementación de varios aspectos.

"Hoy el Dec 695/24 reglamentó parte de la Ley Bases; en particular aquellos aspectos que persiguen tres objetivos centrales: acelerar la MOTOSIERRA, implementar un mecanismo ANTI-ÑOQUIS en el empleo público, y cambiar los procedimientos administrativos con procesos ANTI-COIMAS", definió el funcionario.

En un extenso posteo en su perfil de la red social X, Sturzenegger explicó "los cambios e implicancias fundamentales" de cada capítulo reglamentado, que "constituyen la respuesta del Presidente @JMilei al mandato que recibió en las urnas y que hoy se pueden implementar gracias a haberse logrado la aprobación del Congreso Nacional".

Así, comenzó: "MOTOSIERRA. El Congreso ha sido generoso en las delegaciones, ya que le permite al Estado adecuar en tamaño, fusionar o centralizar cualquier órgano de la administración pública. También lo faculta a cerrar cualquier organismo del Estado si no está en una lista de excluidos".

"Además, lo habilita a cambiar las formas societarias de las empresas públicas en base a un mandato que ya estaba en el DNU 70/23. Autoriza también la privatización de un conjunto de empresas, que se suman a las que siguen autorizadas por la Ley 23.696", continuó.

Y anticipó entonces que "estos cambios permitirán una amplia reestructuración del Estado que se materializará a través de una serie de decretos delegados. El primero, que cierra definitivamente el INADI, estará publicado brevemente luego de esta reglamentación".

En una segunda parte, el ministro habló del concepto "ANTI-COIMAS". "La Ley Bases implementa una serie de cambios en la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549. Los cambios apuntan primordialmente a reducir la capacidad del Estado de apretar o coimear al ciudadano", señaló.

Sobre esto, dijo que "se instaura el proceso de silencio positivo para las autorizaciones y otros trámites que el Poder Ejecutivo determine. Ante un pedido de autorización, si el Estado no se expide en un plazo de tiempo determinado, quien lo solicita queda automáticamente autorizado".

"¿Por qué es un mecanismo anti-coimas?: porque antes el funcionario podía “cajonear” el expediente y pedir algo a cambio para destrabarlo. Ahora ese poder desaparece porque el trámite se aprueba en forma automática en un plazo breve. ¿Por qué los cambios son también anti-extorsiones?: porque se permite recurrir judicialmente una multa sin tener que pagarla. Antes se podía extorsionar a una empresa o persona con una multa que debía pagar antes de cuestionarla. Ahora esa potestad del funcionario desaparece", detalló.

Según Sturzenegger, "las multas disciplinantes fueron un mecanismo muy común durante el kirchnerismo: amenazar o imponer multas delirantes para silenciar cualquier disenso. Eliminar esta potestad es devolverle capacidad de defensa al ciudadano ante la arbitrariedades del Estado".

También, "se elimina la necesidad de agotar la vía administrativa para una serie de circunstancias. La necesidad de agotar las instancias administrativas también permitía 'cajonear' una demanda contra el Estado. El cambio genera una mayor protección del ciudadano".

En un párrafo de su posteo, el funcionario hizo una mención especial a que "el borrador en el que se basó la Ley Bases para los cambios a la Ley de Procedimiento Administrativo fue redactado" por la diputada aliada Paula Omodeo (CREO-Tucumán) "y luego fue enriquecido por aportes de todos los bloques". "Fue un verdadero trabajo en equipo del Ejecutivo y el Congreso", resaltó.

En su tercer concepto de "ANTI-ÑOQUIS", el economista indicó que "se modifica la Ley de Empleo Público 25.164, buscando mejorar la calidad del empleo público, evitar la interferencia política en los nombramientos, fortalecer el régimen disciplinario, evitar el dispendio de recursos y facilitar el proceso de ordenamiento del Estado".

"Hoy, siguiendo el mandato de las urnas, el Estado está en un proceso de achicamiento y ya se ha producido una reducción del empleo público de más de 20.000 agentes. Pero nunca es un mal momento para diseñar mecanismos que garanticen que los ingresos sean de personal idóneo", sostuvo.

Y continuó: "Para ello se incorpora un examen objetivo de competencias. El examen lo deberá rendir cada empleado público que ingrese y su resultado lo determinará una computadora. Solo podrá proseguir el proceso de contratación quien obtenga una nota superior a la de corte. De esta manera se evita repetir la estrategia desarrollada por el kirchnerismo en su retirada de 'minar' al Estado de militantes sin las competencias básicas para sus tareas. La clave es que la nota del examen es objetiva, es decir, sin interferencia humana".

