Con la intención de garantizar la igualdad de oportunidades a la hora de conseguir un trabajo, el Gobierno de la Ciudad promulgó la creación del Régimen Especial de Prácticas de Formación para el Empleo, un proyecto impulsado por el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción que tiene por objeto facilitar el acceso al empleo formal de sectores de la población que se encuentren en situación de vulnerabilidad laboral y/o social a través de un programa de capacitación teórico-práctica para puestos de trabajo con vacantes efectivas.

Asimismo pone el foco en la inserción laboral, la equidad, el acompañamiento y la capacitación, la ley busca mejorar las condiciones de empleabilidad a través del desarrollo de prácticas formativas en ambientes de trabajo para fortalecer las competencias, habilidades y destrezas de los practicantes en sintonía con los perfiles requeridos por el mercado laboral actual.

Al respecto de la medida, el ministro de Desarrollo Económico y Producción porteño, sostuvo José Luis Giusti, indicó que “desde la Ciudad identificamos que muchos vecinos y vecinas necesitan reconvertir sus habilidades y competencias para acceder a ofertas de empleo en un mercado laboral cada vez más cambiante” y afirmó que “esta ley busca generar sinergia entre el Estado y el entramado productivo local, con el objetivo de mejorar las condiciones de empleabilidad de la población”.

En tanto el subsecretario de Trabajo, Industria y Comercio, Ezequiel Jarvis, explicó que “la formación es la llave para desarrollar un mercado laboral con igualdad de oportunidades. Desde la Ciudad trabajamos día a día en articular acciones conjuntas entre el sector público y el privado, focalizando principalmente en la capacitación de aquellos grupos que tienen dificultad para acceder a un empleo formal”.

Cabe señalar que la iniciativa considera que se encuentran en situación de vulnerabilidad laboral y/o social aquellas personas o grupos poblacionales que enfrenten dificultades en el acceso al trabajo. Sin embargo, la iniciativa prioriza el acompañamiento a mujeres, a jóvenes que aspiren a su primer empleo y a adultos mayores de 40 años que busquen insertarse nuevamente en el ámbito laboral.

Las empresas o pymes públicas o privadas pueden participar en el Régimen de Prácticas de Formación en el rol de “entidades formadoras”; sólo es necesario que cumplan con una serie de requisitos que establece la norma. Al mismo tiempo, deberán presentar una propuesta de capacitación teórica y práctica que busque incrementar las competencias, habilidades y destrezas de los beneficiarios y que se adapte a una demanda laboral específica, es decir, que presente los conocimientos adecuados para responder a las necesidades reales de las empresas.

La duración de las prácticas será de entre tres y seis meses y contará con una carga horaria máxima de cuatro horas diarias o 20 horas semanales. Se realizará un seguimiento personalizado para acompañar el proceso formativo desde el inicio hasta su finalización. Asimismo, cada practicante recibirá una suma de dinero mensual fija en concepto de asignación estímulo que podrá ser financiada de forma conjunta o independiente por parte del Gobierno y la entidad formadora; una vez completado el proceso formativo, el objetivo es que los practicantes puedan incorporarse laboralmente en las posiciones para las que fueron capacitados.