El sector gremial hizo hincapié en la antigüedad de “más de 100 años” de la norma vigente. Desde el sector empresarial, abogados y especialistas académicos criticaron los proyectos, coincidieron en que “bajar las horas de trabajo no implica mayor productividad” y que “no es el momento adecuado del país para hacerlo”.
La Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, a cargo de la oficialista Vanesa Siley, llevó a cabo este miércoles la segunda reunión informativa para debatir la reducción de la jornada laboral, que tiene como base siete proyectos de ley, cinco de oficialistas, uno de la izquierda y el restante del socialismo, con el objeto de lograr los consensos necesarios para modernizar la ley 11.544 que lleva casi 100 años de vigencia regulando la jornada de trabajo en nuestro país.
El encuentro contó con la participación y disertación de representantes gremiales que respaldaron la iniciativa la hacer hincapié en la antigüedad de “más de 100 años” de la normativa vigente. Por el contrario, del sector empresarial, académicos y abogados criticaron los proyectos, señalaron que no hay evidencia técnica que demuestre que “reducir las horas de trabajo implica mayor productividad”, y plantearon que “no es el momento adecuado del país” para lleva adelante esta propuesta.
Al inicio, Siley sostuvo que el tema “ha generado en la vida social repercusión y gran debate”, y recordó que en la reunión anterior asistieron nueve expositores, entre ellos la ministra de Trabajo Kelly Olmos. También informó que se contactaron desde la OIT (Organización Internacional del Trabajo) quienes manifestaron sus ganas de poder asistir, pero aclaró que “quedará para las próximas reuniones informativas porque requiere de todo un tiempo de preparación”.
Así, la titular de la comisión enumeró algunos puntos que surgieron del debate anterior para poder incorporarlos al dictamen futuro, tales como la desconexión digital por una necesidad de “programación progresiva”, y la discusión de las diferentes realidades laborales del país para que “puedan ser contempladas”.
También confirmó una tercera reunión en dos semanas, debido a que la que va del 9 al 12 (porque es fin de semana largo) habrá sesión de la cámara.
Héctor Daer, secretario General de la CGT (Confederación General del Trabajo) despojó la iniciativa de una cuestión electoral al recordar que su sindicato en el 1ro de mayo anunció que “este año íbamos a trabajar la reducción de la jornada laboral”. “No es bueno que se pongan cuestiones terminantes de ‘esto es imposible’, ‘esto no se puede hacer’”, indicó y mostró datos de un estudio de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) donde México tiene 48 horas laborales que “tramita la reducción”, Chile 45 horas “que ya la redujo posterior a esto”, y los demás están en 40 horas como Francia.
“Argentina aún tiene 48 horas y eso nos tiene que hacer pensar que estamos fuera del mapa”, señaló y se refirió a la falta de igualdad entre el hombre y la mujer al explicar que “cuando se habla del tiempo de trabajo es la mayor cantidad de tiempo de su vida activa que realiza. Todos pasamos más tiempo en el trabajo que en la casa con la familia porque, no solo tenemos la jornada laboral sino también horas de viaje. Esto también cambió con el tiempo hace 100 años la cercanía al trabajo era mucho mayor que ahora y esto se modificó en los últimos 40 años”.
Daer consideró que “es fundamental discutir también la distribución de la jornada sobre cómo adecuarlo que tiene que ir por la vía de los convenios colectivos. Hay que establecer una jornada mínima, plazos para que se articule en los convenios y estoy de acuerdo en que hay que profundizar el debate”.
“Cuando hablamos de productividad empecemos a desagregar quién a lo largo del tiempo se llevó las ganancias y por ahí vamos a entender el camino que estamos buscando, que no hay que acelerar ni condicionar porque si no, no sale más esta ley. Tenemos que pensar en que Argentina tiene que dar un paso fundamental en la reducción de hora”, concluyó.
En su intervención, Estela Díaz, ministra de las Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, consideró que el debate sobre licencias parentales -al cual también asistió- está relacionado con la reducción de la jornada laboral algo que “es fundamental”.
“Era hora que empecemos a debatir una jornada laboral que se definió hace 100 años, mismo con las licencias que es algo que se definió hace décadas y es necesario plantearlo”, indicó y asimiló: “Debemos pensar la jornada laboral en torno a la relación entre el trabajo productivo, remunerado y el trabajo reproductivo y de cuidados, por eso los relaciono a ambos temas”.
Díaz planteó que cuando se habla de jornada laboral: “Tenemos que tener en consideración la enorme heterogeneidad del mundo del trabajo cuando debatimos el tema y hay que ser precisos en relación a todas las características que esta ley tenga”, y señaló que “cuando debatimos el trabajo también tenemos que tener en consideración las diferentes formas que tenemos varones y mujeres en el trabajo”.
“Cuando hablamos de jornada laboral hablamos del trabajo productivo, pero también tenemos que pensar en las horas de trabajo de cuidado”, reiteró. Así, comentó que un informe de Brechas de Género Laborales de Ingresos de 2023 elaborado por Hacienda bonaerense da un impacto donde “las mujeres promedio trabajamos mucho menos en el primer trimestre que varía según las edades”.
En tanto, detalló que “los varones en promedio trabajan 40 horas, pero sabemos que hay subocupaciones, aunque las mujeres trabajan 28 horas y hay brechas horarias en el trabajo formal muy significativas. Cuando hay sobreocupación las realizan los varones y eso hace a las brechas de ingresos, a la feminización de la pobreza y el tiempo de trabajo no remunerado”. Asimismo, precisó que las mujeres en promedio trabajan 6 horas y media en un trabajo no remunerado, que es el 75%, en cambio los varones la mitad.
“Cuando pensamos en la reducción de la jornada laboral, nos parece que es una clave en relación a cómo interactúa con la corresponsabilidad entre trabajo y familia”, consideró y analizó: “Vamos a un núcleo de desigualdad estructural de ingresos que hace al 27% promedio menor de los ingresos de las mujeres”, por lo que sugirió que la “reducción de la jornada mirando estas consideraciones es un factor que va a contribuir en el camino con otras medidas como la reducción de las brecas laborales y la división sexual en el trabajo y avanzar en una transformación cultural”.
A su turno, el exdiputado nacional y abogado laborista, Héctor Recalde, no coincidió con la postura que manifestaron desde la UIA y, por el contrario, destacó: “Volver a una limitación de la jornada como se está proponiendo después de casi 100 años, ¿vamos a esperar al 2029? felicito la iniciativa porque lo intentamos varias veces que se lleve a la práctica y seguimos con una legislación antigua que no comparece con la realidad”.
“No es cierto que no está probado que la reducción de la jornada aumenta la productividad y disminuye los accidentes de trabajo. Si aumenta la producción a los empresarios les tiene que interesar”, contradijo y agregó: “Reducir los accidentes laborales también reduce los costos del trabajo”.