Además, "el régimen disciplinario se endurece al brindarles más poder a los funcionarios para sancionar conductas de incumplimiento de los empleados. A su vez se determina la obligatoriedad del descuento por día no trabajado por paro. Las adscripciones por fuera del Poder Ejecutivo dejarán de ser remuneradas por el Gobierno nacional. Se termina el dislate de las adscripciones a otros poderes a costa del contribuyente", enumeró.

El titular de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado mencionó que "se reglamenta el proceso de disponibilidad" de modo que "cuando una unidad se elimina o está sobredimensionada, el personal puede ser puesto en disponibilidad. Durante el periodo de disponibilidad cobrará el sueldo, dependiendo de su antigüedad, por un período de hasta 12 meses".

"Durante este periodo podrá capacitarse. Si consigue trabajo en el sector privado, la empresa podrá tomar a cuenta los sueldos del Estado generando una oportunidad de reinserción rápida para estos trabajadores", precisó.

Finalmente, el ministro resumió que "lo reglamentado hoy se focaliza primordialmente en los aspectos de la Ley Bases que versan sobre reforma del Estado. En las sucesivas semanas se completará la reglamentación del resto de los capítulos de la Ley Bases".

En su primera conferencia de prensa, el flamante vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo este lunes que "el 'no hay plata' no es una frase hecha, se va a respetar a rajatabla el equilibrio fiscal y la lógica de que no podemos gastar más de lo que tenemos".

"El camino es largo para encaminar esta Argentina de decadencia, para terminar con 45% de pobres y terminar con una inflación que nos acompaña desde hace 21 años", expresó desde Casa Rosada ante la prensa acreditada.

Adorni aseguró que "está claro que se vienen tiempos de cambios, tiempos que serán complejos" porque "Argentina está desordenada, tiene un problema de emisión monetaria". En ese sentido, pronosticó que "va a seguir impactando en precios durante mucho tiempo más".

Por otra parte, consultado por el ajuste sobre el Estado anunciado en su discurso de asunción por el presidente Javier Milei, Adorni señaló que "al empleado público hay que ponerlo en valor". "La gran mayoría de la gente que trabaja en el Estado es válida, es necesaria, y muchas veces ha sido dejada de lado. No estamos de acuerdo con lo que se denomina el empleo militante", dijo.

Sobre ese término, cuestionó al que "no aporta nada, quita productividad, salario y funciones al empleado que quiere trabajar". Pero cerró: "Nadie de la planta pública que tenga un trabajo que aporte valor va a tener que tener preocupación".

Desde julio, Alberto Fernández prohibió por decreto la contratación de empleados en el gobierno nacional, sin embargo, consultando el Boletín oficial puede constatarse que se viene eludiendo la prohibición a través de la creación de Unidades Ejecutoras Especiales Temporarias. Frente a esta evidencia de que la medida no se está respetando, diputados de Juntos por el Cambio, con Germana Figueroa Casas a la cabeza, presentaron un pedido de informes para que el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, brinde explicaciones.

“Están usando la figura de las ‘unidades ejecutoras especiales temporarias’ para burlar la norma que ellos mismos dictaron. Es inaceptable que se siga aumentando el gasto público cuando tenemos tres dígitos de inflación anual, déficit y una presión impositiva insostenible por los sectores productivos”, aseguró Figueroa Casas, especialista en finanzas públicas.

El proyecto pide que se entregue en detalle a quién se contrató, en qué puestos y por qué monto utilizando esta figura de “unidades ejecutoras especiales temporarias”, algo que aparece en varios ministerios, desde la cartera que comanda Victoria Tolosa Paz hasta el propio Sergio Massa. Entre las más polémicas se encuentra la designación de una persona muy cercana al Superministro de Economía, Ezequiel Melaraña, compañero del secundario y presidente del Club Atlético Tigre.

“Sin eficiencia en el ámbito público no es posible el desarrollo económico, social e institucional de nuestro país. Claramente utilizar este tipo de herramientas para eludir la prohibición de tomar personal actúa en detrimento de la eficiencia y entorpece la creación de políticas públicas que favorezcan el desarrollo. Es necesario contar con explicaciones y mirar cada caso en detalle para terminar con la burocracia estatal”, concluyó Figueroa Casas.

El proyecto contó con las firmas de los diputados nacionales Ingrid Jetter, Paula Omodeo, Ximena García, Marcela Antola, Dina Rezinovsky, Graciela Ocaña, Alberto Asseff, Omar De Marchi, Pamela Verasay, Sabrina Ajmechet, Lidia Ascarate, Gerardo Cipolini, Laura Rodríguez Machado, Carlos Zapata, Álvaro Martínez, Hernán Lombardi, Pablo Torello y Ricardo López Murphy.

