Lo reclamaron una serie de dirigentes, entre ellos varios legisladores nacionales, que quieren hacer ese planteo al presidente en una reunión que le pidieron.
Más allá de que el presidente Alberto Fernández se pronunció la semana pasada contra las “ideas locas de que queremos quedarnos con las empresas”, un grupo de dirigentes políticos, sindicales y sociales -entre ellos varios legisladores- piden que la exportadora Vicentín sea declarada “empresa pública no estatal”, de modo tal que el Estado pase a administrarla.
Basan los firmantes de un documento que pide tal medida en su preocupación “ante la posibilidad de que las maniobras fraudulentas llevadas a cabo por el Grupo Vicentín en detrimento de la banca pública y miles de productores y trabajadores, tenga como resultado una mayor concentración y extranjerización del comercio exterior de granos y de la cadena de producción alimentaria”.
Los firmantes del documento consideran a Vicentín “estratégica y clave para la soberanía y el control sobre la producción de alimentos”, razón por la cual piden una urgente entrevista con el presidente de la Nación, afirmando que “para poner a la Argentina de pie necesitamos una Vicentín que sea una empresa pública testigo del comercio exterior y de la producción de alimentos”.
Entre los firmantes aparece los exlegisladores nacionales Claudio Lozano, Fernando “Pino” Solanas, Victoria Donda, Alcira Argumedo, Horacio “Conde” Ramos y Rubén Giustiniani. Y también los actuales diputados nacionales Itai Hagman, Juan Carlos Alderete, Leonardo Grosso.
Asimismo firman el documento Mempo Giardinelli, Carllos Del Frade, Horacio González, Ricardo Peidró, Víctor De Gennaro y Juan Grabois, entre otros.