En ese sentido, sostuvo que “no se justifica que sigan existiendo las aseguradoras de trabajo que son entidades de lucro”. “Seamos modernos, entonces salgamos de una ley que tiene casi 100 años”, pidió y mencionó que hay muchas actividades que ya cuentan con una reducción de horas.
En sintonía con las declaraciones de Díaz, manifestó que “es difícil alcanzar una igualdad por cuestiones sociales y culturales, es una utopía llegar a esa igualdad, pero vamos escalonando para llegar a esa igualdad”. “No entiendo que hoy en día se niegue a trabajar un poco menos, si el derecho laboral no creo ni destruye empleo, lo que hace es regular las jornadas, la economía es la que genera empleo. Probemos esta decisión por unos meses a ver si da resultados, si estuvimos 6 años con este sistema, porque para nosotros si aumenta la productividad”, cerró.
Claudio Dellecarbonara, trabajador del subte, miembro del Secretariado Ejecutivo de Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), cuestionó que en algunas exposiciones se plantea la reducción laboral con la productividad “o sea las con las ganancias de las empresas y capitalistas, de eso se trata cuando se habla de productividad del trabajo. Es la plusvalía que se les extrae a los trabajadores, el trabajo no remunerado que las empresas se llevan del trabajo que hacemos, de eso se trata”.
“Se trata de los trabajadores que en sus lugares de trabajo tienen que soportar pésimas condiciones laborales que no tiene seguridad que les garantice su propia vida, esa ganancia no solo está basada en el robo legalizado, sino también en la sangre de los trabajadores”, denunció.
Para Dellecarbonara el planteo “no se puede hacer si a la empresa, al empresario o al capitalista la reducción de la jornada le va a significar una pérdida de sus ganancias o una baja en la productividad laboral o no. A los trabajadores nos tiene que tener sin cuidado porque se ha dicho que en las últimas décadas ha habido un aumento exponencial de la productividad enorme y eso significa que los trabajadores somos más pobres, trabajando lo mismo o más”.
“Tenemos la necesidad de recuperar algo que ya nos han quitado”, expresó y criticó a “las empresas y a los bloques que los defienden los intereses de los patrones plantean todo como costos laborales. Son horas del trabajador sin ver a la familia, sin poder estudiar, sin poder tener ocio, algo que si se dan el lujo los empresarios. Ellos tienen el derecho a navegar, a andar en caballo”.
Al igual que los expositores preopinantes, reiteró: “Son los mismos que nos dicen que no podemos discutir una reducción de la jornada que tiene más de 100 años en el país”, y lo comparó con “la lucha” de los trabajadores del subte. Propuso una reducción laboral de 30 horas semanales sin afectación del salario que sea equivalente a la canasta básica, para “la creación de puestos de trabajo genuino ante un ajuste que sufrimos hace años de distintos gobiernos”. En tanto, invitó a los representantes gremiales a que cada uno baje la discusión en su sector para “imponerlo y lograr un avance”.
En su presentación, Sebastián Etchemendy, profesor investigador asociado de la Universidad Torcuato di Tella (UTDT) e investigador principal de FUNDAR, celebró esta iniciativa de reforma y cuestionó que cuando se habla de reformas “ciertos sectores de centroderecha piensan en ir para atrás para preservar el statu quo. Esta es una reforma inclusiva”.
“Es una tendencia mundial, no es un capricho es algo que pasa en el mundo. El impacto de la reforma es en el bienestar del trabajador y de forma distributiva son centrales, no sé si tiene tanto impacto en la formación de trabajo. Incentiva al empresario a buscar rentabilidad no vía la intensificación del trabajo, sino de otra manera como afectando la organización del trabajo o aplicando tecnología. Solo afecta a los trabajadores sobre ocupados, no a todos, no es algo general”, precisó y cerró: “Esto no va a afectar al trabajador informal”.
Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y secretario general de FATICA, insistió en que es una ley que tiene casi 100 años y que en el mundo se discute y se debate la reducción de la jornada laboral y en algunos países ya la han implementado que “generaron condiciones favorables a los trabajadores”.
Sostuvo que los datos que se dieron de las jornadas semanales en Latinoamérica son “incorrectos” porque “la jornada laboral más extensa la tenemos acá en Argentina con el máximo permitido que son 48 horas semanales y la anual superan la de los países industrializados”.
Entre los beneficios destacó la “recomposición salarial, la salud y la calidad de vida, disminución de la ART para las empresas, redistribución de los cuidados de forma equitativa y equilibrada domésticos, tendrían más tiempo disponible, aumento de la productividad, reducción de combustión y de energía, circulación de personal, creación de puestos de trabajo, entre otras”.
“La jornada reducida existe en el marco de la realidad y existe hace muchos años porque existe la solidaridad de los trabajadores entre sí a través de las organizaciones laborales”, cerró.
En su alocución, Mario “Paco” Manrique, secretario Gremial de la CGT y adjunto del SMATA, destacó la autocrítica del sector empresarial cuando “expone que no pueden tratar esta ley porque tenemos trabajadores en negro, la informalidad, el monotributo, la precarización del trabajo”.
“Quieren poner arriba de la mesa argumentaciones que carecen de una realidad efectiva. Muchos dicen que no es el momento de tratar la ley, pero si estuviéramos hablando de achuicar derechos estaríamos al revés porque los empresarios estarían justificando por qué sí y nosotros los sindicalistas explicando el no. Se trata de mejorarles la calidad de vida a las personas y darle una mejor calidad integral a la sociedad”, criticó.
En esa línea, remarcó que la reducción de la jornada no debe ir en sintonía con una reducción salarial porque “estamos manteniendo el poder adquisitivo de los trabajadores y, en cierta medida, se lo aumentamos”. Así, aclaró que “no son medidas electorales, son los momentos que vive el país y lo necesita y dar pasos hacia adelante en la creación de condiciones para dar empleo a millones de argentinos que hoy no tienen la posibilidad”.
“Hay cosas por revisar, lo sabemos porque una legislación de esta naturaleza amerita que se vea todo completo. Disiento con algunos de mis compañeros respecto de la productividad que se logra con organizar el trabajo y la tecnología, y debemos estar preparados porque vamos a tener un año de crecimiento y la economía se va a potencia gobierne quien gobierne y tienen que estar las herramientas dadas para que ese crecimiento se deuda rápidamente distribuir y que saquen de la informalidad a millones de ciudadanos”, expresó y finalizó: “Tenemos que mirar para adelante”.
El vicepresidente de la Unión Industrial de Córdoba, Marcelo Uribarren, afirmó que van a colaborar “en las iniciativas que generen mas trabajo, despejen las trabas que existen”, pero cuestionó que la discusión sobre la reducción de la jornada “es inoportuna en este contexto de crisis inflacionaria y retracción de la actividad económica”.