Los diputados nacionales Cristian Ritondo, Mercedes Joury y Hernán Lombardi (Pro) presentaron un proyecto de ley que impulsa el congelamiento de remuneraciones e incorporaciones en el Estado Nacional.

“En el marco de la actual crisis económica, la política debe dar un ejemplo contundente y hacer un aporte trascendente al ordenamiento de las cuentas fiscales ante el fracaso ostensible del cuarto gobierno kirchnerista”, afirmó Ritondo.

El presidente de la bancada Pro consideró que “es necesario demostrar que la clase política deja de estar distanciada de la agenda de la mayoría de los ciudadanos de a pie. Es una disparidad obscena la jubilación mínima de $37 mil pesos, que cae bajo la línea de pobreza, y el cobro de la vicepresidenta de la Nación, que cobra dos pensiones vitalicias mensuales y llega a ganar $4.100.000 pesos por mes”.

Por su parte, Lombardi explicó que “el objetivo es frenar el gasto y evitar que sigan incorporando militantes al sector público. Hay que limitar el daño que hace el Gobierno y cuidar a la gente que se empobrece día a día por una inflación descontrolada”.

"Los argentinos que trabajan en el sector privado vienen sufriendo a diario la crisis económica, la inflación, las dificultades para conseguir empleo o sostenerlo. La política tiene que dar el ejemplo, y hacerse cargo primero de los costos de esta catástrofe económica antes de seguir pidiéndole sacrificios solamente a los ciudadanos", sostuvo Joury, y agregó: "Esperemos que el Gobierno acepte reducir los privilegios de la política y quiera discutir este proyecto en el Congreso”.

La iniciativa tiene como objetivo prohibir las designaciones y contrataciones de personal hasta el 31 de diciembre de 2023 con excepción de aquellas que sean necesarias para servicios esenciales, como fuerzas armadas y de seguridad, salud o educación, y en todos los casos deberá justificarse las razones de urgencia.

Además, el proyecto de ley propone el congelamiento de todas las remuneraciones, por todo concepto, por el término de un año del presidente y vicepresidenta, ministros, secretarios, directores, cargos jerárquicos de las empresas, sociedades y entes descentralizados del Estado, así como también las remuneraciones de los diputados, senadores y demás funcionarios políticos de ambas Cámaras del Congreso Nacional.

El texto incluye la invitación a adherir para las provincias y la Ciudad, de modo que puedan disponer el congelamiento de remuneraciones en sus jurisdicciones.

La propuesta fue acompañada por los legisladores del interbloque María Eugenia Vidal, Gerardo Milman, Gabriela Besana, Marilú Quiroz, Gabriel Chumpitaz, Dina Rezinovsky, Alberto Asseff, Karina Bachey, Rogelio Frigerio, Alejandro Finocchiaro y Rodrigo de Loredo.

Con el único voto negativo del bloque unipersonal de Juntos por el Cambio, se aprobó la ley que permite el pase a la planta permanente en el Estado rionegrino de 1.969 empleados que revistaban como contratados hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Del ese total, 1.238 trabajan en Salud Pública, 161 en la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, 130 son del personal del Servicio de Apoyo del Ministerio de Educación, y 1 de la Agencia Provincial de Adicciones, entre otras reparticiones. 

El legislador Lucas Pica, miembro informante del oficialismo, resaltó la decisión política de Juntos Somos Río Negro para restituir derechos a los trabajadores: “Hoy podemos decir que, en el concierto de provincias argentinas, Río Negro tiene autoridad moral para decir que en nuestra provincia hay precarización laboral cero. Esto es decisión política, es reconocimiento a la lucha de los empleados públicos, es no quedarnos solo en la proclama, para transformar en verbo los reclamos legítimos de nuestros trabajadores”. 

Según el legislador, el proyecto “tiene que ver con restituir y ampliar derechos, con cumplir mandas constitucionales y otorgar previsibilidad a nuestros empleados públicos”. 

Aseguró que la decisión política tomada no tiene costo fiscal: “No estamos incrementando ni siquiera en un solo peso el Presupuesto, ya que los agentes que pasan ya están cumpliendo funciones en el Estado”. 

Remarcó que de los agentes transitorios que están en condiciones de acceder al pase a planta, el 60 por ciento pertenece a Salud Pública y fue contrato en el marco de la Pandemia “para dar batalla al Coronavirus”. 

Por la oposición, Pablo Barreno (FdT) reivindicó la lucha de los trabajadores y sus organizaciones: “El pase a planta permanente significa la estabilidad en el empleo. Estamos orgullosos de ser trabajadores estatales, servidores públicos; nuestras familias también viven en su mayoría del empleo público”, expresó. 