“Debe darse en un marco de consenso, sin presiones ni contexto electoral. No podemos discutir esto sin antes pensar en condiciones de base como el acceso al trabajo, un problema estructural de ahora”, enfatizó y enumeró: “La política económica sin control como inflación, gasto público, política de cambio, la perspectiva de trabajo es hacia la retracción de la actividad”.
Respecto de la informalidad, sostuvo que “no es ético discutir jornada laboral cuando el 40% de los trabajadores son informales según INDEC con un índice de ocupación que esconde formas de trabajo informal como el monotributo, familiar no remunerativo. Además, 3,6 millones de trabajadores asalariados no poseen descuentos jubilatorios”.
“Hay que enfocarse primero en reducir la informalidad en vez de la jornada laboral. Argentina es en el cono sur el país con menos creación de empresas por cantidad de habitantes seguido de Venezuela, por ende, si no hay oferta de empleo no se supera la demanda”, detalló y remarcó que el empleo de baja calidad, informal y público “nunca puede ser la oferta en un país que quiere crecer”.
Según Uribarren en los últimos 6 años se incorporaron al mercado 3,2 millones de personas, solo el 10,8% son asalariados formales, el 47% son cuentapropistas y el 41% son asalariados no registrados. “El empleo crece en el monotributo y la informalidad donde no hay reducción de la jornada. No hay eficiencia de la formación”, cerró. También disertó Alejandro Manzanares, del Colegio de Abogados de Córdoba.
En contraposición al proyecto, Juan José Etala, de la Unión Industrial Argentina, ratificó la exposición del vicepresidente de la entidad Julio Cordero la semana pasada, señaló que “no es adecuado el momento en el que se ha decidido avanzar en este complejo tema”.
“En la actualidad el país atraviesa una innegable crisis económica y con casi el 40% del empleo informal. Por ende, no parece que en este difícil escenario se pueda hablar de reducción de jornada y mucho menos sin las debidas consultas, análisis técnicos y económicos necesarios”, planteó.
En esa línea, advirtió que esa reforma “solo aumenta la presión sobre el sector formal y no consideran a los trabajadores no registrados”, al tiempo que indicó que “el foco debería estar en hacer los máximos esfuerzos en formalizar el empleo”.
“Una discusión de esta naturaleza debe hacerse con una estructura socioeconómicas estables y previamente deben estabilizarse las condiciones macroeconómicas y reducir el empleo informal”, ratificó y expresó: “Nos cuesta entender cómo un tema de esta magnitud y trascendencia en materia laboral, relaciones y costos no haya sido precedido de un efectivo diálogo social tripartito para discutir de manera adecuada y pormenorizadamente todas las alternativas y efectos que la norma implica”.
Etala recordó que fue la OIT el que determinó la jornada laboral de 8 horas y 48 semanales, por lo que consideró que “un tema de esta magnitud hubiera requerido necesariamente otro tipo de tratamiento tripartito que no puede ser comparencia de sectores empresariales al Congreso, es algo que se tiene que tratar de forma macro y con diálogo social”.
A su vez, cuestionó que algunos proyectos “están pensados para el marco de la pandemia que hoy ya no existen y otros analizan la necesidad de descanso que ya existen con las normas de limitación jornadas, y a la siniestralidad se la combate con el cumplimiento de las normas en materia de higiene y seguridad”. También afirmó que es “voluntarista de todo fundamento técnico” que la reducción de la jornada mejora la productividad.
“No se puede reducir genéricamente todas las jornadas de las diversas modalidades de trabajo. No es justificable reducir una jornada de seis horas porque es la adecuada, lo mismo sucede con los trabajos que requieren mayor tiempo de trabajo y diversidad de descanso. Bajar la jornada alegal manteniendo las remuneraciones implica un inédito aumento para la productividad porque al reducir la jornada de 8 a 6 horas debería incrementarse en un 36% y si la productividad no compensa el aumento de costos, necesariamente aumenta el costo de los productos”, explayó.
El empresario alertó que “en las actuales condiciones reducir la jornada laboral implica incrementar la informalidad y más inflación. Los países que lo jornada tiene una realidad distinta a la de Argentina, ya que la producción se encuentra estancada hace 10 años, la inflación es alta y no se generan empleos de calidad. La actividad privada contrata a 6 millones de trabajadores, por lo tanto, se crean empleos informales”.
“En este escenario reducir la jornada solo generará más inconvenientes y, no solo no se va a generar empleo, sino que va a generar más inflación. Suponer que reducir la jornada aumentará la contratación de empleados es una expresión de deseo”, advirtió y remarcó que “no se genera empleo por ley, sino cuando las condiciones económicas de país lo permiten. Argentina tiene un índice de desempleo del 6%. Una ley así solo recaerá sobre los trabajadores formales, mientras que los informales no tendrán reducción de jornada o los otros beneficios, la legislación recae solo en una parte de los trabajadores que son los registrados y que deberán aceptar el cumplimento de la ley”.
Y cerró: “Cada actividad o empresa regula la jornada de acuerdo a su realidad y eso no puede establecerse de forma genérica. Esta norma afecta seriamente a la productividad y la competitividad, no es cierto que trabajar menos aumenta la producción porque es algo que carece de sustento técnico”.
Juan Pablo Diab, asesor de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) manifestó que proyectos generales “no son representativos de la realidad de cada sector y de cada actividad”, al tiempo que afirmó comprender la inquietud del empleador, pero “no vemos que sea el momento para discutir esto. Las leyes zona temporales, no se pueden regir por un momento y en las PyMEs no se habla de ganancias, se habla de subsistencia. Vemos con asombro proyectos que hablan de jornadas de 30 o 40 horas. Esto lleva un mayor análisis y en mayor profundidad”.
Del lado de los referentes académicos Omar Yasín, abogado laboralista y profesor adjunto de Derecho del Trabajo en la Universidad de Buenos Aires (UBA), remarcó que son proyectos que tratan de reducir una jornada legal que establece un máximo de 8 horas, sin reducción salarial cuyo costo “debe afrontar el empleador”, sin previsión de realizar horas extras, pero “es probable que sigan trabajando la misma cantidad de horas, pero se las van a facturar como horas extras”.
“Las buenas intenciones de decir que los trabajadores van a trabajar menos, es realidad van a trabajar igual y cobrar un poco más y se va a traducir en un aumento de salario compulsivo que va a tener que cubrir el sector privado como todas las decisiones de pandemia de cerrar la empresa, pero seguir pagando las prestaciones dinerarias y cumplir con todas las obligaciones”, criticó.
Yasín coincidió con Etala respecto de que “si uno trabaja menos horas, producirá más”, y dejó entrever que “puede pasar”, pero “habría que introducir otros elementos porque técnicamente la inercia normal es que si trabajo menos produzca menos”. También, compartió la idea de que hay que ver cada actividad, ya que “se ha generalizado todo esto y es un defecto esto porque hay actividades que pueden soportar costos y otras no”.
“Tenemos problemas con la economía, pero no con problemas de ocupación de acuerdo a los índices que publica INDEC”, chicaneó y subrayó que Argentina no ratificó el convenio de la OIT que establece las 40 horas semanales.
Yasín cuestionó que se eludió el derecho comparado en los proyectos, y ejemplificó: “Europa y los países nórdicos donde han bajado la jornada, pero la realidad es distinta, hay mucha productividad, los sueldos son buenos y se trabaja un día menos”. Recordó que el Congreso sancionó la Ley de Teletrabajo que “bajó lo siniestralidad laboral”.
Por otor lado, señaló que, de acuerdo a un informe de hogares, el 66% trabaja menos de 40 horas de la jornada legal, el 19% entre 40 y 48 horas y 15% más de 48 horas, por lo que 2 de cada 3 trabajadores trabaja menos de 40 horas.
“Estos proyectos no tienen ninguna utilidad, no contribuyen a disminuir el trabajo no registrado que es el 42% laboral según INDEC. No van a generar empleo porque el empleado va a preferir pagar horas extras”, precisó y opinó: “No sería aconsejable dictar este tipo de normas pese que las intenciones son buenas en estas condiciones del país”.
También fueron invitados los referentes del ámbito académico Florencia Gutiérrez, integrante del Centro de Economía Política (CEPA); Ergasto Riva, licenciado en administración por la Universidad de Buenos Aires (UBA), y Oscar García Díaz, de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires (UIPBA) y Néstor Pritola, diputado nacional (MC), ex integrante de la comisión directiva y congresal del Sindicato Gráfico Argentino.
La diputada correntina aseguró que “el deterioro ambiental nos llama a trabajar por un desarrollo sostenible e integral”.
La diputada nacional Sofía Brambilla (Pro-JxC) presentó un proyecto de ley que propone generar un régimen de fomento y desarrollo de las empresas “de triple impacto”. “Se trata de aquellas que, en su modelo de negocio, en sus políticas, prácticas y gestión, busquen generar impactos positivos, contribuyendo a la solución de problemas sociales y ambientales”, explicó la legisladora.
Al presentar la iniciativa, la correntina resaltó que “el deterioro ambiental nos llama a trabajar por un desarrollo sostenible e integral”. “Con esto se busca el bienestar de tres sectores, la actividad económica de la empresa, que creen valor para la comunidad y el ambiente dentro del territorio nacional”, agregó.
El proyecto prevé que las empresas inscriptas como de triple impacto gozarán de una reducción del 15% del pago del impuesto a las Ganancias y cuando se trate de micro, pequeñas y medianas empresas, la reducción será del 25%.
Asimismo, la comunidad en la que recaiga la empresa de triple impacto podrá establecer beneficios fiscales que considere pertinentes. “Serán empresas con propósitos que vayan más allá de lo lucrativo”, señaló la diputada del Pro.
Finalmente, Brambilla ponderó que se busca crear “el sello empresa de triple impacto, que será otorgado por la autoridad de aplicación, y a través del cual garantizará el cumplimiento de los estándares mínimos de empresa de este tipo”. Este sello podrá ser utilizado con fines publicitarios y comerciales.
“Un modelo de empresas híbridas, que no solo tienen objetivos de beneficio económico, sino también de desarrollo social”, finalizó.
El Instituto para el Desarrollo Empresarial y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa emitieron un comunicado cada una para reclamar el respeto a la independencia de poderes de la República y exhortan a los diputados a “abocarse a cuestiones urgentes que el país necesita”.
Luego de que el oficialismo se alzara con el dictamen de admisibilidad de los 14 pedidos de juicio político, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) emitieron un comunicado cada una para expresar preocupación y rechazo por el avance del pedido de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema y reclamaron la independencia de poderes y el respeto a las instituciones”.
En el comunicado de IDEA expresaron: “Vemos con preocupación el avance del pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En sintonía con diversos representantes de la sociedad civil que ya se han expresado en contra de esta iniciativa, creemos que afecta los principios de funcionamiento de nuestro sistema republicano ya que fundamentalmente se basa en el desacuerdo de parte de un sector político con el contenido de algunas sentencias recientes”.
“Argentina necesita regenerar condiciones de confianza para que aumenten significativamente las inversiones necesarias para la creación de empleo privado de calidad; el respeto a las instituciones y la seguridad jurídica son los pilares fundamentales de dicha confianza”, enumeraron.
En ese marco, alentaron al Congreso de la Nación a “a proponer y debatir una agenda legislativa amplia que incluya los temas que le preocupan a la sociedad en general y que contribuyan a que nuestro país pueda desarrollar el potencial que todos conocemos y que es nuestra fuente de ilusión”.
En una línea similar fue el texto emitido por ACDE que reclamó “respetar la independencia de poderes de la República imprescindible respeto a la independencia de poderes de la República” y sumó: “Vemos con muchísima preocupación cómo continúa el ataque del Poder Ejecutivo a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia por no estar de acuerdo con algunos de sus fallos”.
“Respetar el ámbito de decisión de cada uno de los poderes del Estado, cumplir los compromisos asumidos por el país con sus acreedores, asegurar la paz interior mejorando la seguridad en todo el territorio, procurar el bienestar de los argentinos atacando seriamente la inflación, mejorar la educación de los jóvenes exigiendo el cumplimiento de estándares de aprobación, entre otras cuestiones urgentes, debería ser la tarea que ocupe a los gobernantes de nuestro país y en particular al Congreso de la Nación. En lugar de eso, las pocas energías que quedan están siendo malgastadas en un proceso inviable contra la Justicia”, plantearon.
Y cerraron: “Exhortamos a los diputados de la Comisión de Juicio Político a abocarse a cuestiones urgentes que el país necesita”.
La iniciativa tiene como objetivo reformar la actual Ley de Mercado de Capitales para incorporar un artículo más que inste a las instituciones a contratar un seguro y un programa de adecuación para la prevención del daño.
La diputada nacional Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) presentó un proyecto destinado a reformar la Ley de Mercado de Capitales para incorporar un artículo que obligue a las empresas que tengan actividades riesgosas para el medio ambiente a incluir una auditoría ambiental, contratar un seguro y un programa de adecuación para la prevención del daño.
El objetivo es institucionalizar la Resolución General N°559/2009 de la Comisión Nacional de Valores en la Ley N° 26.831 donde se obliga a las sociedades incluidas en el régimen de la oferta pública cuyo objeto social contemple actividades que se consideren riesgosas para el ambiente, la verificación de la realización de auditorías ambientales.
De acuerdo al proyecto redactado por la miembro del interbloque Federal, se incorpora el artículo 99 bis a la Ley de Mercado de Capitales por el cual “las empresas con actividades riesgosas para el medio ambiente deben presentar la realización de auditorías ambientales y los programas de adecuación y su cronograma, y la contratación de un seguro de aplicación ambiental”.