Describió una serie de situaciones para hablar de la fragilidad del empleado contratado y explicó que esto empieza a revertirse con el ingreso a la planta permanente: “Ahí es donde radica la importancia de poder tener estabilidad en el empleo “, sostuvo. 

El proyecto también contó con el voto favorable del Frente Renovador, que se expresó a través de Nicolás Rochas, quien reconoció que con el pase se está saldando una deuda con gran parte del personal de Salud: “Mejor que aplaudir, es reconocer derechos. Y eso es lo que estamos haciendo”, opinó. 

Por el bloque de Juntos por el Cambio, el Legislador Juan Martín no acompañó el proyecto. Consideró que se trata de “una verdadera estafa a los intereses de todos los rionegrinos”. Advirtió que hay “un círculo vicioso de la ‘empleomanía'”, y cuestionó la evolución de la masa salarial en los últimos nueve años, advirtiendo que existe “un fenomenal aumento”. 

El legislador vinculó el pase a planta al tiempo electoral y aseguró que “responde a una forma de hacer política más vinculada a la demagogia, usando el Estado como si fuera propio, para hacer favores, usando al empleado como una dádiva cuasi feudal”.

Cerró el debate el presidente del bloque JSRN, Facundo López, quien enumeró distintas acciones de gobierno llevadas a cabo en los últimos años para concluir: “Nosotros no hablamos de ‘empleomanía’, sino de ‘derechomanía’, por eso reivindicamos los derechos de los trabajadores”. 

El proyecto presentado por la senadora del Frente de Todos, Gabriela Demaría, propone una revisión integral de los permisos previstos en los regímenes laborales que deben garantizar el derecho de las familias a brindar y recibir cuidados, tanto en sus plazos como en sus condiciones, para recomendar las modificaciones que fueran necesarias.

En el marco del 8M, la senadora del FdT, Gabriela Demaría, presentó un proyecto de Ley para la creación de una Comisión Bicameral que realice una Revisión Integral de las Licencias referidas a las responsabilidades familiares, en el ámbito del empleo público de la provincia de Buenos Aires.

La Comisión tendrá por objeto relevar los permisos previstos en los regímenes laborales que deben garantizar el derecho de las familias a brindar y recibir cuidados, tanto en sus plazos como en sus condiciones. Y, si fuera pertinente, proponer las respectivas modificaciones legislativas.

Según Demaría, autora del proyecto, sostuvo que "la reconstrucción de nuestro país y nuestra provincia es con perspectiva de género y desde los diferentes poderes del Estado debemos impulsar acciones y políticas que promueven la igualdad de oportunidades".

Las tareas de cuidado, ampliamente invisibilizadas y no remuneradas, son sostenidas en su gran mayoría por mujeres, según se consigna en los fundamentos de la iniciativa.

“Acá tenemos un punto central para pensar las desigualdades, ya que el tiempo dedicado a la asistencia limita las posibilidades de desarrollo de las mujeres en el ámbito laboral, educativo, en su tiempo ocio u otras actividades que deseen realizar”, destacó la senadora representante de la quinta sección, y agregó: “visibilizar esta matriz desigual y revisar sus condiciones implica avanzar en el camino hacia una provincia más igualitaria”.

En la iniciativa se consigna que la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género publicó el año pasado un interesantísimo informe en base a los resultados del estudio que midió el aporte del Trabajo Doméstico y de Cuidados No Remunerado en el Producto Bruto Interno.

Allí quedó plasmado que se trata del sector que más aporta en toda la economía de nuestro país: representa el 15.9% del PBI, seguido por la industria (13.2%) y el comercio (13%). Y que quienes realizan estas actividades no remuneradas son el 75,7% mujeres y el 24,3% varones. Esta inédita y relevante medición expresa con claridad la falta de reconocimiento y la desigualdad de género en relación a estas tareas.

“En el caso de las trabajadoras y los trabajadores del ámbito público de nuestra provincia, las licencias destinadas al derecho a cuidar son disímiles e insuficientes. La extensión, las condiciones y los alcances de estos permisos requieren una revisión que permita su actualización y puesta a punto con la realidad de este tiempo”, explicó Demaría en los fundamentos de la iniciativa.

Finalmente, el proyecto propone que la Comisión esté integrada por ocho integrantes (cuatro del Senado y cuatro de la Cámara de Diputados), con presencia de las minorías legislativas y paridad de género. Asimismo, para alcanzar los objetivos planteados, se prevé la conformación de una mesa de trabajo junto al Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, el Ministerio de Trabajo, las Universidades y gremios.