En los fundamentos del proyecto, Camaño señala que “la responsabilidad ambiental empresarial es, por un lado, un conjunto de mecanismos de producción que debe aplicar las empresas para minimizar los impactos que producen al medio ambiente, es decir, obtener una producción más limpia”.
También advierte que “un financiamiento que genere una oposición social o cause daño al ambiente puede encontrarse con demoras en el pago además de generar una imagen negativa del tomador del financiamiento y el dador de este”. Y destaca que ” los riesgos relacionados al clima pueden generar pérdidas sustanciales para la economía y el sector financiero”.
“Un reporte de la Red de Bancos Centrales y Supervisores para la Ecologización del Sistema Financiero (NGFS) del año 2018 concluyó que los riesgos relacionados al clima son fuentes de riesgo financiero, y por lo tanto caben dentro de la supervisión y mandatos de estabilidad financiera de los bancos centrales y supervisores financieros. Bancos centrales pueden manejar de mejor manera estos riesgos al evaluar y reflejarlos en la regulación y las políticas operativas monetarias”, agrega la iniciativa.
En ese sentido señala que “por ello, el presente proyecto, al proponerse institucionalizar la RG N°559/2009 que plasmó un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre de la Comisión Nacional de Valores y en aquel momento la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, busca plasmar obligatoriamente la necesidad de que la empresa informe las cuestiones ambientales”.
Por último, establece que el órgano regulador “deberá de acuerdo con su debida diligencia, examinar el cumplimiento de las cláusulas protectoras del ambiente por parte de la entidad financiera, además de ocuparse de realizar un seguimiento respecto del cumplimiento de las normas ambientales por parte de la entidad”.
La iniciativa del puntano Carlos Ponce establece que el porcentaje a distribuir entre los trabajadores es del 10% de las ganancias netas de la empresa una vez realizadas las deducciones admitidas por la normativa vigente.
El diputado nacional Carlos Ponce (Frente de Todos – San Luis) e integrante del sindicato de trabajadores del plástico y secretario general de la CGT-Regional Villa Mercedes, presentó un proyecto de ley para que los trabajadores participen de las ganancias de las empresas.
Según el legislador oficialista es “un derecho largamente postergado que figura en la Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1957- tras el golpe de Estado cívico-militar- eclesiástico que dejó sin efecto la reforma constitucional de 1949- El artículo 14 bis reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la gestión”.
Sin modificaciones, la Comisión de Presupuesto de la Cámara alta le dio el visto bueno a la media sanción de Diputados y las modificaciones en las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para empresas puede ser ley en la próxima sesión.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado emitió este miércoles dictamen favorable al proyecto de ley que impulsa el Ejecutivo para modificar el Impuesto a las Ganancias a empresas, por lo que la iniciativa que ya cuenta con la aprobación en Diputados podría ser tratada desde la semana próxima en el recinto de la Cámara alta.
Sin cambios a la media sanción de Diputados que contó con el aval del Frente de Todos y algunos aliados, el Senado avanzó con el trámite en comisión y se descarta que en las próximas semanas este proyecto se convertirá en ley.
Al igual que ocurrió en la Cámara baja, el dictamen fue acompañado por los senadores del bloque del Frente de Todos, en tanto que la bancada de Juntos por el Cambio anunció que se opondrá en el recinto de sesiones.
Al inicio del encuentro de la Comisión de Presupuesto por videoconferencia, el secretario de Política Tributaria de la Nación, Roberto Arias, consideró que “es un impuesto justo” que pretende “recuperar la recaudación del Impuesto”.
Arias destacó que “la renta del capital tiene que estar gravada con alícuota relevantes y que tienen que ser progresivas. No estamos de acuerdo con la idea de la reducción de alícuotas como aumento de inversión, como se hizo en 2017”.
Al respecto, apuntó que “cuando se aprobó la reducción de las alícuotas bajó la inversión porque la inversión está vinculada a factores como la macroeconomía más que con la tasa de ganancias”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto, el peronista cordobés Carlos Caserio, defendió la iniciativa argumentando que “el 90% de las empresas argentinas pagarán menos o el mismo impuesto en 2022”.
“Las únicas empresas que pagarán más que antes serán las que tengan más de $50 millones de utilidades. Es un sector minoritario. No es real que acá haya un ajuste atroz para las empresas”, sentenció.
Sorpresivamente, el oficialista neuquino Oscar Parrilli, consideró que “nos quedamos a mitad de camino con este proyecto”.
“Deberíamos volver al diez por ciento original y no mantener el siete por ciento del impuesto adicional. A veces hacemos un discurso en beneficio de las PyMEs y, en realidad, estamos beneficiando a las grandes empresas”, fustigó.
En contra del proyecto, el radical porteño Martín Lousteau declaró que “está claro que esto es un aumento de la presión tributaria y que ese aumento, para poder pasar el filtro político, se ha recargado sobre dos tercios de los generadores de trabajo de la Argentina”.
“Eso va a tener impacto en la tasa de inversión -si todo el resto de los factores se mantienen constantes- tanto como en el nivel de precios y en el de generación de empleo”, vaticinó.
La iniciativa oficialista busca aliviar la carga fiscal para las pequeñas y medianas empresas, al proponer una estructura de alícuotas marginales escalonadas con tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada de cada sociedad.
En dicho proyecto se establece un primer escalón impositivo del 25% para ganancias netas acumuladas de hasta $5 millones, una alícuota que no sólo abarcará a las pymes sino también a la mayoría de las medianas empresas.
El segundo escalón -de 30%- es para ganancias netas acumuladas de más de $5 millones y hasta $50 millones, y un último segmento de 35% para ganancias netas acumuladas superiores a $50 millones.
Los dividendos distribuidos pagarán en todos los casos la alícuota especial de 7%, a través del impuesto vigente.
El proyecto establece que el pago sea progresivo, es decir, que una empresa que haya tenido 60 millones de pesos de ganancias netas anuales pagará: el 25% por los primeros 5 millones; 30% para los siguientes 45 millones; y 35% para los 10 restantes.
Uno de los temas que será debatido este miércoles en la Cámara baja será un proyecto de ley que impulsa el Frente de Todos y es rechazado por Juntos por el Cambio: modificaciones al Impuesto a las Ganancias para empresas. A fines de abril, el Frente de Todos logró avanzar en comisión con la iniciativa […]
Uno de los temas que será debatido este miércoles en la Cámara baja será un proyecto de ley que impulsa el Frente de Todos y es rechazado por Juntos por el Cambio: modificaciones al Impuesto a las Ganancias para empresas.
A fines de abril, el Frente de Todos logró avanzar en comisión con la iniciativa que establece nuevas alícuotas escalonadas del impuesto a las Ganancias para las empresas.
En esa oportunidad, el dictamen de mayoría del oficialismo recibió 26 firmas -con la disidencia del cordobés Paulo Cassinerio-, mientras que Juntos por el Cambio presentó un dictamen de rechazo que reunió 19 adhesiones.
Dicha iniciativa del Poder Ejecutivo establece nuevas alícuotas marginales escalonadas con tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada.
Por ganancias de hasta 5.000.000 de pesos, las empresas pagarán una alícuota del 25%; sobre ganancias de entre 5.000.000 y 20.000.000 de pesos, pagarán el 30%; y finalmente, sobre ganancias superiores a 20.000.000 de pesos pagarán el 35%.
En el dictamen final se introdujeron dos modificaciones: en primer lugar, se incluyeron incentivos para la incorporación de mujeres, travestis, transexuales y transgéneros como directores y síndicos de las empresas; y en segundo término, se aclaró en la redacción -tal como pedía el diputado de Consenso Federal Jorge Sarghini– que no se reducirá la alícuota del 41,5% para los juegos de azar.
Durante el tratamiento, el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, destacó que el proyecto “implica una reducción de la carga tributaria para el 90% de las empresas”, y por ende solo el 10% restante “tendrá una alícuota más elevada que la que estuvo vigente en años anteriores, que fue del 30% para todas las empresas”.
Respecto al costo fiscal, el legislador respondió a la inquietud generada la semana pasada por el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que calculó un impacto fiscal de 320.000 millones de pesos, mucho mayor al estimado por la AFIP.
Según Heller, este cálculo se hizo “a partir del supuesto teórico de que en 2021 estaría vigente una tasa del 25%, ya que la prórroga dispuesta por el gobierno actual era hasta el 31 de diciembre, y no consideraba la pérdida generada por pasar de una tasa del 30% a una eventual del 25%”.
El oficialista explicó que el nuevo costo estimado por la OPC es de 133.124 millones de pesos, repartidos en 57.840 millones en 2021 y 74.218 millones en 2022, con un remanente de 1.065 millones en 2023.
Lo cierto es que con una “estimación optimista”, señaló Heller, los ingresos reales por esta ley alcanzarán para compensar en 2021 la pérdida de recaudación generada por las últimas modificaciones en el impuesto a las Ganancias para más de 1.200.000 trabajadores y jubilados.
“Es un esquema virtuoso: las empresas que han tenido más ganancias aportarán a favor de las familias y de las empresas con menores ganancias”, analizó el titular de la comisión.
Jorge Sarghini adelantó el rechazo de su bloque al proyecto debido a “una combinación de dos indicadores que son los que determinan que no hay más margen para aumentar impuestos en Argentina: el nivel de presión tributaria y el nivel de inversión, que apenas supera el 13% del PBI”.
Desde Juntos por el Cambio, Alejandro Cacace, advirtió que “buscan presentar esta reforma como que logra todos los objetivos posibles: que las empresas grandes tienen que pagar más, que nueve de cada diez empresas van a pagar menos, que es un alivio fiscal… hay una respuesta para todos, para los que quieren bajar impuestos y para los que quieren subirlos, y eso no puede ser simultáneamente”.
Cacace observó que “es falso” que se beneficien nueve de cada diez empresas “porque todas las empresas hoy pagarían el 25%. El efecto de la reforma tributaria de 2017 es que a partir de 2020 todas paguen el 25%; el Gobierno lo suspendió por un año, pero ya está vigente la alícuota del 25%, y la OPC ha confirmado que esa suspensión regia por un año”.
Otro radical, Luis Pastori, coincidió: “La proyección que efectuó la OPC es correcta porque tomó como base el 25%, que es la alícuota vigente. Las empresas que continúen con el 25% no van tener impacto; las que pasen al 30% tendrán un pequeño impacto; y el 98% del impacto lo van a sufrir las empresas que superen los 20 millones de pesos, entre las cuales habrá una gran cantidad de medianas empresas. Ese último tramo del 35% va a impactar en 17.127 casos”.
El misionero consideró que el proyecto tiene “un claro objetivo recaudatorio” y que según el oficialismo se busca “favorecer a las pymes, pero la progresividad que se plantea es muy poco representativa de la realidad económica”.
A su turno, Luciano Laspina (Pro) cuestionó que se busque desarmar la reforma de 2017 y advirtió que “Argentina tiene una presión tributaria récord, pero no solo eso: en 2015 la presión tributaria era del 33,8%; en 2019 bajó al 30,9%; y en 2020 aumentó al 32,4%. En medio de una recesión violenta, el Estado sube impuestos, como si el consumidor fuera un marciano”.
El Frente de Todos logró avanzar con la iniciativa en la Comisión de Presupuesto. Estiman que los ingresos obtenidos de la futura ley compensarán en 2021 la merma por los recientes cambios en Ganancias para trabajadores y jubilados.
El proyecto de ley que establece nuevas alícuotas escalonadas del impuesto a las Ganancias para las empresas recibió dictamen favorable este miércoles en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y el oficialismo aspira a aprobarlo en la próxima sesión con apoyo de aliados.
El dictamen de mayoría, del Frente de Todos, recibió 26 firmas -con la disidencia del cordobés Paulo Cassinerio-, mientras que Juntos por el Cambio presentó un dictamen de rechazo que reunió 19 adhesiones.
El proyecto del Poder Ejecutivo establece nuevas alícuotas marginales escalonadas con tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada.
Por ganancias de hasta 5.000.000 de pesos, las empresas pagarán una alícuota del 25%; sobre ganancias de entre 5.000.000 y 20.000.000 de pesos, pagarán el 30%; y finalmente, sobre ganancias superiores a 20.000.000 de pesos pagarán el 35%.
En el dictamen final se introdujeron dos modificaciones: en primer lugar, se incluyeron incentivos para la incorporación de mujeres, travestis, transexuales y transgéneros como directores y síndicos de las empresas; y en segundo término, se aclaró en la redacción -tal como pedía el diputado de Consenso Federal Jorge Sarghini- que no se reducirá la alícuota del 41,5% para los juegos de azar.
El presidente de la comisión, Carlos Heller, destacó que el proyecto “implica una reducción de la carga tributaria para el 90% de las empresas”, y por ende solo el 10% restante “tendrá una alícuota más elevada que la que estuvo vigente en años anteriores, que fue del 30% para todas las empresas”.
Respecto del costo fiscal, el legislador respondió a la inquietud generada la semana pasada por el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que calculó un impacto fiscal de 320.000 millones de pesos, mucho mayor al estimado por la AFIP.
Según Heller, este cálculo se hizo “a partir del supuesto teórico de que en 2021 estaría vigente una tasa del 25%, ya que la prórroga dispuesta por el gobierno actual era hasta el 31 de diciembre, y no consideraba la pérdida generada por pasar de una tasa del 30% a una eventual del 25%”.
El oficialista explicó que el nuevo costo estimado por la OPC es de 133.124 millones de pesos, repartidos en 57.840 millones en 2021 y 74.218 millones en 2022, con un remanente de 1.065 millones en 2023.
Lo cierto es que con una “estimación optimista”, señaló Heller, los ingresos reales por esta ley alcanzarán para compensar en 2021 la pérdida de recaudación generada por las últimas modificaciones en el impuesto a las Ganancias para más de 1.200.000 trabajadores y jubilados.
“Es un esquema virtuoso: las empresas que han tenido más ganancias aportarán a favor de las familias y de las empresas con menores ganancias”, analizó el titular de la comisión.
Jorge Sarghini adelantó el rechazo de su bloque al proyecto debido a “una combinación de dos indicadores que son los que determinan que no hay más margen para aumentar impuestos en Argentina: el nivel de presión tributaria y el nivel de inversión, que apenas supera el 13% del PBI”.
Desde Juntos por el Cambio, Alejandro Cacace advirtió que “buscan presentar esta reforma como que logra todos los objetivos posibles: que las empresas grandes tienen que pagar más, que nueve de cada diez empresas van a pagar menos, que es un alivio fiscal… hay una respuesta para todos, para los que quieren bajar impuestos y para los que quieren subirlos, y eso no puede ser simultáneamente”.
Cacace observó que “es falso” que se beneficien nueve de cada diez empresas “porque todas las empresas hoy pagarían el 25%. El efecto de la reforma tributaria de 2017 es que a partir de 2020 todas paguen el 25%; el Gobierno lo suspendió por un año, pero ya está vigente la alícuota del 25%, y la OPC ha confirmado que esa suspensión regia por un año”.
Otro radical, Luis Pastori, coincidió: “La proyección que efectuó la OPC es correcta porque tomó como base el 25%, que es la alícuota vigente. Las empresas que continúen con el 25% no van tener impacto; las que pasen al 30% tendrán un pequeño impacto; y el 98% del impacto lo van a sufrir las empresas que superen los 20 millones de pesos, entre las cuales habrá una gran cantidad de medianas empresas. Ese último tramo del 35% va a impactar en 17.127 casos”.
El misionero consideró que el proyecto tiene “un claro objetivo recaudatorio” y que según el oficialismo se busca “favorecer a las pymes, pero la progresividad que se plantea es muy poco representativa de la realidad económica”.
A su turno, Luciano Laspina (Pro) cuestionó que se busque desarmar la reforma de 2017 y advirtió que “Argentina tiene una presión tributaria récord, pero no solo eso: en 2015 la presión tributaria era del 33,8%; en 2019 bajó al 30,9%; y en en 2020 aumentó al 32,4%. En medio de una recesión violenta, el Estado sube impuestos, como si el consumidor fuera un marciano”.
El proyecto de aumentar el impuesto a las ganancias de las empresas es criticado porque espantará las inversiones. Comparando con otros países, la alta presión impositiva no se da con el impuesto a las ganancias de las empresas sino con las contribuciones patronales.
Hasta el año 2020, en la Argentina el impuesto a las ganancias de las empresas era de 30% al que se acumulaba 5% de imposición sobre los dividendos de los accionistas. Esto significa que la presión tributaria total sobre el capital era de 35%. A partir de 2021, la parte del impuesto que pagan las empresas bajó a 25%, mientras que la parte de los accionistas subió a 10%. Esta reforma, impulsada por el anterior gobierno, buscaba aumentar los incentivos a invertir las utilidades manteniendo la presión impositiva sobre el capital en 35%.
Así lo expresa un informe elaborado por IDESA, que señala que ahora se propone subir el impuesto a las ganancias de las empresas a 35% y reducir el impuesto a los dividendos al 5%. Esto hace que la presión impositiva total sobre el capital aumente al 40%. El cambio, además, reduce los incentivos a la reinversión de utilidades ya que aumenta la presión impositiva sobre las empresas. Analistas y asesores de empresas afirman, con vehemencia, que este aumento del impuesto al capital espantará aún más las ya pocas intenciones de las empresas de invertir en la Argentina.
El informe señala que una evaluación objetiva se puede trazar comparando la presión tributaria en los países desarrollados, tanto la aplicada al capital (impuesto a las ganancias) como al trabajo (contribuciones patronales), con la de Argentina. Según datos de la OECD se observa que:
La alícuota promedio del impuesto a las ganancias de las empresas en países desarrollados es el 23%, mientras que en Argentina será del 35%.
La alícuota promedio del impuesto a los dividendos en países desarrollados es de 18%, mientras que en Argentina será del 5%.
En los países avanzados la alícuota promedio de contribuciones patronales es de 16%, mientras que en Argentina es del 28%.
Estos datos muestran tres cosas importantes. Primero, el nivel de presión impositiva total sobre el capital que aplicará la Argentina, luego que se apruebe la reforma, no es muy diferente al que registran los países avanzados. Segundo, en los países avanzados se estila gravar con más énfasis a los dividendos que a las ganancias de las empresas para incentivar la reinversión de utilidades. Tercero, que la principal distorsión no se da con el impuesto sobre el capital sino sobre el trabajo. Las contribuciones patronales en la Argentina son sustancialmente más altas que en los países desarrollados.
Estos rasgos de la política tributaria hay que contextualizarlos en el severo problema de empleo que sufre la Argentina. Desde principios del 2018, cuando comienza el ciclo recesivo, a la actualidad se perdieron 500 mil empleos asalariados registrados en empresas privadas (300 mil con la crisis cambiaria, 200 mil con la pandemia). La mediana del salario formal a diciembre del 2020 fue de $54 mil que es el mismo monto que, según el INDEC, una familia tipo necesita para no ser pobre. Esto implica que la mitad de los salarios no son suficientes para sacar de la pobreza a una familia tipo.
El anuncio del presidente de la Nación de reducir las contribuciones patronales para las provincias del norte argentino es consistente con la evidencia. De todas formas, es una muy buena intención que se reduce a mera cosmética. Se dispuso que las contribuciones patronales en esas provincias se reduzcan sólo para los empleadores que aumenten la dotación, con un cronograma de reducción de 70% el primer año de contratación, 45% el segundo y 20% el tercero (con 10 puntos porcentuales adicionales para mujeres). Dada la complejidad y lo limitado del esquema propuesto, su intrascendencia está garantizada.
Para revertir el proceso de decadencia -señala IDESA- se necesitan medidas más estructurales. El programa de reducción de contribuciones patronales debería ser mucho más audaz aplicando mínimos no imponibles a la masa salarial de todas las empresas. De esta forma, se focaliza el beneficio en los emprendimientos más pequeños. Desde el punto de vista de atraer inversiones, más importante que bajar el impuesto a las ganancias es poner atención a la infraestructura dura (energía y comunicaciones) y blanda (buenas regulaciones en el mercado laboral y de productos, y una justicia eficiente e independiente).
La iniciativa fue presentada por la diputada correntina Sofía Brambilla. Se propone crear un distintivo para las organizaciones que cumplan con la equidad de oportunidades.
La diputada nacional Sofía Brambilla (Pro) presentó un nuevo proyecto que apunta a la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres, y la erradicación de la violencia de género.
La iniciativa promueve “medidas que impulsan la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres a través de la creación de planes de igualdad, pretendiendo que las empresas puedan contar con un diagnóstico, un plan de acción y un plan de contingencia, donde se contemplen metas y objetivos en el corto, mediano y largo plazo”.
“Con esta normativa también se podrá identificar si una empresa está tomando decisiones de promoción o de ascenso basado en méritos, perfil académico, experiencia, capacidad y no solamente considerando su género”, explicó la legisladora correntina.
La macrista enfatizó que “eliminar las desigualdades sociales, económicas y laborales entre los géneros es un paso fundamental para que las mujeres logren ejercer efectivamente sus derechos”.
“Proponemos crear un distintivo de ‘Igualdad en la Empresa’, una certificación que reconozca a las empresas que promueven el desarrollo de políticas laborales de igualdad entre mujeres y hombres”, agregó.
Así lo informó Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP, ante la Comisión de Presupuesto. “Es una moratoria generosa y equitativa para todos los actores económicos y sociales”, dijo.
La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, precisó este jueves ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados que la moratoria universal propuesta por el Poder Ejecutivo alcanzará una deuda total de 534.000 millones de pesos, un monto “equivalente a casi la cuarta parte de todo el crédito financiero al sector privado”.
Al participar de la reunión informativa que dio inicio al debate, Marcó del Pont detalló los aspectos principales del proyecto oficial y recordó que es una ampliación de la moratoria aprobada en diciembre con la Ley de Solidaridad Social.
“El problema del estrangulamiento financiero se generaliza al conjunto del entramado productivo, a las pequeñas, medianas y grandes empresas, pero también al conjunto de personas físicas, monotributistas y autónomos que no tenían el Certificado MiPyME y no habían entrado en la moratoria” anterior, explicó.
La funcionaria destacó que la nueva moratoria es “generosa y equitativa para todos los actores económicos y sociales”.
En ese sentido, resaltó que abarca una deuda total de 534.000 millones de pesos, incluyendo “la deuda que no se está pagando y la que sí esta regularizada con algún tipo de plan”. “Esta deuda es equivalente a casi la cuarta parte de todo el crédito financiero al sector privado”, agregó.
Además, Marcó del Pont mencionó que la deuda exigible se concentra en un 30% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; un 26% en provincia de Buenos Aires; un 7.3% en Santa Fe; un 6,8% en Córdoba; y un 4,2% en Mendoza, entre otros distritos. “La situación de endeudamiento con el fisco es relevante en casi todas las provincias”, dijo.
Por otra parte, la titular del ente recaudador señaló que “hay deudores con mayor espalda y otros deudores más débiles, por eso distinguimos entre las condiciones para pequeñas, micro, medianas y grandes empresas”.
En esa línea, indicó que “por primera vez en una moratoria se les exige a las grandes empresas que a cambio de los beneficios que van a recibir asuman compromisos concretos”, como por ejemplo “que por dos ejercicios fiscales no distribuyan utilidades, que no realicen pagos al exterior y que no realicen operaciones con títulos que estén destinadas a eludir la normativa cambiaria”.
Según precisó, entre diciembre y el 30 junio la deuda de las pymes aumentó un 61%, mientras que en el caso de las empresas grandes y las personas humanas que no pudieron ingresar a la moratoria actual, la deuda creció un 179%.
Marcó del Pont explicó los cambios con respecto a la moratoria vigente, entre ellos una baja de la tasa de interés, que será del 2% para los primeros meses y luego será variable. Detalló además que se incluyen todas las deudas vencidas al 30 de julio, se podrá adherir hasta fines de octubre y la primer cuota se pagará a mediados de noviembre.
“No estamos siendo demasiado innovadores respecto a los impuestos que se incluyeron en las moratorias de los últimos veinte años”, agregó la titular de la AFIP, y afirmó que “quedan afuera solamente las deudas vinculadas a las obras sociales y a las ART”.
“El esfuerzo que estamos haciendo es garantizar la sobrevida del mayor universo de empresas de la Argentina”, sostuvo Marcó del Pont, y agregó que “la moratoria es parte de cómo estamos pensando el futuro y estará acompañada de muchas más medidas para dar vuelta el ciclo económico”.
En tanto, consideró ante consultas de la oposición que “medir costos fiscales es muy difícil”. “Si no habilitáramos este respirador, no sé qué pasaría con la recaudación”, reconoció, y habló de “930.000 contribuyentes, de los cuales el 54% son pymes”.
Quieren que las prestadoras de energía eléctrica que operan en la provincia les facturen a las empresas el costo de la electricidad efectivamente consumida.
El presidente del bloque de diputados bonaerenses de Juntos por el Cambio, Maximiliano Abad, presentó un proyecto en la Legislatura provincial para que las prestadoras de energía eléctrica que operan en la Provincia les facturen a las empresas el costo de la electricidad efectivamente consumida y no el de la potencia contratada.
Según explicó Abad, “esto funciona de manera análoga al paquete de la telefonía celular: se contrata un plan, y consumas o no la totalidad de los segundos que incluye ese plan, en la factura pagás la totalidad del valor contratado; acá ocurre lo mismo, las empresas tienen contratada una potencia, pero con la producción frenada por la pandemia el consumo es sensiblemente menor, por eso creo que es necesario ayudarlas y propiciar un ahorro económico muy importante”.
El proyecto con la firma de Abad le pide al Poder Ejecutivo que “arbitre las medidas necesarias y gestione ante las empresas prestadoras de provisión de energía eléctrica que operan en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires (EDELAP, EDEA, EDEN, EDES, 199 cooperativas y la Usina de Tandil) que, por el plazo de 180 días, sólo perciban el valor de energía eléctrica efectivamente consumido, cuando este sea menor a la potencia contratada”.
“Hoy es imperioso que el Estado salga en auxilio de esos sectores de la economía formal. Una de las opciones es intentar bajar los costos fijos que operan sobre esas actividades, y más todavía cuando se encuentran en un virtual estado de paralización industrial, productiva y/o comercial”, sostuvo Abad.
Y resaltó: “el costo de la energía eléctrica es significativo, y lograr una proporcionalidad entre su uso efectivo y su facturación final aparece como una buena medida para bajar, aunque sea parcialmente, la presión de las obligaciones económicas a afrontar mientras dure la situación de parate económico”.
“De acuerdo con el relevamiento que hicimos, la mayoría de los establecimientos consume efectivamente menos energía eléctrica que la que tiene contratada y ese menor consumo debe implicar una reducción proporcional en el coso final del servicio. De esta manera logramos un aporte concreto, necesario y de alivio real a quienes producen y generan empleo”, concluyó Abad.
